Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00888-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00888-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2018-00888-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Doce (12) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 76001-33-33-000-2018-00888-01 (3456-2025)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP
Demandada: María Nelly Suárez Villamil
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Lesividad - pensión gracia.
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la señora María Nelly
Suárez Villamil, y la apelación adhesiva1 instaurada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, contra la sentencia del Ocho (08) de agosto de
Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda2
1.1.1. Pretensiones
1
La cual será tramitada junto con el recurso de apelación, dado que, se cumplen los presupuestos del parágrafo 3 del
artículo 143 de la Ley 1437 de 2011, que prevé:
«ARTÍCULO 243. APELACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:
(…)
PARÁGRAFO 3o. La parte que no obre como apelante podrá adherirse al recurso interpuesto por otra de las partes,
en lo que la sentencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión, debidamente sustentado, podrá
presentarse ante el juez que la profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior, hasta
el vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite la apelación.
(…)»
.
2
Expediente digital – SAMAI – Gestiones en otras corporaciones – Índice 00042 – Folio 197 a 206.
2
Número Interno: 3456-2025
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP
Demandada: María Nelly Suárez Villamil
1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, acudió a la jurisdicción, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, a efectos que se declare la nulidad de la
Resolución No. 008809 del Veintisiete (27) de mayo de Mil Novecientos
Noventa y Siete (1997), mediante la cual, se reconoció una pensión gracia en
favor de la señora María Nelly Suárez Villamil.
2. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad, la exclusión
de la demandada de la nómina de pensionados, dado que, se trata de una
docente de carácter nacional.
3. Adicionalmente, solicitó condenar a la señora María Nelly Suárez Villamil, a
reintegrar a la Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, todas las sumas
de dinero pagadas en exceso.
4. Finalmente, solicitó ajustar la condena, tomando como base el índice de
precios al consumidor, conforme al artículo 187 del C.P.A.C.A.
1.1.2 Hechos
5. La señora María Nelly Suárez Villamil, nació el Veintisiete (27) de junio de
Mil Novecientos Cuarenta y Cinco (1945).
6. Prestó sus servicios en la Secretaría de Educación Municipal de Santiago
de Cali, desde el Primero (01) de febrero de Mil Novecientos Setenta y Cuatro
(1974), hasta el Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Tres (2003), con
vinculación nacional, nombrada por el Ministerio de Educación Nacional,
mediante Resolución No. 507 del Primero (01) de febrero de Mil Novecientos
Setenta y Cuatro (1974).
7. El último cargo desempeñado, fue el de docente tiempo completo, en la
Institución Educativa Normal Superior Farallones de Cali- Valle.
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Número Interno: 3456-2025
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP
Demandada: María Nelly Suárez Villamil
8. La Caja Nacional de Previsión Social- CAJANAL, mediante la Resolución
No. 008809 del Veintisiete (27) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Siete
(1997), ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de gracia en favor de
la señora Suárez Villamil, en cuantía de Doscientos Veintiséis Mil Trescientos
Cincuenta y Siete Pesos con 09/100 ($226.357.09) M/CTE., efectiva a partir
del Veintisiete (27) de junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995).
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación
9. La parte actora invocó como normas violadas las siguientes: Artículos 1, 2,
6, 121,123 inciso 2º, 124 y 128 de la Constitución Política de Colombia, Ley 114 de
1913, Ley 116 de 1928, Ley 37 de 1933 y Ley 91 de 1989.
10. La entidad demandante adujo que, en el presente asunto se ha
quebrantado el principio de la sostenibilidad financiera del sistema pensional,
contrariando el ordenamiento jurídico, porque la pensión gracia en favor de la
señora Suárez Villamil, fue reconocida sin el lleno de los requisitos legales,
esto es, 20 años de servicio en la educación primaria o secundaria, en
establecimientos públicos del orden territorial.
11. Afirmó que, el tiempo laborado por parte de la actora con la Nación, no es
computable para efectos del reconocimiento pensional, y, en consecuencia, no
cumple el requisito que exige el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, para el
reconocimiento de la pensión gracia en su favor, como erradamente lo hizo
CAJANAL, configurándose una causal de nulidad por infracción de las normas
en las que debía fundarse el acto administrativo, y en una falsa motivación.
