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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00835-01

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00835-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 16 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Teresita de Jesús Hincapié Hincapié contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Se adiciona un numeral a la sentencia indicada en el numeral anterior a efectos de señalar lo siguiente: «QUINTO.- La Nación - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, deberá realizar la indexación de la primera mesada pensional, atendiendo para ellos los factores devengados por la señora Teresita de Jesús Hincapié Hincapié en el periodo comprendido entre el 16 de enero y el 1.° de agosto de 2000 y desde el 17 de septiembre de 2007 al 31 de marzo de 2008; esto es, actualizando tales valores de acuerdo con el IPC vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, con aplicación de la siguiente fórmula: R=Rhx Índice final Índice inicial 835 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 76001-2333-000-2018-00835-01 (0007-2021) Demandante: Teresita de Jesús Hincapié Hincapié El cumplimiento de esta decisión se hará en los términos previstos en los artículos 192 y 195 del CPACA. TERCERO: CONDENAR en costas de segunda instancia a costas a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del Valle del Cauca. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Consejero de Estado Consejero de Estado […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-00835-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 76001-2333-000-2018-00835-01 (0007-2021)
Demandante: Teresita de Jesús Hincapié Hincapié
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del
Valle del Cauca
Temas: Pensión de jubilación docente- cómputo de tiempo laborado
antes de la Ley 812 de 2003 – Indexación primera mesada
pensional.
Decisión: Confirma parcialmente la decisión que accede a las pretensiones
de la demanda. Adiciona. Condena en costas.

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
accionante en contra de la sentencia de 16 de octubre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1, que accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda instaurada por la señora Teresita de Jesús Hincapié
Hincapié en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del Valle del
Cauca.

II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2.
2.1.1. Pretensiones.

2. La señora Teresita de Jesús Hincapié Hincapié, por intermedio de apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad
de las Resoluciones 2770 de 10 de junio de 2014 y 01159 de 2 de abril de 2018,
por medio de las cuales, la Secretaría de Educación del Valle de Cauca en
representación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo

1 Con ponencia de la magistrada Patricia Feuillet Palomares.
2 Expediente digitalizado, índice 2. Archivo «2_ED_EXPEDIENTE C1_01ExpedienteVirtualC1.pdf.PDF» .

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Demandante: Teresita de Jesús Hincapié Hincapié

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le negó el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación a luz de lo establecido en la Ley 33 de 1985.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la Nación -
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, para que, reconozca y pague la pensión de jubilación a la señora
Hincapié Hincapié en cuantía equivalente al 75% de la totalidad de los factores
de salario devengados en el año «inmediatamente anterior al retiro del servicio
(2000, 2007 y 2008)» esto es asignación básica y las primas de alimentación, de
navidad, especial y demás factores que deben ser incluidos, esto es,
debidamente indexados al año 2008.

4. Lo anterior con indexación de la primera mesada pensional «desde el retiro del
servicio (31 de marzo de 2008)» y con efectividad desde el 20 de agosto de 2012
cuando adquirió el estatus de pensionada por el cumplimiento de los 55 años de
edad.

5. Finalmente pretendió la actualización de las sumas resultantes de acuerdo con
lo establecido en el artículo 187 del CPACA, que se dé cumplimiento a la
sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 ibidem, además que
conforme a las mismas normas se le paguen los intereses moratorios como lo
señala el artículo 192 idem y que se condene en costas a las entidades
accionadas.

2.1.2. Hechos.

7. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:

8. La señora Hincapié Hincapié nació el 20 de agosto de 1957 y, por lo tanto,
cumplió la edad de 55 años para el mismo día y mes del año 2012.
9. Adicional a lo anterior se desempeñó como docente oficial durante más de 20
años así:
• En la Secretaría de Educación de Bogotá, desde el 27 de agosto de 1980 hasta
el 1.° de agosto de 2000.
• En la Secretaría de Educación del Valle del Cauca desde el 17 de septiembre
de 2007 hasta el 31 de marzo de 2008.
10. El 20 de septiembre de 2012 radicó ante la Secretaría de Educación
Departamental de Cundinamarca solicitud para el reconocimiento pensional a la
luz de la Ley 33 de 1985, por su condición de docente oficial, con inclusión de los
factores devengados en el último año de servicios e indexación de la primera
mesada pensional.
11. A través de Resolución 2770 de 10 de junio de 2014 la entidad le negó el
reconocimiento pensional, decisión en la que no tuvo en cuenta los tiempos de
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servicios realizados ante la Secretaría de Educación de Bogotá, sino solo 6
meses y 14 días desarrollados ante la Secretaría de Educación del Valle del
Cauca.
12. El 11 de junio de 2014 presentó reposición en contra de la anterior decisión,
recurso que fue adicionado el 4 de septiembre de 2014, donde además se
allegaron certificados y registro civil de nacimiento.
13. El 3 de febrero de 2016 la entidad le requirió información adicional a través
del Oficio SADE 198739.
14. El 13 de abril de 2016, a través de correo se allegaron los documentos
solicitados por la entidad como son el registro civil de nacimiento y el certificado
de «no estar pensionada» por parte de la Administradora Colombiana de
Pensiones. Posteriormente, el 27 de abril de ese año, allegó certificado de
factores salariales expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá.
15. El 10 de marzo de 2017 aportó a la actuación administrativa copia de los
certificados de factores salariales percibidos en los últimos 10 años de servicios.
16. Mediante la Resolución 01159 de 2 de abril de 2018 se resolvió el recurso de
reposición, confirmando la decisión inicial.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

