Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2018-00720-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2018-00720-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2018-00720-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
16 de noviembre de 2023
Radicado: 76001-23-33-000-2018-00720-01 (27813)
Demandante: IGT Games S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-23-33-000-2018-00720-01 (27813)
Demandante IGT GAMES S.A.S.
Demandado MUNICIPIO DE PALMIRA
Tema Impuesto a los juegos de suerte y azar. Derogatoria del tributo
por la Ley 643 de 2001.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 1 de septiembre del 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que dispuso1:
“PRIMERO. DECLARASE la nulidad de la Liquidación Oficial de Aforo No. 1150.47.17482 del
4 de septiembre de 2017 y de la Resolución No. 1150.47.19848 del 22 de febrero de 2018,
por medio de las cuales la Secretaría de Hacienda Municipal de Palmira, impuso sanción (sic)
IGT GAMES S.A.S., por no declarar el impuesto aplicable a los juegos de suerte y azar, en la
modalidad de juegos novedosos, para los períodos gravables comprendidos entre los meses
de enero a noviembre del año 2016; acorde con lo explicado en esta providencia.
SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que IGT GAMES S.A.S.,
no está obligada a pagar los valores liquidados a título de sanción en los actos anulados.
TERCERO. ORDÉNASE al Municipio de Palmira, reconocer y pagar a favor de IGT GAMES
SAS, las expensas y gastos en que haya incurrido en esta instancia y en la medida de su
comprobación. Liquídense por la Secretaría de esta Corporación. FÍJASE el valor de las
agencias en derecho, a ser incluidas en dicha liquidación, el valor de un (1) salario mínimo
mensual legal vigente.
(…)”.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Palmira, Valle del
Cauca, profirió la Liquidación Oficial de Aforo Nro. 1150.47.17482 del 4 de
septiembre de 2017, mediante la cual determinó el impuesto a los juegos de suerte
y azar a cargo de IGT Games S.A.S. por los períodos comprendidos entre enero a
noviembre de 2016.
La sociedad interpuso recurso de reconsideración contra dicho acto, pero la entidad
territorial la confirmó mediante la Resolución Nro. 1150.47.19848 del 22 de febrero
de 2018.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la demandante formuló las siguientes pretensiones:
1 Samai. Índice 3. PDF de la sentencia. Páginas 11 y 12.
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Demandante: IGT Games S.A.S.
“3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Resolución No. 1150.47.17482 del 4 de septiembre de 2017 por medio de la cual la
Secretaria de Hacienda de Palmira profiere Liquidación Oficial de Aforo del impuesto de
los juegos de suerte y azar teniendo como sujeto pasivo de este impuesto a IGT GAMES
respecto de los periodos de enero a noviembre del año 2016.
• Resolución No. 1150.47.19848 de 22 de febrero de 2018, por medio de la cual la
Secretaria de Hacienda de Palmira, decide recurso de reconsideración presentado por
IGT GAMES y confirma en su totalidad la Liquidación Oficial de Aforo No. 1150.47.17482
del 4 de septiembre de 2017, expedida por la misma entidad.
3.2. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
declare que mi poderdante no es sujeto pasivo del impuesto a los juegos de suerte y azar
y en consecuencia no está obligado a pagar suma alguna por concepto de dicho
impuesto, correspondiente a los meses de enero a noviembre del año 2016.
A los anteriores efectos, invocó como violados los artículos 29, 95 y 363 de la
Constitución; 643, 683, 715 y 716 del Estatuto Tributario; 1, 2, 3, 7, 8, 49 y 60 de la
Ley 643 de 2001; y 42 y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
El concepto de la violación de estas disposiciones se resume así:
1. Violación de los artículos 49 y 60 de la Ley 643 de 2001.
Indicó que la sociedad no es sujeto pasivo del impuesto a los juegos de suerte y
azar, por lo que no debía presentar declaraciones en el Municipio de Palmira.
Transcribió los artículos 1 y 2 de la Ley 643 de 2001 y explicó que todos los juegos
de suerte y azar deben regirse por lo dispuesto en dicha norma,
independientemente del municipio en donde se operen o exploten, y que la ley
define la regulación aplicable a cada modalidad de juego.
Comentó que el juego Baloto se encuadra en la categoría de juegos novedosos
regulados y su explotación corresponde a COLJUEGOS, que distribuye los recursos
a las entidades territoriales, según lo previsto en los artículos 39 y 40 de la citada
Ley 643. Anotó que dicha norma prevé que los juegos referidos solo pueden
gravarse con los tributos expresamente autorizados en la Ley 643 de 2001 y no con
impuestos o gravámenes creados bajo la vigencia de normas posteriores.
Resaltó que el artículo 49 ibidem prohíbe de forma expresa a los municipios,
departamentos y distritos, gravar los juegos de suerte y azar, incluyendo los
novedosos, con impuestos, tasas o contribuciones fiscales o parafiscales distintos
a los establecidos por el legislador.
Advirtió que la actuación administrativa se basó en lo establecido en el Acuerdo Nro.
071 de 2010, en las leyes 69 de 1946 y 33 de 1968, y en el Decreto 1333 de 1986.
Sin embargo, estas últimas normas fueron derogadas por la Ley 643 de 2001, sobre
lo cual trajo en cita la Sentencia C-584 de 2001 de la Corte Constitucional y el
artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 que de manera expresa ratificó la derogatoria
de las normas que fundamentan la liquidación oficial impugnada.
Recalcó que la sociedad no está obligada a declarar ni a pagar el impuesto a los
juegos de suerte y azar, ante el decaimiento del acuerdo municipal proferido por la
demandada que se encuentra motivado en normas derogadas y carece de fuerza
ejecutoria.
