Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00181-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00181-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2018-00181-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
14 de julio de 2022
1
Radicado: 76001-23-33-000-2018-00181-01 (4501-2021)
Demandante: Luz Nelly Chaverra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00181-01 (4501-2021)
Demandante: LUZ NELLY CHAVERRA
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO
Temas: Indexación de primera mesada pensional. Se debe
actualizar el monto del IBL reconocido por la entidad de
previsión, y no solo el de la asignación básica. Aplicación
del IPC para efectos del ajuste de valor.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-130-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 12 de mayo de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Luz Nelly Chaverra en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del
20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 13 vuelto a 14)
1. Que se declare configurado el silencio administrativo negativo derivado de
la falta de respuesta a la petición formulada por la libelista ante el Ministerio
de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el
4 de noviembre de 2016, con la que solicitaba el reconocimiento de la
indexación de su primera mesada pensional.
2. Que se declare la nulidad del acto administrativo presunto generado en
virtud de la figura en mención, así como de la Resolución 4143.0.21.10538
1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
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Demandante: Luz Nelly Chaverra
del 11 de noviembre de 2010 expedida por la Secretaría de Educación del
Municipio de Cali en nombre del FNPSM, por medio de la cual se reconoció
pensión de jubilación a favor de la demandante.
3. Como consecuencia de estas declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, se ordene a la parte pasiva indexar la primera mesada
pensional de la señora Luz Nelly Chaverra, en el sentido de incrementar el
promedio del ingreso base de liquidación según los porcentajes del IPC
reportados por el DANE para los años 2004 a 2009. Asimismo, que se
pague la diferencia entre la prestación reliquidada bajo este postulado y la
inicialmente otorgada, ello con efectos fiscales desde el cumplimiento del
estatus jurídico de pensionada, junto a los respectivos ajustes de valor y el
abono de intereses moratorios de conformidad con los artículos 177, 187,
189, 192 y 195 del CPACA.
4. Que se condene a la entidad demandada a dar cumplimiento al fallo de
conformidad con el artículo 192 del CPACA, así como al pago de las costas
por resultar vencida en el presente proceso.
Supuestos fácticos relevantes (Folios 14 vuelto a 15)
1. El Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio expidió la Resolución 4143.0.21.10538 del 11 de noviembre de
2010, por medio de la cual reconoció a favor de la señora Luz Nelly
Chaverra una pensión de jubilación con base en los preceptos de las Leyes
33 de 1985 y 91 de 1989, prestación fijada en cuantía de $723.988 efectiva
desde el 1.° de agosto de 2010 y liquidada con el promedio de factores
salariales percibidos entre el 17 de septiembre de 2003 y el 17 de
septiembre de 2004.
2. La demandante ejerció funciones como docente oficial al servicio del
municipio de Cali de manera ininterrumpida desde el 14 de enero de 1976
hasta el 17 de septiembre de 2004, fecha en la cual fue desvinculada de la
referida entidad. Aquella cumplió 55 años de edad el 30 de julio de 2010,
momento en el que no devengada salario, debido a que su retiro ocurrió en
una data anterior a la de consolidación de su estatus jurídico pensional.
3. El 4 de noviembre de 2016 la libelista solicitó ante la entidad demandada
la reliquidación de su prerrogativa, a fin de que esta fuera reajustada en el
sentido de incrementar el valor del IBL calculado en su oportunidad
conforme a la aplicación del IPC certificado por el DANE para los años 2004
a 2009, es decir, en orden de indexar la primera mesada pensional.
4. A la fecha de interposición de la demanda (19 de diciembre de 2017), la
parte pasiva no había dado respuesta formal y de fondo a la reclamación
en comento, esto es, habían transcurrido más de 3 meses desde la
radicación de la solicitud prestacional sin obtener un pronunciamiento al
respecto.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
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La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes
se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 10 de julio de 2019.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«[…] Si bien el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
formuló la excepción de prescripción, lo cierto es que esa excepción va
encaminada a extinguir las diferencias de mesadas pensionales causadas con
anterioridad a tres años, es decir, propone una extinción parcial del derecho
reclamado en este medio de control. Así, conviene destacar que la Sección
Segunda del Consejo de Estado (2016) precisó que la excepción de
prescripción extintiva puede ser resuelta en la etapa de audiencia inicial
siempre y cuando extinga completamente el derecho reclamado, pues ello
daría lugar a la terminación del proceso. Por el contrario, no es procedente
resolver la excepción de prescripción, cuando únicamente se extinga de
manera parcial el derecho reclamado. En virtud de lo anterior, no es posible
pronunciarse en esta etapa sobre la excepción de prescripción formulada por
la parte demandada.». (Folio 83 vuelto y CD que reposa a folio 86 del plenario).
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] En ese contexto, el problema jurídico consiste en establecer si la
demandante tiene derecho a la indexación de la primera mesada pensional y
a la reliquidación de la pensión de jubilación con inclusión de todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicio.
[…] La parte demandante precisó que las pretensiones van encaminadas
únicamente a la indexación de la primera mesada pensional, y no a la
reliquidación con inclusión de todos los factores salariales devengados en el
último año de servicio.
2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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El agente del Ministerio Público, previa revisión del expediente, adujo que, en
efecto, las pretensiones de la demanda solo perseguían la indexación de la
primera mesada pensional.
El Despacho advirtió que la reliquidación pensional fue incluida en el problema
jurídico, en tanto que en los fundamentos de derechos se sustentó y pidió la
inclusión de todos los factores salariales devengados en el último de servicio
de la demandante. Sin embargo, ante la manifestación de la parte
demandante, el Despacho replanteó el problema jurídico, que, ahora, quedará
circunscrito únicamente determinar si la señora Luz Nelly Chaverra tiene
derecho o no la indexación de la primera mesada pensional. […]». (Subrayado
del texto original. Folios 83 vuelto a 84 y CD que obra a folio 86 del expediente).