17. Como normas vulneradas citó los artículos 2.°, 6.°, 23, 25, 29, 58 y 128 de la
Constitución Nacional; 10 del Código Civil, 5 de la Ley 57 de 1887, 4.° de la Ley
4ª de 1992, 5.° del Decreto Reglamentario 1743 de 1966, 15 de la Ley 91 de
1989, 279 de la Ley 100 de 1993, 19 de la Ley 4ª de 1992 y la Ley 33 de 1985.

18. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que los actos acusados
incurrieron en violación de principios constitucionales como el de favorabilidad,
respeto a los derechos adquiridos u equidad; así como en violación directa de la
ley toda vez que desconocieron las normas que disponen que a los docentes
vinculados con anterioridad al año 2003, se les deben aplicar las normas
anteriores a la expedición de la Ley 812 de ese año, es decir la Ley 33 de 1985
como servidores públicos.

19. Para arribar a la anterior conclusión realizó un recuento d normativo a partir
de la Ley 6ª de 1945, el Decreto 3135 de 1968, el Decreto Ley 2277 de 1979, la
Ley 33 de 1985 y especialmente la Ley 91 de 1989 de la que citó los artículos 1.º
y 15 de los que coligió que por vincularse antes del 31 de diciembre de 1980 la
demandante tenía el derecho pensional del régimen vigente de los pensionados
del sector público nacional.

20. Sostuvo que cotizó al FOMAG en sus periodos como docente de las
Secretarías de Educación de Bogotá y del Valle del Cauca y pese a ello los actos
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administrativos aplicaron las previsiones de la Ley 100 de 1993 pasando por alto
sus derechos adquiridos a la aplicación de normas especiales y la misma
exclusión establecida en el artículo 279 de la Ley 100.

21. Finalmente señaló que debió acceder a la liquidación pensional, con la
liquidación correspondiente a los últimos doce meses de servicio actualizando los
valores correspondientes a los meses finales de su primera vinculación en cuanto
la indexación de la primera mesada no distingue el origen de la pensión ni su
reconocimiento anterior o posterior a la Constitución de 1991(citó la sentencia
SU-168 de 2017), esto para que la docente no tenga que soportar las
consecuencias negativas de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

2.2. Contestación de la demanda

22. La Fiduciaria La Previsora contestó la demanda3 a través de apoderado,
oponiéndose a las pretensiones de la demanda.
23. En relación con el cargo relativo a la violación de los principios
constitucionales manifestó que los actos demandados fueron expedidos de
acuerdo con las Leyes 33 de 1985, 91 de 1989, 812 de 2003 y los Decretos 3752
de 2003 y 1158 de 1994 y en consecuencia la demandante no tenía derecho a la
pensión pretendida por haberla causado en vigencia de la Ley 812 de 2003,
respecto de la cual el Decreto 2341 de 2003 estableció como IBL para los
afiliados al FOMAG el previsto por el Decreto 1158 de 1994 y el Decreto 3752 de
2003 estableció que la base de liquidación no podía ser diferente a la base de
liquidación realizada por el docente.

24. La actora fue pensionada con la Ley 33 de 1985 y por tanto no fueron
aceptados los factores salariales reclamados debido al monto reconocido. La
pensión de jubilación en el caso de estudio conforme a la Ley 91 de 1989
parágrafo del artículo 1º se causaba al cumplir los requisitos de exigibilidad; al
igual el Decreto 3752 y el Decreto 2341 de 2003 no incluyeron esos factores
como base de liquidación pensional. Planteó que para acceder al régimen de
transición de la Ley 33 de 1985 se requería haber cumplido 15 años de servicios
y en tal caso la excepción solo cubría la edad de jubilación y los factores
salariales no estaban incluidos pues solo eran los aportes hechos para la
pensión; así es que la extensión hecha por la Ley 91 de 1989 al régimen de los
empleados públicos de la Rama ejecutiva Nacional solo aplicaba para la Ley 33
de 1985 en las c0ndiciones mencionadas si se hubieren vinculado antes del 31
de diciembre de 1889. La Ley 812 de 2003 respetó los derechos que venían
disfrutando también lo era que ese régimen no contenía requisitos diferentes a
los de los regímenes generales como el del sector público nacional; no era cierto
tampoco que esos docentes vinculados hasta la Ley 91 de 1989 tuvieran un

3 Folios 1.° y s.s. Expediente digitalizado, índice 2. Archivo «3_ED_EXPEDIENTE
C2_02ExpedienteVirtualC2.pdf.PDF» .

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régimen especial de pensiones pues lo que hizo fue diferir a las normas que
regían en cada entidad territorial sin establecer requisitos diferentes a los de la
Ley 33 de 1985.

