Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01541-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01541-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2017-01541-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
9 de julio de 2026
Radicado: 76001-23-33-000-2017-01541-01 (0425-2023)
Demandante: Luis Fernando Rengifo Bejarano
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01541-01 (0425-2023)
Demandante: Luis Fernando Rengifo Bejarano
Demandado: Empresas Municipales de Cali – (EMCALI E. S. P.)
Vinculado: Administradora Colombiana de Pensiones – (Colpensiones)
Temas: Compartibilidad y compatibilidad pensional. Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de 1990.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada1 contra la sentencia del 31 de agosto de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte vencida.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. El señor Luis Fernando Rengifo Bejarano en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho2, solicitó que se declare la nulidad del oficio
núm. 830-DTH-APP-0230 del 18 de enero de 2006 proferido por Empresas
Municipales de Cali que compartió con Colpensiones la pensión de jubilación
extralegal a él concedida.
3. Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, peticionó: i) se
declare que la pensión de jubilación extralegal concedida por Empresas Municipales
de Cali no es compartida, ii) se ordene, a partir del 16 de enero de 2006 el pago del
100% de las mesadas pensionales por dicho concepto, iii) la diferencia entre lo pagado
y lo que debió pagarse por pensión extralegal, iv) la actualización de la condena de
1 Empresas Municipales de Cali.
2 Expediente digital visible en SAMAI. Gestión en otros despachos.
“16_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITALIZ.pdf”.
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Demandante: Luis Fernando Rengifo Bejarano
conformidad con lo indicado en el artículo 187 del CPACA, v) los intereses moratorios
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA y vi) la condena en costas.
Hechos.
4. La demandada Empresas Municipales de Cali expidió la Resolución núm. JD-
0104 de 1983, que en el numeral 3 estableció una pensión extralegal para todos sus
servidores públicos. Prestaciones que fueron convalidadas por el artículo 146 de la
Ley 100 de 1993.
5. La entidad demandó en acción de lesividad las pensiones otorgadas a los
empleados públicos con fundamento en la Resolución núm. JD-0104 de 1983, no
obstante, la jurisdicción de lo contencioso administrativo consideró «dichas pensiones
como extralegales convalidadas».
6. El señor Luis Fernando Rengifo Bejarano laboró para Empresas Municipales de
Cali desde el 20 de septiembre de 1956 hasta el 22 de octubre de 1984, conforme a la
Resolución núm. 02111 del 12 de octubre, que dispuso el retiro del servicio para
acogerse al beneficio de una pensión vitalicia de jubilación extralegal, a partir del 23
de octubre de 1984, otorgada mediante el boletín núm. 25770.
7. Por otra parte, el ISS hoy Colpensiones, a través de la Resolución núm. 20237
del 25 de noviembre de 2005, le reconoció una pensión de vejez desde el 4 de febrero
de 2001.
8. Seguidamente, Empresas Municipales de Cali, en el oficio núm. 830-DTH-APP-
0230 del 18 de enero de 2006, compartió desde el 16 de enero de 2006 la pensión
extralegal concedida al demandante con la reconocida por el ISS. Y con el oficio núm.
832-DGL-004092 del 13 de julio de 2011 compartió nuevamente la prestación a partir
del 16 de julio de 2011.
Fundamentos de derecho y concepto de violación.
9. Como disposiciones vulneradas invocó: artículos 29, 48 y 58 de la Constitución
Política; 71 y 72 del Código Civil; 11, 146 y 289 de la Ley 100 de 1993 y 18 y 53 del
Decreto 758 de 1990.