SENTENCIA APELADA
(Folios 112 a 117)
El a quo profirió sentencia escrita el 12 de mayo de 2020 por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demandante con fundamento
en las siguientes consideraciones:
El tribunal inicialmente resaltó que en términos económicos, el fenómeno de
la inflación provoca que por el simple transcurso del tiempo, una suma líquida
de dinero pierda poder adquisitivo. Señaló que uno de los mecanismos que
permite corregir ese fenómeno es la indexación, la cual consiste en actualizar
el valor de la suma líquida en cuestión, de tal manera que aquella conserve su
estimación.
Sobre el punto precisó que en orden de evitar que las mesadas pensionales
pierdan su valor, el legislador contempló su reajuste anual conforme al artículo
14 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, aclaró que esa modificación opera
únicamente cuando ya se ha adquirido el derecho prestacional. Ahora bien,
aseveró que en todo caso, dicho detrimento económico también puede darse
antes de la consolidación de la prerrogativa cuando el empleado se retira del
servicio en un determinado año, pero adquiere el estatus jurídico como jubilado
en una anualidad posterior.
Sobre tal evento, sostuvo que como la liquidación del derecho pensional se
vale del salario del último o los últimos años de servicio, es evidente que esa
remuneración no tendría el mismo poder adquisitivo pues se vería afectado
por el transcurso del tiempo. Manifestó que aquella circunstancia es la que
pretende corregirse a través de la indexación de la primera mesada, figura que
conlleva actualizar la remuneración del trabajador al año en que este adquirió
la prestación, tal como lo ha indicado la Corte Constitucional en sentencia C-
862 de 2006 y la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 7
de marzo de 2013 (1995-11).
En cuanto al fondo del asunto planteó que la libelista se retiró del servicio
docente a partir del 17 de septiembre de 2004, tal y como da cuenta la
aceptación de la renuncia que obra a folio 8 del expediente. Adicionalmente
indicó que según el certificado de salarios de la señora Luz Nelly Chaverra, se
extrajo que esta recibía una asignación básica de $799.416 para el año 2003
y de $842.425 para el año 2004, factores y montos que fueron los tenidos en
cuenta por la entidad demandada para determinar el IBL pensional.
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Seguidamente expuso que si bien la demandante se desvinculó en el año
2004, lo cierto es que aquella causó el derecho prestacional tan solo hasta el
30 de julio de 2010 cuando cumplió el requisito de la edad (55 años), tanto así
que en el acto administrativo de reconocimiento se determinó que la pensión
se haría efectiva a partir del 1.º de agosto de 2010.
Por lo anterior concluyó que la señora Chaverra sí tiene derecho a la
indexación de la primera pensional, dado que transcurrieron seis años entre el
retiro del servicio y la causación de la prerrogativa, situación que provocó que
el Ministerio de Educación, FNPSM tomara como IBL una asignación básica
que por el transcurso del tiempo sufrió una pérdida del poder adquisitivo.
De otra parte, adujo que si bien se generaron diferencias entre mesadas
reconocidas y a reliquidar, debe tenerse en cuenta que las causadas con
anterioridad a tres años contados a partir de la reclamación administrativa se
ven afectadas por la prescripción extintiva de carácter trienal prevista en el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, al punto de ser necesario declarar
prescritos los pagos adeudados con anterioridad al 4 de noviembre 2013,
habida cuenta de que la reclamación ante la Secretaría de Educación
Municipal de Santiago de Cali se presentó el 4 de noviembre de 2016.
Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que en su parte resolutiva se resume de la siguiente forma: i) declaró
configurado el fenómeno del silencio administrativo negativo respecto de la
petición del 4 de noviembre de 2016; ii) declaró la nulidad del acto
administrativo presunto derivado de aquella figura, así como la nulidad parcial
de la Resolución 4143.0.21.10538 del 11 de noviembre de 2010; iii) ordenó a
la parte demandada indexar la primera mesada pensional de la libelista, en el
sentido de actualizar el valor del promedio de la asignación básica percibida
por esta durante su último año de servicio con base en el IPC de los años 2005
a 2010; iv) declaró la prescripción de las diferencias sobre los pagos
adeudados por dicho concepto con anterioridad al 4 de noviembre de 2013, e
indexar los montos subsiguientes hasta la fecha efectiva de pago.; y v)
condenó en costas a la parte pasiva.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 120 a 124)
La parte demandante formuló recurso de apelación parcial contra la decisión
reseñada anteriormente, y solicitó que esta sea modificada con el fin de que
se ajuste la orden de indexación pensional, en orden de que no solo se limite
a la actualización del valor de la asignación básica, sino del IBL propiamente
dicho, y que para el efecto no sea tenido en cuenta el IPC de los años
indicados en el fallo, sino de los comprendidos entre el 2004 y el 2009.
Manifestó que el a quo incurrió en un error al ordenar que solamente la
asignación básica sea la que se someta a la aplicación del IPC, toda vez que
lo propio conllevaría a un desmejoramiento del derecho pensional de la
libelista y consecuencialmente se beneficiaría a la entidad demandada
respecto de asuntos que no están en discusión y que no han sido solicitados
por esta. Afirmó que convalidar tal postulado tipificaría una extralimitación de
la autoridad judicial, quien carece de las facultades extra y ultra petita frente al
asunto sometido a control de legalidad.
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Resaltó que la pensión de jubilación de la señora Chaverra ya había sido
calculada por el Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio con base en el promedio de los factores de salario que
la primera había devengado durante el último año de su labor oficial, lo cual
arrojó en su momento un valor definitivo de la prestación de $723.988, cifra
que no está en discusión, pues el objeto de la demanda es que ese monto sea
ajustado con los porcentajes del índice de precios al consumidor (IPC)
reportados por el DANE para los años: 2.004, 2.005, 2.006, 2.007, 2.008 y
2.009, respectivamente.
Añadió que en esta causa judicial se sometió a control de legalidad el hecho
de la pérdida del valor adquisitivo de la prestación, habida cuenta de que fue
liquidada según un IBL obtenido sobre los conceptos percibidos por la
demandante entre el año 2.003 y 2.004, mientras que la prerrogativa como tal
fue pagada en el año 2.010 sin ningún tipo de ajuste durante aquel lapso.
Reiteró que con el medio de control bajo estudio no se debate el promedio
base de liquidación ni los factores remunerativos computados, sino
únicamente la indexación del primer pago pensional.
