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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00081-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00081-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 1° de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, en atención a lo dispuesto en esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante, conforme lo indicado en la parte motiva. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-00081-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 002 2018 00081 01 (0195-2023)
Demandante: Nubia Erlinda Paz Cuchala
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Temas: Reliquidación pensión de sobrevivientes. Decreto 1212 de
19901.
Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 1° de septiembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda2
2. La demandante, mediante apoderado, solicitó declarar la nulidad del Oficio S–
2017–026312/ARPRE–GRUPE – 1.10 del 13 de junio de 2017, que negó la
reliquidación de la pensión de sobrevivientes en cuantía del 100%. Así mismo, se
declare vía excepción de ilegalidad y/o inconstitucionalidad la expresión “doce (12)
o más años” contenida en el artículo 165 literal C del Decreto 1212 de 19903; y la
expresión “incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez” contenida en
el artículo 161 del Decreto 1212 de 19904; o en su defecto se aplique
constitucionalidad condicionada a la parte subrayada en el entendido, que también
incluye a los fallecidos.

3. A título de restablecimiento del derecho se condene a la entidad a reconocer y
pagar a la demandante el reajuste de la pensión de sobrevivientes en cuantía del
100%, así como el retroactivo que se cause a su favor producto de la reliquidación
pretendida, sumas que deben ser indexadas y actualizadas. Se dé cumplimiento a
la sentencia en los términos ordenados por el C.P.A.C.A., de no ser así se condene
al pago de intereses moratorios y de las costas del proceso.

2.2. Hechos que fundamentan la demanda
3. El agente Alirio Hernán Pinza Jojoa prestó sus servicios a la Policía Nacional, su

1
Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional
2
Folios 16 – 26 del expediente
3 “Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión
mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de
servicio del causante”
4 INCAPACIDAD ABSOLUTA EN ACTOS MERITORIOS AL SERVICIO. Si la incapacidad absoluta y permanente o gran
invalidez de que trata el Artículo anterior, fueren consecuencia de heridas en el acto meritorio del servicio, en combate, como
consecuencia de la acción del enemigo o en conflicto internacional o en tareas del mantenimiento o restablecimiento del orden
público interno, el oficial o suboficial tendrá derecho a (…)”.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 002 2018 00081 01 (0195-2023)
Demandante: Nubia Erlinda Paz Cuchala

deceso fue calificado en actos especiales del servicio, razón por la cual fue
ascendido al grado de cabo segundo; como consecuencia de su muerte a sus
beneficiarios le fue reconocida pensión de sobrevivientes en cuantía del 50% de los
haberes devengados por un cabo segundo, a saber 15% de la prima de actividad y
16% de la prima de actualización, con fundamento en el Decreto 1212 de 1990.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
4. Señaló que a la demandante le asiste el derecho a que la pensión de
sobrevivientes de la cual es beneficiaria sea liquidada en cuantía del 100% de
conformidad con el literal c del artículo 161 del Decreto 1212 de 1990 inaplicando
por inconstitucional la expresión “si la incapacidad absoluta y permanente o gran
invalidez”, que impone un trato desigual respecto a los beneficiarios de los
uniformados fallecidos en actos especiales del servicio, a quienes se ordena
reconocer la pensión de sobrevivientes en cuantía del 50% de lo devengado
siempre y cuando acrediten 12 años de servicio.

5. Alegó violación al principio de igualdad por iniquidad manifiesta, razón por la cual
solicita realizar un test severo de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que la
diferenciación que existe entre el personal con incapacidad absoluta o permanente
respecto al fallecido en actos especiales del servicio afecta el goce de derechos
fundamentales y compromete el mínimo vital.

1.4. Contestación de la demanda5
6. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional contestó en tiempo la
demanda y se opuso a las súplicas incoadas; expuso que, con ocasión al deceso
del agente Alirio Hernán Pinza Jojoa, fue ascendido en forma póstuma al grado de
cabo segundo, razón por la cual sus beneficiarios tenían derecho al reconocimiento
de una pensión de sobrevivientes liquidada sobre el 50% del salario del grado al
cual fue ascendido, por tanto, no existe desconocimiento de derechos prestaciones.

1.5. Sentencia de primera instancia6
7. En sentencia proferida el 1 de septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
parte vencida, con tal fin señaló que el fallecimiento del señor Alirio Hernán Pinza
Jojoa se calificó en actos especiales del servicio, razón por la cual se le concedió el
ascenso póstumo al grado de cabo segundo y a sus beneficiarios se les reconoció
indemnización por muerte, auxilio de cesantías y pensión de sobrevivientes. El
régimen prestacional aplicable para el reconocimiento de las prestaciones causadas
por el deceso del uniformado corresponde al Decreto 1212 de 1990, concretamente
el literal d) del artículo 154 y para su liquidación el artículo 140 ibidem.