10. Al desarrollar el concepto de violación, trajo a colación las normas y
jurisprudencia que consideró aplicable, para concluir que, en este caso, la pensión de
jubilación extralegal se reconoció el 23 de octubre de 1984, antes del 17 de octubre de
1987, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2879 de 1985 que previó la
compartibilidad pensional, por lo tanto, la prestación no podía compartirse. Sin
embargo, sin fundamento legal, aplicó dicha figura a la pensión vitalicia de jubilación
extralegal con la de vejez concedida por el ISS, tomando como argumento que en la
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resolución que reconoció la pensión de jubilación se indicó que era compartida, lo que
es falso, con lo cual se desconoce un derecho adquirido.
Contestación de la demanda.
11. La Administradora Colombiana de Pensiones – (Colpensiones)3 expuso que las
pretensiones de la demanda están dirigidas contra Empresas Municipales de Cali, por
lo que existe falta de legitimación en la causa por pasiva frente a ella.
12. Empresas Municipales de Cali4 adujo que para el momento en que fue
concedida la pensión de jubilación se encontraba vigente en el artículo 77 del Decreto
1848 de 1969 que establecía la incompatibilidad con otras asignaciones provenientes
de entidades públicas, por lo que, en este caso, hay lugar a aplicar la compartibilidad
de la prestación.
Sentencia de primera instancia.
13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 31 de
agosto de 20225 accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
parte vencida.
14. Precisó que la pensión de jubilación fue otorgada por EMCALI E. S. P. el 23 de
octubre de 1984, con fundamento en la Resolución núm. JD-104 del 14 de octubre de
1983, acto que fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia del 2 de
octubre de 1996, sin embargo, dado que el reconocimiento pensional ocurrió antes del
30 de junio de 1995, quedó amparado por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
15. Encontró acreditado que el demandante se encuentra percibiendo una pensión
de jubilación extralegal desde el 23 de octubre de 1984, con anterioridad al 17 de
octubre de 1985, por lo que la misma es compatible con la pensión de vejez reconocida
por Colpensiones. De manera que, le asiste derecho a seguir percibiendo la prestación
extralegal concedida por la accionada en un 100%.
16. Sin embargo, dado que la demanda fue presentada el 9 de octubre de 2017,
ocurrió la prescripción de las mesadas anteriores al 9 de octubre de 2014.
17. Precisó que «no es de recibo el argumento contenido en el acto administrativo
acusado consistente en que en la Resolución No. 2111 del 12 de octubre de 1984
dispone que “cuando el Instituto de los Seguros Sociales asuma el riesgo de la pensión
de vejez, se pagará únicamente el mayor valor si lo hubiere entre la pensión otorgada
3 Ibidem. Págs. 78 a 83.
4 Ibidem. Págs. 88 a 98.
5 Expediente digital – “23_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA.pdf”.
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por el I.S.S. y la que se encuentre reconociendo EMCALI EICE ESP”, pues del
contenido de la citada Resolución No. 2111 del 12 de octubre de 1984 se advierte que
allí sólo se dispuso aceptar la renuncia del aquí demandante»6.
Recurso de apelación.
18. El apoderado de Empresas Municipales de Cali presentó el recurso de
apelación7, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto el tribunal incurrió en una indebida
valoración probatoria y «se debieron negar las pretensiones por cuanto y de acuerdo
a los antecedentes, la pensión reconocida al demandante no es extralegal, no solo por
la naturaleza del cargo que desempeñó en la entidad a su retiro y la naturaleza de la
entidad al mismo momento, sino por cuanto lo que extendió al demandante en la
resolución de Emcali fue solo el porcentaje de la pensión, en esa medida la solicitud a
la que se accede determina una incompatibilidad pensional por cuanto el demandante
goza de una prestación reconocida por Colpensiones sobre la cual no existe evidencia
que sea compartida sino reconocida por los mismos servicios prestados en la entidad
demandada».
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
19. Mediante auto del 13 de febrero de 20248 se admitió el recurso de
apelación. Dentro de la oportunidad legal para pronunciarse, las partes y el agente del
Ministerio Público guardaron silencio.
20. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia.
21. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo9.
22. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
6 Transcrito con errores.
7 Expediente digital –”23_RECEPCIONDEMEMORIAL_MEMORIALRECURSOAPE.pdf”.
8 Índice 5 en SAMAI.
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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presentó el recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo
recurso.
Problema jurídico.
23. Le corresponde a la Subsección determinar si, contrario a lo considerado por el
tribunal, la pensión de jubilación reconocida al demandante por Empresas Municipales
de Cali es incompatible con la pensión de vejez concedida por Colpensiones, por no
tener carácter extralegal, la naturaleza del cargo que desempeñaba y la entidad
empleadora. Y, en todo caso, si no hay lugar a la compartibilidad, sino a una prestación
que debe ser asumida en su totalidad por Colpensiones.
24. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos, la Sala abordará los siguientes
temas I) Compatibilidad pensional II) Compartibilidad pensional y III) Caso concreto.
Compatibilidad pensional.
25. La compatibilidad pensional permite percibir la pensión de vejez otorgada por
disposición legal y la de jubilación extralegal reconocida por el empleador, sin perjuicio
de la prohibición constitucional de recibir más de una asignación que provenga del
tesoro público.
26. Sobre el particular, el artículo 64 de la Constitución de 1886 estableció que
nadie podría recibir «dos sueldos» del tesoro, salvo los casos especiales previstos en
la ley. Disposición reglamentada en el Decreto 1713 de 1960, norma que en el artículo
1 reiteró la restricción y estableció cuatro excepciones, sin incluir las pensiones de
jubilación y vejez provenientes del erario, así:
Artículo 1º Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las
excepciones que se determinan a continuación:
a) Las asignaciones que provengan de establecimiento docentes de carácter oficial,
siempre que no se trate de profesorado de tiempo completo;
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario,
hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio
regular de tales cargos;
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del servicio de cargos públicos,
siempre que el valor conjunto de la pensión y el sueldo que disfruten por el cargo, no
exceda de mil doscientos pesos ($1.200.00) mensuales;
d) Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los miembros de las
Fuerzas Armadas.
Parágrafo. Para los efectos previstos en los ordinales a) y b) del presente Decreto, se
entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas.
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27. Sobre la pensión de jubilación, el artículo 77 del Decreto 1848 de 196910
estableció que su disfrute «es incompatible con la percepción de toda asignación
proveniente de entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas
oficiales y sociedades de economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se
adopte para el pago de la contraprestación del servicio, salvo lo que para casos
especiales establecen las leyes». Proscripción similar se implementó en el artículo 8411
respecto de la pensión de vejez.
28. Prohibición que no varió con la Constitución Política de 1991, que en su artículo
128 estableció lo siguiente:
«Artículo 128 de la Constitución Política. Nadie podrá desempeñar simultáneamente
más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro
público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado,
salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público
el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.»
29. La palabra «asignación» comprende toda clase de remuneración proveniente
de recursos públicos, incluyendo sueldo, honorarios, mesada pensional, entre otras12.
En consecuencia, resulta contrario a derecho devengar dos pensiones de vejez por
tiempos prestados al servicio del Estado, salvo las excepciones previstas en la ley13.
Compartibilidad pensional.
30. El artículo 60 del Decreto 3041 de 196614, que aprobó el reglamento general
del Instituto del Seguro Social, estableció la subrogación del ISS en el pago de la
pensión de jubilación legal establecida en el Código Sustantivo del Trabajo, que antes
era asumida por el empleador, en los siguientes términos:
10 « Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968», norma que « regula el régimen prestacional de los
empleados públicos y trabajadores oficiales».
11 Artículo 84º.- Incompatibilidades con el goce de la pensión. El goce de la pensión de retiro por vejez es
incompatible con la percepción de toda asignación proveniente de entidades de derecho público, establecimientos
públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se adopte
para el pago de la contraprestación del servicio, salvo los casos de excepción previstos por las leyes y en particular
por el Decreto 1713 de 1970 y la Ley 1a. de 1963.
