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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01811-02

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01811-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR el numeral tercero de la sentencia proferida el 16 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en el presente proveído. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 76001-23-33-000-2017-01811-02 (0047-2026) Demandante: Amanda de Fátima Narváez de Rúales SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2017-01811-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de agosto de 2026

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01811-02 (0047-2026)
Demandante: Amanda de Fátima Narváez de Rúales

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01811-02 (0047-2026)
Demandante: Amanda de Fátima Narváez de Rúales
Demandado: Nación-Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Revoca numeral 3 de la sentencia. Sin condena en costas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 16 de
octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
accedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución No. 2613 del 20 de
noviembre de 2014,2 mediante el cual la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial Seccional Cali- Valle del Cauca negó el reajuste solicitado; la Resolución
3335 del 11 de mayo de 20153 que resolvió el recurso de apelación; y del Oficio
DESAJCL 16-3605 del 23 de junio de 20164 que resolvió la solicitud de
aclaración.

3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «4. […] el reajuste de
salarios desde el 14 de marzo de 1997 hasta el 15 de julio de 2016 a la fecha

1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del
presente proceso. Cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves manifestaba
impedimento para conocer de asuntos relacionados con la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de
1992, por tener un proceso en trámite en el que se debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante
sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que se encuentra ejecutoriada, por lo que a la fecha no
existe pleito pendiente entre las partes o interés actual sobre la controversia. Por otra parte, se advierte que
el ponente en casos anteriores había manifestado impedimento por pleito pendiente; sin embargo, este fue
resuelto por la Sala mediate auto del 9 de abril de 2026, declarándolo infundado.
2 Índice 66, documento CA págs.19-21, gestión en otros despachos de Samai.
3
Índice 66, documento CA págs.4-14, gestión en otros despachos de Samai.
4
Índice 66, documento CA, gestión en otros despachos de Samai.

1
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Demandante: Amanda de Fátima Narváez de Rúales

prestando sus servicios como Juez del Circuito de Buenaventura en el
Departamento del Valle del Cauca; y posteriormente en la ciudad de Cali, reajuste
del orden del 30% adicional al salario mensual. 5. […] se ordene el reajuste de
salarios, la reliquidación de prestaciones sociales y cesantías desde el 14 de
marzo de 1997 hasta el 15 de julio de 2016 a la fecha. […] 7. Se ordene a la […]
UGPP, como consecuencia de la determinación judicial del reajuste salarial y
prestaciones sociales […] la reliquidación de la pensión de jubilación teniendo en
cuenta que dicho fallo afecta al IBL que se tuvo en cuenta en su momento para
liquidar su pensión» 5.

Hechos que fundamentan la demanda

4. La actora prestó sus servicios a la Rama Judicial como juez de familia, desde
el 14 de marzo de 1997 hasta el 15 de julio de 2016 que le fue aceptada su
renuncia.

5. Elevó petición ante la entidad demandada el «5 de diciembre» de 2014
solicitando el reajuste de su salario y prestaciones sociales. La anterior solicitud
fue resuelta de manera negativa mediante los actos acusados.

Fundamentos de derecho

6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron los
artículos 1, 2, 13, 25, 53, 90, 93 y 150 de la Constitución Política; Ley 4 de 1992;
Ley 332 de 1996, Ley 476 de 1998.

7. Al desarrollar el concepto de violación, señaló que el artículo 14 de la Ley 4
de 1992 autorizó al Gobierno nacional para fijar una prima no inferior al 30% ni
superior al 60% del salario básico para algunos funcionarios, pero por aplicación
errónea se consideró que aquél 30% de la remuneración era la prima misma,
menoscabando los derechos de los trabajadores.

