Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2017-01517-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2017-01517-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2017-01517-02
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
6 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-23-33-000-2017-01517-02 (29268)
Demandante MUEBLES EL PAISA DE TULUÁ S.A.S.
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Temas Condición especial de pago. Artículo 57 de la Ley 1739 de
2014. Reiteración de jurisprudencia. Sanción por inexactitud.
Favorabilidad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 17 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que resolvió1:
PRIMERO. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión No.
212412016000009 de febrero 23 de 2016 proferida por la División de Gestión de Liquidación
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá y la nulidad parcial de la
Resolución Recurso de Reconsideración No. 000014 de diciembre 16 de 2016, proferida por
División de Gestión Jurídica G.I.T. de la Dirección Seccional de Impuestos Cali, únicamente
en cuanto a lo dispuesto en la sanción por inexactitud.
SEGUNDO. En consecuencia, dejar en firme la declaración de corrección por el impuesto de
Renta del año gravable 2012 (formulario número 1103605990419) con el recibo de pago No.
4907232276319, en el que se dio aplicación al beneficio de reducción de sanción e intereses
establecido en el art. 709 del E.T. y en el numeral 2 del artículo 57 de la Ley 1739 de 2014.
TERCERO. Sin condena en costas.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 12 de abril de 2013 la sociedad Muebles el Paisa de Tuluá S.A.S. presentó su
declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2012.
La DIAN profirió requerimiento especial 2123820150000019 del 18 de junio de 2015
en el que propuso adicionar patrimonio (inventarios) e ingresos operacionales,
rechazar costos de venta e imputar sanción por inexactitud al 160%. La demandante
corrigió su declaración en los términos del requerimiento liquidando la sanción con
las reducciones previstas en los artículos 709 del Estatuto Tributario y 57 de la Ley
1739 de 2014.
Posterior a ello, la administración expidió la liquidación oficial de revisión
212412016000009 del 23 de febrero de 2016 acogiendo el requerimiento y
señalando la improcedencia de la reducción de la sanción en los términos
planteados por la sociedad. Esta decisión fue confirmada con la resolución 000014
del 16 de diciembre de 2016.
1
SAMAI del tribunal, índice 24.
1
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Radicado: 76001-23-33-000-2017-01517-02 (29268)
Demandante: Muebles el Paisa de Tuluá S.A.S.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
2.1 PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No.
212412016000009 de febrero 23 de 2016 proferida por la División de Gestión de Liquidación
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá.
2.2 SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución Recurso de Reconsideración
Confirmando No. 000014 de diciembre 16 de 2016, notificada el día 16 de enero de 2017,
acto administrativo proferido por División de Gestión Jurídica G.I.T. Vía gubernativa de la
Dirección Seccional de Impuestos de Cali.
2.3 TERCERA: Que se declare en restablecimiento del derecho, la nulidad de la
DECLARACION. DE CORRECCION No. 1103605990419 presentada el 17 de septiembre de
2015, adhesivo No. 91000316830532 y por tanto se deje en firmé la declaración de renta y
complementarios No. 1103601589965 presentada el 12 de abril de 2013, adhesivo No.
91000173266856.
2.4 CUARTA: Que se declare en restablecimiento del derecho y por tanto procedente a favor
de la sociedad MUEBLES EL PAISA DE TULUA S.A.S el beneficio de progresividad en el
impuesto de renta y complementarios establecido en el artículo 4 la Ley 1429 de 2010 para el
año gravable 2012 y subsiguientes.
2.5 QUINTA: Que se declare en restablecimiento del derecho, como pago de lo no debido
todos los pagos que por concepto de impuestos y sanciones fueron realizados en la
declaración de corrección del año gravable 2012, en el entendido que la procedencia del
beneficio determina como impuesto de renta el cero por ciento de la tarifa general para los
dos primeros años (art. 4° Ley 1429 de 2010)
2.6 SEXTA: Que como consecuencia de la anterior determinación, y a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES (DIAN) - seccional Tuluá, a que reconozca a favor del demandante, las costas
procesales y la totalidad de perjuicios de orden material y moral, que le fueron ocasionados
en virtud de las decisiones adoptadas por la demandada a través de los actos administrativos
acusados.
