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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00930-01

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00930-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO. REVO CAR la sentencia proferida por el Tribunal www.consejodeestado.gov.co 31 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 76001233300020180093001 (1306-2022) Demandante: Nubia Inés Marmolejo Benítez Administrativo del Valle del Cauca el 7 de octubre de 2021, que negó las pretensiones d e la demanda presentada por la señora Nubia Inés Marmolejo Benítez contra la Unida d Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafis cales de la Protección Social –UGPP–. En su lugar, se dispone: SEGUNDO. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 012316 del 24 de marzo, RDP 017655 del 27 de abril y RDP 22344 del 30 de mayo de 2017, todas del 2017, por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia a la señora Nubia Inés Marmolejo Benítez . TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la señora Nubia Inés Marmolejo Benítez , identificad a con cédula de ciudadanía 31.235.968 de Bolívar, Valle del Cauca , desde el 4 de noviembre de 2013 , en cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores salaria les devengados durante el año previo a la adquisición del estatus pensional comprendido entre el 4 de noviembre de 2012 y el 3 de noviembre de 2013, entre los que se encuentran la asignación básica, y una doceava parte de las primas de navidad y vacaciones docentes, de conformidad con la certificación obrant e a folio 8 correspondiente al año 2013 y los que correspondan a 2012, de acuerdo con la certificación de salarios que deberá emitir el ente territorial, según se explicó, y tendrá efectos fiscales a partir del 21 de noviembre de 2013 , por prescripción trienal. Las sumas que resulten de la condena anterior serán ajustadas en los términos del artículo 187 del CPACA, dando aplicación a la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-00930-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

28 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 76001233300020180093001 (1306-2022)
Demandante: Nubia Inés Marmolejo Benítez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social 1.

Temas: Pensión gracia . Tipo de vinculación. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA

La Sala de Subsección A resuelve el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el
7 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo de l Valle del
Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1. Pretensiones

La señora Nubia Inés Marmolejo Benítez , por intermedio de
apoderad a, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previst o en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011 3, requirió d eclarar la nulidad de las Resoluciones
RDP 012316 del 24 de marzo, RDP 017655 del 27 de abril y RDP

1 En adelante UGPP.
2 Folios 37 a 43.
3Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En adelante CPACA.

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Demandante: Nubia Inés Marmolejo Benítez

22344 del 30 de mayo de 2017, todas del 2017 , por medio de las
cuales la entidad demandada negó la solicitud de reconocimiento y
pago de la pensión gracia .

A título de restablecimiento del derecho, solicitó con denar a la
entidad demandada a (i) liquidar y pagar la pensión gracia desde el
1.º de enero de 2013, fecha en la que adquirió el estatus pensional
equivalente al 75% sobre la liquidación efectuada con base en todos
los factores sa lariales devengados en el «último año de servicio» ;
(ii) indexar las sumas adeuda das; (iii) cumplir la sentencia de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 189 y 195 del CPACA ; y
(iv) pagar costas de conformidad con el artículo 188 ejusdem.

1.2. Hechos que funda mentan la demanda

La señora Nubia Inés Marmolejo Benítez expuso que nació el 21 de
febrero de 1952 y laboró como docente de manera interrumpida del
28 de enero de 1976 hasta la fecha de presentación de la demanda.

Indicó que e l 21 de noviembre de 2016 solicitó ante la demandada
el reconocimiento y pago de la pensión gracia y esta fue negada a
través de los actos administrativos demandados.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

La actora argumentó que con los actos adm inistrativos censurados
la entidad incurrió en violación directa de la ley sustancial y falsa
motivación al no tener en cuenta que la vinculación corre spondiente
al 7 de enero de 1997 no es nacional según se puede colegir del
acto de nombramiento y de posesión que emana del gobernador del
Valle sin injerencia por parte del Ministerio de Educación o del
Gobierno nacional.

Agregó que el certificado de tiempo de servicio indica , sin ningún
soporte que la vinculación es nacional, afirmación que deriva de la
omisión de la entidad en valorar todos los documentos allegados,

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pues estos dan cuenta de manera diáfana que la vinculación de l a
demandante es nacionalizada según se extrae de todos los decretos
de nombramiento , además, «si la vinculación de 1981 es
nacionalizada y posteriormente, desempeñ ó la misma labor, en la
misma Institución Educativa Manuel Dolores Mondragón, bajo
ninguna circunstancia una vinculación puede mutar de nacionalizada
a nacional cuando se desempeña en las mismas circunstancias. »

2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA 4

La UGPP se op uso a la prosperid ad de las pretensiones de la
demanda al considerar que la accionante no cumplió con los
requisitos para acceder a la presta ción que reclama , ya que de
acuerdo con la certificación de historia laboral la vinculación fue
nacional.

