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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2017-01562-01

Fecha
10 de agosto de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2017-01562-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 28 de febrero del 2020. 2. Sin condena en costas en esta instancia

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-000-2017-01562-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

10 de agosto de 2023

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01562-01 (27430)
Demandante: IGT Games S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-23-33-000-2017-01562-01 (27430)
Demandante IGT GAMES S.A.S.
Demandado MUNICIPIO DE PALMIRA
Tema Impuesto a los juegos de suerte y azar. Sanción por no
declarar. Derogatoria del tributo por la Ley 643 de 2001.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la
sentencia del 28 de febrero del 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que dispuso1:
“PRIMERO. DECLARASE la nulidad de las Resoluciones Nos. 1150.47.14214 del 18 de abril
de 2017 y 1150.47.14547 del 27 de junio de 2017, por medio de las cuales la Secretaría de
Hacienda Municipal de Palmira, impuso sanción IGT GAMES S.A.S., por no declarar el
impuesto aplicable a los juegos de suerte y azar, en la modalidad de juegos novedosos, por
el año gravable 2014.
SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, DECLARASE que IGT GAMES S.A.S.,
no está obligada a pagar los valores liquidados a título de sanción en los actos anulados.
TERCERO. ORDÉNASE al Municipio de Palmira, reconocer y pagar a favor de IGT GAMES
SAS, las expensas y gastos en que haya incurrido en esta instancia y en la medida de su
comprobación. Liquídense por la Secretaría de esta Corporación. FÍJASE el valor de las
agencias en derecho, a ser incluidas en dicha liquidación, el valor de 1 salario mínimo mensual
legal vigente.
(…)”.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Palmira, Valle del
Cauca, profirió la Resolución Nro. 1150.47.14214 del 18 de abril de 2017, mediante
la cual impuso a IGT Games S.A.S. la sanción por no declarar el impuesto a los
juegos de suerte y azar por los meses de enero a diciembre del año 2014 en cuantía
de $342.082.241.

La sociedad sancionada interpuso recurso de reconsideración contra la anterior
decisión, pero la entidad territorial la confirmó mediante la Resolución Nro.
1150.47.14547 del 27 de junio de 2017.

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la demandante formuló las siguientes pretensiones2:

1 Samai. Índice 3. PDF de la sentencia. Página 12.
2 Samai. Índice 3. PDF de la demanda. Páginas 3 a 4.
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Radicado: 76001-23-33-000-2017-01562-01 (27430)
Demandante: IGT Games S.A.S.

“3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Resolución Sanción por no declarar No. 1150.47.14214 del 18 de abril de 2017 ‘por
medio de la cual se tiene por no presentadas las declaraciones sobre el impuesto a los
Juegos de Suerte y Azar, correspondientes a los períodos gravables del año 2014, y se
impone una sanción por no declarar’
• Resolución No. 1150.47.14547 de 27 de junio de 2017, por medio de la cual la
Secretaria de Hacienda de Palmira, resuelve el recurso de reconsideración presentado
por IGT GAMES SAS no accediendo ‘a las pretensiones contenidas en el recurso de
reconsideración, respecto de la Resolución Sanción por no Declarar No. 1150.47.14214
del 18 de abril de 2017’.
3.2. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la Secretaría de Hacienda Municipal de Palmira cesar todo procedimiento en
contra de IGT, relacionado con las citadas Resoluciones, se ordene el archivo del
expediente respectivo y se declare que mi poderdante no debe pagar suma alguna por
concepto de la sanción por no declarar el impuesto a los juegos de suerte y azar
correspondiente al período gravable 2014, toda vez que no es sujeto pasivo del citado
tributo” (negrilla del original).

A los anteriores efectos, invocó como violados los artículos 95 y 363 de la
Constitución; 643, 683, 715 y 716 del Estatuto Tributario; 1, 2, 3, 7, 8, 49 y 60 de la
Ley 643 de 2001; y 42 y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

El concepto de la violación de estas disposiciones se resume así:

1. Violación de los artículos 49 y 60 de la Ley 643 de 2001.
Indicó que la sociedad no es sujeto pasivo del impuesto a los juegos de suerte y
azar, por lo que no debía presentar declaraciones en el municipio de Palmira y, por
lo tanto, no existe la obligación en la que se sustenta la sanción que le fue impuesta.

Transcribió los artículos 1 y 2 de la Ley 643 de 2001 y explicó que todos los juegos
de suerte y azar deben regirse por lo dispuesto en dicha norma,
independientemente del municipio en donde se operen o exploten, y que la ley
define la regulación aplicable a cada modalidad de juego.

Comentó que, para 2014, IGT Games S.A.S. era el concesionario del juego Baloto
en línea, conforme con el Contrato de Concesión Nro. 887 de 2011, el cual se
encuadra en la categoría de juegos novedosos regulados y su explotación
corresponde a COLJUEGOS, que distribuye los recursos a las entidades
territoriales, según lo previsto en los artículos 38 y 39 de la citada Ley 643.