Planteó que el hecho de indexar únicamente la asignación básica recibida por
la libelista, representa una modificación del promedio de remuneraciones
objeto de cálculo, puesto que se excluyen los demás haberes laborales,
situación que reiteró, no fue objeto de litigio, al punto que decidir sobre ello
sería una extralimitación de las facultades oficiosas del juez, quien solo puede
aplicarlas en materia de prescripción.
Finalmente puntualizó que el derecho en cuestión fue determinado con
fundamento en el promedio salarial pagado a la docente durante su último año
de servicios comprendido entre el 17 de septiembre de 2.003 y el 16 de
septiembre de 2.004, lo cual generó un valor de la pensión de $723.988 al que
debía aplicársele el IPC del mismo año 2.004, a fin de obtener la cuantía de la
mesada para el año 2.005, y así sucesivamente hasta conocer el monto de la
prerrogativa en el año 2.010, la cual al final debió ser de $971.212 con
efectividad desde el 1.° de agosto del mismo año.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante (índices 14 y 15 del registro en SAMAI): reiteró la
solicitud de modificar el fallo de primera instancia conforme a los
planteamientos del recurso de alzada. Para ello reiteró que el a quo no realizó
un análisis de los hechos y las pretensiones de la demanda antes de proferir
la sentencia impugnada, pues técnicamente modificó el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación de la libelista, la cual había sido
reconocida mediante la Resolución 4143.0.21.10538 del 11 de noviembre de
2010, ello a pesar de que en el escrito de la demanda solo se solicitó la
indexación de la primera mesada pensional. En tal sentido, aseguró que no
existe congruencia entre lo deprecado y lo resuelto por el tribunal de origen,
quien en todo caso no contaba con facultades ultra y extra petita para hacerlo.
La parte demandada y el Ministerio Público se abstuvieron de intervenir en
esta etapa procesal de conformidad con la constancia secretarial visible a folio
135 del plenario.
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CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. Asimismo,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos expuestos en
la respectiva alzada, la cual en este caso solo formuló la parte demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
resume en las siguientes preguntas:
¿La condena de indexación de la primera mesada pensional de la señora Luz
Nelly Chaverra, debe incluir solo la actualización al 1.° de agosto de 2010
sobre el valor de la asignación básica percibida por esta durante su último año
de servicio, o lo propio recae en la totalidad del ingreso base de liquidación
tenido en cuenta por la entidad demandada al momento de reconocer la
prestación conforme a la Resolución 4143.0.21.10538 del 11 de noviembre de
2010?
Adicionalmente,
¿Tal ajuste se tendría que realizar según el IPC certificado por el DANE para
el período de 2004 a 2009 o de 2005 a 2010?
Al respecto la Subsección sostendrá la siguiente tesis: la indexación de la
primera mesada pensional de la demandante, debía efectuarse sobre el valor
del IBL tenido en cuenta por la autoridad demandada al momento de reconocer
la prestación y no solo respecto de la asignación básica mensual, ello en
aplicación del IPC de los años 2005 a 2010, tal como se explica a continuación:
Ajuste de la base salarial de la primera mesada pensional
De forma preliminar, es preciso hacer remisión al concepto de la referencia, el
cual según la Corte Constitucional constituye uno de los instrumentos para
hacer frente a los efectos de la inflación en el campo de las obligaciones
dinerarias, es decir, de aquellas que deben satisfacerse mediante el pago de
una cantidad de moneda determinada (entre las que se cuentan por supuesto,
las obligaciones laborales). Lo anterior, en la medida en que el fenómeno
inflacionario produce una pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda.
Tal actualización se lleva a cabo mediante distintos mecanismos, los cuales
permiten la revisión y corrección periódica de las prestaciones debidas.
Ahora, en materia laboral, la actualización de la primera mesada pensional ha
sido entendida por esta Alta Corte como el mecanismo que se utiliza en
aplicación de los principios de equidad y justicia para revalorizar las
obligaciones pensionales con el fin de traer a valor presente las sumas que
han sido afectados por un detrimento a casusa del transcurso del tiempo.
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Al respecto, el artículo 48 de la Constitución Política fijó la necesidad de evitar
la depreciación de los dineros para el pago de pensiones bajo la siguiente
intelección:
«ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado,
en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley.
[…]
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante. […]» (Subraya la Sala)
Igualmente el artículo 53 superior incluyó como uno de los principios mínimos
fundamentales del trabajo el siguiente:
«[…] ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios
mínimos fundamentales:
[…]
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales. […]».
Sin embargo, dentro del Régimen General de Seguridad Social en Pensiones,
no existe norma expresa que prevea la actualización del ingreso base de
liquidación pensional diferente al reajuste anual de las mesadas ya
reconocidas en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.3
En ese sentido, se ha advertido en reiteradas ocasiones que, si bien no existe
norma expresa que consagre la actualización de las sumas derivadas de una
pensión, diferente al reajuste anual de las mesadas, la jurisprudencia ha
desarrollado con base en principios constitucionales, en especial, los previstos
en los artículos 48, 53 y 230, una posición en la que bajo criterios de justicia y
equidad determina que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el
fenómeno inflacionario son hechos notorios y, por tanto, el trabajador no tiene
por qué soportar las consecuencias negativas de dicha situación, al recibir
sumas de dinero desvalorizadas que no van en armonía con el valor real del
salario o de la pensión.
Respecto al supuesto en el cual opera el aludido fenómeno, la Subsección
también ha sido clara en el sentido de que la indexación de la primera mesada
«[…] se produce, cuando habiendo ocurrido el retiro del servicio en un año
determinado, el pensionado alcanza a completar los demás requisitos para acceder
al derecho cuando ha transcurrido uno o más años después del retiro, de modo que
3 «Artículo 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de
invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de
pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero
de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por
el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual
al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje
en que se incremente dicho salario por el Gobierno. […].»
