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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00183-01

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00183-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 14 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda presentada por Elsa Chicangana Agredo contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado Electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. PTH

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-00183-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00183-01 (0608-2023)
Demandante: Elsa Chicangana Agredo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Tema: Reajuste de la pensión de sobrevivientes del 50% al 100% con
sustento en las normas previstas para la incapacidad absoluta
y permanente o gran invalidez.

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 14 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Elsa Chicangana Agredo presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara lo siguiente:

1.1. La nulidad del Oficio 022353/ARPRE-GRUPE-1.10 del 25 de mayo de 2017,
por medio del cual se negó la reliquidación de la pensión de sobrevivientes.

1 En adelante CPACA.

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00183-01 (0608-2023)
Demandante: Elsa Chicangana Agredo

1.2. La ilegalidad y/o inconstitucionalidad de las expresiones «incapacidad
absoluta y permanente o gran invalidez» y «doce (12) o más años» incluidas en
los artículos 161 y 165 [literal c] del Decreto 1212 de 1990,
respectivamente.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: (i) el reajuste de la pensión de
sobrevivientes «con la inclusión del aumento al 100%»; (ii) el pago del retroactivo de
la prestación a partir de la resolución que la reconoció hasta cuando se incluyera
«en la nómina mensual la suma que correspond[iera] al citado reajuste al 100%» ; y (iii) el
reintegro de todas las sumas que se generaron con ocasión del proceso por
concepto de honorarios de abogado y costas procesales.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. En la demanda se narraron los siguientes hechos:

3.1. El agente, Darley Fernando Ortiz Porras, laboró en la Policía Nacional desde
el 1 de octubre de 1987 al 27 de noviembre de 1994 y falleció en actos especiales
del servicio, de conformidad con la hoja de servicios.

3.2. Por lo anterior, la Policía Nacional lo ascendió de forma póstuma al grado de
cabo segundo.

3.3. A través de la Resolución 009829 del 16 de junio de 1995, la entidad
reconoció a Elsa Chicangana Agredo [en calidad de cónyuge] la pensión de
sobrevivientes en el equivalente al 50% del sueldo básico de un cabo segundo,
15% de la prima de actividad y 39% del subsidio familiar, fecha en la cual estaba
vigente el Decreto 1212 de 1990.

3.4. El 3 de abril de 2017, Elsa Chicangana Agredo solicitó el reajuste de la
pensión, con el fin de que se incrementara al 100%, en razón a que, al tenor de la
Ley 923 de 2004, estaba prohibida la discriminación por condiciones de grados en
materia de prestaciones sociales; sin embargo, la petición fue negada mediante el
acto acusado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 4, 13, 42 y 48 de la Constitución Política;
en su concepto, porque:

5. La entidad incurrió en una «falla jurídica» al no aplicar por vía excepcional de
inconstitucionalidad o ilegalidad la expresión «doce (12) años o más de servicio»
prevista en el artículo 165 del Decreto 1212 de 1990 para acceder a la pensión de
sobrevivientes, a pesar de que la norma violaba sustancialmente el principio de
igualdad respecto de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes señalados

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00183-01 (0608-2023)
Demandante: Elsa Chicangana Agredo

por el artículo 161 ibidem. Lo mismo ocurrió con este último canon, conforme con
el cual la gran invalidez o incapacidad absoluta devenía de heridas ocasionadas
en actos meritorios del servicio y/o en combate, «es decir, si estas heridas no
[ocasionaban] una gran invalidez, sino que [ocasionaban] la muerte exclu[ía] al policía en
cualquiera que fuere su grado del beneficio de la pensión que le conced[ía] en el literal C)
de los mencionados artículos, lo que traduc[ía] que a los que quedaron inválidos, les
[dieran] pensión y a los que fallecieron con menos de 12 años les [dieran] pensión en un
50%», lo cual quebrantaba el principio de igualdad por tratarse de personas iguales
que recibían «el mismo tipo de lesiones personales».

6. Con la aplicación del artículo 165 [literal c] del Decreto 1212 de 1990 también
se quebrantó el principio de igualdad porque a los beneficiarios de la pensión de
sobreviviente señalados en el artículo 161 ibidem la Policía Nacional no exigía
ningún tiempo de servicio, sino que la incapacidad o gran invalidez fuera producto
de las lesiones causadas por heridas o accidentes en actos extraordinarios o
meritorios del servicio o encontrándose en operaciones de orden público, es decir
que lo que promovía la prestación de quien «quedó vivo y posteriormente murió», era
que el fallecimiento fuera consecuencia de heridas en combate, pero si estas
causaban la muerte, no se les tenían en cuenta las heridas en actos meritorios del
servicio, sino que se les «hac[ía] una exigencia mucho más gravosa y [era] doce 12
años o más de servicio».

7. Por lo anterior, debía realizarse un «juicio severo o un “test severo” de legalidad y/o
de constitucionalidad, teniendo en cuenta que exist[ía] presencia de: iniquidad manifiesta
cuando la diferenciación afecta[ba] el goce de derechos fundamentales, cuando
compromet[ía] el mínimo vital o, en suma, cuando apare[ciera] una violación de la
dignidad del grupo de personas diferenciado», de conformidad con las sentencias C-
461 de 1995, C-197 de 1999, C-432 de 2004 y C-121 de 2010 proferidas por la
Corte Constitucional.

1.2. Contestación de la demanda

8. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional se opuso a las
pretensiones, por las razones que se sintetizan a continuación:

8.1. El acto administrativo se ajustó al ordenamiento jurídico, pues fue expedido
por la autoridad competente, con las formalidades establecidas en la ley y se
motivó en debida forma; en consecuencia, se presumía legal.

8.2. El grado que ostentaba Darley Fernando Ortiz Porras para el momento de
su muerte era el de agente, de manera que la norma aplicable no era el Decreto
1212 de 1990, sino el Decreto 1213 de 1990, conforme con el cual debía
efectuarse el ascenso póstumo; sin embargo, ello no significaba que se pudiera
hacer «un cambio de norma a conveniencia del demandante»; además, este establecía
que la pensión de sobrevivientes debía ser liquidada en un 50% de acuerdo con el

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Demandante: Elsa Chicangana Agredo

grado conferido, es decir que debía ser tasada con el salario de un cabo segundo
más las partidas computables previstas en el artículo 140 del Decreto 1212 de
1990.

1.3. La sentencia apelada

9. Mediante sentencia proferida el 14 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas.

10. Para tal efecto, se detuvo en el marco normativo y jurisprudencial de la
asignación de retiro de los miembros de la Policía Nacional y, a continuación,
resolvió el caso concreto en los siguientes términos:

11. Para resolver los argumentos dirigidos a la declaración de ilegalidad y/o
inconstitucionalidad se debía acudir a un juicio de igualdad. Una vez se
determinaran los criterios de comparación y se concluyera que los supuestos
fácticos eran equiparables, se procedía a realizar el juicio integrado que
comprendía (i) el análisis de la adecuación de la medida al fin perseguido; (ii) el
examen de la necesidad de la medida diferenciadora; y (iii) el estudio de
proporcionalidad en estricto sentido de la medida con el objeto de determinar si el
trato desigual no sacrificaba valores y principios constitucionales de mayor
relevancia, como lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-896 de
2006.

