Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2017-01667-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra auto que declara desierto recurso de apelación
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2017-01667-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 76001-23-33-000-2017-01667-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
19 de abril de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTO QUE DECLARA DESIERTO RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO / FACULTADES DE ABOGADO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA SURTIR ACTUACIONES JUDICIALES / TRÁMITE DADO A EXCUSA PARA JUSTIFICAR INASISTENCIA A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PRESENTADA POR ABOGADO SUPLENTE - No tiene incidencia frente a las decisiones adoptadas / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Para la Sala el Juzgado accionado no incurrió en un defecto procedimental absoluto, dado que si bien es cierto se apartó del procedimiento a seguir, teniendo en cuenta que con fundamento en el artículo 210 de la ley 1437 de 2011, las cuestiones accesorias no deben tramitarse como incidentes, en donde el operador judicial lo resolverá de plano, tal irregularidad no fue ostensible que trajera como consecuencia la afectación de garantías constitucionales. En ese orden de ideas, el Juzgado después de presentado el respectivo memorial donde se hacía referencia a la excusa en cuestión, debió decidir de plano y por medio de auto permitirles a las partes del proceso interponer los respectivos recursos si hubiere lugar a ello. Sin embargo esta irregularidad cometida por el Juez no trajo como consecuencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la Nación- Rama Judicial -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Independientemente de que el Juzgado haya corrido traslado a las demás partes procesales de la excusa en mención, no implicó una afectación sustancial del procedimiento, en donde además, decidió a través de auto establecer las razones jurídicas para adoptar la decisión que en derecho correspondía (…) En ese orden de ideas, para la Sala el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura no incurrió en defecto procedimental absoluto, toda vez que la irregularidad procesal acaecida en el presente caso no constituyó un error trascendente, teniendo en cuenta además que el propio Juzgado a través de la providencia de 23 de junio de 2017 se pronunció de fondo frente a la controversia jurídica, sin que se evidenciara al interior del proceso la afectación del derecho fundamental al debido proceso del actor (…) si en presente caso existían dos abogados en representación de la parte actora, la abogada titular y el abogado, sustituto, al haber presentado una incapacidad medica el segundo, la abogada titular podía haber asistido a la audiencia de conciliación, situación que no aconteció, por lo que en el presente caso no se vulneró ningún derecho fundamental.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 75 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 210
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 76001-23-33-000-2017-01667-01(AC)
Actor: RAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Demandado: JUZGADO PRIMERO (1) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUENAVENTURA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor René Alejandro Cardozo contra el fallo de tutela proferido el 8 de noviembre de 2017 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, por medio del cual accedió a las pretensiones del amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en que, a su juicio, incurrió el Juzgado al proferir las providencias de 23 de junio de 2017 y 12 de octubre de 2017, dentro del proceso de reparación directa con nro. único de radicación 76-109-33-33-001-2015-00153-00.
Presupuestos fácticos
Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:
1.2.1 Expresó que en el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura se adelantó proceso de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación promovido por el señor René Alejandro Cardozo Paredes y la señora Olga Abadía Hurtado, quienes actuaron en nombre propio y en representación de los menores Natalia Cardozo Carvajal, Samuel Cardozo Abadía y Santiago Cardozo López.
1.2.2 Indicó que después de que el Juzgado efectuó la admisión de la demanda, esta fue contestada por la entidad a través del abogado Gilberto Matallana, profesional universitario que en ese momento era el encargado de llevar a cabo la defensa judicial en municipios del Valle y laboraba desde la oficina de Coordinación Administrativa de Buga – Valle.
1.2.3 Señaló que la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial asignó la representación judicial para sus procesos en los juzgados administrativos de Buenaventura, en el mes de mayo de 2016, a la abogada Marlen Yisela Varón Zapata en la ciudad de Cali.
Con posterioridad, la entidad asignó un abogado suplente, Iván Alberto Valderrama Solís, asistente administrativo adscrito a la oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, para apoyar los mismos procesos de Buenaventura.
1.2.4 Manifestó que a partir de ese momento tanto en este proceso como en los demás asignados a los tres despachos de Buenaventura, incluyendo la Procuraduría Delegada Administrativa de ese municipio, la defensa de la entidad es realizada en forma conjunta entre los dos abogados, la doctora Marlen Yisela Varón Zapata como principal en la ciudad de Cali, quien por su grado y experiencia define la estrategia de defensa y proyecta las actuaciones, y el doctor Iván Alberto Valderrama Solís como suplente en la ciudad de Buenaventura, quien apoya presencial y profesionalmente la actuación.
1.2.5 Indicó que en ese sentido se allegó poder de nueva representación de la entidad el cual se radicó ante el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura el día 12 de septiembre de 2016, designando como apoderado principal a la doctora Marlen Yisela Varón Zapata y al doctor Iván Alberto Valderrama Solís como abogado suplente.
1.2.6 Señaló que se celebró ante el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura audiencia inicial, el día 9 de noviembre de 2016, donde se registró la asistencia del abogado suplente Iván Alberto Valderrama Solís, a quien se le corrió traslado del auto que decreta pruebas, el que define solicitud del demandante, del auto que decreta terminada la instancia probatoria y el de saneamiento del proceso.
1.2.7 Indicó que ante el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura el día 24 de noviembre de 2016 se presentaron los respectivos alegatos de conclusión, que fueron proyectados por la doctora Marlen Yisela Varón Zapata como abogada principal desde la ciudad de Cali.
1.2.8 Manifestó que el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura, el día 28 de febrero. profirió sentencia condenatoria, la cual fue apelada dentro del término legal y cuya proyección la realizó la doctora Marlen Yisela Varón Zapata como abogada principal.
1.2.9 Indicó que el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura citó a audiencia de conciliación la cual se llevaría a cabo el día 11 de mayo de 2017, junto con otros tres procesos siendo estos el 2015-226; el 2015-243 y el 2015-273; todas audiencias consecutivas y a las que asiste el abogado Iván Alberto Valderrama Solís como abogado suplente tal como lo acredita el poder presentado en etapas anteriores en cada uno de estos procesos.
1.2.10 Señaló que antes de iniciar la última audiencia del día, por fuerza mayor, debidamente acreditada, el abogado suplente Iván Alberto Valderrama Solís no pudo asistir a la audiencia de conciliación, en donde dentro del término legal presentó excusa médica ante el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura que demostraba la imposibilidad física de poder asistir a dicha audiencia, requiriéndole además que admitiera el recurso de apelación.
1.2.11 Manifestó que el Ministerio Público emitió concepto en donde manifestaba que se debía dar por admitida la excusa del abogado suplente Iván Alberto Valderrama Solís y admitir el recurso de apelación u otorgar nueva fecha para llevar a cabo la audiencia.