2. Contestación de la demanda3
12. El apoderado judicial de la señora María Nelly Suárez Villamil, se opuso a
las pretensiones de la demanda, señalando que, la pensión gracia que ostenta
la demandante, goza de legalidad, además que, siempre ha actuado de buena
fe y amparada por la confianza legítima de las actuaciones de la
administración.
3
Expediente digital – SAMAI – Gestiones en otras corporaciones – Índice 00042 – Folio 252 a 258.
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Número Interno: 3456-2025
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP
Demandada: María Nelly Suárez Villamil
13. Sostuvo que, la demandante no puede pretender, el reintegro de las
sumas pagadas por concepto de pensión, cuando en los argumentos fácticos
y jurídicos de la demanda, en ningún momento hace relación a actuación de
mala fe de la demandada, «haciendo uso de dolo o culpa grave», y, tampoco,
se aporta prueba que lo demuestre.
14. Expuso que, a partir del reconocimiento de la pensión gracia, la señora
Suárez Villamil goza de derechos adquiridos, bajo la confianza legítima de
decisiones de la administración amparadas por el principio de legalidad.
15. Consideró que, no hay lugar reintegro de las sumas pagadas, con
fundamentos jurisprudenciales posteriores, a la fecha en la que ya se había
adquirido el derecho, puesto que, tanto la señora Suárez Villamil como
CAJANAL, se rigieron por las leyes que aún están vigentes y bajo las cuales,
dicha pensión fue otorgada en debida forma.
16. Concluyó que, a la fecha en la que fue concedida a la demandada su
pensión de gracia, cumplía con cada uno de los requisitos establecidos en la
Ley 114 de 1993, al ser una persona honrada, que ejerció su empleo con
buena conducta y para la fecha tenía la edad requerida, y prestó sus servicios
como docente en escuelas normales, desempeñándose como maestra de
primaria, desde el Siete (07) de febrero de Mil Novecientos Noventa y Seis
(1966), hasta el Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Tres (2003), para un
total de 29 años y 26 días, tiempo que sobrepasa el requerido para acceder a
esta pensión; además, fue vinculada con anterioridad al Treinta y Uno (31) de
diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980).
17. Como excepciones propuso las de buena fe, vulneración a la confianza
legítima, legalidad del acto administrativo, prescripción, caducidad y genérica
e innominada.
3. Sentencia de primera instancia4
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Expediente digital – SAMAI – Gestiones en otras corporaciones – Índice 00085.
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Número Interno: 3456-2025
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP
Demandada: María Nelly Suárez Villamil
18. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante sentencia del
Ocho (08) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió parcialmente a las
pretensiones, y se abstuvo de condenar en costas, así:
« PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución 08809 del 27 de mayo de
1997 mediante la cual se reconoció a la demandada María Nelly Suárez Villamil
pensión de jubilación gracia, conforme a lo expuesto en la parte motiva, empero
sin que haya lugar a reintegro de suma alguna en favor de la UGPP.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
(…)»
19. Previo a pronunciarse sobre el fondo del asunto, el A-quo señaló que, no
era factible aplicar el término de caducidad contemplado en el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024, por encontrarse suspendida la norma al momento de
proferir sentencia de primera instancia.
20. En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, adujo que, en el plenario se constató que, la señora Suárez Villamil,
nació el Veintisiete (27) de junio de Mil Novecientos Cuarenta y Cinco (1945),
por lo tanto, cumplió con el requisito de los 50 años, el Veintisiete (27) junio de
Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995).
21. Expuso que, no existe prueba que la demandada hubiese incurrido en
mala conducta, y tampoco, fue el motivo de discusión para la lesividad de la
pensión gracia, por lo que, se presume que la demandada desempeñó su
cargo con probidad, rectitud y honradez.
22. Señaló que, conforme a la constancia expedida por el Ministerio de
Educación Nacional – Escuela Normal Nacional de Señoritas de Cali, la
demandada fue nombrada maestra consejera, desde el Primero (01) de
febrero de Mil Novecientos Setenta y Cuatro (1974), mediante Resolución No.
507 de la misma fecha. Asimismo, conforme a la certificación expedida por la
Secretaría de Educación Municipal de Cali, se verificó que, dicho
nombramiento perduró hasta el año Dos Mil Tres (2003), cuando se produjo el
retiro de la docente.