25. Propuso las excepciones de «prescripción» y de «inexistencia de la
obligación con fundamento en la ley»

2.2.2. Departamento del Valle del Cauca4

26. La apoderada del ente territorial se opuso a las pretensiones de la demanda
para lo cual señaló que la competencia para el reconocimiento pensional recae
en la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y no en el departamento del Valle del
Cauca, que solamente tiene algunas competencias administrativas como la
radicación y sustanciación de las solicitudes de reconocimiento.

27. Precisó que la demandante solo trabajó 6 meses y 24 días en la Secretaría
de Educación del departamento del Valle del Cauca, esto desde el 17 de
septiembre de 2007, por lo que al ingresar a la educación cuando ya estaba en
vigencia la Ley 812 de 2003 por lo que se le debe aplicar el régimen de prima
media establecido en la Ley 100 de 1993.

28. Propuso las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva»,
«cobro de lo debido», «prescripción» e «innominada».

2.3. La sentencia apelada5.

29. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , mediante sentencia de 16 de
octubre de 2019 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

30. Para ello, se refirió al régimen pensional de los docentes oficiales y con ello
a las Leyes 33 y 68 de 1985, 91 de 1989, 812 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de
2005, así como las sentencias de unificación del Consejo de Estado del 28 de
agosto de 2018, del 25 de abril 20196 y las subreglas allí establecidas, de las
que extrajo, en cuanto a la pensión bajo la Ley 33 de 1985, que se requiere: i)
formar parte del régimen anterior a la Ley 812 de 2003, ii) tener 55 años de edad,
y iii) servir 20 años al sector oficial docente. En ese sentido, se deben aplicar las
disposiciones de las Leyes 33 de 1985 y los factores consagrados en la Ley 62

4 Folios 232 y s.s. índice 2. Archivo «2_ED_EXPEDIENTE C1_01ExpedienteVirtualC1.pdf.PDF»
5 Índice 2. Archivo «2_ED_EXPEDIENTE C1_01ExpedienteVirtualC1.pdf.PDF», páginas 266 y s.s.

6 Consejo de Estado, Sala Plena, magistrado ponente: César Palomino Cortés, sentencia de unificación del

28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01; de la Sección Segunda, consejero
ponente: César Palomino Cortés, sentencia de unificación SUJ-014-Ce-S2-2019, radicación: 68001-23-33-
000-2015-00569-01(0935-17), demandante: Abadía Reynel Toliza Vs. MEN-FOMAG.
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de 1985 a los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003.

31. Luego de analizar las pruebas allegadas de las que coligió que la señora
Teresita de Jesús Hincapié Hincapié fue vinculada como docente oficial a partir
del 27 de agosto de 1980 hasta el 1.° de agosto de 2000 y desde el 17 de
septiembre de 2007 hasta el 1.° de abril de 2008.

32. Estableció que, según las Resoluciones mencionadas, la señora Teresita de
Jesús Hincapié Hincapié solamente laboró como docente 6 meses y 14 días, dato
que obtuvo del certificado de tiempo de servicio realizado por la Secretaría de
Educación del departamento del Valle del Cauca, siéndole aplicable el régimen
establecido en la Ley 812 de 2003 y, en ese sentido, no cumplía con los requisitos
para el reconocimiento de la pensión de jubilación, dado que acreditó más de 20
años de servicios discontinuos de servicios y cumplió 55 de edad el 21 de agosto
de 2012 fecha en que adquirió el estatus de pensionada.

33. Ordenó la actualización de las sumas y frente a la prescripción de las
mesadas generadas señaló:

«[…]
58. La pensión de jubilación deberá ser reconocida y pagada con los reajustes
de ley por el Fomag, desde el 21 de agosto de 2012. En tiempo que la entidad
demandada tardo en resolver el recurso presentado por la demandante (4 años),
no se tendrá en cuenta para el conteo de la prescripción; así, al no haber
transcurrido 3 años desde el 02 de abril de 2018, fecha en que se resolvió el
recurso de apelación, al 08 de mayo de 2018, fecha en que se presentó la
demanda, el Fomag debe reconocer y pagar a la demandante la mesada
pensional desde el 21 de agosto del 2012, como lo dispone el artículo 41 del
Decreto Ley 3135 de 1968.»

34. Por todo lo anterior, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó:

«SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho se ordena al Fomag reconocer
la pensión de jubilación a la señora Teresita de Jesús Hincapié Hincapié,
equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio, a partir del 21 de agosto de 2012, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
TERCERO: Condenar en costas de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO: Negar la (sic) demás pretensiones de la demanda.»