Sumado a anterior, señaló que, de conformidad con lo establecido
en el numeral 2.º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, se exige para
el reconocimiento de pensión gracia, acreditar vinculación como
docente departamental, municipal o distrital a 31 de diciembre de
1980.

Propuso las excepciones de (i) inexistencia de la obligación
demandada y cobro de lo no debido; (ii) ausencia de vicios en el
acto administrativo demandado ; y (iii) prescripción .

3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 5

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el
7 de octubre de 2021, por medio de la cual negó las pretensiones de
la demanda, por concluir que, de acuerdo con el material probatorio
relacionado, pese a que la actora se vinculó como d ocente
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, cumpliendo así el

4 Folios 127 a 132.
5 Folios 137 a 143.

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límite temporal del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, no tiene derecho
al reconocimiento de la pensión gracia porque no completó 20 años
de servicio como docente territorial o nacion alizada.

En relación con la vinculación efectuada por medio del Decreto 0009
del 7 de enero de 1997, este fue suscrito por el gobernador del
departamento del Valle del Cauca y fue certificada por la Secretaría
de Educación Departamental del Valle del Cauc a com o del orden
nacional.

Señaló que no es de recibo el argumento expuesto por la actora en
el sentido de manifestar que se trata de una vinculación como
docente nacionalizada, porque en el año 1981 había sido nombrada
por el ente territorial en el mism o plantel educativo en esa calidad,
de modo que en su concepto, la vinculación no puede mutar a
nacional, sin tener en cuenta que entre las dos vinculaciones
transcurrie ron más de 14 años, y porque los docentes vinculados a
partir de 1990 al FOMAG tienen la cat egoría de docentes nacionales,
a pesar de haber sido nombrados por una entidad territorial.

Adicionalmente, expuso que en la sentencia de unificación del 21 de
junio de 2018 , el Consejo de Estado estableció que la calidad de
docente territorial se puede acreditar con el acto administrativo de
nombramiento y la certificación de la entidad nominadora en la que
se dé cuenta de manera inequívoca del tipo de vinculación y en este
caso la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca
certificó que la mencionada vinculación es de carácter nacional y
«del acto administrativo de nombramiento no se puede determinar
que la plaza ocupada sea territorial o nacionalizada », de manera
que no acredit ó la prestación de 20 años de servicio co mo docente
territorial o nacionalizada.

4. EL RECURSO DE APELACIÓN 6

6 Folios 147 Vto., a 148 Vto.

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La parte demandante solicitó revocar la decisión y , en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda , toda vez que el tribunal
incurrió en erro r al analizar los actos de nombramiento que
evidencian que el carácter jurídico de la vinculación fue territorial y,
en ese orden , cumplió con los requisitos exigidos por la Ley 114 de
1913, es decir, 20 años de ser vicio y 55 años de edad.

5. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A

5.1 La entidad demandada 7 reiteró los argumentos expuestos en el
escrito de contestación en el sentido de manifestar que , según las
certificaciones de tiempo de servicio , se indica que la interesada
tiene tipo de vinculación nacional.

La parte demandante , la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y el Ministe rio Público guardaron silencio .

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8 y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Códi go
General del Proceso 9.

2.2. Problema jurídico

7 Memorial allegado a SAMAI, visible a índice 12.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior.El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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Corresponde a la Sala , de acuerdo con el recurso de apelación
interpuesto por parte demandante , determinar si la señora Nubia
Inés Marmolejo Benítez , en su calidad de docente oficial, tiene
derecho al reconocimiento de la pensión gracia en a plicación del
régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que
regulan dicha prestación .

2.3. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.3.1. La pensión gracia.

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un té rmino no menor
de 20 años.

Respecto de los co ndicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i)
haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración
y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o
recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por
su parte, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado
al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública y
autorizó la suma de servicios prest ados en diversas épocas al
computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la
inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Con la Ley 37 de 1933, el beneficio se hizo extensivo a los maestros
de escuela que hubieren completado el tiempo de servicio s señalado
por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

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Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional», «nacionalizado» y
«territoria l».

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia p ara los docentes al establecer
que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que
por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen
o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá,
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos .

En ese orden, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está
prevista para los d e carácter territo ria l y nacionalizado, es decir, con
exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particu lar, la Sala
Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto
de 1997 señaló con claridad dicha exclusión.