Aclaró que, en caso de considerarse que las disposiciones están vigentes, la
aplicación de normas de carácter nacional o territorial a los juegos novedosos está
limitada. Relató que, con anterioridad a la Ley 643 de 2001, esta tipología no existía
ni estaba regulada, por lo cual su operación y funcionamiento solo están sometidos
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a los tributos autorizados en la misma y no a gravámenes anteriores que se
imponían a juegos distintos a ellos.
A partir de la Sentencia C-577 de 2004 de la Corte Constitucional, concluyó que al
legislador no le está vedado derogar normas que sustentan el cobro de tributos
municipales o departamentales, tal como lo hizo la Ley 643 de 2001 y que, aun si
dicha norma no tuviera esa facultad, ello tendría incidencia solamente frente a los
entes territoriales propietarios del impuesto, tasa o contribución, cuando existe
acuerdo u ordenanza que lo haya adoptado.
Precisó que, en este caso, si bien existe un acuerdo municipal que contempla el
cobro del impuesto a los juegos de suerte y azar, este es posterior a la Ley 643 de
2001, lo cual implica que es violatorio de los artículos 49 y 60 ibidem, haciendo
improcedente el cobro del tributo y la sanción.
Agregó que los actos acusados ignoraron el artículo 60 de la Ley 643 de 2001, que
prevé la exclusividad y prevalencia del régimen propio de los monopolios y que
refuerza la prohibición del artículo 49 ibidem. De igual forma, reiteró que el impuesto
que se pretendía cobrar fue establecido mediante el Acuerdo Nro. 071 de 2010, el
cual es posterior a la ley referida.
Precisó que la Sentencia C-1191 de 2001 de la Corte Constitucional indicó que las
actividades constitutivas de monopolio podían ser gravadas siempre que fuera con
tributos aplicables previamente a la prohibición de la Ley 643 de 2001, limitándose
el ejercicio del poder impositivo de las autoridades locales hacia el futuro. Además,
se refirió al poder tributario derivado de los municipios y departamentos y sostuvo
que es indispensable, para el cobro de un tributo territorial, la expedición de una
norma municipal o departamental que debe ser previa.2
Cuestionó la posición del municipio demandado frente al hecho de que la existencia
del impuesto a los juegos de suerte y azar antes de que se profiriera la Ley 643
conlleve a afirmar que existía un régimen tributario vigente, aun cuando se haya
acogido mediante acuerdo municipal posterior, pues, reiteró, es indispensable la
adopción de la norma local en forma previa.
2. Violación de los artículos 1, 2, 3, 7 y 8 de la Ley 643 de 2001.
Transcribió la sentencia de 17 de octubre de 2014 del Juzgado Administrativo de
Descongestión Escritural de Pereira, exp. 2010-00096, para recalcar que la
explotación de los monopolios rentísticos es regulada exclusivamente por la Ley
643 de 2001, de tal forma que cualquier gravamen o impuesto que se pretenda
imponer a esa actividad debe ser creado o autorizado por la ley o entidad
determinada por la norma. Trajo a colación un caso similar resuelto por el Tribunal
Administrativo de Nariño en sentencia del 6 de febrero de 2018, en el marco del
proceso 2015-4292.
3. Violación de los artículos 95 y 363 de la Constitución; y artículo 683 del
Estatuto Tributario.
Adujo que el municipio desconoce los principios de equidad y justicia tributaria,
previstos en la Constitución, así como el espíritu de justicia, contenido en el Estatuto
Tributario, porque le exige más que la carga prevista por la ley, toda vez que la
sociedad actora no es sujeto pasivo del tributo.
Comentó que el juego novedoso Baloto en línea es de propiedad de COLJUEGOS
y que la sociedad se limita a ser el operador (intermediario), pero no beneficiario
económico de su explotación, situación desconocida por la Administración.
2 Citó la sentencia 12593 de 2003 del Consejo de Estado.
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Acotó que el Estado es el único titular de la explotación del monopolio, por lo que la
remuneración del contrato de concesión no es un beneficio directo de la explotación
del juego de suerte y azar, sino de la prestación de un servicio, lo cual refuerza que
la actora no es sujeto pasivo del tributo.
4. Violación del artículo 29 de la Constitución Política, de los artículos 643,
715, 716 y 643 del Estatuto Tributario Nacional, de los artículos 42 y 137
de la Ley 1437 de 2011.
Manifestó que los actos acusados adolecen de falsa y falta de motivación porque
se fundamentan en normas derogadas. Citó en apoyo la sentencia del 18 de mayo
de 2006, exp. 14778, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
Precisó que la liquidación oficial de aforo no fue expedida por la autoridad
administrativa competente, por lo cual no puede servir de base de la sanción, y que
la resolución que resolvió el recurso de reconsideración adolece de falsa motivación
pues no cuantifica el tributo. Agregó que la liquidación oficial hace un recuento de
las actuaciones, pero no se pronuncia de fondo para sustentar su proceder contra
la sociedad, lo cual vulnera el derecho de defensa, y que dicho acto tomó el valor
de las ventas brutas sin IVA de los períodos del 2016 para cuantificar el tributo, que
corresponden a las del nivel nacional y no municipal.
Trajo en cita las sentencias del 17 de febrero de 2000, exp. 5501, C.P. Manuel
Urueta Ayola del Consejo de Estado y SU-917 de 2010 de la Corte Constitucional.
Oposición de la demanda
El Municipio de Palmira controvirtió las pretensiones de la demanda por lo siguiente:
Preliminarmente, propuso la excepción de fondo que denominó «LEGALIDAD DE
LOS ACTOS DEMANDADOS». Explicó que la Administración no sustentó el cobro del
tributo en el Acuerdo Nro. 071 de 2010, sino en las leyes 69 de 1946, 33 de 1968 y
643 de 2001, así como en el Decreto 1333 de 1986 y la Sentencia C-537 de 1995
de la Corte Constitucional. Advirtió que las referencias a la norma municipal se
efectuaron por aspectos procesales y para preservar el debido proceso.
