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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00880-01

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00880-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2.022) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control y restablecimiento del derecho promovió la señora Nury Angélica Jaramillo Giraldo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia. TERCERO: ACEPTAR la renuncia al poder conferido por la UGPP al señor Santiago Martínez Devia, quien se identifica con cédula de ciudadanía 80.240.657 y portador de la tarjeta profesional 131.064 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos del memorial obrante a índice 12 del registro de SAMAI. 27 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].» 20 Radicado: 76001-23-33-000-2018-00880-01 (4896-2022) Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-00880-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

22 de junio de 2023

1
Radicado: 76001-23-33-000-2018-00880-01 (4896-2022)
Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo

CONSEJO DE ESTADO
S ALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2.023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00880-01 (4896-2022)
Demandante: NURY ANGÉLICA JARAMILLO GIRALDO
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL1

Tema: Sustitución pensional compañera permanente.
Acreditación de los requisitos previstos en el artículo 47 de
la Ley 100 de 1.993, modificado por el artículo 13 de la Ley
797 de 2.003. Confirma la decisión.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en
contra de la sentencia proferida el veinticinco (25) de febrero de dos mil
veintidós (2.022), por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Nury Angélica Jaramillo Giraldo, instauró demanda en contra de la
UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda
a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad parcial de las Resoluciones RDP 027348 del 8 de
septiembre, RDP 031081 del 15 de octubre y RDP 032654 del 28 de octubre,

1 En adelante UGPP.

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00880-01 (4896-2022)
Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo

todas de 2.014, por medio de las cuales se negó el reconocimiento de una
pensión de sobreviviente.

Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la UGPP efectuar el reconocimiento
de una pensión de sobreviviente a partir del 28 de agosto de 2.013, con la
inclusión de todos los factores salariales devengados por el causante, el señor
Jaime Elías de la Cruz Barrera, durante su vinculación con el departamento
del Valle del Cauca.

Que se condene al pago de la diferencia pensional que resultare de dicha
liquidación en atención de los incrementos anuales, igualmente respecto a las
mesadas adicionales a que haya lugar. Que se condene al pago de los
intereses moratorios, conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1.993 y que se
condene en costas procesales a la parte pasiva del litigo.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que el señor Jaime Elías de la Cruz Barrera y la señora Ruby Bermúdez
Martínez contrajeron matrimonio católico, el 23 de diciembre de 1.974.

Que la señora Nury Angélica Jaramillo Giraldo conoció al señor Jaime Elías de
la Cruz Barrera en el año 1.995, momento a partir del cual iniciaron una relación
sentimental, y desde 1997 iniciaron una convivencia en unión libre y bajo el
mismo techo. Que era el señor de la Cruz Barrera quien se hacía cargo de los
gastos personales de la demandante.

Que Cajanal mediante Resolución 011573 del 9 de mayo de 2.001, ordenó el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a favor del señor Jaime Elías
de la Cruz Barrera, en una cuantía de $197.069, efectiva a partir del 23 de febrero
de 1991.

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Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo

Que, como fruto de la relación entre la señora Nury Angélica Jaramillo Giraldo y
el señor Jaime Elías de la Cruz Barrera, nació la menor Isabela Mercedes de la
Cruz Jaramillo, el 8 de junio de 2005.

Que el Juzgado Primero de Familia de Guadalajara de Buga por medio de la
sentencia del 8 de junio de 2007, resolvió decretar la nulidad del divorcio con
cesación de efectos civiles de los señores Jaime Elías de la Cruz Barrera y Ruby
Bermúdez Martínez.

Que la señora Ruby Bermúdez Martínez falleció el 27 de agosto de 2013.

Que, mediante escrito del 18 de junio de 2014, la demandante, en su calidad de
compañera permanente y representante legal de la menor Isabela Mercedes de
la Cruz Jaramillo, solicitó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente.

