Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2017-01877-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2017-01877-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2017-01877-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de octubre de 2023
Radicado: 76001-23-33-000-2017-01877-01 (27426)
Demandante: Casa del Turismo Colombia S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-23-33-000-2017-01877-01 (27426)
Demandante CASA DEL TURISMO COLOMBIA S.A.S.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN
Temas Impuesto a la renta. Año 2014. Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos. Excepciones. Artículo 122 del Estatuto
Tributario. Retenciones por pagos con tarjetas crédito y
débito. Agentes comerciales y mandato.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 2 de febrero de 20221, en la que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca resolvió:
«PRIMERO.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO.- CONDÉNASE en costas de la primera instancia a la parte accionante, FÍJANSE
para el efecto las agencias en derecho en un porcentaje del uno por ciento (1%) del valor de
las pretensiones reclamadas. (Énfasis del texto original) ».
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 14 de abril de 2015, la sociedad Casa del Turismo S.A.S. presentó la declaración
de renta del año gravable 2014, en la cual liquidó un saldo a favor, que solicitó en
devolución el 1 de septiembre de 2015.
Previo requerimiento especial, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión
Nro. 052412016000026 del 26 de julio de 2016, mediante la cual modificó la
declaración de renta de la actora, en el sentido de rechazar gastos operacionales
de ventas y retenciones practicadas en el año 2014. Estas modificaciones
derivaron en un mayor impuesto a cargo en comparación con el liquidado por la
demandante en su denuncio privado, en la disminución de las retenciones en la
fuente, a la pérdida del saldo a favor y a la imposición de una sanción por
inexactitud del 160%.
El 23 de septiembre de 2016, la demandante presentó recurso de reconsideración
en contra del acto liquidatorio, el cual fue decidido por la Administración mediante
la Resolución Nro. 005337 del 25 de julio de 2017, en el sentido de modificar el
valor de la sanción por inexactitud, en virtud del principio de favorabilidad,
liquidando la misma únicamente en el 100%.
1 Fls. 209 a 2016 del cuaderno principal.
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Demandante: Casa del Turismo Colombia S.A.S.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló
las siguientes pretensiones2:
«1.1.Que son nulos en su totalidad los siguientes actos administrativos por medio de los
cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- modificó la declaración
privada del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2014
presentada por CDT:
(a) La Liquidación Oficial de Revisión 0524120016000026 (sic) del 26 de julio de 2016.
(b) La Resolución 005337 del 25 de julio de 2017 por medio de la cual se resuelve el recurso
de reconsideración.
1.2. En virtud de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos anteriormente
mencionados, a título de restablecimiento del derecho a favor de Casa de Turismo
Colombiano, solicito al señor Magistrado declarar lo siguiente:
(a) Que los valores denunciados por la compañía en el formulario de la declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2014 son correctos.
(b) Que Casa del Turismo Colombiano(sic), no está obligada a pagar sanción alguna por
concepto de inexactitud.
(c) Ordenar la devolución del saldo a favor determinado por CDT en su declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios del año 2014 equivalente a $2.535.685.000
(d) Ordenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el pago de los intereses de
mora correspondiste (sic) calculados sobre el saldo a favor determinado por CDT en la
declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2014, liquidados desde la
presentación de la solicitud de devolución del saldo a favor hasta el día en que ocurra
el pago efectivo de la obligación.
(e) Que no son de cargo de mi representada las costas en que haya incurrido la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales con relación a la actuación administrativa, ni las
de este proceso.
1.3. Igualmente solicito al Tribunal se sirva condenar por las costas del proceso y agencias
en derecho a la DIAN, según lo disponga la sentencia». (Subrayado original) ».
A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas violadas los artículos
29 de la Constitución Política, 122, 373 y 647 del Estatuto Tributario, 5 del Decreto
1512 de 1985, 3 del Decreto 2509 de 1985, 4 del Decreto 2670 de 1988, 11 del
Decreto 836 de 1991, 29 del Decreto 3050 de 1997 y 17 del Decreto 406 de 2001,
así como las Leyes 1143 y 1166 de 2007 (Tratado de Libre Comercio suscrito con
Estados Unidos), en lo que respecta a la vulneración de los principios de trato
nacional y de no discriminación. El concepto de la violación se resume así3:
Sobre el rechazo de gastos operacionales de ventas, sostuvo que la DIAN
aplicó indebidamente el artículo 122 del Estatuto Tributario en la medida en que el
límite del 15% de la renta líquida no era aplicable al pago realizado en favor de
Google INC, dado que esta es una compañía incorporada bajo las leyes de
Estados Unidos y, en aplicación de lo dispuesto en el TLC suscrito entre Colombia
y ese país, que contiene una cláusula de excepción de tributación y otra de trato
nacional, no es posible limitar el gasto al 15% de la renta líquida de la demandante.
2 Fls. 1 y 2 del cuaderno principal.
3 Fls. 6 a 62 del cuaderno principal.
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Aseveró que si bien el primer párrafo del artículo 22.3 del TLC firmado entre
Colombia y Estados Unidos prevé una cláusula de excepción de tributación, según
la cual ninguna disposición del convenio se aplicará a medidas tributarias
preexistentes, es decir, anteriores a la vigencia del TLC, la DIAN no tuvo en cuenta
que esa norma contiene unas excepciones a dicha excepción. Estas corresponden
a (i) las disposiciones sobre trato nacional, cuyo objetivo es evitar el proteccionismo
en la aplicación de los impuestos y medidas reglamentarias interiores y (ii) de
impuestos a las exportaciones.
Expresó que, en virtud del principio de trato nacional, en lo que respecta a
impuestos y medidas tributarias está prohibido discriminar entre los servicios
prestados por no residentes a residentes y «la inversión realizada en determinado territorio
respecto de la realizada por residentes de un mismo Estado, evitando así que sobre los primeros
se causen contribuciones más onerosas que las que se causan para los segundos»4.
Adujo que el TLC entre Colombia y Estados Unidos también consagra el principio
de nación más favorecida en materia de servicios, servicios financieros e inversión,
el cual tiene como objetivo establecer y mantener en todo tiempo la igualdad
fundamental, sin discriminación entre cualquier país, respecto de algún impuesto
que grave los servicios, los servicios financieros y las inversiones de uno de sus
nacionales. Aclaró que el TLC «evita reconocer el principio de Nación Más Favorecida para
los impuestos directos (…)».
Manifestó que el límite del 15% sobre la renta líquida respecto de las expensas al
exterior, exigido por la DIAN, en relación con los pagos por concepto de los
servicios que Google INC le prestó, vulnera el principio de trato nacional. Esto,
porque si la actora hubiese contratado el mismo servicio con un residente
colombiano, dicha limitación no se habría exigido.
Precisó que el servicio que le prestó Google consistió en que la página web
www.lostiquetesmasbaratos.com (hoy www.tiquetesbaratos.com), la cual está hospedada en
un servidor ubicado en Estados Unidos, apareciera dentro de su motor de
búsqueda como una de las primeras opciones de los usuarios que buscaran la
expresión «tiquetes baratos». En esa medida, indicó que como Google INC es una
compañía de los Estados Unidos, sin residencia fiscal en Colombia, quien le presta
el servicio de búsqueda «desde el exterior»5, no existía la obligación de practicar la
retención en la fuente, toda vez que el ingreso percibido por Google es de fuente
extranjera.
Agregó que aceptar la tesis de la DIAN, respecto a la aplicación de la limitación
prevista en el artículo 122 del Estatuto Tributario, supondría una evidente
restricción al comercio por parte de Colombia para las empresas de Estados
Unidos que prestan servicios a través del internet a clientes ubicados en Colombia,
circunstancia que está expresamente proscrita en los capítulos 11 y 15 del TLC.
Recordó que Colombia está obligada a aplicar lo pactado en dicho tratado, de
conformidad con el principio de pacta sunt servanda.