12 Corte Constitucional, Sentencia C – 133 del 1° de abril de 1993. MP. Vladimiro Naranjo Mesa y Auto del 8 de
agosto de 2024, Radicación núm. 25000-23-42-000-2021-00902-01 (2348-2024), C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
13 Ley 4° de 1992, artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más
de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes asignaciones:
a. Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la rama legislativa;
b. Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
c. Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d. Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e. Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud.
f. Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su asistencia a las mismas,
siempre que no se trate de más de dos juntas.
g. Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes
pensionados. (…)
14 «Por el cual se aprueba el reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y
muerte».
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«ARTICULO 60. Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse en el
Instituto Colombiano de Seguros Sociales contra los riesgos de invalidez, vejez y
muerte, lleven 15 años o más de servicios continuos o discontinuos en una misma
empresa de capital de ochocientos mil pesos ($800.000) moneda corriente o superior,
ingresarán al Seguro Social obligatorio como afiliados para el riesgo de invalidez, vejez
y muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por el Código
Sustantivo del Trabajo podrán exigir la jubilación a cargo del patrono y este
estará obligado a pagar dicha jubilación, pero continuarán cotizando en este
seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el instituto para
otorgar la pensión de vejez, y en este momento el instituto procederá a cubrir
dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo
hubiere, entre la pensión otorgada por el instituto y la que le venía siendo pagada por
el patrono.»
31. De manera que, el ISS asumiría progresivamente las pensiones de jubilación
de índole legal. Y en el caso de los empleadores que tenían a su cargo dicha
prestación, podían seguir cotizando en favor del trabajador al Instituto, para que la
entidad administradora asumiera la obligación una vez se cumplieran los requisitos
para acceder a la pensión de vejez.
32. Así las cosas, en virtud de la compartibilidad, el reconocimiento hecho por el
ISS libera al empleador de la carga de sufragar la pensión de jubilación, quedando
obligado únicamente del pago de la diferencia entre ambas prestaciones, y solo si la
pensión asumida por la entidad administradora resulta de menor valor a la que venía
percibiendo el beneficiario.
33. Ahora, en el caso de las pensiones de jubilación extralegales otorgadas a
partir del 17 de octubre de 1985, producto de una convención colectiva, un pacto
colectivo, un laudo arbitral o voluntariamente, se previó la figura de la compartibilidad
por ministerio de la ley, salvo que las partes acuerden lo contrario, conforme el artículo
18 del Decreto 758 de 199015:
«Artículo 18. Compartibilidad de las Pensiones Extralegales. Los patronos registrados
como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores
afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo,
laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985,
continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los
asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de
vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de
cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada
por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva
convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya
15 «Por el cual se aprueba el acuerdo número 049 de febrero 1º de 1990 emanado del consejo nacional de seguros
sociales obligatorios.»
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dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán
compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.»
34. Sin embargo, dado que antes del 17 de octubre de 1985 no existía dicha
previsión, la regla general era la compatibilidad entre la pensión legal y la extralegal,
con la posibilidad de que empleador y empleado pactaran la compartibilidad 16. Sobre
el particular, la Corte Constitucional ha considerado:
«Por un lado, la compatibilidad de las pensiones de vejez (legal) y de jubilación
(convencional) le otorga el derecho al pensionado a percibir de manera simultánea
ambas prestaciones, de manera integral. Esta figura es aplicable a los casos en los
que la pensión de jubilación convencional fue reconocida por el empleador con
anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2879 de 1985, el 17 de octubre de
1985. La compatibilidad, además, implica la obligación del pensionado de realizar
directamente las cotizaciones correspondientes ante el sistema de seguridad social,
con el fin de cumplir los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez.
