Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01707-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01707-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2017-01707-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de agosto de 2023
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01707-01 (2358-2023)
Demandante: Luz Enith Buenahora Amaya
Demandada: Nación-Ministerio Defensa Nacional-Policía Nacional-Dirección
General de Sanidad Militar
Temas: Reliquidación pensional con inclusión de la prima de servicios
prevista en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990. Régimen
salarial y prestacional de los empleados civiles no uniformados
del Ministerio de Defensa vinculados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Aplicación de la
sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada, contra la
sentencia proferida el treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Luz Enith Buenahora Amaya, obrando por medio de apoderado, instauró
demanda en contra de la Nación-Ministerio De Defensa-Policía Nacional- Dirección
General de Sanidad Militar, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 2909 del 24 de julio de 2013,
mediante la cual se reconoció la pensión de jubilación a la demandante, en tanto la
asignación básica no se ajusta a la cuantía prevista en las tablas salariales
aplicables al personal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional de
conformidad con la Ley 352 y Decreto 3062 de 1997, y al no incluir las primas de
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actividad, de servicios y demás factores consagrados en el artículo 102 del Decreto
1214 de 1990.
Declarar la nulidad de los Oficios OFI17-29211-MDN-SGDA-GP SAP del 11 de abril
de 2.017 y 07251-MDN-CGFM-DGSM-GAL.1.10 del 11 de mayo de la citada
anualidad, mediante los cuales se negó la reliquidación de la prestación acorde con
lo regulado en la Ley 352 de 1997 y los Decretos 1214 de 1990 y 3062 de 1997.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene reliquidar la pensión de jubilación
de la señora Luz Enith Buenahora Amaya con fundamento en la asignación salarial
contemplada para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional
en atención a su cargo del nivel técnico e incluir en la base de liquidación de la
prestación, los conceptos de prima de actividad y prima de servicios previstos en el
artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
Que se disponga el pago del retroactivo pensional a partir de la fecha de adquisición
del derecho y hasta la fecha de su pago efectivo. Que se ordene dar cumplimiento
a la sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA, y se
condene en costas a la entidad demandada.
HECHOS
Que la señora Luz Enith Buenahora Amaya se vinculó inicialmente el 1° de junio de
1993 al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, luego fue incorporada a la
Dirección General de Sanidad Militar hasta el 22 de junio de 2013, cuando fue
retirada del servicio por haber adquirido el derecho al pago de una pensión de
jubilación. El último cargo desempeñado fue el de técnico de servicios, código 5-1,
grado 26.
Que el Ministerio de Defensa Nacional le reconoció una pensión de jubilación de
acuerdo con la Resolución 2909 del 24 de julio de 2013, sin embargo, como ingreso
base de liquidación, se fijó la remuneración que aquella percibía en aplicación de
los decretos previstos para el personal civil de dicha autoridad y no la contemplada
para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Igualmente, se dejaron
de incluir como partidas computables los diferentes emolumentos señalados en el
Título VI del Decreto 1214 de 1990 como eran la prima de servicios y la prima de
actividad.
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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 4 de abril de 2018 y notificada a la
entidad demandada, quien contestó manifestando que los actos enjuiciados fueron
expedidos con fundamento en la ley, pues la existencia de un régimen especial para
los funcionarios del sector salud del Ministerio de Defensa Nacional, no solo tiene
fundamento constitucional, sino también en la variedad de vínculos jurídicos para
acceder a la función pública, que sin lugar a dudas conducen a una distinta
nominación del empleo, de la categoría del servidor y de la naturaleza de sus
funciones, que lógicamente conllevan al señalamiento de un régimen salarial y
prestacional distinto, sin que constituya vulneración de derecho alguno. No propuso
excepciones.
Se celebró audiencia inicial el 17 de septiembre de 2020, en la cual se fijó el litigio
y luego de agotado el período probatorio y de dar traslado a las partes para que
alegaran de conclusión, se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término
oportuno por la demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 30 de
noviembre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
Que el Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -019- CE-
S2 de 2.019, concluyó que en materia prestacional los empleados públicos del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de
Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de
1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
Que se demostró que la demandante ingresó a prestar sus servicios al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares antes de la entrada en vigencia del Sistema de
Seguridad Social Integral, por lo que su régimen salarial y prestacional continuó
rigiéndose por el Título VI, del Decreto 1214 de 1990, norma vigente a la fecha de
su vinculación, disposición última que es incompatible con las que posteriormente
fueron expedidas para regular las situaciones del personal adscrito a la Rama
Ejecutiva del orden nacional, y llegar a considerar lo contrario, sería transgredir el
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principio de inescindibilidad normativa, razón por la cual no es dable reliquidar la
pensión teniendo en cuenta la base salarial regulada en la Ley 352 y el Decreto
3062 de 1997.
