Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2018-00284-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2018-00284-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2018-00284-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 760012333000201800284-01
Actora: María Rocío Tabares Grajales
Demandado: Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali1
Vinculada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional2
Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Especial
de Santiago de Cali contra la sentencia de 3 de junio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La señora María Rocío Tabares Grajales3 presentó demanda4 contra el
Distrito Especial de Santiago de Cali, y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional, en ejercicio del respectivo medio de control, con el objeto de
1 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CARATULA(.PDF) NroActua 2.
2 Vinculada mediante auto de 12 de abril de 2018.
3 En nombre propio y en representación de los habitantes de la Calle 56 con Carreras 1C y 1D.
4 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CUADERNO10028400P(.PDF)
NroActua 2. Páginas 1-5.
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obtener la protección de los derechos e intereses colectivos: i) al goce de un
ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias; y ii) al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] - Ordenar al demandado ejecutar las acciones tendientes a evitar el daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los
derechos constitucionales e intereses colectivos; es decir, a recuperar el espacio
público invadido por la acción ilegítima, desmedida, desproporcional e irregular de
los vendedores ambulantes estacionarios informales que se ubican en la zona verde
en la calle 56 entre carreras 1C y 1D, en frente de las residencias de la Urbanización
Palmeras del Norte de la ciudad de Santiago de Cali, zona verde entregada por la
constructora a la urbanización como zona verde para deportes con su cancha hoy
manejada por la Junta de Acci[ó]n Comunal Torres de Comfandi.
• Desde su competencia legal, convocar la acción institucional, e interinstitucional
para que se repare el daño a través del retiro del material depositado sobre la zona
verde como lo son grava, arena, cableado eléctrico y muebles, y en su lugar se
proceda a sembrar el prado, como inicialmente estaba dispuesto. De igual manera,
se hace necesario adelantar las acciones necesarias para que esta restitución sea
duradera y en este lugar sean sembrados árboles y plantas ornamentales que
impidan el asentamiento de nuevas invasiones, con lo cual se garantiza el ejercicio
del derecho colectivo vulnerado.
• Indemnizar económicamente a cada uno de los afectados en la suma de
$20.000.000 (VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE. A VALOR CORRIENTE DEL
AÑO 2018), que equivalen a los daños y perjuicios causados en la salud de los
residentes de la zona afectada, toda vez que ha sido vulnerado su derecho
fundamental y colectivo a DISFRUTAR DE UN AMBIENTE SANO, obligándolos a
cambiar sus hábitos de vida cotidianos, reduciendo su movilidad y sufriendo en rigor
afectaciones en su salud originadas por el impacto negativo causado por emisiones
gaseosas tóxicas y ofensivas […]”5.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1. Desde el año 2015, la zona verde ubicada sobre la calle 56 entre carreras 1c
y 1d fue ocupada por vendedores ambulantes con actividades de procesamiento y
5 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CUADERNO10028400P(.PDF)
NroActua 2. Páginas 2-3.
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comercialización de alimentos; haciendo uso del espacio público con mesas y sillas;
utilizando las redes de energía para poner música obstruyendo el descanso de los
habitantes del sector; y, en consecuencia, algunos habitantes del sector han
percibido afectaciones pulmonares, bronquiales y psicológicas.
3.2. Adujo que en los puntos de venta no se manipulan los alimentos con las
medidas de salubridad, los desechos de comida han generado la presencia de
roedores y cuando las personas llegan a consumir los alimentos parquean los
vehículos en un punto donde obstaculizan el tránsito de los buses del Masivo
Integrado de Occidente – MIO.
3.3. Agregó que ha informado al comandante de Policía de la Estación La Riviera
y al Distrito de Santiago de Cali acerca de la situación, en respuesta le han indicado
que no pueden recuperar el espacio debido a que los propietarios de los puestos de
venta podrían interponer peticiones alegando vulneración del derecho al trabajo.
Contestaciones de la demanda
4. El Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali6 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas con fundamento en los siguientes argumentos7:
4.1. Señaló que, si bien está encargado de preservar la integridad del espacio
público, el escenario de la problemática de la zona verde ubicada entre la calle 56
y la carrera 1c y 1c contiene factores a analizar como el derecho al trabajo, el interés
general por el espacio público y la igualdad de oportunidades.
4.2. Indicó que ha adelantado acciones tendientes a recuperar el espacio público
de toda la ciudad mediante la implementación de una política pública establecida en
el Acuerdo 424 de 29 de septiembre de 20178.
6 Por intermedio de apoderado.
7 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CUADERNO10028400P(.PDF)
NroActua 2. Páginas 104-108.
8 “[…] Por medio del cual se adopta la política pública de regulación y organización de ventas informales en el
espacio público del Municipio de Santiago de Cali […]”.
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4.3. Advirtió que no existe nexo causal entre el daño en la salud de las personas
relacionadas en la demanda con las emisiones producidas por los vendedores de
comida.
5. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional9 contestó
la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los
siguientes argumentos10:
5.1. Manifestó que no obra material probatorio que soporte las afirmaciones del
demandante, además que la entidad no ha incurrido en omisión que genere
afectación a los derechos e intereses colectivos.
5.2. Advirtió que, si bien debe haber colaboración armónica entre las entidades
estatales, también se debe resaltar la independencia de funciones en cada una
teniendo en cuenta que la Policía Metropolitana de Santiago de Cali tiene asignados
extensos sectores de la ciudad que se intentan cubrir con el bajo número de
unidades policiales.
5.3. Señaló que no es posible endilgarle responsabilidad de controlar el espacio
público, otorgar permisos o autorizaciones para realizar actividades de venta
ambulante o para ordenar desalojos cuando su labor es preservar y garantizar la
seguridad, así como coadyuvar con otras entidades respecto a las políticas de
proyección y conservación del espacio público.
5.4. Presentó la excepción denominada “falta de legitimación en la causa por
pasiva”.
Audiencia de pacto de cumplimiento
6. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca celebró la audiencia de Pacto
de Cumplimiento el día 9 de julio de 201811, sin que existiera acuerdo, por lo cual
declaró fallida la posibilidad de pacto de cumplimiento.
