Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2017-01709-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2017-01709-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2017-01709-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
8 de febrero de 2024
Radicado: 76001-23-33-000-2017-01709-01 (27461)
Demandante: Colombina S.A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., ocho (08) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-23-33-000-2017-01709-01 (27461)
Demandante COLOMBINA S.A
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Sanción por devolución y/o compensación improcedente.
Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia del 9 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que resolvió lo siguiente1:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 21241201600004 del
27 de junio de 2016 y 004545 del 27 de junio de 2017 por las cuales se impuso una sanción
por devolución/compensación improcedente en contra de Colombina S.A.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la DIAN que modifique las
Resoluciones Nos. 21241201600004 del 27 de junio de 2016 y 004545 del 27 de junio de
2017, con base en el saldo a favor que se determine en la sentencia ejecutoriada que ponga
fin a la segunda instancia del proceso No. 76001-23-33-007-2016-00274-00.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas. (…)” (sic).
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Colombina S.A. presentó la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios del año gravable 2012, el 12 de abril de 2013, por medio de la
cual se determinó un saldo a favor.
El 7 de junio de 2013 la sociedad solicitó a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (en adelante DIAN) la devolución y/o compensación del saldo a favor.
La entidad demandada accedió a la petición mediante la Resolución Nro. 034 del
27 de enero de 2014.
La autoridad tributaria inició el procedimiento de fiscalización de la anterior
declaración mediante el Requerimiento Especial Nro. 21238201500020 del 18 de
junio de 2015, que además de proponer glosas a la declaración, planteó la
imposición de una sanción por no enviar información.
Colombina S.A. se allanó al pago de la sanción reducida por no enviar información
y se opuso a las glosas, mediante la respuesta del 21 de septiembre de 2015.
Como anexo a este escrito, allegó una declaración de corrección de la misma
1 Samai del Tribunal, índice 46, página 9.
1
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fecha, que redujo el monto del saldo a favor, y el correspondiente recibo oficial de
pago.
La DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 212412015000025 del 23
de octubre de 2015, mediante la cual redujo el saldo a favor declarado. Este acto
fue demandado por la actora, proceso que se identifica con el Radicado Nro.
76001-23-33-007-2016-00274-00.
Como resultado de las modificaciones realizadas a la declaración de renta del año
gravable 2012, la Administración adelantó el trámite que finalizó con la expedición
de la Resolución Sanción por Devolución y/o Compensación Improcedente Nro.
212412016000004 del 27 de junio de 2016.
La anterior decisión fue recurrida por el demandante, pese a lo cual se confirmó
por medio de la Resolución Nro. 004545 del 27 de junio de 2017.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
“I. PRETENSIONES
Por medio de esta demanda, solicito a este despacho que se hagan las siguientes
declaraciones:
A. Que se declare la nulidad total de la actuación administrativa integrada por los siguientes
actos:
1. La Resolución Sanción No. 212412016000004 del 27 de junio de 2016, proferida
por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Tuluá.
2. La Resolución No. 004545 del 27 de junio de 2017, proferida la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, por
medio de la cual se resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por mi
representada el 19 de agosto de 2016 contra la resolución descrita en el numeral
anterior.
Dichas resoluciones integran la actuación administrativa por medio de la cual la DIAN
impuso a la Compañía sanción por la devolución y/o compensación improcedente de
$110.820.000, la cual consiste en el equivalente al 20% del valor supuestamente
devuelto y/o compensado improcedentemente a la Compañía.
B. Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de COLOMBINA en
los siguientes términos:
1. Que se declare que COLOMBINA no debe reintegrar suma alguna a la DIAN por
concepto del saldo a favor determinado en su liquidación privada del impuesto
sobre la renta del año gravable 2012, que obtuvo en compensación, previa solicitud
formal radicada el 7 de junio de 2013.
2. Que se declare que mi representada no debe pagar a la DIAN la suma de
$110.820.000. equivalente al 20% del valor devuelto y/o compensado en forma
improcedente que dicha entidad reclama en los actos administrativos demandados.