8. Explicó que, en atención a que el señor Pinza Jojoa completó 11 años, 3 meses
y 29 días de servicio en la Policía Nacional, la mesada de sobrevivientes se debía
reconocer en cuantía del 50% de las partidas legalmente computables, como en
efecto se hizo, razón por la cual no le asiste derecho a la reliquidación en cuantía
del 100%.

9. En relación con la pretensión de inaplicación por inconstitucional de la frase
“doce (12) o más años” contenida en el literal c) del artículo165 del Decreto 1212 de
1990, indicó que dicho literal no fue aplicado para resolver la situación prestacional
de la demandante, razón por la cual no ameritaba su análisis. De otra parte y en

5
Folios 60 - 65 del expediente
6
Folios 102 – 107 del expediente

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 002 2018 00081 01 (0195-2023)
Demandante: Nubia Erlinda Paz Cuchala

relación con la frase contenida en el artículo 161 del Decreto 1212 de 1990
“incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez”, aclaró que el supuesto fáctico
que dio lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes corresponde a la
muerte del señor Pinza Jojoa en actos especiales del servicio, por tanto, no es
posible modificar o variar los supuestos de hecho para hablar de una incapacidad
absoluta, circunstancia que lleva a negar las pretensiones formuladas.

1.6. Recurso de apelación7
10. A través de apoderado, la demandante solicitó revocar la sentencia y en su lugar
acceder a las pretensiones, en ese orden, reiteró los argumentos expuestos en la
demanda y señaló que no se tuvo en cuenta la inaplicación por ilegalidad o
inconstitucionalidad de las expresiones “12 o más años” contenida en el literal C del
artículo 165 del Decreto 1212 de 1990 y “incapacidad absoluta y permanente o gran
invalidez” prevista en el artículo 161 ibidem, en atención a que el tribunal realizó un
test simple de inconstitucionalidad cuando lo que en realidad correspondía era
realizar un test severo en atención a la vulneración de los derechos fundamentales
de la demandante.

11. Finalmente señaló que la condena en costas debe imponerse con fundamento
en criterios objetivos y verificables, en consecuencia y teniendo en cuenta que la
parte demandada no demostró o acreditó la concurrencia de gastos en esta
instancia, el tribunal debió abstenerse de imponerlas.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
12. El 20 de octubre de 2023, se admitió el recurso de apelación8 y por auto del 13
de febrero de 2024, se ordenó correr traslado a las partes para alegar de
conclusión9. En el término otorgado la entidad demandada presentó escrito en el
que solicitó confirmar la sentencia que negó las pretensiones de la demanda10.

13. La parte demandante, el agente del Ministerio Público y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, guardaron silencio.

14. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
15. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo11, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso12, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante.

2.2. Del problema jurídico
16. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si a la señora Nubia Erlinda
Paz Cuchala le asiste o no el derecho a la reliquidación de la pensión de
sobrevivientes que le fue reconocida con ocasión del deceso de su esposo Alirio

7
Expediente digital primera instancia índice SAMAI 34
8
Expediente segunda instancia índice 4 de la plataforma SAMAI
9
Expediente segunda instancia índice 11 de la plataforma SAMAI
10
Expediente segunda instancia índice 15 de la plataforma SAMAI
11
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
12
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 002 2018 00081 01 (0195-2023)
Demandante: Nubia Erlinda Paz Cuchala

Hernán Pinza Jojoa, en cuantía del 100% de lo devengado en el grado al que fue
ascendido póstumamente – cabo segundo. E igualmente deberá determinarse si
hay lugar a revocar la condena en costas impuesta por el a quo.

2.3. Normas aplicables al asunto
2.3. Sobre las prestaciones por causa de muerte reconocidas a favor de los
uniformados de la Policía Nacional
17. En primer lugar, el artículo 123 del Decreto 1213 de 199013, ordena que a la

muerte de un agente de la Polía Nacional en actos especiales del servicio, bebe ser
ascendido en forma póstuma al grado de cabo segundo cualquiera sea el tiempo de
servicio.