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o nat uraleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE -S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 10 previó las
pautas jurisprudenciales a seguir en relación con el presupuesto
proveniente del situado fiscal y la titularidad de los recursos
provenientes del sistema general de participaciones.

Dicha decisión hizo también referencia a los fondos educativos
regionales, los cuales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados y
en ese sentido se aclaró que el universo de esos recursos con los

10Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).

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que se financiaban, le pertenecía de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a su s presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas, por lo que no es dable inferir que los
docentes territoriales y/o nacion alizados se con vierten en
educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territo rial,
el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con
la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los
recursos destina dos para su sostenimiento tienen su origen o fuente
en la Nación.

La sentencia en mención, se refirió a la prueba de calidad de
docente territorial para lo cual, determinó que se requiere copia de
los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además
se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar
sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en
su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territ orial.

En cuanto al origen de los recursos de la entidad nominadora, se
señaló que lo esencialmente relevante, frente al reconocimie nto de
la pensión gracia, es la certificación de la plaza a ocupar, esto es,
que sea de carácter territo rial o nacio nalizada.

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 11, la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisp rudencial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2.º, literal a , de la Ley 91 de 1989, para

11Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).

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efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que lo s docentes
pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cua ndo acrediten una vinculación
territorial o nacion alizada con antelación al 31 de diciembre de 1980
y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencia l definieron
que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual
son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de
resolución tanto en sede administrativa como judicial.

En conclusión, queda claro que, para acceder al reconocimiento de
la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años
en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o in spector de
instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con
alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre
y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los
demás requisitos exigidos, es decir, haber alcanzado la edad de 50
años y haber observado buena conducta.

2.3.2 De la orden de servicios

El Decreto 2277 de 1979, define la profesión docente, en los
siguientes términos:

«Ar t í culo 2. PRO FESI O N DO CENTE. Las per sonas que ej er cen la
pr of esión docent e se denom inan genér icam ent e educador es. Se
ent iende por pr of esión docent e el ej er cicio de la enseña nza en
plant eles of ici ales y no of icia les de educ ación en los d ist int o s nivel es
de que t r at a est e decr et o. I gualm ent e incluye est a def inici ón a los
docent es que ej er cen f unciones de dir ección y coor dinació n de los
plant eles educat iv o s de super visión e inspección escol ar , de
pr ogr am ación y cap acit ación e ducat iva, de consej er í a y or ient ación
de educando, de educación especi al, de alf abet ización de adult os y
dem ás act ividades d e educació n f or m al aut or izadas por el M i nist er io
de Educac ión Nac io nal en los t ér m inos que det er m ine el r eg lam ent o
ej ecut ivo.

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Ar t í culo 3. EDUCAD O RES O FI CI ALES. Lo s educador es que pr est an
sus ser vicios en ent idades of icia les de or den naciona l,
depar t am ent al, dist rit al, int endenc ial, c om isar ial y m unicip al son
em pleados of ici ales de r égim en especia l que, una vez posesionados,
quedan vinc ulad os a la adm in ist r ación por las nor m as pr evist as en
est e decr et o» ( Subrayado fuera de texto)

Sin embargo, ante la imposibilidad de crear nuevas plazas de
maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria con
cargo al presupuesto estatal, las entidades territoriales optaron,
entre otras modalidades 12, por proveer los cargos docentes con
personas instruidas en el ejercicio de la referida activid ad, a través
de ordenes de prestación de servicio s.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación 13 ha sido clara en
señalar que el tiempo de servicios prestado por lo s docentes
mediante órdenes o contratos de prestación de servicios, sí es
computable para a efectos de acreditar los 20 años de ejercicio de
la docencia en el nivel territoria l o nacionalizado requeridos para ser
beneficiario del derecho pensional reclamado. Así, por ejemplo, en
reciente providencia se sostuvo:

«[ …] En est os casos, dada la nat ur aleza de la f unción docent e, el
pr incip io de la pr im a cí a de la r eali dad so br e las f or m alidades cobr a
especia l r elevancia, habi da cuent a de que la labor desem peñada a
t r avés de contr at os u ór denes de pr est ación de ser vicios de sent r aña
una ver dader a r ela ción de t r abaj o sobr e la apar ienci a que haya
quer ido ocult ar l a, com oquier a que los m aest r os vinculados b aj o esa
m odalida d de cont r at ación, se insi st e, cum plen sim i lar es f uncione s
a los de plant a que est án suj et os a un especí f ico r égim en legal y
r eglam ent ar io y, adem ás, deben acr edit ar iguales condic io nes de
f or m ación y exper iencia.