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Número Interno: 3456-2025
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP
Demandada: María Nelly Suárez Villamil
23. Por lo tanto, afirmó que, en el acto administrativo de reconocimiento de la
pensión gracia, se tuvo en cuenta el tiempo laborado entre el (01) de febrero
de Mil Novecientos Setenta y Cuatro (1974) hasta el Veintiocho (28) de junio
de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), nombramiento del orden nacional.
24. Concluyó en la nulidad del acto administrativo demandado, al expedirse
con infracción de las normas en que debía fundarse, al haberse reconocido la
pensión gracia, con base en tiempo de servicio derivados de una vinculación
como docente nacional, y no territorial o nacionalizado.
25. Resaltó la suspensión de la Resolución No. 008809 del Veintisiete (27) de
mayo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), a partir del año 2022, con
ocasión de la medida cautelar decretada el Primero (1) de noviembre de Dos
Mil Diecinueve (2019), confirmada por el Consejo de Estado el Siete (7) de
julio de Dos Mil Veintidós (2022).
26. Finalmente, negó el reintegro de valores por parte de la señora María Nelly
Suárez Villamil, al considerar que, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, no acreditó la mala fe de la demandada en la obtención de la pensión,
al no existir prueba relativa a que hubiera sido reconocida por medios
fraudulentos, ni que hubiera presentado documentación falsa, o faltado a la
verdad.
4. Recurso de apelación5
27. El apoderado de la señora María Nelly Suárez Villamil, interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando su
revocatoria, por considerar que, el despacho no debió analizar el asunto de
fondo, puesto que, se presentaba la caducidad de la acción de lesividad.
28. Sostuvo que, la excepción de caducidad fue propuesta desde el momento
de contestar la demanda, y reiterada en los alegatos de conclusión, sin
embargo, la decisión de primera instancia cometió un yerro al desestimarla,
5
Expediente digital – SAMAI – Gestiones en otras corporaciones – Índice 00089.
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Número Interno: 3456-2025
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP
Demandada: María Nelly Suárez Villamil
con sustento en la suspensión de la norma por parte de la Corte Constitucional,
porque vulnera el derecho fundamental al debido proceso de la demandada, y
el principio de legalidad, en razón a que, a la fecha en que se profirió la
sentencia, la norma no estaba suspendida y se encontraba vigente.
29. Precisó que, si bien la Corte Constitucional, expidió el comunicado de
prensa No. 27, el Diecisiete (17) de junio de Dos Mil Veinticinco (2025),
informando a la opinión pública que, se expediría el Auto 841 de 2025, este
solo tiene carácter informativo y no remplaza la notificación de la providencia,
por ende, no tiene fuerza vinculante.
30. Indicó que, el Tribunal desconoció los precedentes del Consejo de Estado
y la Corte Constitucional, respecto a la fuerza vinculante de los comunicados
de prensa de esta última.
31. Concluyó que, al no estar notificado y ejecutoriado el Auto 841 de 2025,
con anterioridad al Ocho (08) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), porque
fue notificado el Catorce (14) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), no era
aplicable la suspensión a este proceso y por consiguiente, se debió aplicar la
figura de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme lo establece el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
comoquiera que, se encontraba vigente, por lo tanto, dicha decisión vulnera
los derechos al debido proceso y mínimo vital de un sujeto especial de
protección, al contar en la actualidad con casi 80 años de edad.
32. De conformidad con lo anterior, solicitó declarar la caducidad del medio de
control, disponer el levantamiento de la medida cautelar, y el reintegro a la
parte demandada, de las mesadas pensionales dejadas de pagar,
debidamente indexadas.
5. Trámite del recurso
33. Por auto del Quince (15) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)6, el
consejero ponente admitió el recurso de apelación, y negó el decreto de pruebas
solicitado por la parte recurrente.
6
Expediente digital – Samai – índice 00005.
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Demandada: María Nelly Suárez Villamil
34. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP7, presentó escrito, en el que se
pronunció frente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
argumentando que, el término de caducidad no afectaría el presente asunto,
toda vez que, el Consejo de Estado – Sección Segunda, ha invalidado la
aplicación del término contenido en la Ley 2381 de 2024, en litigios iniciados
con anterioridad a la expedición de dicha ley.