Resaltó que el artículo 49 ibidem prohíbe de forma expresa a los municipios,
departamentos y distritos, gravar los juegos de suerte y azar, incluyendo los juegos
novedosos, con impuestos, tasas o contribuciones fiscales o parafiscales distintos
a los establecidos por el legislador, circunstancia que desconoció el municipio de
Palmira al imponer la sanción que aquí se discute.

Advirtió que la actuación administrativa se basó en lo establecido en el Acuerdo 071
de 2010, las leyes 69 de 1946 y 33 de 1968, y en el Decreto 1333 de 1986. Sin
embargo, estas últimas normas fueron derogadas por la Ley 643 de 2001, sobre lo
cual trajo en cita la Sentencia C-584 de 2001 de la Corte Constitucional y el fallo
expedido por el Juzgado Primero Administrativo de Pasto el 15 de agosto de 2017
en el expediente 2015-00034-00.

Manifestó que, en virtud del principio de legalidad, solo el legislador puede imponer
gravámenes y que un acto administrativo, como el Estatuto Tributario Municipal de
Palmira, no puede ser fuente autónoma de tributos ni establecer impuestos que no
están en una ley, como ocurre en el caso.

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Radicado: 76001-23-33-000-2017-01562-01 (27430)
Demandante: IGT Games S.A.S.

Agregó que los actos acusados ignoraron el artículo 60 de la Ley 643 de 2001, que
prevé la exclusividad y prevalencia del régimen propio de los monopolios, norma
que refuerza la prohibición del artículo 49 ibidem. De igual forma, sostuvo que el
impuesto que se pretendía cobrar fue establecido mediante el Acuerdo 071 de 2010,
el cual es posterior a la Ley 643 de 2001.

Precisó que la Sentencia C-1191 de 2001 de la Corte Constitucional indicó que las
actividades constitutivas de monopolio podían ser gravadas siempre que fuera con
tributos aplicables previamente a la prohibición de la Ley 643 de 2001, limitándose
el ejercicio del poder impositivo de las entidades territoriales hacia el futuro.
Además, se refirió al poder tributario derivado de las entidades territoriales, a partir
de la Sentencia C-504 de 2002 de la Corte Constitucional.

2. Violación de los artículos 1, 2, 3, 7 y 8 de la Ley 643 de 2001.

Transcribió la sentencia de 17 de octubre de 2014 del Juzgado Administrativo de
Descongestión Escritural de Pereira, exp. 2010-00096, para recalcar que la
explotación de los monopolios rentísticos es regulada exclusivamente por la Ley
643 de 2001, de tal forma que cualquier gravamen o impuesto que se pretenda
imponer a esa actividad debe ser creado o autorizado por la ley o entidad
determinada por la norma, en este caso, COLJUEGOS.

Anotó que el cobro del impuesto estaría permitido solo si el municipio hubiera
adoptado el impuesto antes de la expedición de la Ley 643. En este sentido, aclaró
que la sociedad no desconoce sus obligaciones tributarias derivadas del contrato
de concesión, sino la existencia de un presupuesto legal para estar obligada al pago
del impuesto, esto es, la promulgación de un acuerdo municipal previo a la
expedición de la Ley 643 de 2001 que estableciera el impuesto.

3. Violación de los artículos 95 y 363 de la Constitución; y 643, 715, 716 y
683 del Estatuto Tributario.

Adujo que el municipio desconoce los principios de equidad y justicia tributaria, así
como el espíritu de justicia porque le exige más de lo que la ley quiere que coadyuve
a las cargas públicas, toda vez que la sociedad no es sujeto pasivo del tributo.

Comentó que, por este mismo motivo, la sanción transgrede el artículo 192 del
Acuerdo 071 de 2010, pues, ante la ausencia de impuesto a pagar, no existe base
para la sanción por no declarar.

4. Violación de los artículos 42 y 137 de la Ley 1437 de 2011.

Manifestó que los actos acusados adolecen de falsa motivación porque se
fundamentan en normas derogadas. Citó en apoyo las sentencias del 17 de febrero
de 2000, exp. 5501, C.P. Manuel Urueta, y del 10 de julio de 2002, C.P. Juan Ángel
Palacio. Y precisó que la derogatoria de las normas en que se basó el cobro por
parte del municipio fue reiterada por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016.

Oposición de la demanda

El municipio de Palmira controvirtió las pretensiones de la demanda por lo siguiente:

Preliminarmente, propuso la excepción de fondo que denominó «LEGALIDAD DE
LOS ACTOS DEMANDADOS», la cual sustentó en que la actora no probó que el
municipio violara la prohibición de gravar los monopolios rentísticos. Además,
mencionó que la sentencia invocada en la demanda, expedida por el Juez Primero
Administrativo Oral de Pasto, no constituye precedente porque estudió un caso
relacionado con un impuesto diferente (industria y comercio) y desconoció la

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jurisprudencia del Tribunal Administrativo de Nariño3 y del Consejo de Estado4, que
acepta la vigencia del impuesto a los juegos de suerte y azar.