Que, en consecuencia, fue expedida la Resolución RDP 027348 del 8 de
septiembre de 2014, que concedió en un 100 % la prestación reclamada a favor
de la hija del causante y negó la sustitución de esta a la señora Jaramillo Giraldo.

Que en contra de esta decisión fueron interpuestos los recursos de reposición y
en subsidio el de apelación, los cuales fueron resueltos de manera negativa a
través de las Resoluciones RDP 031081 del 15 de octubre y RDP 032654 del 28
de octubre, ambas de 2014.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 20 de noviembre de 2.018 y fue notificada a la
demandada la cual contestó, oponiéndose a las pretensiones, indicando que en
este tipo de asuntos es imprescindible la demostración del requisito de
convivencia efectiva entre el pensionado fallecido y la reclamante del derecho,
pues se trata de verificar y acreditar una situación real de vida en común de la
pareja.

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00880-01 (4896-2022)
Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo

Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe,
imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido, ausencia de causa para
demandar, y genérica.

Se celebró la audiencia inicial el 29 de enero de 2.021, dentro de la cual se fijó
el litigio y, por haber pruebas que practicar, se llevó a cabo la respectiva
diligencia el 21 de febrero de 2.021. Posteriormente, se corrió traslado de diez
días a las partes para alegar de conclusión y se dictó sentencia el 25 de febrero
de 2.022, la cual fue apelada dentro del término oportuno por la parte
demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el
25 de febrero de 2.022, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, al considerar que la demandante acreditó los requisitos exigidos por
el artículo 47 de la Ley 100 de 1.993, modificado por el artículo 13 de la Ley
797 de 2.003.

Que, en virtud de las pruebas allegadas y practicadas, es dable colegir que los
señores Jaime Elías de la Cruz Barrera y Nury Angélica Jaramillo Giraldo
iniciaron una relación sentimental de carácter extramatrimonial hacia el año
1.997 y que, posteriormente, a partir del año 1.998, mantuvieron una
convivencia de la cual procrearon una hija. Que, en igual sentido, se encuentra
acreditado que la demandante dependía económicamente del causante para
su sostenimiento.

Que no existen razones de duda que induzcan a desvirtuar el contenido de las
declaraciones extraprocesales arrimadas al plenario, las cuales dan cuenta de
que el finado mantuvo un hogar estable con la demandante hasta el día de su
muerte.

Que, si bien la parte activa insta el reconocimiento de las mesadas adicionales
13 y 14, lo cierto es que lo discutido en la presente controversia corresponde
al derecho que le asiste a la libelista de beneficiarse de la pensión de jubilación

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Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo

sustituida en su calidad de compañera permanente, y no de las condiciones
en que esta le fue reconocida al pensionado fallecido.

Que no guarda vocación de prosperidad el pedimento tendiente al
reconocimiento de intereses moratorios, por cuanto dicha obligación fue
creada por la Ley 100 de 1.993 únicamente en caso de retardo en el pago de
las mesadas pensionales, y no cuando se debatiera el reconocimiento
pensional, como sucede en este litigio.

Que se encuentran prescritas las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 21 de junio de 2.015, habida cuenta de que la señora Jaramillo
Giraldo tenía derecho a reclamar la pensión a partir del 27 de agosto de 2.013
y únicamente presentó la demanda hasta el 21 de junio de 2.018.

Que, bajo estas consideraciones, se debe declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados y, en consecuencia, ordenar a la UGPP
reconocer y pagar la sustitución pensional a favor de la libelista en un
porcentaje del 50 %, con efectos fiscales a partir del 21 de junio de 2.015.
Finalmente, condenó en costas procesales a la parte demandada.

RECURSO DE APELACIÓN

La UGPP interpuso recurso de apelación2, expresando que la demandante no
reúne los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia para el
reconocimiento del derecho pensional, ello por cuanto no fue posible acreditar
la convivencia, así como mucho menos la dependencia económica con el
causante.