Anotó que, con la cesión del cobro del impuesto a los entes territoriales efectuada
por la Ley 33 de 1968, el principio de legalidad del tributo se encontraba satisfecho,
pues los municipios solo deben definir sus elementos cuando la ley no lo ha hecho,
sin que sea necesaria su reiteración a través de acuerdo municipal, por lo cual en
nada incide que el Acuerdo Nro. 071 de 2010 sea posterior a la Ley 643 de 2001.
Señaló que el acuerdo municipal no se basa en las leyes 69 de 1946 y 33 de 1968,
pues la existencia de este corresponde con las necesidades del municipio en el
ámbito de su amplia reglamentación interna y no en las leyes señaladas.
Sobre la ratificación de la derogatoria de la Ley 643 de 2001 efectuada por el
numeral 11 del artículo 376 de Ley 1819 de 2016, mencionó que dicha norma solo
entró en vigor a partir de su promulgación y hacia el futuro, con lo cual no puede
afectar situaciones jurídicas consolidadas frente a períodos ya causados e indicó
que dicha disposición “es un ejemplo claro de lo que la Corte Constitucional denomina ‘mico
legislativo’”3, pues apareció sorpresivamente y a última hora, sin cumplir los debates
constitucionales, y que el juez debe hacer prevalecer la Carta Política sobre este,
en el marco de la excepción de inconstitucionalidad.4
3 Samai, índice 3, PDF de la oposición a la demanda, página 8.
4 Citó la sentencia C-177 de 1996 de la Corte Constitucional.
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Adujo que la derogatoria mencionada se refiere únicamente al numeral 1 del artículo
7 de la Ley 12 de 1932, ya que esta última norma previó un período de vigencia
limitado de los tributos creados por ella misma, hasta que se hubiesen amortizado
los empréstitos, lo cual ocurrió en 1940.
A partir de lo anterior, concluyó que esta disposición había dejado de producir
efectos para 2016, lo cual no ocurrió con las restantes normas vigentes al expedirse
la Ley 643 de 20015, de manera que la derogatoria de estas no podía ratificarse
pues simplemente no habían desaparecido del tráfico jurídico. Enfatizó en que el
Consejo de Estado expresó que la Ley 643 de 2001 no suprimió la Ley 69 de 1946
que reguló el impuesto a los juegos de suerte y azar.
Reseñó las sentencias de constitucionalidad sobre el tema6 y manifestó que ninguna
de ellas se refiere a una derogatoria de las leyes 69 de 1946, 33 de 1968 ni del
Decreto 1333 de 1986. A partir del precedente jurisprudencial, argumentó que el
régimen tributario previsto por las normas citadas no fue eliminado.
Agregó que las leyes 69 de 1946 y 33 de 1968 y el Decreto 1333 de 1986 no son
contrarias al espíritu de la reforma tributaria de 2016, la cual no tuvo como objetivo
suprimir impuestos, sino aumentar su recaudo y contrarrestar la evasión y elusión
fiscal. Insistió en que no es posible ratificar una derogatoria que no existía y,
además, el numeral 11 del artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 solo apareció
sorpresivamente en las horas finales del trámite del proyecto de ley, como se
desprende de las gacetas.
Frente a la categorización del Baloto como novedoso, sustentó que ninguna norma
prohíbe el cobro del impuesto a los juegos de suerte y azar a esa tipología y que la
alusión del demandante al artículo 40 de la Ley 643 de 2001 permite inferir que
confunde derechos de explotación con impuestos o ignora que estos coexisten.
Afirmó que la demandante no invocó la parte final del artículo 60 de la Ley 643 de
2001 que señala que esta norma debe aplicarse sin perjuicio del régimen tributario
vigente compuesto por las leyes 69 de 1946 y 33 de 1968 y el Decreto 1333 de
1986.
Ratificó que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sostenido que las
normas que soportan el impuesto a los juegos de suerte y azar están vigentes y es
viable su cobro en virtud de la ley, sobre lo cual transcribió la Sentencia C-1191 de
2001 de la Corte Constitucional.
Agregó que la Sentencia C-584 de 2001 culminó con decisión inhibitoria, por lo que
no es aplicable, y que su contenido fue revaluado y aclarado en otras sentencias
que sí hicieron tránsito a cosa juzgada, entre otras: C-537 de 1995, C-521 de 1997,
C-169 de 2004, C-1191 de 2001, C-577 de 2004, C-332 de 2010 y C-615 de 2013
que se pronuncian sobre la vigencia del impuesto a los juegos de suerte y azar.
Resaltó que el Consejo de Estado señaló7 que el impuesto de juegos de suerte y
azar se encontraba vigente para los períodos objeto de cobro (2012 a 2016).
Sobre la violación del artículo 49 de la Ley 643 de 2001, estimó que la prohibición
de gravar los monopolios de juegos de suerte y azar contenida en la Ley 643 de
2001 tiene dos excepciones. La primera consiste en el respeto por el régimen
tributario vigente al momento de su promulgación, compuesto por las leyes 69 de
1946 y 33 de 1968, así como por el Decreto 1333 de 1986. La segunda, en que
gravar es sinónimo de crear, por lo que se prohibió a las entidades territoriales
5 Trajo a colación las sentencias del 11 de agosto de 2011, exp. 17785, C.P. William Giraldo Giraldo y del 25
de abril de 2016, rad. 11001-03-15-000-2015-02768-01, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez del
Consejo de Estado y C-577 de 2004 de la Corte Constitucional.
6 Concretamente: C-537 de 1995, C-521 de 1997, C-1191 de 2001, C-577 de 2004, C-169 de 2004, C-332 de
2010 y C-615 de 2013.