Contestación de la demanda

8. La Rama judicial contestó la demanda6 y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por considerar que no es viable efectuar la reliquidación de las
prestaciones, incluyendo el 30% de prima especial como factor de salario y
disponer el pago de las diferencias surgidas de la interpretación que tiene de la
aplicación de la Ley 4 de 1992 y los decretos salariales anuales, pues de hacerlo,
implicaría para la administración desacatar el ordenamiento legal vigente.
Agregó, que la prima especial de servicios no constituye salario para la
liquidación de las prestaciones sociales.

5 Se hace transcripción textual de la pretensión de la demanda de los numerales 4, 5 y 7.
6 Índice 40, gestión en otros despachos de Samai.

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9. Además, presentó las excepciones de «inexistencia de causa para
demandar» y «prescripción trienal de derechos laborales».

Sentencia de primera instancia

10. Mediante sentencia del 16 de octubre de 2025,7 el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca accedió las súplicas de la demanda.

11. Para arribar a esa decisión, en primer término, el a quo indicó que únicamente
los actos administrativos comprendidos en las Resoluciones 2613 del 20 de
noviembre de 2015 y 3335 del 11 de mayo de 2015 constituyen las decisiones
definitivas, posibles de someter al control judicial, pues el Oficio No. DESAJCL16-
3605 del 23 de junio de 2016 se limitó a entregar los documentos solicitados y
reiterar que la respuesta a su caso se extendió a través de dichos actos
administrativos.

12. Por otra parte, el Tribunal analizó de oficio la excepción de caducidad y refirió
que la relación laboral de la demandante terminó el 15 de julio de 2016, y a su
vez, que la resolución que desató el recurso de apelación fue notificada
personalmente el 30 de junio de 2015. En consecuencia, consideró que «Lo
anterior nos lleva a establecer que la oportunidad para demandar dichas decisiones iba,
inicialmente, hasta el 30 de octubre de 2015; no obstante como en esa oportunidad la
funcionaria se encontraba vinculada, es posible concluir que dicho término iniciaría a
correr a partir de la desvinculación -acaecida el 15 de julio de 2016– por tanto la
contabilización inicial se extendía hasta el 15 de noviembre de 2016, pero este término
fue suspendido el 19 de septiembre de 2016 ante la solicitud de conciliación prejudicial
hasta el 2 de noviembre de 2016, según certificación emitida por el Ministerio Público.
Así pues, el plazo corrió entre el 16 de julio de 2016 al 19 de septiembre de la misma
calenda, contabilizando 2 meses y 4 días y restaban para la caducidad 1 mes y 26 días
– de los 4 meses de plazo -. Como la certificación del Ministerio Público se emitió el 2 de
noviembre de 2016, el cómputo se reanudó el 3 de noviembre del mismo año y el lapso
restante venció el 29 de diciembre de 2016, pero como aquel día ocurrió dentro del
periodo de vacancia judicial8, la oportunidad se extendió al primer día hábil de labores,
esto es, el 11 de enero de 2017. Pese a ello, la demanda se radicó el 24 de noviembre
de 2017, esto es, muy posterior a la oportunidad legal otorgada».

13. Asimismo, el Tribunal concluyó que la demandante no aportó la decisión
administrativa mediante la cual la administración judicial realizó la liquidación
definitiva de los salarios, prestaciones sociales y cesantías adeudadas. Esta
omisión impidió analizar integralmente los actos administrativos que definieron su
situación jurídica particular, por lo que declaró probada la excepción de inepta
demanda por proposición jurídica incompleta, al no haberse integrado todos los
actos relevantes al proceso.

7 Índice 77, gestión en otros despachos de Samai.
8 En aplicación del artículo 118 del C.G.P. “…Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento

tendrá lugar el mismo día que empezó a correr el correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día el
término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá
hasta el primer día hábil siguiente.”

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14. Aunado a lo anterior, indicó que tampoco elevó pretensiones de nulidad frente
a las decisiones proferidas por CAJANAL EICE, ahora la UGPP frente al
reconocimiento y reajuste de la pensión, ni agotó la actuación administrativa
previo a acceder a la jurisdicción.