Sobre la violación de los artículos 49 y 60 de la Ley 643 de 2001, se refirió al
objeto social de la demandante, el cual consideró que fue desarrollado en el
municipio de Palmira. Con base en ello estimó que la actora es sujeto pasivo del
impuesto a los juegos de suerte y azar como concesionaria de las apuestas
denominadas Baloto, manifestación que sustentó en la Sentencia C-537 de 1995 de
la Corte Constitucional.

Comentó que la prohibición de gravar los monopolios de juegos de suerte y azar
contenida en la Ley 643 de 2001 tiene dos excepciones. La primera consiste en el
respeto por el régimen tributario vigente al momento de su promulgación,
compuesto por las leyes 69 de 1946 y 33 de 1968, así como por el Decreto 1333 de
1986. La segunda, en que gravar es sinónimo de crear, por lo que se prohibió a las
entidades territoriales imponer un nuevo impuesto sobre los juegos de suerte y azar,
pero no adelantar el cobro del tributo autorizado en la ley.

Expuso el contenido de las Sentencias C-521 de 1997 y C-1191 de 2001 y, con
fundamento en ellas, señaló que cuando la Corte Constitucional habla de juegos y
apuestas, se refiere a los concesionarios u operadores a los que el Estado les otorgó
licencia para explotar dichas actividades. Y que, cuando enuncia que la actividad ya
está gravada, es porque fue sujeta a imposición a través de la ley, y no por un acto
del municipio de Palmira.

Advirtió que el impuesto que la sociedad adeuda no debe confundirse con los
derechos de explotación que se pagan con destino al sector salud. Sostuvo que el
impuesto de juegos de suerte y azar goza de protección en virtud de los artículos
294 y 362 de la Constitución y que los derechos de explotación están regulados en
el artículo 336 ibidem. Y, con base en la jurisprudencia5, anotó que la existencia
tanto del impuesto como de los derechos es válida.

Explicó que el municipio sustenta el tributo en las leyes que contienen sus
elementos y no en el Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 071 de 2010). En todo
caso, aseguró que no era necesario que este último previera la existencia de los
elementos de la imposición antes de 2001 porque se limitó a reglamentar aspectos
procedimentales.

Agregó que la Sentencia C-584 de 2001 culminó con decisión inhibitoria, por lo que
no es aplicable, y que su contenido fue revaluado y aclarado en otras sentencias
que sí hicieron tránsito a cosa juzgada, entre otras: C-537 de 1995, C-521 de 1997,
C-169 de 2004, C-1191 de 2001, C-577 de 2004 y C-332 de 2010. Se refirió a los
efectos de las sentencias de constitucionalidad a partir de la Sentencia T-549 de
2016 de la Corte Constitucional. Resaltó que el Consejo de Estado señaló 6 que el
impuesto de juegos de suerte y azar se encontraba vigente para los períodos objeto
de cobro (2012 a 2016).

En torno a la violación del artículo 60 de la Ley 643 de 2001, reiteró que, al
momento de la promulgación de dicha norma, el tributo estaba regulado por las
leyes 69 de 1946, 33 de 1968 y el Decreto 1333 de 1986, las cuales habían sido
declaradas compatibles con la Constitución. Además, adujo que el régimen

3 Al respecto citó el auto del 14 de diciembre de 2015, exp. 2015-00114-00, M.P. Víctor Adolfo Hernández
Díaz.
4 Sobre el tema citó las sentencias de 11 de agosto de 2011, exp. 17785, C.P. William Giraldo Giraldo y de
25 de abril de 2016, rad. 11001-03-15-000-2015-02768-01, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
5 Sobre el tema citó las sentencias del 26 de septiembre de 2000, exp. 12669, C.P. Juan Ángel Palacio
Hincapié, de 12 de abril de 2007, exp. 15382, C.P. María Inés Ortiz Barbosa del Consejo de Estado y C-
1191 de 2001 y C-332 de 2010 de la Corte Constitucional
6 Invocó la sentencia del 11 de agosto de 2011, exp. 17785, C.P. William Giraldo Giraldo.
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tributario vigente para ese momento no se circunscribe a las normas de carácter
municipal, como erróneamente lo afirma el demandante.

Insistió en que el municipio de Palmira no creó un nuevo tributo después del inicio
de la vigencia de la Ley 643 de 2001 y manifestó que cualquier tributo vigente para
ese momento continua inalterado, por lo que el impuesto a los juegos de suerte y
azar podía ser cobrado aún sin la existencia del acuerdo municipal.

Aclaró que el tributo objeto de debate es sui generis porque fue de carácter nacional
hasta que se cedió a los municipios con la Ley 33 de 1968, con lo cual sus elementos
fueron creados por la ley, siendo potestativo de cada ente territorial reglamentarlo
una vez ocurrió la cesión, sobre lo cual citó la Sentencia C-537 de 1995. Concluyó
que las leyes del impuesto de juegos de suerte y azar estuvieron vigentes hasta la
derogatoria de la Ley 1819 de 2016, lo que permite al municipio cobrar períodos
gravables anteriores a esa fecha.