7 Invocó la sentencia del 11 de agosto de 2011, exp. 17785, C.P. William Giraldo Giraldo.
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imponer un nuevo impuesto sobre los juegos de suerte y azar, pero no adelantar el
cobro del tributo autorizado en la ley.
Expuso el contenido de la Sentencia C-1191 de 2001 y, con fundamento en ella,
señaló que cuando la Corte Constitucional habla de juegos y apuestas, se refiere a
los concesionarios u operadores a los que el Estado les otorgó licencia para explotar
dichas actividades. Y que, cuando enuncia que la actividad ya está gravada, es
porque fue sujeta a imposición a través de la ley, y no por un acto del municipio de
Palmira. Recalcó que el ente territorial no impuso el gravamen a los juegos de suerte
y azar, sino que este fue creado por el Congreso de la República, quien lo cedió a
los municipios desde el 1 de enero de 1969.
Advirtió que el impuesto que la sociedad adeuda no debe confundirse con los
derechos de explotación que se pagan con destino al sector salud por la concesión
u operación de juegos de suerte y azar, obligaciones que son independientes y
coexisten como deberes para el sujeto pasivo del tributo. Citó en apoyo la sentencia
C-597 de 1995 de la Corte Constitucional. Sostuvo que el impuesto de juegos de
suerte y azar goza de protección en virtud de los artículos 294 y 362 de la
Constitución y que los derechos de explotación están regulados en el artículo 336
ibidem. Y, con base en la jurisprudencia8, anotó que la existencia tanto del impuesto
como de los derechos es válida.
Explicó que el municipio sustenta el tributo en las leyes que contienen sus
elementos y no en el Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 071 de 2010).
Frente a la violación del artículo 60 de la Ley 643 de 2001, reiteró que, al
momento de la promulgación de dicha norma, el tributo estaba regulado por las
leyes 69 de 1946, 33 de 1968 y el Decreto 1333 de 1986, las cuales habían sido
declaradas compatibles con la Constitución. Además, adujo que el régimen
tributario vigente para ese momento no se circunscribe a las normas de carácter
municipal, como erróneamente lo afirma el demandante.
Insistió en que el municipio de Palmira no creó un nuevo tributo después del inicio
de la vigencia de la Ley 643 de 2001, pues el Acuerdo 071 de 2010 lo único que
hizo fue reglamentar algo que ya estaba creado. Manifestó que cualquier tributo
vigente para ese momento continúa inalterado, por lo que el impuesto a los juegos
de suerte y azar podía ser cobrado aún sin la existencia del acuerdo municipal.
Aclaró que el tributo objeto de debate es sui generis porque fue de carácter nacional
hasta que se cedió a los municipios con la Ley 33 de 1968, con lo cual sus elementos
fueron creados por la ley, siendo potestativo de cada ente territorial reglamentarlo
una vez ocurrió la cesión.
En cuanto a la violación de los artículos 1, 2, 3, 7 y 8 de la Ley 643 de 2001,
reiteró los argumentos previos y reseñó que la sentencia del Juez Administrativo de
Descongestión Escritural del Circuito de Pereira contradice la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Aseguró que las afirmaciones del
demandante desconocen la coexistencia de los derechos de explotación y el
impuesto a los juegos de suerte y azar, avalada por la jurisprudencia, y la
preservación del régimen tributario vigente. Aseveró que la referencia del fallo
invocando el Decreto 4142 de 2011 no aplica pues se refiere a las funciones de
COLJUEGOS sobre los derechos de explotación.
Cuestionó el fallo del Tribunal Administrativo de Nariño por cuanto, en su criterio,
los derechos de explotación no constituyen un tributo sino una renta y,
8 Sobre el tema citó las sentencias del 26 de septiembre de 2000, exp. 12669, C.P. Juan Ángel Palacio
Hincapié, de 12 de abril de 2007, exp. 15382, C.P. María Inés Ortiz Barbosa del Consejo de Estado y C-
1191 de 2001 y C-332 de 2010 de la Corte Constitucional
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adicionalmente, la sentencia equipara los términos gravar y cobrar y el municipio se
limitó a hacer lo segundo, pues lo primero lo realizó el Congreso de la República.
Acotó que el Tribunal confundió el impuesto de industria y comercio con el de juegos
de suerte y azar, al invocar precedente del Consejo de Estado.
Hizo hincapié en la vigencia de las normas reguladoras del impuesto a los juegos
de suerte y azar a partir de las sentencias C-615 de 2013 y de 25 de abril de 2016,
rad. 11001-03-15-000-2015-02768-01, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez del
Consejo de Estado. Citó la sentencia de 14 de diciembre de 2015, M.P. Víctor Adolfo
Hernández Díaz del Tribunal Administrativo de Nariño que avaló la procedencia del
tributo. Afirmó que el Tribunal se apartó del precedente jurisprudencial vertical que
tiene efectos erga omnes, lo cual puede derivar en el delito del prevaricato, por lo
que el fallo reseñado por la actora no aplica en el debate.
Frente a la violación de los artículos 95 y 363 de la Constitución y 683 del
Estatuto Tributario, recalcó que el municipio no gravó la actividad de juegos de
suerte y azar y no exigió ni más ni menos de lo que la ley autoriza a la sociedad,
que sí era sujeto pasivo del tributo, a partir de la sentencia C-537 de 1995, pues
funge como concesionario u operador de las apuestas de Baloto, como se evidencia
del contrato de concesión y el objeto social de la demandante.