Por otro lado, a diferencia de la compatibilidad, la compartibilidad de las pensiones
regula las situaciones en las que a un trabajador que recibe una pensión de jubilación
concedida con posterioridad al 17 de octubre de 1985, le es reconocida una pensión
legal o de vejez. La compartibilidad trae como consecuencia que, desde el momento
en que el ISS o Colpensiones reconoce la pensión de vejez, el empleador se subroga
en su obligación de pagar la pensión extralegal, quedando a su cargo únicamente la
diferencia entre la pensión de jubilación y la de vejez, cuando la primera es de mayor
valor que la última. Por último, bajo el fenómeno de la compartibilidad pensional, el
empleador queda obligado al pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social,
hasta cuando el pensionado acceda a su pensión de vejez.»17
35. Se precisa que la figura de la compartibilidad no afecta a los beneficiarios en
tanto su derecho pensional es reconocido en cumplimiento de los requisitos
dispuestos en las normas que resulten aplicables:
«También que la compartibilidad no afecta la pensión reconocida por Colpensiones
pues esta se liquida con base en los aportes efectuados por el empleador y el IBL
pensional se calcula teniendo en cuenta solo dichos aportes, sin que el mayor valor
que eventualmente deba pagar el empleador redunde negativamente en
Colpensiones.
Se advierte además que la aplicación de la figura de la compartibilidad tampoco afecta
a los beneficiarios pues como tal el derecho pensional ya fue reconocido conforme a
las normas establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 o en el Decreto 758
de 1990 como lo fue en este caso.»18
16 Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 20 de junio de 2024, núm. Interna: 5054-2022.
17 Sentencia T 280 del 19 de julio de 2018.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 11 de abril
de 2024. Radicación nro. 70001-23-33-000-2018-00304-01 (7088-2023)
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36. Asimismo, la figura no impide que una vez el accionado haya adquirido el
estatus pensional pueda seguir afiliado al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, y aumentar el Ingreso Base de Cotización19.
Caso concreto.
37. Expone la entidad apelante Empresas Municipales de Cali que la pensión
reconocida al demandante es incompatible con la pensión de vejez concedida por
Colpensiones, por no ser extralegal, la naturaleza del cargo que desempeñaba y la
entidad empleadora. Además, tampoco hay lugar a la compartibilidad, sino a una
pensión que debe ser asumida en su totalidad por Colpensiones.
38. Encuentra la Sala acreditado que por medio de la Resolución núm. 104 del 14
de octubre de 198320 Empresas Municipales de Cali concedió «unos beneficios
extralegales a los Empleados Públicos de EMCALI», entre ellas una pensión de
«jubilación con el 90% del promedio de los salarios y primas» 21 percibidos durante el
último año de servicio.
39. El señor Luis Fernando Rengifo Bejarano laboró al servicio de la entidad desde
el 20 de septiembre de 1956 hasta el 23 de octubre de 198422, desempeñando el cargo
de asistente técnico, que «para la época de su desvinculación […] era considerado
como EMPLEADO PÚBLICO»23.
40. La empresa realizó aviso al ISS de la «entrada del trabajador» a partir de 22 de
septiembre de 195624.
41. Desde el 23 de octubre de 198425, el demandante disfruta de una «pensión de
jubilación […] con cargo a EMCALI. Elaborada orden para nómina valor de $96.054.41,
cancelando mesadas acumuladas desde octubre 23/84 hasta Nov. 15/84»26, conforme
se evidencia del boletín de base núm. 27770.
42. El 25 de noviembre de 2005 el ISS, mediante la Resolución núm. 020237 27,
concedió una pensión de vejez al señor Rengifo Bejarano por $286.000 COP a partir
del 4 de febrero de 2001, calculada con una tasa de reemplazo de 66% por contar con
896 semanas de cotización. Además, dispuso que el valor de retroactivo sería
19 Auto del 20 de noviembre de 2024, núm. Interno: 3096-2024. C. p. Luis Eduardo Mesa Nieves.
20 Expediente digital – “16_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITALIZ.pdf”. Págs. 31 a 33.
21 Numeral 3 de la Resolución núm. 104 del 14 de octubre de 1983.
22 Conforme la liquidación definitiva de prestaciones sociales visible en el expediente digital –
“16_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITALIZ.pdf”. Pág. 39.