Que debe tenerse en cuenta que, el señor de la Cruz Barrera, al momento de
su deceso, gozaba de una pensión de sobrevivientes con ocasión del
fallecimiento de su entonces cónyuge, la señora Miriam Bermúdez (sic);
aunado al hecho de que la libelista no figuraba como beneficiaria en el sistema
de salud del pensionado.

2 Índice 30 del registro de actuaciones de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

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Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo

Que las declaraciones extraprocesales no exponen las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en torno al hecho de la convivencia entre los implicados.
De ello que deba revocarse la sentencia de primera instancia, y en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto del 27 de septiembre de 2.022 se admitió el recurso y, en
concordancia con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de
la Ley 2080 de 2.021 se dispuso que por Secretaría, dentro de los 10 días
siguientes a la ejecutoria de mencionada providencia, pasara el expediente al
Despacho para dictar sentencia, salvo que las partes presenten solicitud
probatoria.

El agente del ministerio público no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se debe determinar si la señora Nury Angélica Jaramillo Giraldo cumple con
los requisitos previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1.993, modificado
por el artículo 13 de la Ley 797 de 2.003 para ser beneficiaria de la sustitución
de la pensión de jubilación que en vida ostentaba su presunto compañero
permanente, el señor Jaime Elías de la Cruz Barrera.

Régimen legal de la sustitución pensional

A través de la Ley 100 de 1.993, el legislador organizó el Sistema de Seguridad
Social Integral, en lo que tiene que ver con el régimen de pensiones, su
objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las eventualidades
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de
las pensiones y prestaciones que se determinan en la citada ley.

Así, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, el
legislador previó la denominada pensión de sobrevivientes y sustitución
pensional, como una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del
apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar

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que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones
mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Es
decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y
constituye un desarrollo del principio de solidaridad.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2.003, manifestó:

«[…] Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones
tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la
ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con
un sistema de pensiones.

La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo
sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido.
Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las
personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su
vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades. […]» (Se subraya).

En este punto es relevante aclarar que, si bien ambas figuras tienen la misma
finalidad, la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece; en cambio la
pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que muere sin cumplir con los requisitos
mínimos para obtener la pensión3.

De acuerdo con lo anterior, lo aquí debatido es el derecho a la sustitución
pensional, debido a que el causante, señor Jaime Elías de la Cruz Barrera, al
momento de su fallecimiento, ya percibía una pensión de jubilación4.

3 Sentencia T-564 de 2015. Sentencia del 3 de septiembre de 2015. Referencia expediente T-4.919.041.
4 Conforme se advierte en la Resolución 11573 del 9 de mayo de 2001, visible de folios 13 a 18.

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Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo

Beneficiarios de la sustitución pensional

En cuanto a la normativa que prevé la sustitución pensional, esta Subsección
en diferentes oportunidades5 ha considerado que las disposiciones aplicables
son aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante.

En este sentido, en razón a que el deceso del señor Jaime Elías de la Cruz
Barrera (causante de la pensión) se produjo el 27 de agosto de 2.0136, es por
lo que, frente a la sustitución pensional, estaba vigente la Ley 100 de 1.993
que en lo pertinente fue modificada por la Ley 797 de 2.003 y preceptúa:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de
la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; […]».
(Subrayas del texto).

Conforme a la normativa en cita, se observa que para que la compañera
permanente o cónyuge supérstite sea beneficiaria de la sustitución pensional,
se debe probar, en este caso, que la aquí demandante hizo vida marital con el
causante hasta la fecha de su deceso no menos de cinco años continuos con
anterioridad a su muerte.

El aparte subrayado de la norma citada fue declarado exequible por la Corte
Constitucional, que en sentencia C-1094 de 2.0037 consideró:

«[…] La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir
atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación
social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha

5 Ver, entre otras, sentencias del 10 de noviembre de 2005. Exp. 3496-04; y del 2 de octubre de 2008.

Exp. 2638-2014.
6 Acorde con el registro civil de defunción obrante a folio 31.
7 Sentencia del 19 de noviembre de 2003. Referencia: expediente D-4659.