2.4. Recurso de apelación

35. El apoderado de la demandante7 presentó recurso de apelación, en el que,
solicitó se acceda a la indexación de la primera mesada pensional de los valores
percibidos por la demandante durante el último año de servicios comprendido por
los meses laborados en los años 2000 y 2007 y 2008; esto es, indexándolos hasta

7 Ibidem. Folios 289 y 2.s.
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el 20 de agosto de 2012, fecha en que cumplió los 55 años de edad. Según lo
indicó no ordenar la indexación de la primera mesada pensional afecta, entre
otros su derecho al mínimo vital y desconoce la sentencia de unificación de la
Corte Constitucional SU 168-2017.

36. Finalmente solicitó que se ordene a las entidades demandas, dar aplicación
a los artículos 192 a 195 del CPACA pues así fue expresamente solicitado en la
demanda.

2.5. Alegatos de segunda instancia

2.5.1. En esta oportunidad el apoderado de la demandante8 insistió en los
argumentos de la apelación referidos a la indexación de la primera mesada
pensional y el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192
y 195 del CPACA.

2.5.2. Los apoderados de las entidades demandadas guardaron silencio en esta
oportunidad.

2.6. Concepto del Ministerio Público9.

37. El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar
la sentencia de primera instancia.

38. Al efecto precisó que la accionante cumplió con los requisitos legales para el
reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación conforme al régimen previsto
por las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003, y 33 de 1985 para los docentes
vinculados antes de entrar en vigencia esa Ley 812, toda vez que demostró du
vinculación al sector educación en Bogotá D.C., con varias vinculaciones pero sin
interrupciones y ejercicio del derecho a una licencia no remunerada y con el
departamento del Valle del Cauca en su periodo final, acumulando más de 20
años de servicio docente que tienen toda la validez para adquirir el derecho a la
pensión de jubilación ordinaria docente, pues lo que vale es el trabajo de la
persona humana amparada en su dignidad y derecho al trabajo, prerrogativas
amparadas por la Constitución Política.

39. Además, estimó que las pruebas tenidas en cuenta por la primera instancia
fueron contundentes en acreditar más de 20 años de labores docentes y el inicio
de estas con anterioridad a la Ley 91 de 1989 y 812 de 2003 lo cual determinó
como ordenamiento regulador de su pensión a la Ley 33 de 1985.

40. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección

8 «018_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES.pdf»
9

«19Memorial_FLF_19CONCEPTO_202335800072023TERESITADEJESUSHINCAPIEHINCAPIEVSFOMA
GPENSIONDOCENTE002.pdf».
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procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

41. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15010 de la Ley 1437 de 2011.

42. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

3.2. Problema jurídico

43. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar ¿si en el caso de la
l señora Teresita de Jesús Hincapié Hincapié debió ordenarse la indexación de
la primera mesada pensional y el cumplimiento de la sentencia en los términos
de los artículos 192 y 195 del CPACA?

44. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala es necesario referirse al régimen
pensional aplicable a los docentes oficiales para determinar el año base de
liquidación pensional; luego analizará la Sala el marco jurídico de la indexación
pensional y se verificará el acervo probatorio.

3.3. Primer problema jurídico.

3.3.1. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de
Unificación del 25 de abril de 2019.

45. Mediante sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la Sección Segunda
del Consejo de Estado11 unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la
pensión ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989,
oportunidad en la cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:

«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos

10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
11Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.

Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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Demandante: Teresita de Jesús Hincapié Hincapié

aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.

b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
Para la liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base
de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.»

46. En la sentencia en mención se realizó la siguiente precisión, que se cita por
su importancia para el caso:

«67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir
del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige
por las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.»
Destacado fuera del texto original.

47. Finalmente es de precisar que, por tratarse de una sentencia de unificación,
las reglas fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento
en todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en
vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado
la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables. De tal manera, bajo dicha posición jurisprudencial se analizará el
asunto de la referencia.

3.3.3. De la indexación de la primera mesada pensional

48. Esta Corporación en numerosas oportunidades ha sostenido12 que el ajuste
de valor de las sumas que se toman para liquidar la mesada pensional «obedece
al hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda de
nuestro país, que disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso,
por lo que la indexación, es una decisión ajustada a la ley y un acto de equidad,
cuya aplicación por parte del Juez encuentra sustento en nuestro máximo
ordenamiento jurídico, como expresamente lo consagra el artículo 230 de la

12Al respecto se puede consultar el proceso radicado 23001-23-33-000-2014-00015-01 (4296-2015).
Sentencia de 10 de septiembre de 2020.
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Carta, cuyo objeto es impedir que el pensionado se vea obligado a percibir una
pensión de jubilación devaluada, buscando que el restablecimiento del derecho
represente el valor real al momento del reconocimiento de la pensión».

49. Por ello, cuando la base salarial para la liquidación de la pensión haya sufrido
los rigores del deterioro inflacionario debe actualizarse el valor correspondiente,
pues de lo contrario, realizar la liquidación con base en una suma devaluada,
implica desconocer claros principios constitucionales de aplicación directa
(artículos 48 y 53).