9 Por intermedio de apoderado.
10 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CUADERNO10028400P(.PDF)
NroActua 2. Páginas 74-78.
11 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CUADERNO10028400P(.PDF)
NroActua 2. Páginas 151-153.
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Sentencia proferida, en primera instancia
7. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante sentencia de 3 de
junio de 2021, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Nación-Policía Nacional, por lo expuesto en la parte
motiva de este proveído.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos colectivos al goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público de los habitantes del barrio
Palmeras del Norte del municipio de Santiago de Cali, por lo expuesto en la parte
motiva de este proveído.
TERCERO: ORDENAR al municipio de Santiago de Cali y a la Nación-Policía
Nacional que, de manera mancomunada, ejerzan los controles necesarios para
recuperar el espacio público zona verde ubicada sobre la calle 56 entre carreras 1C
y 1D del barrio Palmeras del Norte ocupado en la actualidad por tres puestos de venta
y preparación de alimentos, comenzando con el proceso de caracterización a fin de
garantizarles la reubicación en razón de su condición de vulnerabilidad, con base en
lo expuesto en la parte motiva de este proveído. El proceso de caracterización no
podrá exceder de dos meses. Recuperado y reparado el espacio público objeto de
esta acción, las accionadas deberán ejercer constante vigilancia del sector a fin de
que no se reincida con la ocupación del mismo, salvaguardando los derechos de la
comunidad habitante del entorno.
CUARTO: ORDENAR al Municipio de Santiago de Cali, la recuperación y
mantenimiento de la zona verde ubicada sobre la calle 56 entre carreras 1C y 1D del
barrio Palmeras del Norte para que quede en las mismas condiciones en que estaba
antes de la ocupación, que deberá cumplirse en el término máximo de seis meses.
QUINTO: CONFÓRMESE dentro del mes meses (sic) siguiente a la ejecutoria de la
presente providencia, para la verificación del cumplimiento de las órdenes dadas en
esta sentencia, un Comité integrado por la Magistrada Ponente[,] las partes, el
Defensor (a) del Pueblo, quien lo presidirá y deberá rendir bimestralmente informe a
este Despacho, detallando sobre el avance en la ejecución de las órdenes dadas en
esta sentencia.
SEXTO: Para los fines previstos en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, remítase al
Defensor del Pueblo copia de la presente decisión.
S[É]PTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: Ejecutoriada la presente providencia archívese, una vez vencido el término
concedido para ejecución de las medidas ordenadas.
NOVENO: Si no fuera impugnada esta providencia en los términos del artículo 37 de
la ley 472 de 1998, ARCHÍVESE las diligencias previa anotación en el sistema Justicia
XXI […]”12.
12 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_007SENTENCIA20180(.PDF)
NroActua 2.
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Consideraciones del Tribunal
8. El Tribunal planteó el siguiente problema jurídico:
“[…] ¿Se vulneran los derechos colectivos al goce del espacio público y a la
utilización y defensa de los bienes de uso público de los habitantes de la calle 56
con carreras 1C y 1D, por la ocupación permanente de la zona verde ubicada al
frente de la Urbanización Palmeras del Norte, de puestos de preparación y venta de
comida hasta altas horas de la noche?
En caso de resultar afirmativa la respuesta al interrogante anterior, ¿deberá
disponerse que las medidas de recuperación del espacio público no resulten
violatorias de otros derechos constitucionales como la vida o el trabajo?
De otro lado, ¿es procedente la acción popular para pretender la indemnización de
perjuicios? […]”13.
9. El Tribunal adujo que el Distrito de Santiago de Cali sí está en la obligación
de recuperar el espacio ocupado por los puestos de preparación de alimentos que
se instalan en la zona verde del conjunto residencial Palmeras del Norte,
garantizando la ubicación de los vendedores informales que todavía se encuentran
allí en razón de su condición de vulnerabilidad y mientras dependan de dicha
actividad para su subsistencia.
10. Igualmente, señaló que tres de los puntos de venta se mantienen en la misma
zona por una sentencia de tutela proferida a su favor para salvaguardar el derecho
al trabajo.
11. El Tribunal precisó que el Distrito de Santiago de Cali y la Policía Nacional
debían, de forma mancomunada, ejercer los controles necesarios para recuperar el
espacio público, realizando un proceso de caracterización a fin de garantizar la
reubicación de los tres puestos de venta en razón a su condición de vulnerabilidad.
12. Además, señaló que, una vez recuperado el espacio, las autoridades
deberán ejercer una constante vigilancia en el sector a fin que las circunstancias no
se repitan. Asimismo, se ordenó al Distrito que debía recuperar y mantener la zona
verde para que quede en las mismas condiciones en que estaba antes de la
ocupación.
13 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_007SENTENCIA20180(.PDF)
NroActua 2. Página 9.
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13. Agregó que en la acción popular hay cabida a una indemnización únicamente
cuando se demuestra que hubo un daño a un derecho e interés colectivo; allí el juez
podría condenar al pago de perjuicios en favor de la entidad pública no culpable; en
este caso no se configuraron los elementos necesarios para que proceda.
Recurso de apelación
14. El Distrito Especial de Santiago de Cali14 interpuso recurso de apelación
contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria
con fundamento en los siguientes argumentos:
14.1. Señaló que la sentencia proferida, en primera instancia, no tuvo en
consideración las diversas acciones realizadas por el ente territorial para superar
una problemática cuya existencia reconoce y que se encuentra relacionada con los
vendedores que realizan su actividad en la zona verde frente a la urbanización
Palmeras del Norte, los cuales son denominados “vendedores informales
semiestacionarios”15 y ocupan parte del espacio público, limitando el acceso de
transeúntes a las actividades recreativas, deportivas o de esparcimiento.
14.2. Advirtió que, en aras de recuperar el espacio público y reubicar
efectivamente a los vendedores, el Distrito ha realizado diferentes visitas en
compañía de la Policía Nacional; sin embargo, los vendedores protegidos por las
sentencias de tutela no han podido ser desplazados del lugar, además, no fueron
vinculadas al presente trámite para ejercer su derecho de defensa. Asimismo,
señaló que el Distrito atraviesa desde el año 2021 una difícil situación de orden
público que ha dificultado la implementación de programas sociales.