18. En este sentido, de conformidad con el artículo 5 del Decreto 1791 de 200014,
dentro de la carrera de suboficiales de la Policía Nacional se encuentra el grado
de cabo segundo, veamos:

«Artículo 5. Jerarquía. La jerarquía de los Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales,
Agentes y Patrulleros de Policía de la Policía Nacional, para efectos administrativos,
operacionales, de mando, régimen disciplinario, justicia penal militar y policial, además
que para todos los derechos y obligaciones consagrados en el régimen especial de
carrera de la Policía Nacional, comprende los siguientes grados:
(…)
3. Suboficiales
a) Sargento Mayor
b) Sargento Primero
c) Sargento Viceprimero
d) Sargento Segundo
e) Cabo Primero
f) Cabo Segundo»

19. Aclarado lo anterior, en relación con las prestaciones causadas por la muerte
de un oficinal o suboficial de la Policía Nacional en actos especiales del servicio, el
artículo 165 del Decreto 1212 de 199015, señala:

«Artículo 165. Muerte En Actos Especiales Del Servicio. A partir de la vigencia del
presente Estatuto, el Oficial o Suboficial de la Policía Nacional que muera en servicio
activo, en actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la acción
del enemigo bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento o restablecimiento
del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior,
cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el
orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente
a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante,
tomando como base las partidas señaladas en el artículo 140 de este Decreto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el
Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la
misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio
del causante.
d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus
beneficiarios en el orden establecido en este Estatuto, con excepción de los hermanos
tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al
cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo 140 de este Decreto.

Parágrafo. Se entiende por actos meritorios del servicio para todo efecto, aquellos en
que el Oficial o Suboficial se enfrente a grave e inminente peligro en defensa de la vida,
honra y bienes de las personas.»

13
Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional.
14
por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía
Nacional.
15
Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 002 2018 00081 01 (0195-2023)
Demandante: Nubia Erlinda Paz Cuchala

20. Como se observa la norma es clara al señalar que, a la muerte de un oficial o

suboficial en servicio activo en actos especiales del servicio, sus beneficiarios en el
orden establecido en la ley tendrán derecho entre otros al pago de una pensión
mensual liquidada y cubierta en la misma forma que la asignación de retiro.

21. Ahora bien, en punto a la asignación de retiro, el artículo 144 de la norma en cita,

establece:

«Articulo 144. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente Estatuto, los
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo
después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta,
o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad
del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad
máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por
incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean separados
con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por
ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por
los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año
que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento
(85%) de los haberes de actividad.

Parágrafo 1o. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales que durante la
vigencia de este Estatuto se retiren con treinta (30) o más años de servicio, será
equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas fijadas en el artículo 140,
liquidadas en la forma prevista en este Decreto.

Parágrafo 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de diciembre de 1968
con treinta (30) o más años de servicio, continuarán percibiendo la asignación de retiro
reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en cada
caso para la respectiva asignación.»

22. En relación con las partidas integrantes de la asignación de retiro, el artículo 140

ibidem, señala que la liquidación de las prestaciones unitarias y periódicas
reconocidas al personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional en goce de
retiro, corresponden a: sueldo básico, prima de actividad, prima de antigüedad,
prima de oficial diplomado en Academia Superior de Policía, 1/12 de la prima de
navidad, prima de vuelo, gastos de representación, subsidio familiar, y bonificación
de los agentes del cuerpo especial.

2.4. Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
23. Se encuentra acreditado en el proceso que el señor Alirio Hernán Pinza Jojoa

(q.e.p.d.) laboró en la Policía Nacional como agente alumno desde el 30 de enero
de 1989 hasta el 31 de julio de 1989, agente nacional del 1 de agosto de 1989 al 26
de marzo de 2000, cumplió los tres meses de alta el 26 de junio de 2000, para un
total de tiempo de servicio de 11 años, 3 meses y 23 días16.

24. Así mismo está probado que con fundamento en el artículo 123 del Decreto
1213 de 1990, su muerte fue calificada en actos especiales del servicio, razón por
la cual fue ascendido en forma póstuma al grado de cabo segundo, según
Resolución 02601 del 17 de julio de 200017; en ese orden y teniendo en cuenta que
el grado de cabo segundo pertenece a la carrera de suboficiales de la Policía
Nacional, para efectos prestacionales el señor Pinza Jojoa se encuentra cobijado
por el Decreto 1212 de 1990.

16
Folio 61 cuaderno 2
17
Folio 35 cuaderno 2

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 002 2018 00081 01 (0195-2023)
Demandante: Nubia Erlinda Paz Cuchala

25. Ahora bien, en punto al recurso de apelación, se observa que la inconformidad

de la demandante radica en el porcentaje en que le fue reconocida la pensión por
muerte, toda vez que en su sentir debió ser liquidada con el 100% de lo devengado
en el grado al cual fue ascendido póstumamente el causante.