15. Precisó que definido lo anterior, esto no podía extenderse a las cotizaciones
en seguridad social en pensión, comoquiera que las mismas revisten una
naturaleza imprescriptible. En consecuencia, hizo una breve explicación de la de
la prima especial de servicios y advirtió que hubo una errada liquidación de dicho
emolumento, y por lo tanto de las prestaciones sociales ante el menoscabo del
30% del sueldo básico, por lo que determinó que le asiste derecho imprescriptible
a la reliquidación de sus cotizaciones a pensión sobre el 100% del sueldo básico
y sobre el 30% de la prima especial de servicios – como factor salarial en pensión
– a partir de la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996 y el 15 de julio de 2016,
fecha del retiro definitivo del servicio.

16. En consecuencia, declaró probadas las excepciones de caducidad e
«ineptitud sustantiva de la demanda por proposición jurídica incompleta»9, y
resolvió10:

«TERCERO: Declarar la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones que se deben realizar en favor de la parte
demandante, en virtud de la liquidación del 30% no percibido a título de prima
especial y de las diferencias que resulten de la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% del sueldo básico, así:

En todo caso atendiendo los lapsos en que ocupó el cargo de Juez y en virtud del
reconocimiento del 30% no percibido a título de prima especial y de las diferencias
que resulten de la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de la
remuneración básica, entre el 19 de diciembre de 1996 y el 15 de julio de 2016.

También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud
por el periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1
del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de
cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual de la
contemplada en el Sistema General de Pensiones.

En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada y el
extremo demandante deben realizar los aportes al sistema de seguridad social
integral en los porcentajes ordenados por la ley a cada uno; con dicha finalidad se
faculta a la demandada para efectuar los respectivos descuentos de ley a la

9
Así lo dispuso en el numeral primero.
10 En el numeral segundo reconoció a los señores Álvaro Felipe y Carlos Fernando Ruáles Naváez como

sucesores procesales de la demandante.

4
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demandante o en caso de que no sea posible la deducción, reportarlos a la entidad
administradora de pensiones y salud correspondiente».

Recurso de apelación

17. La apoderada de la parte demandada recurrió en apelación11 la sentencia de
primera instancia.

18. Señaló que, una vez declaradas las excepciones de caducidad e «inepta
demanda», el Tribunal debió abstenerse de reconocer cualquier restablecimiento
del derecho. Sin embargo, ordenó la reliquidación de los aportes a pensión y
salud sobre el 100 % del sueldo básico más el 30 % de la prima especial. A juicio
de la parte, esta decisión resulta contradictoria e improcedente, pues si las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho no podían prosperar
debido a la caducidad o a la indebida conformación de la litis, tampoco era posible
reconocer diferencias salariales o prestacionales que sirvieran de base para la
reliquidación de aportes. Aunque la obligación de efectuar aportes pensionales
es imprescriptible, la determinación de su base de cotización depende del
reconocimiento previo de los derechos salariales reclamados, los cuales
quedaron excluidos del análisis de fondo por las excepciones declaradas.

19. Por otro lado, sostuvo que la demandante al pertenecer al régimen de no
acogidos, siempre se le canceló la prima especial como un valor adicional al
salario básico mensual, por lo que sus prestaciones han sido liquidadas sobre el
100% de su remuneración. Igualmente, indicó que la prima especial de servicios
no constituye factor salarial para liquidar las prestaciones sociales, excepto para
liquidar la pensión de jubilación, conforme la Ley 332 de 1996.

20. Indicó que operó la prescripción trienal de los derechos reclamados, y,
además, señaló que está en imposibilidad presupuestal para reconocer lo
solicitado en la demanda frente al periodo de 1997 a 2016.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

21. Por auto del 30 de enero de 202612, se admitió el recurso de apelación, y
se ordenó correr traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que
presentaran sus alegatos de conclusión.

22. Las partes guardaron silencio.

23. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

11 Índice 80, gestión en otros despachos de Samai.
12 Índice 4 de Samai.