14.3. En orden a lo anterior, adujo que el tiempo concedido por el Tribunal resulta
insuficiente teniendo en cuenta que desde el 21 de abril de 2021 el Distrito atraviesa
una difícil situación de orden público, se trata de una crisis económica, social y
14 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_009APELACIONSENTEN(.PDF) NroActua 2.
15 “[…] no ocupan de manera permanente un área determinada del espacio público, pero que, no obstante, por
las características de los bienes que utilizan en su labor y las mercancías que comercializan, necesariamente
deben ocupar en forma transitoria un determinado segmento del espacio público, como por ejemplo el vendedor
de perros calientes y hamburguesas del presente caso, o quienes empujan carros de fruta o de comestibles por
las calles […]”. Corte Constitucional, Sentencia C-211 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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sanitaria que ha ralentizado los procesos de bienestar social a cargo de la
administración, sin que por ello se hayan desatendido las órdenes.
14.4. Indicó que sus actividades se deben acoger a las medidas que establezca
el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior en cumplimiento de la Ley 1988
de 2 de agosto de 201916 y, al momento de la presentación del recurso, no había
certeza del marco regulatorio que sirviera como pauta en esa materia.
Actuaciones en segunda instancia
15. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
profirió auto de 26 de noviembre de 202117 mediante el cual se concedió, en efecto
suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Especial Santiago de
Cali contra la sentencia proferida, en primera instancia.
16. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 15 de
diciembre de 202118 mediante el cual admitió el recurso de apelación presentado
por el Distrito Especial Santiago de Cali contra la sentencia de 3 de junio de 2021
proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
17. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e
interés colectivo al goce de un ambiente sano; v) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público y vi) el análisis del caso concreto.
16 “Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política
pública de los vendedores informales y se dictan otras disposiciones”.
17 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_016AUTOCONCEDEAPE(.PDF) NroActua 2.
18 Cfr. índice 4 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION_ADMITEAPE(.PDF) NroActua 4.
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Competencia de la Sala
18. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201919, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15020 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer de los recursos de apelación que se presenta
contra la sentencia proferida en primera instancia, por los Tribunales Administrativos
en el trámite de las acciones populares.
19. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
20. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por el Distrito Especial de Santiago de Cali en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de 3 de junio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, de conformidad con los artículos 32021
y 32822 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201223, norma aplicable al presente caso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.
Problema jurídico
21. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar:
19 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
20 Modificado por las leyes 1564 y 2080, en concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de
2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos
que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
21 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
22 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
23 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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21.1. Si se debieron vincular a la presente acción popular los vendedores
informales semiestacionarios; y si los obstáculos para la recuperación y
mantenimiento de la zona verde mencionada, en los términos argumentados por el
Distrito de Santiago de Cali, constituyen o no razón suficiente para revocar o
modificar las órdenes impartidas en primera instancia.
21.2. Si el plazo de cumplimiento concedido en la sentencia para las órdenes de
realizar mantenimiento de la zona verde y recuperar el espacio público sobre la calle
56 entre carreras 1c y 1d del barrio Palmeras del Norte es suficiente o no, en los
términos expuestos en el recurso de apelación por el Distrito de Santiago de Cali.
22. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 3 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca, en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
23. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
24. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
25. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
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26. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
27. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”24.
28. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, sentencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 250002327000200190479-01(AP).
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29. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
al goce a un ambiente sano
30. Vistos los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 de la Constitución Política,
relacionados con el derecho al goce de un ambiente sano. Considerando que la
Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica que cuenta con más de
treinta disposiciones constitucionales que desarrollan la materia, entre las cuales se
destacan los artículos anteriormente citados que prevén: i) la obligación del Estado
y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función
ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber
del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las
áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de
estos fines; y, iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como, de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
31. El medio ambiente es entendido como un bien jurídico superior que se analiza
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) un servicio público
y, iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades, al igual que, a los
particulares, en aras de su protección; adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.
32. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197325 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
25 “[…] Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código
de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
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197426, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen –en su orden– que: i) el medio ambiente
es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al
Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y Protección al
Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y
restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de
la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos;
además, regula la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva, así
como la actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que
emanan del aprovechamiento y conservación del medio ambiente.
33. De forma más reciente, la Ley 99 prevé los principios que la política ambiental
debe seguir, haciendo remisión específica a los postulados universales y de
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de
1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, promueve la
biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con
la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica.
34. A su vez, la Corte Constitucional27 ha destacado la importancia del ambiente
sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente
no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés
universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos
de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están
por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve,
el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como
sujeto universal del derecho […]”.
26 “[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente […]”.
27 Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
35. Vistos: los artículos i) 63, 82 y 315 numeral 1.° de la Constitución Política; ii)
el artículo 5.º de la Ley 9.° del 11 de enero de 198928 y el artículo 2.° de la Ley 769
de 6 de julio de 200229; y, iii) el artículo 5.° del Decreto 1504 de 4 de agosto de
199830 y el Decreto 1538 de 17 de mayo 2005 31, sobre el uso y goce del espacio
público.
36. La protección del derecho al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público encuentra sustento en normas anteriores a la
Constitución Política de 1991. Esto, en tanto el marco normativo sobre los bienes
de uso público se remite al Código Civil. El artículo 674 ibidem establecía que los
bienes de uso público corresponden a aquellos cuyo "[…] uso pertenece a todos los
habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos […]”.
37. Por su parte, el artículo 5.º de la Ley 9.° de 1989, incorporó el concepto de
espacio público al definirlo como el conjunto de inmuebles destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas
colectivas que trascienden a los límites de los intereses individuales, tal como se
trascribe a continuación:
“[…] [A]rtículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública,
activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de
las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y
similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios
públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del
amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras
de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y
artísticos, para la conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales
del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las
28 “[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes
y se dictan otras disposiciones […]”.
29 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones […]”.
30 “[…] Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial […]”.
31 “[…] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 […]”.
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playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos
vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o
debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y
conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute
colectivo […]".