A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas violadas los artículos
2, 4, 6, 29, 58, 83, 85, 95, 338 y 363 de la Constitución Política; 683, 706, 714, 730
y 779 del Estatuto Tributario; 2, 3, 10, 15, 17 y 34 de la Ley 1437 de 2011, y 57
(numeral 2) de la Ley 1739 de 2014.
El concepto de violación se resume así:
Señaló que con el ánimo de acceder al beneficio de progresividad en el impuesto
sobre la renta consagrado en el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010, se radicó la
respectiva solicitud el 26 de diciembre de 2012. Pero, hasta el 24 de mayo de 2013,
recibió respuesta a su petición de manera desfavorable, fecha para la cual ya había
presentado la declaración de renta del 2012 bajo la expectativa de poder acceder al
tratamiento especial, por lo que se desconocieron los principios de buena fe y
confianza legítima. Resaltó que era deber de la entidad dar respuesta en los
términos dados para el derecho de petición por la Ley 1437 de 2011.
Aseguró que los motivos por los cuales la DIAN se negó a otorgar el beneficio fueron
2
SAMAI, índice 3. Expediente digital. «10ED_ESCRITODE_06ESCRITODEDEMANDApd(.pdf)».
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infundados, porque le trasladó la carga de probar que la solicitud tenía presentación
personal. Además, explicó que cumplió con todos los requisitos previstos en el
artículo 7 del Decreto 4910 de 2011, sin perjuicio que, para el momento en que se
profirió el requerimiento especial, ya no eran exigibles al estar suspendida dicha
norma3
Explicó que i) un mayor valor pagado en el impuesto sobre la renta no suponía la
renuncia a la tarifa progresiva, pues este se calculó con los ingresos no
operacionales, los que no hacen parte del beneficio; y ii) el hecho de que el
representante legal de la sociedad demandante fuere cónyuge de la propietaria
accionista, y que también tuviera un establecimiento de comercio en el que se
venden muebles, no es causal para negar la solicitud.
Frente a la sanción por inexactitud reducida, explicó que presentó la declaración de
corrección en los términos del artículo 709 del Estatuto Tributario. Pero la
administración pretende dejarla sin efectos, así como la aceptación que hizo de los
hechos planteados en el requerimiento especial.
Alegó que, para la liquidación de la sanción se consultó a los funcionarios de la
administración, quienes instruyeron sobre la aplicación del artículo 709 ibidem, y el
artículo 57 de la Ley 1739 de 2014. Con base en esa información, se presentó la
corrección en la plataforma de la DIAN y en el aplicativo denominado «liquidadiario»,
se proyectó la reducción de la sanción de la Ley 1739.
Manifestó que, en contraste con la orientación inicial de la demandada, se inició el
proceso de fiscalización, en el cual se argumentó que no hay lugar a aplicar el
beneficio de la Ley 1739, pues no se cumplía con el supuesto de que se tratara de
una obligación pendiente, ya que ésta solo se había propuesto por vía del
requerimiento especial. Con todo, tal afirmación es incongruente con la misma
generación de intereses, puesto que con la determinación de un mayor impuesto
con la declaración de corrección se tuvieron que cancelar.
Además, aseguró que se incurrió en la falsa motivación del acto que resolvió el
recurso de reconsideración, pues omitió que, conforme al artículo 828 del Estatuto
Tributario, las declaraciones de corrección son títulos que prestan mérito ejecutivo.
Finalmente, explicó que también se erró en el fundamento de derecho de la
resolución que resolvió el recurso de reconsideración, pues se citó el artículo 56 de
la Ley 1739 de 2014, cuando se debía invocar el artículo 57.
Oposición
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda con fundamento en lo
siguiente4.
Destacó que la solicitud para acogerse al beneficio de progresividad no contaba con
presentación personal como lo exige el artículo 6 del Decreto 4910 de 2011. Y, en
cuanto a la suspensión del artículo 7 ibidem por parte del Consejo de Estado, no
tiene incidencia en el presente debate porque para la época de los hechos la norma
se encontraba vigente.