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Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo

fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de
prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y
compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades.
[…]

En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la
norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del
sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija
para el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de
disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora
con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de
sobrevivientes. […]». (Negrilla del texto).

En este orden de ideas, se observa que la exigencia de ese requisito no es
otra cosa que evitar que con base en vínculos adquiridos a último momento y
convivencia que no tenga el carácter de permanencia, se origine el derecho a
sustituir, en forma vitalicia, una prestación.

Respecto al requisito de la convivencia, esto es, los 5 años continuos
inmediatamente anteriores a la muerte del causante, la Sección Segunda 8 ha
señalado que «[…] el legislador lo previó como un mecanismo de protección, ello
para salvaguardar a los beneficiarios legítimos de quienes pretenden solo buscar
provecho económico […]».

Asimismo, que debe acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia,
por lo tanto, no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales,
circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que
haya podido tener en vida el fallecido pensionado.

Resolución del caso concreto

De conformidad con el material probatorio que integra la demanda, se puede
determinar:

Documentales

Que la extinta Caja Nacional de Previsión expidió la Resolución 011573 del 9

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de noviembre de 2017, número

interno: 0286-2015

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de mayo de 2.001, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de una
pensión de jubilación a favor del señor Jaime Elías de la Cruz Barrera, en una
cuantía inicial de $197.069,33, efectiva a partir del 12 de marzo de 1.994.9

Que los señores Jaime Elías de la Cruz Barrera y Nury Angélica Jaramillo
Giraldo declararon ante la Notaría Primera del Círculo de Guadalajara de Buga
el 7 de abril de 2.004, que «convivimos en unión libre y bajo el mismo techo desde
hace 07 años.».10

Que el 8 de junio de 2.005, nació la joven Isabela Mercedes de la Cruz
Jaramillo, y registran como sus padres los señores Jaime Elías de la Cruz
Barrera y Nury Angélica Jaramillo Giraldo, conforme se desprende del registro
civil de nacimiento.11

Que el Juzgado Primero de Familia de Buga profirió sentencia el 8 de junio de
2.007, que decretó el divorcio del matrimonio católico contraído por el señor
Jaime Elías de la Cruz Barrera y la señora María Ruby Bermúdez Martínez.
En igual sentido, declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad
conyugal conformada por los esposos.12

Que el señor Jaime Elías de la Cruz Barrera falleció el 27 de agosto de 2.017,
conforme se advierte del registro civil de defunción.13

Que se expidió factura de venta por parte de la Casa de Funerales Santa Cruz
el 4 de septiembre de 2.013, de la cual se observa el costo total y pago de los
servicios funerarios por parte de la señora Jaramillo Giraldo, con ocasión del
deceso del pensionado.14

Que el señor Pedro Emilio Salas Calle presentó declaración ante la Notaría
Segunda del Círculo de Guadalajara de Buga el 27 de enero de 2.014, en la
que indicó que conoció durante aproximadamente 12 años al señor de la Cruz

9 Folios 13 a 18.
10 Folio 23.
11 Folio 32.
12 Folios 25 a 29.
13 Folio 31.
14 Folio 33.

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Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo

Barrera, quien trabajó como docente y mantuvo una convivencia con la señora
Jaramillo Giraldo en la Carrera 9 entre las Calles 5 y 6, ello hasta el momento
de su deceso.15

Que, mediante escrito del 19 de junio de 2.014, la señora Nury Angélica
Jaramillo Giraldo solicitó ante la UGPP, en sus calidades de compañera
permanente del finado y representante legal de la menor Isabel Mercedes de
la Cruz Jaramillo, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
sustituida del señor Jaime Elías de la Cruz Barrera.16