A manera de ejemplo, se refirió al Concepto de la DIAN Nro. 077842 de 2011, en
el que, respecto al convenio para evitar la doble tributación suscrito entre Colombia
y España, esa entidad «aceptó que tratándose de pagos respecto de los cuales la retención
en la fuente es inaplicable, constituiría un evento de discriminación si se aceptara la limitación a la
deducción de intereses, cánones y otros gastos cuando el beneficiario es un residente Español,
pues dicha situación no es aplicable cuando los pagos son realizados a compañías nacionales».
4 Fl. 8 de los antecedentes administrativos.
5 Fl. 11 de los antecedentes administrativos.
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En cuanto al rechazo de las retenciones en la fuente, señaló que el 100% de
los valores que le retuvieron terceros por pagos con tarjeta de crédito y débito en
aplicación del artículo 17 del Decreto 406 de 2001, fueron pagados por la sociedad
según lo certificaron los agentes de retención, y en esa medida le corresponden a
la misma. Enfatizó en que no podía trasladarles a las aerolíneas la parte de la
retención correspondiente al ingreso de las mismas, de acuerdo con el artículo 29
del Decreto 3050 de 1997, ya que esa norma resulta inaplicable en la medida en
que las aerolíneas son autorretenedoras del impuesto sobre la renta. Advirtió que
trasladar la retención a las aerolíneas equivaldría a que sobre un mismo ingreso
se hicieran dos retenciones en la fuente para un mismo contribuyente.
Afirmó que la DIAN parte de una premisa equivocada al interpretar el artículo 17
del Decreto 406 de 2001, puesto que bajo su interpretación sólo sería base de
retención en la fuente el ingreso por tarifa administrativa, que es su ingreso
tributario, y no la totalidad de los pagos o abonos en cuenta, que incluye también
el valor de los tiquetes aéreos. Explicó que, como los bancos emisores de las
tarjetas con las que se hicieron los pagos practicaron retenciones en aplicación de
las normas superiores, y certificaron las mismas a la sociedad, en virtud del artículo
374 del Estatuto Tributario no era posible rechazar la retención certificada. Señaló
que, al rechazar estas retenciones, la DIAN se está enriqueciendo sin justa causa.
Indicó que durante el proceso administrativo se solicitó a la DIAN que oficiara a
Avianca S.A., LAN Colombia Airlines S.A. y Copa Airlines Colombia S.A. para que
certificaran si practicaron autorretención sobre los pagos que les hizo la actora y
si tomaron la retención certificada por Bancolombia S.A. y Banco de Bogotá S.A.
a la demandante en sus respectivas declaraciones, pero la Administración no
practicó ni decreto estas pruebas, lo que implica una violación al debido proceso y
su derecho de defensa. Precisó que estas pruebas fueron solicitadas con el fin de
acreditar que no existió un doble descuento de retenciones en la fuente.
Señaló que era improcedente la sanción por inexactitud porque la imposición de
esta no fue debidamente motivada por la DIAN, la actora no incurrió en los hechos
sancionables de que trata el artículo 647 del Estatuto Tributario, y, según lo
establecido en el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 está prohibido imponer
sanciones de carácter objetivo en materia tributaria. Adicionó que la DIAN debía
haber aplicado el eximente de responsabilidad del artículo 647 ibidem, porque hay
una diferencia de criterios o interpretación.
Dentro del acápite de pruebas la actora solicitó requerir a AEROVÍAS DEL
CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA, LAN COLOMBIA AIRLINES S.A. y COPA
AIRLINES COLOMBIA S.A. para que certificaran «si incluyeron en su declaración del
impuesto sobre la renta del año 2012, retenciones en la fuente que le fueron practicadas a CASA
DEL TURISMO COLOMBIA S.A.S. por Bancolombia y el Banco de Bogotá en aplicación del
Artículo 17 del Decreto 406 de 2001». Igualmente, solicitó que se requiriera a esas
mismas compañías para que certificaran «los valores de la autorretención en la fuente que
se practicaron por los pagos que les hizo CASA DEL TURISMO COLOMBIA S.A.S. por la venta de
tiquetes aéreos entre el primero de en enero y el 31 de diciembre de 2012».
Oposición de la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda6, con fundamento en los
siguientes planteamientos.
6 Fls. 169 a 172 del cuaderno principal.
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En primer lugar, al referirse a las pretensiones, se opuso a la condena en costas
pretendida por la actora. Lo anterior, porque los asuntos tributarios son de interés
público y, por lo mismo, la DIAN no puede ser condenada en costas, por exclusión
expresa del artículo 188 del CPACA. Agregó que esa condena tampoco es
procedente porque se cumplieron las normas y procedimientos tributarios
aplicables y vigentes y, en adición, que la actuación administrativa estuvo
desprovista de temeridad y conductas dilatorias, con plena garantía del debido
proceso y demás derechos constitucionales.
Respecto al cargo de nulidad sobre la no aplicación del límite a la deducibilidad
de los pagos al exterior dispuesta en el artículo 122 del Estatuto Tributario,
señaló que el TLC entre Colombia y Estados Unidos determinó el tratamiento de
las transacciones entre ambas naciones, «prevaleciendo la ley tributaria nacional, teniendo
en cuenta la preexistencia del artículo 122 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 84 de
la Ley 223 de 1995, norma vigente antes de entrar en vigencia del TLC y que en este caso solo
existe convenio definido en la página web de la Cancillería como: “Acuerdo para la exoneración
recíproca de Impuestos sobre los ingresos derivados de la operación de Barcos y Aeronaves,
celebrado entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Estados Unidos de América, mediante
canje de Notas de fecha Octubre 16 de 1987». En tal sentido, destacó que no existe
exoneración o exención de impuestos.
Recalcó que en el TLC no existen parámetros de tributación para Colombia y
Estados Unidos, por lo que no eran aplicables las motivaciones del Congreso, los
antecedentes de las leyes aprobatorias del TLC, ni la sentencia C-369 de 2002 de
la Corte Constitucional, puesto que, en este caso, el principio de trato nacional no
resulta aplicable, a diferencia de la ley tributaria nacional, que sí lo es.
Destacó que no se demostró que la Administración hubiese desconocido el
principio de trato nacional, toda vez que no se observa un trato desigual en contra
de la contribuyente, pues simplemente se aplicó una norma nacional preexistente
al TLC, que limita los pagos al exterior al 15% de la renta líquida del contribuyente.
En adición, señaló que ni el TLC ni las leyes que lo aprobaron dispusieron un trato
tributario diferente sobre este asunto, de manera que la aplicación de la norma
nacional no implica una restricción al comercio entre Colombia y Estados Unidos,
ni tampoco permite inaplicar el límite del 15% en virtud del principio de no
discriminación.
En lo que tiene que ver con el cargo de nulidad por la procedencia de las
retenciones en la fuente practicadas por entidades financieras e incluidas por
la actora en su denuncio privado, estimó que las entidades financieras operadoras
de las tarjetas de crédito tienen disponible, para las aerolíneas, un aplicativo que
permite que las ventas de tiquetes que se realizan a través de las agencias de
viajes, de manera presencial o virtual, sean depositadas en las cuentas bancarias
definidas por las aerolíneas. Informó que, en las ventas con tarjeta débito, la
situación es diferente, ya que su tecnología no permite dispersar o consignar el
valor de la venta en las cuentas bancarias de dos beneficiarios diferentes. Dijo que
lo mismo ocurre con la venta de paquetes turísticos, en la medida en que existe
pluralidad de otros beneficiarios (hoteles, transportadores terrestres, asistencia
médica, entre otros).
Puso de presente que en el acta de la inspección tributaria se evidenció que la
contribuyente contabiliza y solicita en su declaración de renta la totalidad de las
retenciones practicadas por concepto de ingresos con tarjeta de crédito o débito,
como un anticipo del impuesto a la renta a su cargo. Todo, con independencia de
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que tales retenciones hayan sido practicadas sobre ingresos de terceros que no le
pertenecen, pues en caso contrario, el valor de los ingresos propios base de esa
retención sería mayor. Esto confirma que la sociedad demandante pretende
solicitar un valor de retención en la fuente que no le corresponde.