Explicó que, como se presentó con pago la declaración de renta del año gravable
2012, sin reconocer el beneficio de progresividad al que se pretendía acceder, esto
3
Auto del 28 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, no citó el número del proceso
4
CP. Cuaderno 3. Folios 798 a 807.
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implicó la renuncia al mismo, más cuando el interesado no adelantó alguna gestión
para verificar la respuesta a su petición.
Sostuvo que la relación entre el representante legal de la demandante y su
accionista no es materia de cuestionamiento; lo que se censura es que los ingresos
que el primero percibió a título personal se llevaran en la contabilidad de la sociedad
en la conciliación de ingresos y compras con terceros.
Aseguró que no hubo una indebida interpretación del artículo 57 de la Ley 1739 de
2014. Al respecto puso de presente que luego de proferido el requerimiento, la
sociedad no objetó las glosas, aceptó los hechos y se acogió a lo establecido en los
artículos 709 del Estatuto Tributario y 57 de la Ley 1739 de 2014. No obstante, la
demandante utilizó un doble beneficio, que, si bien «no cuenta con el expreso
beneplácito del artículo 23 de la ley 383 de 1997, sí lo censura el Consejo de Estado»5,
Tampoco se incurrió en la causal de nulidad por falsa motivación, pues la sanción
que debió pagar la demandante era del 25% de la liquidación, no podía tomar un
segundo beneficio como la reducción de dicho valor al 40%, pues se está en
presencia de la aceptación total de las glosas propuestas en el requerimiento
especial. Además, la referencia que se hizo en la resolución que resolvió el recurso
de reconsideración, al artículo 56 de la Ley 1739 de 2014, es una imprecisión que
no invalida la actuación.
Finalmente, planteó como excepción previa la ineptitud de la demanda, puesto que
conforme al artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, previa la solicitud de anulación de
un acto administrativo particular, se debe cumplir con la carga de agotar la discusión
en etapa administrativa. En este caso, las glosas de la liquidación oficial no fueron
materia de debate; pues se trata de modificaciones que se propusieron en el
requerimiento especial y que fueron aceptadas por la demandante6. En dicho
sentido, se presentó una indebida acumulación de pretensiones por cuanto se
discuten aspectos que ya habían sido aceptados, por esto, el único asunto que
puede controvertirse es respecto de la sanción por inexactitud7.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, declaró la nulidad parcial de los actos
demandados, por lo siguiente:
Como aspecto previo puso de presente que, mediante providencia del 29 de
noviembre de 2018, el Consejo de Estado revocó el auto del 29 de junio de 2018
proferido por el tribunal, y declaró probada la excepción de inepta demanda en
relación con liquidación del impuesto sobre la renta del año gravable 2012. De
manera que, el problema jurídico a resolver consistía en establecer si era
procedente reducir la sanción por inexactitud con los beneficios previstos en los
artículos 709 del Estatuto Tributario y 57 de la Ley 1739 de 2014.
Precisó que el artículo 57 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional
mediante la sentencia C-743 del 2 de diciembre de 2015, y que esa decisión tuvo
5
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 16 de agosto de 2007, exp. 14972, M.P. Juan Ángel Palacio
Hincapié.
6
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 29 de abril de 2010, exp. 16528 (no identificó al magistrado
ponente).
7
La excepción fue negada por el tribunal en audiencia inicial celebrada el 29 de junio de 2018, y la DIAN interpuso recurso
de apelación. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en auto del 29 de noviembre de 2018, exp. 23940, M.P Jorge
Octavio Ramírez Ramírez revocó dicha decisión y declaró probada la excepción frente a los hechos relacionados con la
determinación del impuesto, más no para el valor de la sanción.
4
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efectos hacía futuro y no modificó las situaciones de hecho acaecidas con
antelación.
Citó como precedente judicial la sentencia del 9 de julio de 2020 del Consejo de
Estado8, al considerar que en esa providencia se abordó una situación similar a la
debatida, resaltando que la condición especial de pago solo procede cuando la
obligación está plenamente determinada, por lo que en principio deberían negarse
las pretensiones de la demanda.