De igu al f or m a, en lo que r esp ect a a e st e t ipo de vi nculac ión, en
par t icular cuando s e t r at a de m aest r os, la Cor t e Const it uc iona l es
del cr it er io que la «[ …] pr im ací a de la r ealidad so br e las
f or m alidades est ab lecid as por los s uj et os de las r el aciones

12 Vinculación como la interinidad, los nombramientos en provisionalidad e
inclusive el ejercicio de la docencia por horas cátedras.
13Ver entre otras sentencias del: 15 de julio de 2010 . Rad. 25000 23 25 000
2007 91356 01 (1465 -09); 10 de marzo de 2016, radicado 52001 -23-33-000-
2013-00145-01 (2604-14); del 19 de febrero de 2018, Rad:
25000234200020150003201 (2300–2017); 11 de marzo de 2001, radicado
52001-23-33-000-2016- 00499-01(2298-19); 19 de julio de 2018, radicado
17001-23-33-000-2013-00457-01 (3598-14).

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labor al es, es un pr incipi o const it uciona l [ …] » 14, y si el int ér pr et e
j udicia l, «[ …] en un caso concr et o, decide, por que lo e ncuent r a
pr obado, ot or gar le a un docent e cont r at ist a el car áct er de tr abaj ador
al ser vic io del Est ad o, puede hacer lo co n base en el ar t í culo 53 de
la CP [ …] » 15.

En est os casos, dada la nat ur aleza de la f unción docent e, el p r incip io
de la pr im ací a de la r ealidad sobr e las for m alidades cobr a especia l
r elevanci a, puest o que la labor desem peñada a t r avés de ór denes
de pr est ación de s er vicios des ent r aña una ver dader a r el ación d e
t r abaj o sobr e la apar iencia que haya quer ido ocult ar la, com oquier a
que los m aest r os vin culados baj o esa m o dali dad de cont r at ac ión, se
insist e, cum plen si m ilar es f unciones a los de plant a que est án
suj et os a un específ ico r égim en legal y r eglam ent ar io y, adem ás,
deben a cr edit ar igua les condic iones de f or m ación y exper ien cia. Por
t ant o, la Sala valida el t iem po labor ado por el accionant e com o
docent e m ediant e co nt r at os de pr est ación de ser vic ios, par a que sea
cont abil izado con e l ej er cido en pr opiedad, cir cunst ancia que l e
per m it e, pr evio e st udio de su c a so par t icular , acc eder al
r econocim ient o de l a pensión gr acia. . [ …] » 16

En ese orden, lo que se debe acreditar es el objeto de los mismos,
es decir, que efectivamente se haya vinculado para prestar el
servicio docente sin importar la naturaleza ni la clase de vinculación ,
de modo que deberán ser tenidos en cuenta para el cómputo del
reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que durante el lapso
laborado mediante dicha modalidad se entienden configurados los
elementos de la relación laboral que son inherentes a la labor de los
maestros.

2.4. Caso concreto

2.4.1 Actuación admini strativa

I) El 21 de noviembre de 2016 la accionante solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.

II) La UGPP mediante la Resoluci ón RDP 012316 del 24 de
marzo de 2017 17 negó la petición, para lo cual argumentó que, de

14 S e n t e n c i a C-555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
15 I b i d e m .

16Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 30 de septiembre de
2021, radicación número: 70001-23-33-000-2016-00191-01(0728-18).
17 F o l i o s 13 a 17.

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acuerdo con las certificaciones aportadas, los tiempos laborados a
partir de 1997, fueron prestados con nombramientos cuyo carácter
jurídico es nacional.

III) La actora interpuso recursos de reposición y apelación, los
cuales fueron resueltos por medio de las Resoluciones RDP 017655
del 27 de abril y RDP 22344 d el 30 de mayo de 2017, ambas del
2017, que confirmaron la decisión con los mismos argumentos.

2.4.2 Hechos probados y análisis del caso concreto

2.4.2.1 La demandante nació el 21 de febrero de 1952 18, por
tanto, el mismo día y mes de 20 10, cumplió 50 años de edad.