23 De acuerdo con constancia de «CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO» expedida por la EMCALI visible ibidem.
Págs. 48 y 49.
24 «Aviso de entrada de trabajador». Ibidem. Pág. 39.
25 23 de octubre de 1984, fecha desde que le fue aceptada la renuncia, a través de la Resolución núm. 2111 de 12
de octubre de 1984 (Ibidem. Pág. 35.)
26 Transcrito de boletín de base núm. 27770 de Emcali, aportado por la entidad tras requerimiento realizado por el
tribunal sobre el acto de reconocimiento de la pensión extralegal. (Expediente digital –
“10_ALLEGAMEMORIAL_PARTEDEMANDADAEMCA.pdf”.)
27 Ibidem. Págs. 143 a 145.
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cancelado a Empresas Municipales de Cali, «último empleador […] subrogándola de
esta manera en su obligación de continuar cancelado la pensión mensual vitalicia de
jubilación que concediera al (la) asegurado (a), es decir, procediendo la aplicación de
la figura de la compartibilidad pensional».
43. Seguidamente, en el oficio núm. 830-DTH-APP-0230 del 18 de enero de 200628,
«Asunto: Pensión Compartida» la empresa informó al accionante que «a partir del 16
de enero de 2006 EMCALI le pagará únicamente la suma de $2.269.400,oo dado que
el ISS asumió el valor restante».
44. La pensión de vejez fue reliquidada por el ISS, en la Resolución núm. 0002959
del 14 de marzo de 201129, toda vez que «después de generada la liquidación de la
pensión, el Ingreso base de Cotización aportado por el asegurado, promediando los
aportes de toda su vida laboral dio un IBL de $ 444.424.00 y promediando los últimos
10 años el IBL resultante fue de $ 365.174.00, siendo éste el IBL más favorable, se
toma y se le aplica una tasa de reemplazo equivalente al 66%, arrojando una mesada
pensional a Enero de 2011 de $ 1.446.794, valor superior al que venía percibiendo a
esta fecha que es de $ 535.600»; Para ello se tomó en cuenta «un total de 896
semanas cotizadas en toda la vida laboral». También, se ordenó el pago del retroactivo
a EMCALI E. S. P. por aquello de la compartibilidad.
45. Mediante el oficio núm. 832-DGL-004092 del 13 de julio de 201130 EMCALI
reajustó la mesada pensional compartida en el oficio núm. 830-DTH-APP-0230.
46. Visto lo anterior, contrario a la indicado por el recurrente, la pensión reconocida
por el EMCALI sí es extralegal, pues fue otorgada con fundamento en la Resolución
núm. 104 del 14 de octubre de 1983 que concedió beneficios extralegales a los
empleados públicos de dicha entidad, calidad que ostentó el demandante para época
de su desvinculación.
47. Ahora bien, de conformidad con la normativa transcrita en el acápite anterior,
para que opere la figura de la compartibilidad de las pensiones extralegales
reconocidas antes del 17 de octubre de 1985, esta debió ser acordada entre empleador
y trabajador, lo que no ocurrió en este caso, pues, en la pensión reconocida por
EMCALI desde el 23 de octubre de 1984 no se acordó la compartibilidad, por lo que la
prestación, tal como lo consideró el a quo y adujo el demandante, no es compartible y
debe ser asumida en su totalidad por el empleador.
28 Ibidem. Págs. 45.
29 Ibidem. Págs. 155 a 163.
30 Ibidem. Págs. 45.
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48. Máxime que, dicho reconocimiento constituye una situación jurídica convalidada
por el artículo 146 de la Ley 100 de 199331, al provenir de una disposición del orden
territorial y ser anterior al 30 de junio de 199732.