Que en relación con la reliquidación de la prestación de conformidad con el artículo
102 del Decreto 1214 de 1990, se observa que le fue reconocida pensión de
jubilación teniendo en cuenta el 75% del último salario devengado con inclusión del
salario básico y la 1/12 de la prima de navidad y subsidio de alimentación, además,
percibió la prima de servicios, la cual se encuentra contemplada en la mencionada
regulación y debe ser incluida en la base de liquidación del reconocimiento
pensional. Que no sucede lo mismo con la prima de actividad, pues no probó que
devengó dicho emolumento.
Que no ha operado el fenómeno prescriptivo, en la medida en que la prestación fue
reconocida a partir del 23 de junio de 2013, y la petición de reliquidación fue
presentada el 6 de abril de 2017, por lo que no transcurrieron 4 años desde que se
hizo exigible el derecho y la actuación administrativa.
En virtud de lo anterior, declaró la nulidad parcial de la Resolución 2909 del 24 de
julio de 2013 así como de los Oficios OFI17-29211 MDN-SGDA-GP-SAP del 11 de
abril de 2017 y 07251-MDN-CGFM-DGSM-GAL.1.10 del 11 de mayo de 2017, en
tanto negaron la inclusión de la prima de servicios; a título de restablecimiento del
derecho ordenó la pensión de la señora Luz Enith Buenahora Amaya con la
inclusión de dicho emolumento, a partir del 23 de junio de 2013; negó las demás
pretensiones de la demanda; y condenó en costas a la entidad demandada.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación, expresando que de
conformidad con los decretos salariales expedidos anualmente por el Gobierno
Nacional y las escalas salariales de cada cargo y grado, se realiza el reajuste salarial
de la asignación básica mensual del personal de la planta de salud del Ministerio de
Defensa Nacional, motivo por el cual no hay lugar a que el personal civil no
uniformado adscrito al Ministerio de Defensa Nacional-Dirección General de
Sanidad Militar, se les deba realizar algún reconocimiento adicional o diferente que
se les ha venido aplicando.
Que la reiterada jurisprudencia al respecto, ha sido clara en señalar que, a los
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empleados vinculados al sector salud de las fuerzas les aplicará el régimen salarial
de la Rama Ejecutiva y no el del personal civil no uniformado del Ministerio de
Defensa, esto es, que los servidores como la demandante, no tienen derecho a las
primas especiales consagradas en el Decreto 1214 de 1990, sino a los haberes
salariales del Decreto Ley 1042 de 1978 y las normas que lo modifiquen y adicionen.
Que el hecho de hacer parte del personal civil no uniformado del Ministerio de
Defensa Nacional y pertenecer a la planta global del sector defensa, no conlleva por
sí solo a que se le reconozca y pague la prima de actividad de que trata el artículo
38 del Decreto Ley 1214 de 1990, en la medida en que existe ley posterior y especial
que los excluye de ese régimen.
Que se denieguen las pretensiones de la parte actora toda vez que el acto
administrativo atacado por esta vía judicial fue expedido de conformidad con el
ordenamiento legal especial aplicable a los empleados de la Dirección General de
Sanidad Militar, de tal manera que goza de plena legalidad y constitucionalidad, por
tener norma especial y amparada en la propia Constitución Política Nacional.
Que la existencia de un régimen especial para los funcionarios del sector salud del
Ministerio de Defensa Nacional, no solo tiene su fundamento constitucional en la
consagración expresa de los artículos 150, numeral 19, sino también en la
diversidad de vínculos jurídicos para acceder a la función pública y que, sin lugar a
dudas, conducen a una distinta nominación del empleo, de la categoría del servidor
y de la naturaleza de sus funciones, que lógicamente conllevan al señalamiento de
un régimen salarial y prestacional distinto, sin que constituya vulneración de
derecho alguno.
Que conforme a lo anterior, se deben negar las pretensiones de la interesada, toda
vez que el acto administrativo atacado por esta vía judicial, fue expedido de
conformidad con el ordenamiento legal especial aplicable a los empleados de la
Dirección General de Sanidad Militar, de tal manera que goza de plena legalidad y
constitucionalidad, por tener norma especial y amparada en la propia Constitución
Política.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandada, mediante auto
del 24 de mayo de 2023 se admitió y por no haber pruebas que decretar, no se hizo
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necesario otorgar el término de traslado para alegar de conformidad con lo
establecido en la Ley 2080 de 2021 en su artículo 67 numeral 5 que modificó el
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 1.