12. De un lado, la pensión de sobrevivientes buscaba garantizar al grupo familiar
el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban en vida del
causante y salvaguardarlos de la desprotección «y la posible miseria» y, del otro, la
pensión de invalidez tenía como fin proteger a quien sufrió una enfermedad de
origen común o un accidente profesional que disminuyera o anulara su capacidad
laboral. Además, mientras la primera buscaba solventar al núcleo familiar
dependiente del causante, la segunda se enfocó en preservar la vida digna de la
persona que no se encontraba en condiciones de suplir sus necesidades básicas
por sí mismo.

13. De acuerdo con lo anterior, la actora se encontraba en una posición «en parte
similar y en parte diversa», pues las diferencias en la finalidad de ambas
prestaciones eran más relevantes que las similitudes, toda vez que (i) la situación
de los familiares que dependían económicamente del causante no era comparable
con la de aquellos pensionados por invalidez que dependían exclusivamente de la
prestación; (ii) si bien los beneficiarios se encontraban en un estado de necesidad,
lo cierto era que no tenían limitaciones para velar por sus necesidades básicas por
sí mismos; y (iii) conceder las prestaciones en distinto porcentaje promovía la
sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, «en aras de la garantía de los
derechos fundamentales de todos sus afiliaos y beneficiarios».

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00183-01 (0608-2023)
Demandante: Elsa Chicangana Agredo

14. Si bien el origen de ambas prestaciones [sobrevivientes e invalidez] eran los
actos meritorios del servicio y/o en combate, lo cierto era que la finalidad variaba
según la situación particular del beneficiario, de modo que no podría predicarse la
vulneración del principio de igualdad.

1.4. El recurso de apelación

15.Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso el recurso de
apelación y lo sustentó en los siguientes términos:

16. El a quo no tuvo en cuenta la inaplicación por ilegal y/o inconstitucional de las
expresiones «incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez» y «doce (12) años o
más» previstas en los artículos 161 y 165 [literal c] del Decreto 1212 de 1990, pues
fue planteada para que se realizara un test severo de constitucionalidad; sin
embargo, lo resolvió a través de un «test simple» y desconoció que, según la Corte
Constitucional, una norma podía ser válidamente constitucional, pero a su vez
inconstitucional a la luz de un «test severo», asimismo pasó por alto la violación al
principio de la igualdad por inequidad manifiesta y/o violación al mínimo vital,
como se indicó en la sentencia C-613 de 1996, C-479 de 1998, C-366 de 2008 y
T-110 de 2011.

17. El a quo «se limitó» a negar la prestación con sustento en que la Corte
Constitucional ya había resuelto la constitucionalidad de las normas acusadas y el
hecho puntual de la inequidad era que los beneficiarios tenían derecho al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con el equivalente al 50%,
mientras que al causante de la pensión de invalidez se le reconocía un 100%,
«resultando una desigualdad [...] con estas normas que se compara[ban] por el hecho en
que no se tuvo en cuenta que la formula subyacente de la pensión tanto de los inválidos,
como de los fallecidos no es en sí la invalidez o fallecimiento, sino que su fórmula
subyacente [eran] las heridas en combate y allí como heridos todos son iguales por
consiguiente se viol[ó] el principio de igualdad, que el uno quede inválido y el otro fallezca
son consecuencias de las heridas, y la Juez tomó como las consecuencias de las heridas
para decir que son desiguales».

18. En la demanda se planteó que el acto acusado quebrantó la Constitución
Política al invocar la «vigencia actual» del artículo 161 del Decreto 1212 de 1990.
Además, las consecuencias de la inequidad no podían gravitar negativamente a
costa de los derechos fundamentales, máxime porque se trataba de una persona
de la tercera edad «sin mínimo vital resuelto» y sin oportunidades de incorporarse a
la actividad laboral.

19. También debía atenderse y aplicarse la ratio decidendi de las sentencias C-
461 de 1995 y C-432 de 2004, conforme con las cuales, para desarrollar y aplicar
la expresión del artículo 161 del Decreto 1212 de 1990, primero se debía tener en

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cuenta si con su aplicación se transgredía el principio de igualdad a la luz de los
derechos fundamentales.

20. El Consejo de Estado se pronunció sobre la inequidad manifiesta en las
sentencias del 6 de septiembre de 2001 (radicación 13001-23-31-000-1998-
00316-01, 0567-01) y 18 de abril de 2013 (radicación 11001-03-25-000-2007-
00061-00, 1238-2007).

21. El artículo 161 del Decreto 1212 de 1990 le permitió al beneficiario acceder a
una pensión de invalidez con el 100% de las acreencias laborales y dejó de lado
que el fallecido fuera calificado en la misma proporción; además, en el artículo 165
ibidem exigió 12 años de servicio para que la liquidación se hiciera con el 50% de
los emolumentos percibidos.

22. La fórmula subyacente se concretaba en el combate con el enemigo o el
restablecimiento del orden público que era el mismo elemento generador de la
invalidez o de la muerte, es decir, eran iguales respecto de este evento especial.
De ahí que se realizaran los informes de calificación y, precisamente, en el artículo
161 ibidem se debía revisar la «desigualdad», en razón a que solo estableció el
beneficio para las personas en situación de diversidad, pero no para los fallecidos;
en consecuencia, al ser iguales, debía comprenderse la redacción «“invalidez como
si dispusiera de invalidez y/o muerte” y solo así, se respeta[ba] el derecho al principio de
la igualdad»; ello, sumado a que el análisis debía hacerse al tenor del principio de
«inequidad manifiesta» por cumplir los 2 postulados previstos en la sentencia C-613
de 1996.

23. La «inequidad manifiesta» no solo se configuraba cuando la diferenciación
afectaba el goce de derechos fundamentales, sino también cuando se presentaba
una «violación de la dignidad del grupo de personas diferenciado por cuanto en este caso
en forma inexplicable e injusta entre iguales porque son suboficiales al haber sido
ascendidos al grado inmediatamente superior para efectos de las prestaciones sociales,
diferencia[ba] de una manera más favorable al suboficial inválido que a un suboficial que
fallece para efectos de sus prestaciones sociales». El ascenso póstumo de agente a
cabo segundo solo aplicaba para el reconocimiento de las prestaciones sociales,
las cuales comprendían las pensiones de invalidez y sobreviviente.

24. El requisito previsto en el literal c) del artículo 165 del Decreto 1212 de 1990
quebrantaba sustancialmente el principio de igualdad si se tenía en cuenta que,
respecto de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de que trataba el
artículo 161 ibidem, no se exigía ningún tiempo de servicio, solo que las heridas o
lesiones se derivaran de actos meritorios del servicio, mientras que para quienes
se les reconocía la pensión por fallecimiento el requisito consistía en demostrar 12
años o más de servicio, aun cuando se trataba de la misma labor.