Que la UGPP emitió la Resolución RDP 027348 del 8 de septiembre de 2.014,
que reconoció una pensión de sobrevivientes a favor de la menor Isabela
Mercedes de la Cruz Jaramillo, en su calidad de hija del causante, en un
porcentaje del 100 % de la pensión que en vida gozaba su padre, la cual sería
pagada hasta el 7 de junio de 2.002, día anterior al cumplimiento de la mayoría
de edad, y hasta el 7 de junio de 2.030, día anterior al cumplimiento de los 25
años de edad, siempre y cuando acredite escolaridad.17

Que el 22 de septiembre de 2.014, la señora Jaramillo Giraldo interpuso
recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la precitada decisión
administrativa, en el sentido de instar el reconocimiento de la sustitución
pensional en un 50 %, en su calidad de compañera permanente.18

Que la entidad de previsión profirió la Resolución RDP 031081 del 15 de
octubre de 2.014, la cual desató de manera negativa el recurso de reposición,
al considerar que la reclamante no había demostrado el requisito de
convivencia con el finado, por lo que resultaba improcedente concederle la
prestación.19

Que la Resolución RDP 032654 del 28 de octubre de 2.014, resolvió el recurso
de apelación desfavorablemente y confirmó en todas sus partes el acto

15 Antecedentes administrativos visibles en CD que reposa a folio 98.
16 Ibidem.
17 Folios 36 a 40.
18 Folios 41 a 44.
19 Folios 46 a 49.

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administrativo del 8 de septiembre del mismo año.20

Que el señor Henry Alberto Palacios Quiroz rindió declaración el 14 de abril de
2.018 ante la Notaría Segunda del Círculo de Buga, en la cual indicó que
conoció a la demandante y al causante desde el mes de septiembre de 2006,
al ser la persona que prestaba los servicios de reparaciones eléctricas del
vehículo automotor y de la vivienda. Agregó que de dicha unión fue procreada
la menor Isabela Mercedes de la Cruz Jaramillo, y que la convivencia de la
pareja se presentó en unión libre y bajo el mismo techo.21

Que el señor Abelardo Tabares Quintero rindió declaración el 16 de abril de
2.018 ante la Notaría Segunda del Círculo de Buga, en la que manifestó que
conoce a la libelista desde hace 26 años. Que «en el año 1997 en la casa paterna
de la señora antes mencionada tuve conocimiento de la relación entre la señora Nury
Angélica Jaramillo Giraldo y con el profesor Jaime Elías de la Cruz Barrera (Q.E.P.D.)
ya en el año 1998 debido a la problemática en la casa de ella por la relación que
sostenía con él, tomaron la decisión de ir a vivir juntos». Añadió que tanto la
demandante como su hija dependían económicamente del causante.22

Que la señora Mireya Isabel Martínez presentó declaración el 16 de abril de
2.018 ante la Notaría Segunda del Círculo de Buga, y afirmó que conoce desde
hace más de 20 años a la demandante. Que fue la persona que arrendó el
inmueble donde convivía la pareja en el año 1998, ubicado en la Carrera 9 #
3-01. Manifestó que la señora Jaramillo Giraldo y su hija dependían
económicamente del pensionado fallecido.23

Testimoniales

En la audiencia de pruebas celebrada el 21 de febrero de 2.021, se practicaron
los siguientes testimonios:

Henry Alberto Palacios Quiroz, manifestó conocer a la demandante y al

20 Folios 50 a 52.
21 Folio 53.
22 Folio 54.
23 Folio 55.

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Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo

causante, al ser la persona encargada de las reparaciones eléctricas del
hogar. Que le consta que aquellos conformaron una pareja estable y
mantuvieron una convivencia bajo el mismo techo. Que el señor de la Cruz
Barrera se refería a ella como su «esposa», y en una oportunidad este le
comentó que ella era su compañera permanente. Que no tuvo conocimiento
de que el pensionado tuviera otra relación sentimental.