50. La Corte Constitucional en la sentencia SU-120 de 2003 señaló:

«La unificación de la jurisprudencia en materia de indexación de la
primera mesada pensional, y los dictados constitucionales.

Los principios constitucionales que informan la seguridad social y que
establecen los criterios de interpretación de las normas laborales permiten
unificar las interpretaciones judiciales en torno de la indexación de la primera
mesada pensional.
1. El artículo 48 de la Constitución Política impone al legislador definir “los
medios para que los recursos destinados a la seguridad social mantengan
su valor adquisitivo constante”, y el artículo 53 del mismo ordenamiento
dispone que el “Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste
periódico de las pensiones legales”.
Sobre este particular, los artículos 14, 36 y 117 de la Ley 100 de 1993,
disponen mecanismos de actualización, tanto de las pensiones causadas,
como de los recursos que atenderán las prestaciones futuras, mediante la
aplicación del índice de precios al consumidor, según certificación expedida
por el DANE13.

13 Cita de cita. “Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de

invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de
pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero
de cada año, según la variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE
para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario
mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se
incremente dicho salario por el Gobierno –artículo 14 Ley 100 de 1993..
“(..)
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les
faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada
en vigencia de la presente Ley. el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado
en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores
públicos.
(..)” –artículo 36 Ley 100 de 1993-.
“Valor de los Bonos Pensionales. Para determinar el valor de los bonos, se establecerá una pensión de vejez
de referencia para cada afiliado, que se calculará así:
a) Se calcula el salario que el afiliado tendría a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es
hombre, como el resultado de multiplicar la base de cotización del afiliado a 30 de junio de 1992, o en su
defecto, el último salario devengado antes de dicha fecha si para la misma se encontrase cesante,
actualizado a la fecha de su ingreso al Sistema según la variación porcentual del índice de precios al
consumidor del DANE, por la relación que exista entre el salario medio nacional a los sesenta (60) años si
es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio nacional a la edad que hubiere tenido el
afiliado en dicha fecha. Dichos salarios medios nacionales serán establecidos por el DANE.

(..)” –artículo 117 Ley 100 de 1993-.

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[…]
De manera que la Sala accionada deberá considerar que el artículo 53 de la
Constitución Política impone al intérprete de las fuentes formales del derecho
laboral el criterio de elegir, en caso de duda, por la interpretación que más
favorezca al trabajador14, y en consecuencia optar por ordenar a las
entidades financieras obligadas mantener el valor económico de la mesada
pensional de los actores, por ser ésta la solución que los beneficia y que
condice con el ordenamiento constitucional […]».

51. En cuanto a la la indexación de la primera mesada pensional, la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del 7 de febrero
de 2013, indicó que «[…] si bien no existe norma expresa que la consagre, la
jurisprudencia ha desarrollado con base en principios constitucionales, en
especial, los previstos en los artículos 48, 53 y 230, una posición en la que bajo
criterios de justicia y equidad determina que la pérdida del poder adquisitivo de
la moneda y el fenómeno inflacionario son hechos notorios y, por tanto, que el
trabajador no tiene porque soportar las consecuencias negativas de dicha
situación al tener que recibir al momento de pensionarse sumas de dinero
desvalorizadas que no van en armonía con el valor real del salario que
devengaba cuando prestaba sus servicios. […]»15. Subrayas de la Sala

52. La Corte Constitucional en sentencia SU - 168 de 2017, con ponencia de la
Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado, estableció algunas reglas para el reconocimiento
de la indexación de la primera mesada pensional, como son las siguientes:

(i) El derecho a la indexación de la primera mesada pensional es de
carácter fundamental. Al respecto indicó la Corte que este derecho hace
parte del desarrollo de los principios constitucionales consagrados en los
artículos 1.º (Estado Social de Derecho), 13 (igualdad), 46 (protección a la
tercera edad), 48 (seguridad social), y 53 (favorabilidad y poder adquisitivo
de las pensiones) de la Carta Política. Y se deriva especialmente de la
protección constitucional e internacional dada a la seguridad social y al
derecho al mínimo vital del que son titulares todos los ciudadanos
colombianos y por lo tanto comparte su carácter de fundamental.

(ii) Como consecuencia de lo anterior, la acción de tutela es procedente
para la protección del derecho a indexar la primera mesada pensional. Lo
anterior, debido a que su afectación genera una grave vulneración al
derecho al mínimo vital de personas que, en principio, son sujetos de
especial protección constitucional (tercera edad).

14 Cita de cita. La Corte ha definido que “aquella providencia que, de manera flagrante, vulnera el principio

de favorabilidad queda de inmediato revestida de un defecto sustantivo de tal magnitud que origina una vía
de hecho” –T- 567 de 1998.
15 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 7 de febrero de 2013. Ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. Demandante: María Stella Rojas de Beltrán. Demandado: Municipio de Palmira.
Radicación 76001-23-31-000-2008-00785-01(0268-12).
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(iii) La indexación de la primera mesada pensional se predica de todo
tipo de pensión; es decir, sin distinción del origen de la pensión, bien sea
que tenga naturaleza legal, convencional o judicial y sin importar si la
pensión fue reconocida antes o después de la vigencia de la Constitución
de 1991, por cuanto según esa Corporación no puede restringirse solo
para un determinado grupo de pensionados, pues un trato diferenciado en
esta situación carecería de justificación constitucional y se tornaría en
discriminatorio, en tanto el fenómeno de pérdida de poder adquisitivo de
la moneda afecta por igual a todos los pensionados.