Con todo, destacó que, en este caso, la declaración de corrección que se presentó
con ocasión del requerimiento especial fue previa a la declaratoria de
inexequibilidad del citado artículo 57 y en «la sentencia C-743 de 2 de diciembre de 2015,
la Corte Constitucional analizó las características de la condición especial de pago y si bien precisó
que el supuesto de aplicación partía del hecho de que la obligación tributaria fuese clara, expresa y
exigible, es decir, que no se encontrara en discusión, en ningún momento estableció que para
acceder a dicho mecanismo era necesario que la obligación hubiese adquirido tal carácter antes de
la entrada en vigencia de la Ley 1739 de 2014.», lo que permitía la concurrencia de
beneficios.
En dicho sentido, observó que de las pruebas que obran en el expediente, se pudo
constatar que la demandante cumplió con la obligación de pagar correctamente la
sanción. Por lo expuesto, declaró la nulidad parcial de los actos, en el sentido de
encontrar ajustada a derecho la liquidación de la sanción.
Finalmente, no impuso condena en costas, por no encontrarlas probabas.
Recurso de apelación
La parte demandada solicitó9 revocar la anterior decisión al considerar que el a quo
incurrió en la aplicación indebida del derecho, así como en una interpretación errada
de la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Aseguró que, la condición especial de pago del artículo 57 de la Ley 1739 de 2014,
reglamentada por el Decreto 1123 de 2015 operaba respecto de obligaciones
causadas en los periodos gravables 2012 y anteriores, que estuvieran en firme10.
Es decir que, solo era posible reconocer la reducción sobre obligaciones que
hubieren presentado mora y que estuvieran contenidas en liquidaciones oficiales o
resoluciones sanciones ejecutoriadas, requisitos que no se acreditaron, pues la
sanción que dio lugar a la discusión no constaba en un acto administrativo en firme,
se había propuesto en el requerimiento especial, acto de trámite que no crea una
situación jurídica particular.
Hizo referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado11, en la que se consideró
que la condición especial de pago solo era admisible si la respectiva obligación
estaba plenamente determinada, de otro modo no se podía predicar la mora.
Manifestó que es de la esencia de la corrección provocada por el requerimiento
especial, la modificación de la declaración y el respectivo pago; aspectos sin los
cuales no se puede reconocer el beneficio de reducción regulado en el artículo 709
del Estatuto Tributario. Así, el pago de $5.111.000 no refleja el cumplimiento de las
8
Sección Cuarta, exp. 24426, M..P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E). En el mismo sentido citó la sentencia del 21 de
octubre de 2021, exp 25123, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
9
SAMAI del Tribunal, índice 29.
10
Citó el oficio 024147 del 20 de agosto de 2015.
11
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 09 de julio de 2020, exp. 24426, M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez (E).
5
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condiciones explicadas, pues la sanción, en aplicación de dicha norma, era de
$12.776.750, el cual debía ser cancelado en su totalidad.
Oposición a la apelación
La parte demandante guardó silencio.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Le corresponde a la Sección determinar la legalidad de la liquidación oficial de
revisión 212412016000009 del 23 de febrero de 2016, así como de la resolución
000014 del 16 de diciembre de 2016, que la confirmó.
En concreto se debe estudiar si al liquidar la sanción por inexactitud reducida en
virtud de la declaración de corrección, la demandante estaba habilitada para aplicar
la condición especial de pago prevista en el artículo 57 de la Ley 1739 de 2014.
Para ello, se analizará si el a quo interpretó correctamente el alcance de esa
disposición y si aplicó adecuadamente el precedente judicial contenido en la
sentencia del 9 de julio de 2020 del Consejo de Estado12.
Análisis del caso concreto
La apelante pidió revocar la decisión de primera instancia, al considerar que el
tribunal incurrió en una interpretación errónea del artículo 57 de la Ley 1739 de 2014,
y de la sentencia del 9 de julio de 2020 del Consejo de Estado. Explicó que el acceso
a la facilidad de pago prevista en el artículo citado se restringía a obligaciones en
mora, correspondientes a los años 2012 y anteriores; pero para el caso debatido no
se constató la existencia de una obligación propiamente dicha, en cabeza de la
demandante, pues el asunto aún era materia de discusión, por lo que las
modificaciones propuestas por la DIAN constaban en el requerimiento especial, más
no en un acto administrativo que se encontrara en firme.