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ese transcurso de tiempo, el salario con que se liquidaría la pensión habría sufrido
detrimento. […]»4
Lo anterior significa que el derecho al ajuste de la base salarial de la primera
mesada se causa cuando cumplido el requisito de tiempo de servicio, el
beneficiario se retira antes de la edad requerida para acceder al derecho
prestacional. Por lo tanto, una vez acreditado este, la administración procede
a reconocer y liquidar la pensión de jubilación con el promedio del salario
indexado a la fecha de reconocimiento.
Ello con la finalidad de que el beneficio prestacional no se vea afectado por el
transcurrir del tiempo y que de esta manera, se eviten las repercusiones
económicas negativas en su poder adquisitivo por el efecto que forja la
depreciación monetaria, el cual generaría la afectación a la garantía
constitucional del mínimo vital.
Al respecto, la Corte Constitucional5 ha sostenido:
«[…] 5. El derecho a la indexación de la primera mesada pensional- o salario
base para la liquidación de la pensión de jubilación - y el derecho a la indexación
de la primera mesada pensional.
Ahora bien, tal reconocimiento legal no se trata de un mero acto de liberalidad del
legislador, pues la jurisprudencia constitucional ha sostenido que se trata de la
materialización de diversos preceptos de rango constitucional, los cuales configuran
realmente un derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo de su mesada pensional. Este derecho, además de estar consagrado
expresamente en el artículo 53 de la Carta Política de 1991, puede derivarse de una
interpretación sistemática de distintos enunciados normativos constitucionales.
[…].
Para la Corte Constitucional, actualizar el Salario entre la fecha de retiro del trabajador
y la del cumplimiento de la edad legal para pensionarse es una cuestión de
“EQUIDAD” y de aplicación directa de la Constitución […]» (Negrillas del texto,
subrayas de la Sala).
Tal como lo señala el precedente citado, el principio de equidad es relevante
en el tema que se analiza para lo cual el mentado juez plural ha desarrollado
su alcance en la administración de justicia6:
«[…] 5.3 Lugar y función de la equidad en el derecho. Las anteriores consideraciones
de la Corte Constitucional abordan la cuestión del lugar y la función de la equidad
dentro del derecho. Básicamente, el lugar de la equidad está en los espacios dejados
por el legislador y su función es la de evitar una injusticia como resultado de la
aplicación de la ley a un caso concreto. La injusticia puede surgir, primero, de la
aplicación de la ley a un caso cuyas particularidades fácticas no fueron previstas por
el legislador, dado que éste se funda para legislar en los casos usuales, no en los
especiales y excepcionales. La omisión legislativa consiste en no haber contemplado
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Radicación
760012331000200801205-01 (1995-11). Gersaín Daza contra el Municipio de Palmira (Valle del Cauca).
5 Sentencia C-862 del 6 del 19 de octubre de 2006. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
Expediente D-6247.
6 Sala Plena de la Corte Constitucional, Magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa, Sentencia
SU837 del nueve (9) de octubre de dos mil dos (2002), Referencias: expediente T-503413, Sentencia T-
046 de 2002 y Auto 027 de abril 2 de 2002, Actor: Fundación Abood Shaio y otros.
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un caso especial en el cual aplicar la regla general produce un efecto injusto.
Segundo, la injusticia puede surgir de la ausencia de un remedio legal, es decir, ante
la existencia de un vacío. En esta segunda hipótesis, la equidad exige decidir como
hubiera obrado el legislador. En la primera hipótesis la equidad corrige la ley, en la
segunda integra sus vacíos. Así entendida, la equidad brinda justicia cuando de la
aplicación de la ley resultaría una injusticia.[…]». (Subraya la Sala)
En atención al principio de equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial
según el artículo 230 constitucional7, es que precisamente se ha legitimado la
procedencia de la actualización salarial de la primera mesada pensional ante
el vacío en la ley respecto a norma expresa para lo propio.
Posteriormente, en la Sentencia SU-168 de 20178, la Corte Constitucional
reiteró el carácter universal de la figura en comento, dado que se predica de
todo tipo de pensiones, independientemente de su origen o de la fecha de su
causación, ello porque «el ejercicio del derecho fundamental en comento no puede
restringirse solo para un determinado grupo de pensionados, pues un trato
diferenciado en esta situación carecería de justificación constitucional y se tornaría en
discriminatorio, en tanto el fenómeno de pérdida de poder adquisitivo de la moneda
afecta por igual a todos los pensionados.».
Tal criterio ha sido reiterado en varias oportunidades por el Consejo de Estado9
así:
«[…] La Sala considera que ante el vacío normativo existente en relación con la
indexación del ingreso base de liquidación de una prestación pensional y, las
consecuencias negativas derivadas de tal circunstancia, concretadas en el hecho de
que un servidor tenga que percibir al momento de pensionarse, por concepto de
mesada, una suma de dinero devaluada que no guarde una equivalencia o
correspondencia con el valor real del salario que devengada cuando prestaba sus
servicios, resulta pertinente y necesario ordenar el reajuste del ingreso base de
liquidación en atención al carácter especialísimo de que goza una prestación
pensional y al principio de equidad que gobierna el Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones. […]».
Conforme al recuento normativo de rango constitucional y a la jurisprudencia
en precedencia, se ha entendido que la pérdida del poder adquisitivo de la
moneda y el fenómeno inflacionario, son hechos notorios que el servidor no
está obligado a soportar y, de esta manera se evitan las repercusiones
económicas negativas de la desvalorización, la cual generaría la afectación a
la garantía constitucional del mínimo vital.10
De la situación particular de la libelista
7 ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares
de la actividad judicial.
8 Sentencia del 16 de marzo de 2017. Magistrada ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. Referencia:
Expediente T-5.736.901.
9 Al respecto ver Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 10 de julio de 2014. Radicado interno:
2054-2010 y sentencia del 16 de agosto de 2018. Radicación número: 17001-23-33-000-2013-00051-
01(4694-13).
10 Lo anterior también encuentra asidero en los planteamientos trazados también por esta Corporación
en sentencia del Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 20 de septiembre
de 2018. Radicación 08001-23-33-2014-01528-01 (1730-2016).