2 Samai, índice 27, páginas 55 a 57.
2
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3. Que se declare que no son de cargo de COLOMBINA las costas en que incurra la
DIAN con relación a la actuación administrativa, ni las de este proceso”.
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los siguientes
artículos 95 (numeral 9), 209 (inciso 1) y 363 de la Constitución Política; 3
(numerales 1, 2, 4, 11, 12 y 13), 87 y 89 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y 670, 683 y 746 del Estatuto
Tributario. El concepto de la violación de esas disposiciones se resume así:
1. Falsa motivación.
Reprochó que la demandada sustentara la imposición de sanción por devolución
y/o compensación improcedente en que existe una liquidación oficial de revisión
que redujo el saldo a favor declarado, pues no tuvo en cuenta todas las
circunstancias de hecho previas a su expedición, en específico, que los actos
expedidos en el proceso de determinación se encuentran demandados.
Indicó que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional establecieron la
importancia y necesidad de la correcta motivación de los actos administrativos3.
Con lo anterior, concluyó que la DIAN no motivó adecuadamente los actos
administrativos acusados porque se presentó una indeterminación de la conducta
sancionable e ignoró la interposición de demanda contra el acto de determinación.
Manifestó que el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 prevé la presunción de
legalidad de los actos administrativos en cuanto no hayan sido anulados por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, al haberse
demandado la liquidación oficial no le es posible a la Administración aplicar un acto
administrativo que se encuentra suspendido.
Resaltó que el procedimiento sancionatorio adelantado por la DIAN en contra de
Colombina S.A. se adelantó bajo la presunción de culpabilidad4.
2. Violación de los principios administrativos y tributarios de economía,
eficacia, equidad y espíritu de justicia.
Expuso el contenido de los artículos 670 y 683 del Estatuto Tributario y de los
artículos 95 (numeral 9), 209 y 363 de la Constitución, que consagran los principios
antes enunciados.
Luego, insistió en que la resolución sanción es expedida con posterioridad a la
liquidación oficial de revisión, la cual no está en firme, bien sea porque se está
discutiendo en la actuación administrativa o porque estos mismos actos son objeto
de demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
Cuestionó la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa en un proceso
sancionatorio cuyo soporte es la expedición de una liquidación oficial en discusión,
pues consideró que en estos casos no es posible alegar que el saldo a favor fue
determinado correctamente.
3 Al respecto citó las sentencias Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 21 de marzo de 1997, exp. 8205,
del 4 de julio de 1984 y del 30 de agosto de 1977. Sentencias de la Corte Constitucional T-576 del 14 de
1998, T-576 de 1998, C-054 de 1996 y T-297 de 1994.
4 Sentencia del 06 de octubre de 2009 C.P William Giraldo Giraldo.
3
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Afirmó que lo anterior hace necesario decretar la prejudicialidad en el proceso, para
efectos de garantizar que el trámite de nulidad y restablecimiento del derecho que
se adelante contra los actos sancionatorios expedidos por la DIAN, no sea resuelto
antes de que se defina en forma definitiva el proceso contra los actos de
determinación.
Señaló que, de no accederse a la suspensión por prejudicialidad en el proceso
sancionatorio, se correría el riesgo de que se mantenga en firme una sanción sin
que se haya verificado la legalidad de la liquidación oficial de revisión y del saldo a
favor. Sostuvo que, por lo anterior, el Consejo de Estado acepta la suspensión de
este tipo de procesos y considera que solo la existencia de una sentencia definitiva
que verifique la legalidad del rechazo del saldo a favor da lugar a mantener la
sanción por la devolución improcedente del mismo.
3. Violación del derecho al debido proceso y del derecho de defensa.
Adujo que la Administración vulneró el debido proceso para lo cual reiteró que los
actos de determinación que son objeto de un proceso judicial no pueden servir de
fundamento para iniciar un proceso sancionatorio y, en consecuencia, señaló que
fue vulnerado el derecho al debido proceso del artículo 29 de la Constitución.