En cuanto a la violación de los artículos 1, 2, 3, 7 y 8 de la Ley 643 de 2001,
mencionó que dichas normas no impiden al municipio cobrar el impuesto y que el
demandante confunde las obligaciones del contrato de concesión, que son
obligaciones de carácter independiente y que coexisten.

Reiteró que la sentencia del Juez Primero Administrativo Oral de Pasto contradice
la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, reprochó que
la actora considerara que COLJUEGOS podía establecer impuestos nuevos, pues
no es legislador y aseguró que la sociedad desconoció su obligación de pagar el
impuesto que tiene sustento en las leyes 69 de 1946 y 33 de 1968 y en el Decreto
1333 de 1986.

Nuevamente expuso que la administración municipal cobró periodos anteriores a la
expedición de la Ley 1819 de 2016, estando legitimada por tratarse de situaciones
jurídicas consolidadas. Además, indicó que la omisión en el cobro del tributo podía
derivar en un detrimento patrimonial o un prevaricato por omisión.

Frente a la violación de los artículos 95 y 363 de la Constitución y 683 del
Estatuto Tributario, recalcó que el municipio no gravó la actividad de juegos de
suerte y azar y no exigió ni más ni menos de lo que la ley autoriza a la sociedad,
que sí era sujeto pasivo del tributo.

Con respecto a la falsa motivación y falta de motivación, recordó que el Consejo
de Estado indicó7 que la Ley 643 de 2001 no derogó ni expresa ni tácitamente las
normas que permiten el cobro del impuesto a los juegos de suerte y azar, de allí que
no había una derogatoria de las normas en que se basaron los actos.

Afirmó que la derogatoria de la Ley 1819 de 2016 solo aplicó desde la promulgación
de la norma sin afectar situaciones consolidadas ni operar hacia el pasado. Aclaró
que la derogatoria solo se refiere al artículo 7 numeral 1 de la Ley 12 de 1932, norma
que dejó de producir efectos desde 1940, y no a las demás disposiciones.

Sostuvo que el espíritu de la reforma tributaria de 2016 no era suprimir impuestos
sino aumentar el recaudo y que los argumentos de la actora eran temerarios al
desconocer el precedente jurisprudencial, lo cual podría tener implicaciones
penales.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de los actos
acusados, con fundamento en los siguientes planteamientos:

7 Ibídem.
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Luego de exponer el marco normativo aplicable a este caso y la sentencia del 11 de
agosto de 2011, exp. 17785, C.P. William Giraldo Giraldo, indicó que la Ley 643 de
2001 derogó las normas que regulaban el impuesto a los juegos de suerte y azar y
prohibió gravar el monopolio rentístico de dicha actividad.

Frente a las sentencias de la Corte Constitucional invocadas por el municipio para
sustentar la vigencia del tributo, adujo que estas se profirieron antes de la
expedición de la Ley 643 de 2001, de suerte que no son aplicables a este caso.

Además, expuso que el Consejo de Estado, en sentencia del 30 de agosto de 2016,
exp. 21834, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, determinó que la Ley 643 de
2001 derogó las normas que regulaban el impuesto de juegos permitidos. Y, en la
sentencia del 11 de agosto de 2011, exp. 17785, C.P. William Giraldo Giraldo, se
definieron las modalidades de juegos de suerte y azar que están excluidas de la
aplicación de la Ley 643, dentro de las cuales no están los juegos novedosos,
categoría en la que se encuadra la actividad de la sociedad actora.

Concluyó que la Secretaría de Hacienda de Palmira no podía gravar el monopolio
rentístico de suerte y azar y que los actos quebrantaron las normas en que debían
fundarse.

Condenó en costas al municipio porque consideró que se comprobaron y, por lo
tanto, fijó las agencias del derecho en la suma de un salario mínimo legal vigente,
de conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura.

Recurso de apelación

El demandado recurrió la sentencia de primera instancia, con base en los siguientes
argumentos:

Cuestionó que, para el Tribunal, «es requisito sine qua non para el cobro del impuesto a los
juegos de suerte y azar, que los contribuyentes del mismo tengan establecimiento en la jurisdicción
del Municipio, considerando que solo bajo este supuesto pueden considerarse usuarios
potenciales»8.

Estimó que la sentencia incurrió en contradicción porque, por un lado, admitió que
está vigente el artículo 5 de la Ley 643 de 2001, norma que excluye de su ámbito
de aplicación a los sorteos promocionales. Pero, por el otro, niega que la
consecuencia de dicha exclusión es que tales sorteos no están gravados con el
impuesto a los juegos de suerte y azar.