6. Ministerio Público
35. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
7. Apelación adhesiva
36. Verificado el aplicativo SAMAI, correspondiente a la primera instancia,
surtido ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se encuentra que, la
entidad demandante, el Veintiséis (26) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026),
esto es, dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de
apelación8, presentó ante esa instancia procesal, escrito de apelación adhesiva9,
en los términos que se exponen a continuación.
37. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, interpuso recurso de apelación
adhesiva, frente a la negativa del restablecimiento del derecho pretendido,
relativo a la devolución de dineros por parte de la demandada, para insistir que
se acceda a la pretensión, por considerar que, le fueron pagados violando el
régimen legal y constitucional aplicable.
38. Sostuvo que, dado que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo,
lleva implícito el efecto de retornar las cosas al estado anterior en que se
encontraban al momento en que se profiere, el restablecimiento del derecho
7
SAMAI – Índice 00010.
8
De acuerdo con el aplicativo SAMAI en el índice 00009, el auto admisorio de la demanda fue notificado por estados
el Veintiuno (21) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), por lo que, su ejecutoria corrió entre el 22 y 26 veintiséis de
mayo siguientes.
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Expediente digital – SAMAI – Gestiones en otras corporaciones – Índice 00115.
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Número Interno: 3456-2025
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP
Demandada: María Nelly Suárez Villamil
va de manera conjunta con la declaratoria de nulidad, teniendo la misma
consecuencia.
39. Añadió que, tratándose de la salvaguarda de los recursos del sistema
pensional, y del principio de sostenibilidad financiera, de conformidad con el
artículo 48 superior, y, bajo los principios generales de la seguridad social,
relativos a la universalidad, eficiencia y solidaridad, consagrados en la Ley 100
de 1993, negar la restitución de los mayores valores pagados a la parte
demandada, iría en contravía de los citados principios, ocasionando un
perjuicio irremediable a las finanzas públicas, y ocasionando un detrimento
patrimonial.
40. Concluyó que, es competencia del juez administrativo definir el
restablecimiento del derecho, cuando se profieren actos administrativos
contrarios a derecho, sin que ello implique demostrar la buena o mala fe del
beneficiado del acto, pues, basta con que se demuestre la actuación irregular,
ejercida en contravía de la ley y de la Constitución, para que opere el
restablecimiento del derecho, lo cual, en su criterio se encuentra acreditado.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
41. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA.
2.2. Cuestión previa
Previo a pronunciarse sobre la competencia, el problema jurídico y el caso
concreto, la Sala considera necesario precisar que, aunque en el presente
asunto, la apelación adhesiva propuesta por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, no fue admitida, al ser presentada de manera oportuna, esto es, dentro
del término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, en virtud
de los principios de celeridad y economía procesal, se resolverá junto con la
apelación elevada por la parte demandada.
10
Número Interno: 3456-2025
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP
Demandada: María Nelly Suárez Villamil
2.3. Problema jurídico
42. Corresponde a la Sala determinar, lo siguiente:
i) ¿en el presente asunto, debe aplicarse el término de caducidad,
establecido en artículo 86 de la Ley 2381 de 2024?
ii) De resultar negativa la respuesta al problema jurídico anterior, ¿debe
condenarse a la demandada a la restitución de las sumas pagadas por
concepto de pensión gracia, dada la declaratoria de nulidad de la
Resolución No. 008809 del Veintisiete (27) de mayo de Mil Novecientos
Noventa y Siete (1997)?
43. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.4. Marco normativo y jurisprudencial; 2.5. Material
probatorio; y 2.6 Caso concreto.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1. Devolución de sumas pagadas10
44. En principio, debe señalarse que, según el artículo 8311 de la Constitución
Política, la buena fe se presume en todas las gestiones que los particulares
adelanten ante las autoridades públicas. Al respecto, la Corte Constitucional,
en la sentencia C-131 de 200412, definió el principio general de la buena fe,
así:
“En relación con el principio de la buena fe cabe recordar que es uno de los principios
generales del derecho13, consagrado en el artículo 83 de la Constitución, el cual
gobierna las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos, y que sirve
de fundamento al ordenamiento jurídico, informa la labor del intérprete y constituye un
decisivo instrumento de integración del sistema de fuentes colombiano.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P.: Jorge Edison Portocarrero
Banguera, dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024), Radicado : 05001-23-33-000-2019-00643-01 (7801-
2023).