2.4.2.2 Respecto del tiempo de servicio docente , se observa lo
siguiente:

A) Del periodo comprendido entre el 28 de enero de 1976 y el 9 de
marzo de 1978 , nombrada mediante el Decreto 059 del 28 de
enero de 1976 19, así:

«DECRETO NUMERO 0059 DE 1976
(Enero 28)
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en uso de sus atribuciones legales,
DECRETA
[…]
Artículo Sexto.- Nómbrase a la Licenciada NUBIA INES MARMOLEJO, 2ª. categoría, Profesora de tiempo completo
del Colegio Simón Bolívar de Zarzal, Distrito Educativo No. 6.
[…]
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
[…]
Gobernador Secretario de Educación» (sic)
➢ Según el Acta 0791 del 5 de febrero de 1976 20, la actora tomó
posesión del cargo de «PROFESORA DE TIEMPO COMP LETO
COLEGIO “SIMON BOLIVAR”». La posesión se realizó a nte el
alcalde de Zarzal y su secretario.

18Así consta en la copia de la cédula de ciudadanía allegada a folios 5 y 59
Vto., así como en el registro civil de nacimiento a folio 60.
19 F o l i o s

20 F o l i o 18.

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➢ De acuerdo con el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral ref erido a este específico
periodo, que fuera emitido por la Secretaría de Educación del
Valle del Cauca el 15 de noviembre de 2016 21 se señala que el
«1 TIPO DE VINCULACIÓN» es «Nacionalizado».

Se relacionaron los siguientes extremos temporales :

Acorde con las piezas reseñadas, lo que constituye relevancia para
determinar si la docente tiene el derecho o no al reconocimiento de
la pensión gracia, es si fue nombrad a docente antes del 31 de
diciembre de 1980 y si se t rató de una vinculación de carácter
territorial o nacionalizada .

Del acto de nombramiento es preciso resaltar que la nominación fue
emanada del gobernador del departamento del Valle del Cauca , en
calidad de representante del ente territorial, en uso de las facultades
que le son inherentes, es decir, que no invocó no rmas que permitan
inferir que actuaba como delegado de la Nación; designación que
tampoco proviene del Ministerio de Educación Nacional y no fue
allegada alguna evidencia de la que se pu eda concluir que el mismo
se efectu ó con intervención de la Nación . Sumado a ello, no se
especificó que los pagos de los salarios fueran procedentes de esta
cartera.

21 F o l i o s 12 y 13.

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Adicionalmente, de manera expresa, en el acto administrativo objeto
de estudio, se registró que se nombraba a la actora en una plaza del
Colegio Sim ón Bolívar de Zarzal, es decir, que fue nombrada
maestra en una plaza del ente territorial , específicamente en el
municipio de Zarzal.

Sobre este nombramiento es posible determinar que ocurrió antes
del 31 de diciembre de 1980, lo que por regla general correspondería
a un vínculo territorial o nacionalizad o .

Ahora, en lo que corresponde a determinar cuándo un docente es de
carácter terr itoria l o nacionalizado, resulta relevante destacar que
la Corte Constitucional, en sentencia C -084 de 1999, al analizar la
constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91
de 1989, precisó que antes de la nacionalización de la educa ción
que se surtió conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían
sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii) t erritoriales.
Específicamente, expuso:

«3. 2. 2. Así m ism o, se obser va por la Cor t e que, ant es de la
" naciona lizac ión" d e la educac ión pr i m ar ia y secundar ia of icial
decr et ada por la Ley 43 de 1975 par a ser cum plida en un per í odo
de cinco añ os, es deci r hast a el 31 de di ci embre de 1980,
exi st í an dos cat eg orí as de docent es of i ci al es, a saber: l os
naci onal es, vi ncul ados l aboral ment e de manera di rect a al
M i ni st eri o de Educaci ón Naci ona l ; y l os t erri t ori al es,
vi ncul ados l aboralment e a l os depart ament os , en nada se oponí a
a la Const it ución ent onces en vigor , que exist ier a para ést os
últ im os la denom ina da " pensión gr acia" , de que t r at a la Ley 114 de
1913, post er ior m ente ext endida a otr os docent es por las leyes 116
de 1928 y 37 de 1933, com o t am poco se opone la pr olongaci ón de
sus ef ect os en el t i em po par a quienes act ualm ent e la disf r ut an, o
r eunier on l os r equi sit os sust ancia les par a t ener der echo a ell a
ant es del 31 de diciem br e de 1980, pues la diver sidad del
em pleador ( nación o depar t am ent o) , perm it í a, conf orm e a la Car t a,
est ablecer un t r at o d ist int o y una excepción al pr incip io gener al
pr ohibit ivo de devengar dos asignacio nes del Tesor o Público,
sit uación ést a qu e r esult a igu alm e nt e acom pasada con la
Const it ución Po lí t ic a de 1991, pues la nor m a acusada ( ar t í culo 4º ,
num er al 3º Ley 114 de 1913) , en nada vulner a e l pr inc ipi o de la
igua ldad consagr ad o por el art í culo 13 de la Car t a M agna, el cual
pr ohibe ( sic) dispe n sar t r at o dif er ent e y discr im inado " por r azones
de sexo, r aza, or ige n nacion al o f am i liar , lengua, r el igió n, o pini ón
polí t ica o f ilos óf ica" , nada de lo cual o cur r e en est e caso. [ …] »
(Negrilla de la Sala)