Por otro lado, sostuvo que, al no haberse presentado la declaración de corrección
acompañada del pago de la sanción disminuida en una cuarta parte, no se cumplió
con los presupuestos del artículo 709 del Estatuto Tributario; y, en consecuencia, la
demandante no tenía derecho a aplicar dicho beneficio.
Sobre este punto el tribunal transcribió apartes de la sentencia del Consejo de
Estado que se refirió, para concluir que, pese a que lo expresado en ese fallo daba
lugar a declarar la legalidad de los actos en lo relacionado con liquidación de la
sanción por inexactitud, era menester considerar que el artículo 57 de la Ley 1739
de 2014, se declaró inexequible a partir del 2 de diciembre de 201513; por lo que,
para la época de los hechos esa norma sí era vinculante.
Para resolver la Sección reiterará el criterio fijado en la sentencia del 9 de julio de
12
Exp. 24426, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
13
Mediante la sentencia C-743 de 2015 de la Corte Constitucional.
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2020 del Consejo de Estado, postura que ha sido reiterada en varias ocasiones14, y
respecto de la cual la apelante asegura que se incurrió en una indebida
interpretación.
En esa ocasión, el problema jurídico que se analizó fue similar al del presente caso,
pues se estudió si habiéndose liquidado la sanción por inexactitud conforme al
artículo 709 del Estatuto Tributario, se presentaron los supuestos para acogerse a
la condición especial de pago del artículo 57 de la Ley 1739 de 201415.
En respuesta a ese interrogante, se inició con una exposición del alcance del
artículo 709 del Estatuto Tributario16, el cual opera en los casos en los que se corrige
la declaración privada como consecuencia del requerimiento especial proferido por
la administración. Efectuada la corrección, la norma reconoce el derecho a aplicar
una reducción sobre la sanción por inexactitud, asumiendo la cuarta parte del monto
inicialmente calculado. De ese análisis la sala explicó la operatividad de la norma,
así:
Nótese que, no solo es de la esencia de la corrección provocada por el requerimiento especial
la modificación de la declaración, sino también el pago de los valores aceptados. De ahí que,
no es posible escindir la declaración de corrección del pago de los valores liquidados en esta,
incluida la sanción por inexactitud en los términos del artículo 709 del ET.
Posterior a ello, se continuó el análisis para establecer si había lugar a reconocer la
condición especial de pago; y precisó que se trata de un incentivo que «parte del
presupuesto que la obligación tributaria o la sanción se encuentra determinada plenamente, en
contraposición con mecanismos también dispuestos en la Ley 1739 de 2014, cuyo supuesto de
aplicación consiste en la existencia de una disputa o discusión, como es el caso de la terminación
por mutuo acuerdo».
Por ello se afirmó:
Repárese que en este asunto la corrección de la declaración se deriva de un proceso de
determinación y que dada la propuesta hecha en el requerimiento especial el contribuyente se
acogió a ella en los términos del artículo 709 del ET, ante lo cual la administración verifica el
cumplimiento de los requisitos y de no encontrarlos satisfechos continúa con la actuación
administrativa.
Siendo este el evento en el que la administración debió continuar el proceso de
determinación por el pago incompleto de la sanción reducida, es claro para la Sala que
esta situación riñe con la aplicación de la condición especial de pago, en tanto esta se
adoptó para saldar las obligaciones pendientes de pago con el fisco, que no es el asunto
analizado, comoquiera que la correcta liquidación del tributo aún se encuentra en discusión.
En consecuencia, la actora no cumplió con el requisito de pago del artículo 709 del Estatuto
Tributario, para que la corrección provocada por el requerimiento especial fuera tenida como
válidamente presentada. (Énfasis propio).
Una vez concluido el asunto, la Sección aclaró que el citado artículo 57 fue
declarado inexequible, pero que al haberse constatado que esa disposición no era
aplicable al caso concreto, no era procedente iniciar el análisis sobre los efectos de
14
Sentencias del 3 de junio y 21 de octubre de 2021, exp 23629 y 25123 con ponencias de los magistrados Stella Jeannette
Carvajal Basto y Julio Roberto Piza Rodríguez y en fallo del 16 de marzo de 2023, exp 26621, M.P. Wilson Ramos Girón
15
También se estudió si la aplicación concurrente del artículo 709 del Estatuto Tributario y del artículo 57 de la Ley 1739 de
2014, estaba permitida.