Comentó que el a quo guardó silencio sobre la pérdida de ejecutoria de las normas
que sirvieron de sustento al acto acusado, sino que reiteró que las leyes 12 de 1932
y 69 de 1946 están derogadas.
Adujo que no era aplicable a este caso la sentencia del 30 de marzo de 2016, exp.
21801, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Mencionó algunas sentencias y
conceptos que, según indicó, fueron expuestas en la demanda9.
Luego, reprochó que el Tribunal sustentara su decisión en la sentencia del 31 de
agosto de 2006, exp. 15100, porque consideró que el objeto del proceso era distinto
al de la referencia, pues se centró en las leyes 12 de 1932 y 69 de 1946 y no en la
643 de 2001. Anotó que dicho pronunciamiento no tiene fuerza de cosa juzgada y
señaló que es preciso un pronunciamiento sobre la incidencia de la Ley 643 de 2001
en las Leyes 12 de 1932 y 69 de 1946.
8 SAMAI del Tribunal. Índice 35. Página 3.
9 Sentencias del Consejo de Estado 21834 y 17785 del 11 de agosto de 2011, C-584 de 2001 de la Corte
Constitucional y los Conceptos Nro. 037-663-04 del 22 de octubre de 2001 y 037663-04 del 22 de octubre
de 2004 de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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Afirmó que se vulneró su debido proceso, pues el a quo no controvirtió la legalidad
de los Acuerdos Municipales 047 de 2014 y 008 de 2015 del municipio de Palmira
«en lo relacionado con el impuesto de alumbrado público, mediante los cuales la parte demandada
sustentó ampliamente el por qué IGT GAMES S.A.S. es sujeto pasivo, y adicionalmente se cumple
el hecho generador del impuesto del juego de suerte y azar y en consecuencia , está obligado a
pagar la suma por este impuesto en los periodos objeto de discusión (…)»10.

Finalmente, solicitó la exoneración del pago de la condena en costas procesales.

Oposición al recurso

La demandante guardó silencio.

Concepto del Ministerio Público

El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado presentó concepto 11 y
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia al estimar que el actor demostró
que el Baloto se catalogaba como juego de suerte y azar y que no podía ser gravado
con tributos distintos a los señalados en la Ley 643 de 2001.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala juzgar la legalidad de las resoluciones expedidas por el
municipio de Palmira, mediante las cuales impuso a la sociedad IGT Games S.A.S.
la sanción por no declarar el impuesto a los juegos de suerte y azar en 2014.
De manera preliminar, la Sala advierte que la sentencia de primera instancia decretó
la nulidad de las resoluciones demandadas porque consideró que el municipio de
Palmira no podía gravar el monopolio rentístico de suerte y azar y que los actos
quebrantaron las normas en que debían fundarse. Sin embargo, algunos
argumentos propuestos en el recurso de apelación no tienen relación con el objeto
de este proceso ni con los fundamentos del fallo impugnado.
En efecto, según consta en los antecedentes de esta providencia, la recurrente
plantea que no es necesario que el contribuyente tenga establecimiento en la
jurisdicción municipal para ser considerado sujeto pasivo y que el Tribunal no
cuestionó los Acuerdos Municipales 047 de 2014 y 008 de 2015 sobre el impuesto
de alumbrado público, pero estos argumentos no tienen relación con la litis, que
versa sobre la vigencia de las normas que regulaban el impuesto a los juegos de
suerte y azar y la potestad del municipio de Palmira para cobrar dicho tributo.
Así mismo, la entidad territorial sostuvo que el Tribunal fundamentó su decisión en
las sentencias del 30 de marzo de 2016, exp. 21801, C.P. Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez, y del 31 de agosto de 2006, exp. 15100, pero ellas no fueron
mencionadas ni analizadas en la sentencia apelada.
En realidad, de la lectura de la sentencia de primera instancia, se evidencia que la
decisión impugnada se fundamentó en las sentencias del Consejo de Estado del 30
de agosto de 2016, exp. 21834, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, y del 11
de agosto de 2011, exp. 17785, C.P. William Giraldo Giraldo. Y, aunque en la
apelación se hizo mención de estas providencias, únicamente se puso de presente
que fueron invocadas en la demanda, pero no se controvirtió su relevancia para
decidir el asunto bajo examen ni el análisis realizado por el Tribunal sobre su
contenido.
Ahora, los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso establecen que el
juez de segunda instancia solo tiene competencia para examinar los reparos

10 SAMAI del Tribunal. Índice 35. Página 6.
11 Samai. Índice 13. PDF “MemorialWebJDV_31CONCEPTO_2017 0156201(.pdf) NroActua 13”.
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formulados en la apelación que, en garantía del debido proceso y del derecho de
defensa, no pueden exceder la discusión planteada a lo largo del proceso. Por lo
cual la incongruencia de los motivos de inconformidad expresados en el recurso de
apelación con la decisión del Tribunal conlleva a que la Sala se abstenga de analizar
el fondo los cargos de apelación antes expuestos12.

Teniendo presente lo anterior, el análisis se limitará a determinar si las normas que
regulan el impuesto a las apuestas y juegos permitidos están derogadas,
concretamente los artículos 7 de la Ley 12 de 1932, 12 de la Ley 69 de 1946, 3
(numeral c) de la Ley 33 de 1968 y, 227 y 228 del Decreto 1333 de 1986.