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Por su parte, esta Sala ha precisado que «El carácter nacionalizado
de la designación […] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley
91 de 1989, en tanto dispone que son nacionali zados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por l a Ley 43 de 1975 ». En similar
sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia C -085 de 2002,
indicó que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoria les».

Sumado a lo anterior, en lo que corre sponde a dicha diferencia esta
Corporación en la citada sentencia de unificación CE -SUJ2-011-
18 del 21 de junio de 2018 , concluyó:

«Por su par t e, se ent iende por personal naci onal i zado ( i) aquel
que siendo t er r it or ia l ant es del 1. de en er o de 1976 f ue obj et o del
pr oceso de nacional izació n inic iado con la expedic ión de la Ley 43
de 1975; y ( ii) los q ue a par t ir de esa f echa se hayan vi nc ulado a
una plaza de aquellas que f uer on naciona liz adas en vir t ud,
t am bién, del a ludi do pr oceso adel ant ado por la nor m a en cu est ión
( Ley 43 de 1975) .

Ent r e t ant o, debe ent ender se por personal t errit ori al el vinculado
por ent idades de es e or den a par t ir del 1. de ener o de 1976 , sin el
cum plim ient o de l r e q uisit o est ab lec ido en el ar t í culo 10 d e la Ley
43 de 1975; est o es, que la plaza a ocupar haya sido cr eada de
f or m a exclusiva por el ent e local y los g ast os que est a gene r e se
cubr an con car go a su pr opio pr esupues t o. »

Adviértase que esas reglas jurispru d enciales deben analizarse en
cada caso particular en conjunto con todos los elementos de juicio
para concluir sin lugar a equívoco el tipo de vinculación del
respectivo docente.

Lo anterior permit e colegir que, para dicho periodo, la docente, en
principio ostentarí a una vinculación nacionalizada , pues la misma
tuvo lugar después de la nacionalización de que trata la Ley 43 de
1975 (toda vez que la expedición y entada en vigencia fue el 11 de
diciembre de 197 5).

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Lo anterior, coincide con la informació n contenida en la certificación
relacionada que indica que el tipo de vinculación es nacionalizada.

Por consiguiente, esta Corporación concluye que la accionante
ocupó el cargo de educadora en el periodo anali zado y que la
naturaleza de la vinculación fue nacionalizada , lo que permite que
sean tenidos en cuenta a efectos de la pensión gracia , por lo cual,
este tiempo es susceptible de acredit ar la vinculación a ntes del 31
de diciembre de 1980 y de ser contabilizado para efectos de colmar
el requisito de tiempo de servicios exigido para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión gracia (20 años).

B) Del periodo comprendido entre el 2 de octubre de 1981 y el 30
de junio de 1982 , nombrad a mediante el Decreto 2274 del 2 de
octubre de 1981 22, a saber:

«DECRETO NUMERO 2274 DE 1981
(octubre 2)

Por el cual se hacen unos nombramientos en la Secretaría de Educación

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en uso de sus atribuciones legales,

DECRETA

Artículo Primero: Hácense los siguientes nombramientos en el Distrito Educativo No. 8
NUBIA INES MARMOLEJO, profesora de tiempo completo Colegio Manuel Dolores Mondragón,
Bolivar, en remplazo de Abdias Morán, quien fue trasladado, Especialidad Idiomas.

[…]
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
[…]
Gobernador Secretario de Educación» (sic)

• Mediante Acta del 15 de octubre de 1981 23, la accionante tomó
posesión del cargo de « PROFESORA DE TIEMPO CO MPLETO
COLEGIO MANUEL DOLORES MONDRAGÓN», ante el alcalde del
municipio de Bolívar, Valle , y su secretario.

• De acuerdo con la información allegada en el Formato Único para

22 F o l i o 19.
23 F o l i o 20.

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la Expedición de Historia Laboral , referido a este específico
periodo, se señala que el «TIPO DE VINCULACIÓ N» de la docente
es «Nacionalizado ».