38. Posteriormente, el Constituyente de 1991 consideró necesario brindar una
protección expresa de rango constitucional al espacio público, compatible con el
Estado Social de Derecho. Al respecto, la Corte Constitucional32 consideró que “[…]
[s]in duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a
Colombia como un Estado Social de Derecho guarda relación con la garantía de
una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.),
el aprovechamiento del tiempo libre (Ibíd.), y el goce de un medio ambiente
sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a
disposición de todos los habitantes […]” (Destacado fuera del texto).
39. El artículo 63 de la Constitución Política señala que “[…] [L]os bienes de uso
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.
40. Por su parte, el artículo 82 de la Constitución Política, prevé que el derecho
al goce del espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular […]”.
41. Asimismo, el artículo 88 ibidem establece que “[…] La ley regulará las
acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con (…) el espacio […]”.
41.1. En tal sentido, el derecho constitucional al espacio público, instituido
expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo el título de los
“Derechos Colectivos y del Ambiente” impone al Estado y, por ende, a sus
autoridades, el deber de proteger la integridad del espacio público y su destinación
32 Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. MP Manuel José Cepeda
Espinosa.
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al uso común. A su vez, le exige ejercer la facultad reguladora en materia de
ordenamiento territorial.
42. En oportunidades anteriores, la Sala se ha referido a los elementos que
componen el espacio público y al deber que surge de los municipios de garantizar
la circulación libre y segura a nivel peatonal y vehicular, por lo cual, ha indicado lo
siguiente: “[…] tanto las calles, carreras, y en general las vías públicas, como los
andenes, constituyen espacio público, respecto del cual el Estado tiene la obligación
de resguardar, preservar al uso común, y mantener en óptimas condiciones, tarea
que a nivel territorial compete a los municipios en pro de garantizar la libre y segura
circulación tanto peatonal como vehicular por las respectivas zonas, y su utilización
para los fines previstos, de conformidad con su particular reglamentación33 […]”.
43. En lo que respecta al andén como un elemento puntual del espacio público,
el artículo 2.° de la Ley 769, lo define como la “[…] franja longitudinal de la vía
urbana, destinada exclusivamente a la circulación de peatones, ubicada a los
costados de ésta […]”.
44. Sobre el particular, la Sala ha considerado que los municipios deben
garantizar la circulación de los peatones al transitar por los andenes, dado que son
zonas de uso público. Así, ha precisado que: “[…] Es claro que los andenes son
zonas de uso público destinadas al tráfico peatonal, cuyo uso y goce adecuado
están garantizados por el Estado y a nivel territorial le[s] corresponde a los
municipios garantizar la libre y segura circulación peatonal por la respectiva zona,
por lo cual forman parte del derecho colectivo al espacio público […]34”.
45. De acuerdo con lo expuesto, es dable concluir que, a los alcaldes, como
primera autoridad de policía de sus municipios, les corresponde proteger el uso y
goce del espacio público, que incluye la utilización de andenes, en el marco de las
normas constitucionales de los artículos 82 y 315 numeral 1.°, legales –entre otras,
el artículo 5.° de la Ley 9 de 1989– y reglamentarias –como el artículo 5.° del Decreto
1504 de 1998 y el Decreto 1538 de 2005–.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García
González, providencia de 7 de abril de 2011, núm. único de radicación 25000-23-25-000-2005-00458-01(AP).
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta, providencia de 25 de marzo de 2010, núm. único de radicación 680012315000200301471-01(AP).
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46. De igual manera, es oportuno señalar que el buen uso, el libre acceso y la
preservación del espacio público son aspectos que en una sociedad contribuyen a
mejorar la calidad de vida y a garantizar la existencia de un escenario de
convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones
de igualdad.
Análisis del caso concreto
47. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.
48. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca amparó el derecho e interés
colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público, luego de considerar que se probó la vulneración con la ocupación de
vendedores informales en la zona verde ubicada en el barrio Palmeras del Norte;
en ese sentido, ordenó i) al Distrito de Santiago de Cali y a la Policía Nacional que
ejercieran los controles necesarios para recuperar el espacio público realizando una
caracterización que no podría exceder un tiempo máximo de dos (2) meses; y ii) al
Distrito de Santiago de Cali que, en un máximo de seis (6) meses, realizara la
recuperación y el mantenimiento de la zona verde para que quede en las mismas
condiciones previas a la ocupación.
49. Contra esta decisión, el Distrito Especial Santiago de Cali interpuso recurso
de apelación que fundamentó en, por un lado, que se debió vincular a la presente
acción a los vendedores informales semiestacionarios; por el otro, que la sentencia
proferida, en primera instancia, no tuvo en consideración las acciones y dificultades
en torno a la solución de la problemática y, por último, consecuencialmente, que el
tiempo concedido para el cumplimiento de las órdenes impartidas por el Tribunal es
insuficiente en razón a una crisis económica, social y sanitaria del Distrito. Además,
que, junto a la Policía Metropolitana de Cali, ha efectuado acciones para lograr la
recuperación del espacio público y la reubicación efectiva de las personas que aún
ejercen su actividad económica en el espacio público.
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50. Ahora bien, la Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso
sub examine son las siguientes35:
50.1. Copia del Oficio S-2016-077789/DISPO2-ESTPO1-1.10 de 20 de agosto de
201636, expedido por el Comandante de la Estación de Policía La Rivera (E),
mediante el cual dio respuesta a la solicitud del presidente de la Urbanización
Palmeras del Norte en el sentido de señalar que: i) ha incrementado la presencia
policial en el sector; ii) realizó una solicitud a la Secretaría de Policía y Justicia para
que un funcionario encargado de espacio público realizara visita al sector; iii) realizó
una solicitud a la Secretaría de Tránsito y Transporte para que se realizara el trámite
pertinente con los vehículos utilizados para la venta de alimentos; y iv) realizó una
solicitud a salud pública para que verifiquen que se cumplan los protocolos de
manipulación de alimentos.