25. En otras palabras, la Policía Nacional «proced[ía] con los beneficiarios del policía

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Demandante: Elsa Chicangana Agredo

fallecido a negarle la pensión de sobrevivientes en un equivalente al 100% y solo se la
conced[ía] en un 50% y en cambio con el artículo 161 del decreto 1212 de 1990, le
conced[ía] la pensión a los beneficiarios del policía inválido así después este [falleciera]
en un equivalente al 100%» [sic], es decir, penalizó «groseramente a los beneficiarios
del muerto que fallece en campo de combate [...], en cambio [premió] a los beneficiarios
también del inválido por haber soportado una invalidez adquirida en las mismas
condiciones» [sic], a pesar de que todos los policías eran iguales cuando del
combate y restablecimiento del orden público se trataba.

26. La inequidad manifiesta se presentaba cuando la diferenciación afectaba el
goce de los derechos fundamentales, como en el caso, que se le limitó a gozar del
otro 50% de su mínimo vital.

1.5. Trámite de la segunda instancia

27. En auto del 1 de junio de 2023 se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte demandante contra la sentencia proferida el 14 de julio de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

28. En proveído del 17 de noviembre de 2023 se resolvió prescindir de la
audiencia de alegatos y juzgamiento y correr traslado a las partes y al Ministerio
Público para que presentaran las alegaciones finales y el concepto,
respectivamente; sin embargo, guardaron silencio.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

29. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación presentado por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as
salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

30. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿Elsa Chicangana Agredo
tiene derecho a que la pensión de sobrevivientes que le fue reconocida por la
Policía Nacional se reliquide en el 100% de la asignación básica del grado de cabo
segundo, en virtud de la inaplicación por ilegalidad y/o inconstitucionalidad de las
expresiones «incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez» y «doce (12) o más
años» incluidas en los artículos 161 y 165 [literal c] del Decreto 1212 de 1990,
respectivamente?

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00183-01 (0608-2023)
Demandante: Elsa Chicangana Agredo

31. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la
siguiente estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo del
régimen prestacional cuando se trata de agentes que fallecieron en actos
especiales del servicio al tenor de los Decretos 1212 y 1213 de 1990; segundo, se
enunciarán los hechos probados; y tercero, se resolverá el caso concreto.

2.3. El régimen prestacional cuando se trata de agentes que fallecieron en
actos especiales del servicio al tenor de los Decretos 1212 y 1213 de
1990

32. Mediante la Ley 66 de 1989 se revistió al presidente de la República de
facultades extraordinarias para «[r]eformar los estatutos del personal de Oficiales,
Suboficiales y Agentes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en las siguientes
materias: disposiciones preliminares; jerarquía; clasificación, escalafón, ingreso,
formación y ascenso; administración de personal; asignaciones, subsidios, primas,
dotaciones y descuentos, traslados, comisiones, pasajes, viáticos y licencias; suspensión,
retiro, separación y reincorporación; régimen general de prestaciones sociales; reservas,
normas para alumnos de las escuelas de formación; trámite para reconocimientos
prestacionales y disposiciones varias».

33. En cumplimiento de lo anterior, se profirió el Decreto 1213 de 1990 «[p]or el
cual se reform[ó] el Estatuto de Personal de Agentes de la Policía Nacional», el cual
estableció en su artículo 123 las prestaciones que se reconocerían por la muerte
de un agente en actos especiales de servicio. El tenor literal de la norma es el
siguiente:

«Artículo 123. Muerte en actos especiales del servicio. Durante la vigencia
del presente Estatuto, a la muerte de un Agente de la Policía Nacional en
servicio activo, en actos meritorios del servicio, en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o
en mantenimiento o restablecimiento del orden público, será ascendido en
forma póstuma al grado de Cabo Segundo cualquiera que sea el tiempo de
servicio, además sus beneficiarios en el orden establecido en este Estatuto,
tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación
equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado
conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el
artículo 100 de este Decreto.

b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

c. Si el Agente hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el
Tesoro Público le pague una pensión mensual, la cual será liquidada y
cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el
grado conferido póstumamente.

d. Si el Agente no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus

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Demandante: Elsa Chicangana Agredo

beneficiarios en el orden establecido en el presente Estatuto, con excepción
de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una
pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas
señaladas en el artículo 100 de este Decreto.

Parágrafo. Se entiende por actos meritorios del servicio para todo efecto,
aquellos en que el Agente, se enfrente a grave e inminente peligro en
defensa de la vida, honra y bienes de las personas.» [se resalta]

34. Asimismo, expidió el Decreto 1212 de 1990 «[p]or el cual se reform[ó] el estatuto
del personal y suboficiales de la Policía Nacional». En el artículo 165 incluyó el mismo
supuesto que la norma anterior, esto es la muerte en actos especiales del servicio,
de la siguiente manera:

«Artículo 165. Muerte en actos especiales del servicio. A partir de la
vigencia del presente Estatuto, el Oficial o Suboficial de la Policía Nacional
que muera en servicio activo, en actos meritorios del servicio, en combate o
como consecuencia de la acción del enemigo bien sea en conflicto
internacional o en mantenimiento o restablecimiento del orden público, será
ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera
que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el
orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes
prestaciones:

a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación
equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado
conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el
artículo 140 de este Decreto.

b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de
servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual
será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de
acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.

d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio,
sus beneficiarios en el orden establecido en este Estatuto, con excepción de
los hermanos tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una
pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas
de que trata el artículo 140 de este Decreto.

Parágrafo. Se entiende por actos meritorios del servicio para todo efecto,
aquellos en que el Oficial o Suboficial se enfrente a grave e inminente
peligro en defensa de la vida, honra y bienes de las personas.» [se resalta]

35.De otro lado, en el artículo 161 ibidem se reguló lo relativo a la incapacidad
absoluta en actos meritorios del servicio así:

«Artículo 161. Incapacidad absoluta en actos meritorios del servicio. Si la
incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez de que trata el artículo
anterior, fueren consecuencia de heridas en actos meritorios del servicio, en
combate, como consecuencia de la acción del enemigo o en conflicto

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00183-01 (0608-2023)
Demandante: Elsa Chicangana Agredo

internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden
público interno, el Oficial o Suboficial tendrá derecho a:

a. Al ascenso al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el
tiempo de servicio en su grado.

b. A que por el Tesoro Público se le pague, por una sola vez, la
indemnización que corresponda a su lesión de acuerdo con el reglamento
respectivo, aumentada en otro tanto.

c. A percibir del Tesoro Público una pensión mensual equivalente al ciento
por ciento (100%) de las partidas señaladas en el artículo 140 de este
Decreto.

d. Al auxilio de cesantía y demás prestaciones correspondientes a su nuevo
grado y tiempo de servicio.

e. A una bonificación equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de la
indemnización que resulte de la aplicación de la Tabla “D” del Decreto-ley 94
de 1989 o normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

f. A importar para uso personal y libre de cualquier gravamen nacional,
implementos ortopédicos y un vehículo de características especiales
acordes con su limitación física o incapacidad permanente, que permitan su
rehabilitación y recuperación.»