1.2.12 Señaló que estando a la espera del pronunciamiento del Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura sobre la excusa presentada, se observó que el despacho no dio trámite incidental de la presentación de la excusa para pronunciarse de plano y luego correr el traslado de su decisión, sino que por el contrario solicitó concepto previo a la parte demandante quien entre otras apreciaciones personales manifestó que el abogado Iván Alberto Valderrama Solís no estaba acreditado en el proceso, pues el régimen procesal prohíbe la actuación simultanea de apoderados.
1.2.13 Auto proferido en el medio de control de reparación directa con nro. de radicación 76-109-33-33-001-2015-00153-00
El Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura, mediante providencia de 23 de junio de 2017, dirimió la controversia puesta a su conocimiento en el siguiente sentido:
“[…] UNICO: GLOSAR sin ninguna consideración los documentos vistos a folios 404 a 410 del cdno 01, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”.
El juzgado, consideró:
“[…] En el presente asunto se fijó fecha para llevar a cabo audiencia de conciliación de que trata el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 ( CPACA) (fl 399 y ss del cdno 01), como requisito previo para conceder recurso de apelación impetrado por la apoderada de la Nación – Rama Judicial, Doctora MARLEN YISELA VARÓN ZAPATA ( fl 378 y ss del cdno 01), en contra de la sentencia nro. 0016 del 28 de febrero de 2017 (fls 313 y ss del cdno 01), que accedió a las pretensiones de la demanda, declarando administrativa y extracontractualmente responsable a dicha entidad.
La mencionada diligencia tuvo lugar el día 11 de mayo de 2017 y según acta nro. 0083 vista a folio 399 y ss del cdno 01 y la parte recurrente no asistió a la audiencia de conciliación, por lo que el Despacho dio cabal cumplimiento a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 192 del CPACA, declarando desierto el recurso impetrado por la apoderada de la entidad demandada –Nación – Rama Judicial, a través de Auto de Sustanciación nro. 170 […]”.
Señaló que el apoderado suplente allegó al Despacho excusa por su inasistencia a la respectiva audiencia de conciliación, el día 12 de mayo de 2017, en donde adjuntó la incapacidad médica suscrita por el doctor Erik Rodallega M, médico de la Clínica Santa Sofía, demostrando que para ese día padecía gastroenteritis.
Adujo que no existe duda frente a la existencia de la enfermedad padecía por el abogado, teniendo en cuenta que el criterio del profesional en medicina es el único válido para establecer si una persona está enferma o no. En ese orden de ideas, quedó plenamente acreditado que para el día 11 de mayo del 2017 a las 4:00 pm, padecía de gastroenteritis.
Sin embargo, pese a lo anterior el juzgado precisó cual de los profesionales en derecho debía comparecer a la audiencia de conciliación en los términos del artículo 192 del CPACA.
Consideró que:
“[…] La Doctora MARLEN YISELA VARON (sic) ZAPATA, en su calidad de apoderada principal de la Nación – Rama Judicial impetró recurso de apelación en contra de la citada providencia ( fls 371 y ss del cdno 01).
El despacho profirió el auto de sustanciación nro. 372 del 25 de abril de esta anualidad, disponiendo citar para el 11 de mayo de 2017 a las 4:00 pm para llevar a cabo la audiencia de conciliación de que trata el artículo 192 del CPACA.
De la actuación vertida en el plenario se establece que quien actuaba como apoderada de la entidad demandada –Nación – Rama Judicial a partir del 24 de noviembre de 2016 era la Doctora MARLEN YISELA y no el Doctor VALDERRAMA SOLIS, tal como lo señala el apoderado de la parte actora en su escrito visto a folios 424 y ss del cdno 2 tomo 1.
Lo anterior, teniendo en cuenta que a las voces del artículo 75 del Código General del Proceso , en “ ningún caso podrá actuar simultáneamente más de un abogado judicial de una misma persona” […]”.
1.2.4 Reposición del auto proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Buenaventura, en el medio de control de reparación directa con radicación nro. 680013333011-2016-00007-01
El doctor Iván Alberto Valderrama Solis en el recurso de reposición adujo lo siguiente:
“[…] Con el ánimo de no ahondar ni extender el presente escrito se reiterará la solidez de la excusa descartada, esto es:
Que se presentó en término y debidamente soportado acreditando la fuerza mayor y caso fortuito médico.
Argumentado de conformidad con el artículo 103 de la ley 446 de 1998.
Respaldado por posición del Honorable Consejo de Estado precisando que en razón a que el artículo 192 ibídem no reguló lo atinente a la inasistencia a la audiencia de conciliación de sentencia, resulta viable en el caso sub examine, realizar una interpretación analógica de los preceptos establecidos en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, así como en el artículo 22 de la Ley 640 de 2001 […]”.
1.2.5 Auto proferido en el medio de control de reparación directa con nro. de radicación 76-109-33-33-001-2015-00153-00
El Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura, mediante providencia de 12 de octubre de 2017, resolvió no reponer la providencia de 23 de junio de 2017.
Indicó que:
“[…] En el caso de marras, el Doctor Iván Alberto Valderrama Solís insiste que se acepte la excusa de inasistencia presentada a la audiencia de conciliación llevada a cabo el día 11 de mayo de 2017 a las 4:00 pm, en la que no se contó con la presencia de la apoderada judicial de la parte demandada Rama Judicial. No obstante, olvida el libelista que la Doctora Marlen Yisela Varon Zapata venía actuando en el proceso como apoderada de la Rama Judicial, pues fue ella quien presentó los alegatos de conclusión y se le reconoció como apoderada principal en la audiencia inicial del 13 de septiembre de 2015, mientras que, al recurrente se le reconoció personería para actuar como abogado sustituto.
Que el Doctor Iván Alberto Valderrama Solis se encontraba actuando bajo la calidad de abogado sustituto y dicho poder fue revocado con la presentación de los alegatos de conclusión, despojando del derecho de postulación, como quiera que en el trámite procesal los abogados no pueden actuar simultáneamente respecto de una persona, de conformidad como lo señala el artículo 75 del Código General del Proceso […]”.
1.3. La solicitud de tutela
1.3.1. Pretensiones
La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, obrando mediante apoderado especial, solicitó en su escrito de tutela:
“[...] Decretar la medida provisional.
2.- Tutelar los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, defensa y debido proceso a la entidad que represento, en razón de la imposibilidad de hacer efectiva la notificación de la providencia, lo cual imposibilitó el ejercicio de defensa y contradicción frente al fallo de primera instancia.