11
«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
12
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
13
Ver al respecto, A. Jeanneau, “Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative”, París, LGDJ,
1954 y Ch. Letourneur, «Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », París, LGDJ, 1980.
11
Número Interno: 3456-2025
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP
Demandada: María Nelly Suárez Villamil
En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una
exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la
palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades
públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un
soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que
componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la
buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de
derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el
sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los
sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor
ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de
voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que
ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena
fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y
ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico».
45. En tal virtud, para que resulte procedente el reintegro de los valores
recibidos por aquellas personas a las que se les haya reconocido una
prestación sin tener derecho a ella, o por un monto mayor al debido, en el
proceso deberá quedar probada la mala fe con que pudieron actuar para
obtener el pago de tal beneficio, en atención a que la buena fe es una
presunción que debe ser desvirtuada.
46. En ese sentido se pronunció esta Sala de Subsección, en providencia del
Veintitrés (23) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017)14, al estimar que “[…] la
devolución de las sumas pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a verificar que
hayan mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la administración en
orden a obtener tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra demostrar, no habrá
lugar a ordenar reintegro alguno”, dado que “el concepto de buena fe hace referencia al
comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y autoridades para mantener
un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y oportunidades de los asociados.
Además, como se expresó previamente, por mandato Constitucional, se presume la buena fe
de los particulares en sus relaciones con las autoridades del Estado, siendo deber de quien
alegue la mala fe demostrar los hechos sobre los cuales se fundamenta”. Este criterio ha
sido reiterado por esta Subsección, entre otros, en el proveído del Dieciséis
(16) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)15.
2.5. Material probatorio
47. En el plenario reposan los siguientes medios de convicción:
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Expediente: 19001-23-31-000-2012-
00251-01 (2036-2015), actora: UGPP, demandado: Antonio Claret Pérez Cárdenas, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15
Expediente: 54001-23-33-000-2013-00047-01 (258-2017), C. P. César Palomino Cortés. Véase también sentencia
de 7 de septiembre de 2018, expediente: 25000-23-42-000-2014-03257-01 (4792-2017), C. P. César Palomino
Cortés.
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Número Interno: 3456-2025
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP
Demandada: María Nelly Suárez Villamil
• Cédula de ciudadanía de la señora María Nelly Suárez Villamil, con fecha de
nacimiento el Veintisiete (27) de junio de Mil Novecientos Cuarenta y Cinco
(1945)16.
• Liquidación de pensiones en favor de la señora María Nelly Suárez Villamil,
emitida por el Consorcio FOPEP17.
• Copia acta de posesión de la señora Suárez Villamil como maestra de
segunda categoría de un grupo urbano del municipio de Puente Nacional
Santander18.
• Copia acta de posesión como de la señora Suarez Villamil como maestra
consejera de la Normal Superior Antonia Santos del municipio de Puente
Nacional Santander del tres (03) de agosto de Mil Novecientos Setenta y Tres
(1973)19.
• Copia de la Resolución No. 507 del Primero (1) de febrero de Mil Novecientos
Setenta y Cuatro (1974), mediante la cual, el ministro de Educación Nacional
encargado, trasladó a la señora María Nelly Suárez Villamil, de la Anexa
Normal Nacional Señoritas, Puente Nacional de Santander, a la Normal
Nacional de Señoritas de Cali, Valle.
• Copia del acta de posesión No. 2438 del Veintiséis (26) de febrero de Mil
novecientos Setenta y Cuatro (1974)20.
2.6. Caso concreto
2.6.1. Caducidad del medio de control
48. Con miras a resolver el primer problema jurídico planteado, atinente a la
operancia de la caducidad del presente medio de control, es necesario
recordar que, los términos para presentar oportunamente las demandas ante
16
Expediente digital – SAMAI – Gestiones en otras corporaciones – Índice 00042 – Folio 175.
17
Expediente digital – SAMAI – Gestiones en otras corporaciones – Índice 00042 – Folio 99 a 104.