(iv) Prescriben las mesadas indexadas, pero no el derecho, debido a
que se trata de una prestación periódica en materia de seguridad social y
derechos laborales.

(v) La fórmula para contar la prescripción de la indexación de la primera
mesada pensional de las prestaciones causadas antes de 1991, es
especial y fue señalada en la sentencia SU-1073 de 2012 y desarrollada
por las sentencias SU-131 de 2013 y SU-415 de 2015, en los siguientes
términos:

a) En la sentencia SU-1073 de 2012, abordó el tratamiento desigual
dado a la indexación de la primera mesada pensional cuando el
reconocimiento del derecho pensional se producía con
anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991, tanto en la
jurisdicción ordinaria como en la constitucional. Se dijo que a partir
de ese pronunciamiento que se fijó la certeza del derecho a la
indexación en relación con pensiones causadas antes de 1991, es
sólo a partir de aquella decisión de unificación que se tiene un
derecho exigible en los términos del artículo 488 del Código
Sustantivo del Trabajo.

b) En la sentencia SU-131 de 201316 la Sala Plena estudió una
tutela presentada contra la providencia proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual
la autoridad judicial accionada resolvió, entre otros, negar el
reconocimiento de la indexación de una pensión sanción, por haber
sido causada antes de la vigencia de la Constitución de 1991. La
Corte concedió el amparo e hizo referencia a la regla fijada en la
sentencia SU-1073 de 2012, por lo que indicó que el término de
prescripción debía contabilizarse a partir de la fecha de expedición
de la sentencia que declara la existencia del derecho. Es decir, la
prescripción se debe calcular, no a partir de la expedición de la SU-
1073 de 2012, sino desde la sentencia SU-131 de 2013 que resolvió
el caso particular del accionante. Así pues, la Sala Plena ordenó el

16 M.P. Alexei Julio Estrada.
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pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente
recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos en los
tres años anteriores contados a partir de la fecha de esa sentencia.

c) Esta regla se reiteró en la sentencia SU-415 de 201517, en la
cual en relación con la prescripción de mesadas, la Corte hizo
referencia a la regla fijada en la sentencia SU-1073 de 2012 y la
interpretación que de ésta hizo la SU-131 de 2013, en la que se
dispuso que el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional de prestaciones causadas antes de la Constitución de
1991, se extiende retroactivamente para todas las mesadas no
prescritas, causadas dentro de los tres años anteriores a la fecha
de expedición del fallo que estudia el caso particular, pues sólo
a partir de ese momento se define la existencia del derecho.

Así pues, es a partir de la sentencia que resuelve el caso particular
que se contabiliza el término de prescripción para las reclamaciones
de las mesadas pensionales indexadas de todos aquellos que
adquirieron su derecho antes de 1991, pues sólo desde ese
momento se tiene certeza de la existencia del derecho.

(vi) La fórmula para indexar las mesadas pensionales es la señalada en la
sentencia T-098 de 2005 por lo que «se empleará la fórmula utilizada por
el Consejo de Estado en desarrollo del artículo 178 del Código
Contencioso Administrativo»18.

3.3.4. Caso concreto.

53. Para dar respuesta a la controversia jurídica se examinará el acervo
probatorio allegado a continuación.

3.3.3.1. Hechos demostrados

➢ Edad de la demandante: De acuerdo con copia de la cédula de
ciudadanía allegada en el folio 66 del archivo «2_ED_EXPEDIENTE
C1_01ExpedienteVirtualC1.pdf.PDF», la señora Teresita de Jesús
Hincapié Hincapié nació el 20 de agosto de 1957, por lo que cumplió 55
años de edad el 20 de agosto de 2012 y en la actualidad cuenta con 68
años de edad.

➢ Tiempos de servicios.

17 M.P. María Victoria Calle Correa.
18 T-098 de 2005 M. P. Jaime Araújo Rentería.
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Al efecto se acreditaron los periodos de labor, como empleada pública,
labor docente con vinculación legal y reglamentaria tanto en la Secretaría
de Educación de Bogotá, como del Valle del Cauca.

Primer periodo:

• Por certificación expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá de 28
de julio de 2014 visible a folios 68 y s.s. del archivo pdf19 se tiene que la
docente se vinculó como docente desde el 27 de agosto de 1980 hasta el
7 de octubre del mismo año y desde el 8 de octubre de 1980 hasta el 1.°
de agosto de 2000 cuando le fue aceptada la renuncia.