Explicó la dinámica contable de las cuentas 2805 y 2815 y, adicionalmente,
destacó que como la retención en la fuente es un mecanismo anticipado de
recaudo de un impuesto no existe fundamento para que la sociedad no traslade
dicha retención a sus beneficiarios, quienes son los que deben denunciar o
declarar los ingresos asociados a dichas retenciones.
Afirmó que el manejo de las retenciones en la fuente sobre ingresos recibidos para
terceros constituye un problema operativo propio de las agencias de viajes, como
lo es la demandante. Que, según el artículo 29 del Decreto 3050 de 1997, cuando
las agencias de viajes recaudan ingresos para terceros que están sujetos a
retención en la fuente, los ingresos no son de la agencia ni tampoco lo son las
retenciones practicadas por las entidades financieras. Agregó que esta norma
reglamentó el procedimiento aplicable a los ingresos recibidos para terceros,
según el cual el mandante declara los ingresos y solicita las respectivas
retenciones, según la información que le suministre el mandatario, de manera que
el mandatario queda obligado a identificar en su contabilidad los ingresos recibidos
para el mandante y las retenciones efectuadas por cuenta de este.
Señaló que el anterior procedimiento no se cumplió porque la actora trasladó los
ingresos recibidos para terceros a cada uno de los proveedores, sin traspasar
igualmente las retenciones en la fuente. Por el contrario, la actora las incluyó como
anticipo de su impuesto a la renta, soportando esta actuación con los certificados
de retenciones expedido por los agentes retenedores a su nombre, pero
desconociendo que la titularidad de los ingresos totales base de la misma no era
suya, y la ley no permite la cesión de las retenciones.
Aseveró que no basta que las aerolíneas sean autorretenedoras, pues si bien
certificaron la base y las retenciones, lo cierto es que la contribuyente no declaró
todos los ingresos base de las retenciones certificadas, sin que se hubiese
interpretado erróneamente el artículo 17 del Decreto 406 de 2001, de cuyo sentido
se deduce que los pagos a las agencias se concretan en la tarifa administrativa
cobrada por su servicio y no en el valor de los pasajes. El rechazo de retenciones
se fundó en la normativa aplicable, porque la actora no podía declarar retenciones
por ingresos de terceros (aerolíneas).
Indicó que no se vulneró el debido proceso ni el derecho de defensa de la actora,
porque en el expediente obran las pruebas que determinan la improcedencia de
las retenciones, sin que fuera necesarias las que se solicitaron en la respuesta al
requerimiento especial.
Defendió la procedencia de la sanción por inexactitud porque la actora tuvo
conocimiento y voluntad de registrar los datos rechazados en su denuncio privado,
de manera que se comprobó el elemento subjetivo de las inexactitudes
sancionables. Resaltó que la sanción es aplicable porque el rechazo de los gastos
y retenciones se sustentó en argumentos de hecho y de derecho suficientes. Que
no existió diferencia de criterios respecto del derecho aplicable, en la medida en
que lo ocurrió fue el desconocimiento del mismo.
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Audiencia inicial
En la audiencia inicial llevada a cabo el 13 de agosto de 2019 7, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca ordenó tener como prueba los documentos
aportados por la demandante con la demanda, así como los antecedentes
administrativos aportados por la entidad demandada con el escrito de oposición la
demanda.
En adición, y de acuerdo con lo solicitado en la demanda, el Tribunal ordenó oficiar
AVIANCA, LAN COLOMBIA y COPA AIRLINES COLOMBIA S.A. para que certificaran
si incluyeron en su declaración del «impuesto sobre la renta del año 2012», las
retenciones en la fuente que le fueron practicadas a la actora por Bancolombia y
el Banco de Bogotá, en aplicación del artículo 17 del Decreto 406 de 2001. De
igual forma, ordenó oficiar a las mencionadas compañías para que certificaran los
valores de autorretención en la fuente que se practicaron por los pagos que les
hizo la demandante por la venta de tiquetes aéreos entre el «1 de enero y el 31 de
diciembre de 2012».
Esta decisión quedó en firme, pues no fue recurrida por las partes.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca denegó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante.
Sobre el cargo de nulidad por la violación del tratado de libre comercio entre
Colombia y Estados Unidos, aseveró que no estaba llamado a prosperar porque
la Administración había aplicado en debida forma el artículo 122 del Estatuto
Tributario, tras establecer, mediante sus facultades de fiscalización, que la actora
no podía solicitar deducciones por propaganda y publicidad, sin aplicar la limitación
establecida en esa norma.
Adujo que la demandante, en su condición de agencias de viajes, recauda dinero
a nombre de terceros (aerolíneas nacionales e internacionales, hoteles nacionales
y extranjeros, prestadores de servicios de asistencia médica a viajeros y renta de
vehículos en el país y en el exterior) y que su ingreso está constituido por la
comisión por intermediación entre estas organizaciones y sus clientes, quienes
pagan estos servicios con tarjeta débito o crédito, a través de la plataforma virtual
de la contribuyente.
Sostuvo que la DIAN soportó sus actuaciones conforme al material probatorio
obtenido en el desarrollo de su investigación, el cual fue suficiente para dar estricta
aplicación a los artículos 29 del Decreto 3050 de 1997 y 17 del Decreto 406 de
2001.
Recalcó que no se encuentra probada la alegada violación del debido proceso y el
derecho de defensa de la demandante, porque el hecho de considerar que las
pruebas solicitadas por la contribuyente no eran necesarias, no configura la
violación de tales garantías, máxime cuando la Administración demostró que la
información contenida en el expediente era suficiente para decidir el asunto.
Planteó que, aunque las aerolíneas no descontaran en sus declaraciones las
retenciones en la fuente practicadas, la DIAN no podía reconocer el descuento
7 Fls. 136 a 143 del cuaderno principal.
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afavor de la actora, quien desconoció su condición de mandataria al no haber
certificado las retenciones al propietario del ingreso. Destacó que el hecho de que
los certificados estén a nombre de Casa del Turismo S.A.S., no le da la titularidad
de la retención a esta, dado que cuando se actúa a través de un mandato la ley
prohíbe la cesión de las retenciones en la fuente por acuerdo entre las partes.
Respecto a la imposición de la sanción por inexactitud, manifestó que la actora
tuvo conocimiento y voluntad al registrar en su declaración de renta los datos que
fueron modificados, de manera que se comprobó el elemento subjetivo. Indicó que
no existe falta de motivación frente a la sanción, porque en los actos
administrativos acusados se precisó el fundamento jurídico y fáctico para su
imposición, el cálculo aritmético y su porcentaje.
Finalmente, condenó en costas a la demandante con fundamento en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con el numeral 1 del artículo 365 del Código
General del Proceso. A su vez, fijó las agencias en derecho a cargo de la actora
en la suma del 1% de las pretensiones de la demanda, en aplicación del numeral
3 del artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 1887 de 2003 de
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Recurso de apelación
La demandante8 apeló la sentencia de primera instancia para que se revoque y,
en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.
Consideró que la sentencia apelada incurrió en un defecto sustantivo porque se
limitó a afirmar que el artículo 122 del Estatuto Tributario era aplicable y desvirtuó
la aplicación del TLC celebrado entre Colombia y Estados Unidos, sin haber hecho
un desarrollo suficiente sobre las posiciones propuestas, que culminara en una
decisión fundamentada que demostrara un estudio minucioso del litigio.
