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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00389-01

Fecha
1 de febrero de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00389-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 6 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-00389-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

1 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., primero (1º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00389-01 (4887-2022)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) 1
Demandado: Yolanda Lucía Schmalbach Vergara y Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP)2

Temas: Lesividad - Pensión de jubilación

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones contra la
sentencia proferida el 6 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Colpensiones presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de la resolución GNR 266794 del 24 de julio de 2014
mediante la cual la administradora reconoció y ordenó el pago de la pensión de

1 En lo que sigue Colpensiones.
2 En lo que sigue UGPP.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00389-01 (4887-2022)
Demandante: Colpensiones

vejez a Yolanda Lucía Schmalbach Vergara, en cuantía de $688.387, efectiva a
partir del 12 de noviembre de 2008.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que: i) se declarara que no era Colpensiones sino la UGPP la encargada de
reconocer, reliquidar y pagar la pensión de vejez de Yolanda Lucía Schmalbach
Vergara; ii) se ordenara a Yolanda Lucía Schmalbach Vergara la devolución de las
sumas pagadas por concepto de reconocimiento de la pensión de vejez; y iii) se
indexaran los valores reconocidos y las sumas adeudadas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Yolanda Lucía Schmalbach Vergara nació el 10 de marzo de 1946.

• Mediante la Resolución GNR 266794 del 24 de julio de 2014, Colpensiones
reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a favor de Yolanda Lucía
Schmalbach Vergara, en cuantía de $688.387, efectiva a partir del 12 de noviembre
de 2008, según los requisitos previstos en la Ley 71 de 1988 con la tasa de
reemplazo del 75%.

• El 21 de julio de 2015, Colpensiones negó la solicitud de reliquidación de la
prestación concedida, a través de la Resolución GNR 218229. Inconforme con la
decisión la pensionada presentó recurso de reposición; sin embargo, la entidad
confirmó lo dispuesto en la mencionada resolución.

• Posteriormente, revisado el expediente pensional de Yolanda Lucía Schmalbach
Vergara, la entidad se percató de que el acto de reconocimiento no estaba ajustado
a derecho, puesto que carecía de competencia para conceder y reliquidar la
prestación, de manera que le solicitó a la beneficiaria que emitiera autorización para
revocar la Resolución GNR 262794 del 24 de julio de 2014. Sin que se obtuviera
respuesta alguna.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron la Constitución Política de Colombia; las leyes 100 de
1993 y 33 de 1985; los decretos 2196 de 2009, 5021 de 2009, 575 de 2013.

En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos4:

4 Folios 4 y 5.

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Demandante: Colpensiones

• La competencia para la expedición de los actos administrativos de reconocimiento
pensional es un requisito de validez, por tanto, ante la ausencia de este, el acto
deberá ser anulado.

• El reconocimiento de las pensiones de los afiliados a Colpensiones que cumplieron
con los requisitos de edad y tiempo con anterioridad al 1° de julio de 2009, es de
competencia de la UGPP antes Cajanal, en tanto en esa fecha se perfeccionó el
traslado de aquella al ISS ahora Colpensiones.

• En virtud de la Resolución GNR 266794 del 24 de julio de 2014, la entidad
reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a favor de Yolanda Lucía
Schmalbach Vergara en cuantía de $688.387, efectiva a partir del 12 de noviembre
de 2008, cuya fecha de adquisición del estatus fue el 10 de marzo de 2001, con un
IBL de $917.849 y una tasa de reemplazo del 75%, con fundamento en los requisitos
de la Ley 71 de 1988.

Como consecuencia, los dineros cobrados con ocasión de ese reconocimiento
deben ser reintegrados en su totalidad, por la falta de competencia para su
concesión.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que
se expresan a continuación:

• Mediante la Resolución 36165 del 2 de noviembre de 2005 negó la solicitud de
reconocimiento de la pensión de vejez presentada por Yolanda Lucía Schmalbach
Vergara, por cuanto no reunía los requisitos exigidos por la normativa vigente.
Posteriormente remitió la solicitud al entonces ISS5, al encontrar que había aportado
a esa entidad durante 78.57 semanas y, por ende, resultaba competente para
conceder el reconocimiento.