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II. CONSIDERACIONES

Competencia

24. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo13, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala determinar si, pese a que el Tribunal de primera
instancia declaró probadas las excepciones de caducidad e «ineptitud sustantiva
de la demanda por proposición jurídica incompleta», resultaba jurídicamente
procedente ordenar el reconocimiento y pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensión y Salud, con fundamento en el carácter
imprescriptible de dichas cotizaciones.

26. Determinado lo anterior, si es del caso se estudiará frente a la única condena
impuesta si la prima especial de servicios fue reconocida en debida forma a la
actora, si dicho emolumento no constituye factor salarial para liquidar
prestaciones sociales, excepto para la liquidación de la pensión, conforme a la
Ley 332 de 1996, si operó la prescripción trienal y si existe una imposibilidad
presupuestal por parte de la demandada para efectuar el pago de lo pretendido
por la demandante.

27. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y el precedente jurisprudencial; 2. Hechos probados; y 3. Caso
concreto.

La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992

28. La Ley 4 de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial14 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales

13 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
14 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de

junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».

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Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».

29. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno nacional desde 1993 ha
expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin
embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, el 29 de
abril de 201415 bajo el argumento de que «de acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno
Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los
decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2°
de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar
los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al
haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón
suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como
para declarar su nulidad».

30. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201916, respecto de la prima
especial de servicios determinó lo siguiente:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de
la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen

Anaya De Castellanos (Conjuez)

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100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30
% que había sido excluido a título de prima especial.

4.. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.

31. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias 11
de julio de 202317, 5 de septiembre de 202318, 5 de diciembre de 202319, 6 de
agosto de 202420 y 18 de diciembre de 202421.

32. Posteriormente, esta corporación mediante sentencia del 9 de abril de 202422,
declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos proferidos
entre los años 2008 y 2018, pues bajo idéntico criterio se insistió en que el 30%
correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».

Hechos probados

33. Acreditado está en el expediente, que la actora prestó sus servicios a la
Rama Judicial como juez de familia del circuito, desde el 13 de octubre de 1975
hasta el 15 de julio de 2016.23

34. Que percibió la prima especial de servicios desde el 1 de enero de 199324
hasta la fecha de su retiro.

35. Que el 13 de noviembre de 2014,25 la actora le solicitó a la demandada el
reajuste de sus prestaciones sociales, pero esta petición fue negada mediante
los actos demandados.

Caso concreto

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:

25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023.

Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023.

Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
23 Índice 66, gestión en otros despachos de Samai. Fecha de certificación 29 de agosto de 2025.
24 Índice 66, gestión en otros despachos de Samai.
25 Índice 66, gestión en otros despachos de Samai.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001-23-33-000-2017-01811-02 (0047-2026)
Demandante: Amanda de Fátima Narváez de Rúales

36. En el presente proceso, la parte actora solicitó la nulidad de las Resoluciones
2613 del 20 de noviembre de 2014 y 3335 del 11 de mayo de 2015, mediante las
cuales se negó el reajuste de su salario y de sus prestaciones sociales, al
considerar que su remuneración mensual había sido disminuida por la inclusión
del 30 % de esta como prima especial de servicios. Como consecuencia de dicho
reajuste, también pidió que se ordenara a la UGPP la reliquidación de su pensión
de jubilación.

37. Adicionalmente, solicitó la nulidad del Oficio DESAJCL16-3605 del 23 de junio
de 2016, por medio del cual se dio respuesta a una solicitud de aclaración
presentada por la demandante, indicándole que la petición de reajuste salarial ya
había sido resuelta a través de los actos administrativos anteriormente
mencionados.