Abelardo Tabares Quintero, indicó ser amigo de la libelista desde hace
aproximadamente 26 años. Que el señor Jaime Elías de la Cruz Barrera era
quien se encargaba del sostenimiento de la señora Jaramillo Giraldo. Que
inicialmente estuvieron conviviendo en una habitación y luego se mudaron a
un apartamento. Que en varias ocasiones cuando visitó el hogar por ellos
constituido, el finado «le pedía algo para tomar a Angélica». Que la pareja
nunca se separó y su relación siempre fue constante. Que desde que la
demandante se fue de la casa de sus papás, el pensionado se encargó de
sufragar los gastos, tales como el arriendo.

Mireya Isabel Martínez, afirmó conocer a la señora Jaramillo Giraldo y al
finado, al haber sido inquilinos en su casa. Que la demandante era compañera
de colegio de su hija, y desde que estaba en el colegio mantuvo una relación
«de amores» con el finado. Que el señor Jaime Elías de la Cruz Barrera alquiló
una habitación en la vivienda de la testigo desde el año 1.998 y hasta el año
2.003 en la Carrera 9 # 3-01, en la cual se desarrolló la convivencia con la
parte activa. Que de manera posterior se fueron a vivir a entre la Calle 5 y 6.
Que el pensionado era quien se encargaba del pago del arriendo y
alimentación. Que el señor de la Cruz Barrera iba a la casa un rato por la tarde
o por la mañana, y salían cada quince días. Que vivían como una pareja. Que
luego del fallecimiento de la esposa del causante inició la convivencia, lo cual
ocurrió desde hace unos quince o diecisiete años atrás.

Interrogatorio de parte

En virtud de la prueba solicitada por la entidad demandada, se procedió a
realizar el interrogatorio de parte de la señora Nury Angélica Jaramillo Giraldo.
Manifestó que mantuvo una relación estable de pareja con el señor Jaime Elías

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00880-01 (4896-2022)
Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo

de la Cruz Barrera, desde que ella tenía diecisiete años. Que desde aquel
momento su papá la «echó de la casa» e inició entonces la convivencia con el
finado. Que a partir del año 1.997 se fue a vivir a una habitación ubicada en la
Carrera 14 con Calle 16. Que hacia el año 1.998 pasó a vivir a la casa de la
señora Mireya, en la Carrera 9 # 3-01. Que para el año 2.000 se encontraba
viviendo en la Carrera 10 # 9-11. Que, luego, y con frecuencia, desde el año
2.006 se ubicó en la Carrea 9 # 5-53, que es la vivienda donde actualmente
reside y se desarrolló la convivencia con el causante hasta el momento de su
deceso. Que desde este último año comenzó a vivir en la casa del finado,
momento a partir del cual se separó de su entonces esposa. Que, no obstante,
con anterioridad la visitaba constantemente desde el año 1.997. Que fue ella
la persona encargada de sufragar los gastos fúnebres del señor de la Cruz
Barrera.

Pues bien, la entidad demandada señaló como argumentos de reproche en la
alzada los siguientes: i) que no se acreditaron los requisitos de convivencia,
dependencia económica y afiliación de la demandante en el sistema de salud
del finado como su beneficiaria; ii) que no se indicaron las condiciones de
tiempo, modo y lugar en que se desarrolló la relación de pareja; y, iii) que el
causante al momento de su deceso gozaba de una pensión de sobrevivientes
de su ex esposa.

En lo que respecta al primer razonamiento, la Sala encuentra del material
probatorio de la referencia que, si se evalúan conjuntamente las declaraciones
extraprocesales arrimadas al plenario y los testimonios rendidos dentro de la
celebración de la audiencia de pruebas, estos dan cuenta de que la señora
Jaramillo Giraldo inició una relación sentimental con el causante hacia el año
1.996, y mantuvieron una convivencia permanente bajo la figura de unión
marital de hecho desde el año 2.006 y durante aproximadamente 7 años, la
cual perduró hasta el momento del deceso del pensionado, el 27 de agosto de
2.013.