50.2. Copia del Oficio 2016416110045681 de 31 de mayo de 201637, expedido por
el Distrito de Santiago de Cali, en el cual señaló que “[…] realizó visita el día 26 de
mayo de 2016 y se encontró (sic) más de cuatro ventas en el sector de 40 metros
aproximadamente, uno de los contravectores manifiesta que uno de los miembros
de la junta le dio permiso para tener la venta en esta zona, se le explica al
contraventor que la única entidad que otorga permisos es la secretaría de gobierno
(sic) y por ende debían retirarse del lugar [...]”.
50.3. Copia de los Oficios S-2018-047635/COSEC-ASECO-1.10 de 28 de abril de
2018 y S-2018-047022/DISPO-ESTPO 38.15 de 24 de abril de 201838, expedidos,
respectivamente, por el Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la
Policía Metropolitana de Cali y el Comandante de la Estación de Policía La Rivera,
en los cuales se relacionaron las diferentes reuniones realizadas por el personal de
la Policía Nacional en las que se trataron temas relacionados con la recuperación
del espacio público en el sector del barrio Torres de Comfandi ubicado entre
carreras 1c y 1d con calle 56.
35 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivos denominados:
ED_CUADERNO10028400P(.PDF) NroActua 2 y ED_CUADERNO20028400P(.PDF) NroActua 2.
36 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CUADERNO10028400P(.PDF)
NroActua 2. Páginas 22 y 23.
37 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CUADERNO10028400P(.PDF)
NroActua 2. Página 26.
38 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CUADERNO10028400P(.PDF)
NroActua 2. Páginas 80-82.
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50.4. Copia de Acta 480/DISPO2-ESTPO1-2.21 de 19 de julio de 201739, suscrita
por Gestores de Participación Ciudadana Comuna 5 de la Policía Nacional, en la
cual se socializaron estrategias en convivencia y seguridad ciudadana.
50.5. Copia de Oficio S-2017-07813/DISTPO2-ESTPO1-29 de 20 de julio de
201740, expedido por la Policía Nacional, mediante el cual solicitan al secretario de
Salud Pública del Distrito que realice operativos de control por mal manejo de
alimentos de los negocios de venta de comida ubicados en la calle 56 entre carrera
1c y 1d.
50.6. Copia de Oficio de 26 de julio de 201741, expedido por el Distrito de Santiago
de Cali, mediante el cual indicó que en el mes de agosto realizarían operativos de
control enfocados en infundir cultura ciudadana en materia de tránsito y transporte.
50.7. Copia de Acta 220-DISPO2-ESTPO1-2.25 de 24 de abril de 201842, suscrita
por el Comandante de la Estación La Rivera de la Policía Nacional, en la cual se
socializó la normativa relacionada con el control de espacio público,
comportamientos que afectan el aire, comportamientos contrarios a la limpieza y a
la recolección de residuos.
51. La Sala procederá a apreciar y a valorar las pruebas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando
para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se
requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en el caso sub examine.
Solución al problema jurídico
52. La Sala limitará su pronunciamiento a los precisos argumentos expuestos por
la entidad apelante, con la claridad de que no se abordarán asuntos o materias que
39 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CUADERNO10028400P(.PDF)
NroActua 2. Páginas 83-86.
40 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CUADERNO10028400P(.PDF)
NroActua 2. Página 88.
41 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CUADERNO10028400P(.PDF)
NroActua 2. Página 88.
42 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CUADERNO10028400P(.PDF)
NroActua 2. Páginas 124-131.
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no fueron controvertidas, entre ellas, la situación de existencia de una vulneración
o amenaza de los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público, con ocasión de la problemática
planteada, así como las órdenes de protección impartidas a autoridades diversas a
la entidad recurrente.
53. En ese orden de ideas, la Sala procederá a estudiar los argumentos de la
autoridad recurrente con el objeto de determinar si los tiempos de la decisión
tomada por el Tribunal son o no suficientes en cuanto a su responsabilidad en torno
a la superación de la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos.
Análisis de los argumentos del Distrito de Santiago de Cali, en el caso
concreto
54. En relación con el primer argumento, relativo a que se debió vincular a la
presente acción popular a los vendedores informales, la Sala considera que, en este
caso, la demanda se presentó por la parte actora contra el Distrito Especial Santiago
de Cali y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional para la
protección de los derechos e intereses colectivos anteriormente indicados y cuyas
pretensiones se orientaron a que: i) se ordenara a las demandadas “[…] ejecutar las
acciones tendientes a evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza,
la vulneración o agravio sobre los derechos […] e intereses colectivos […]” y, en
especial, a recuperar el espacio público en la zona objeto de esta acción popular,
invadida por los vendedores ambulantes estacionarios informales; ii) convocar la
acción institucional e interinstitucional orientada al retiro de materiales en la zona
invadida; iii) garantizar mediante la acción institucional que la restitución del espacio
público sea duradera y se adopten medidas de reforestación; y iv) indemnizar a los
afectados por los daños y perjuicios.
55. En efecto, mediante auto de 12 de abril de 2018 proferido por el Tribunal, en
primera instancia, se admitió la demanda contra las entidades demandadas, se
ordenó vincular a la Defensoría del Pueblo, Regional Valle, y se dispuso que “[…]
[a] los miembros de la comunidad se les podrá informar a través de un medio masivo
de comunicación o de cualquier mecanismos eficaz, habida cuenta de los
eventuales beneficios, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 21 de la Ley
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472 […]”, publicación última que se realizó en el Diario Occidente el 27 de abril de
2018, según consta en documento remitido en la misma fecha43.
56. La Sala considera, en primer orden, que el recurso de apelación no es la
oportunidad para efectos de plantear una controversia sobre la vinculación o no de
alguna persona al presente trámite, teniendo en cuenta, por un lado, que se trata de
una inconformidad que, en caso de considerarlo, se debe plantear por el interesado
o afectado por la falta de vinculación, en los términos de la normativa procesal
correspondiente; o por cualquiera de las partes como recurso contra el auto
admisorio de la demanda; y, por el otro, que de conformidad con el artículo 207 de
la Ley 1437, sobre control de legalidad, aplicable en virtud del artículo 44 de la Ley
472, sobre aspectos no regulados, agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá
el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales,
salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes.