3.- Decretar que la posición del despacho es una vía de hecho por defecto procedimiental, defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
4.- Revocar el auto interlocutorio nro. 785 del 23 de junio de 2017 por medio del cual el despacho entre otras afirmaciones se reservó en silencio el dar cumplimiento a la solicitud y determinó glosar sin ninguna consideración la excusa de insistencia a la audiencia inicial presentada por el suscrito, así como el auto 1531 de 12 de octubre de 2017 en donde se repite el exabrupto conceptual y adicionalmente el despacho niega la posibilidad de la segunda instancia negando la apelación y de queja.
5.- Una vez se decrete la vía de hecho se admita la excusa de inasistencia a la audiencia de conciliación y se conceda el recurso de apelación presentado oportunamente o en su defecto se ordene al despacho realizar nueva audiencia de conciliación. Tal como lo conceptuó el Ministerio Público a través de su delegado y de conformidad con lo señalado en el artículo 103 de la ley 446 de 1998, respaldado por posición del Honorable Consejo de Estado precisando que en razón a que el artículo 192 ibídem no reguló lo atinente a la inasistencia a la audiencia de conciliación de sentencia, resulta viable en el caso sub examine, realizar una interpretación analógica de los preceptos establecidos en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, así como en el artículo 22 de la Ley 640 de 2001.
Esto, en atención a que la Ley 153 de 1887, en su artículo 8 acepta como regla de hermenéutica la analogía, cuyo alcance se explica en que “ Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos en materias semejantes [...]“.
1.3.2. Actuación
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto de 2 de noviembre de 2017, admitió la acción de tutela presentada por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y dispuso notificar al Juez Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura concediéndole el término de dos (2) días para que rindiera informe sobre el particular.
De igual manera, dispuso vincular al presente trámite a los integrantes de la parte accionante dentro del proceso 76-109-33-31-001-2015-00153-00 (Olga Lucía Abadía y otros), los cuales tienen la calidad de terceros con interés en las resultas del proceso, concediéndoles el mismo término de dos (2) días para rendir el informe.
1.3.3. Informes de la parte accionada y las partes vinculadas
1.3.3.1. El apoderado especial del señor René Alejandro Cardozo, mediante escrito aportado el 7 de noviembre de 2017, solicitó no acceder a las pretensiones del amparo.
Indicó que el artículo 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 es muy claro en señalar que en ningún caso podrán actuar simultáneamente más de un apoderado de una misma persona.
En ese orden de ideas, sostuvo que al accionante no se le vulneraron sus derechos fundamentales.
Concluyó manifestando que en el presente caso no se lograron acreditar los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
1.3.3.2. El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura solicitó no acceder a las pretensiones del amparo.
Indicó que:
“[…] Descendiendo a la acción constitucional objeto de este pronunciamiento es menester recordar que la figura jurídica de apoderado suplente no tiene aplicación dentro del ordenamiento procesal administrativo, ni dentro del ordenamiento normativo de procedimiento civil (normas supletorias del primero al tenor de lo dispuesto en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011), de ahí que en el proceso que se tramitó en esta instancia singularizado con el radicado nro. 76-109-33-31-001-2015-00153 se reconoció personería para actuar en defensa de los intereses de la demandada a la Doctora MARLEN YISELA VARON ZAPATA como apoderada principal de la Nación – Rama Judicial y al Doctor IVAN ALBERTO VALDERRAMA SOLIS como apoderado sustituto de la misma.
De igual manera es pertinente precisar que la figura de apoderado suplente que alude el apoderado de la Rama Judicial dentro de este mecanismo constitucional excepcional se encuentra reglado dentro del procedimiento penal (artículo 121 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal), figura que no es la misma que la de sustitución de poder permitida dentro del ordenamiento normativo que ahora nos incumbe […]”.
En ese orden de ideas el Juzgado expresó que en el presente caso la doctora Marlen Yisela Varón Zapata reasumió el poder desde el 24 de noviembre de 2016, cuando presentó los alegatos de conclusión, y siguió actuando dentro del proceso, en donde se entiende revocado la sustitución del abogado Iván Valderrama Solis, teniendo en cuenta que con fundamento en el artículo 75 del Código General del Proceso, en ningún caso podrá actuar simultáneamente más de un abogado judicial de una misma persona.
1.3.3.4. Durante el presente trámite, la Nación – Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Justicia guardaron silencio.
1.4 La sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: CONCEDER la acción de tutela formulada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali en contra del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DEJAR sin efectos los autos Nº. 785 de 23 de junio de 2017 y el auto No. 1531 del 12 de octubre de 2017 Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura proferidos dentro del medio de control de Reparación Directa nro. 76-109-33-31-001-2015-00153-00.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura que dentro de los diez (10 días) siguientes a la notificación de la presente providencia profiera una providencia de reemplazo en la que resuelva de fondo la excusa por inasistencia presentada por el abogado IVAN ALBERTO VALDERRAMA […]”.
El Tribunal con fundamento en lo demostrado en el expediente adujo que el Juzgado efectuó una interpretación parcial del artículo 75 del Código General del Proceso en donde en su inciso primero se estableció expresamente la facultad que tienen las partes de conferir poder a más de un apoderado para su representación.
Señaló que:
“[…] De esta forma aunque la norma establece que “En ningún caso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona”, dicha prohibición debe entenderse como una limitación a la actuación simultanea de apoderados dentro de una misma actuación o diligencia judicial y no de manera alterna como ocurrió en el presente caso dado que la norma faculta a las partes para conferir poder a uno o varios abogados […]”.
El Juzgado apoyándose en doctrina autorizada adujo que si bien es cierto en principio podría haber una contradicción entre los dos incisos, en realidad son complementarios dado que el primero permite designar a uno o más abogados, en donde si así ocurre y nada es objeto de condición, cualquiera de ellos puede intervenir en el proceso, sin embargo el poderdante puede señalar un orden de preferencia en la intervención con el fin de que si uno se encuentra en imposibilidad de actuar, lo haga el otro.
Concluyó manifestando que:
“ […] Por el contrario, la actuación del profesional se legitimó en razón del poder conferido directamente por la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y que fue presentado el 16 de febrero de 2016, por lo cual no puede establecerse la configuración de una sustitución de poder y por ende de una eventual revocatoria como consecuencia de las intervenciones de la abogada MARLEN YISELA VARON ZAPATA en la etapa de alegatos y en el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.
En consecuencia se advierte que el abogado IVAN ALBERTO VALDERRAMA se encontraba facultado para actuar en la audiencia de conciliación celebrada el 11 de mayo de 2017 y como tal para presentar excusa por su inasistencia.
El anterior recuento permite inferir que la actuación del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura al no dar trámite a la solicitud de excusa por enfermedad se fundamentó en una interpretación restringida a lo formal de la norma legal que regula la materia (artículo 75 CGP) motivo por el cual se acredita un defecto procedimental absoluto que amerita la intervención del Juez Constitucional y torna procedente la acción de amparo […]”.