• Esta información se corrobora con el certificado de 23 de abril de 2008
expedido por la Dirección de Recursos Humanos del Grupo de
Certificaciones Laborales de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.
visible a folio 82 idem, donde señala (sic para toda la cita):

«QUE REVISADA LA HISTORIA LABORAL DE TERESITA DE JESÚS
HINCAPIÉ HINCAPIÉ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.398.060 DE CARTAGO (VALLE), A LA FECHA LE FIGURA LO
SIGUIENTE:

19
Índice 2. Archivo «2_ED_EXPEDIENTE C1_01ExpedienteVirtualC1.pdf.PDF».
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QUE POR DECRETO No. 1631 DEL 25 DE AGOSTO DE 1980, FUE
NOMBRADA MAESTRA DEPENDIENTE DE LA DIVISIÓN DE
EDUCACION BÁSICA PRIMARIA, EFECTIVIDAD 8 DE OCTUBRE DE
1980.
QUE POR RESOLUCION No. 081 DEL 12 DE ENERO DE 1981, SE LE
RECONOCIO EL TIEMPO TRABAJADO ANTES DE LA POSESIÓN
ENTRE EL 27 DE AGOSTO Y EL DE OCTUBRE DE 1980.
QUE POR RESOLUCION No. 2550 DEL 23 DE JULIO DE 1996, SE LE
CONCEDIERON 12 DIAS DE LICENCIA SIN REMUNERACION DEL 15
DE JULIO DE 1996 AL 26 DE JULIO DE 1996.
QUE POR RESOLUCION No. 1187 DEL 6 DE ABRIL DE 1999, SE LE
CONCEDIERO 60 DIAS DE LICENCIA SIN REMUNERACION DEL 13
DE ABRIL AL 11 DE JUNIO DE 1999.
QUE POR RESOLUClON No. 2020 DEL 16 DE JUNIO DE 2000, SE LE
ACEPTO LA RENUNCIA AL CARGO DE DOCENTE XII, DEPENDIENTE
DE LA NOMINA SITUADO FISCAL PRIMARIA, A PARTIR DEL 1 DE
AGOSTO DE 2000.
[…].»

• Segundo periodo:

De igual manera, de conformidad con el certificado de tiempo de servicios
núm.72916 de 8 de marzo de 2012 expedido por la Secretaría de
Educación del departamento del Valle del Cauca, se tiene que tiene que
la señora Teresita de Jesús Hincapié Hincapié laboró como docente oficial
mediante nombramiento provisional desde el 17 de septiembre de 2007
hasta el 1.° de abril de 2008.

3.3.4. Análisis sustancial

54. Tal como lo advirtió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca es evidente
que los tiempos laborados como docente en ese mismo departamento debieron
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ser contabilizados por la entidad para efectuar el reconocimiento pensional,
siéndole aplicable a la demandante las previsiones de la Leyes 33 y 62 de 1985
dado que su vinculación a la docencia oficial ocurrió con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003.

55. En efecto, de acuerdo con lo señalado en el acápite precedente, sólo para
aquellos docentes cuya vinculación sea posterior a la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003, esto es, al 27 de junio del mismo año, en materia pensional les son
aplicables las normas contenidas en la Ley 100 de 1993, junto con las
modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, salvo respecto de la edad
para adquirir el estatus pensional, la cual, según el artículo 81 de la mencionada
Ley 812 de 2003, es de 57 años para hombres y mujeres.

56. En este caso está suficientemente acreditado que laboró más de 20 años de
servicios en total: al servicio de la Secretaría de Educación Departamental de
Bogotá, por 19 años, 9 meses y 4 días y ante la Secretaría de Educación del
departamento del Valle del Cauca por 6 meses y 14 días.
57. Es de destacar que en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la
Sección Segunda del Consejo de Estado20, se estableció con toda claridad que
el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1.°
de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1.°
de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige
por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios y 75% de los factores
previstos en la Ley 62 de 1985.

58. Por lo tanto, la accionante goza del mismo régimen de pensión ordinaria de
jubilación de los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, por remisión expresa contenida en el literal b) del numeral 2° del artículo
15 de la Ley 91 de 1989, adquiriendo su estatus pensional el 20 de agosto de
2012 cuando adquirió los 55 años de edad; en ese sentido los factores
pensionales a incluir son aquellos sobre los que se efectuaron los respectivos
aportes, de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985 devengados en el
último año de servicio, que por las particularidades del caso, se conformó
por los meses laborados desde el 16 de enero de 2000 al 1.° de agosto de
ese año y desde el 17 de septiembre de 2007 al 31 de marzo de 2008, de la
siguiente manera:

Año Periodo Factores devengados
Año 2000 16 de enero de 2000 al Salario básico21
1.° de agosto de 2000 Prima de alimentación

20Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.

Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
21
Según certificación que obra a folio 67 del PDF 21 Índice 2. Archivo «2_ED_EXPEDIENTE
C1_01ExpedienteVirtualC1.pdf.PDF».