Por lo anterior, la UGPP no está legitimada para decidir respecto de la prestación
solicitada por la demandada, comoquiera que todos los aportes fueron realizados
en Colpensiones, tal como lo reconoce esa entidad en los actos demandados. En
este sentido y, en virtud del artículo 167 del Código General del Proceso, la carga
de la prueba recae en la demandante.

Propuso las siguientes excepciones: i) falta de legitimación en la causa por pasiva;
ii) inexistencia de la obligación demanda y cobro de lo no debido; iii) ausencia de

5 Actualmente Colpensiones.

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Demandante: Colpensiones

vicios en los actos administrativos demandados y iii) la prescripción.

1.2.2. Yolanda Lucía Schmalbach Vergara, a través de curador ad-litem se opuso a
la prosperidad de las pretensiones6, pues, a su juicio, los actos demandados fueron
proferidos por la autoridad competente, por cuanto se encontraba afiliada a
Colpensiones al momento de alcanzar el estatus según los requisitos establecidos
en la Ley 100 de 1993.

Como excepciones propuso: i) buena fe; ii) innominada; iii) cumplimiento de
requisitos legales; iv) prescripción y v) cobro de lo no debido.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia proferida el 6 de
mayo de 20227 dispuso lo siguiente: i) no reponer el auto del 5 de noviembre de
2020 que dispuso negar la medida cautelar, ii) declaró la nulidad de la Resolución
GNR 266794 del 24 de julio de 2014, mediante la cual se reconoció de una pensión
de vejez, iii) ordenó a la UGPP expedir el acto administrativo de reconocimiento
pensional de Yolanda Lucía Schmalbach Vergara, dentro de los ocho días
siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, iv) ordenó a Colpensiones continuar
con el pago de la mesada hasta tanto la UGPP expida el acto mencionado, v) negó
las demás pretensiones de la demanda y vi) se abstuvo de condenar en costas.

Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, observó lo siguiente:

• Resulta en un hecho cierto que Yolanda Lucía Schmalbach Vergara cumplió a
cabalidad los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de vejez, por lo tanto,
con fundamento en la Ley 71 de 1988, por resultar más favorable, le fue reconocida
la prestación.

• En la Resolución de reconocimiento GNR 266794 del 24 de julio de 2014, se indicó
que la prestación estaría a cargo, en forma conjunta, por la Caja Nacional de
Previsión Social Cajanal hoy UGPP8 y por Colpensiones, de manera que no se
presentó una afectación a la sostenibilidad del sistema de la demandante, puesto
que ha pagado el monto correspondiente a los aportes realizados por la
demandada.
• Yolanda Lucía Schmalbach Vergara adquirió el estatus el 10 de marzo de 2001
[nació el 10 de marzo de 1946], esto es antes del 12 de julio de 2009, además según

6 Folios 98 y 99.
7 Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 50, actuación denominada
«22_SENTENCIA(.pdf) NroActua 50.
8 En Adelante la UGPP.

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Demandante: Colpensiones

la información laboral aportada por la UGPP, la última cotización como empleada
pública fue realizada el 17 de julio de 1998, cuando estaba afiliada a ese fondo
pensional, de manera que el reconocimiento debió ser dispuesto por esa entidad.

• En cuanto al restablecimiento del derecho, con el fin de que la decisión no
provoque la afectación de los derechos constitucionales que le asisten a la
pensionada, con ocasión de un error cometido por Colpensiones, se garantizará la
continuidad en el pago de su pensión, con lo cual no resultará afectada la
sostenibilidad fiscal del sistema, en tanto que se tendrán en cuenta los aportes
realizados al sistema general de pensiones del Régimen de Prima Media con
prestación definida realizados a la UGPP y a Colpensiones.