1.5 La impugnación
El apoderado judicial del señor René Alejandro Cardozo solicitó que se revoque la sentencia proferida, en primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones del amparo.
Adujo que:
“[…] La Sala de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, al resolver la presente solicitud de acción de tutela no tuvo en cuenta, ni consideró que uno de los abogados supuestamente designado en el correspondiente poder para actuar se le nombró como abogado suplente, calidad de nombramiento no existente y reconocido en el trámite procesal del derecho administrativo como se puede verificar textualmente con copia del citado poder […]”.
Indicó que al abogado suplente sustituto le fue revocado el respectivo poder al reasumirlo la abogada principal, en donde el Tribunal en su fallo desconoció esta situación.
En ese orden de ideas manifestó que la única apoderada que podía comparecer legalmente y representar a la Rama Judicial era la doctora Marlen Yisela Varon Zapata, quien además no asistió a la audiencia del artículo 192 del C.C.A. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia de la Sala
Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto nro. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
2.2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
2.3. Problemas Jurídicos
En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura, al proferir las providencias de 23 de junio de 2017 y 12 de octubre de 2017, incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente sentado por la Corte Constitucional y en defecto procedimental, al no haber decidido de plano la solicitud accesoria consistente en el presente caso de la excusa presentada por el abogado suplente Iván Valderrama quien manifestó fuerza mayor que demostraba la imposibilidad de poder asistir a la audiencia de conciliación que se llevó a cabo el día 11 de mayo de 2017, al no tratarse de un incidente en los términos del artículo 210 de la ley 1437 de 18 de enero de 2011 dentro del marco del proceso de reparación directa con radicado nro. 76-109-33-33-001-2015-00153-00.
Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; v) el defecto procedimental como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y finalmente, la vi) solución del caso concreto.
2.4 Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
2.5. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales
Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.
Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
2.6. Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
Antes de que la Sala haga un análisis de fondo, la Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.
En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, ya que: i) es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; ii) cumplió con el principio de inmediatez, pues se interpuso dentro de un plazo razonable después de notificadas las providencias de 23 de junio de 2017 y 12 de octubre de 2017, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura, iii) no existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales el accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados; iv) en la acción de tutela se alega un defecto procedimental, por lo que es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y vi) no se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
2.7. El caso concreto
La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en que, a su juicio, incurrió el Juzgado al proferir las providencias de 23 de junio de 2017 y 12 de octubre de 2017, dentro del proceso de reparación directa con nro. único de radicación 76-109-33-33-001-2015-00153-00.
La Sala debe determinar si, en efecto, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura, incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente sentado por la Corte Constitucional y en defecto procedimental al no haber decidido de plano la solicitud accesoria consistente en el presente caso de la excusa presentada por el abogado suplente Iván Valderrama quien manifestó fuerza mayor que demostraba la imposibilidad de poder asistir a la audiencia de conciliación que se llevó a cabo el día 11 de mayo de 2017, al no tratarse de un incidente en los términos del artículo 210 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 dentro del marco del proceso de reparación directa con radicado nro. 76-109-33-33-001-2015-00153-00.
Para determinar si, en efecto, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente sentado por la Corte Constitucional y en defecto procedimental al no haber decidido de plano sobre la excusa presentada por el abogado suplente Iván Valderrama, quien manifestó fuerza mayor que demostraba la imposibilidad de poder asistir a la audiencia de conciliación que se llevó a cabo el día 11 de mayo de 2017, al no tratarse de un incidente en los términos del artículo 210 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 dentro del marco del proceso de reparación directa con radicado nro. 76-109-33-33-001-2015-00153-00, la Sala hará los siguientes análisis: i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, reiteración jurisprudencial, ii) defecto procedimental, reiteración jurisprudencial y finalmente, iii) analizará el caso en concreto.
2.7.1 Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, reiteración jurisprudencial
Ahora bien, en relación con el defecto por desconocimiento de precedente jurisprudencial, la Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente ese concepto, definiéndolo así:
“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […]” (Negrilla fuera de texto).
Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.
Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).
En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:
“[…]
En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto)
Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.
Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
En efecto, la Sala ha reconocido que, “ […] en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial […]”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.
Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, sólo el desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En ese sentido, la Sala precisa que debe diferenciarse el concepto anteriormente señalado de precedente judicial de los conceptos de antecedente jurisprudencial, doctrina probable y sentencia de unificación, los cuales se ponen de presente a continuación.
• La Corte Constitucional en sentencia T – 102 de 2014, definió el antecedente jurisprudencial como la decisión dictada dentro de una controversia anterior “que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio” y se caracteriza por tener un carácter orientador para el juez al momento resolver el problema jurídico planteado dentro del proceso judicial.
• El artículo 4 de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 definió la doctrina probable como “tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores”. La Corte Constitucional en la sentencia C – 836 de 2001 se refirió a la fuerza normativa de la figura de la doctrina probable en el sentido de señalar que:
“[…]
La fuerza normativa de la doctrina probable proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla, unificando la jurisprudencia ordinaria nacional; (2) del carácter decantado de la interpretación que dicha autoridad viene haciendo del ordenamiento positivo, mediante una continua confrontación y adecuación a la realidad social y; (3) del deber de los jueces respecto de a) la igualdad frente a la ley y b) la igualdad de trato por parte de las autoridades y; (4) del principio de buena fe que obliga también a la rama jurisdiccional, prohibiéndole actuar contra sus propios actos. Por otra parte, la autoridad de la Corte Suprema para unificar la jurisprudencia tiene su fundamento en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas y esta atribución implica que la Constitución le da un valor normativo mayor o un “plus” a la doctrina de esa alta Corporación que a la del resto de los jueces de la jurisdicción ordinaria. Ello supone que la carga argumentativa que corresponde a los jueces inferiores para apartarse de la jurisprudencia decantada por la Corte Suprema es mayor que la que corresponde a éste órgano para apartarse de sus propias decisiones por considerarlas erróneas.
[...]”
Asimismo, la Corte Constitucional señaló que el acatamiento de la doctrina probable no constituye una obligación absoluta para el juez, puesto que puede apartarse de la misma, siempre y cuando dé a conocer las razones por las que se aparta en su decisión.
Conforme con lo previsto en el artículo 270 de la Ley 1437 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia C – 816 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo) precisó que las sentencias de unificación jurisprudencial son proferidas por las altas cortes, poseen carácter vinculante en tanto que son expedidas en virtud del mandato de unificación que tienen en su jurisdicción con la finalidad de salvaguardar los principios de invocados de igualdad, buena fe y seguridad jurídica.