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
La Sala debe determinar si la demandante, en su calidad de personal civil vinculada
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares desde el año 1993, tiene derecho a
que se le reliquide su pensión de jubilación con la inclusión de la prima de servicios
establecida en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
Marco normativo y jurisprudencial
La Sala se valdrá del marco normativo que sobre el tema se desarrolló en la
Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-019-CE-S2 de 2.0192, el cual se
puede resumirse así:
El presidente de la República organizó el sistema de salud de las Fuerzas Militares,
de Policía Nacional, y del personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, en virtud
de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el artículo 248.6 de la
Ley 100 de 1993.
El primer cuerpo normativo que se expidió en ejercicio de esa facultad extraordinaria
fue el Decreto Ley 1301 de 1994 que creó el Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares como un establecimiento público, entidad descentralizada.
El régimen salarial aplicable a los empleados públicos vinculados al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares era el regulado por el Gobierno Nacional para los
servidores vinculados a establecimientos públicos del orden nacional, quienes, por
hacer parte de un órgano descentralizado, no se regían, en materia salarial, por las
1 En este sentido, dado que no se dio oportunidad para presentar alegatos de conclusión, no se tendrá en cuenta
el escrito presentado por la entidad demandada con ocasión de dicha etapa procesal, visible en índice 11 de la
plataforma Samai.
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 12 de diciembre de 2019, expediente 25000-23-42-000-
2016-04235-01(0901-18) SUJ-019-CE-S2 de 2.019.
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normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.
En estos términos, indicó que los empleados públicos que al entrar en vigencia el
Decreto Ley 1301 de 1994 se encontraran prestando sus servicios en el nivel central
de la estructura organizacional, esto es, en el Ministerio de Defensa y que
ingresaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, quedaron cobijados por el
régimen salarial contemplado para dicho establecimiento público.
En materia pensional, los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares y del Instituto de Salud de la Policía Nacional, fueron sometidos a la Ley
100 de 1993, y en lo relativo a las demás prestaciones sociales, se les aplicaría el
Decreto Ley 2701 de 1988 y normas que lo modificaran o adicionaran. Por otra
parte, quienes se hubieran vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía
Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarían bajo las
disposiciones del Decreto 1214 de 1990.
La Ley 352 de 1997 que derogó el Decreto Ley 1301 de 1994, creó la Dirección
General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de las
Fuerzas Militares, y suprimió y liquidó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares,
creado mediante el Decreto 1301 de 1994.
El Decreto reglamentario 3062 de 1997 incluyó las siguientes garantías para los
servidores que laboraban en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y que
fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa; en
materia prestacional se dispuso que los vinculados «antes de la vigencia de la Ley
100 de 1993 se les continuará aplicando en su integridad el título VI del Decreto 1214 de
1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen sobre el Régimen Prestacional y al
personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se le aplicará esta
disposición.».
En materia salarial señaló que a los empleados públicos y trabajadores oficiales
del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporaran a las Plantas de
Personal de Salud que se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se les aplicaría
el régimen salarial que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público
del Orden Nacional.
Sin embargo, a partir de la Ley 1033 de 2006, los Decretos Ley 91 y 92 de 2007,
y el Decreto 4783 de 2008 se unificó el régimen de administración del personal civil
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del sector, se ajustó y modificó la planta de personal de empleados públicos del
Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, mediante la
realización de las equivalencias de lo empleos preexistentes frente a la nueva planta
que fue ajustada con la tabla de organización «TO», fijada en la Resolución 1453
de 2008.
Se consideró que el Decreto 4783 de 2008 ordenó la incorporación de los
funcionarios de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección
General de Sanidad Militar a los cargos equivalentes de la planta ajustada, frente a
quienes se dispuso que continuarían «percibiendo la remuneración correspondiente a
los empleos que desempeñan actualmente mientras ocupen el cargo en el que serán
incorporados».
Asimismo, el citado proveído unificador SUJ-019-CE-S2 de 2.019 fijó las siguientes
reglas de unificación:
Normatividad Regla de unificación
(i) En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e
Entre la incorporados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían
vigencia del por las normas establecidas por el Gobierno Nacional para los
Decreto 1301 de servidores de los establecimientos públicos del orden nacional. Por
1994 y de la Ley lo tanto, comoquiera que estaban vinculados a un órgano del nivel
352 de 1997 descentralizado no se regían por las normas establecidas para el
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.