• Asimismo se dispondrá, en virtud del principio de coordinación administrativa, que
Colpensiones continúe con el pago de la pensión hasta que sea efectivamente
asumida por la UGPP, de modo que se ordenará a esta última que expida el acto
administrativo de reconocimiento y pago de la prestación de vejez a favor de la
pensionada, en iguales términos y montos empleados por Colpensiones,
comoquiera que nunca fue planteado cuestionamiento alguno respecto del derecho
pensional de Yolanda Lucía Schmalbach Vergara.

• Ahora, respecto la devolución de mesadas pagadas no resulta procedente su
solicitud, por cuanto la demandante reconoció de manera voluntaria, autónoma e
independiente la pensión de vejez, por lo tanto no es posible trasladar la
responsabilidad a la pensionada, máxime si no se expuso cuestionamiento alguno
en cuanto a su derecho pensional, ni se probó la mala fe en su conducta. Además,
Colpensiones en el acto demandando determinó el porcentaje que le correspondía
con ocasión de las cotizaciones realizadas por la demandada, de suerte que el pago
ha sido el concerniente a los aportes realizados.

1.4. El recurso de apelación

Colpensiones interpuso recurso de apelación parcial9, con el fin de que se revocara
el ordinal octavo y, en su lugar, solicitó acceder a la pretensión del restablecimiento
del derecho, con el fin de que se ordene la devolución del dinero que fue recibido
de más por parte de la pensionada.

La mala fe en la conducta de la demandada resultó probada al omitir dar respuesta
dentro del término previsto para ello, a la solicitud de autorización para la revocatoria
de la Resolución GNR 266794 del 24 de julio de 2014, a pesar de tener conocimiento

9 Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 55, actuación denominada
«26_APELACIONDESENTENCIA_CORREO20220609(.pdf) NroActua 55» y
«25_APELACIONDESENTENCIA_YOLANDALUCIASCHMAL(.pdf) NroActua 55».

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Demandante: Colpensiones

de la falta de competencia en virtud de la cual fue dispuesto el reconocimiento
pensional.

Con la decisión objetada se causa un perjuicio al erario, por cuanto se vulnera el
principio de sostenibilidad financiera del Sistema Pensional. Asimismo, se
desconoce la obligación por parte del Estado correspondiente a racionar la
economía del país al avalar una erogación que afecta las finanzas públicas.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes guardaron silencio.

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Problemas jurídicos

Se circunscriben a resolver el siguiente interrogante: ¿Al carecer de competencia
Colpensiones para reconocer y ordenar el pago de la pensión de vejez, hay lugar a
la devolución de las sumas reconocidas a la demandada?

2.2. Cuestión previa

Teniendo en cuenta que, i) en la providencia del 28 de junio de 2022, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca concedió «el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante y la entidad vinculada» y ii) en el informe secretarial del 21 de
septiembre de 2022, proferido por la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, se indicó que aunque el a quo concedió el recurso de apelación de la
vinculada (UGPP), lo cierto es que en las actuaciones obrantes en Samai no obraba
ese escrito. Razón por la cual, este despacho admitió únicamente el recurso de
apelación presentado por Colpesiones (demandante), mediante auto del 18 de
octubre de 2022

Sobre el particular, la Sala precisa que, revisadas las actuaciones obrantes en
Samai del Tribunal de primera instancia, los recursos presentados el 2 y el 9 de
junio de 2022 corresponden a la parte demandante, de manera que, se debió
conceder el recurso únicamente respecto de esa entidad, como en efecto sucedió
en el auto admisorio del 18 de octubre de 2022, por lo que, en esta oportunidad, la
competencia de la Sala se encuentra enmarcada en los argumentos expuestos en
el recurso de apelación presentado por Colpensiones.