La Corte Constitucional en sentencia C – 179 de 2016, en lo concerniente a la fuerza vinculante de las sentencias de unificación, proferidas por el Consejo de Estado, consideró:
“[…]
Nótese cómo, según se infiere de lo expuesto, en la medida en que las sentencias de unificación cumplen una función específica referente a ordenar y clarificar las subreglas que se derivan de la aplicación del derecho regulado, el CPACA le reconoce a estas sentencias no sólo un valor de precedente para los jueces y tribunales, sino que también proyecta su obligatoriedad a la actividad de la administración. En efecto, a juicio de este Tribunal, su carácter vinculante se explica primordialmente por razón del principio de legalidad, a partir del deber de sujeción que tienen las autoridades al imperio de la Constitución y la ley, y por ende, al necesario acatamiento de la regla de derecho emanada de las altas cortes.
Desde el punto de vista judicial, las sentencias de unificación emergen como el fallo que brinda certeza y seguridad sobre la regla de derecho que se debe aplicar a un caso que presenta una hipótesis semejante de decisión. Son providencias que al identificar de manera clara y uniforme el precedente aplicable, se imponen de manera forzosa por razón de la obligatoriedad del mandato de unificación que les asiste a los órganos de cierre, en este caso, al Consejo de Estado como máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En este sentido, las sentencias de unificación producen, de un lado, unos efectos inter partes o subjetivos, que alcanzan a las personas involucradas en el proceso de origen, sin que dicho propósito concrete la operatividad de este mecanismo, pues el mismo se enfoca, fundamentalmente, en la consolidación de unos efectos vinculantes para todos los casos semejantes, brindado un carácter objetivo al respectivo fallo, ya que introduce una subregla o criterio de decisión judicial que deviene en obligatorio para todos los jueces que integran la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
En todo caso, cabe aclarar que la obligatoriedad que tienen las sentencias de unificación, no excluye el deber genérico de seguir el precedente, respecto de las decisiones del Consejo de Estado que no tienen dicha condición. Así lo advirtió esta Corporación, en la Sentencia C-588 de 2012, al señalar que:
“(…) en cuanto a la presunta omisión en el mecanismo de extensión de otras sentencias del Consejo de Estado distintas de las de unificación jurisprudencial, téngase en cuenta que, como bien se ha dicho, estas sentencias de unificación cumplen la función especial y específica de ordenar y clarificar el precedente aplicable. En este sentido, es plenamente razonable que sean estas sentencias y no otras del Consejo de Estado, las llamadas a ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia. Las demás sentencias del Consejo de Estado siguen teniendo su valor como precedente del órgano de cierre de lo contencioso-administrativo, pero son un tipo especial de providencias -las sentencias de unificación jurisprudencial- a las que el Legislador, en ejercicio de su poder de configuración normativa, asignó la potestad de ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia, que tienen la virtud de evitar la realización de un proceso y de facilitar el acceso directo al Consejo de Estado.
[…]”.
2.7.2 El defecto procedimental como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
Frente al defecto procedimental la Corte Constitucional ha establecido que existen dos clases, a saber: i) defecto procedimental absoluto y ii) exceso ritual manifiesto. En sentencia SU-159 de 2002 la Alta Corporación consideró que el defecto procedimental se configura cuanto “[…] el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones […]” y actúa “[…] en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad […]”. Asimismo, señala que el proceso está viciado cuando “[…] se pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i.) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas […]”.
De igual manera, la Alta Corte, en sentencia T-204/15, consideró:
“[…] El defecto procedimental absoluto ha sido definido por la Corte Constitucional como el vicio que se configura cuando el juez se aparta completamente del procedimiento establecido por las normas jurídicas, ocasionando una vulneración del derecho fundamental al debido proceso. Tal como lo ha reseñado la jurisprudencia constitucional, la razón de ser de la consagración de esta causal de procedibilidad contra sentencias judiciales está relacionada con la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que sujetan al juez a los procedimientos previamente establecidos, en virtud del principio de legalidad.
De esta manera, en aquellos casos en que un juez resuelve, en forma arbitraria, desconocer los procedimientos y las formas establecidas para el desarrollo de los juicios, vulnera no sólo los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, relacionados con los derechos a la defensa y contradicción que le asiste a las partes en el marco de un proceso judicial o de un procedimiento activo. En realidad, con esta omisión, el juez natural pone en peligro la protección y efectividad de los derechos subjetivos de las partes en el referido trámite, lo cual supone una afectación de carácter sustancial, si se tiene en cuenta que los procedimientos están concebidos para asegurar la efectividad de dichos derechos sustanciales […]”.
En ese orden de ideas, se configura el defecto procedimental cuando el juez de manera arbitraria y grosera se aparta completamente del procedimiento establecido por las normas jurídicas, vulnerando de esta manera el derecho fundamental al debido proceso.
2.8 Análisis del caso en concreto
En el presente caso, se advierte que la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pretende que se deje sin efectos las providencias de 23 de junio de 2017 y 12 de octubre de 2017, proferidas por el Juzgado, dentro del proceso de reparación directa con nro. único de radicación 76-109-33-33-001-2015-00153-00.
Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
2.8.1 Acervo y análisis probatorios
Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros dictados por la Corte Constitucional respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y al defecto procedimental, para determinar si, efectivamente, la entidad accionada incurrió en dichos yerros en mención, para lo cual revisará el acervo probatorio:
-Dentro del expediente está acreditado que los señores Olga Lucía Abadía Hurtado y René Alejandro Cardozo Paredes junto a su núcleo familiar formularon demanda de reparación directa contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, la cual fue admitida a través de auto interlocutorio nro. 245 de 7 de septiembre de 2015.
-La Rama Judicial como entidad demandada, a través de apoderado judicial, Doctor Gilberto Matallana Benítez, contestó la demanda adjuntando poder especial otorgado por la Directora Ejecutiva Seccional de Cali, a quien se le reconoció personería para actuar en defensa de la entidad por Auto 960 de 26 de julio de 2016, el cual además fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial para el 13 de septiembre de 2016.
-Un día antes de celebrarse la audiencia inicial, esto es, el día 12 de septiembre de 2016, se aportó al proceso poder suscrito por la Doctora Liliana María Urrego Cruz, en su calidad de Directora Ejecutiva Seccional de Administración judicial encargada en la cual se estableció lo siguiente:
“[…] De conformidad con las facultades otorgadas por la Ley 270 de 1996. Artículo 103 numeral 7, confiero poder especial amplio y suficiente, a la Doctora MARLEN YISELA VARON ZAPATA, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 31.324.595 de Cali ( Valle) y Tarjeta Profesional de Abogada No. 169.991 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada Principal y al Doctor IVAN ALBERTO VALDERRAMA SOLIS, Abogado de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali-Valle del Cauca, con Cédula de Ciudadanía No. 1.144.139.467 de Buenaventura (Valle) y Tarjeta Profesional de Abogado No. 239.467 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderado suplente, para que represente a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL […]”.