Con respecto a la falsa motivación y falta de motivación, señaló que la
Subsecretaria de Ingresos y Tesorería del Municipio era competente para expedir
la liquidación impugnada, a partir del artículo 285 del Decreto 108 de 2016. Precisó
que, ante la ausencia de respuesta a la petición de las cifras relativas a las ventas
brutas de Baloto, decidió realizar cruce de información de COLJUEGOS, a partir de
la cual determinó el impuesto a cargo, solo considerando las ventas brutas en el
municipio de Palmira. Insistió en que los actos están fundamentados y exigió la
aplicación del precedente jurisprudencial.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de los actos
acusados, con fundamento en los siguientes planteamientos:
Luego de exponer el marco normativo aplicable a este caso, indicó que la Ley 643
de 2001 derogó las normas que regulaban el impuesto a los juegos de suerte y azar
y prohibió gravar el monopolio rentístico de dicha actividad. Acotó que esa
prohibición cobija los juegos novedosos, como aquellos que comprenden el objeto
social de la actora.
Frente a las sentencias de la Corte Constitucional invocadas por el municipio para
sustentar la vigencia del tributo, adujo que estas se profirieron antes de la
expedición de la Ley 643 de 2001, de manera que no son aplicables a este caso.
Además, expuso que el Consejo de Estado, en sentencia del 30 de agosto de 2016,
exp. 21834, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, determinó que la Ley 643 de
2001 derogó las normas que regulaban el impuesto de juegos permitidos. Y, en la
sentencia del 11 de agosto de 2011, exp. 17785, C.P. William Giraldo Giraldo, se
definieron las modalidades de juegos de suerte y azar que están excluidas de la
aplicación de la Ley 643, dentro de las cuales no están los juegos novedosos.
Concluyó que la Secretaría de Hacienda de Palmira no podía gravar el monopolio
rentístico de suerte y azar y que los actos quebrantaron las normas en que debían
fundarse.
Condenó en costas al municipio porque consideró que se comprobaron y, por lo
tanto, fijó las agencias del derecho en la suma de un salario mínimo legal vigente,
de conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura.
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Demandante: IGT Games S.A.S.
Recurso de apelación
La demandada recurrió la sentencia de primera instancia, con base en los siguientes
argumentos:
Cuestionó que, para el Tribunal, «es requisito sine qua non para el cobro del impuesto a los
juegos de suerte y azar, que los contribuyentes del mismo tengan establecimiento en la jurisdicción
del Municipio, considerando que solo bajo este supuesto pueden considerarse usuarios
potenciales»9.
Estimó que la sentencia incurrió en contradicción porque, por un lado, admitió que
está vigente el artículo 5 de la Ley 643 de 2001, norma que excluye de su ámbito
de aplicación a los sorteos promocionales. Pero, por el otro, niega que la
consecuencia de dicha exclusión es que tales sorteos no están gravados con el
impuesto a los juegos de suerte y azar.
Comentó que el a quo guardó silencio sobre la pérdida de ejecutoria de las normas
que sirvieron de sustento al acto acusado y, en cambio, reiteró que las leyes 12 de
1932 y 69 de 1946 están derogadas.
Adujo que no era aplicable a este caso la sentencia del 30 de marzo de 2016, exp.
21801, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Mencionó algunas sentencias y
conceptos que, según indicó, fueron expuestas en la demanda10.
Luego, reprochó que el Tribunal sustentara su decisión en la sentencia del 31 de
agosto de 2006, exp. 15100, porque consideró que el objeto del proceso era distinto
al de la referencia, pues se centró en las leyes 12 de 1932 y 69 de 1946 y no en la
643 de 2001. Anotó que dicho pronunciamiento no tiene fuerza de cosa juzgada y
señaló que es preciso un pronunciamiento sobre la incidencia de la Ley 643 de 2001
en las Leyes 12 de 1932 y 69 de 1946.
Afirmó que se vulneró su debido proceso, pues el a quo no controvirtió la legalidad
de los Acuerdos Municipales 047 de 2014 y 008 de 2015 del municipio de Palmira
«en lo relacionado con el impuesto de alumbrado público, mediante los cuales la parte demandada
sustentó ampliamente el por qué IGT GAMES S.A.S. es sujeto pasivo, y adicionalmente se cumple
el hecho generador del impuesto de del (sic) juego de suerte y azar y en consecuencia , está obligado
a pagar la suma por este impuesto en los periodos objeto de discusión (…)»11.
Finalmente, solicitó la exoneración del pago de la condena en costas procesales.
Alegatos de conclusión
La demandante reiteró lo expuesto en la demanda.
La demandada no se pronunció en esta oportunidad.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala juzgar la legalidad de la liquidación oficial de aforo y su
resolución confirmatoria, actos proferidos por el municipio de Palmira, mediante los
9 SAMAI del Tribunal. Índice 29. Página 5.
10 Sentencias del Consejo de Estado 21834 y 17785 del 11 de agosto de 2011, C-584 de 2001 de la Corte
Constitucional y los Conceptos Nro. 037-663-04 del 22 de octubre de 2001 y 037663-04 del 22 de octubre
de 2004 de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
11 SAMAI del Tribunal. Índice 29. Páginas 6 y 7.
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Demandante: IGT Games S.A.S.
cuales determinó el impuesto a los juegos de suerte y azar por enero a diciembre
de 2016 a cargo de IGT Games S.A.S.
De manera preliminar, la Sala advierte que la sentencia de primera instancia decretó
la nulidad de las resoluciones demandadas porque consideró que el municipio de
Palmira no podía gravar el monopolio rentístico de suerte y azar y que los actos
quebrantaron las normas en que debían fundarse. Sin embargo, algunos
argumentos propuestos en el recurso de apelación no tienen relación con el objeto
de este proceso ni con los fundamentos del fallo impugnado.