57. Asimismo, que, en este caso, no es procedente acceder a lo solicitado por el
Distrito en su recurso de apelación porque la demanda de acción popular se
interpuso con el propósito de que las autoridades públicas competentes adoptaran
las medidas necesarias para superar la problemática planteada. En razón de ello,
devino la vinculación del Distrito Especial Santiago de Cali y de la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional como demandadas en este
proceso. Ello, sin perjuicio de que cualquier persona, en el marco de la publicación
realizada el 27 de abril de 2018, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 472,
pudiere coadyuvar tanto a la parte demandante como a la demandada, en los
términos del artículo 24 de la Ley 472.
58. Ahora bien, el Distrito de Santiago de Cali argumentó en su recurso que el
Tribunal en su sentencia no tuvo en consideración que se han adoptado diversas
medidas para garantizar los derechos, que no se tuvo en cuenta los diversos
obstáculos que afronta para la superación de la problemática y que, con fundamento
en ellos, se debía revocar o modificar la sentencia y, en especial, en el segundo de
los eventos, revisar el plazo de cumplimiento concedido en la sentencia, en torno a
las órdenes de mantenimiento de la zona verde y recuperar el espacio público.
43 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CUADERNO10028400P(.PDF)
NroActua 2. Páginas 49-54.
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59. La Corte Constitucional44 indicó, con relación al artículo 82 de la Constitución
política, que el Estado tiene el deber de velar por la integridad del espacio público
debido a que está relacionado con evitar el menoscabo de aspectos físico, social,
cultural, urbanístico e incluso jurídico, para que la comunidad pueda desarrollar
actividades lúdicas, recreacionales e incluso para valerse de ellas con el fin de
transportarse empleando las zonas habilitadas para este propósito, en aras de una
convivencia pacífica.
60. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha considerado que “[…] entre
la protección del espacio público y los derechos vendedores informales, lo que
corresponde es armonizar los derechos que se encuentran en tensión […] es posible
afirmar que el deber de armonización atiende a dos razones principales. […] En
primer lugar, debido a que los vendedores informales, según la jurisprudencia de
esta Corporación, son sujetos de especial protección constitucional ya que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad y marginación social por sus
condiciones de pobreza o precariedad económica. […] En segundo lugar, en razón
del principio de confianza legítima, que ha sido el eje sobre el cual se ha cimentado
el amparo a los vendedores informales. Este principio busca ‘proteger a los
ciudadanos frente a cambios bruscos e intempestivos ejecutados por las
autoridades, cuando a pesar de que el ciudadano no tiene un derecho adquirido, le
asisten razones que le han generado la confianza de poder entender que su
situación actual no será variada abruptamente por el Estado’45 […]”46.
61. En materia de vendedores informales, el artículo 3 de la Ley 1988 estableció
la siguiente clasificación:
“[…] a) Vendedores informales ambulantes: Los que realizan su labor, presentan
diversas expresiones artísticas o prestan sus servicios recorriendo las vías y demás
espacios de uso público, sin estacionarse temporal o permanentemente en un lugar
específico, utilizando sus capacidades, un elemento móvil portátil o su propio cuerpo
para transportar las mercancías;
b) Vendedores informales semiestacionarios: Los que realizan su labor
recorriendo las vías y demás espacios de uso público, estacionándose de manera
transitoria en un lugar, con la facilidad de poder desplazarse a otro sitio distinto en
44 Corte Constitucional, Sentencia C-211 de 5 de abril de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
45 Corte Constitucional, Sentencia T-701 de 28 de noviembre de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
46 Corte Constitucional, Sentencia T-1083 de 15 de marzo de 2024, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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un mismo día, utilizando elementos, tales como carretas, carretillas, tapetes, telas,
maletas, cajones rodantes o plásticos para transportar las mercancías;
c) Vendedores informales estacionarios: Son las personas que para ofrecer sus
bienes o servicios se establecen de manera permanente en un lugar determinado
del espacio público, previamente definido por la respectiva autoridad municipal o
distrital, mediante la utilización de kioscos, toldos, vitrinas, casetas o elementos
similares;
d) Vendedores informales periódicos: Realizan sus actividades en días
específicos de la semana o del mes, o en determinadas horas del día en jornadas
que pueden llegar a ser inferiores a las ocho horas;
e) Vendedores informales ocasionales o de temporada: Realizan sus
actividades en temporadas o períodos específicos del año, ligados a festividades, o
eventos conmemorativos, especiales o temporadas escolares o de fin de año;
f) Temporalidad: La expresión temporal para efectos de la presente ley se refiere
al término de implementación de las políticas de reubicación o formalización a
iniciativa de los entes responsables, bajo ninguna circunstancia se podrá interpretar
la expresión temporal como un plazo perentorio impuesto por la administración a los
vendedores informales […]”.
62. Además, el artículo 4 ibidem indicó como lineamientos para la política pública
de los vendedores informales, entre otros, i) instituir programas y proyectos
encaminados a garantizar el mínimo vital de esta población; ii) reglamentar el
funcionamiento de espacios para promover la inclusión social y mejorar condiciones
de vida de vendedores informales; iii) impulsar investigaciones o estudios sobre los
vendedores informarles; iv) desarrollar un sistema de registro e inscripción de los
vendedores informales que permita caracterizarlos para la elaboración de las líneas
de acción y programas que integran la política pública; y v) disponer de espacios
seguros para las actividades que realizan los vendedores informales.
63. Contrario a lo señalado por el apelante cuando indicó que no existía
regulación en la materia, en desarrollo de la Ley 1988 se expidió el Decreto 801 de
16 de mayo de 202247, en el cual se establece la política pública para los
vendedores informales incluyendo, en relación con los distintos escenarios que
abarca este asunto, los siguientes enfoques: i) de Derechos Humanos; i)
Poblacional- Diferencial; iii) Ciclo Vital; y iv) Territorial. Asimismo, presenta el
escenario del trabajo informal a nivel internacional con prácticas que han permitido
47 “Por el cual se adiciona el Capítulo 6 al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo 1072 de 2015, y se adopta la Política Pública de los Vendedores Informales”.
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la disminución del mismo a partir de una regulación en la materia y establece un
instrumento para recolección de información de distritos y municipios.