-En la audiencia inicial realizada el 13 de septiembre de 2016, por auto de sustanciación nro. 1143 se reconoció personería a la abogada MARLEN YISELA VARÓN ZAPATA, como apoderada principal de la Nación – Rama Judicial, y al abogado IVAN ALBERTO VALDERRAMA, como apoderado sustituto, decisión que fue notificada en estrados tal como lo establece el artículo 202 del Código Contencioso Administrativo, contra el cual no se interpuso recurso alguno.
-El abogado Iván Alberto Valderrama Solis compareció a la audiencia inicial y a la audiencia de pruebas realizada el día 9 de noviembre de 2016, donde se ordenó correr traslado para los respectivos alegatos de conclusión por el término de 10 días.
-De manera oportuna la abogada MARLEN YISELA VARÓN ZAPATA remitió por correo electrónico los alegatos finales obrando en representación de la entidad demandada.
-El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura, el día 28 de febrero de 2017, profirió sentencia en primera instancia en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declarando extracontractualmente responsable a la Nación – Rama Judicial de la privación injusta de la libertad del señor René Alejandro Cardozo Paredes.
-La sentencia fue debidamente notificada y contra este fallo la Doctora MARLEN YISELA VARÓN ZAPATA, interpuso recurso de apelación en nombre de la Nación – Rama Judicial.
-Teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia fue de naturaleza condenatoria y contra el mismo se interpuso recurso de apelación, a través de auto de sustanciación nro. 372 del 25 de abril de 2017 se señaló fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación para el día 11 de mayo de 2017 a las 4:00 p.m.
-Llegado el día 11 de mayo de 2017 se dio inicio a la audiencia de conciliación sin contar con la presencia del representante de la Nación – Rama Judicial, por lo que a través del auto de sustanciación nro.170 se dispuso declarar desierto el recurso de apelación.
-El día 12 de mayo de 2017, el abogado Iván Alberto Valderrama presentó excusa por inasistencia alegando problemas de salud que le impidieron asistir a la audiencia.
En su escrito de tutela el accionante adujo que con fundamento en el precedente jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional en la sentencia C-994 de 2006, el Juzgado desconoció la viabilidad dentro del marco de un proceso de que una persona pueda contar con dos abogados uno principal y uno suplente, haciendo la precisión que lo que prohíbe la Constitución es la actuación simultánea de abogados en una misma actuación procesal.
Por otro lado indicó que el Juzgado en el presente caso desconoció el precedente judicial sentado en la Sentencia T-348/98, en donde se estableció que los apoderamientos se perfeccionan ya sea con la respectiva escritura pública o escrito privado presentado personalmente ante el despacho o presentado ante notario y entregado al despacho pertinente, sin que sea necesario el auto de reconocimiento de personería para su perfeccionamiento para ejercer las facultades del poder.
El actor de la sentencia en cuestión citó el siguiente extracto jurisprudencial:
“[…] Esta Sala considera, además, que tan clara es la naturaleza del acto de reconocimiento de apoderado, en el sentido de ser simplemente declarativa, que si se aplicaran los argumentos que expone el peticionario para justificar su falta de actividad en el proceso ordinario laboral, se llegaría a la situación absurda de que para iniciar una demanda ante un juez o tribunal, sería necesario, previamente, presentar el poder, obtener el reconocimiento de personería respectivo, y, allí sí, se tendría la capacidad jurídica de presentar la demanda. Y, qué decir, entonces, sobre el momento para contestar una demanda. Según razona el actor, sólo una vez reconocida la personería por parte del juez, podría el apoderado contestar la demanda. Estos simples argumentos contribuyen a confirmar que, como lo expresa el ad quem, la falta de reconocimiento de personería no fue un obstáculo para asumir la defensa que le había sido encomendada […]”.
Ahora pasa la Sala a analizar si la sentencia objeto de la presente tutela incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
En primer lugar, frente a la sentencia C-994 de 2006 que hizo referencia el accionante, proferida por la Corte Constitucional, la Sala considera que no constituye precedente judicial, dado que el problema jurídico a resolver en dicho fallo consistía en determinar si el supuesto normativo señalado en la disposición acusada, referente a la imposibilidad de que los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de manera simultánea al interior del proceso penal, vulneraba el derecho fundamental al debido proceso.
Fíjese que el problema de la sentencia se centraba en el proceso penal, exclusivamente, y no en otros procesos como sería el caso de lo contencioso administrativo. Además, de la sentencia en cuestión no se puede extraer hechos concretos que permitan a la Sala realizar el respectivo análisis de comparación, para determinar si existe una situación fáctica semejante que es otro de los requisitos que ha indicado la jurisprudencia para la configuración de un precedente judicial.
En segundo lugar, con respecto a la sentencia T-348 de 1998, la Sala considera que tampoco constituye precedente, dado que los hechos de dicha sentencia, son totalmente diferentes a los que se analizan en el caso concreto. Nótese que en el caso bajo estudio se trata de: i) una situación fáctica que se da en el marco de un proceso contencioso administrativo, en cambio en lo decidido en la T-348 de 1999 se da dentro de un proceso laboral, ii) en el presente caso el asunto es la existencia desde un principio de dos apoderados para representar a la Nación, uno principal y el otro suplente, en cambio en lo decidido en la T-348 de 1999 se trata de un solo apoderado en la que no se le reconoció personería jurídica para actuar, en donde no se evidenció la problemática de la actuación simultánea de abogados como supuesto de hecho. Es así que no es posible aplicar la consecuencia jurídica del citado fallo por lo que no existe defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.
Ahora bien, con respecto al posible defecto procedimental en que pudo haber incurrido el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura al no haber decidido de plano la solicitud accesoria consistente en el presente caso de la excusa presentada por el abogado suplente Iván Valderrama quien manifestó fuerza mayor que demostraba la imposibilidad de poder asistir a la audiencia de conciliación, al no tratarse de un incidente en los términos del artículo 210 de la ley 1437 de 18 de enero de 2011, considera la Sala que no se configuró en el presente caso.
Dice el artículo 210 de la ley 1437 de 2011:
“[…] Oportunidad, trámite y efecto de los incidentes y de otras cuestiones accesorias. El incidente deberá proponerse verbalmente o por escrito durante las audiencias o una vez dictada la sentencia, según el caso, con base en todos los motivos existentes al tiempo de su iniciación, y no se admitirá luego incidente similar, a menos que se trate de hechos ocurridos con posterioridad.
La solicitud y trámite se someterá a las siguientes reglas:
1. Quien promueva un incidente deberá expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer.
2. Del incidente promovido por una parte en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra para que se pronuncie y en seguida se decretarán y practicarán las pruebas en caso de ser necesarias.