En efecto, según consta en los antecedentes de esta providencia, la recurrente
plantea que no es necesario que el contribuyente tenga establecimiento en la
jurisdicción municipal para ser considerado sujeto pasivo y que el Tribunal no
cuestionó los Acuerdos Municipales 047 de 2014 y 008 de 2015 sobre el impuesto
de alumbrado público, pero estos argumentos no tienen relación con la litis, que
versa sobre la vigencia de las normas que regulaban el impuesto a los juegos de
suerte y azar y la potestad del municipio de Palmira para cobrar dicho tributo.
Así mismo, la entidad territorial sostuvo que el Tribunal fundamentó su decisión en
las sentencias del 30 de marzo de 2016, exp. 21801, C.P. Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez, y del 31 de agosto de 2006, exp. 15100, pero ellas no fueron
mencionadas ni analizadas en la sentencia apelada.
En realidad, de la lectura de la sentencia de primera instancia, se evidencia que la
decisión impugnada se fundamentó en las sentencias del Consejo de Estado del 30
de agosto de 2016, exp. 21834, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, y del 11
de agosto de 2011, exp. 17785, C.P. William Giraldo Giraldo. Y, aunque en la
apelación se mencionaron estas providencias, únicamente se puso de presente que
fueron invocadas en la demanda, pero no se controvirtió su relevancia para decidir
el asunto bajo examen ni el análisis realizado por el Tribunal sobre su contenido.
Ahora, los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso establecen que el
juez de segunda instancia solo tiene competencia para examinar los reparos
formulados en la apelación que, en garantía del debido proceso y del derecho de
defensa, no pueden exceder la discusión planteada a lo largo del proceso. Por lo
cual la incongruencia de los motivos de inconformidad expresados en el recurso de
apelación con la decisión del Tribunal conlleva a que la Sala se abstenga de analizar
el fondo los cargos de apelación antes expuestos12.
Teniendo presente lo anterior, el análisis se limitará a determinar si las normas que
regulan el impuesto a las apuestas y juegos permitidos están derogadas,
concretamente los artículos 7 de la Ley 12 de 1932, 12 de la Ley 69 de 1946, 3
(numeral c) de la Ley 33 de 1968 y, 227 y 228 del Decreto 1333 de 1986.
Para resolver, la Sala se remite al criterio expuesto en las sentencias del 19 de mayo
de 2022, exp. 25763, del 29 de junio de 2023, exp. 27186 y del 10 de agosto de
2023, exp. 27430 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. En dichas providencias se
puso de presente que el artículo 7 de la Ley 12 de 1932 creó el impuesto de juegos
permitidos, en los siguientes términos:
“Artículo 7°. Con el objeto de atender al servicio de los bonos del empréstito patriótico que
emita el Gobierno establécese los siguientes gravámenes:
(…)
2. Un impuesto del cinco por ciento (5 por 100) sobre el valor de los billetes de rifas y del diez
por ciento (10 por 100) del valor de los billetes de lotería que componen cada sorteo. (…)”
12 Véase: Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 7 de mayo de 2020, exp. 21732, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez y exp. 22498 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, así como la providencia del 9
de septiembre de 2021, exp. 25008 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Si bien, este impuesto fue consagrado con carácter temporal, cuya finalidad era
arbitrar recursos para la guerra con el Perú, el mismo fue restablecido por la Ley 69
de 1946, en su artículo 12, así:
“ARTICULO 12. Restablécese el impuesto del diez por ciento (10%) sobre el valor de cada
boleta o tiquete de apuestas en toda clase de juegos permitidos a que se refiere el ordinal 1°
del artículo 7° de la Ley 12 de 1932.”
Tras lo anterior, este impuesto fue entregado a los municipios y al Distrito Especial
de Bogotá́ , mediante el artículo 3º de la Ley 33 de 1968, en la forma como sigue:
“Artículo 3. A partir del 1º. de enero de 1969 serán propiedad exclusiva de los Municipios y
del Distrito Especial de Bogotá los siguientes impuestos que se causen en sus respectivas
jurisdicciones:
(…)
c) El impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas, y premios de las mismas,
a que se refieren las Leyes 12 de 1932 y 69 de 1946 y demás disposiciones
complementarias.”
Luego, el Decreto Ley 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal), estableció en
su artículo 227 que el impuesto se encontraba vigente de conformidad con la Ley
69 de 1946 y, en consecuencia, el artículo 228 señaló que el impuesto era de
propiedad exclusiva de los municipios y del Distrito Especial de Bogotá́ .
Sin embargo, conforme con el pronunciamiento de la Corte Constitucional todas
estas disposiciones perdieron vigencia, lo que resulta muy relevante en el caso
concreto. La primera de ellas, artículo 7 de la Ley 12 de 1932, por haberse
establecido con carácter transitorio (C-521 de 1997), y los otros preceptos en virtud
de la expedición de la Ley 643 de 2001 “por la cual se fija el régimen propio del monopolio
rentístico de juegos de suerte y azar” (C-584 de 2001).
Esto último fue concluido dentro del juicio de constitucionalidad que se adelantaba
contra tales disposiciones, en el que la Corte se declaró inhibida justamente por
considerar que las mismas habían quedado derogadas por la Ley 643 de 2001,
veamos los apartes pertinentes de la sentencia C-584 de 2001:
“3. Derogatoria del gravamen al que refieren las normas enjuiciadas
Antes de entrar en el análisis de fondo sobre las normas acusadas corresponde a la Corte
examinar si procede o no el juicio de constitucionalidad, toda vez que se habría
producido la derogatoria de éstas por la Ley 643 de 2000 (sic).
En efecto, estando en curso el trámite del presente proceso y después de haberse proferido
el auto admisorio de la demanda se expidió la Ley 643 de 2000 (sic) “por la cual se fija el
régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar”.