36. Los artículos 123 del Decreto 1213 de 1990 y 165 del Decreto 1212 del mismo
año, fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
654 de 1997. En la demanda, se alegó que las exigencias de 12 años de tiempo
de servicio para adquirir el derecho a la pensión por parte de los beneficiarios de
los agentes de la Policía Nacional y el porcentaje del 50% vulneraban los artículos
13 y 43.2 de la Constitución Política, pues (i) la primera [12 años de servicio] no se
exigía para los miembros del nivel ejecutivo, a cuyos beneficiarios se les reconocía
la pensión con cualquier tiempo de servicio; y (ii) el 50% exigido se distanciaba de
lo previsto para los beneficiarios de los miembros del nivel ejecutivo, a quienes se
les reconocía el 100% sin importar el tiempo de servicio. En esta oportunidad, la
Corte sostuvo lo que a continuación se sintetiza:

36.1. En materia laboral podían existir regímenes jurídicos diferentes que
regularan diversos aspectos de la relación de trabajo, sin que, por ello, en
principio, pudiera considerarse la violación del principio de igualdad. Para realizar
el juicio, debía establecerse cuáles eran las situaciones o supuestos que debían
ser objeto de comparación desde el punto de vista objetivo o material y funcional,
«atendiendo todos los aspectos que [fueran] relevantes en las respectivas relaciones o
circunstancias, con el fin de determinar qué [era] lo igual que merec[ía] un trato igual y
qué [era] lo divergente que exig[ía], por consiguiente, un trato diferenciado»; precisado
ello, debía determinarse si el tratamiento en una situación concreta obedecía o no
a criterios objetivos, razonables, proporcionados y que estuvieran acordes con una
finalidad constitucional legítima.

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00183-01 (0608-2023)
Demandante: Elsa Chicangana Agredo

36.2. Era evidente la existencia de una diferencia en cuanto a las prestaciones
por muerte; sin embargo, con ello no se rompía el principio de igualdad porque los
agentes tenían la opción para mantenerse en el antiguo régimen del Decreto 1213
de 1990 o incorporarse al nuevo previsto en el Decreto 1091 de 1995; además, de
acuerdo con la experiencia, existía tendencia de los agentes a permanecer en el
antiguo régimen prestacional porque les representaba mayores beneficios; «el
tratamiento diferente [...] [estaba] justificado por la necesidad de crear un nuevo régimen
prestacional para quienes ingres[aran] al nivel ejecutivo que no afecta[ba] [...] a quienes
[desearan] permanecer en el régimen anterior».

36.3. Las normas debían interpretarse en concordancia con el literal e) del
numeral 19 del artículo 150 de la Constitución, pues fue voluntad del constituyente
que la ley determinara un régimen prestacional para los miembros de la fuerza
pública que debía responder a las situaciones de orden objetivo y material que
daba lugar el cumplimiento de sus funciones.

36.4. Tampoco se configuró la vulneración del principio de igualdad. La diferencia
de tratamiento estaba justificada porque al analizar comparativamente los 2
regímenes, no se apreciaban significativas diferencias en las prestaciones
globalmente consideradas, máxime cuando el auxilio de cesantía se reconocía
doble en los casos de muerte en combate y muerte en misión del servicio, y con el
sistema de la retroactividad, en cambio en el régimen del nivel ejecutivo la
cesantía se liquidaba año por año.

2.4. Lo probado

37. En el expediente se encuentran demostrados los siguientes hechos:

38. Darley Fernando Ortiz Porras laboró al servicio de la Policía Nacional, así:

Novedad Desde Hasta
Agente alumno 1 de octubre de 1987 31 de marzo de 1988
Agente nacional 1 de abril de 1988 27 de noviembre de 1994
Alta tres meses 27 de noviembre de 1994 27 de febrero de 1995

39. Contrajo matrimonio con Elsa Chicangana Agredo el 28 de junio de 1986 y
falleció el 27 de noviembre de 1994.

40. Según el informe administrativo 022 del 28 de febrero de 1995, la muerte
ocurrió en actos especiales del servicio como consecuencia de la acción del

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Demandante: Elsa Chicangana Agredo

enemigo, de conformidad con el artículo 123 del Decreto 1213 de 1990 2. A través
de la Resolución 019240 del 28 de diciembre de 1994 fue retirado por defunción.

41. Mediante la Resolución 009829 del 16 de junio de 1995 se reconoció a favor
de Elsa Chicangana Agredo [cónyuge], Ingrid Johana y Juan Fernando Ortiz
Chicangana [hijos] (i) la pensión mensual, a partir del 28 de noviembre de 1994 y
en cuantía de $133.369,83, «equivalente al 50% de los haberes percibidos por el
causante en el último mes de servicio»; (ii) la indemnización por muerte; y (iii) el
auxilio de cesantía. En la parte motiva del acto, se anotó lo que se transcribe a
continuación:

«Que de acuerdo con la liquidación de servicios expedida por el Archivo
General, el señor Agente ORTIZ PORRAS DARLEY FERNANDO, ingresó el
01 de octubre de 1987 y fue retirado el 27 de noviembre de 1994 por
Defunción, en la categoría de CABO SEGUNDO, con un tiempo total de
servicio de 07 años, 03 meses y 02 días incluido el tiempo como Agente
Alumno.

Que por haber fallecido en actividad, causó derecho a pensión por muerte y
auxilio de cesantía de conformidad el Art. 123 del Decreto 1213/90.

Que el fallecimiento se calificó en ACTOS ESPECIALES DEL SERVICIO (48
meses Indem) ascenso póstumo al grado de Cabo según resolución No.
04007 del 060495.» [sic]

42. Elsa Chicangana Agredo solicitó el 3 de abril de 2017 el reajuste de la pensión
de sobrevivientes en el 100% del sueldo básico de un cabo segundo; sin embargo,
con el Oficio S-2017-022353 / ARPRE-GRUPE-1.10 del 25 de mayo de 2017 se
negó la petición por las siguientes razones:

«Al respecto me permito informarle que verificado el expediente prestacional
del causante se observó que mediante Resolución No. 009829 del 16 de
junio de 1995, en la cual se estableció que la muerte del uniformado se
produjo dentro de los parámetros establecidos en el artículo 123 del Decreto
1213 de 1990, en consecuencia de ello el Director General de la Policía
Nacional ascendió en forma póstuma al grado de Cabo Segundo al Agente
ORTIZ PORRAS DARLEY FERNANDO, en razón a lo anterior se elaboró la