3. Los incidentes no suspenderán el curso del proceso y serán resueltos en la audiencia siguiente a su formulación, salvo que propuestos en audiencia sea posible su decisión en la misma.
4. Cuando los incidentes sean de aquellos que se promueven después de proferida la sentencia o de la providencia con la cual se termine el proceso, el juez lo resolverá previa la práctica de las pruebas que estime necesarias. En estos casos podrá citar a una audiencia especial para resolverlo, si lo considera procedente.
Cuando la cuestión accesoria planteada no deba tramitarse como incidente, el juez la decidirá de plano, a menos que el Código de Procedimiento Civil establezca un procedimiento especial o que hubiere hechos que probar, caso en el cual a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos, sin perjuicio de que el juez pueda ordenar la práctica de pruebas […]”. ( Subrayado por la Sala).
Dentro del expediente quedó plenamente acreditado que el día 12 de mayo de 2017, el abogado Iván Alberto Valderrama presentó ante el Juzgado accionado excusa por inasistencia alegando problemas de salud que le impidieron asistir a la audiencia.
Mediante Auto de Sustanciación nro. 785 del 23 de junio de 2017, proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura se dijo lo siguiente:
[…] Mediante Auto de Sustanciación nro. 0578 del 2 de junio de 2017 fueron puestos en conocimiento de las partes los documentos obrantes a folios 404 a 410, 415 y 416 del cuaderno 1, relacionados con la excusa presentada por el abogado Iván Alberto Valderrama Solis a la audiencia de conciliación de que trata el artículo 192 del CPACA.
Las partes como el Ministerio Público se pronunciaron dentro de la oportunidad otorgada, de la siguiente manera:
[…]
“[…] El Apoderado de la parte actora insiste en sus argumentos tendientes a demostrar que la enfermedad padecida por el apoderado de la Rama Judicial si es que existió no tenía la gravedad para haber impedido su inasistencia a la audiencia de conciliación de marras […]”.
Para la Sala el Juzgado accionado no incurrió en un defecto procedimental absoluto, dado que si bien es cierto se apartó del procedimiento a seguir, teniendo en cuenta que con fundamento en el artículo 210 de la ley 1437 de 2011, las cuestiones accesorias no deben tramitarse como incidentes, en donde el operador judicial lo resolverá de plano, tal irregularidad no fue ostensible que trajera como consecuencia la afectación de garantías constitucionales.
En ese orden de ideas, el Juzgado después de presentado el respectivo memorial donde se hacía referencia a la excusa en cuestión, debió decidir de plano y por medio de auto permitirles a las partes del proceso interponer los respectivos recursos si hubiere lugar a ello. Sin embargo esta irregularidad cometida por el Juez no trajo como consecuencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Independientemente de que el Juzgado haya corrido traslado a las demás partes procesales de la excusa en mención, no implicó una afectación sustancial del procedimiento, en donde además, decidió a través de auto establecer las razones jurídicas para adoptar la decisión que en derecho correspondía.
El Juzgado a través del auto de 23 de junio de 2017 adujo que:
“[…] La Doctora MARLEN YISELA VARON ZAPATA, en su calidad de apoderada principal de la Nación – Rama Judicial impetró recurso de apelación en contra de la citada providencia ( fls 371 y ss del cdno 01).
El despacho profirió el auto de sustanciación nro. 372 del 25 de abril de esta anualidad, disponiendo citar para el 11 de mayo de 2017 a las 4:00 pm para llevar a cabo la audiencia de conciliación de que trata el artículo 192 del CPACA.
De la actuación vertida en el plenario se establece que quien actuaba como apoderada de la entidad demandada –Nación – Rama Judicial a partir del 24 de noviembre de 2016 era la Doctora MARLEN YISELA y no el Doctor VALDERRAMA SOLIS, tal como lo señala el apoderado de la parte actora en su escrito visto a folios 424 y ss del cdno 2 tomo 1.
Lo anterior, teniendo en cuenta que a las voces del artículo 75 del Código General del Proceso , en “ ningún caso podrá actuar simultáneamente más de un abogado judicial de una misma persona” […]”.
Frente a la configuración del defecto procedimental absoluto ha dicho la Corte Constitucional:
“[…] Este tiene lugar siempre que, en desarrollo de la actividad judicial, el funcionario se aparte de manera evidente y grotesca de las normas procesales aplicables. Al desconocer completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina produciendo un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales.
También se ha admitido que, en forma excepcional, éste puede configurarse debido a un exceso ritual manifiesto, a consecuencia del cual el operador judicial resta o anula la efectividad de los derechos fundamentales por motivos excesivamente formales.
Así, se han reconocidos dos modalidades de defecto procedimental, uno absoluto, que se produce cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecidos para el trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i) sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto, u ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. Y un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones formales a manera de un impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia.
No obstante, en definitiva, el desconocimiento del procedimiento debe tener unos rasgos adicionales para configurar el defecto bajo estudio: a) debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado. […]”. (Resaltado por la Sala).
En ese orden de ideas, para la Sala el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura no incurrió en defecto procedimental absoluto, toda vez que la irregularidad procesal acaecida en el presente caso no constituyó un error trascendente, teniendo en cuenta además que el propio Juzgado a través de la providencia de 23 de junio de 2017 se pronunció de fondo frente a la controversia jurídica, sin que se evidenciara al interior del proceso la afectación del derecho fundamental al debido proceso del actor.
Por otro lado, si en presente caso existían dos abogados en representación de la parte actora, la abogada titular y el abogado, sustituto, al haber presentado una incapacidad medica el segundo, la abogada titular podía haber asistido a la audiencia de conciliación, situación que no aconteció, por lo que en el presente caso no se vulneró ningún derecho fundamental.
2.8.2. Conclusión de la Sala
Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que el Juzgado Administrativo del Circuito de Buenaventura i) no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial ni ii) tampoco en defecto procedimental absoluto.
Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio del cual accedió a las pretensiones del amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR, el fallo de tutela proferido el 16 de noviembre de 2017 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar, NEGAR las pretensiones del amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.”
Cita al profesor Hernán Fabio López Blanco y su obra: “ Código General del Proceso Parte General”.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2012. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Exp. nro. 11001-03-15-000-2009-01328-02. M.P. María Elizabeth García González.
Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
La Sala encuentra acreditado dentro del expediente, que la providencia del 23 de junio de 2017 fue notificada el 28 de junio de 2017 y la providencia de 12 de octubre de 2017 fue notificada el 17 de octubre de 2017, y la presente acción de tutela fue presentada el 1 de noviembre de 2017.
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez.
Sentencia del 13 de mayo de 2008, expediente T-1.806.953,C.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.
Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00.
Ibídem.