49. No obstante, se precisa que dicha pensión de jubilación se calculó con ocasión
de los servicios prestados por el señor Luis Fernando Rengifo Bejarano a la entidad
estatal EMCALI E. S. P.33 desde el 20 de septiembre de 1956 hasta el 23 de octubre
de 1984 como empleado público, sobre el promedio de lo percibido durante el último
año laborado.
50. Entidad que, además, continuó cotizando al ISS durante 896 semanas, las
cuales dieron lugar a la pensión legal otorgada al actor, mediante la Resolución núm.
020237 del 25 de noviembre de 2005. Por lo que ambas prestaciones – pensión legal
y extralegal –, aunque no fueron reconocidas con los mismos tiempos de servicio, se
financiaron con recursos del sector público, de manera que, como expuso la
recurrente, son incompatibles, conforme a la prohibición establecida en el Decreto
1848 de 1969, lo que impide percibir ambas prestaciones de manera simultánea.
51. Ahora bien, la referida incompatibilidad surge a partir de la expedición de la
Resolución núm. 020237 del 25 de noviembre de 2005, que reconoció la prestación
con aportes públicos, pese a que el actor ya se encontraba recibiendo una pensión
liquidada con tiempos de servicio de la misma naturaleza. Acto administrativo que no
fue demandado en el proceso y que, por ende, no está sometido a control jurisdiccional
en esta ocasión.
31 ARTICULO 146.Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales.
Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en
disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de
empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus
organismos descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia
de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años siguientes los requisitos exigidos en dichas
normas.
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente Ley.
32 Sobre las pensiones de jubilación extralegales reconocidas por EMCALI en virtud de la Resolución núm. 104 del
14 de octubre de 1983 ver sentencia proferida por esta Subsección el 14 de septiembre de 2023, núm. Interno:
0707-2023 «63. Como ya se indicó a través de la Resolución 1215 del 13 de junio de 1995, se le reconoció al
demandado la pensión de jubilación porque había laborado por más de 19 años al servicio de EMCALI y más de 2
años al servicio del Ministerio de Defensa y tenía más 50 años de edad, con fundamento en la Resolución 104 de
14 de octubre de 1983. En el artículo segundo de dicho acto, estableció que EMCALI repetiría contra el Ministerio
de Defensa por la parte que le correspondía y que aceptó mediante Oficio MDPSR 177 de 10 de mayo de 1995.
64. Igualmente, en su artículo tercero determinó que una vez el Instituto de Seguros Sociales asumiera el riesgo de
vejez, la empresa únicamente pagaría el mayor valor si se generara entre la pensión otorgada por el ISS y la
reconocida por EMCALI.
65. Conforme con lo expuesto en precedencia, se advierte que la situación jurídica de carácter individual frente a
la pensión de jubilación del señor Moreno Cobo quedó definida con anterioridad al 30 de junio de 1997, fecha hasta
la cual el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 convalidó las pensiones reconocidas por disposición es del orden
territorial […]»
33Hoy empresa industrial y comercial del Estado, creada inicialmente como establecimiento público por medio del
Acuerdo 50 de 1961, conforme se desprende del Acuerdo 14 de 1996 «por el cual se dictan disposiciones en
relación con la transformación de las empresas municipales de cali - emcali en empresa industrial y comercial del
municipio, se autoriza la constitución de unas sociedades de servicios públicos oficiales y se dictan otras
disposiciones». (Visible en línea: https://www.concejodecali.gov.co/documentos/48/acuerdos-1996/)
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52. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 31 de agosto de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
Condena en costas en ambas instancias.
53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
56. En consecuencia, se impondrán costas a Empresas Municipales de Cali, por
cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 31 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO. Condenar a Empresas Municipales de Cali en costas en esta instancia.
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TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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