38. En la sentencia apelada, el Tribunal de primera instancia concluyó que los
únicos actos administrativos definitivos susceptibles de control judicial eran las
Resoluciones 2613 de 20 de noviembre de 2014 y 3335 de 11 de mayo de 2015,
por cuanto el Oficio DESAJCL16-3605 de 23 de junio de 2016 se limitó a reiterar
lo previamente decidido en tales actos administrativos y a remitir la
documentación solicitada por la interesada. Posteriormente, al examinar de oficio
la excepción de caducidad en relación con las resoluciones demandadas, el
Tribunal concluyó que el medio de control fue ejercido por fuera del término legal,
dado que la oportunidad para presentar la demanda venció el 11 de enero de
2017 y ésta solo fue radicada el 24 de noviembre de 2017.

39. Además, declaró probada la excepción de «inepta demanda por proposición
jurídica incompleta»26, debido a que la demandante no aportó el acto
administrativo que contenía la liquidación definitiva de salarios, prestaciones y
cesantías, lo que impedía examinar integralmente su situación jurídica. También
señaló que no se demandaron los actos expedidos por CAJANAL, hoy UGPP,
relacionados con el reconocimiento y reajuste pensional, ni se agotó previamente
la actuación administrativa correspondiente.

40. No obstante, precisó que estas conclusiones no afectaban las cotizaciones al
Sistema de Seguridad Social en Pensión y Salud, por tratarse de derechos de
naturaleza imprescriptible. En consecuencia, al advertir una liquidación errónea
de la prima especial de servicios y de las prestaciones derivadas de la reducción
del 30% del salario básico, reconoció el derecho a reliquidar los aportes
mencionados sobre el 100 % del sueldo básico y el 30 % de la prima especial de
servicios, desde la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996 hasta la fecha de retiro
de la demandante, el 15 de julio de 2016.

26 Así lo declaró el Tribunal de instancia, y respecto de lo cual no fue objeto de apelación por la parte
interesada.

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41. Precisado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si, pese a haberse
declarado probadas las excepciones de caducidad e «inepta demanda por
proposición jurídica incompleta», situación que no fue apelada por la parte
interesada, era procedente ordenar el reconocimiento y pago de las diferencias
en los aportes al Sistema de Salud y Pensión correspondientes al «30 % no
percibido a título de prima especial y a las diferencias resultantes de la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % del salario», con
fundamento en el carácter imprescriptible de tales aportes.

42. Al respecto, se advierte que la caducidad genera la extinción del derecho de
acción por el transcurrir del tiempo; de manera tal que la demanda debe ser
presentada dentro del término de ley, en aras a salvaguardar el interés general y
la seguridad jurídica. Sin embargo, dicho lapso concluye ante la inactividad de
quien encontrándose legitimado en la causa, no acciona en tiempo; es decir, la
caducidad es un límite al ejercicio del derecho de acción del ciudadano.

43. En efecto, la caducidad se refiere al término de orden público que posee el
interesado para interponer las acciones que tenga a su alcance con el fin de
buscar la protección de sus derechos, es decir, se predica del ejercicio del
derecho de acción; su finalidad es, precisamente, racionalizar ese ejercicio, lo
que impone al interesado la obligación de emplearlo oportunamente, so pena de
que las situaciones adquieran firmeza y que se extinga la jurisdicción del juez de
lo contencioso administrativo para estudiarlas.27

44. En este orden y para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, la
Ley 1437 de 2011 estableció en el artículo 138 que:

toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en
una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular o expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del
artículo anterior.

Igualmente, podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y
pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al
particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular
por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto
es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la publicación. Si existe un
acto intermedio, de ejecución cumplimiento del acto general, el ´termino
anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

45. Así pues, en principio, cualquier reclamación sobre la legalidad de un acto
administrativo que ha definido una situación jurídica, solamente puede elevarse
dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación. Sin embargo, el mismo
CPACA prevé ciertos eventos en que no opera la caducidad, como establece el

27
Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 7 de octubre de 2010. Radicación:
25000-23-25-000-2004-05678-02 (2137-09).