4. El saldo a favor devuelto por la DIAN era procedente.
Expuso los cargos de nulidad propuestos contra los actos de determinación para
concluir que el saldo a favor devuelto era procedente.
Oposición de la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos:
1. Sobre la falsa motivación y la violación del derecho al debido proceso y
del derecho de defensa.
Anotó que el artículo 670 del Estatuto Tributario, en la versión vigente en el año
2012, solamente exigía que el acto de determinación que rechazó o modificó el
saldo a favor devuelto o compensado hubiera sido notificado para que se impusiera
la sanción.
Señaló que el término de 2 años contados a partir de la notificación de la sanción
para imponer la sanción tiene la finalidad de proteger los intereses del Estado,
considerando que la discusión administrativa y judicial puede poner en riesgo la
oportunidad para ejercer el poder sancionatorio.
Anotó que la Corte Constitucional concluyó que el artículo 670 del Estatuto
Tributario era constitucional debido a que la liquidación oficial de revisión conserva
la presunción de legalidad5.
Resaltó que, el Consejo de Estado precisó que los actos de determinación de
impuestos que modifican el saldo a favor de la liquidación privada objeto de
devolución constituyen prueba suficiente para establecer su improcedencia6.
5 Sentencia de la Corte Constitucional C-075 del 03 de febrero de 2004.
6 Citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, septiembre de 2011, exp. 1874 C.P. Germán
Ayala Mantilla; el 17 de febrero de 1995, exp. 5962 C.P. Jaime Abella Zárate y 10 de octubre de 2004, exp.
14264.
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De igual modo, la doctrina de la DIAN aseguró que la sanción estaba condicionada
a la práctica de la liquidación oficial de revisión y no a su firmeza7.
2. Sobre la violación de los principios administrativos y tributarios de
economía, eficacia, equidad y espíritu de justicia.
Señaló que el Consejo de Estado destacó en otras ocasiones la independencia y
autonomía del proceso de determinación oficial del tributo frente al de imposición
de sanciones por devolución y/o compensación improcedente. Con base en lo
anterior, manifestó que, aunque tienen estrecho vínculo, no deben ser
confundidos8.
3. Sobre la procedencia de la devolución del saldo a favor.
Reiteró que, a pesar de la relación entre los procesos de determinación y
sancionatorio, se expiden actos administrativos independientes, por lo que en este
caso no es posible analizar de fondo la liquidación oficial de revisión. Por lo
anterior, la demandada se abstuvo de pronunciarse sobre los aspectos de fondo
que modificaron la declaración privada.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad parcial de los actos
administrativos acusados, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Señaló que, del parágrafo segundo del artículo 670 del Estatuto Tributario, vigente
al momento de los hechos de la demanda, se deduce que los procesos de
determinación y de sanción por devolución y/o compensación improcedente son
trámites independientes, por lo que el único requisito para expedir los actos
sancionatorios acusados es que se notifique la liquidación oficial de revisión, pero
en caso de ser demandada no se puede cobrar hasta que se decida su legalidad9.
Advirtió que, en todo caso, los procedimientos de determinación y sancionatorio
están relacionados, por lo que insistió en que la sanción no se puede cobrar hasta
que finalice el proceso de nulidad y restablecimiento contra la liquidación oficial de
revisión que redujo el saldo a favor.
Sostuvo que, pese a lo anterior, no procede la suspensión del proceso de la
referencia por prejudicialidad porque no es un asunto que se decide en única
instancia ni se encuentra cursando la segunda instancia.
Encontró probado que se profirió sentencia de primera instancia en el Proceso Nro.
76001-23-33-007-2016-00274-00, que declaró la nulidad parcial de la liquidación
oficial de revisión que sustentó la sanción aquí analizada y modificó el saldo a
favor. En consecuencia, para garantizar la congruencia de los procesos, consideró
que se debe declarar la nulidad parcial de los actos demandados en el asunto de
la referencia, para que la Administración ajuste el valor de la sanción, atendiendo
7 Al respecto mencionó el Oficio Nro. 028462 del 9 de mayo de 2014 de la DIAN.
8
Sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 25 de noviembre de 1995, exp. 7237 C.P. Julio
Correa Restrepo; 18 de junio de 2014 exp. 19885 C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 17 de
septiembre de 2014, exp. 19926 C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y del 14 de abril de 2016, exp.