Para resolver, la Sala se remite al criterio expuesto en las sentencias del 19 de mayo
de 2022, exp. 25763, y del 29 de junio de 2023, exp. 27186, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello. En dichas providencias se puso de presente que el artículo 7 de
la Ley 12 de 1932 creó el impuesto de juegos permitidos, en los siguientes términos:

“Artículo 7°. Con el objeto de atender al servicio de los bonos del empréstito patriótico que
emita el Gobierno establécese los siguientes gravámenes:
(…)
2. Un impuesto del cinco por ciento (5 por 100) sobre el valor de los billetes de rifas y del diez
por ciento (10 por 100) del valor de los billetes de lotería que componen cada sorteo. (…)”

Si bien, este impuesto fue consagrado con carácter temporal, cuya finalidad era
arbitrar recursos para la guerra con el Perú, el mismo fue restablecido por la Ley 69
de 1946, en su artículo 12, así:

“ARTICULO 12. Restablécese el impuesto del diez por ciento (10%) sobre el valor de cada
boleta o tiquete de apuestas en toda clase de juegos permitidos a que se refiere el ordinal 1°
del artículo 7° de la Ley 12 de 1932.”

Tras lo anterior, este impuesto fue entregado a los municipios y al Distrito Especial
de Bogotá́ , mediante el artículo 3º de la Ley 33 de 1968, en la forma como sigue:
“Artículo 3. A partir del 1º. de enero de 1969 serán propiedad exclusiva de los Municipios y
del Distrito Especial de Bogotá los siguientes impuestos que se causen en sus respectivas
jurisdicciones:
(…)
c) El impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas, y premios de las mismas,
a que se refieren las Leyes 12 de 1932 y 69 de 1946 y demás disposiciones
complementarias.”

Luego, el Decreto Ley 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal), estableció en
su artículo 227 que el impuesto se encontraba vigente de conformidad con la Ley
69 de 1946 y, en consecuencia, el artículo 228 señaló que el impuesto era de
propiedad exclusiva de los municipios y del Distrito Especial de Bogotá́ .

Sin embargo, conforme con el pronunciamiento de la Corte Constitucional todas
estas disposiciones perdieron vigencia, lo que resulta muy relevante en el caso
concreto. La primera de ellas, artículo 7 de la Ley 12 de 1932, por haberse
establecido con carácter transitorio (C-521 de 1997), y los otros preceptos en virtud
de la expedición de la Ley 643 de 2001 “por la cual se fija el régimen propio del monopolio
rentístico de juegos de suerte y azar” (C-584 de 2001).

Esto último fue concluido dentro del juicio de constitucionalidad que se adelantaba
contra tales disposiciones, en el que la Corte se declaró inhibida justamente por

12 Véase: Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 7 de mayo de 2020, exp. 21732, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez y exp. 22498 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, así como la providencia del 9
de septiembre de 2021, exp. 25008 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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considerar que las mismas habían quedado derogadas por la Ley 643 de 2001,
veamos los apartes pertinentes de la sentencia C-584 de 2001:
“3. Derogatoria del gravamen al que refieren las normas enjuiciadas
Antes de entrar en el análisis de fondo sobre las normas acusadas corresponde a la Corte
examinar si procede o no el juicio de constitucionalidad, toda vez que se habría
producido la derogatoria de éstas por la Ley 643 de 2000 (sic).
En efecto, estando en curso el trámite del presente proceso y después de haberse proferido
el auto admisorio de la demanda se expidió la Ley 643 de 2000 (sic) “por la cual se fija el
régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar”.
3.1. Sobre el particular advierte la Corporación que la referida ley, en el capítulo X denominado
“Régimen Tributario”, artículo 49, señala:
“Prohibición de Gravar el Monopolio. Los juegos de suerte y azar a que se refiere la
presente ley no podrán ser gravados por los departamentos, distrito o municipios, con
impuestos, tasas o contribuciones, fiscales o parafiscales distintos a los consagrados en la
presente ley. La explotación directa o a través de terceros de los juegos de suerte y azar de
que trata la presente ley no constituye hecho generador del Impuesto sobre las Ventas IVA.”
(Subraya y destaca la Corte)
(…)
Así mismo, el artículo 61 de la ley en comento en cuanto a la vigencia de ésta y derogatorias
dispone: “La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias” (Subraya la Corte)”
Así las cosas, no cabe duda sobre la derogatoria de las disposiciones acusadas, toda
vez que el régimen tributario y los aspectos relacionados con la explotación,
organización y administración del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar,
entre los cuales se cuentan las apuestas hechas en máquinas electrónicas tragamonedas -
MET- y bingos, son materias reguladas íntegramente en la Ley 643 de 2001, por lo que de
conformidad con reiterada jurisprudencia constitucional, carecería de objeto realizar un
pronunciamiento de fondo sobre las normas demandadas, en tanto éstas han desaparecido
del ordenamiento jurídico.” (énfasis y subrayado de la Sala).