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Demandante: Colpensiones

2.2. Marco normativo

2.2.1. Del principio de la buena fe

El artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, dispuso:

«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante éstas»

Al respecto, la Corte Constitucional10 ha sostenido que el principio de la buena fe es
aquel que exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta».

Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones reciprocas relacionadas a la confianza, seguridad y «credibilidad que
otorga la palabra dada»; sin embargo, se ha considerado que este no constituye un
postulado absoluto, sino que tiene límites demarcados por principios de igual o
superior categoría constitucional, tales como la igualdad, la prevalencia del interés
general, el desarrollo de la función administrativa, la legalidad, la moralidad, la
eficacia, la economía, entre otros11.

Por otra parte, en materia contenciosa administrativa, el numeral 1 del artículo 164
del CPACA12 previó que en todos los actos de los particulares y de las autoridades
se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio, esto es, corresponde
probar la obtención del derecho prestacional o su negativa con desconocimiento de
los postulados de la buena fe. En ese orden, para que proceda el reintegro de las
prestaciones periódicas reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad
pruebe que el pensionado incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el
trámite de la actuación administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento
de la pensión.

10 T-475 del 29 de julio de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
11 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis
12 «ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser

presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

(…)

c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin
embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

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2.4. Caso concreto

En atención al objeto de la apelación, en el expediente se encuentra acreditado lo
siguiente:

• Yolanda Lucía Schmalbach Vergara nació el 10 de marzo de 194613.

• El 26 de octubre de 2005, mediante la Resolución 36165, la UGPP negó la pensión
de vejez de la demandada, por cuanto no cumplió con el requisito de trabajar 20
años como servidora pública14, decisión que fue confirmada el 2 de noviembre de
2005. Inconforme con lo dispuesto, la demandada presentó una nueva solicitud la
cual fue resuelta desfavorablemente, a través de la Resolución UGM 028912 del 24
de enero de 201215.

• A través de la Resolución ADP 003377 del 5 de marzo de 2013, la UGPP remitió
los documentos de Yolanda Lucía Schmalbach al ISS, en razón a su traslado
voluntario a ese fondo, previamente16.

• Mediante Resolución GNR 266794 del 24 de julio de 2014, Colpensiones reconoció
y ordenó el pago de una pensión de vejez, con fundamento en que la beneficiaria
para el 1º de abril de 1994 se encontraba afiliada al régimen de prima media con
prestación definida, en este sentido su financiamiento quedó con cuota parte
pensional, es decir a la UGPP le correspondió $652.156 y a Colpensiones $36.231
a partir del 12 de noviembre de 2008. En virtud del régimen pensional previsto en la
Ley 71 de 198817.

• A través de la Resolución GNR 218229 del 21 de julio de 2015, Colpensiones negó
la solicitud de reliquidación de la prestación reconocida el 24 de julio de 201418.

• El 25 de abril de 2016, Colpensiones solicitó la autorización expresa por parte de
la pensionada para revocar la Resolución GNR 266794 del 24 de julio de 2014,

13 Según la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento visibles en los ítems 5 y 6 del

documento: [CC33130625] del CD de antecedentes administrativos visto a folio 64 A.
14 Resolución visible en el ítem 21 del documento: [CC33130625] del CD de antecedentes

administrativos visto a folio 64 A.
15
Resolución visible en el ítem 67 del documento: [CC33130625] del CD de antecedentes
administrativos visto a folio 64 A.
16
Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, gestión de documentos, documento
:19_ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS_EXPEDIENTEYOLANDAL(.zip) NroActua 49.
17 Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, gestión de documentos, documento

:19_ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS_EXPEDIENTEYOLANDAL(.zip) NroActua 49.
18 Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, gestión de documentos, documento

:19_ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS_EXPEDIENTEYOLANDAL(.zip) NroActua 49.

8

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Demandante: Colpensiones

comoquiera que fue proferida sin competencia, por cuanto esa prestadora no fue la
última en la que fueron depositados los aportes de la beneficiaria 19.