64. Dentro del instrumento para recolección de información de distritos se
incluyen elementos como la obtención de información sobre la reglamentación en el
territorio para el uso de espacio público y sobre las ventas informales, las formas de
organización de las ventas informales, investigaciones relacionadas, existencia de
espacios o locales y herramientas de registro, caracterización y carnetización.
65. Se evidenció que la ocupación de la zona verde ubicada en el barrio
Palmeras del Norte por parte de los vendedores informales limita el tránsito de los
peatones, obstruye el paso vehicular debido a que quienes acuden a consumir en
dichos puntos de venta parquean inadecuadamente y el humo proveniente del
procesamiento de alimentos afecta a los habitantes de la zona.
66. De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1551 de 6 de julio de 2012 48, en
el cual se establecieron las funciones de los entes territoriales, se resalta que deben
propender por, entre otros, i) prestar los servicios públicos que determine la ley; ii)
promover el desarrollo de su territorio; y iii) promover la convivencia pacífica entre
sus habitantes en coordinación con las autoridades locales de policía.
67. En ese sentido, el Distrito debe evaluar y ser veedor de las conductas de sus
habitantes en aras de garantizar condiciones de buena convivencia para promover
una armonía social, dentro de lo cual se encuentra la supervisión de la actividad
comercial en los lugares públicos.
68. Para el Distrito de Santiago de Cali se expidió el Acuerdo 424 de 201749 cuyo
objetivo general es “[…] [r]eglamentar e implementar la política pública de regulación
y organización de ventas informales en el espacio público del municipio de Santiago
de Cali, con el propósito de contribuir al desarrollo de la ciudad, bienestar social y
calidad de vida de todos los ciudadanos […]”.
48 “[…] Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.
49 “[…] Por medio del cual se adopta la política pública de regulación y organización de ventas informales en el
espacio público del Municipio de Santiago de Cali […]”.
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69. En dicho Acuerdo se establecen deberes y responsabilidades de los
vendedores informales, dentro de las cuales se encuentra que debe contar con el
correspondiente registro y autorización otorgado por el Distrito. Además, resalta la
importancia de conocer las circunstancias de los vendedores informales para
promover una mejora social cuando en su artículo 16 advierte que “[…] [l]a
caracterización socioeconómica de la población objeto de esta política, permitirá a
las dependencias competentes de la Administración Municipal establecer los
mecanismos de reconversión laboral, contribuyendo a la formalización de las
actividades económicas, a la formación para el trabajo y a nuevos emprendimientos
en la economía formal […]”.
70. Posterior a apreciar los elementos de prueba y resaltar lo inmediatamente
señalado, la Sala considera que quedó probado que se han adelantado reuniones
para comunicar las medidas que posiblemente se pueden adoptar en aras de
mejorar la convivencia en el sector; sin embargo, es necesario que el Distrito de
Santiago de Cali asuma las medidas específicas para caracterizar a los vendedores
y, posteriormente, reubicar a quienes así lo requieran para que puedan prestar su
servicio en condiciones apropiadas, teniendo en cuenta lo previsto en el Decreto
801 de 2022 y en el Acuerdo 424 de 2017.
71. Partiendo de todo lo anterior, la Sala considera que tanto la política pública
adoptada en el Decreto 801 de 2022 como la normativa prevista en el Acuerdo 424
de 2017, aplicable al Distrito de Santiago de Cali, no constituyen una situación de
imposibilidad sino un parámetro relevante que orienta no solo el cumplimiento de
las órdenes impartidas en esta sentencia, sino de garantía de los derechos, con el
propósito de materializar un traslado respetuoso de los derechos de los vendedores
informales, en especial, de aquellos que gozan del amparo a través de acciones de
tutela.
72. Asimismo, ante el argumento del apelante respecto a la supuesta
imposibilidad de trasladar a los vendedores protegidos por la sentencia de tutela, la
Sala considera que no se encuentra probado que las órdenes impartidas en el
trámite de acciones de tutela que ampararon los derechos fundamentales de
personas específicas evidencien una situación de contradicción que afecte las
órdenes impartidas por el Tribunal en el marco de esta acción popular.
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72.1. En efecto, se aportó al proceso la copia de la sentencia de 14 de agosto de
2018 proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali, en la acción de
tutela identificada con el NUR. 760013110010201800287-01, en la que se
ampararon los derechos de una persona, vulnerados por “la Policía Metropolitana
de Santiago de Cali – Estación la Rivera-”, y se ordenó lo siguiente:
“[…] a. A la Policía Metropolitana de Santiago de Cali a través del Subcomandante
Fabián Ospina Gutiérrez, o quien haga sus veces en coordinación con el comandante
de la Estación La Rivera capitán […], o quien haga sus veces, abstenerse de
desplegar conductas que entrañen el desalojo del señor […] del parque Torres de
Comfandi ubicado en la calle 56 entre carreras 1C y 1D del Municipio de Santiago de
Cali por la sola condición de su actividad informal, hasta tanto se le garantice su
reubicación o alternativas de trabajo que materialicen sus derechos según el
Acuerdo 424 de 2017. El accionante en todo caso debe cumplir con las normas
de salubridad e higiene en la comercialización de sus productos.
b. Al Municipio de Santiago de Cali-Secretaría de Seguridad y Justicia, a través
del Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, doctor […], o quien haga
sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta providencia, si aún no lo ha hecho, proceda a verificar la situación personal,
familiar, social y económica del señor […] junto con su núcleo familiar y proceda a
inscribirlo en el censo de comerciantes informales, para que posteriormente dentro
del término de diez (10) días siguientes a la obtención de los recursos económicos o
de la certificación de la disponibilidad presupuestal, le ofrezca una alternativa
económica, laboral o de reubicación de su oficio de vendedor informal acorde
a las políticas públicas diseñadas por la administración municipal en el Acuerdo
424 de 2017, en la que se tenga presente su condición de víctima por desplazamiento
forzado […]” (Destacado fuera de texto).