Se relacionaron los siguientes extremos temporales :

De la lectura de los documentos relacionados, es posible colegir
que, el acto de nombramiento emanó también del gobernador del
Valle del Cauca , en calidad de representante del ente local en uso
de las facultades que le son inherentes, es decir, que no invocó
normas que permitan inferir que actuaba como delegado de la Nación
y, en ese orden, la designación no proviene del Ministerio de
Educación Nacional ; tampoco fue allegada alguna evidencia de la
que se pu eda concluir que dicho nombramiento se efectu ó con
intervención de la Nació n y estuvo suscrito únicamente por el
gobernador y el secretario de educación.

Sumado a ello, no se especific ó que la plaza fuese nacional, o que
los pagos de esos salarios fueran pro ced entes de esta cartera y se
dispuso de manera expresa que se nombraba a la actora como
profesora de tiempo completo Colegio Manuel Dolores Mondragón ,
ubicado en el Distrito Educativo 8.

Adicionalmente, la accionante se posesionó ante el alcalde
municipal de Bolívar, Valle, sin que se evidencie intervención por
parte del Ministerio de Educación.

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Teniendo en cuenta que, en el asunto bajo análisis , la docente fue
nombrada por una entidad territorial después de la nacionalización
adelantada por la Ley 43 de 1975, es dable concluir que ostentó una
vinculación nacionalizada .

Cabe advertir, además, que, en este caso, la cert ificación emitida
por el FOMAG indica que la naturaleza jurídica del vínculo
correspondería al nacionalizad o, situación que coincide con la
interpretación del acto de nombramiento , por lo que este periodo
será tenido en cuenta para el cálculo , en aras de acreditar los 20
años de servicio.

C) Del periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 1996 y
el 15 de noviembre de 2016 (fecha de expedición del
certificado de historia laboral) , nombrada mediante Orden de
Servicios 791 F .E.R del 16 de septiembre de 1996 24, así:

24 F o l i o s 21 y 22.

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De este documento es dable colegir que se autoriza a la actora a
realizar para la S ecretaría de Educación del Valle de l Cauca con

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destino al Colegio Manuel Dolores Mondragón – satélite en
corregimiento La Tulia, del municipio de Bolívar , prestar sus
servicios profesionales en materia educativa «mientras SE
CONVOCA A CONCURSO E N REEMPLAZO DE LA SEÑORA OLGA
LUCÍA VALDERRA MA QUIEN RENUNCIÓ» .

Se estableció como «VALOR Y FORMA DE PAGO» la suma de
«$988.469 TOTAL POR 94 DÍAS» y se determinó que «La Secretaría
de Educación del Departamento cancelar ía el valor de la orden de
servicios con cargo al rubro 0301001 del presupuesto de ingresos y
gastos del Fondo Educ ativo Regional del Vall del Cauca FER,
vigencia fiscal 1995»

En ese orden, la S ala precisa que en dicho documento se encuentra
acreditado el objeto del mismo, que de manera expresa dispuso que
consiste en «[g]arantizar la p restación oportuna y permanente del
servicio educativo », es decir, que se logra constatar que se le
vinculó para prestar el servicio docente y, por ende, no se hace
necesario que exista un proceso previo en donde se haya declarado
la figura de la realidad sobre las form as , por cuanto , la Ley 114 de
1913, lo que está permitiendo es la retribución a quien haya ejercido
la labor docente, sin importar la forma de vinculación .

Lo anterior no se puede confundir , pues lo que se pretende en un
proceso para obtener el denominado contrato realidad o como se
denomina actualmente, relación laboral subyacente, la figura de la
realidad sobre las formas tiene otro objetivo y es el reconocimiento
de las diferencias salariales e n igualdad de condiciones a quienes
tienen una vinculación de planta desconociendo la activid ad docente
que ejerció independientemente de cómo se hubiese dado la
vinculación , de acuerdo con lo expuesto en el marco normativo
relacionado ut supra .

En este sentido , lo relevante es que el docente al reclamar el
derecho haya prestado esos servicios en un establecimiento del

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nivel territorial o n acionalizado.

Así, se tiene que, del análisis de dicho documento, es posible
afirmar que la entidad administrativa in dicó que la actora se
desempeñaría como docente mientras se convoca ba el concurso
para ocupar la vacante que dejó la señora Olga Lucía Valderrama y,
adiciona lmente, señaló de manera expresa que dicho periodo sería
pagado con cargo al presupuesto de ingresos y gastos del Fondo
Educativo Regional FER, vigencia fiscal 1995.