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artículo 164:

Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código;
b) El objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e
inenajenables;
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la
demanda deberá presentarse dentro de los cuatro (4) meses contados a
partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación, del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales […]

46. Uno de los eventos de prestaciones periódicas a los que se refiere el literal c)
del numeral 1° del artículo 164 es el del pago del salario, el cual es aquella suma
de dinero que se recibe como contraprestación en una relación laboral, cuyo fin
es el de atender las necesidades del trabajador y cubrir los riesgos y las
contingencias que se puedan presentar en cumplimiento de la labor. Finalizado
el vínculo laboral, esta connotación de periódica pierde su razón de ser y
por tanto desaparece.

47. En este orden y como el salario es la suma que el trabajador recibe de manera
mensual, quincenal o semanal, como retribución de sus servicios, es una
prestación periódica que puede reclamarse en cualquier tiempo mientras dure
la relación laboral de la cual deriva su pago. Pero al término de dicha
relación laboral este derecho económico se convierte en una prestación
definitiva, que hace susceptible de caducidad los actos que niegan su
reconocimiento o que lo reconocen parcialmente. Así lo precisó esta
Corporación:

«[…] [A]l producirse la desvinculación del servicio, se hace un
reconocimiento de prestaciones definitivas y, en tal medida, las
prestaciones o reconocimientos salariales que periódicamente se
reconocían y pagaban, bien sea mensual, trimestral, semestral, anual o
quinquenalmente, dejan de tener el carácter de periódicos, pues ya se ha
expedido un acto de reconocimiento definitivo, al momento de finiquitar la
relación laboral […]28».

28Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

13 de febrero de 2014, expediente 1174-2012. En el mismo sentido puede verse la sentencia del 27 de
noviembre de 2017, expediente 0381-2015.

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48. Por otra parte, el Consejo de Estado29 al analizar la caducidad y la
prescripción, ha dicho:

« […] La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento
del término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción
derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración,
sin que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado. De lo
anterior se concluye que la caducidad ocurre por la inactividad de quien tiene el
deber de demandar en el tiempo permitido para hacerlo, para no perder el
derecho de ejercer la acción, lo cual no genera un pronunciamiento de fondo por
parte de las autoridades judiciales. Es decir que el término dentro del cual es
posible ejercer el derecho de acción, en cuanto a la nulidad y restablecimiento
del derecho es de 4 meses lo cual se constituye como un instrumento que
mantiene y protege la seguridad jurídica que debe brindar el Estado para la
estabilidad social de sus integrantes. En este orden de ideas, la acción prevista
debe interponerse dentro del plazo indicado para cada acción so pena de incurrir
en caducidad de la acción, que para el caso de los actos administrativos de
carácter prestacional implica la pérdida de los derechos incluidos en cada acto,
los cuales pueden solicitarse nuevamente ante la administración, evento en el
cual se genera un nuevo acto con un nuevo termino perentorio […]» (Se subrayó)

[…] La prescripción es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho
se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo de acuerdo a las
condiciones descritas en las normas que para cada situación se dicten bien sea
en materia adquisitiva o extintiva. La prescripción extintiva tiene que ver con el
deber de cada persona de reclamar sus derechos en un tiempo prudencial el
cual está fijado en la Ley, es decir, que los derechos que se pretenden
adquiridos, para ejercerlos se tiene un lapso en el que deben ser solicitados so
pena de perder dicha administración. La Corte Constitucional frente a la
prescripción de derechos, en sentencia C-662 de 2004, Magistrado Ponente […],
estableció los siguientes parámetros: “La prescripción, como institución de
manifiesta trascendencia en el ámbito jurídico, ha tenido habitualmente dos
implicaciones: de un lado ha significado un modo de adquirir el dominio por el
paso del tiempo (adquisitiva), y del otro, se ha constituido en un modo de
extinguir la acción (entendida como acceso a la jurisdicción), cuando con el
transcurso del tiempo no se ha ejercido oportunamente la actividad procesal que
permita hacer exigible un derecho ante los jueces. A este segundo tipo de
prescripción es al que hace referencia, la norma acusada. Al respecto, la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que: “El fin de la
prescripción es tener extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se
puede presumir que el titular lo ha abandonado. […] Por ello en la prescripción
se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea la negligencia real o
supuesta del titular.