Señaló que el a quo pasó por alto la discusión sobre el primer párrafo del artículo
22.3 del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Al respecto, dijo que debía
analizarse la aplicación de los literales a.) y b.) del tercer párrafo del artículo 22.3
del TLC, ya que existen dos excepciones a la excepción básica (el TLC no es
aplicable a medidas tributarias preexistentes), según las cuales las disposiciones
relativas al trato nacional y a los impuestos a las exportaciones del TLC sí son
aplicables a las medidas tributarias.
Enfatizó en que, de conformidad con el principio de trato nacional, «en las inversiones
realizadas en determinado territorio respecto de las realizadas por residentes en un mismo estado,
se debe evitar que sobre los primeros se causen contribuciones más onerosas que las que se
causan para los segundos», y que en virtud de este postulado no se puede discriminar
entre los servicios prestados por no residentes a residentes.
Manifestó que el tribunal de primera instancia incurrió en un defecto fáctico porque
omitió el estudio de las pruebas aportadas y solicitadas en este proceso. Al
respecto, dijo que era claro que las retenciones en la fuente que la actora incluyó
en su declaración de renta fueron certificadas por los agentes de retención y,
además, fueron efectivamente pagadas por Casa del Turismo S.A.S.
Recordó que si bien es cierto que bajo el inciso primero del artículo 17 del Decreto
406 de 2001 son los pagos susceptibles de ser ingreso tributario los que deben
8 SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 38.
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someterse a retención en la fuente (siendo sólo el pago de la comisión), también
lo es que la base de retención es el valor total de los pagos o abonos en cuenta.
Indicó que las aerolíneas Avianca y Copa certificaron que cuando los pagos se
hacen mediante tarjeta de crédito el pago se dispersa, es decir, que una parte llega
a la cuenta bancaria de la aerolínea y la otra parte a la cuenta de la demandante,
«en cuyo caso la retención en la fuente es practicada por la Entidad Financiera sobre la proporción
correspondiente a Casa del Turismo y a la Aerolínea» . Además, que cuando el pago se
hace mediante tarjeta débito no hay dispersión de fondos, de manera que «todo el
pago ingresa a las cuentas de Casa del Turismo -Agencia de Viajes- y la retención en la fuente es
practicada por la Entidad Financiera a Casa del Turismo sobre la totalidad del pago o abono en
cuenta».
Planteó que, para emitir el fallo de primera de instancia, no se tuvo en cuenta el
hecho de que las aerolíneas practicaron autorretenciones sobre los ingresos que
obtuvieron, al punto que las dedujeron en sus respectivas declaraciones de renta.
Así las cosas, señaló que Casa del Turismo no podía trasladar las practicadas por
las entidades financieras ya que estaría rechazando retenciones que legalmente
le pertenecían «y que las aerolíneas no buscan en la medida que estas ya practicaron las
propias».
Incluye imágenes de la certificación de Avianca S.A. y la certificación de Aero
Republica S.A. y señala que no entiende por qué el Tribunal mencionó que la
actora había tomado retenciones que no le pertenecían, cuando lo cierto es que
las aerolíneas afirmaron que le retuvieron a la demandante, por lo que, de seguir
con la argumentación del a quo, se estarían practicando retención dos veces por
una misma operación.
Se opuso a la condena en costas impuesta en primera instancia, puesto que en el
expediente no existen elementos probatorios que demuestren o justifiquen las
erogaciones por concepto de costas a cargo de la sociedad contribuyente. Añadió
que el litigio se resolvió con el menor esfuerzo posible y que debe tenerse en
cuenta que, en la actualidad, los procesos se adelantan virtualmente, de manera
que no se generan mayores gastos o ningún gasto a lo largo del trámite del
proceso judicial.
Recalcó que la sanción por inexactitud es improcedente, en la medida en que la
DIAN parte de dos hechos falsos. El primero es que el TLC celebrado entre
Colombia y Estados Unidos sí es aplicable frente al límite de la deducción
establecida en el artículo 122 del Estatuto Tributario, «por lo que es procedente la
cláusula de trato nacional». Y, el segundo, es que las retenciones tomadas por la
demandante cuentan «con un sustento jurídico y no pertenecen a las aerolíneas por lo que la
deducción tomada por este concepto en la declaración de renta es procedente».
Añadió que las cifras registradas en la declaración de renta se derivan de
operaciones reales que se encuentran debidamente soportadas y contabilizadas,
de ahí que no exista la inclusión de cifras inexistentes o inexactas. Que, en este
caso, existe una diferencia de criterios en cuanto al derecho aplicable, aspecto que
no configura una inexactitud sancionable.
Oposición al recurso de apelación
La demandada9 solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia. Insistió
que el TLC suscrito entre Colombia y Estados Unidos no prohíbe la aplicación de
9 SAMAI, índice 12.
9
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la limitación establecida en el artículo 122 del Estatuto Tributario y, en adición, que
las retenciones declaradas deben ser rechazadas porque la demandante no es la
titular de estas. De igual forma, sostuvo que la sanción por inexactitud era
procedente.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Publico10 solicitó confirmar la sentencia apelada. Consideró que la
sociedad demandante no demostró que los valores declarados como gastos
operacionales de ventas y retenciones en la fuente estuvieran bajo el amparo de
los artículos 29 del Decreto 3050 de 1997, 17 del Decreto 406 de 2001 y 374 del
Estatuto Tributario.
Indicó que, en su opinión, no es cierto que el TLC suscrito entre Colombia y
Estados Unidos modificara la legislación tributaria interna. En ese orden, dijo que
sí resulta aplicable el límite del 15% de la renta líquida respecto a los costos y, a
su vez, que no es posible declarar retenciones practicadas a terceros como
propias, pues las agencias de viaje sólo pueden declarar sumas retenidas sobre
el valor que ganan como comisionistas en la intermediación entre el viajero y los
oferentes de los planes turísticos.
Destacó que la sanción por inexactitud sí es procedente, pues no se presentó una
disparidad de criterios sobre el derecho aplicable y existió un engaño a la
Administración dada la claridad del tratamiento tributario al que están sometidos
los valores en discusión.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia de primera instancia, que denegó las
pretensiones de la demanda dirigidas a obtener la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales la DIAN modificó la declaración de renta de la
actora correspondiente al año gravable 2014 y le impuso sanción por inexactitud.
Las modificaciones al denuncio privado de la actora corresponden al rechazo de
(i) gastos operacionales de ventas por concepto de propaganda y publicidad en el
exterior, a los que no se les aplicó la limitación del 15% sobre la renta líquida y, de
(ii) retenciones que le certificaron a la actora, pero sobre ingresos recibidos de
terceros, que contrataron sus servicios de agenciamiento11.
En los términos del recurso de apelación, la Sala debe establecer si: (i) la sentencia
apelada incurrió en defecto sustantivo por aplicar el artículo 122 del Estatuto
Tributario, sin tener en cuenta las cláusulas de excepción de tributación y de trato
nacional previstas en el TLC suscrito con Estados Unidos, país donde se domicilia
el proveedor del servicio adquirido por la demandante, que originó el gasto
rechazado; (ii) en dicha providencia se configuró un defecto fáctico por desconocer
el valor probatorio de las certificaciones aportadas para demostrar las retenciones
en la fuente declaradas; (iii) procede la sanción de inexactitud y, finalmente, (iv) si
procede la condena en costas en ambas instancias.
10 SAMAI, índice 18.
11 Los terceros que contratan estos servicios son, entre otros, aerolíneas nacionales e internacionales,
hoteles nacionales y extranjeros, prestadores de servicios de asistencia médica a viajeros y renta de
vehículos en el país y en el exterior.
10
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Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala reiterará el criterio
jurisprudencial expuesto en la sentencia del 3 de agosto de 2023 (Exp. 27098, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto), puesto que constituye un precedente aplicable,
en la medida en que resolvió una controversia con similitud fáctica y jurídica a la
que aquí se discute, entre las mismas partes respecto al impuesto sobre la renta
del año 2013.
1. Inexistencia de defecto sustantivo en la sentencia impugnada. El
artículo 122 del Estatuto Tributario sí resulta aplicable.