• El 23 de agosto de 2016, Yolanda Lucía Schmalbach Vergara respondió
negativamente la anterior solicitud y manifestó que, desde el 2005 ha tramitado su
pensión, inicialmente ante la UGPP la cual indicó que la competente era
Colpensiones y luego de múltiples solicitudes y respuestas negativas por parte de
la administración, finalmente el 24 de julio de 2014 esa última entidad accedió a lo
solicitado y determinó que sería una pensión compartida. Por lo tanto, como
protección a sus derechos fundamentales y, con el fin de garantizar su estabilidad
laboral, señaló que la entidad está en la obligación de gestionar ante la entidad
competente el pago de la prestación sin interrupción20.

2.5. Análisis sustancial

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró que la entidad competente
para el reconocimiento pensional era la UGPP, puesto que es en esta entidad que
se registra la última cotización hecha por la demandada en calidad de empleada
pública, el 17 de julio de 1998. A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la
UGPP expedir el acto administrativo mediante el cual se reconozca y pague la
pensión de Yolanda Lucía Schmalbach en iguales términos dispuestos por
Colpensiones, sin que esta última pueda cesar el pago de la prestación hasta tanto
se materialice la referida orden. En cuanto a la devolución de las mesadas pagadas,
concluyó que al no encontrarse probada la mala fe en la conducta de la pensionada
no era posible acceder a lo pretendido.

Colpensiones interpuso recurso de apelación con el fin de que se revocara
parcialmente la decisión de primera instancia y como consecuencia se ordenara la
restitución de los montos percibidos por concepto de la mesada reconocida
mediante la resolución declarada nula en el presente juicio de legalidad.

En esas condiciones, los argumentos planteados por el recurrente, se centran en
controvertir la decisión del tribunal de no ordenar la devolución de las sumas
recibidas por la demandada con ocasión del acto que fue declarado nulo, razón por
la cual esta Subsección se limitará a analizar los planteamientos expuestos en el
recurso de alzada. Ello, toda vez que el marco de la competencia del juez en
segunda instancia está delimitado por los argumentos expuestos en la apelación,

19 Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, gestión de documentos, documento
:19_ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS_EXPEDIENTEYOLANDAL(.zip) NroActua 49.
20 Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, gestión de documentos, documento

:19_ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS_EXPEDIENTEYOLANDAL(.zip) NroActua 49.

9

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Demandante: Colpensiones

tal y como lo dispone el artículo 328 del Código General del Proceso21.

Ahora bien, de acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente, la sala
advierte que Yolanda Lucía Schmalbach Vergara solicitó ante la UGPP inicialmente
el reconocimiento de una pensión de vejez; la cual fue resuelta por la entidad
mediante acto con el cual decidió no acceder a lo solicitado y dio traslado de esta a
Colpensiones, antes ISS, entidad que reconoció de manera voluntaria la prestación
y estableció la cuota parte que le correspondía a la UGPP, de acuerdo con lo cual,
la prestación reconocida a la demandada fue financiada por los dos entes de
previsión a prorrata del tiempo cotizado a cada uno. Posteriormente, la entidad
demandante, requirió a la pensionada con el fin de obtener su autorización para
efectos de revocar el acto; frente a lo cual, la demandada respondió negativamente
y solicitó la garantía de sus derechos fundamentales, al considerar inadmisible
asumir los errores de la entidad prestacional, de manera que instó a realizar los
trámites administrativos necesarios de manera interna con la competente, sin
interrumpir el pago de su mesada.

De acuerdo con la situación fáctica expuesta, para la Sala, la actuación desplegada
por la demandada no conlleva a desvirtuar la presunción de buena fe, que cobija
sus actuaciones. En efecto, en oportunidades anteriores, esta Sala22 ha indicado
que si bien el Estado tiene la facultad de pedir la nulidad de los actos administrativos
que reconozcan prestaciones periódicas, el legislador establece como límite la
imposibilidad de recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. En
este sentido le corresponde a la administración desvirtuar la presunción que cobija
las actuaciones llevadas a cabo por el beneficiario de la pensión, durante el trámite
de la solicitud del reconocimiento o de la reliquidación de aquella.