72.2. En ese orden, no se evidencia ni una imposibilidad ni una contradicción para
el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia proferida por el Tribunal
en el marco de esta acción popular, en primera instancia, en tanto, si bien, se ordenó
ejercer los controles necesarios para recuperar el espacio público, la orden fue clara
en torno a que estos debían iniciar o comenzar “[…] con el proceso de
caracterización [de los vendedores informales] a fin de garantizarles la reubicación
en razón de su condición de vulnerabilidad […]”, clarificándose que dicho proceso
de caracterización “[…] no podrá exceder de dos meses […]”. Asimismo, se dispuso
que, “[…] [r]ecuperado y reparado el espacio público objeto de esta acción [popular],
las accionadas deberán ejercer constante vigilancia del sector a fin de que no se
reincida con la ocupación del mismo, salvaguardando los derechos de la comunidad
habitante del entorno […]” y proceder a la respectiva recuperación y mantenimiento
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de la zona verde para que “[…] quede en las mismas condiciones en que estaba
antes de la ocupación […]”, estableciéndose un plazo de seis meses para ello.
73. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que al no haberse superado
la problemática que originó la presente acción popular -lo cual no es objeto del
recurso de apelación- y conforme con lo anteriormente expuesto, el Distrito de
Santiago de Cali es una entidad relevante para la superación de la situación de
amenaza y vulneración de los derechos e intereses colectivos.
74. La Sala precisa que las órdenes impartidas al Distrito no obedecen a que se
considere que alguna acción u omisión por parte de esa entidad generó amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados y, por ende tenga
responsabilidad en ese sentido, sino que su comparecencia al proceso y las órdenes
impartidas se fundamentan en, por un lado, su condición de “[…] entidad
administrativa encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado
[…]”50; por el otro, en que el ejercicio de sus competencias constitucionales, legales
y reglamentarias, en los términos explicados, son “[…] necesarias para volver las
cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo […]” 51
o, al menos, superar la situación evidenciada en torno a los derechos e intereses
colectivos objeto de pronunciamiento y la problemática evidenciada en torno al
espacio público y la presencia de vendedores informales.
75. Ahora bien, respecto a la insuficiencia del término para el cumplimiento de la
sentencia, alegada por el recurrente, la Sala considera que el Distrito no expresa en
su recurso, más allá de lo que denomina como “[…] una difícil situación de orden
público […]”, que por demás no se encuentra probada ni se expresa la forma en que
influye en el cumplimiento de las medidas ordenadas, un argumento que evidencie
que los plazos otorgados no son suficientes, máxime si se tiene en cuenta que el
Oficio núm. 2016416110045681 de 31 de mayo de 201652, expedido por el Distrito
de Santiago de Cali, hizo constar que los vendedores informales encontrados en la
50 En los términos del inciso final del artículo 21 de la Ley 472, sobre notificación del auto admisorio de la
demanda, que establece que el trámite se comunicará y, por ende, se vinculará a “[…] la entidad administrativa
encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado […]”.
51 Así lo establece el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia. Asimismo, la norma establece en su inciso
final que “[…] [t]ambién comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de
su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]”.
52 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CUADERNO10028400P(.PDF)
NroActua 2. Página 26.
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zona son aproximadamente 4 y que, incluso, en algunas verificaciones realizadas
por la precitada autoridad, se evidencia la presencia de apenas un solo vendedor
informal, lo cual, aunado al tamaño de la zona objeto de esta acción que, se reitera,
se ubica en la calle 56 entre carreras 1c y 1d del Distrito de Santiago de Cali, implica
que el plazo otorgado en la sentencia proferida, en primera instancia, es suficiente
para dar cabal cumplimiento a las órdenes impartidas.
76. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad del Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca, en el marco del Comité de Verificación, de adoptar las decisiones que
considere necesarias y razonables para garantizar el cumplimiento de la sentencia,
entre ellas la de otorgar plazos adicionales a las autoridades obligadas, conforme
se indicará infra.
77. Por lo anterior, la Sala confirmará, en lo relacionado con las órdenes
impartidas a la autoridad recurrente, la sentencia de 3 de junio de 2021 proferida en
primera instancia por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.
78. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto
79. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal quinto, lo siguiente:
“[…] QUINTO: CONFÓRMESE dentro del mes meses (sic) siguiente a la ejecutoria
de la presente providencia, para la verificación del cumplimiento de las órdenes
dadas en esta sentencia, un Comité integrado por la Magistrada Ponente[,] las
partes, el Defensor (a) del Pueblo, quien lo presidirá y deberá rendir
bimestralmente informe a este Despacho, detallando sobre el avance en la ejecución
de las órdenes dadas en esta sentencia […]” (Destacado fuera de texto).
80. La Sala considera que se debe modificar la parte resolutiva de la sentencia
de 3 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca,
en lo relacionado con la conformación del Comité de Verificación de Cumplimiento,
en el sentido de precisar que i) la Magistrada Sustanciadora del Tribunal deberá
presidir el comité de verificación y ii) el comité deberá rendir informes mensuales
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para evaluar el progreso de sus actividades, como se señalará en la parte resolutiva
de la sentencia.
81. Asimismo, se adicionará el respectivo ordinal en el sentido de precisar que
en el evento de que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Conclusiones de la Sala
82. En suma, la Sala considera que el Distrito tiene la responsabilidad de dar
cumplimiento a las órdenes impartidas en la presente sentencia, teniendo en cuenta
que es el principal veedor del orden público. Además, en cuanto al tiempo otorgado
para el cumplimiento de las mismas, se considera que el término otorgado se ajusta
a lo previsto en las disposiciones que regulan la materia.
83. En consecuencia, se modificará el ordinal cuarto de la sentencia de 3 de junio
de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y se confirmará
lo demás la precitada sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 3
de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en
primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,
el cual quedará de la siguiente manera:
QUINTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de las
órdenes impartidas en esta sentencia, el cual estará integrado por: i) la Magistrada
Ponente, quien lo presidirá; ii) la parte actora; iii) un delegado del Distrito Especial
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali; iv) un
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delegado de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional; y v) el
Defensor(a) del Pueblo – Regional Valle del Cauca. Dicho comité deberá rendir
informes mensuales sobre las acciones desplegadas para el cumplimiento de la
sentencia.
En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en el marco del Comité de Verificación,
podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su
cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 3 de junio de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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