2 En este se anotó lo siguiente: «Vistas las diligencias aportadas al expediente, quedó plenamente

establecido que para el día 271194, el AG. ORTIZ PORRAS DARLEY, se encontraba con permiso
del señor ST. MATEUS PEREZ CARLOS, y en momentos que se encontraba de visita en la casad
e la señorita MARLEY LOAIZA, siendo aproximadamente las 19:30 hs, ingresaron cuatro sujetos,
entre ellos una mujer, que amenazando a sus habitantes con armas de fuego, manifestaron que se
trataba de un atraco, a lo cual el AG. ORTIZ PORRAS, con la intención de impedir el ilícito,
reaccionó sacando su arma de propiedad (Revólver) realizando un disparo, pero lo sujetos
respondieron accionando sus armas de fuego ocasionándole tres heridas al agente, las cuales le
produjeron la muerte. Así las cosas, y teniendo en cuenta que todo miembro de la Institución,
cualquier que sea su especialidad o circunstancia en que se halle, tiene la obligación de
intervención frente a los casos de policía, de acuerdo con la Constitución Política y demás
disposiciones legales, ésta instancia procede a calificar el fallecimiento del agente en actos
meritorios del servicio, como consecuencia de la acción del enemigo.» [se subraya]

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Demandante: Elsa Chicangana Agredo

liquidación de las prestaciones sociales y pensión teniendo en cuenta las
partidas señaladas en el artículo 140 del Decreto 1212 de 1990 y el
equivalente al 50% de los últimos haberes devengados en el grado de Cabo
Segundo, quiere decir lo anterior que se reconoció en su momento la
totalidad de la pensión.

[...]

Así las cosas y según lo mencionado anteriormente se puede observar que
la liquidación de la pensión de su poderdante se realizó de acuerdo a la
norma vigente para la fecha del fallecimiento del causante sin haber lugar a
reliquidación alguna a favor de su poderdante.»

2.5. Análisis de la Sala

43. El artículo 13 de la Constitución Política prevé que «[e]l Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de
grupos discriminados o marginados»; asimismo, tendrá el deber de proteger
«especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos
que contra ellas se cometan».

44. Este derecho debe examinarse a la luz de las facetas formal y material. El
primero que obliga a tratar con la misma consideración y respeto a todos los
individuos y, la segunda, que «apunta a superar las desigualdades que afrontan las
personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta o ciertos grupos
tradicionalmente discriminados»3.

45. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que los 4 supuestos
posibles de la igualdad son: (i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se
encuentren en circunstancias idénticas; (ii) un mandato de trato enteramente
diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en
común; (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones
presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a
pesar de las diferencias; y (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios
que se encuentran también en una posición en parte similar y en parte diversa,
pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes4.

46. Respecto de las normas que ahora son objeto de análisis, como supra se
indicó, en la sentencia C-654 de 1997 la Corte Constitucional precisó que se debía
(i) establecer cuáles son las situaciones o presupuestos que deben ser objeto de
comparación desde el punto de vista material y funcional; (ii) atender los aspectos
que sean relevantes en las relaciones o circunstancias para determinar qué es lo

3 Corte Constitucional, sentencia C-063 de 2018.
4 Corte Constitucional, sentencias C-1125 de 2008, C-125 de 2018, C-100 de 2013, C-178 de
2014, C-218 de 2015, C-766 de 2013 y C-078 de 2023.

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Demandante: Elsa Chicangana Agredo

igual que merece un trato igual y qué es lo divergente que exige un trato
diferenciado; (iii) determinar si el tratamiento obedece o no a criterios objetivos,
razonables, proporcionados y que estén acordes con una finalidad constitucional
legítima.

47. Pero también debe atenderse que la jurisprudencia ha definido varios métodos
para determinar la constitucionalidad de una norma en virtud del principio de
igualdad, los cuales son5:

Método Descripción
Se debe determinar si las normas acusadas de violar la cláusula
de igualdad: (i) persiguen un objetivo a través del establecimiento
del trato desigual; (ii) ese objetivo es válido a la luz de la
Constitución; y (iii) el trato desigual es razonable, es decir, el fin
que persigue es o no proporcional a la medida discriminatoria que
implementa la norma estudiada.

Esta última, a su vez, se compone de 3 conceptos6:

i. Adecuación de los medios escogidos para la consecución del
Test o juicio de
fin perseguido.
proporcionalidad
ii. Necesidad de la utilización de esos medios para el logro del
fin, esto es que no exista otro medio que pueda conducir al fin
y que sacrifique en menor medida los principios
constitucionales afectados por el uso de esos medios.

iii. Proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es
decir, que el principio satisfecho por el logro no sacrifique
principios constitucionalmente más importantes.

Señala la existencia de niveles de intensidad en el «escrutinio»
que hace el juez. Para tal efecto, desde la sentencia C-093 de
2001 se incorporó la teoría de los niveles de intensidad en el test
de igualdad así:

«[...] se funda en la existencia de distintos niveles de
intensidad en los “escrutinios” o “tests” de
igualdad (estrictos, intermedios o suaves). Así, cuando
el test es estricto, el trato diferente debe constituir una
Test de igualdad
medida necesaria para alcanzar un objetivo
constitucionalmente imperioso, mientras que si el test es
flexible o de mera razonabilidad, basta con que la medida
sea potencialmente adecuada para alcanzar un propósito
que no esté prohibido por el ordenamiento».

Entonces, cada una de las «intensidades» del test, se caracteriza
por lo siguiente:

5 C-063 de 2018.
6 Corte Constitucional, sentencia C-022 de 1996.

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Demandante: Elsa Chicangana Agredo

❖ Leve: se usa como regla general porque existe prima facie
una presunción de constitucionalidad de las normas. Se dirige
a verificar que la actividad legislativa se ejerza dentro del
marco de razonabilidad y, por tanto, no se adopten decisiones
arbitrarias. Se requiere que se trate de una medida que sea
«potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no
esté prohibido por el ordenamiento jurídico»7.

De acuerdo con la sentencia C-673 de 2001, busca establecer
que el trato diferente atiende a un fin legítimo, no es una
distinción constitucionalmente prohibida y la medida es
adecuada para la consecución de la finalidad identificada.

❖ Intermedio: se sitúa entre el leve y el estricto. Se aplica en
casos en los que existen normas basadas en criterios
sospechosos, pero con el fin de favorecer a grupos
históricamente desfavorecidos. Se trata de casos donde se
aplican las acciones afirmativas.

❖ Estricto: se aplica «excepcionalmente» cuando una
diferenciación se fundamenta en «criterios sospechosos» que
son causas «de discriminación prohibidas explícitamente por
la Constitución o que “i) se fundan en rasgos permanentes de
las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por
voluntad propia, a riesgo de perder su identidad; ii) son
características que han estado sometidas, históricamente a
patrones de valoración cultural que tienden a
menospreciarlas; y iii) no constituyen, per se, criterios con
base en los cuales sea posible efectuar una distribución o
reparto racionales y equitativos de bienes, derechos o cargas
sociales»8.

Con este se evalúa si el fin perseguido por la norma es
legítimo, importante e imperioso; si el medio escogido es
adecuado y necesario, es decir, si no puede ser reemplazado
por otros menos lesivos para los derechos de los sujetos
pasivos de la norma; y si los beneficios de adoptar la medida
exceden o no las restricciones impuestas sobre otros valores
o principios constitucionales [proporcionalidad].