21656, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
9 Al respecto citó las sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 15 de julio de 2021, exp.
24681 y del 12 de diciembre de 2014, exp.19864.
5
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lo que llegue a ser resuelto en la sentencia de segunda instancia del proceso
referido.
Se abstuvo de condenar en costas porque las pretensiones de la demanda
prosperaron parcialmente, por lo que no hay una parte vencida.
Recursos de apelación
1. Parte demandante.
Aseguró que este proceso se debe suspender por prejudicialidad, de conformidad
con el numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1564 de 201210.
Insistió en que los actos acusados incurren en falsa motivación porque, contrario
a lo señalado por el a quo, la simple existencia de la liquidación oficial de revisión
que modifica el saldo a favor no es suficiente para imponer la sanción por
devolución y/o compensación improcedente, ya que es necesario que esté
debidamente ejecutoriada, supuesto que no se cumple en este caso porque la
liquidación oficial de revisión fue objeto de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. En este punto, destacó que el Consejo de Estado
concluyó que el resultado de dicha demanda tiene incidencia directa en la validez
de la sanción11.
Manifestó que fue vulnerado el derecho al debido proceso, para lo cual reiteró
que es improcedente la sanción hasta que haya una sentencia definitiva que
resuelva sobre la legalidad de la liquidación oficial de revisión que redujo el saldo
a favor.
2. Parte demandada.
Comentó que, de conformidad con el artículo 670 del Estatuto Tributario, la sanción
por devolución y/o compensación improcedente se puede imponer luego de que la
liquidación oficial sea notificada en debida forma, se profiera un pliego de cargos y
se corra traslado por un mes al contribuyente.
Sostuvo que las devoluciones y/o compensaciones no constituyen un
reconocimiento definitivo del saldo a favor y, en el caso de modificación o rechazo,
deberá reintegrarse la suma devuelta más los intereses moratorios.
Anotó que, al haberse apelado la sentencia que anuló parcialmente la liquidación
oficial de revisión, la validez de la resolución sanción seguirá la suerte de lo que se
defina en la segunda instancia, por lo que los actos pueden ser confirmados y, en
consecuencia, procede negar las pretensiones de la demanda.
Oposiciones a las apelaciones
Colombina S.A. se opuso a la apelación presentada por la DIAN reiterando que no
procedía la sanción por devolución y/o compensación improcedente sin que
previamente se encuentre en firme el acto de determinación.
Por su parte, la demandada insistió en que la sentencia de primera instancia debe
ser revocada parcialmente, lo anterior considerando que: i) la sentencia que
10 Citó la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 5 de noviembre de 2009, exp. 17456
C.P. Héctor J. Romero Díaz
11 Citó la sentencia de la Sección Cuarta del 6 de junio de 2019, exp. 22419, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
6
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declaró la nulidad parcial de la liquidación oficial no está en firme porque también
fue apelada, ii) los actos acusados se presumen legales, y iii) el presupuesto para
imponer la sanción por devolución improcedente es la notificación de la liquidación
oficial.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público solicitó confirmar el fallo impugnado por lo
siguiente:
Frente a la solicitud de suspensión por prejudicialidad, aseguró que los efectos en
el caso concreto corresponden a que la sanción no se puede cobrar hasta que
finalice el proceso de nulidad y restablecimiento contra la liquidación oficial, de la
misma forma, si ésta es anulada, la sanción debe ajustarse12.
Explicó que no se configuró la causal de nulidad de falsa motivación debido a que
la actuación oficial para la determinación del tributo es diferente e independiente a
la resolución sanción.
Precisó que el único requerimiento que se establece respecto del proceso
sancionatorio es que el cobro de la pena no se podrá llevar a cabo hasta el
momento en el cual quede ejecutoriado el acto que resuelva negativamente la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de la liquidación oficial13.