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Demandante: Luz Nelly Chaverra
De acuerdo con las consideraciones que anteceden en torno a la procedencia
de actualización de la base salarial de la primera mesada, la Sala encuentra
probado lo siguiente en el sub lite respecto de la demandante:
De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía de la señora Luz Nelly
Chaverra (folio 3), se extrae que aquella nació el 30 de julio de 1955, por lo
que cumplió 55 años de edad el 30 de julio de 2010.
Según la Resolución 4143.0.21.10538 del 11 de noviembre de 2010 (folios
5 a 6), la Secretaría de Educación Municipal de Cali en nombre y
representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
reconoció a favor de la libelista una pensión de jubilación en aplicación de los
preceptos de la Ley 71 de 1988, bajo una cuantía de $723.988 efectiva a partir
del 1.° de agosto de 2010. Para el efecto la entidad demandada planteó la
siguiente motivación:
«[…] Que el tiempo de servicio prestado para su jubilación se discrimina entre
las siguientes entidades así:
Que los factores salariales que sirven de base para esta liquidación son:
Por lo tanto el salario base para liquidación es de $965.317.00
Que el valor de la Pensión está calculado en la suma de $723.988.00
SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS M/CTE, equivalente al 75% del salario promedio mensual devengado
durante el último año de servicio en la fecha que adquirió el Status. 30 de Julio
de 2010.
Que el beneficiario de esta prestación económica tiene derecho a que se le
reajuste su pensión en armonía con lo dispuesto en la Ley 71 de 1988. […]».
(Negrilla, mayúscula y cursiva conforme a la transcripción).
Conforme a la Resolución 2200 del 30 de agosto de 2004 (folio 8), la
Secretaría de Educación del Municipio de Santiago de Cali aceptó la renuncia
de la señora Chaverra como docente oficial de la Institución Educativa Alberto
Carvajal Borrero, esto a partir del 17 de septiembre de 2004.
En atención al certificado de salarios devengados por la demandante entre
los años de 2003 y 2004 (folio 12), se observa que aquella percibió como
haberes laborales los siguientes:
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Demandante: Luz Nelly Chaverra
FACTOR SALARIAL 01/01/2003 a 31/12/2003 01/01/2004 a 17/09/2004
Asignación Básica $799.416,00 $842.425,00
Prima de Alimentación $28.805,00 $30.675,00
Prima de Navidad $862.729,00 $477.781,00
Prima vacacional $414.110,00 $23.513,00
TOTAL $2.105.060,00 $1.374.394,00
Pues bien, como se aprecia del referido contexto fáctico, resulta claro que la
entidad demandada le otorgó a la señora Luz Nelly Chaverra una pensión de
jubilación efectiva a partir del 1.° de agosto de 2010, cuando esta consolidó
jurídicamente su estatus pensional al haber cumplido el requisito normativo de
los 55 años de edad.
No obstante, lo cierto es que al momento de liquidar la prestación, la Secretaría
de Educación del Municipio de Santiago de Cali en representación del
Ministerio de Educación, FNPSM, tuvo en cuenta como ingreso base de
liquidación el promedio del valor de los factores salariales percibidos por la
educadora desde el 17 de septiembre de 2003 hasta el 17 de septiembre de
2004, ello sin haber efectuado ningún tipo de actualización monetaria respecto
de dichos montos para el año 2010 cuando se materializó la orden de pago de
la prerrogativa.
Tal situación, con base en lo expuesto previamente sobre la procedibilidad de
la indexación de la primera mesada pensional, efectivamente corrobora el
hecho de que entre la fecha de retiro del servicio de la demandante (17 de
septiembre de 2004) y la data de estructuración del derecho pensional bajo
estudio por cumplimiento de requisitos (30 de julio de 2010), transcurrieron 5
años, 10 meses y 13 días, lo que evidentemente generó una pérdida del poder
adquisitivo de la cuantía de la pensión fijada en el 2004, a comparación de la
fuerza de la moneda en el 2010.
Ahora, se resalta en este punto que precisamente la condena de actualización
de la primera mesada de la libelista, a cargo del Ministerio de Educación,
FNPSM, no es objeto de análisis en esta instancia, en la medida en que lo
propio no fue materia de impugnación por dicha autoridad, así como tampoco
por la parte activa en su recurso de alzada. Debe tenerse en cuenta que el
reparo puntual de la docente en esta oportunidad, recae exclusivamente en el
hecho de que el a quo en el fallo censurado ordenó la indexación en comento
solo sobre el valor de la asignación básica mensual y no de toda la base de
liquidación pensional que incluía otros factores adicionales como fue
reconocido por aquella entidad.
En tal sentido, se torna adecuado verificar cuál fue la orden impartida por parte
del tribunal de origen respecto del restablecimiento del derecho sobre el cual
la recurrente plantea el anterior señalamiento. Sobre el punto se transcribe el
ordinal tercero de la sentencia reprochada del 12 de mayo de 2020 que reza
lo siguiente:
«[…] TERCERO: ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio que indexe la primera mesada pensional de la
demandante, pues se produjo una pérdida de poder adquisitivo durante
los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Para el efecto, la
asignación básica promedio del último año de servicio deberá
actualizarse, año a año (a partir del 2005 y hasta el 2010), con base en
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la variación de Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente
anterior. […]». (Resalta la Subsección).
De acuerdo con este apartado, el juez plural de primera instancia
efectivamente condicionó la indexación de la prerrogativa de la señora
Chaverra, a que el valor a actualizar fuera solamente el de la asignación básica
y no el del ingreso base de liquidación propiamente dicho.