En igual sentido, no puede perderse de vista la declaración extrajudicial
rendida el 7 de abril de 2.004 por el finado y la libelista ante la Notaría Primera
del Círculo de Guadalajara de Buga, en la cual manifestaron la convivencia

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00880-01 (4896-2022)
Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo

bajo el mismo techo que llevaban durante 7 años. Esta prueba documental
sustenta de improcedente el reproche de la UGPP respecto a la falta de
acreditación del requisito de convivencia, pues el hecho de que el señor de la
Cruz Barrera hubiera acudido en vida ante notario para revelar su convivencia
en pareja, es muestra de que lo pretendido por aquel era, entre otros, que su
compañera permanente tuviera las garantías suficientes para que le fuera
sustituido el derecho a la pensión.

En lo relativo a la falta de demostración de la dependencia económica y la
ausencia de afiliación en el sistema de salud, esta Sala pone de presente que,
si bien estos aspectos han servido de insumo o indicio en pronunciamientos
de la Subsección24 para confirmar el supuesto de hecho de la existencia de un
vínculo sentimental entre el causante y la persona que reclamara el derecho a
la sustitución pensional en su calidad de compañera permanente o cónyuge,
lo cierto es que en las mismas oportunidades se ha esclarecido que estas no
son unas exigencias consagradas en la norma para que aquellos se hagan
titular de la prestación aludida.

Lo anterior guarda sustento normativo en el artículo 47 de la Ley 100 de 1.993,
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2.003, el cual no previó como
requisitos indispensables la demostración de la dependencia económica o la
afiliación en el sistema de salud como beneficiaria del fallecido cuando se
tratare de estas calidades de reclamantes.

Ahora, en lo que atañe a las condiciones en las cuales se desarrolló la relación
de pareja y la convivencia, se tienen los testimonios rendidos por los
declarantes quienes, se resalta, se tratan de personas idóneas al ser
familiares, amigos y vecinos de los implicados. De sus dichos se puede
concluir que entre la libelista y el finado existieron tratos relativos a los de una
pareja sentimental, acciones de interés mutuo, socorro, apoyo económico, así
como el haber compartido vivienda de manera permanente al menos desde el
año 2.006.

24 Ver entre otras: sentencia del 13 de agosto de 2020, demandante: Luis Armando Piña Vega,
radicación: 47001-23-33-000-2015-00217-01 (1098-2018).

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Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo

Estos aspectos llevan al convencimiento a la Subsección del vínculo
sentimental que sirve de sustento para confirmar la vocación de estabilidad y
permanencia de la unión. Ello en la medida en que, contrario a lo afirmado por
la entidad apelante, sí se han demostrado las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que se desarrolló la relación de pareja; así como también se dieron
a conocer los detalles de la vida en comunidad. Al respecto, se encuentra
acreditado por los testigos que:

i) La unión de la señora Nury Angélica Jaramillo Giraldo y el señor Jaime Elías
de la Cruz Barrera inició hacia el año 1.997, fecha a partir de la cual el causante
visitaba frecuentemente a la libelista en su hogar constituido. Luego, al menos
desde el año 2.006, comenzaron a convivir de manera permanente hasta la
fecha del deceso del pensionado, el 27 de agosto de 2.017.

ii) Se brindaron tratos propios de una pareja sentimental, tales como el apoyo
económico para solventar los gastos de vivienda, alimentación, salud y demás
necesidades básicas; la convivencia diaria compartiendo techo, lecho y mesa;
el sufragio de los gastos funerarios por parte de la libelista con el pensionado.

iii) Eran vistos juntos de manera permanente en sus diversos lugares de
cohabitación, entre los cuales fueron concordantes en indicar que
correspondían a los inmuebles ubicados en la Carrera 9 # 3-01, en la Carrera
10 # 9-11 y en la Carrera 9 # 5-53.