Manifestó que la demanda interpuesta contra el acto de determinación no impide
proferir sentencia respecto de la sanción por devolución improcedente, que el
efecto de la sentencia será que una vez ejecutoriada se podrá cobrar la sanción,
pero si la liquidación oficial es anulada la sanción decae.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Le corresponde a la Sala resolver los recursos de apelación presentados por las
partes contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de la
Resolución Sanción Nro. 21241201600004 del 27 de junio de 2016 y la Resolución
Nro. 004545 del 27 de junio de 2017, actos proferidos por la DIAN, mediante los
cuales impuso sanción por devolución y/o compensación improcedente a cargo de
Colombina S.A.
En concreto, se debate la procedencia del proceso sancionatorio por devolución
y/o compensación improcedente cuando se encuentra demandado el acto
administrativo de determinación del tributo y la solicitud de suspensión del proceso
por prejudicialidad.
1. Del proceso sancionatorio por devolución o compensación
improcedente cuando se encuentra demandado el acto administrativo
de determinación del tributo
Como lo indicó esta Sala en otras ocasiones14, el artículo 670 del Estatuto
Tributario prevé que las devoluciones y/o compensaciones efectuadas con
12
Al respecto citó las sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 26 de agosto de 2021, exp.
25066 C.P. Milton Chaves García y del 22 de marzo de 2012, exp. 17747, C.P Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez.
13 Ibidem
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 20 de agosto de 2020, exp. 22756, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez, y del 7 de diciembre de 2022, exp. 22200, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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fundamento en las declaraciones del impuesto sobre la renta y del IVA no
constituyen el reconocimiento de un derecho definitivo. De ahí que, mediante
liquidación oficial, pueda rechazarse o modificarse el saldo a favor objeto de
devolución y/o compensación, caso en el cual, la Administración está habilitada
para exigir su reintegro e imponer la sanción por compensación o devolución
improcedente que sea del caso.
Esto es así, en la medida en que los actos sancionatorios y los de determinación
oficial del impuesto son actuaciones administrativas diferentes, que siguen
procedimientos propios y se justifican en hechos independientes; aun cuando los
actos administrativos de liquidación del tributo sean el fundamento fáctico de la
sanción por devolución y/o compensación improcedente.
Así mismo, sobre el momento en el cual es posible proferir la resolución sanción
por devolución y/o compensación improcedente y proceder a su cobro, la Sala15
manifestó que:
“Es cierto que la sanción por devolución improcedente tiene como fundamento el acto de
determinación por el cual se modifica la declaración tributaria que generó el saldo a favor,
cuya restitución se reclama y que esto implica su sujeción al resultado del primer debate, sin
embargo, la norma fiscal consagró un procedimiento autónomo e independiente para
reclamar la restitución del saldo a favor, lo cual habilitó con carácter mandatorio a partir de
la notificación de la liquidación oficial de revisión. Expresamente señaló que partiendo de tal
momento y dentro del lapso de dos años ‘debía’ imponerse la sanción.
Ahora, consciente el legislador de que la exigibilidad del acto sancionatorio depende de las
resultas del proceso contra el acto de determinación, le prohibió a la Administración, en el
mismo artículo 670 parágrafo 2º., iniciar el proceso de cobro, cuando estuviera pendiente de
resolver recurso o demanda en la vía gubernativa o jurisdiccional contra la liquidación de
revisión por la cual se discute la improcedencia de la devolución, actuación que difirió hasta
tanto quede ejecutoriada la resolución o sentencia que falle negativamente el recurso o
demanda”. (Subraya la Sala)
En ese sentido, la sanción por devolución y/o compensación improcedente puede
imponerse una vez la Administración notifique la liquidación oficial de revisión que
rechaza o modifica el correspondiente saldo a favor, sin que, para esos efectos, la
ley exija la ejecutoria del acto de determinación. Caso diferente es el de los actos
administrativos de cobro de la sanción, los cuales solo pueden proferirse hasta
tanto haya sentencia.