18
Expediente digital – SAMAI – Gestiones en otras corporaciones – Índice 00042 – Folio 260.
19
Expediente digital – SAMAI – Gestiones en otras corporaciones – Índice 00042 – Folio 261.
20
Expediente digital – SAMAI – Gestiones en otras corporaciones – Índice 00042 – Folio 151.
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Número Interno: 3456-2025
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP
Demandada: María Nelly Suárez Villamil
esta Jurisdicción, fueron consagrados inicialmente en el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011; no obstante, con posterioridad se expidió la Ley 2381 de 2024,
norma que establecía una restricción temporal para el ejercicio de las acciones
contencioso administrativas relacionadas con pensiones, de la siguiente
manera:
«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después
de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»
49. La citada disposición normativa, comporta una modificación del régimen
de oportunidad contemplado por el artículo 164 del CPACA, con vocación de
aplicación inmediata, incluso para los procesos en los que se debatía la
legalidad de actos administrativos que reconocieron una pensión y se
encontraban en trámite al Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024),
fecha de promulgación de la comentada ley.
50. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante el Auto 841 de 2025,
dispuso la suspensión de la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, y su
devolución a la Cámara de Representantes, para que subsane un vicio de
procedimiento en que se incurrió en el proceso de discusión y votación, por
ende, una vez la Cámara cumpla con lo ordenado por la alta corporación, esta
se pronunciará definitivamente de fondo sobre la constitucionalidad de dicha
ley.
51. No obstante, la Subsección B, durante el tiempo en que la referida ley
estuvo vigente, decantó que, el artículo 86, no podía ser aplicado de manera
contraria a los postulados esenciales que rigen la implementación de reglas
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, consagradas en el
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artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues, si bien es cierto, las normas de
derecho procesal son de orden público, y «[…] prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir», tampoco es menos cierto
que, «[…] los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron
a surtirse las notificaciones».
52. Por lo tanto, la Subsección B en reiterados pronunciamientos21 concluyó
que, el término de caducidad establecido por la Ley 2381 de 2024, solo resulta
oponible respecto de las demandas formuladas después de su promulgación,
conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887; no siendo posible, superponer
a los procesos judiciales en trámite, un término que no existía en el momento
en que fueron iniciados.
53. A tal conclusión arribó esta Sala, con miras a garantizar el principio de
confianza legítima, así como, el derecho fundamental al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, consagrados en
el artículo 29 de la Constitución Política.
54. En el presente asunto, el acta individual de reparto da cuenta que, el medio
de control fue interpuesto el Veintiocho (28) de septiembre de Dos Mil
Dieciocho (2018)22.
55. Vistas así las cosas, aunque le asiste razón a la parte demandada, al
afirmar que, para el Ocho (8) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), fecha
en la que fue proferida la decisión de primera instancia por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, la suspensión de la Ley 2381 de 2024,
anunciada por la Corte Constitucional, aún no había operado, en tanto y en
cuanto, la notificación del Auto 841 de 2025, acaeció el Catorce (14) de agosto
21
Entre otras, se puede consultar la sentencia del 19 de junio de 2025, radicado 25000-23-42-000-2017-06078-01
(0187-2025), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Expediente físico – folio 127.
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de Dos Mil Veinticinco (2025), no es esta la razón que da lugar a exceptuar del
presente asunto, el término de caducidad dispuesto en dicha normativa.
56. Bajo este presupuesto, tal como quedó establecido en precedencia, con
prescindencia al momento en que fue proferida la sentencia de primera
instancia, de conformidad con el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153
de 1887, al sub examine le resulta aplicable el numeral 1, literal c), del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, comoquiera que, al momento de presentación de
la demanda, esa era la norma que regía la oportunidad para el ejercicio del
medio de control.
57. En ese orden de ideas, no es dable acceder a la aplicación del término de
caducidad requerido por la parte demandada, por lo cual, la Sala mantendrá
incólume la decisión de primera instancia en este aspecto, pero atendiendo a
las precisas razones expuestas en este proveído.
2.5.2. De la devolución de las sumas de dinero pagadas por concepto de
pensión gracia
58. En la apelación adhesiva, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP,
reclama el restablecimiento del derecho, relativo a la orden de reintegro de las
mesadas percibidas por la demandada, por concepto de la pensión gracia,
dada la declaratoria de nulidad del acto administrativo de reconocimiento de la
prestación, al ser concedida teniendo en cuenta tiempos de servicio del orden
nacional.
59. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, pese a que declaró la nulidad del acto administrativo que reconoció
la pensión gracia, negó el reintegro de las sumas percibidas por la demandada,
al considerar que, no se acreditó la mala fe de la pensionada, en la adquisición
de la prestación.
60. El planteamiento del recurso de alzada, se sustenta en que, a partir de la
nulidad declarada, deben devolverse las cosas a su estado anterior, lo que
incluye la aludida devolución de dineros, máxime, cuando se trata de rubros
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públicos, que imponen su salvaguarda, a efectos de preservar la sostenibilidad
financiera del sistema; situación que obliga a que, con prescindencia de la
acreditación de la mala fe del demandado, se ordene el reintegro.
61. Tal como quedó establecido en el marco jurídico y jurisprudencial, de
acuerdo con el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, frente a pagos indebidos,
efectuados sin que medie mala fe del beneficiario, la recuperación de las
sumas debe analizarse a la luz de los principios de confianza legítima, buena
fe y protección del mínimo vital; y, por lo tanto, en estos eventos, la corrección
de la situación jurídica, suele proyectarse hacia el futuro, y la restitución de lo
pagado solo resulta procedente, cuando se acredita conducta dolosa, fraude
o abuso del derecho.
62. En el presente asunto, como bien lo verificó el A-quo, no obra prueba en
la foliatura procesal, que permita afirmar que, la señora Suárez Villamil, para
la obtención de la pensión gracia, acudió a medios fraudulentos.
63. A la anterior conclusión arriba la Sala, por cuanto, pese a que la
Resolución No. 08809 de 1997, por medio de la cual, se reconoció la pensión
gracia, pone de relieve que, la demandante elevó solicitud para el
reconocimiento pensional, era claro para la entidad que, los tiempos de
servicios reportados, correspondían al orden nacional, sin que pueda
verificarse engaño o alguna otra actuación, para la obtención de la prestación.
64. En este orden de ideas, de la sola solicitud de reconocimiento pensional,
no puede derivarse un actuar de mala fe, requisito necesario para disponer la
devolución de las mesadas pensionales pretendidas por la entidad
demandante.
65. La Sala considera oportuno precisar que, si bien es cierto, se ha dado
aplicación irrestricta, al postulado según el cual, en los casos en los que se
discuten prestaciones periódicas, «no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe», en reciente
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pronunciamiento23, se esclareció que, en asuntos como el presente, se debe
examinar si el demandado recibió sumas provenientes del tesoro público, que
encuadren dentro de la proscripción contemplada en el artículo 128
Constitucional, en armonía con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992.
66. En el precedente referenciado se adujo que, dado que el juez
administrativo está obligado a preservar el ordenamiento jurídico y el
patrimonio público, resulta procedente ordenar la devolución de los valores
recibidos por concepto de mesadas pensionales, durante el lapso en que
también percibió otra asignación del tesoro, en virtud de la estabilidad
financiera del sistema.
67. No obstante, el supuesto referenciado, dista del ocurrido en el sub
examine, comoquiera que, en esta ocasión no se está en el escenario de la
prohibición de recibir doble asignación del tesoro público, sino frente al pago
de una pensión gracia sin el cumplimiento de requisitos, lo que impone, evaluar
la buena o mala fe del recurrente; sin que sea factible, como lo propone el
extremo procesal activo, desconocer los derroteros del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011, pues se insiste, este asunto no se encuadra en los presupuesto
del artículo 128 constitucional.
68. Siendo así las cosas, la Sala reafirma que, pese a la nulidad declarada
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no hay lugar a ordenar a la
parte demandada, la devolución de las sumas de dinero que recibió por
concepto de pensión gracia, al mantenerse la presunción de buena fe, razón
suficiente para mantener incólume la sentencia de primera instancia.
2.6 Condena en costas
69. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos establecidos por el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011; por lo tanto, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia
del 28 de mayo de 2026, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. 05001-23-33-000-2023-00962-01 (0251-
2026).
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Ocho (08) de agosto de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pero atendiendo
las precisas razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Ausente con excusa
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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