Empero, lo cierto es que acorde con la línea jurisprudencial esbozada
anteriormente, en especial la derivada de los pronunciamientos efectuados por
el Consejo de Estado en sentencias del 10 de julio de 2014 (2054-2010) y del
16 de agosto de 2018 (4694-13), el ajuste de valor de la prestación en
comento, debe realizarse sobre el IBL que se hubiese tenido en cuenta al
momento del reconocimiento del derecho y no solo respecto del promedio de
la asignación básica mensual, toda vez que ambos conceptos corresponden a
nociones jurídicas diferentes. Se recuerda que en las providencias en comento
esta Alta Corte señaló lo siguiente:
«[…] La Sala considera que ante el vacío normativo existente en relación con la
indexación del ingreso base de liquidación de una prestación pensional y, las
consecuencias negativas derivadas de tal circunstancia, concretadas en el hecho de
que un servidor tenga que percibir al momento de pensionarse, por concepto de
mesada, una suma de dinero devaluada que no guarde una equivalencia o
correspondencia con el valor real del salario que devengada cuando prestaba sus
servicios, resulta pertinente y necesario ordenar el reajuste del ingreso base de
liquidación en atención al carácter especialísimo de que goza una prestación
pensional y al principio de equidad que gobierna el Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones. […]». (Negrilla y subrayado intencional).
Lo anterior denota con claridad que la corrección monetaria con fines de
valorizar la mesada pensional reconocida a un jubilado con posterioridad a su
desvinculación laboral, se calcula sobre el salario tenido en cuenta para
efectos de fijación de la prerrogativa, el cual en esencia corresponde al
denominado ingreso base de liquidación, en el que se incluyen como partidas
computables, no solo el sueldo mensual entendido como la retribución directa
por la prestación del servicio, sino también todos aquellos factores
remunerativos de la labor desempeñada por el servidor público que hayan sido
objeto de cotización para efectos pensionales como son los enlistados en el
artículo 1.° del Decreto 1158 de 199411 o en el artículo 1.° de la Ley 62 de
198512 aplicable en el caso de los docentes oficiales.
11 «ARTÍCULO 1º. El artículo 6º del Decreto 691 de 1994, quedará así:
"Base de cotización". El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de
Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes
factores:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario;
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados;»
12 «ARTÍCULO 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión,
deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute
presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso
anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial,
estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional:
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Es decir, el concepto de salario desde la arista laboral, no puede entenderse
bajo una noción concreta, sino abstracta y general relacionada con todos los
haberes laborales que se hubiesen pagado de manera habitual, ordinaria,
directa y fija como contraprestación destinada a remunerar el servicio cumplido
por el trabajador13. No obstante, en materia pensional, ese concepto se
encuentra limitado bajo el entendido de que será ingreso de liquidación el
promedio de todo pago sobre el cual se hubiesen realizado descuentos para
aportes al respectivo sistema.
Sin perjuicio de lo expuesto, se encuentra demostrado en el asunto sub iudice
que la entidad demandada tuvo en cuenta como IBL para fijar el monto de la
pensión a reconocer a favor de la libelista, el promedio de la asignación básica,
la prima de alimentación, la prima de navidad y la prima vacacional que aquella
percibió durante el último año de labor oficial concretado entre el 17 de
septiembre de 2003 y el 17 de septiembre de 2004, el cual arrojó un monto de
$965.317 al que se le aplicó una tasa de reemplazo del 75% para obtener
como cuantía definitiva de la prestación un total de $723.988.
Como se desprende de este planteamiento, el FNPSM otorgó a la señora
Chaverra una pensión de jubilación calculada con un salario base que incluyó
además de la asignación básica, otros factores que aquella devengó durante
su último año de labor oficial, por lo que la indexación de su primera mesada
no podría recaer únicamente sobre el sueldo propiamente dicho, sino frente a
la totalidad del IBL que fue determinante para fijar la cuantía final de la
prestación. Lo contrario atentaría contra el principio de equidad en virtud del
cual se busca enervar los efectos adversos del paso del tiempo ante la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda, en la medida en que no se actualizaría la
pensión íntegramente, sino en una proporción, lo cual tampoco se ajustaría a
la realidad económica del derecho concedido a la demandante y por lo tanto
vulneraría abiertamente su prerrogativa.
Ahora bien, al margen de la procedencia o no en la inclusión de los factores
salariales que fueron computados en la liquidación pensional de la libelista, lo
cierto es que como lo adujo la parte activa, en razón de la demanda, la
contestación y el litigio conforme fueron fijados, el enfoque de análisis del
control de legalidad promovido a través del respectivo medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, solo era el relativo al derecho a la
indexación de la primera mesada, sin que se hubiese formulado reparo o
discusión frente a la determinación del IBL estimado por la parte demandada
para efectuar el reconocimiento prestacional en su momento.
En tal sentido, efectivamente como lo señaló la parte apelante, no era
procedente que el a quo realizara un análisis que superara el marco fijado por
el litigio en concreto, y mucho menos fallar de manera minus o extra petita, es
decir, por fuera de lo deprecado e incluso menos de lo pretendido. Sobre el
particular debe tenerse en cuenta que una de las bases adjetivas que
circunscriben las actuaciones judiciales ante la presente jurisdicción, es que el
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las
pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes.».
13 Ver sentencia C-521 de 1995 proferida por la Corte Constitucional acerca de la noción amplia de
salario.
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proceso se desarrolla de manera general bajo la égida de la justicia rogada y
excepcionalmente de oficio cuando la misma ley lo permite o en situaciones
puntuales de abierta vulneración de garantías constitucionales que ameritan
una protección inmediata en razón de su prevalencia.
Lo anterior cobra sentido habida cuenta de que los medios de control previstos
para verificar la legalidad de las diversas manifestaciones de la administración,
deben promoverse y desenvolverse bajo los criterios y presupuestos fácticos
y jurídicos que determine la parte afectada, sin que sea del caso fijar
circunstancias más gravosas para el Estado, en tanto se presume ante todo la
buena fe y diligencia de sus decisiones en virtud del principio de legalidad.
Lo anterior se traduce en que quien alega la vulneración de sus derechos por
parte de los agentes estatales y pretende el consecuente restablecimiento de
estos, en efecto debe instar lo propio con total precisión, claridad y completitud.
Estos planteamientos tienen un respaldo constitucional en virtud del principio
del debido proceso y el derivado derecho de defensa y contradicción, habida
cuenta de que no es dable sorprender a la parte demandada con decisiones
que afecten sus intereses cuando aquello no fue objeto de debate en la
definición propia del litigio, o incluso a la parte activa cuando se decide sin
resolver puntos de lo reclamado. Lo antedicho se acompasa entonces con el
principio procesal de la congruencia contenido en el artículo 281 del CGP, que
se predica como fundamento para que exista coherencia entre lo pretendido
con la demanda, lo discutido y probado en la causa judicial y lo que debe
resolver la autoridad judicial conforme a los límites que tales extremos
determinen. Al respecto la norma ejusdem prevé lo siguiente:
«Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.