De esa forma, se concluye que la caducidad como la prescripción, al ser
conceptos diferentes y tener consecuencias distintas, en cuanto al cómputo de
la primera, éste no se encuentra condicionado por la ocurrencia o no de la
prescripción del derecho (…)"»

49. Igualmente, se ha señalado que «De ahí que, la caducidad sea de carácter
procesal mientras que la prescripción es de carácter sustancial; la primera se
refiere a la extinción del derecho de acción entretanto la segunda al derecho

29 Consejo de Estado. Sección Segunda. C.P.: Bertha Lucia Ramírez de Páez. Sentencia de 23 de septiembre de 2010. Rad. 47001-23-

31-000-2003-00376-01(1201-08). Reiterada el 5 de marzo de 2015. C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez Exp.: 270012333000 201300248
01 (1153-2014). Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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controvertido; ésta última debe ser alegada mientras que la caducidad opera ipso
iure y es de orden público. Además, la prescripción es renunciable, entretanto la
caducidad no lo es, en ningún caso30.»

50. Por otra parte, esta corporación refiriéndose al asunto relacionado cuando
existe falta de proposición jurídica completa, ha señalado lo siguiente 31:

«[…] Es menester, entre otros requisitos de orden procedimental y sustancial, que
la parte actora dentro del libelo introductorio individualice con toda precisión el acto
o los actos a demandar, bajo las reglas o directrices establecidas por el Legislador
en el artículo 138 del C.C.A., que dispone en síntesis la demandabilidad de la
totalidad de actos que hayan conformado el agotamiento de la vía gubernativa
salvo aquellos casos en los que el acto definitivo es revocado, evento en el que
tan sólo procede demandar la última decisión. A partir de lo anterior, es claro que
en todo caso debe demandarse el acto administrativo que contiene la
manifestación de voluntad de la Administración frente a una situación jurídica
particular, junto con aquellas decisiones que en vía gubernativa constituyan una
unidad jurídica con el mismo, pues ello compone necesariamente la órbita de
decisión del Juez frente a una pretensión anulatoria, precisamente por la identidad
y unidad de su contenido y de sus efectos jurídicos, sin que pueda segmentarse
bajo tales condiciones el análisis de su legalidad.

(…) la situación en mención se suscita en dos casos de ocurrencia alternativa o
sumada a saber: i) Cuando el acto acusado torna lógicamente imposible la
decisión de fondo debido a una irreparable ruptura de su relación con la
causa petendi, o ii) Cuando el acto demandado no es autónomo por
encontrarse en una inescindible relación de dependencia con otro u otros no
impugnados que determinan su contenido, validez o su eficacia, eventos en
los que como se expresó resulta imposible emitir una decisión de fondo para
el Juez. Así, en tanto la parte demandante omitió cuestionar el acto administrativo
que en principio y sustancialmente contiene la decisión tachada de ilegalidad en el
sub examine -Resolución No. 23701 del 23 de agosto de 2002-, no podía
válidamente emitirse juicio alguno, razón por la que se concluye la ineptitud
sustantiva de la demanda y la decisión inhibitoria al respecto, en ausencia de la
proposición jurídica necesaria para definir de manera adecuada la pretensión de
la actora». ( Negrillas fuera de texto original)

51. Conforme a lo anterior, se tiene que la proposición jurídica incompleta ocurre
en aquellos casos en los cuales no se individualiza con toda precisión los actos
acusados de acuerdo con los lineamientos que están señalados en el artículo
138 de la Ley 1437 de 2011. Significa, entonces, que es requisito indispensable
demandar el acto que contiene la manifestación de la voluntad de la
administración respecto de la situación jurídica particular y concreta; y, además,
las decisiones que en el procedimiento administrativo constituyan la unidad
jurídica, pues, en tal sentido gira la decisión que se deba adoptar en la sentencia,