El juez evalúa una norma acusada de vulnerar el artículo 13 de la
Constitución a través del test de proporcionalidad con los niveles
de la segunda fase.
Juicio integrado
La Corte ha interpretado que, «para preservar el principio de
de igualdad9
separación de poderes, las áreas en las que el legislador tiene un
amplio margen de configuración “el grado de intensidad del control
de constitucionalidad debe ser débil y en aquellas situaciones en
que el Congreso “tiene un menor grado de autonomía, el control

7 Ibidem.
8 Corte Constitucional, sentencia C-112 de 2000.
9 Corte Constitucional, sentencias C-673 de 2001, C-624 de 2008, C-313 de 2013, C-601 de 2015,

C-220 de 2017, C-389 de 2017 y C-535 de 2017.

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de constitucionalidad debe ser estricto, para efectos de preservar
los principios esenciales contenidos en la Carta Política”»10.

48. A su turno, en la sentencia C-345 de 2019, la Corte se detuvo en el juicio
integrado de igualdad para puntualizar lo siguiente:

«21. En resumen, la Constitución no prohíbe de manera categórica las
desigualdades de trato, lo que implica que algunas medidas que produzcan
asimetrías pueden ser consideradas constitucionales. Para evaluar cuáles
desigualdades son contrarias a la Carta y cuáles se avienen a ella, la Corte
ha aplicado, a lo largo de su jurisprudencia, tres métodos, cuya
procedibilidad está sometida a la previa verificación de la existencia de
individuos, situaciones o hechos que efectivamente son comparables y con
respecto a los cuales se establece un trato desigual. El primero se denomina
juicio de razonabilidad; el segundo, metodología de los escrutinios de
distinta intensidad; y, el tercero, juicio integrado de igualdad, el cual puede
tomar la forma de escrutinio de igualdad débil, intermedio o estricto, de
acuerdo con el nivel de libertad de configuración que tiene el Legislador, lo
cual dependerá de la naturaleza y la materia de la norma objeto de control
de constitucionalidad. El segundo método y el tercero son los que hacen una
mejor lectura de la Constitución al considerarla de manera sistemática e
integral, ya que son sensibles al pluralismo político y al principio mayoritario
que se condensan en la libertad de configuración del Legislador. No
obstante, el tercer método –juicio integrado de igualdad- no solo hace una
interpretación sistemática de la Constitución, sino que también aprovecha
las ventajas analíticas del juicio de razonabilidad.

El juicio de igualdad débil valora como constitucionales las desigualdades
que sean potencialmente adecuadas para alcanzar una finalidad admisible o
permitida, es decir, que se puede buscar por no estar prohibida por la
Constitución.

El escrutinio de igualdad intermedio, por su parte, autoriza desigualdades
que sean efectivamente conducentes para la consecución de un
fin importante, es decir, un fin deseable, que hay buenas razones para
perseguirlo y que, por tanto, debería buscarse. Análogamente, la medida
que impone una desigualdad no puede ser evidentemente
desproporcionada.

Finalmente, el escrutinio de igualdad estricto solo admite desigualdades que
sean efectivamente conducentes y necesarias para obtener un objetivo que
pueda clasificarse como imperioso. Es decir, que la disposición que contiene
un trato desigual debe ser estrictamente indispensable en la medida en que
no haya otra forma de lograr un fin que tiene que lograrse porque, de lo
contrario, se violan contenidos constitucionales. Asimismo, la medida no
puede ser desproporcionada en sentido estricto.» [se resalta]

49. Ahora bien, en el recurso de apelación, la parte actora manifestó que (i) el a
quo no examinó a través de un «test severo de constitucionalidad» la inaplicación por
inconstitucionalidad de las expresiones «incapacidad absoluta y permanente o gran

10 Corte Constitucional, sentencia C-118 de 2020.

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invalidez» y «doce (12) años o más» previstas en los artículos 161 y 165 [literal c] del
Decreto 1212 de 1990; (ii) se pasó por alto la vulneración del principio de igualdad,
en razón a que a los beneficiarios de personas en situación de diversidad que
después fallecían fueron beneficiados con el 100%, mientras que a los agentes
fallecidos, ascendidos a cabo segundo, tan solo se les reconocía el 50% aun
cuando las heridas se causaban en actos meritorios del servicio; y (iii) la exigencia
de 12 años también era desigual, en razón a que, cuando se trataba de heridas,
no se exigía tiempo alguno.

50. Es decir, se planteó como argumento la comparación entre la prestación en
favor de los beneficiarios de los agentes fallecidos en actos especiales del servicio
con la que se reconoce a los uniformados [oficiales y suboficiales] que son
afectados por incapacidad absoluta o gran invalidez por la misma causa. Para tal
efecto, se acudió a los artículos 161 y 165 del Decreto 1212 de 1990.

51. A su turno, se observa que el sustento normativo para reconocer la pensión de
sobrevivientes a favor de Elsa Chicangana Agredo fue el artículo 123 del Decreto
1213 de 1990 del cual se extraen los siguientes elementos en conjunto con las
normas que citó la parte demandante:

Decreto 1213 de 1990 Decreto 1212 de 1990
Ítem
Artículo 123 Artículo 161 Artículo 165
En servicio activo, en actos meritorios [o especiales] del servicio, en
combate o como consecuencia de la acción del enemigo o en conflicto
internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden
Elemento
público.
en común
Actos meritorios del servicio: que se enfrente a grave e inminente peligro
en defensa de la vida, honra y bienes de las personas.
Incapacidad absoluta y
Riesgo
Muerte permanente o gran Muerte
amparado
invalidez
Al grado Póstumo al grado
Póstumo al grado de
inmediatamente inmediatamente
cabo segundo
Ascenso superior, cualquiera superior, cualquiera que
cualquiera que sea el
que fuere el tiempo de fuere el tiempo de
tiempo de servicio.
servicio en su grado. servicio en su grado.
Destinatario Beneficiarios Uniformado Beneficiarios
Compensación Compensación
equivalente a 4 años Indemnización que equivalente a 4 años de
de los haberes corresponda a su los haberes
correspondientes al lesión, de acuerdo con correspondientes al
grado conferido al el reglamento grado conferido al
causante, con las respectivo, aumentada causante con las
Prestación
partidas del artículo en otro tanto. partidas del artículo 140
100 ibidem. ibidem.
Pago doble de Auxilio de cesantía y
Pago doble de cesantía
cesantía por el tiempo demás prestaciones
por el tiempo servido
servido por el correspondientes a su
por el causante.
causante. nuevo grado y tiempo

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Demandante: Elsa Chicangana Agredo

de servicio.
Si el agente cumplió
Si el oficial o suboficial
12 o más años:
cumplió 12 o más años
pensión mensual
de servicio: pensión
liquidada de la misma
mensual liquidada en la
forma que la
misma forma que la
asignación de retiro,
asignación de retiro, de
de acuerdo con el
acuerdo con el grado y
grado conferido
Pensión mensual tiempo de servicio.
póstumamente.
equivalente al 100%
Si el agente no
de las partidas Si el oficial o suboficial
cumplió 12 años de
señaladas en el no cumplió 12 años de
servicio: se reconoce a
artículo 140 ibidem. servicio: se reconoce a
sus beneficiarios [con
sus beneficiarios [con
excepción de los
excepción de los
hermanos] una
hermanos] una pensión
pensión mensual
mensual equivalente al
equivalente al 50% de
50% de las partidas
las partidas señaladas
previstas en el artículo
en el artículo 100
140 ibidem.
ibidem.
Bonificación
equivalente 30% del
valor de la
indemnización que
resulte de la
aplicación de la
Tabla “D” del
Decreto 094 de
1989.