PARÁGRAFO 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y
extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la
pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o
de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole.
PARÁGRAFO 2o. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley
sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es
conseguir la plena realización de la justicia en el campo en consonancia de los
fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la
protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción
agraria.
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En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de
pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir
sobre lo controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre
que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado
para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o
ultrapetita, siempre que los hechos que los originan y sustenten estén
debidamente controvertidos y probados.
En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que
el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos,
de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes
de comunidades civiles indígenas.»
Ahora, precisamente como se observa ut supra, la excepción a la regla en
comento se contempla legalmente, pues se han previsto las facultades ultra y
extra petita, las cuales implican que el juez podría fallar más allá o por fuera
de lo deprecado respectivamente. Tales potestades tienen sentido en asuntos
concretos y determinados como se enuncian en dicha norma, no obstante, en
materia laboral el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social también consagra aquella posibilidad pues indica lo siguiente:
«ARTICULO 50. EXTRA Y ULTRA PETITA. El Juez podrá ordenar el pago de
salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los
hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén
debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las
demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores
a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que
no hayan sido pagadas.»
Puntualmente para casos en los que se han evidenciado sentencias con
decisiones por fuera de lo pretendido, esta Subsección ha fijado una posición
restrictiva sobre su uso, en orden de garantizar el principio de congruencia
como fundamento esencial de protección del debido proceso en el contexto de
esta jurisdicción. Frente a este punto en sentencia del 7 de octubre de 2019 14
se precisó que:
«Le asiste razón a la entidad demandada al afirmar que el fallo de primera
instancia es incongruente porque (i) lo solicitado en vía gubernativa (ii) las
pretensiones de la demanda (iii) los argumentos del concepto de violación y (iv)
la defensa de la entidad demandada, no corresponden con lo que se decidió,
esto es, el reconocimiento y pago de horas extras En otros términos, nos
encontramos ante la presencia de una sentencia extra petita, que si bien en
materia laboral es procedente, dado que el juez puede pronunciarse sobre el
pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, con
fundamento en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo; lo cierto, es que
el ejercicio de dicha facultad procede siempre y cuando los hechos que los
originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados,
circunstancia que no ocurrió en el sub judice, como se evidenció. En conclusión
y toda vez que en la providencia apelada se concedió un derecho que no fue
reclamado en la vía judicial, la Sala de Subsección está de acuerdo en afirmar
que vulneró los derechos al debido proceso, audiencia y defensa de la E.S.E.
Hospital Universitario San Jorge de Pereira.»
14Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 7 de octubre de 2019. Radicado: 66001-23-31-000-2012-00065-01 (3706-14).
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Demandante: Luz Nelly Chaverra
Del mismo modo, en providencia del 30 de mayo de 201915 se manifestó sobre
el particular lo que se transcribe a continuación:
«Se evidencia que el Tribunal accionado, al confirmar la sentencia de primera
instancia, se pronunció sobre un aspecto que no fue solicitado por el
demandante y con ello hizo más gravosa su situación y transgredió el principio
de congruencia al fallar de forma extra petita. Efectivamente, la corporación
judicial decidió estudiar la forma en que debía fijarse la prima de antigüedad y
llegó a la conclusión de que la misma no debía concretarse sobre un 38.5 %
del 100 % de la asignación básica, sino sobre el 38.5% del 58.5 % de aquella.
Sobre el particular, se recuerda que el artículo 281 del Código General del
Proceso, aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 306 de
la Ley 1437 de 2011, dispuso que las sentencias deben ser consonantes con
los hechos y pretensiones de la demanda, con las demás oportunidades
previstas en el Código y con las excepciones probadas. Así mismo, señaló que
el demandado no puede condenarse por objeto distinto al pretendido en la
demanda ni por una causa distinta. En esa línea de pensamiento, se precisa
que las sentencias judiciales deben ser congruentes con lo solicitado y
discutido en el proceso, lo cual constituye una garantía del debido proceso y
del derecho de defensa. Sin embargo, en el caso bajo estudio el Tribunal
Administrativo de Casanare transgredió este principio al ir más allá de lo
solicitado en la demanda. Ciertamente, la labor de la corporación judicial se
limitaba a examinar si el [actor] demostró la ilegalidad del acto administrativo
demandado, pero no podía hacer más gravosa su situación y afectar los
porcentajes que ya le había reconocido la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares.»
Como se observa a partir de los extractos jurisprudenciales transcritos, no es
dable proferir decisiones respecto de asuntos no discutidos en vía
administrativa y que tampoco fueron planteados en la demanda para haberse
incluido en el litigio con opción de pronunciamiento por parte de la demandada.
Ahora, en el caso concreto se observa que la demandante no planteó ni solicitó
la reliquidación pensional con la inclusión o retiro de algunos factores
salariales, pues en realidad lo que instó en el libelo fue la indexación de la
primera mesada, la cual necesariamente por su propia naturaleza, implicaba
determinar si aquella tenía derecho a que el valor de su prerrogativa se
actualizara al ajustar el monto del IBL y no solo de la asignación básica, esto
en el sentido de aplicar el IPC sobre el salario base de liquidación por los años
que transcurrieron entre el retiro del servicio y el reconocimiento pensional.
Por lo expuesto, resulta evidente que es improcedente ordenar la actualización
de la primera mesada pensional de la señora Chaverra exclusivamente
respecto del sueldo propiamente dicho, pues lo adecuado era que la mentada
condena conllevara la indexación del IBL que la entidad demandada determinó
cuando reconoció el derecho prestacional de aquella, esto es, el fijado en la
Resolución 4143.0.21.10538 del 11 de noviembre de 2010. Por consiguiente,
habrá de modificarse en el aludido sentido el fallo apelado, puntualmente en
lo que respecta a la forma de realizar la actualización monetaria de la pensión
de jubilación de la recurrente.