Por tanto, descendiendo al caso específico, la Administración estaba legitimada a
expedir los actos sancionatorios por devolución improcedente independientemente
de que el acto de determinación se estuviera discutiendo en sede judicial.
2. Suspensión del proceso por prejudicialidad. Procedencia de la sanción
por devolución y/o compensación improcedente
La demandante argumenta sobre la necesidad de suspender este proceso por
prejudicialidad dada la demanda frente a los actos de determinación, a lo cual valga
advertir que el Proceso Nro. 76001-23-33-000-2016-00274-02 (27111) ya finalizó,
pues se expidió sentencia el 16 de noviembre de 2023, C.P. Milton Chaves García,
por medio de la cual se resolvió:
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 15 de octubre de 2021, exp. 23917 y del 15 de julio de
2021, exp. 24681, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Providencias reiteradas en la sentencia del 7 de
diciembre de 2022, exp. 22200, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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“PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada. En su lugar
SEGUNDO: ANULAR La Liquidación Oficial de Revisión número 212412015000025 del
23 de octubre de 2015, proferida por la División de Gestión de Liquidación
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá de la U.A.E.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN-.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la firmeza de la
declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable
2012 presentada por la sociedad Colombina S.A., presentada el 21 de
septiembre de 2015 en el formulario número 1103605991259.”
Ahora, la Sala evidencia que el monto objeto de la devolución tuvo sustento en la
declaración inicial presentada el 12 de abril de 2013, mientras que la sentencia del
16 de noviembre de 2023, a título de restablecimiento del derecho, declaró la
firmeza de la declaración de corrección del 21 de septiembre de 2015, la cual
liquidó un menor saldo a favor.
Debido a lo anterior, para definir el caso, la Sala pone de presente las siguientes
pruebas:
• Colombina S.A. presentó la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios del periodo 2012 el 12 de abril de 2013, en el que determinó un
saldo a favor de $1.918.683.00016.
• La sociedad pidió la devolución y/o compensación del saldo a favor declarado
mediante formulario presentado el 7 de junio de 201317.
• La Administración accedió a la petición por valor de $1.918.683.000, mediante la
Resolución Nro. 034 del 27 de enero de 201418.
• La DIAN inició el procedimiento de fiscalización con el Requerimiento Especial Nro.
212382015000020 del 18 de junio de 2015, el cual propuso glosas a la declaración
y, además, la imposición de la sanción por no enviar información.19.
• La contribuyente, mediante respuesta del 21 de septiembre de 2015, se opuso al
requerimiento especial en lo relacionado a las glosas, pero se allanó a la sanción
por no enviar información20.
• Como consecuencia de lo anterior, ese mismo día, Colombina S.A. presentó la
declaración de corrección que determinó una sanción por no enviar información en
$39.074.000 y, en consecuencia, redujo el saldo a favor a $1.879.609.00021.
Además, efectuó el pago de la sanción por el valor de la sanción por no enviar
información, según consta en el Recibo Oficial de Pago Nro. 490723350439622.
• La Resolución Sanción Nro. 21241201600004 del 27 de junio de 2016 cuantificó la
sanción de la misma forma que se propuso en el pliego de cargos, así23:
16 Samai, índice 27, PDF del cuaderno de antecedentes administrativos, página 146.
17 Ibidem, página 150.
18 Este documento no obra en el expediente, pero se tiene por probado según lo expone la resolución sanción
acusada y la demanda. Cfr. Samai, índice 27, PDF del cuaderno de primera instancia, páginas 65 y 155,
respectivamente.
19 El hecho referido se tiene por probado con base en la información contenida en la liquidación oficial de
revisión y los hechos de la demanda. Cfr. Samai, índice 27, PDF del cuaderno de antecedentes
administrativos, página 122, y PDF del cuaderno de primera instancia, página 67, respectivamente.