26. Sobre el particular, está acreditado que el señor Alirio Hernán Pinza Jojoa, prestó

sus servicios en la Policía Nacional por 11 años, 3 meses y 23 días18, circunstancia
que sumada al hecho de que su muerte se calificó en actos especiales del servicio
y en consecuencia fue ascendido en forma póstuma al grado de cabo segundo, le
da derecho a sus beneficiarios al reconocimiento de una pensión por muerte
equivalente al 50% de las partidas legalmente computables, a voces de lo ordenado
en el literal d) del artículo 165 del Decreto 1212 de 1990.

27. Respecto a las prestaciones reconocidas con ocasión del fallecimiento de aquél,

se probó que el subdirector general de la Policía Nacional a través de la Resolución
01239 del 14 de agosto de 2000, reconoció a favor de la señora Nubia Erlinda Paz
Cuchala (esposa), Diana Katherine Pinza Paz (hija), Hernán Dario Pinza Paz (hijo)
y Willy Rene Pinza Paz (hijo), una pensión por muerte a partir del 27 de marzo de
2000. La liquidación de la pensión se efectuó con el 50% del sueldo básico de un
cabo segundo, el 11% de la prima de antigüedad, 43% del subsidio familiar, 15% de
la prima de actividad y 1/12 de la prima de navidad19.

28. Se concluye entonces que, en atención al tiempo de servicio acreditado por el

causante, a sus beneficiaos se les reconoció pensión por muerte en el 50% de las
partidas legalmente computables conforme lo ordenado en el literal d) del artículo
165 del Decreto 1212 de 1990, razón por la cual a la demandante no le asiste
derecho a la reliquidación de la pensión en un 100% de lo devengado por un cabo
segundo.

29. De otra parte y como fundamento de sus pretensiones, la parte actora solicita

inaplicar por inconstitucionales las expresiones contenidas en el artículo 161 “Si la
incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez” y en el literal c) del artículo
165 del Decreto 1212 de 1990 “doce (12) o más años de servicio”, toda vez que en
su sentir imponen un trato desigual; alegando que el tribunal no hizo un análisis
estricto frente a ello.

30. Al respecto, sea lo primero señalar que, el funcionario judicial debe recurrir a la

excepción de inconstitucionalidad para inaplicar una norma particular, cuando de su
contenido se advierta clara, evidente y notoria oposición a las disposiciones
constitucionales y legales20; en ese orden al revisar las normas que la parte actora
solicita se inapliquen, se observa en primera medida que la expresión “Si la
incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez” incorporada en el artículo 161
del Decreto 1212 de 1990, corresponde a las prestaciones causadas por
incapacidad psicofísica, por tanto no es procedente que la demandante con
fundamento en una presunta vulneración a su derecho a la igualdad pretenda que
se inaplique esta expresión para en su lugar ordenar la liquidación de la pensión en
una cuantía del 100%, toda vez que la causa que dio origen a la prestación
pensional corresponde a la muerte en actos de servicio y no a la pérdida de
capacidad laboral.

18
Folio 61 cuaderno 2
19
Folios 75 – 77 cuaderno 2
20
Sobre el particular se han pronunciado las sentencias C- 600 de 1988, T- 808 de 2007

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 002 2018 00081 01 (0195-2023)
Demandante: Nubia Erlinda Paz Cuchala

31. Además y como bien lo concluyó el a quo no es posible modificar las condiciones

en que se produjo el reconocimiento pensional para ordenar su reliquidación, más
si se tiene en cuenta que la norma que pide inaplicar beneficia al suboficial
incapacitado en forma absoluta o permanente o con gran invalidez ocurrida como
consecuencia de actos meritorios del servicio en combate, como consecuencia de
la acción del enemigo o en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o
restablecimiento del orden público interno, lo anterior significa que el uniformado no
fallece y se reconoce a su favor el pago de una pensión de invalidez equivalente al
100%, supuesto de hecho en el que nunca se encontró el CS (F) Alirio Hernán Pinza
Jojoa.

32. De otra parte, en cuanto a la expresión “doce (12) o más años de servicio”,
contenidas en el literal c) del artículo 165 del Decreto 1212 de 1990, tal como lo
analizó el a quo dicha disposición no resulta aplicable a la situación jurídica de la
demandante teniendo en cuenta que el causante de la prestación analizada no
acumuló 12 años de servicio en la Policía Nacional, contrario a ello y como bien lo
reconoció la entidad demandada, la prestaciones por muerte a favor de sus
beneficiarios se reconocieron con fundamento en el literal d) del artículo 165 ibidem,
esto es una pensión mensual equivalente al 50% de las partidas que trata el artículo
140 de la norma.