Sentencias T-1625 de 2000 y T-161 de 2010.
Ver, entre otras, Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
“Sobre reformas judiciales”.
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. Expediente D-3374. Actor: Carlos Alberto Maya Restrepo. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011. Expediente D-8473. Actor: Francisco Javier Lara Sabogal. M.P. Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. Expediente D-10973. Actora: Erika Nicole González Rojas. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
En la Sentencia C-634 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se concluyó que: “El respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas se fundamenta (i) en el respeto del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa (Arts. 29, 121 y 122 C.P.); (ii) en el hecho que el contenido y alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las altas cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (iii) en que las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) en que el desconocimiento del precedente y con ello del principio de legalidad, implica la responsabilidad de los servidores públicos (Arts. 6º y 90 C.P.); y (v) en que las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley (Art. 13 C.P.).”
M.P. Mauricio González Cuervo. Énfasis por fuera del texto original.
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 2015. Magistrada ponente: Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
La Corte Constitucional en el presente caso resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 134 ( parcial ) de la ley 600 de 2000 que dice: “ […] APODERADOS SUPLENTES. El defensor, el apoderado de la parte civil y del tercero civilmente responsable podrán designar suplentes bajo su responsabilidad, y éstos intervendrán en la actuación procesal a partir del momento en que se presente al despacho el escrito que contenga su designación.
El nombramiento de suplente se entiende revocado cuando se designe a otra persona para estos fines. Los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de manera simultánea.
Los apoderados principales y suplentes podrán designar como auxiliares a estudiantes de derecho, para conocer y enterarse de la actuación procesal. Estos auxiliares actuarán bajo la responsabilidad de quien los designó y tendrán acceso al expediente, entendiéndose comprometidos a guardar la reserva correspondiente si es el caso […]”.
Los hechos del caso fueron narrados por la Corte Constitucional de la siguiente manera: “ […]El demandante, en su petición de tutela, detalla desde la época en que se surtió la etapa probatoria del proceso ordinario laboral, adelantado por la señora Borda de Valdés, etapa que fue clausurada el 9 de febrero de 1996, hasta la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 14 de noviembre de 1997, que negó una nulidad decretada por el a quo.
Sin embargo, el período que interesa en esta tutela, corresponde a la fecha en la que el apoderado del Banco presentó el poder de sustitución ante el Juzgado 13 Laboral del Circuito y el día en que se le reconoció personería jurídica para actuar. Este período va desde el 12 de marzo de 1997, cuando presentó el poder, y el 16 de julio de 1997, fecha de la constancia de haber ingresado el poder al expediente. Durante esta etapa (en la que no se le había reconocido personería jurídica para actuar), manifiesta el actor, ocurrieron las decisiones más importantes del proceso laboral, pues, entre otras, se produjo la sentencia que condenó al Banco Popular a reintegrar a un cargo determinado, a la señora Borda de Valdés, sin que el Banco hubiera tenido la oportunidad de oponerse a esta decisión.
Las actuaciones que se produjeron sin apoderado de la parte demandada, y que concluyeron con la finalización del proceso ordinario laboral, fueron : el 24 de abril de 1997, se efectuó una audiencia, pero no se le reconoció personería. El 6 de mayo, se efectuó otra audiencia, tampoco se le reconoció personería. En esta oportunidad, se fijó el día 14 mayo de 1997, para la audiencia de juzgamiento, auto que fue notificado, por anotación, en el estado del 8 de mayo. El 14 de mayo, se profirió la sentencia en contra de los intereses del Banco Popular. En concepto del apoderado, y según sus cálculos, por existir un día festivo, esta sentencia se produjo antes de vencerse el término de ejecutoria del auto que fijó la fecha para la audiencia de juzgamiento. Mediante auto del 21 de mayo de 1997, se declaró ejecutada la sentencia. El 12 de junio, se corrió el traslado a las partes de la liquidación de costas. El 20 de junio, las costas fueron aprobadas por auto, y, en esta fecha, se terminó el proceso ordinario.
Posteriormente, el apoderado de la señora Borda de Valdés solicitó que se librara mandamiento ejecutivo contra el Banco Popular, para el cumplimiento de la sentencia. Mediante auto del 2 de julio de 1997, se ordenó dar el trámite correspondiente, a esta solicitud. Por auto del 10 de julio, se libró mandamiento ejecutivo.
El demandante presentó el 17 de julio de 1997, ante el juzgado del conocimiento, un memorial aduciendo estos hechos. Solicitó el reconocimiento de personería y que se declarara la nulidad de todo lo actuado, pues se había vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa de la entidad bancaria que representaba.
Mediante auto de fecha 31 de julio de 1997, el a quo declaró la nulidad solicitada. Pero, contra esta decisión, el apoderado de la señora Borda de Valdés interpuso recurso de apelación. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, el 14 de noviembre de 1997, revocó la nulidad proferida por el a quo.
El demandante manifiesta que la razón de la sustitución del poder obedeció a que el doctor "Gnecco Correa" fue designado magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, y, por tal razón, éste se encontraba impedido para actuar […].
Corte Constitucional, Sentencia T-781 de 2011. Magistrado ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
En este sentido ha señalado la Corte. “(...) cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones, está actuando “en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad”. Corte Constitucional. Sentencia T-1180 de 2001. En el mismo sentido, Sentencia SU-478/97. Así por ejemplo en la sentencia T-115 de 2007 sostuvo la Sala Novena de Revisión: “Haber cuestionado la administración de los bienes a través de un proceso verbal sumario de única instancia tiene la capacidad de desconocer la Constitución porque ello restringió la posibilidad de interponer el recurso de apelación contra los autos y la sentencia, en detrimento del artículo 31 superior. Más aún, al haberse adoptado tal trámite se limitó el número de días para dar contestación a la demanda, se adoptó un esquema que restringe la oportunidad para alegar nulidades y se pasaron por alto los pasos para atender las excepciones previas. Todo esto teniendo en cuenta que este tipo de casos debe tramitarse a través de un proceso verbal. Situación que fue totalmente desconocida por el juez de instancia”.
Sentencia T-264 del 03 de abril de 2009.
Sentencia T-996 del 24 de octubre de 2003. MP. Clara Inés Vargas Hernández.
Ibídem. Sentencia T-264 del 03 de abril de 2009. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
Ídem.
Así por ejemplo, se configura un defecto procedimental cuando se deja de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión. Sin embargo, si la falta de notificación no tiene efectos procesales importantes, si se deriva de un error del afectado, o si la misma no produjo una consecuencia tangible – por ejemplo por que el afectado tuvo oportunidad de conocer el acto por otros medios –, no procederá la tutela. Al respecto, ver las sentencias T-538 de 1994, SU-478 de 1997 y T-654 de 1998.
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