Este análisis probatorio permite concluir que los señores de la Cruz Barrera y
Jaramillo Giraldo, en efecto mantuvieron una relación sentimental y
convivencia permanente desde el año 2.006, cuando compartían techo, lecho
y mesa, y que además su relación de forjó bajo los senderos de la comprensión
y cuidados dentro de la figura de la unión libre.

Lo anterior se afirma en la medida en que, tanto la demandante como los
testigos, fueron coincidentes en afirmar que la convivencia de la pareja se
desarrolló de manera permanente hacia el año 2.006, cuando aquellos
iniciaron una cohabitación sin interrupciones. Pues si bien es cierto que desde
el año 1.997 mantuvieron una relación sentimental, como en efecto se

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Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo

corrobora con la declaración extrajuicio rendida en su momento por el finado,
mal se haría al tener en cuenta esta data como la de inicio de la convivencia,
pues desde aquella oportunidad tan solo se visitaban de manera frecuente, lo
cual no satisface, al menos desde dicho momento, el requisito contenido en el
artículo 47 de la Ley 100 de 1.993.

Además, quedó demostrada la intención de conformar una familia entre los
señores de la Cruz Barrera y Jaramillo Giraldo, quienes, con ocasión de su
relación, procrearon a la menor Isabela Mercedes de la Cruz Jaramillo. Ello es
muestra de un vínculo de carácter duradero y estable, característico de una
relación de pareja forjada bajo el crisol de la permanencia y estabilidad.

Finalmente, si bien la entidad demandada afirma que el señor Jaime Elías de
la Cruz Barrera gozaba en vida de una pensión de sobrevivientes que le fue
otorgada en virtud del fallecimiento de su ex esposa, lo cierto es que esta
situación no enerva la calidad de compañeros permanentes de los aquí
implicados, como tampoco se configura como un argumento tendiente a
demostrar que estos no mantenían una convivencia efectiva, o mucho menos
que se tratare de una relación ocasional o pasajera.

Bajo tal panorama, los medios de prueba referenciados conllevan a esta Sala
a colegir que el señor Jaime Elías de la Cruz Barrera sí conformó una
comunidad de vida con la demandante, tal y como lo indicó el a quo, puesto
que se probó que iniciaron una convivencia de manera efectiva e
ininterrumpida desde el año 2.006 y que esta se mantuvo durante más de 5
años previos al fallecimiento del causante.

En conclusión, no existen razones que justifiquen un trato diferente al que
dispuso el juez de primera instancia, por lo que se impone confirmar la
sentencia impugnada.

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Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo

De la condena en costas

Esta Subsección25 sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del
CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo
para la imposición de condena en costas por lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas,
al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por
éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP26, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que,
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la

25 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
26 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»

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Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo

sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público27.

Ahora, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas a la entidad demandada, en la medida que a pesar de haber
resultado vencida en esta oportunidad, conforme el numeral 8.º del artículo
365 del CGP no es posible la comprobación de dicha carga, en tanto no hubo
intervención de las partes en segunda instancia ante la ausencia de un período
probatorio y el consecuente traslado de alegatos de conclusión según lo
previsto en el artículo 247, numeral 5.° del CPACA (modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2.021).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del veinticinco (25) de febrero de dos
mil veintidós (2.022) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el
proceso que en ejercicio del medio de control y restablecimiento del derecho
promovió la señora Nury Angélica Jaramillo Giraldo contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social, UGPP.

SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia.

TERCERO: ACEPTAR la renuncia al poder conferido por la UGPP al señor
Santiago Martínez Devia, quien se identifica con cédula de ciudadanía
80.240.657 y portador de la tarjeta profesional 131.064 del Consejo Superior
de la Judicatura, en los términos y para los efectos del memorial obrante a
índice 12 del registro de SAMAI.

27 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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Demandante: Nury Angélica Jaramillo Giraldo

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

Los magistrados,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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