Los gastos operaciones de ventas que se encuentran en discusión, corresponden
a pagos realizados por la actora a favor de Google INC, compañía que está
domiciliada en California, Estados Unidos, por concepto de la prestación de
«servicios de búsqueda en página web», para que el sitio web
«www.lostiquetesmasbaratos.com» apareciera entre las primeras opciones de su
plataforma cuando los usuarios marcan la expresión «tiquetes baratos». Según la
apelante, en la medida en que Google INC es una empresa estadounidense, al
servicio prestado le es aplicable el TLC suscrito entre Colombia y Estados Unidos.
El Tratado de Libre Comercio suscrito en Washington el 22 de noviembre de 2006,
aprobado por la Ley 1143 de 200712, recoge el Acuerdo de Promociones
Comerciales -Trade Promotion Agreement (TPA)-, sus «Cartas Adjuntas» y «Entendimientos».
Este tratado internacional fue objeto del «Protocolo Modificatorio» firmado en la misma
ciudad el 28 de junio de 2007, aprobado por la Ley 1166 de 2007. La Corte
Constitucional declaró exequibles las leyes aprobatorias mencionadas, mediante
las Sentencias C-750 y C-751 de 2008.
El tratado entró a regir el 15 de mayo de 2012, cuando se promulgó mediante el
Decreto 993 de la misma fecha13, y, en 23 capítulos, este presenta principios,
reglas, procedimientos, políticas económicas y medidas de impulso al comercio
internacional, con regulación de áreas específicas.
El capítulo 11 (Comercio Transfronterizo de Servicios) del mencionado TLC, liberalizó el
comercio de servicios transfronterizos entre las partes, estableciendo la no
discriminación entre proveedores nacionales y extranjeros en el comercio de
servicios bajo el propósito de ampliar y promocionar la internacionalización de las
relaciones económicas entre los dos países. Para ello, el artículo 11.14 de ese capítulo
definió el concepto de «comercio transfronterizo de servicios o suministro transfronterizo de
servicios» como «el suministro de un servicio: (a) del territorio de una Parte al territorio14 de otra
12 Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los
Estados Unidos de América”, sus “Cartas Adjuntas” y sus “Entendimientos”, suscritos en Washington el 22
de noviembre de 2006.
13
Por medio del cual se promulga el "Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los
Estados Unidos de América", sus "Cartas Adjuntas" y sus "Entendimientos", suscritos en Washington D.C.,
el 22 de noviembre de 2006, y el "Protocolo modificatorio al Acuerdo de promoción comercial Colombia-
Estados Unidos", suscrito en Washington D. C., el 28 de junio de 2007, y su "Carta Adjunta" de la misma
fecha.
14
TLC, Anexo 1.3. Definiciones específicas por país. “Territorio significa: (a) con respecto a Colombia,
además de su territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Isla de
Malpelo y todas las demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen, así como su espacio
aéreo, y las áreas marítimas sobre las que tiene soberanía o derechos soberanos o jurisdicción de
conformidad con su legislación interna y el derecho internacional, incluidos los tratados internacionales
aplicables; y (b) con respecto a los Estados Unidos, (i) el territorio aduanero de los Estados Unidos que
comprende los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, (ii) las zonas de comercio exterior
ubicadas en los Estados Unidos y Puerto Rico, y (iii) cualquier zona más allá del mar territorial de los
11
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Parte; (b) en el territorio de una Parte, por una persona de esa Parte, a una persona de otra Parte;
o (c) por un nacional de una Parte en el territorio de otra Parte».
A su vez, la anterior disposición definió «la empresa de una parte» como aquélla «organizada
o constituida de conformidad con la legislación de una Parte y las sucursales localizadas en el
territorio de esa Parte que lleven a cabo actividades comerciales en ese territorio» . Finalmente,
este TLC señaló que son «proveedores de servicios de una Parte» la «persona de esa Parte
que pretende suministrar o suministra un servicio15».
Ahora, encontramos que el capítulo 11 se aplica (según el artículo 11.1 del mismo)
a las medidas adoptadas o mantenidas por una parte, que afecten el comercio
transfronterizo de servicios suministrados por proveedores de servicios de otra
parte, entre las cuales se incluyen las que afectan: «(b) la compra o uso de, o el pago
por, un servicio; (c) el acceso a y uso de sistemas de distribución, transporte o redes de
telecomunicaciones y los servicios relacionados con el suministro de un servicio». En este
contexto se establecieron los principios de trato nacional [11.2] y trato de la nación
más favorecida [11.3]16.
Así mismo, hay que señalar que el artículo 15.2 del tratado precisó que las medidas
que afectaban el suministro de un servicio provisto electrónicamente están
cobijadas por el capítulo 11 (Comercio Transfronterizo de servicios), e igualmente sujetas
a las excepciones o medidas disconformes establecidas en el TLC.
En cuanto a esto último, el capítulo 22 del TLC estableció excepciones a la
regulación del mismo, entre ellas a la dispuesta en el artículo 22.3 sobre
«Tributación», así:
«1. Salvo lo dispuesto en este Artículo, ninguna disposición de este Acuerdo se
aplicará a “medidas tributarias”; (…)
4. Sujeto al párrafo 2:
(a) el Artículo 11.2 (Trato Nacional) y el Artículo 12.2 (Trato Nacional), se aplicarán a las
medidas tributarias sobre la renta, ganancias de capital, o sobre el capital gravable de
las empresas referentes a la adquisición o al consumo de servicios específicos, salvo
que nada de lo dispuesto en este subpárrafo impedirá a una Parte a condicionar la
recepción o continuación de la recepción de una ventaja relacionada con la adquisición
o el consumo de servicios específicos, al requisito de suministrar el servicio en su
territorio, y
Estados Unidos dentro del cual, de acuerdo con el derecho internacional y la legislación interna, los
Estados Unidos puede ejercer sus derechos con respecto al fondo y subsuelo marinos y sus recursos
naturales”.
15 Para propósitos de los Artículos 11.2 y 11.3, “proveedores de servicios” tiene el mismo significado que
“servicios y proveedores de servicios” como se usa en los Artículos II y XVII del AGCS.
16
Conforme al principio de trato nacional, «1. Cada Parte16 otorgará a los proveedores de servicios de otra
Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus proveedores de
servicios; 2. El trato otorgado por una Parte de conformidad con el párrafo 1 significa, respecto a un nivel
regional de gobierno, un trato no menos favorable que el trato más favorable que ese nivel regional de
gobierno otorgue, en circunstancias similares, a los proveedores de servicios de la Parte de la cual forma
parte integrante» y, en virtud del principio de trato nacional, «Ninguna Parte otorgará reconocimiento de
manera tal que constituya un medio de discriminación entre los países en la aplicación de sus normas o
criterios para la autorización, concesión de licencias o certificación de proveedores de servicios, o una
restricción encubierta al comercio de servicios».
Conforme al primero, «1. Cada Parte16 otorgará a los proveedores de servicios de otra Parte un trato no
menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus proveedores de servicios; 2. El
trato otorgado por una Parte de conformidad con el párrafo 1 significa, respecto a un nivel regional de
gobierno, un trato no menos favorable que el trato más favorable que ese nivel regional de gobierno
otorgue, en circunstancias similares, a los proveedores de servicios de la Parte de la cual forma parte
integrante» y, en virtud del segundo, «Ninguna Parte otorgará reconocimiento de manera tal que constituya
un medio de discriminación entre los países en la aplicación de sus normas o criterios para la autorización,
concesión de licencias o certificación de proveedores de servicios, o una restricción encubierta al comercio
de servicios».