(ii). En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable
era el previsto en la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos
que se vincularan al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional.
En lo relativo a las demás prestaciones se les aplicaba el Decreto
2701 de 1988 y normas que lo modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa
Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100
de 1993 y que se incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de 1990.
Normatividad Reglas de unificación
A partir de la
vigencia de la
Ley 352 de (i). En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud
1997, los de las Fuerzas Militares que fueron incorporados a la planta de
empleados personal de salud del Ministerio de Defensa quedaron sometidos al
públicos que régimen salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva
antes del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto
prestaban sus 3062 de 1997).
servicios en el
Instituto de (ii). En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de
Salud de las Salud de las Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal
Fuerzas de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieren
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Militares y que vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará
fueron en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo
incorporados a modifiquen o adicionen.
la planta de
salud del Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100
Ministerio de de 1993 se les aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en
Defensa materia prestacional en la Ley 100 de 1993 se les aplicará el Título
Nacional, VI del Decreto 1214 de 1990 (Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de
dejaron de 1997).
pertenecer al
sector
descentralizado
y para ellos se
aplican las
siguientes
reglas:
Normatividad Reglas de unificación
1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 2007 se
Con la Ley 1033 reajustaron las plantas de personal, se establecieron las
de 2006 se equivalencias y se fijaron los sueldos con fundamento en la
unificó el nomenclatura y clasificación especial, por ello, los sueldos de los
régimen de empleados civiles no uniformados del sector Defensa se empezaron
administración a pagar con base en la nueva nomenclatura.
de personal que
se aplica al Los empleados civiles no uniformados del sector defensa vinculados
personal civil a la Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional -
vinculado a los Dirección General de Sanidad Militar, debieron continuar percibiendo
Organismos y la remuneración correspondiente a los empleos que desempeñaban
Dependencias a la entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen
del Sector el cargo en el que fueron incorporados.
Defensa. Por
ello, los 2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue
empleos incorporado por disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo
públicos del con la nomenclatura y clasificación especial para los empleados
personal civil civiles no uniformados del sector defensa, empezó a devengar la
no uniformado asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los
asignados a la empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa
Dirección Nacional.
General de
Sanidad Militar Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el
pertenecen a la cargo equivalente en la planta global del sector defensa, de acuerdo
planta de con el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos, el
personal del servidor debió continuar percibiendo la remuneración
Ministerio de correspondiente al empleo que antes desempeñaba, esto es, según
Defensa el régimen salarial fijado por el Gobierno para los empleos de la
Nacional, a Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional. Efectuada la
quienes se les incorporación al cargo equivalente en la planta global del Ministerio
aplican las de Defensa Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
siguientes asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los
reglas: empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa
Nacional.
3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna
modificación, por lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado
en la Ley 352 de 1997.
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Resolución del caso concreto
En el presente asunto, se observa que el tribunal de primera instancia declaró la
nulidad parcial de los actos demandados en cuanto no incluyeron la prima de
servicios como factor para liquidar la pensión de jubilación reconocida a la
demandante, y si bien en el recurso de apelación, la entidad demandada no hizo
referencia de manera específica a este factor, la interpretación integral de la alzada
evidencia que el interés de la recurrente es mantener la liquidación como la decretó
inicialmente en sede administrativa y, por lo tanto, ello implica que ese emolumento
reconocido por el a quo también sea revocado en segunda instancia, como lo indicó
en el escrito señalado.
Según certificación del 10 de abril de 2019, se hizo constar que la señora Buenahora
Amaya entre los años 1996 y 2013, devengó los siguientes factores salariales y
prestacionales: sueldo básico, subsidio de alimentación, bonificación por servicios
prestados, prima de navidad, prima de servicios, bonificación por recreación y prima
de vacaciones 3.
Del material probatorio relacionado en precedencia, se observa que mediante
Resolución 2909 del 24 de julio de 2013, la entidad demandada reconoció y ordenó
el pago de una pensión de jubilación a favor de la demandante, ello en virtud del
artículo 98 del Decreto 1214 de 1990 y con la inclusión de las siguientes partidas
computables 4:
Sueldo básico $ 1.283.661
Subsidio de alimentación $ 46.192
Prima de navidad 1/12 $ 110.821
Total $ 1.440.661 x 75%
Valor de la pensión $ 1.080.506
En igual sentido, quedó demostrado que se vinculó como personal civil del Ministerio
de Defensa Nacional por medio del acta de posesión 320 del 1° de junio de 1993,
en forma continua, de modo que solo hubo cambio de dependencia, pues lo cierto
es que conforme a las certificaciones laborales y actas de posesión aportadas, no
se observa solución de continuidad en la relación legal y reglamentaria que sostenía
con aquella autoridad desde la anualidad indicada. Por consiguiente, se puede
concluir que su nombramiento ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley 100
3 Folios 186 a 187 vuelto.
4 Folios 3 a 4.
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de 19935.