De otra parte, se observa que uno de los reparos de impugnación formulados
por la libelista, consiste en el hecho de que el período de anualidades a tener
15Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 30 de mayo de 2019. Radicado: 11001-03-15-000-2019-01946-00 (AC).
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en cuenta para aplicar el IPC con fines de indexación, no es el señalado por el
a quo correspondiente al lapso comprendido entre 2005 y 2010, sino de 2004
a 2009.
A fin de determinar lo anterior, la Subsección realizó los siguientes ejercicios
de actualización con base en los dos períodos en discusión:
2005 a 2010:
Año IPC inicial IPC final IBL IBL actualizado
2005 53,07 55,99 $965.317,00 $1.018.385,38
2006 55,99 58,70 $1.018.385,38 $1.067.827,01
2007 58,70 61,33 $1.067.827,01 $1.115.643,35
2008 61,33 64,82 $1.115.643,35 $1.179.168,86
2009 64,82 69,80 $1.179.168,86 $1.269.667,21
2010 69,80 71,20 $1.269.667,21 $1.295.083,52
IBL ACTUALIZADO A 2010 $1.295.083,52
PRIMERA MESADA INDEXADA A 2010 CON TASA DE
$971.312,64
REEMPLAZO DEL 75%
2004 a 2009:
Año IPC inicial IPC final IBL IBL actualizado
2004 53,07 53,07 $965.317,00 $965.317,00
2005 53,07 55,99 $965.317,00 $1.018.385,38
2006 55,99 58,70 $1.018.385,38 $1.067.827,01
2007 58,70 61,33 $1.067.827,01 $1.115.643,35
2008 61,33 64,82 $1.115.643,35 $1.179.168,86
2009 64,82 69,80 $1.179.168,86 $1.269.667,21
IBL ACTUALIZADO A 2009 $1.269.667,21
PRIMERA MESADA INDEXADA A 2009 CON TASA DE
$952.250,41
REEMPLAZO DEL 75%
Como se aprecia de lo anterior, al tener en cuenta el IPC certificado por el
DANE16 (no la variación porcentual anual como lo estima la parte
demandante), resulta evidente que si se indexan los valores del ingreso base
de liquidación de la libelista desde el año 2004, en aplicación del IPC del año
2005 para determinar el monto que correspondería a esta última anualidad, y
así sucesivamente hasta el año 2010 que es el momento en que se consolidó
el derecho al pago de la prestación y cuando efectivamente esta fue
reconocida por la entidad demandada, la cuantía actualizada de la primera
mesada sería equivalente a $971.312,64, la cual es superior por $19.062,23
al resultado de $952.250,41 que se obtendría por el lapso de 2004 a 2009
como lo depreca la apelante.
Lo anterior implica que en observancia de los principios de favorabilidad y del
non reformatio in pejus, aplicables bajo el entendido de que la parte
demandante fue la única apelante en este caso, y que por lo tanto no es
jurídicamente viable desmejorar la situación creada para aquella en primera
instancia, deberá confirmarse la decisión del a quo relacionada con la
aplicación del IPC para los años 2005 a 2010 y no de 2004 a 2009 como lo
estimaba la señora Chaverra, toda vez que ello encuentra su justificación
técnica, en el contexto de que la actualización monetaria se predica sobre el
valor de una suma de dinero causada en determinado año, la cual se reajusta
para el o los años subsiguientes, no en la misma anualidad en la que se
reconoció o pagó el respectivo monto, pues como se aprecia en la segunda
tabla, al tratar de indexar una cifra generada en el año 2004 con el IPC de ese
momento y solo hasta el 2009 cuando en realidad se busca obtener el valor
16 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc/ipc-historico
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real en el 2010, no se lograría obtener el resultado deseado de la figura en
estudio, pues desde el primer momento no se habría aplicado correctamente.
En conclusión: la condena de indexación de la primera mesada pensional de
la señora Luz Nelly Chaverra, debe incluir la actualización al 1.° de agosto de
2010 sobre el valor de la totalidad del ingreso base de liquidación tenido en
cuenta por la entidad demandada al momento de reconocer la prestación
conforme a la Resolución 4143.0.21.10538 del 11 de noviembre de 2010, ello
en aplicación de la fórmula de ajuste de valor conforme al IPC certificado por
el DANE para cada anualidad a lo largo del período comprendido entre los
años 2005 a 2010.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden, la subsección modificará el ordinal tercero de
la sentencia del 12 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, ello en el sentido de ordenar la indexación de la primera mesada
pensional de la libelista, a través del ajuste de valor del ingreso base de
liquidación tenido en cuenta por la entidad demandada en la Resolución
4143.0.21.10538 del 11 de noviembre de 2010 en aplicación del IPC
respectivo para cada anualidad durante el período comprendido entre 2005 y
2010. En todo lo demás se confirmará el fallo apelado. Lo expuesto habida
cuenta de que prosperan parcialmente los argumentos del recurso de
apelación formulado por la libelista.
De la condena en costas de segunda instancia
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201617, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:
a. «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
b. Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o
bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c. Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d. La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la
parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
17 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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f. La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP18, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g. Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público19.
Ahora, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas de segunda instancia, en la medida en que prosperó parcialmente
el recurso de apelación y por ende la demanda, de suerte que es dable
abstenerse de la imposición de dicha carga conforme al artículo 365, numeral
5.° del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Modificar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 12 de mayo
de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la
señora Luz Nelly Chaverra contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual quedará de
la siguiente forma:
«[…] TERCERO: ORDENAR a la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, indexar la primera
mesada pensional de la señora Luz Nelly Chaverra, en el sentido de actualizar
anualmente el monto del ingreso base de liquidación tenido en cuenta por la
entidad demandada al momento de reconocer la prestación conforme a la
Resolución 4143.0.21.10538 del 11 de noviembre de 2010, ello en aplicación
de la fórmula de ajuste de valor conforme al IPC certificado por el DANE para
los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 respectivamente. […]».
Segundo: Confirmar en todo lo demás la sentencia impugnada.
Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.
18 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
19 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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