16
Si con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o a su ampliación, el contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la sanción por
inexactitud de que trata el artículo 647, se reducirá a la cuarta parte de la planteada por la Administración, en relación con
los hechos aceptados. Para tal efecto, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, deberá corregir su
liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y adjuntar a la
respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago o acuerdo de pago, de
los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida.
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Demandante: Muebles el Paisa de Tuluá S.A.S.
la decisión de la Corte Constitucional. En otras palabras, aseguró que no era
pertinente evaluar los efectos de aplicación de una ley en el tiempo, cuando ya se
había descartado que el supuesto de hecho evaluado no se encontraba cubierto por
el ámbito de la norma.
En contraste con lo anterior, en la sentencia que fue objeto de apelación en el
presente proceso, el a quo consideró procedente aplicar la condición especial de
pago del artículo 57 ibidem, al manifestar se trataba de una norma que había
permanecido inalterada por cuanto la sentencia de constitucionalidad únicamente
tenía efectos hacía futuro.
Como se indicó dicha postura ha sido pacífica en la Sección, pues en otra
oportunidad, sobre el mencionado beneficio se indicó17:
Sobre el entendimiento de la situación de mora de la obligación fijada por el precitado
dispositivo, esta judicatura ha formado el criterio, el referido beneficio solo procede cuando la
obligación tributaria que se pretende cumplir está «plenamente determinada», pues, de lo
contrario, el contribuyente no se encontraría en mora -siendo que esta condición es uno de
los presupuestos habilitantes de la prerrogativa objeto de análisis-; de ahí que no haya lugar
a acceder al beneficio en los eventos en los cuales se discute la liquidación del tributo, cómo
ocurre cuando está en curso el proceso de determinación.
Lo necesidad de un acto administrativo en firme también se fundamentó en el hecho
que para las obligaciones que estaban en discusión «en la misma ley se reguló el
mecanismo para pagar en condiciones más favorables, las sanciones e intereses de las obligaciones
tributarias que estuvieran en discusión (artículos 55 y 56 ídem, referidas a la conciliación
contencioso-administrativa y a la terminación por mutuo acuerdo)» 18.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se constata que la citada sentencia del 9 de
julio de 2020 del Consejo de Estado constituye precedente judicial para decidir el
problema jurídico planteado, pues hay similitud respecto de la situación decidida en
esa ocasión y este asunto. Esto se explica en la medida en que en los dos
escenarios se presentó una declaración privada, que se corrigió como consecuencia
de las modificaciones propuestas por la administración en el requerimiento especial;
y frente a la cual, la contribuyente aplicó tanto la reducción del artículo 709 del
Estatuto Tributario, como la facilidad de pago del artículo 57 ibidem.
De los hechos probados en el proceso se encontró que la sanción por inexactitud
que propuso la administración en el requerimiento especial fue equivalente a
$51.107.000; por lo que el beneficio de reducción derivado de la presentación de la
corrección derivado del artículo 709 del Estatuto Tributario daba una multa de
$12.777.000. Teniendo como punto de partida lo anterior, la demandante aplicó la
facilidad de pago del artículo 57 de la Ley 1739 de 2014, para calcular un valor final
de $5.111.000.
Ese ejercicio que hizo la demandante, analizado desde la explicación efectuada en
el precedente judicial, resulta improcedente, pues en primer lugar la aplicación de
la reducción del artículo 709 del Estatuto Tributario exige como condición sine qua
non, el pago de la sanción reducida; y en relación con la aplicación de la condición
especial de pago, es claro que esta no se predicaba respecto de montos que aún
eran materia de discusión.