52. De acuerdo con la tabla anterior, se observa que el juicio adelantado por la
parte demandante para justificar el reajuste de la pensión de sobrevivientes del 50
al 100% se sustentó en 2 normas que, aunque devienen de la misma causa [actos
especiales del servicio], tienen destinatarios y supuestos disímiles: de un lado, el
Decreto 1213 de 1990 estableció las prestaciones por muerte de un agente y, del
otro, el artículo 161 del Decreto 1212 del mismo año previó la pensión de aquellos
uniformados con «incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez». En criterio de
la Sala, estos parámetros no pueden ser referentes para realizar el juicio integrado
de igualdad con escrutinio estricto, por las siguientes razones:

53. El artículo 123 del Decreto 1213 de 1990 reconoció a favor de los beneficiarios
del agente una pensión mensual equivalente al 50% de las partidas señaladas en
el artículo 10011 ibidem, es decir, se trata de una pensión de sobrevivientes que

11 «Artículo 100. Bases de liquidación. A partir de la vigencia del presente Decreto a los Agentes de

la Policía Nacional que se retiren o sean retirados del servicio activo se les liquidarán las
prestaciones sociales unitarias y periódicas, sobre las siguientes partidas, así: a. Sueldo básico. b.
Prima de actividad en los porcentajes previstos en este Estatuto. c. Prima de antigüedad. d. Una
duodécima (1/12) parte de la prima de navidad. e. Subsidio familiar. En el caso de las asignaciones

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00183-01 (0608-2023)
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tiene como fin solventar la contingencia de muerte del trabajador, en el sentido de
suplir el apoyo económico que, en vida, brindaba a su núcleo familiar, es decir,
impedir el cambio de las condiciones de subsistencia de sus beneficiarios.

54. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que la prestación
mencionada «constituye uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la
consecución del objetivo de la seguridad social»12; igualmente, que su finalidad se
contrae a «la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal
suerte que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir
atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que se vea alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido»13.

55. A su turno, la prestación establecida en el artículo 161 del Decreto 1212 de
1990 se traduce en una pensión de invalidez reconocida por las lesiones causadas
al uniformado que disminuyen sus condiciones psicofísicas para desarrollar normal
y eficientemente una actividad laboral y que afectan sustancialmente su calidad de
vida.

56. Ciertamente, la Corte Constitucional sostuvo que esta prestación se «otorga a
aquellas personas cuando por enfermedad común o profesional o a consecuencia de un
accidente, han perdido la capacidad de locomoción o la plenitud de las funciones síquicas
o físicas, sufriendo una disminución parcial o total en su capacidad laboral, impidiéndole
llevar la vida cotidiana y social ordinaria»14 y que «fue creada para proteger al afiliado de
cualquier contingencia que se llegara a presentar, impidiéndole continuar activo en el
mercado laboral, lo que afectaría sus derechos al mínimo vital y a la vida digna»15.

57. En ese hilo argumentativo, se trata de prestaciones con fines, destinatarios y
contingencias distintas, pues la primera busca la protección de la familia, mientras
que la segunda el amparo de la persona en situación de diversidad funcional,
cognitiva o anatómica, elementos que impiden establecer una identidad que
conlleve a la aplicación de la norma destinada a los uniformados en situación de
diversidad a los beneficiarios de aquel que fallece en actos especiales del servicio.

58.A la luz de la jurisprudencia constitucional, de lo anteriormente expuesto se
puede establecer que los decretos incluyeron mandatos diferentes y, por
consiguiente, un trato diferenciado que se aviene a las disposiciones
constitucionales, pues mientras que en la pensión de sobrevivientes los
beneficiarios deben cumplir con los requisitos exigidos sin que de estos se
desprenda necesariamente una condición de vulnerabilidad [por ejemplo, la

de retiro y pensiones, se liquidará conforme al artículo 46 de este Estatuto, sin que el total por este
concepto sobrepase el cuarenta y siete por ciento (47%) del respectivo sueldo básico.»
12 Sentencia T-813 de 2013.
13 Ibidem.
14 Corte Constitucional, sentencia T-469 de 2018.
15 Ibidem.

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00183-01 (0608-2023)
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calidad de cónyuge], en la pensión de invalidez se protege ese estado de
indefensión por las lesiones causadas en la prestación del servicio. Ello, sin duda,
comporta una distinción justificada, razonable y proporcional si se tiene en cuenta
a quién se le reconoce la prestación.

59.Precisamente, en la sentencia proferida por esta Subsección el 13 de junio de
202416 se sostuvo lo siguiente:

«Acorde con dicha concepción, y en atención al motivo de disenso del
apelante, la Sala precisa que no es dable realizar un test de igualdad frente
a situaciones evidentemente desiguales, toda vez que resulta impertinente
que se apliquen las reglas de la pensión por invalidez a la de sobrevivientes,
pues, amén de amparar siniestros diferentes, no es procedente que efectúe
juicios de valor sobre cuál es el más grave, pues implica subjetividad;
además, sus destinatarios no son los mismos, por cuanto en el primer caso
sigue siendo el miembro de la Policía Nacional afectado con la “incapacidad
absoluta y permanente o gran invalidez” quien va recibir la prestación, que
sirve para la manutención de su familia y su propia subsistencia en las
condiciones de limitación física o mental absoluta en la que quedó, mientras
que en el segundo serán los correspondientes beneficiarios17.»

60.De igual forma, en la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2023, la
Subsección A expuso lo que se transcribe a continuación:

«Según el marco normativo expuesto y el expediente administrativo
relacionado, la Sala considera improcedente lo pedido en primer lugar,
porque el régimen que regula la situación pensional del causante en el
presente asunto y sus beneficiarios es el Decreto 1213 de 199018, por
cuanto el señor Guillermo Prada Jaimes se desempeñó como agente de la
Policía Nacional, no como oficial o suboficial de dicha institución, por ende
no le es aplicable el Decreto 1212 de 1990 como lo plantea en la demanda y
reitera en la alzada.

En segundo lugar, las pensiones de que tratan los artículos 161 y 165 del
último decreto mencionado, tienen naturaleza diametralmente distinta como
se analizó en el acápite anterior, que hacen imposible jurídicamente
equipararlas para efectuar un test de igualdad, dado que los grupos a los
cuales se dirigen no son semejantes y el riesgo que cada una ampara son
excluyentes, se recuerda que la primera prevé la pensión de invalidez a
favor del oficial o suboficial que sufre una disminución de la capacidad
sicofísica severa y la segunda, contiene la pensión de sobreviviente a favor
de los beneficiarios del personal fallecido en actos especiales del servicio.»