3.1. Sobre el particular advierte la Corporación que la referida ley, en el capítulo X denominado
“Régimen Tributario”, artículo 49, señala:
“Prohibición de Gravar el Monopolio. Los juegos de suerte y azar a que se refiere la
presente ley no podrán ser gravados por los departamentos, distrito o municipios, con
impuestos, tasas o contribuciones, fiscales o parafiscales distintos a los consagrados en la
presente ley. La explotación directa o a través de terceros de los juegos de suerte y azar de
que trata la presente ley no constituye hecho generador del Impuesto sobre las Ventas IVA.”
(Subraya y destaca la Corte)
(…)
Así mismo, el artículo 61 de la ley en comento en cuanto a la vigencia de ésta y derogatorias
dispone: “La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias” (Subraya la Corte)”
Así las cosas, no cabe duda sobre la derogatoria de las disposiciones acusadas, toda
vez que el régimen tributario y los aspectos relacionados con la explotación,
organización y administración del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar,
entre los cuales se cuentan las apuestas hechas en máquinas electrónicas tragamonedas -
MET- y bingos, son materias reguladas íntegramente en la Ley 643 de 2001, por lo que de
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conformidad con reiterada jurisprudencia constitucional, carecería de objeto realizar un
pronunciamiento de fondo sobre las normas demandadas, en tanto éstas han desaparecido
del ordenamiento jurídico.” (énfasis y subrayado de la Sala).
A más de lo señalado por la Corte, debe tenerse en cuenta que la citada Ley 643,
estableció en su artículo 1º, el monopolio rentístico, que se concreta en la facultad
exclusiva del Estado para explotar, administrar, operar, controlar y fiscalizar, todas
las modalidades de juegos de suerte y azar, cuyo alcance en los términos de la Ley
es el siguiente:
“ARTICULO 5o. DEFINICIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. Para los efectos de la
presente ley, son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales, según reglas
predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona, que actúa en calidad de jugador,
realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad
de operador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará si
acierta, dados los resultados del juego, no siendo este previsible con certeza, por estar
determinado por la suerte, el azar o la casualidad.
(…)”.
Estos juegos de suerte y azar pueden revestir las siguientes modalidades:
ARTÍCULO 11. LOTERÍA TRADICIONAL. Es una modalidad de juego de suerte y azar
realizada en forma periódica por un ente legal autorizado, el cual emite y pone en circulación
billetes indivisos o fraccionados de precios fijos singularizados con una combinación numérica
y de otros caracteres a la vista obligándose a otorgar un premio en dinero, fijado previamente
en el correspondiente plan al tenedor del billete o fracción cuya combinación o
aproximaciones preestablecidas coincidan en su orden con aquella obtenida al azar en sorteo
público efectuado por la entidad gestora.
(…)
ARTICULO 21. APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. Es una modalidad de juego de
suerte y azar en la cual el jugador, en formulario oficial, en forma manual o sistematizada,
indica el valor de su apuesta y escoge un número de no más de cuatro (4) cifras, de manera
que si su número coincide, según las reglas predeterminadas, con el resultado del premio
mayor de la lotería o juego autorizado para el efecto, gana un premio en dinero, de acuerdo
con un plan de premios predefinido y autorizado por el Gobierno Nacional mediante decreto
reglamentario.
(…)
ARTÍCULO 27. RIFAS. Es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual se sortean, en
una fecha predeterminada premios en especie entre quienes hubieren adquirido o fueren
poseedores de una o varias boletas, emitidas en serie continua y puestas en venta en el
mercado a precio fijo por un operador previa y debidamente autorizado.
(…)
ARTÍCULO 31. JUEGOS PROMOCIONALES. Son las modalidades de juegos de suerte y
azar organizados y operados con fines de publicidad o promoción de bienes o servicios,
establecimientos, empresas o entidades, en los cuales se ofrece un premio al público, sin que
para acceder al juego se pague directamente.
(…)
ARTÍCULO 32. JUEGOS LOCALIZADOS. Son modalidades de juegos de suerte y azar que
operan con equipos o elementos de juegos, en establecimientos de comercio, a los cuales
asisten los jugadores como condición necesaria para poder apostar, tales como los bingos,
video bingos, esferódromos, máquinas tragamonedas, y los operados en casinos y similares.
Son locales de juegos aquellos establecimientos en donde se combinan la operación de
distintos tipos de juegos de los considerados por esta ley como localizados o aquellos
establecimientos en donde se combina la operación de juegos localizados con otras
actividades comerciales o de servicios.
(…)
ARTICULO 38. JUEGOS NOVEDOSOS. Son cualquier otra modalidad de juegos de suerte
y azar distintos de las loterías tradicionales o de billetes, de las apuestas permanentes y de
los demás juegos a que se refiere la presente ley. Se consideran juegos novedosos, entre
otros, la lotto preimpresa, la lotería instantánea, el lotto en línea en cualquiera de sus
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modalidades, apuestas deportivas o en eventos y todos los juegos operados por internet, o
por cualquier otra modalidad de tecnologías de la información que no requiera la presencia del
apostador. Lo anterior únicamente en relación con los juegos que administra y/o explota
Coljuegos.”.
La ley determinó como titulares de esas rentas a los departamentos, el Distrito
Capital y los municipios, salvo por los recursos destinados a la investigación en
áreas de la salud que pertenecen a la Nación (artículo 2º). En esa medida, las
señaladas entidades territoriales perciben rentas por la explotación de todas las
modalidades de juegos de suerte y azar.
Tal como lo destacó la Corte, en el artículo 49, la ley expresamente prohibió que los
juegos de suerte y azar fueran gravados por las entidades territoriales con tributos
“distintos” a los establecidos en la Ley 643 de 2001, la cual solo autorizó en su artículo
48 un impuesto sobre las loterías foráneas, así:
ARTÍCULO 48. IMPUESTOS DE LOTERÍAS FORÁNEAS Y SOBRE PREMIOS DE
LOTERÍA. La venta de loterías foráneas en jurisdicción de los departamentos y del Distrito
Capital, genera a favor de estos y a cargo de las empresas de lotería u operadores autorizados
un impuesto del diez por ciento (10%) sobre el valor nominal de cada billete o fracción que se
venda en cada una de las respectivas jurisdicciones.