Aunado a ello, de lo aportado al proceso y la conducta desplegada por la
demandada en el trámite en sede administrativa y judicial no se evidencia un actuar
fraudulento, por cuanto lo que se observa es que Yolanda Lucía Schmalbach
Vergara inicialmente acudió a la entidad competente para solicitar el reconocimiento
pensional; sin embargo, en esa oportunidad le fue negado el derecho y
posteriormente sus documentos fueron enviados a Colpensiones, la cual, finalmente
efectuó el reconocimiento.

21«Competencia del superior: El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de agosto de 2023,

radicado 25000-23-42-000-2015-04835-01 (2884-2020), M.P. César Palomino Cortés.

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Demandante: Colpensiones

Asimismo, en la decisión de concesión del derecho pensional la demandante
estipuló que sería asumida en cuota parte por ella y la UGPP, lo cual indica que a
su cargo recaía un porcentaje de la obligación de financiar la prestación de Yolanda
Lucía Schmalbach Vergara, en virtud de lo cotizado a ese fondo, aspecto que no
fue objeto de reproche en la demanda, ni fueron modificados los términos del acto
demandando por el a quo, de suerte que resulta evidente que las sumas pagadas
por tal concepto estuvieron soportadas en el derecho alcanzado por la beneficiaria
al cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad.

Adicionalmente, no se comprobó que para acceder al reconocimiento pensional
hubiese aportado documentación falsa que indujera en error a la administración,
puesto que las condiciones para alcanzar el reconocimiento nunca fue objetado por
la demandante.

Como consecuencia de lo expuesto y en consideración a que la buena fe se
presume en el obrar de los particulares ante las autoridades, Colpensiones tenía la
carga de acreditar que Yolanda Lucía Schmalbach Vergara no obró con lealtad,
rectitud y honestidad, sino que por el contrario acudió a maniobras engañosas, para
inducir en error a la administración y a las autoridades judiciales, circunstancia que
no ocurrió en el caso concreto. En línea con lo anterior, esta Subsección, en casos
similares al anterior, ha señalado lo siguiente23:

«En suma, a pesar de que la jurisdicción ordinaria encontró penalmente responsable al
citado funcionario judicial por dictar la providencia que dio lugar a conceder a la
accionada la pensión gracia, pese a no satisfacer los respectivos requisitos, en especial,
no colmar los veinte (20) años en calidad de docente nacionalizada o territorial, no se
evidencia que el sujeto determinador de esa conducta haya sido ella (máxime cuando
actuó por intermedio de apoderado) o que se haya iniciado alguna investigación en su
contra por tales hechos, como para concluir que actuó de mala fe».

Además, la declaratoria de nulidad de los actos demandados, no desconoce la
aptitud legal de la demandada frente al reconocimiento pensional, sino que se da
como consecuencia de la falta de competencia de la entidad que efectuó el
reconocimiento, error de Colpensiones que no es atribuible a la pensionada.

Como corolario de lo expuesto, esta Sala confirmará la decisión apelada en cuanto
no acceder a la devolución de las sumas de dinero percibidas de buena fe, al no
haberse desvirtuado el actuar honesto de la demandada.

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, sentencia

del 4 de agosto de 2022, proceso con radicado 15001-23-33-000-2014-00518-01 (4095-2017).

11

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00389-01 (4887-2022)
Demandante: Colpensiones

2.5. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.24

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte vencida
actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en
el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandada.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la devolución de las mesadas
pagadas, por concepto de la pensión de vejez a favor de Yolanda Lucía Schmalbach
Vergara, resulta improcedente al no estar acreditada la mala fe en la conducta de la
pensionada.

24En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

12

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00389-01 (4887-2022)
Demandante: Colpensiones

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 6 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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