Por lo tanto, en aplicación del precedente jurisprudencial trazado por esta Sección
Segunda en la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019, a la señora
Buenahora Amaya le asiste el derecho a gozar de los beneficios pensionales
derivados del régimen especial contemplado en el Decreto Ley 1214 de 19906, es
decir, a que la prestación le sea reconocida de conformidad con el artículo 987 y
liquidada en el equivalente al 75% del último salario devengado, pero tomando como
base las partidas taxativamente señaladas en el artículo 102 del mencionado
estatuto, a saber:
«ARTICULO 102. PARTIDAS COMPUTABLES PARA PRESTACIONES
SOCIALES. A partir de la vigencia del presente Decreto, al personal de empleados
públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que se retire o sea retirado,
se le liquidarán y pagarán las pensiones de jubilación, de retiro por vejez, de invalidez
y demás prestaciones sociales a que tuvieren derecho, sobre la suma de las
siguientes partidas:
a. Sueldo básico.
b. Prima de servicio.
c. Prima de alimentación.
d. Prima de actividad.
e. Subsidio familiar.
f. Auxilio de transporte.
g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.
PARAGRAFO 1o. El subsidio familiar que se reconozca y pague por parte de las
Cajas de Compensación Familiar a los trabajadores oficiales, no será computable
como partida para las prestaciones sociales. Para este efecto, se tendrá en cuenta la
suma que se acuerde en el respectivo contrato de trabajo.
PARAGRAFO 2o. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo,
ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados en este Estatuto será
computables para efectos de cesantías, pensiones y demás prestaciones sociales.».
No obstante, según la certificación señalada en precedencia, la actora percibió las
siguientes partidas computables durante su último año de labor: sueldo básico,
subsidio de alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de navidad,
prima de servicios, bonificación por recreación y prima de vacaciones.
5 Publicada en el Diario Oficial No. 41.148 de 23 de diciembre de 1993.
6
Tal como lo ha considerado esta Sección en variada jurisprudencia, al respecto se pueden consultar las
sentencias de La Subsección A: del 28 de octubre de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2017-05129-01 (5618-
2019); y de la Subsección B: del 13 de mayo de 2021, radicado: 47001-23-33-000-2018-00131-01(3038-19);
del 24 de junio de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2018-00182-01 (4295-2019); y del 8 de julio de 2021,
radicado: 25000-23-42-000-2018-00669-01(4299-19); entre otras.
7 «Artículo 98. Pensión de jubilación por tiempo continuo. El empleado público del Ministerio de Defensa y de la
Policía Nacional que acredite veinte (20) años de servicio continuo a éstas, incluido el servicio militar obligatorio,
hasta por veinticuatro (24) meses, prestado en cualquier tiempo, tendrá derecho a partir de la fecha de su retiro,
a que por el Tesoro Público se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y
cinco por ciento (75%) del último salario devengado, cualquiera que sea su edad, tomando como base las
partidas señaladas en el artículo 103 de este Decreto.».
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12
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01707-01 (2358-2023)
En este orden de ideas, se encuentra que la entidad demandada en la Resolución
2909 del 24 de julio de 2013, liquidó la pensión de jubilación con una tasa de
remplazo del 75% del promedio del último salario devengado con inclusión del
sueldo básico y 1/12 prima de navidad, sin embargo, de conformidad con lo probado
dentro del plenario, no incluyó la prima de servicios, pese a que la interesada la
percibió y es una partida computable establecida en la ley, tal como lo consideró el
a quo.
En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.
De la condena en costas en segunda instancia
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, 8 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a que, el Consejo de Estado, ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha
situación a la luz de la normativa vigente.
En el presente caso, de la revisión de la demanda y de la oposición a la misma, no
se observa que sea manifiesta una carencia de fundamentación legal, que dé lugar
a la condena en costas. Contrario a ello, ambas partes, en sus escritos,
manifestaron razones en defensa jurídica de sus intereses, por tal razón, al no
encontrarse acreditado tal presupuesto normativo, no se condenará en costas en
esta instancia.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi.
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-01707-01 (2358-2023)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el treinta (30) de noviembre de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas
anotaciones en el portal SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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