Finalmente, se reitera que al tratarse de una situación de hecho que se encuentra
17
Sentencia del 16 de marzo de 2023, exp 26621, M.P. Wilson Ramos Girón
18
Ibidem
8
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Radicado: 76001-23-33-000-2017-01517-02 (29268)
Demandante: Muebles el Paisa de Tuluá S.A.S.
por fuera del ámbito del artículo 57 de la Ley 1739 de 2014, resulta irrelevante para
el análisis establecer los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de esa
disposición. Por esa misma razón no puede estudiarse la concurrencia de
beneficios, dado que se insiste no se da el presupuesto normativo para aplicar la
condición especial lo que haría ineficaz su examen.
Por lo expuesto, encuentra la Sección justificado el reparo de la apelante, pues el a
quo interpretó erróneamente el artículo 57 de la Ley 1739 de 2014, y le dio un
alcance que no tenía a la sentencia del 9 de julio de 2020 de esta corporación.
En consecuencia, al prosperar los cargos del recurso de apelación, hay lugar a
resolver los demás argumentos de nulidad que no fueron objeto de estudio por parte
del tribunal.
Al respecto, se tiene que la sociedad demandante invocó una falsa motivación del
acto que resolvió el recurso de reconsideración, pues omitió que, conforme al
artículo 828 del Estatuto Tributario, las declaraciones de corrección son títulos que
prestan mérito ejecutivo. También manifestó que se incurrió en error al invocar
fundamento de derecho de ese acto el artículo 56 de la Ley 1739 de 2014, cuando
correspondía el artículo 57.
Sobre el primer asunto se pone de presente que la declaración de corrección se
originó con ocasión de la expedición del requerimiento especial, como bien lo
reconoce la parte demandante, empero, esta no fue aceptada por la administración,
de ahí que se profirieran la liquidación oficial que fue confirmada, de ahí que no
pueda entenderse que dicho denuncio privado es un título ejecutivo comoquiera que
el proceso de determinación siguió su curso y dio lugar a la expedición de los actos
administrativos que ahora se demandan.
Respecto al segundo argumento, se observa que, al resolverse el recurso de
reconsideración, la autoridad tributaria insistió en que no se cumplieron los
requisitos del artículo 57 de la Ley 1739 de 2014, dado que el requerimiento especial
era un acto de trámite y, si bien se hizo referencia al artículo 56 ibidem19, que
consagra el mecanismo de conciliación en sede administrativa, se evidencia que lo
pretendido era verificar si se cumplían los supuestos de dicha norma con el fin de
garantizar la posibilidad de la demandante de acceder a algún beneficio, cuestión
diferente es que tampoco se acreditaron.
Por lo anterior, al no prosperar ninguna de las razones de nulidad planteadas en la
demanda, se debería revocar la sentencia apelada y negar las pretensiones. Sin
embargo, se observa que en los actos demandados la sanción por inexactitud se
calculó con el 160%, por lo que en en virtud del principio de favorabilidad establecido
en el artículo 640 del Estatuto Tributario y del artículo 29 de la Constitución, debe
reducirse la sanción de oficio al 100%19. Para estos efectos se realiza el siguiente
cálculo20:
Impuesto a cargo declarado $1.179.000
Impuesto a cargo liquidado por la administración $34.595.000
Mayor impuesto (base de la sanción) $33.416.000
% aplicado para sanción 100%
Valor sanción por inexactitud $33.416.000
19
La aplicación del principio de favorabilidad de oficio también se hizo en las sentencias del 29 de octubre de 2020, exp
29424 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E) y del 5 de mayo de 2022 exp 25759 M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
20
Valores tomados de la liquidación oficial de revisión la cual fue confirmada por la resolución 000014 de 2016
9
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En consecuencia, se modificará la sentencia apelada en cuanto al restablecimiento
del derecho, fijando el valor de la sanción por inexactitud.
Costas
No procede la condena en costas comoquiera que se declara la nulidad parcial de
los actos demandados, en los términos del numeral 5 del artículo 365 del Código
General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada, proferida el 17 de mayo
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, el cual quedará así:
Segundo: A título de restablecimiento del derecho, fijar la sanción por inexactitud a
cargo de la sociedad demandante, en relación con el impuesto sobre la renta del año
gravable 2012, EN LA SUMA DE TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL
PESOS M/CTE ($33.416.000)
2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
3. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con salvamento de voto
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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