30 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda- Subsección "B"- consejero

ponente: César Palomino Cortés- Providencia Del tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021). Radicación
Número: 25000-23-42-000-2017-00602-01(0253-19).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, auto de fecha 18 de mayo de 2011; radicación

número: 76001-23-31-000-2006-02409-01(1282-10) Actor: Amparo Vallejo Jaramillo; Demandado: Caja
Nacional de Previsión Social, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren ver también, auto
de fecha 5 de diciembre de 2019, proceso radicado No 11001-03-25-000-2014-00044-00(0096-14), actor:
Luis Gonzalo Ardila Manjarrés; M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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en lo relacionado con las pretensiones de la demanda32.

52. En consecuencia, una vez declaradas las excepciones de caducidad e
«inepta demanda por proposición jurídica incompleta», el Tribunal carecía de
fundamento para pronunciarse sobre el fondo de la controversia y determinar si
la prima especial de servicios había sido reconocida correctamente. Por ello,
tampoco podía derivar de dicho análisis el reconocimiento y pago de diferencias
en los aportes a salud y pensión, pues ello suponía resolver aspectos
sustanciales que habían quedado excluidos del estudio judicial por efecto de las
excepciones declaradas.

53. Asimismo, la Sala no desconoce que, de conformidad con las reglas fijadas
para los casos de relaciones laborales encubiertas mediante contratos de
prestación de servicios, se ha sostenido que «Las reclamaciones sobre los aportes
pensionales con destino al Sistema General de Seguridad Social no están sujetas a la
caducidad ni al requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial»33. No obstante,
en el presente asunto concurre una circunstancia adicional de especial
relevancia, ya que el Tribunal también declaró probada la excepción de «inepta
demanda», al evidenciar la falta de integración de la proposición jurídica
completa, decisión que no fue objeto de apelación por la parte interesada. En ese
contexto, dicha declaratoria constituía un obstáculo para adelantar un examen de
fondo sobre los actos administrativos que definían la situación jurídica de la
demandante y, por ende, para derivar de ese análisis consecuencias
relacionadas con la reliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social.

54. Lo anterior obedece a que la finalidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consiste en que, una vez verificada la ilegalidad del
acto administrativo cuestionado, se adopten las medidas necesarias para reparar
la situación jurídica afectada. En ese sentido, carece de coherencia jurídica
prescindir del examen de legalidad de los actos acusados y, aun así, disponer el
reconocimiento de los derechos reclamados por la parte actora. Por consiguiente,
la decisión adoptada evidencia una deficiencia en la técnica judicial empleada por
el a quo, al derivar efectos sustanciales sin que existiera un pronunciamiento
previo sobre la validez de los actos demandados34.

55. Así las cosas, el cargo de apelación tiene vocación de prosperidad, y en ese
sentido ello releva a la Sala de pronunciarse frente a los demás alegatos del
recurso de apelación, ya que resultaba jurídicamente inconsistente derivar

32 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda- Subsección B- consejera

ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, providencia del 26 de Junio De 2020, expediente: 73001-23-33-000-
2018-00454-01.

33 Sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021.
34 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda- Subsección "B"- consejera

ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez- providencia del veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020),
radicación número: 73001-23-33-000-2018-00454-01(4432-19)

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consecuencias propias del restablecimiento del derecho, como la reliquidación
de aportes al Sistema de Seguridad Social, pues tales efectos presuponen un
pronunciamiento previo sobre la ilegalidad de las decisiones administrativas
cuestionadas. En consecuencia, se revocará el numeral tercero de la sentencia
impugnada.

Condena en costas

56. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

57. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.

58. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

59. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que el recurso de apelación está siendo concedido de manera parcial, por
manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en
el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.

60. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. REVOCAR el numeral tercero de la sentencia proferida el 16 de
octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
las razones expuestas en el presente proveído.

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SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estad
o, en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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