20 Aunque en el expediente no obra la respuesta al requerimiento especial, esta afirmación consta en la
Liquidación Oficial de Revisión Nro. 212412015000025 de 2015 y fue aceptada en la demanda. Cfr. Samai,
índice 27, PDF del cuaderno de antecedentes administrativo, página 58, y PDF del cuaderno de primera
instancia, página 67, respectivamente.
21 Samai, índice 27, PDF del cuaderno de antecedentes administrativos, página 148.
22 Ibidem, pagina 202.
23 Ibidem, página 161.
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Radicado: 76001-23-33-000-2017-01709-01 (27461)
Demandante: Colombina S.A
"CONCEPTOS VALORES
Saldo a Favor determinado por el contribuyente y Devuelto según
1.918.683.000
Resolución N° 034 del 2014-01-27
Menos: Saldo a Favor determinado según Liquidación Oficial de
(581.270.000)
Revisión N° 212412150000025 de 2015-10-23
Menos: Valor pago Sanción reducida al 10% por no enviar información
(39.074.000)
– S/n Recibo Oficial de Pago N° 4907233504396 del 2015-09-21
Valor a Reintegrar según Artículo 670 del Estatuto Tributario 1.298.339.000”
• La Resolución Nro. 04545 del 27 de junio de 2017, que decidió el recurso de
reconsideración, redujo la sanción en aplicación del principio de favorabilidad,
atendiendo la reforma de la Ley 1819 de 2016, así24:
"CONCEPTO VALOR
Valor a reintegrar por devolución y/o compensación en forma
1.298.339.000
improcedente
Base para calcular la sanción por devolución improcedente 554.101.000
Tarifa aplicable artículo 670 del E.T. modificado por la Ley 1816 de
20%
2019
Cálculo de la sanción al aplicar tarifa ajustada a múltiplo de mil $110.820.000
Reintegro de la suma de
$1.298.339.000, más los
intereses moratorios
correspondientes, más la
Sanción por devolución y/o compensación improcedente determinada suma de $110.820.000,
equivalente al 20% del
valor devuelto y/o
compensado de forma
improcedente”
Con base en lo expuesto, la Sala encuentra probado que, aunque el monto
devuelto al contribuyente ($1.918.683.000), en principio, no coincide con el saldo
a favor contenido en la declaración de corrección en firme ($1.879.609.000), esto
se debe a que el actor se allanó a la sanción por no enviar información
($39.074.000) e imputó dicha sanción al saldo a favor, sin embargo, realizó la
devolución de ese monto con el pago del 21 de septiembre de 2015.
Así, la Sala reitera la postura25 según la cual, la nulidad de los actos oficiales de
determinación del tributo conlleva la atipicidad de la conducta sancionada, por lo
que, prospera la apelación para la parte demandante y no lo hace el recurso de la
demandada.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia para, en su
lugar, declarar la nulidad total de los actos demandados. A título de
restablecimiento del derecho se declara que Colombina S.A. no está obligada a
pagar suma alguna por concepto de la sanción por devolución y/o compensación
improcedente impuesta en los actos anulados.
3. Condena en costas
Respecto a la condena en costas (agencias en derecho y gastos del proceso), no
se ordenará la misma en segunda instancia, conforme a lo previsto en el artículo
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, por cuanto en el expediente no se encuentran pruebas que las
demuestren o justifiquen.
24 Samai, índice 2, PDF del cuaderno de primera instancia, página 227.
25 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 7 de diciembre de 2022, exp. 22200, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
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Radicado: 76001-23-33-000-2017-01709-01 (27461)
Demandante: Colombina S.A
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 9 de noviembre de 2022.
2. Declarar la nulidad total de la Resolución Sanción Nro. 212412016000004
del 27 de junio de 2016 y la Resolución Nro. 004545 del 27 de junio de 2017,
mediante las cuales la DIAN impuso sanción por devolución y/o
compensación improcedente a Colombina S.A. con relación al saldo a favor
declarado por el año gravable 2012.
3. A título de restablecimiento del derecho, declarar que Colombina S.A. no está
obligada a pagar suma alguna por concepto de la sanción por devolución y/o
compensación improcedente impuesta en los actos acusados.
4. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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