A más de lo señalado por la Corte, debe tenerse en cuenta que la citada Ley 643,
estableció en su artículo 1º, el monopolio rentístico, que se concreta en la facultad
exclusiva del Estado para explotar, administrar, operar, controlar y fiscalizar, todas
las modalidades de juegos de suerte y azar, cuyo alcance en los términos de la Ley
es el siguiente:

“ARTICULO 5o. DEFINICIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. Para los efectos de la
presente ley, son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales, según reglas
predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona, que actúa en calidad de jugador,
realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad
de operador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará si
acierta, dados los resultados del juego, no siendo este previsible con certeza, por estar
determinado por la suerte, el azar o la casualidad.
(…)”.

Estos juegos de suerte y azar pueden revestir las siguientes modalidades:

ARTÍCULO 11. LOTERÍA TRADICIONAL. Es una modalidad de juego de suerte y azar
realizada en forma periódica por un ente legal autorizado, el cual emite y pone en circulación
billetes indivisos o fraccionados de precios fijos singularizados con una combinación numérica
y de otros caracteres a la vista obligándose a otorgar un premio en dinero, fijado previamente
en el correspondiente plan al tenedor del billete o fracción cuya combinación o
aproximaciones preestablecidas coincidan en su orden con aquella obtenida al azar en sorteo
público efectuado por la entidad gestora.
(…)
ARTICULO 21. APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. Es una modalidad de juego de
suerte y azar en la cual el jugador, en formulario oficial, en forma manual o sistematizada,
indica el valor de su apuesta y escoge un número de no más de cuatro (4) cifras, de manera
que si su número coincide, según las reglas predeterminadas, con el resultado del premio
mayor de la lotería o juego autorizado para el efecto, gana un premio en dinero, de acuerdo
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con un plan de premios predefinido y autorizado por el Gobierno Nacional mediante decreto
reglamentario.
(…)
ARTÍCULO 27. RIFAS. Es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual se sortean, en
una fecha predeterminada premios en especie entre quienes hubieren adquirido o fueren
poseedores de una o varias boletas, emitidas en serie continua y puestas en venta en el
mercado a precio fijo por un operador previa y debidamente autorizado.
(…)
ARTÍCULO 31. JUEGOS PROMOCIONALES. Son las modalidades de juegos de suerte y
azar organizados y operados con fines de publicidad o promoción de bienes o servicios,
establecimientos, empresas o entidades, en los cuales se ofrece un premio al público, sin que
para acceder al juego se pague directamente.
(…)
ARTÍCULO 32. JUEGOS LOCALIZADOS. Son modalidades de juegos de suerte y azar que
operan con equipos o elementos de juegos, en establecimientos de comercio, a los cuales
asisten los jugadores como condición necesaria para poder apostar, tales como los bingos,
video bingos, esferódromos, máquinas tragamonedas, y los operados en casinos y similares.
Son locales de juegos aquellos establecimientos en donde se combinan la operación de
distintos tipos de juegos de los considerados por esta ley como localizados o aquellos
establecimientos en donde se combina la operación de juegos localizados con otras
actividades comerciales o de servicios.
(…)
ARTICULO 38. JUEGOS NOVEDOSOS. Son cualquier otra modalidad de juegos de suerte
y azar distintos de las loterías tradicionales o de billetes, de las apuestas permanentes y de
los demás juegos a que se refiere la presente ley. Se consideran juegos novedosos, entre
otros, la lotto preimpresa, la lotería instantánea, el lotto en línea en cualquiera de sus
modalidades, apuestas deportivas o en eventos y todos los juegos operados por internet, o
por cualquier otra modalidad de tecnologías de la información que no requiera la presencia del
apostador. Lo anterior únicamente en relación con los juegos que administra y/o explota
Coljuegos.”.

La ley determinó como titulares de esas rentas a los departamentos, el Distrito
Capital y los municipios, salvo por los recursos destinados a la investigación en
áreas de la salud que pertenecen a la Nación (artículo 2º). En esa medida, las
señaladas entidades territoriales perciben rentas por la explotación de todas las
modalidades de juegos de suerte y azar.
Tal como lo destacó la Corte, en el artículo 49, la ley expresamente prohibió que los
juegos de suerte y azar fueran gravados por las entidades territoriales con tributos
“distintos” a los establecidos en la Ley 643 de 2001, la cual solo autorizó en su artículo
48 un impuesto sobre las loterías foráneas, así:
ARTÍCULO 48. IMPUESTOS DE LOTERÍAS FORÁNEAS Y SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA.
La venta de loterías foráneas en jurisdicción de los departamentos y del Distrito Capital, genera
a favor de estos y a cargo de las empresas de lotería u operadores autorizados un impuesto
del diez por ciento (10%) sobre el valor nominal de cada billete o fracción que se venda en
cada una de las respectivas jurisdicciones.