61. A lo expuesto debe agregarse que el «test estricto de igualdad» que sugirió la
parte actora se aplica cuando la diferenciación se fundamenta en criterios
sospechosos, entendidos como causas de discriminación prohibidas por la
Constitución, de manera que si se partiera de este supuesto, la conclusión no

16 Radicación 76001-23-33-000-2017-01218-01 (2543-2021).
17
Radicado 76001-23-33-000-2018-00149-01, de 22 de septiembre de 2022. CP. Carmelo Perdomo Cuéter.
18 “Por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00183-01 (0608-2023)
Demandante: Elsa Chicangana Agredo

sería otra que la diferencia en el quantum de las prestaciones es justificada, en
razón a que los uniformados que perdieron su capacidad laboral son considerados
sujetos de especial protección del Estado y, por lo tanto, la norma debe ser
entendida como una acción afirmativa que protege su dignidad humana y estado
de indefensión, la cual se acompasa con el mismo artículo 13 superior, conforme
con el cual «[e]l Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta [...]» y también con los postulados internacionales como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de Cartagena de Indias
[1992], el Convenio 159 de la OIT, entre otras.

62. A más de lo anterior, encuentra la Sala que el «juicio de igualdad» desarrollado
en el recurso de apelación parte de supuestos que la norma no prevé, pues la
argumentación se erigió respecto de los «beneficiarios del minusválido o del inválido
que posteriormente fallece» aun cuando la norma previó la prestación
exclusivamente a favor del uniformado en situación de diversidad funcional,
cognitiva o anatómica.

63. En suma, como las disposiciones citadas en el recurso prevén situaciones
diversas, deviene improcedente desarrollar un «test estricto de igualdad». Se reitera,
mientras el artículo 123 del Decreto 1213 de 1990 prevé la pensión de
sobrevivientes, el artículo 161 del Decreto 1212 del mismo año estableció la
pensión de invalidez, lo cual impide aplicar un segmento de una a la otra, máxime
si en la misma disposición normativa se establecieron en diferentes términos otras
prestaciones como la compensación o indemnización [según el caso] y las
cesantías. Se recuerda que al tenor del principio de inescindibilidad es
improcedente que una norma que gobierna determinado asunto «sea fraccionada y
adicionada con distintos enunciados de otras disposiciones»19.

64.Ahora bien, en lo que respecta a la inaplicación de la expresión «doce (12) años
o más», se tiene que está prevista en el artículo 165 del Decreto 1212 de 1990,
cuyo tenor literal es el siguiente:

«c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de
servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual
será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de
acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.»

65. Obsérvese que este requisito de 12 o más años es una condición para que la
pensión se liquide de la misma forma que la asignación de retiro, la cual ha sido
entendida como «una modalidad de prestación social que se asimila a la pensión de
vejez y que goza de un cierto grado de especialidad (en requisitos), atendiendo la

19Subsección A, sentencia del 23 de noviembre de 2023, radicación 76001-23-33-000-2017-
01175-01 (4554-2021).

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00183-01 (0608-2023)
Demandante: Elsa Chicangana Agredo

naturaleza especial del servicio y las funciones que cumplen los servidores públicos a
quienes se les reconoce»20 y, precisamente, por su naturaleza la Sala considera que
deviene improcedente inaplicar la expresión por inconstitucionalidad, pues ningún
postulado superior se quebranta al establecer un quantum por el tiempo de
prestación del servicio.

66. Agregase a lo anterior que, de acuerdo con la Constitución Política y la
jurisprudencia que la desarrolla, el artículo 13 busca garantizar la igualdad material
y, en este caso, al hacer una lectura conjunta del literal c) transcrito con el
siguiente [literal d], según el cual la pensión mensual se reconoce con el
equivalente del 50% cuando no se cumple con los 12 años de servicio, emerge
claro que en ambos casos se cumplió el fin de protección, esto es garantizar la
congrua subsistencia del núcleo familiar del uniformado fallecido en actos
especiales del servicio.

67. En esa línea, la pretensión de inaplicación de la parte demandante se
circunscribe al tiempo que determina el porcentaje de la liquidación, pero ello no
es un referente para determinar la vulneración que alude, en razón a que el
legislador, en su potestad de configuración, puede establecerlo como un
parámetro para determinar el quantum de la prestación por muerte.

68. Ciertamente, la Corte Constitucional ha señalado que la concepción de la
igualdad en el derecho laboral no puede examinarse a la luz de un criterio formal,
con liquidaciones idénticas y «peso a peso, centavo a centavo, de las prestaciones
sociales que buscan estructurar el piso mínimo de seguridad social aplicable a las
vicisitudes de la vida»21, máxime si se analiza a la luz de las políticas públicas
implementadas para garantizar el mínimo vital de las personas que quedan
desprotegidas con la muerte de su familiar, el cual -en cualquiera de los casos- se
cumple con el reconocimiento de la prestación.

69. Lo anterior, también permite concluir que no se configuró la «inequidad severa»
que adujo la solicitante, por el contrario, se evidencia que la entidad protegió su
derecho al mínimo vital y el de sus hijos al reconocer la pensión de sobrevivientes,
liquidada con el 50% de los haberes percibidos por su cónyuge en el último mes
de servicio.

70. En consecuencia, la Sala no encuentra razones para inaplicar por ilegalidad o
inconstitucionalidad las expresiones analizadas de los artículos 161 y 165 del
Decreto 1212 de 1990, razón por la cual confirmará la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.

20 Subsección A, sentencia del 29 de junio de 2011, radicación 25000-23-25-000-2008-00670-01

(0552-10).
21 Sentencia C-244 de 2013.

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00183-01 (0608-2023)
Demandante: Elsa Chicangana Agredo

2.6. Costas

71. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil, hoy Código General del Proceso.

72. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201622, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:

«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la
sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per
se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean
impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su
liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se
entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»

73.De acuerdo con lo transcrito, la condena en costas no se impone por el hecho
de haber sido vencido en juicio, sino que se debe examinar si existió alguna
maniobra dilatoria o temeraria que trastocara las etapas del proceso.

74. En esta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de condenar en
costas en esta instancia.

22 Subsección B, expediente 1908-2014.

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00183-01 (0608-2023)
Demandante: Elsa Chicangana Agredo

2.7. Conclusión

75. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia que
negó las pretensiones de la demanda, en razón a que Elsa Chicangana Agredo no
tiene derecho a que su pensión se reajuste al 100%. El artículo 161 del Decreto
1212 de 1990 -que previó la pensión de invalidez- se aplica exclusivamente a
aquellos uniformados que perdieron su capacidad laboral por lesiones causadas
en actos especiales del servicio, no a los beneficiarios del agente que fallece en
las mismas circunstancias, razón que impide realizar un «test estricto de igualdad».

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 14 de julio de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Elsa Chicangana Agredo contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
PTH

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