12
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(b) los Artículos 10.3 (Trato Nacional) y 10.4 (Trato de Nación Más Favorecida), los
Artículos 11.2 (Trato Nacional) y 11.3 (Trato de Nación Más Favorecida) y los Artículos
12.2 (Trato Nacional) y 12.3 (Trato de Nación Más Favorecida) se aplicarán a todas las
medidas tributarias, salvo a aquellas sobre la renta, ganancias de capital, o sobre
capital gravable de las compañías, impuestos sobre el patrimonio, sucesiones,
donaciones y las transferencias con salto de generaciones (generation-skipping
transfers).” Excepto que nada de lo dispuesto en los Artículos referidos en los
subpárrafos (a) y (b) aplicará: (…) (d) a ninguna disposición disconforme de
cualquier medida tributaria existente; (…) (g) a la adopción o ejecución de
cualquier medida tributaria encaminada a asegurar la aplicación y recaudación
de impuestos de manera equitativa o efectiva (según lo permitido por el Artículo
XIV(d) del AGCS) (…)».
Ahora bien, considerando que, de acuerdo con las definiciones generales del TLC,
el concepto de medida tributaria «incluye cualquier ley, reglamento, procedimiento, requisito
o práctica», el artículo 122 del Estatuto Tributario estaría comprendido dentro de ese
concepto, y por tanto resulta relevante establecer si la aplicación del mismo se
vería afectada bajo los principios de trato nacional [11.2] y trato de la nación más
favorecida [11.3], o continuará siendo aplicado en virtud de lo dispuesto en el
numeral 4 del artículo 22.3 del tratado.
Sobre lo anterior, en la sentencia del 3 de agosto de 2023 (Exp. 27098, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto) esta Sección consideró:
«En el marco del numeral 4 del artículo 22.3 del TLC, no puede abrirse paso la aplicación
preferente del trato nacional más favorable para la determinación de la base de cálculo del
impuesto de renta a cargo del adquirente de servicios procedentes de los países celebrantes
del TLC, sobre la limitación del 15 % de la renta líquida gravable computada antes de
descontar los costos o deducciones por expensas en el exterior para la obtención de rentas
obtenidas dentro del país.
En efecto, el artículo 122 del ET17, vigente para la época de los hechos18, dispuso que «los
costos o deducciones por expensas en el exterior para la obtención de rentas de fuente
dentro del país, no pueden exceder del quince por ciento (15 %) de la renta líquida del
contribuyente, computada antes de descontar tales costos o deducciones, salvo cuando se
trate de los pagos expresamente enumerados en la misma norma19».
Tal limitación en la deducibilidad de costos o deducciones se mantiene vigente frente al
principio de trato nacional, tornándose improcedentes los gastos operacionales en ventas
declarados por pagos a Google INC sobre los servicios de propaganda, publicidad y
búsqueda que le prestó a la sociedad colombiana demandante, por cuenta de la limitante
legal impuesta por el artículo 122 del ET.
Y es que el literal d) del numeral 4 del artículo 22.3 del TLC limita la aplicación del principio
de trato nacional, pues la limitación de costos y deducciones por expensas en el exterior del
15 % operaba desde antes de la modificación introducida por la Ley 223 de 199520, es decir,
17 La Ley 1819 de 2016 modificó dicha norma legal.
18
Declaración presentada el 9 de abril de 2014 y corregida el 28 de noviembre del mismo año.
19 Aquellos respecto de los cuales sea obligatoria la retención en la fuente; los previstos en los literales a) y
b) del artículo 121 del ET; los ingresos obtenidos en el exterior que no se consideran renta nacional del
artículo 25 ib; los pagos o abonos en cuenta por adquisición de cualquier clase de bienes corporales;
los costos y gastos que se capitalizan para su amortización posterior de acuerdo con las normas de
contabilidad generalmente aceptadas, o los que deban activarse de acuerdo con tales normas; los
propiciados en cumplimiento de una obligación legal, como los servicios de certificación aduanera; y los
intereses sobre créditos otorgados a contribuyentes residentes en el país por parte de organismos
multilaterales de crédito, a cuyo acto constitutivo haya adherido Colombia, siempre y cuando se encuentre
vigente y en él se establezca que el respectivo organismo multilateral está exento de impuesto sobre la
renta.
20 Antes de esta normativa, la norma original del ET preveía la deducción por gastos en el exterior para la
obtención de rentas de fuente dentro del país no podía exceder del 10 % de la renta líquida de la
contribuyente computada antes de deducir tales gastos, salvo tratándose de los pagos establecidos en la
misma norma.
13
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antes del 15 de mayo de 2012, fecha en la que el TLC entró a regir por la promulgación
mediante Decreto 993 de la misma fecha; de modo que constituye una medida tributaria
existente para efecto del impuesto nacional de renta.
Como tal, la aplicación del citado principio está sujeto a las excepciones previstas en el
referido literal d), esto es «Excepto que nada de lo dispuesto en los Artículos referidos
en los subpárrafos (a) y (b) aplicará: (…) d) a ninguna disposición disconforme de
cualquier medida tributaria existente», como lo es la previsión del artículo 122 del Estatuto
Tributario que, como se explicó, es anterior a la entrada en vigor del Tratado.
De la misma forma, tampoco aplicará a la ejecución de «cualquier medida tributaria
encaminada a asegurar la aplicación y recaudación de impuestos de manera equitativa
o efectiva»21, como lo es la incorporada en el artículo 122 Ib., cuya regulación asegura la
tributación equitativa y efectiva del impuesto de renta por expensas en el exterior, y que, en
el caso de los servicios transfronterizos afecta a quien los usufructúa, sin extenderse al
proveedor de los mismos y al carácter único de los servicios». (Subrayado y énfasis del texto
original).
Por todo lo anterior, aunado al hecho de que la demandante no probó que el gasto
en discusión no excediera el límite previsto en el artículo 122 del Estatuto
Tributario, se niega el cargo de apelación y se confirma el rechazo de la deducción
del renglón «gastos operacionales en ventas».
2. Inexistencia del defecto fáctico en la sentencia apelada
La Administración rechazó retenciones en la fuente por concepto de pagos con
tarjetas de crédito o débito practicadas por entidades financieras, porque, a su
parecer, correspondían a retenciones sobre ingresos de propiedad de terceros (i.e.
aerolíneas, hoteles, entre otros), que la actora recibía en calidad de mandataria, en
desarrollo de los contratos de agencia comercial que celebró con los terceros
mencionados.
Según la apelante, el a quo reprodujo dicho argumento en la sentencia apelada sin
considerar la dinámica de los pagos hechos a las aerolíneas mediante tarjetas
débito y crédito, ni el hecho de que esas compañías son autorretenedoras sobre
sus propios ingresos, por lo cual tomaron sus propias retenciones como deducibles
en sus respectivas declaraciones de renta, y no las certificadas a la apelante. De
igual forma, la apelante considera que el a quo tampoco tuvo en cuenta las
certificaciones que demuestran las retenciones practicadas por entidades
bancarias a la actora en el año gravable 2014.
Para resolver se tiene que, según el artículo 17 del Decreto 406 de 201122,
incorporado al artículo 1.3.2.1.8 del Decreto Único Tributario 1625 de octubre de
21 “Art. 22.3. Tributación: 1. Salvo lo dispuesto en este Artículo, ninguna disposición de este Acuerdo se
aplicará a medidas tributarias.
2. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo afectará los derechos y las obligaciones de cualquier
Parte bajo cualquier convenio tributario (…)
4. Sujeto al párrafo 2(a) el Artículo 11.2 (Trato Nacional) y el Artículo 12.2 (Trato Nacional), se aplicarán
a las medidas tributarias sobre la renta, (…)
(b) los Artículos 10.3 (Trato Nacional) y 10.4 (Trato de Nación Más Favorecida), los Artículos 11.2 (Trato
Nacional) y 11.3 (Trato de Nación Más Favorecida) y los Artículos 12.2 (Trato Nacional) y 12.3 (Trato
de Nación Más Favorecida) se aplicarán a todas las medidas tributarias, salvo a aquellas sobre la renta,
ganancias de capital, o sobre capital gravable de las compañías, impuestos sobre el patrimonio,
sucesiones, donaciones y las transferencias con salto de generaciones (generation-skipping transfers),
excepto que nada de lo dispuesto en los Artículos referidos en los subpárrafos (a) y (b) aplicará: (…)
(d) a ninguna disposición disconforme de cualquier medida tributaria existente; (…)
g) a la adopción o ejecución de cualquier medida tributaria encaminada a asegurar la aplicación y
recaudación de impuestos de manera equitativa o efectiva (según lo permitido por el Artículo XIV(d)
del AGCS);”
22 Por medio del cual se reglamentan parcialmente la Ley 633 de 2000 y el Estatuto Tributario
14
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2016, cuando se reciben pagos por ventas de bienes o servicios a través de los
sistemas de tarjetas de crédito y/o débito, las entidades emisoras de dichas
tarjetas deben practicar la retención en la fuente, en el momento del
correspondiente pago o abono que realicen los terceros a las personas o
establecimientos afiliados, sobre el valor total de los pagos o abonos efectuados
sin incluir el IVA generado en la operación (en caso de ser gravada) y antes de
descontar la comisión que corresponde a la emisora de la tarjeta23.
Sobre la interpretación del articulo 17 mencionado, la Sección señaló lo siguiente
en la sentencia del 3 de agosto de 2023 (Exp. 27098, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto): «Una interpretación armónica entre los incisos primero y segundo de dicha
norma permite entender que la referencia al valor total de los pagos o abonos sobre los que se
autoriza practicar la retención en la fuente, es un descriptor de la base sobre la cual debe
practicarse la retención del 1.5 % respecto de los pagos o abonos hechos al contribuyente y que,
en la medida de constituir ingreso tributario a su favor, están sujetos a retención a título de renta».
Ahora bien, en los casos en los que se reciban ingresos de propiedad de terceros
en virtud de un contrato de mandato, el artículo 29 del Decreto 3050 de 1997
establece que el mandatario deberá identificar en su contabilidad los ingresos
recibidos para el mandate, así como las retenciones que efectuaron los terceros
sobre dichos ingresos. Por consiguiente, el mandante registrará en su declaración
de renta los ingresos, costos, deducciones, impuestos descontables y retenciones
en la fuente, según la información suministrada por el mandatario. En ese orden
ideas, las retenciones en la fuente certificadas por terceros y que fueron
practicadas sobre ingresos que recibe el mandatario a nombre del mandante, le
corresponden, única y exclusivamente, a este último.
Descendiendo al caso concreto, en el plenario obran los siguientes elementos
probatorios:
• El certificado de existencia y representación la demandante indica como objeto «1)
La celebración “con las diferentes aerolíneas nacionales o internacionales contratos
de agenciamiento de sus productos. 2) Comprar y vender tiquetes aéreos, terrestres
o marítimos, así como los servicios turísticos que requieran los compradores; 3)
Agenciamiento y manejo de servicios postales y la prestación del transporte y
distribución de los mismos. 4) cualquier operación comercial, industrial o financiera
que la junta de socios determine»24; concordantemente, está inscrita en el RUT con
la actividad principal de «agencia de viajes»; en el registro nacional de turismo como
una agencia nacional de turismo25 y en la Asociación de Transporte Aéreo como
agente de productos26.
• En desarrollo de su objeto social, la actora suscribió contratos de agencia con
diferentes aerolíneas, quienes le encargaron la venta a nombre y por cuenta suya,
en forma independiente, del servicio de transporte aéreo de pasajeros en los
servicios nacionales e internacionales explotados por aquéllas o combinados con
23 Los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para los contribuyentes del
impuesto sobre la renta, por concepto de ventas de bienes o servicios realizadas a través de los sistemas
de tarjetas de crédito y/o débito, están sometidos a retención en la fuente a la tarifa del uno punto cinco
por ciento (1.5%).
La retención deberá ser practicada por las respectivas entidades emisoras de las tarjetas de crédito y/o
débito, en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a las personas o establecimientos
afiliados, sobre el valor total de los pagos o abonos efectuados, antes de descontar la comisión que
corresponde a la emisora de la tarjeta y descontado el impuesto sobre las ventas generado por la operación
gravada.
24 Fls. 36 vlto y 37 del cuaderno principal.
25 Fl. 88 de los antecedentes administrativos.
26 Fl. 89 de los antecedentes administrativos.
15
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servicios de conexión con compañías interlineales. Adicionalmente, se pactó el
cumplimiento de un mandato sujeto a las regulaciones de las aerolíneas, bajo
responsabilidad del agente, a cambio de una comisión sobre el valor de tiquetes u
órdenes de pasajes, sin perjuicio de una remuneración adicional bajo cualquier
denominación, con vigencia temporal o por el término de duración del contrato, y
con cualquier periodicidad en el pago.
• En la inspección tributaria del 29 de febrero de 201627, se indicó que los ingresos de
la actora corresponden en su mayoría a comisiones, más una tarifa administrativa
por expedición de tiquetes. También se precisó que la contribuyente factura a sus
clientes la venta por la totalidad de los servicios que prestan aerolíneas y operadores
turísticos, incluyendo el valor de la comisión, que es su ingreso por intermediación.
Además, que los clientes pagan el valor total de la venta en la plataforma virtual y
que, consecuencialmente, la actora recauda dineros a nombre de las aerolíneas,
hoteles, prestadores de servicios de asistencia médica y renta de vehículos28. Según
la DIAN, una vez confirmados los pagos, la contribuyente se los reembolsa a los
respectivos terceros, dejando el ingreso que le corresponde por comisión y tarifa
administrativa.
• En la respuesta de AVIANCA S.A. STAR ALLIANCE MEMBER al requerimiento
ordinario de información de la DIAN, dicha compañía indicó el tratamiento de las
retenciones en la fuente practicadas por entidades financieras al pago con tarjetas
crédito y débito de tiquetes aéreos, para lo cual adjuntó la relación de retenciones
practicadas en el año 201429 y explicó que «las agencias venden tiquetes a nombre de
Avianca, a través de contrato de agencia; que cuando la agencia vende tiquetes pagados
con tarjeta de crédito el dinero ingresa a las cuentas bancarias de Avianca y la
retención en la fuente practicada por la entidad financiera es certificada directamente
a nombre de la misma aerolínea; y que cuando los pagos se hacen por tarjeta débito
no ingresan a las cuentas bancarias de Avianca, desconociéndose el tratamiento de
retenciones que por ese concepto las entidades financieras practican a la agencia». (Énfasis
de la Sala).
• Anexo a la demanda, la actora aportó dos tipos de certificados de retención en la
fuente: unos relacionados con la retención practicada por la actora sobre ingresos
realizados en cabeza de terceros y otros asociados con la retención en la fuente que
terceros (i. e. entidades bancarias y aerolíneas, entre otros) le practicaron a la
actora. Para lo que interesa a este caso concreto, el valor total de las retenciones
informadas en este segundo tipo de certificados equivale a $2.840.588.889, de los
cuales $2.723.446.785 corresponde a retenciones en la fuente a la tarifa del 1.5%,
practicadas por entidades financieras sobre pagos realizados mediante tarjetas
crédito y débito.
• En efecto, la certificación del Banco de Bogotá del 15 de febrero de 201530 precisó
que el pago hecho a la demandante durante el año gravable 2014, por concepto de
venta de bienes o prestación de servicios pagados a través del sistema de tarjetas,
ascendió a la suma bruta de $157.894.469.578, consignada en la cuenta corriente
Nro. 391059755, y que durante este mismo año le practicó retención en la fuente
por valor de $2.362.067.265, calculado sobre una base de $157.470.426.162. Al
dividir la retención practicada sobre la base, se encuentra que la tarifa aplicada
correspondió al 1.5%.