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Prima especial
Prima de navidad
Año 2007 17 de septiembre al 31 Asignación básica22
de diciembre de 2007 Prima de alimentación
Prima de navidad

Año 2008 1.° de enero de 2008 al Asignación básica23
31 de marzo del mismo Prima de alimentación
año. Prima de navidad

59. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que le asistió razón al Tribunal
cuando declaró la nulidad de los actos demandado y estimó que el estatus se
adquirió, cuando acreditó 55 años de edad, en cuantía del 75% del promedio de
lo devengado durante el último año anterior al cumplimiento de los requisitos, «21
de agosto de 2012» y «54. La liquidación de la pensión de jubilación se efectuará
según los dispuesto por los Artículos 1° y 3° de la Ley 33 de 1985, es decir, que
deberá pagarse una pensión equivalente al 75% del salario promedio que sirvió
de base a la demandante para los aportes durante el último año de servicio […]».

60. No obstante, es menester indicar que le asistió razón al apelante al señalar
que debe ordenarse la indexación de la primera mesada pensional, aspecto
sobre el cual se pronunció el Tribunal. En efecto, a no especificar el año exacto
que debía tenerse en cuenta a efectos de liquidar la pensión no advirtió que debía
ordenarse la indexación dado que la adquisición del estatus pensional sucedió
varios años después de la ocurrencia del retiro del servicio.

61. Las únicas consideraciones del a quo fueron realizadas en términos
generales frente a la actualización de las mesadas generadas:

«55. Así mismo, las sumas que resulten a favor de la señora Teresita de Jesús
Hincapié Hincapié se actualizarán mensualmente, en la forma como se indica en
esta providencia y para ello se aplicará la siguiente fórmula:
R=Rhx Índice final
Índice inicial
56. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(R.H.), que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesada
pensional con inclusión de los reajustes de ley, por la cifra que resulte de dividir
el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la
fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que
se causaron las sumas adeudadas».

22
Según certificación que obra a folio 113 del PDF 22 Índice 2. Archivo «2_ED_EXPEDIENTE
C1_01ExpedienteVirtualC1.pdf.PDF».

23
Según certificación que obra a folio 113 del PDF 23 Índice 2. Archivo «2_ED_EXPEDIENTE
C1_01ExpedienteVirtualC1.pdf.PDF».

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62. De acuerdo con lo anterior, dado que la base salarial para la liquidación de la
pensión sufrió los rigores del deterioro inflacionario (2000- 2007-2008) debe
actualizarse el valor correspondiente, pues de lo contrario, realizar la liquidación
con base en una suma devaluada, implica desconocer claros principios
constitucionales de aplicación directa (artículos 48 y 53).

63. Por lo anterior se impone adicionar un numeral a la sentencia apelada para
ordenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio efectuar la indexación de la primera mesada
pensional, atendiendo para ellos los factores devengados por el periodo
comprendido entre el 16 de enero y el 1.° de agosto de 2000 y desde el 17 de
septiembre de 2007 al 31 de marzo de 2008; esto es, actualizando tales valores
de acuerdo con el IPC vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, con
aplicación de la siguiente formula:

R=Rhx Índice final
Índice inicial

64. El cumplimiento de esta decisión se hará en los términos previstos en los
artículos 192 y 195 del CPACA, pautas de imperativa observancia, dadas por el
legislador para lograr el efectivo cumplimiento de las sentencias.

65. Así las cosas, dado que los demás aspectos de la decisión judicial no fueron
objeto de apelación la Sala no se pronunciará al respecto, por lo que confirmará
parcialmente la decisión proferida el 16 de octubre de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y adicionará un numeral para ordenar la
indexación de la primera mesada pensional y el cumplimiento de la sentencia en
los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

3.6. De la condena en costas en segunda instancia

66. En este caso advierte la Sala que hay lugar a condenar en costas:

67. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

68. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
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Radicado: 76001-2333-000-2018-00835-01 (0007-2021)
Demandante: Teresita de Jesús Hincapié Hincapié

procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

69. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

70. En consecuencia, se impondrán costas a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
departamento del Valle del Cauca, por cuanto se accede totalmente las
peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

71. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 16 de octubre de
2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho incoada por la señora Teresita de Jesús Hincapié Hincapié contra la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, con fundamento en las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Se adiciona un numeral a la sentencia indicada en el numeral
anterior a efectos de señalar lo siguiente:

«QUINTO.- La Nación - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, deberá realizar la indexación de la
primera mesada pensional, atendiendo para ellos los factores devengados por
la señora Teresita de Jesús Hincapié Hincapié en el periodo comprendido entre
el 16 de enero y el 1.° de agosto de 2000 y desde el 17 de septiembre de 2007
al 31 de marzo de 2008; esto es, actualizando tales valores de acuerdo con el
IPC vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, con aplicación de la
siguiente fórmula:

R=Rhx Índice final
Índice inicial

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El cumplimiento de esta decisión se hará en los términos previstos en los
artículos 192 y 195 del CPACA.

TERCERO: CONDENAR en costas de segunda instancia a costas a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el departamento del Valle del Cauca. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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