Visto esto en contexto, resulta claro que la excepción de este impuesto sobre las
loterías foráneas (autorizado por la propia ley para los departamentos y el Distrito
Capital), los departamentos, municipios y distritos, tienen prohibido gravar los
juegos de suerte y azar.
Establecido lo anterior, se hace menester retomar el tema de la derogatoria de tales
disposiciones para destacar que esta Corporación se pronunció en tal sentido
mediante sentencia del 30 de agosto de 201613, oportunidad en la cual se dijo:
“Así pues, de lo anterior se deriva que con la expedición de la Ley 643 de 2001 se entienden
derogadas las normas que establecían el impuesto de juegos permitidos que recaía sobre el
valor de las boletas o tiquetes de apuesta de toda clase de juegos permitidos y que, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 49 ibidem, la potestad tributaria de los municipios frente a la
explotación de juegos de suerte y azar se restringe a los impuestos previstos en la misma ley,
sin que de su articulado pueda establecerse que el legislador haya autorizado la imposición
de gravámenes como el de industria y comercio, sin perjuicio de que el legislador autorice la
imposición de tributos a actividades relacionadas con el monopolio, como de hecho ocurrió
con el artículo 62 de la Ley 863 de 2003.”
Si bien, en tal oportunidad se analizó el impuesto de industria y comercio establecido
sobre los juegos de suerte y azar, resulta aplicable el análisis allí desarrollado en
torno a la derogatoria de las normas que establecían el impuesto en cuestión.
Súmese a lo dicho la expresa ratificación de la derogatoria de las disposiciones que
establecían el “impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas, y premios de las
mismas”, que fue efectuada por la Ley 1819 de 2016. Si bien se trata de un precepto
posterior a la época de los hechos, presenta especial relevancia, habida cuenta de
que la derogatoria no fue dispuesta como un hecho nuevo, sino que “ratificó” la
derogatoria, lo que significa el reconocimiento de que, a la fecha de expedición de
la ley, esto ya había ocurrido. A continuación, el texto del artículo 376 de la Ley 1819
de 2016:
“ARTÍCULO 376. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación,
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y en especial las siguientes:
(…)
11. Se ratifica de manera expresa la derogatoria del impuesto contenido en las
siguientes disposiciones: el numeral 1 del artículo 7 de la Ley 12 de 1932, el artículo 12
13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 30 de agosto de 2016, exp.21834, CP Martha Teresa
Briceño de Valencia.
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de la Ley 69 de 1946, el literal c) del artículo 3 de la Ley 33 de 1968, y los artículos 227 y
228 del Decreto-ley 1333 de 1986. (énfasis de la Sala)”
Descendiendo al caso concreto, se advierte que la entidad demandada, sustentó en
los siguientes preceptos, los actos impugnados que fueron expedidos por los
períodos enero a noviembre del año 2016:
“La suscrita Subsecretaria de Ingresos y Tesorería de la Secretaría de Hacienda y Finanzas
Públicas del Municipio de Palmira, Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones legales (…);
con fundamento en las Leyes 69 de 1946, 33 de 1968, los artículos 227 y 228 del Decreto
1333 de 1986, demás normas concordantes (…)”14.
Con lo anterior, se pone de presente que, al igual que ocurrió en las sentencias
reiteradas, las disposiciones que constituyen el fundamento de los actos
impugnados son las mismas que la Corte y esta Corporación señalaron como
derogadas por la citada Ley 643 de 2001, derogatoria que por demás fue ratificada
por la Ley 1819 de 2016, por lo que no son aplicables a este caso.
En consecuencia, en el asunto bajo examen, no procede la liquidación del impuesto
de juegos de suerte y azar.
Por lo expuesto, contrario a lo indicado en la apelación, se desvirtúa la legalidad de
los actos que se fundamentaron en normas derogadas de las que no puede
predicarse la sujeción pasiva de la sociedad al tributo.
De otro lado, el municipio considera que el fallo de primera instancia incurre en una
contradicción porque, por un lado, reconoce que el artículo 5 de la Ley 643 de 2001
excluye los sorteos promocionales de su ámbito de aplicación y, al mismo tiempo,
niega el hecho de que estos no están gravados con el impuesto a los juegos de
suerte y azar.
Al respecto, la Sala precisa que no existe la contradicción invocada porque la
sentencia del Tribunal reconoció que el Baloto es un juego novedoso en los términos
del artículo 38 de la Ley 643 de 2001, cobijado por la prohibición del artículo 49
ibidem. En todo caso, no sobra aclarar que la exclusión del artículo 5 de la Ley 643
opera para juegos de carácter promocional que buscan dar publicidad a un producto
o servicio, circunstancia que difiere de la operatividad y fines de un juego novedoso
como lo es el Baloto, de tal forma que dicha disposición no le es aplicable.
Finalmente, la Sala no realizará pronunciamiento sobre la condena en costas en
primera instancia porque, si bien el municipio solicitó su exoneración, no presentó
argumentos ni pruebas que sustentaran dicha petición, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 320 del Código General del Proceso. Además, no se condenará en costas
en esta instancia porque en el expediente no se encuentran pruebas que las
demuestren o justifiquen, conforme a lo previsto en el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
A modo de conclusión, la Sala confirmará la sentencia apelada porque no prosperó
la apelación. Además, no impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el 1 de septiembre del 2020.
14 SAMAI. Índice 3. PDF de anexos de la demanda. Páginas 11 y 15.
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2. Sin condena en costas en esta instancia
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
14
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