• De igual forma, el 3 de febrero de 2015, Davivienda certificó que la actora presentó
saldos por ventas efectuadas mediante el sistema de tarjeta de crédito Diners Club
durante el año 2014, y que, a una base de $1.960.043.927, le practicó retención en
27 Fls. 583 a 597 de los antecedentes administrativos.
28 Fls. 671-677, c. p. 1 y síntesis gráfica de la problemática sobre retención practicada por el Banco a la
Agencia, en exceso en fls. 92 a 98 del mismo cuaderno.
29 Fls. 141 del cuaderno de antecedentes administrativos.
30 Fl. 213 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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la fuente del 1.5 % correspondiente a $29.400.608, consignada en Bogotá a la
Administración de Impuestos de Grandes Contribuyentes31.
• El 11 de marzo de 2015, Compañía de Financiamiento Tuya S.A. certificó que,
durante el año gravable 2014, practicó a la apelante retenciones por compras con
tarjeta de crédito a una tarifa del 1.5% por $23.853.757, sobre una base de retención
de $1.590.250.54532.
• El 20 de febrero de 2015, Bancolombia S.A. certificó haberle practicado retenciones
en la fuente a la demandante, sobre los ingresos de tarjetas débito y crédito, por
valor de $308.125.155, sobre una base de $20.541.586.17533.
• Finalmente, se observa que, en la demanda, se solicitó requerir a AEROVÍAS DEL
CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA, LAN COLOMBIA AIRLINES S.A. y COPA
AIRLINES COLOMBIA S.A. para que certificaran «si incluyeron en su declaración del
impuesto sobre la renta del año 2012, retenciones en la fuente que le fueron practicadas a
CASA DEL TURISMO COLOMBIA S.A.S. por Bancolombia y el Banco de Bogotá en
aplicación del Artículo 17 del Decreto 406 de 2001». Igualmente, solicitó que se requiriera
a esas mismas compañías para que certificaran «los valores de la autorretención en la
fuente que se practicaron por los pagos que les hizo CASA DEL TURISMO COLOMBIA
S.A.S. por la venta de tiquetes aéreos entre el primero de en enero y el 31 de diciembre de
2012». (Subrayado de la Sala).
• Con ocasión de esa solicitud, en la audiencia de pruebas el Tribunal de primera
instancia ordenó requerir a las compañías mencionadas en esos términos, es decir,
en relación con las retenciones y autorretenciones del año gravable 2012.
De conformidad con lo probado en el expediente, la Sala comienza por señalar
que las pruebas solicitadas y decretadas por el Tribunal en la audiencia inicial
carecen de pertinencia y utilidad, en la medida en que se refieren al impuesto sobre
la renta del año 2012, que no sobre el año gravable 2014, objeto de discusión. En
consecuencia, contrario a lo señalado por la apelante, no es posible aducir un
defecto fáctico en la sentencia impugnada por la no valoración de estas pruebas,
más aún cuando en el recurso de apelación no se incluyó ningún argumento
encaminado a demostrar que, en caso de haberlas tenido en cuenta, la decisión
del Tribunal hubiese sido diferente.
De otro lado, si bien en la respuesta otorgada por AVIANCA S.A. al requerimiento
ordinario elevado por la Administración, dicha compañía explicó el tratamiento
diferenciado que se le daba a los pagos realizados mediante la plataforma virtual
de la actora, dependiendo de si se habían efectuado mediante tarjetas crédito o
tarjeta débito34, indicando que, en el primer caso, la entidad financiera consignaba
directamente los pagos a la aerolínea y le practicaba retención en la fuente a esta
(con lo cual no harían parte de los certificado a la actora), mientras que en el
segundo caso los pagos no ingresaban a la cuenta de dicha aerolínea, la Sala
encuentra que no existen pruebas adicionales que permitan corroborar esta
información en el sentido de entender la magnitud de lo explicado en relación con
la actora y para el año gravable fiscalizado 2014. Por ejemplo, dentro de las 4
certificaciones que están en el expediente emitidas por entidades financieras no
se puede diferenciar cuánto corresponde a pagos con tarjeta de crédito y con
31 Fl. 221 del cuaderno de antecedentes administrativos.
32 Archivo denominado “Certificado Retención en la Fuente – Renta 2014”, página 77.
33 Archivo denominado “Certificado Retención en la Fuente – Renta 2014”, página 78.
34 Esto es, que respecto a los pagos con tarjeta crédito la entidad bancaria respectiva practicaba de forma
individual la retención sobre la comisión correspondiente al ingreso de la contribuyente y a los ingresos de
las aerolíneas, lo cual era certificado a esta y aquellas en el monto correspondiente. Por su parte, para los
pagos con tarjetas débito, la retención se hacía sobre la totalidad de estos, sin discriminación.
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tarjeta débito, para tener una idea de si lo primero correspondía en su totalidad a
la actora.
Así las cosas, y especial consideración a que sí está probado y no es discutido por
las partes que la actora recibió ingresos de terceros, la Sala reitera que
«Independientemente de que la retención respecto de la agencia demandante deba o no recaer
únicamente sobre la tarifa administrativa o la comisión constitutiva de su ingreso, o que todo saldo
del pago electrónico recibido por encima de ese ingreso deba excluirse de la base gravable para
liquidarla, es claro que la contabilidad de la agencia, de acuerdo con el artículo 29 del Decreto 3050
de 1997, debe reflejar el traslado de los ingresos recibidos para terceros a los proveedores, junto
con las retenciones en la fuente asociadas»35. Ni en el plenario, ni en la demanda, tampoco
en el recurso de apelación se observa que la demandante haya acreditado, en su
contabilidad y/o haciendo una conciliación con los certificados de retención (como
documento externo), cuántos de los pagos recibidos con tarjeta de crédito y débito
registró como ingresos propios, junto con sus respectivas retenciones, y cuánto
trasladó de esos pagos por concepto de ingresos recibidos para terceros, junto
con las retenciones en la fuente que le correspondían a los mismos.
En este punto, vale la pena manifestar que, al margen del mérito probatorio de las
certificaciones aportadas para acreditar el impuesto retenido expedidas por parte
de las entidades bancarias, que de paso muestran una base de retención superior
a los ingresos reportados por la apelante confirmando que la misma recibe
ingresos por terceros, lo cierto es que no puede pasarse por alto que parte de
dichas retenciones no le correspondían a la demandante, razón por la cual no es
posible validar su apropiación.
Esto es así, porque en el expediente no existe prueba que acreditara el tratamiento
pormenorizado en materia de retenciones en la fuente aplicable a los pagos
realizados mediante tarjeta crédito o débito, en orden a distinguir si tales
retenciones recaían o no sobre la totalidad de los ingresos de la compañía (i. e.
comisiones), pese a la comprobación especial solicitada por la DIAN. Y, lo más
relevante, porque la condición de mandataria de Casa del Turismo le imponía
trasladar las retenciones correspondientes a las aerolíneas mandatarias y otros
terceros. Sin embargo, en el expediente no existe ninguna prueba que así lo
acredite.
En ese contexto, las anteriores razones bastan para aceptar el rechazo de las
retenciones declaradas y negar las pretensiones de la demandante, como en
efecto lo dispuso el Tribunal, por encontrar procedentes las modificaciones
dispuestas por los actos demandados.
3. Condena en costas
La apelante única discute la condena en costas impuesta en su contra en primera
instancia porque, a su parecer, no existen elementos probatorios que demuestren
su causación.
Al respecto, el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso dispone
que «Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación». Así las cosas, una vez revisado el expediente, se advierte que
no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 3 de agosto de
2023 (Exp. 27098, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto).
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concepto de costas. Por consiguiente, no es procedente la condena en costas en
primera instancia, razón la cual se revocará el ordinal segundo de la sentencia
impugnada.
Por la misma razón, esto es la falta de pruebas sobre la causación de las costas,
no se condenará por este concepto en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 2 de febrero de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2. Confirmar en lo demás la sentencia impugnada
3. Sin condena en costas en ambas instancias.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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