33. De ahí que, no encuentre la sala fundamento para inaplicar las disposiciones

alegadas por la demandante, en atención a que el reconocimiento de las
prestaciones causadas por la muerte del CS (F) Alirio Hernán Pinza Jojoa se efectuó
con fundamento en el Decreto 1212 de 1990, norma vigente a la fecha en que se
produjo su deceso – 26 de marzo de 2000.

34. Sumado a lo dicho, respecto al derecho a la igualdad en regímenes especiales,

la Corte Constitucional21 ha precisó su alcance así:

«(…) 3.1 El derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución, se
traduce en la identidad de trato que debe darse a aquellas personas que se encuentren
en una misma situación de igualdad y en la divergencia de trato respecto de las que
presenten características diferentes. El legislador debe tratar con identidad a las
personas que se encuentren en una misma situación fáctica y dar un trato divergente a
quienes se encuentren en situaciones diversas.

No obstante, el anterior enunciado puede presentar variables que por sí mismas no
hacen que una norma sea discriminatoria. Así, el legislador puede dar un trato distinto
a personas que, respecto de un cierto factor, se encuentren en un mismo plano de
igualdad, pero que desde otra óptica fáctica o jurídica, sean en realidad desiguales. Así
mismo, la igualdad no excluye la posibilidad de que se procure un tratamiento diferente
para sujetos y hechos que se encuentren cobijados bajo una misma hipótesis, pero
siempre y cuando exista una razón objetiva, suficiente y clara que lo justifique.

De este modo, no existe trato discriminatorio cuando el legislador otorga un tratamiento
diferente a situaciones que, en principio, podrían ser catalogadas como iguales, si tal
igualdad sólo es aparente o si existe una razón objetiva y razonable que justifique el
trato divergente. De la misma manera, nada se opone a que el legislador prodigue un
tratamiento idéntico a situaciones aparentemente distintas, pero que respecto de cierto
factor, se encuentren en un mismo plano de igualdad.

Para que se verifique un trato discriminatorio es necesario que esa diferenciación
plasmada por el legislador sea odiosa y no responda a principios de razonabilidad y
proporcionalidad.»

21
Corte Constitucional, C-229 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 002 2018 00081 01 (0195-2023)
Demandante: Nubia Erlinda Paz Cuchala

35. Se concluye entonces que no basta con que se alegue vulneración al derecho
a la igualdad, sino que se debe verificar un trato discriminatorio que no responda a
los principios de racionabilidad y proporcionalidad; además se debe tener en cuenta
que el legislador previo a la expedición de la ley realiza un estudio objetivo para
determinar el régimen salarial y prestacional aplicable a cada servidor, atendiendo
a las funciones y responsabilidades que tiene al interior de la entidad.

36. De modo que, no existe vulneración al derecho a la igualdad, puesto que el acto
demandado se ciñó a lo dispuesto en la norma aplicable al causante, esto es el
Decreto 1212 de 1990, además no existe un trato diferente injustificado, teniendo
en cuenta que el señor Pinza Jojoa se desempeñó como agente en la Policía
Nacional, con ocasión a su deceso fue ascendido al grado de suboficial cabo
segundo, en ese orden a sus beneficiarios les asiste derecho al reconocimiento de
las prestaciones previstas para este último grado, siendo improcedente acudir a
disposiciones que regulan la pérdida de capacidad laboral.

2.5. Conclusión
37. En atención a lo anterior, se impone confirmar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las
pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
decisión.

2.6. Condena en costas en primera y segunda instancia
38. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la

Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

39. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

40. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

41. Con el recurso de apelación, la demandante señala que no se probó la
causación de las costas razón por la cual no era procedente su imposición. No
obstante, dicho reparo no está llamado a prosperar, pues, la condena en costas
procede respecto de la parte vencida en el proceso, sin que se deba analizar ningún
otro aspecto. Por tanto, hay lugar también a confirmar en este sentido la decisión
del tribunal.

42. En línea con lo antes expuesto, hay lugar a condenar en costas a la
demandante en segunda instancia, pues, no prospera el recurso de apelación. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 002 2018 00081 01 (0195-2023)
Demandante: Nubia Erlinda Paz Cuchala

serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

43. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 1° de septiembre de 2020, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda, en atención a lo dispuesto en esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte
demandante, conforme lo indicado en la parte motiva.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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