Visto esto en contexto, resulta claro que la excepción de este impuesto sobre las
loterías foráneas (autorizado por la propia ley para los departamentos y el Distrito
Capital), los departamentos, municipios y distritos, tienen prohibido gravar los
juegos de suerte y azar.
Establecido lo anterior, se hace menester retomar el tema de la derogatoria de tales
disposiciones para destacar que esta Corporación se pronunció en tal sentido
mediante sentencia del 30 de agosto de 201613, oportunidad en la cual se dijo:
“Así pues, de lo anterior se deriva que con la expedición de la Ley 643 de 2001 se entienden
derogadas las normas que establecían el impuesto de juegos permitidos que recaía sobre el

13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 30 de agosto de 2016, exp.21834, CP Martha Teresa
Briceño de Valencia.
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valor de las boletas o tiquetes de apuesta de toda clase de juegos permitidos y que, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 49 ibidem, la potestad tributaria de los municipios frente a la
explotación de juegos de suerte y azar se restringe a los impuestos previstos en la misma ley,
sin que de su articulado pueda establecerse que el legislador haya autorizado la imposición
de gravámenes como el de industria y comercio, sin perjuicio de que el legislador autorice la
imposición de tributos a actividades relacionadas con el monopolio, como de hecho ocurrió
con el artículo 62 de la Ley 863 de 2003.”

Si bien, en tal oportunidad se analizó el impuesto de industria y comercio establecido
sobre los juegos de suerte y azar, resulta aplicable el análisis allí desarrollado en
torno a la derogatoria de las normas que establecían el impuesto en cuestión.

Súmese a lo anterior la expresa ratificación de la derogatoria de las disposiciones
que establecían el “impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas, y premios de
las mismas”, que fue efectuada por la Ley 1819 de 2016. Si bien se trata de un
precepto posterior a la época de los hechos, presenta especial relevancia, habida
cuenta de que la derogatoria no fue dispuesta como un hecho nuevo, sino que
“ratificó” la derogatoria, lo que significa el reconocimiento de que, a la fecha de
expedición de la ley, esto ya había ocurrido. A continuación, el texto del artículo 376
de la Ley 1819 de 2016:

“ARTÍCULO 376. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación,
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y en especial las siguientes:
(…)
11. Se ratifica de manera expresa la derogatoria del impuesto contenido en las
siguientes disposiciones: el numeral 1 del artículo 7 de la Ley 12 de 1932, el artículo 12
de la Ley 69 de 1946, el literal c) del artículo 3 de la Ley 33 de 1968, y los artículos 227 y
228 del Decreto-ley 1333 de 1986. (énfasis de la Sala)”

Descendiendo al caso concreto, se advierte que la entidad demandada, sustentó en
los siguientes preceptos, los actos impugnados que fueron expedidos por los
períodos enero a diciembre del año 2014:

“La suscrita Subsecretaria de Ingresos y Tesorería de la Secretaría de Hacienda y Finanzas
Públicas del Municipio de Palmira, Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones legales (…);
con fundamento en las Leyes 69 de 1946, 33 de 1968, los artículos 227 y 228 del Decreto
1333 de 1986, demás normas concordantes (…)”14.

Con lo anterior, se pone de presente que, al igual que ocurrió en las sentencias
reiteradas, las disposiciones que constituyen el fundamento de los actos
impugnados son las mismas que la Corte y esta Corporación señalaron como
derogadas por la citada Ley 643 de 2001, derogatoria que por demás fue ratificada
por la Ley 1819 de 2016, por lo que no son aplicables a este caso.

En consecuencia, en el asunto bajo examen, no procede la imposición de la sanción
por no declarar el impuesto de juegos de suerte y azar.

Por lo expuesto, contrario a lo expuesto en la apelación, se descarta una violación
al debido proceso pues se desvirtúa la legalidad de los actos que se fundamentaron
en normas derogadas de las que no puede predicarse la sujeción pasiva de la
sociedad al tributo.

De otro lado, el municipio considera que el fallo de primera instancia incurre en una
contradicción porque, por un lado, reconoce que el artículo 5 de la Ley 643 de 2001
excluye los sorteos promocionales de su ámbito de aplicación y, al mismo tiempo,
niega el hecho de que estos no están gravados con el impuesto a los juegos de
suerte y azar.

14 SAMAI. Índice 3. PDF de anexos de la demanda. Páginas 11 y 23.
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Al respecto, la Sala precisa que no existe la contradicción invocada porque la
sentencia del Tribunal reconoció que el Baloto es un juego novedoso en los términos
del artículo 38 de la Ley 643 de 2001, cobijado por la prohibición del artículo 49
ibidem. En todo caso, no sobra aclarar que la exclusión del artículo 5 de la Ley 643
opera para juegos de carácter promocional que buscan dar publicidad a un producto
o servicio, circunstancia que difiere de la operatividad y fines de un juego novedoso
como lo es el Baloto, de tal forma que dicha disposición no le es aplicable.

Finalmente, la Sala no realizará pronunciamiento sobre la condena en costas en
primera instancia porque, si bien el municipio solicitó su exoneración, no presentó
argumentos ni pruebas que sustentaran dicha petición, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 320 del Código General del Proceso. Además, no se condenará en costas
en esta instancia porque en el expediente no se encuentran pruebas que las
demuestren o justifiquen, conforme a lo previsto en el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A modo de conclusión, la Sala confirmará la sentencia apelada porque no prosperó
la apelación. Además, no impondrá condena en constas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el 28 de febrero del 2020.
2. Sin condena en costas en esta instancia
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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