Esta última situación no supone que se trate automáticamente de
una vinculación del orden nacional, pues se recuerda que, en la
mencionada sentencia unificadora de 2018, se dejó claro que la
financiación de los gastos que generaban los FER no sólo dependía
de los recursos que la Nación le giraba a las entidades terr itoriales
–situado fiscal –, sino que también correspondía al ente local
destinar parte de su presupuesto para atender el sostenimiento de
dichos fondos.

Adicionalmente, se aclaró que los entes locales se convertían en
dueños de forma exclusiva de los din eros provenientes del situado
fiscal, dado que ingresaban a su presupuesto en calidad de rentas
exógenas y endógenas, por lo que no variaba el tipo de vinculación
por destinar esos recursos para pagar salarios origina dos por el
servicio que prestaban los e ducadores territoriales.

En ese orden, no cabe duda para esta Sala que dicha vinculación
mediante orden de servicios resu lta computable para acceder a la
pensión gracia y e n ese orden, este da cuenta de que la demandante
fue vinculad a al servicio de la gobernación del Valle del Cauca como
docente en el periodo referido, labor que , como se dijo, resulta ser
efectiva para acceder al beneficio de la pensión gracia, pues las
leyes que regulan la materia la concibieron como una compensación

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o retribución a favor de los maestros que laboraran en el nivel
territorial sin exig ir una calidad de vinculación específica 25.

Ahora bien, el periodo analizado se encuentra en concordancia y
continuidad con el Decreto 0009 del 7 de enero de 1997 26, así:
«Decreto 0009 de 199___
(07 ENE. 1997)

Po el cual se hacen unos Nombramiento en la Secretaría de Educación
Departamental del Valle.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en
uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO

• Que la Ley 115 de 1994 señala que la vinculación al servicio educativo
estatal será para únicamente para quienes previo concurso hayan sido
seleccionados y acrediten los requisitos legales.

• Que la Resolución 20974 de 1989 expedida por el Ministerio de
Educación Nacional estableció las bases, formas y procedimientos del
concurso abierto para personal docente.

• Que el Decreto 2277 de 1979 señala los requisitos para los docentes en
los diferentes niveles.

• Que la Resolución 1140 de 1995 expedida por el Ministerio de Educación
Nacional en su artículo 8, faculta al Gobernador para realizar el concurso
de Docentes.

• Que el Departamento del Valle del Cauca, previo lleno de los requisitos
(ilegible) convocó a concurso en fecha 23 de Septiembre de 1996.

• Que la Secretaría de Educación Departamental realizó el concurso para
seleccionar los elegidos a las plantas docentes de la Secretaría de
Educación Departamental.

• Que el proceso de selección culminó estableciendo los correspondientes
listado de elegidos con los docentes que obtuvieron el mayor puntaje
dentro de este.

• Que en virtud de los anterior,

25 E n
igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección
Segunda Subsección A del 27 de junio de 2018, radicado interno 3597-2015, y
más recientemente en sentencia del 5 de diciembre de 2022, radicado interno
4868-2015. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
26 F o l i o s 23 a 24 Vto.

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DECRETA
[…]

ARTICULO 97.- Nombrase a NUBIA INES MARMOLEJO BENITEZ,
[…] en el cargo de Docente Área Español y Literatura
en el Colegio “Manuel Dolores Mondragón”, del
Municipio de Bolívar, Distrito Educativo No. 08
Roldanillo, en reemplazo de OLGA LUCÍA
VALDERRAMA, quien renunció Decreto 1641/96.

[…]» (sic)

(no obra página de firmas)

• Según el Acta 663 del 16 de enero de 1997 27, la act ora tomó
posesión del cargo de «DOCENTE EN EL AREA DE ESPAÑOL Y
LITERATURA COLEGIO OFICIAL “MANUEL DOLORES
MONDRAGON” – MUNI CIPIO DE BOLIVAR». La po sesión la
adelantó el jefe de Distrito Educativo No. 8 Roldanillo (E) y el
oficial de posesiones.

• De acuerdo con la información allegada en el Formato Único para
la Expedición de Historia Labo ral emitido por la Secretaría de
Educación del Valle del Cauca, adiado el 15 de noviembre de
2016 28, el «TIPO DE VINCULACIÓN» de la docente es «N acional».

En cuanto al tiempo de servicios correspondiente a es te periodo
se señalaron los siguientes:

De la lectura del re ferido acto de nombramiento, es preciso resalta r
que la nominación fue emanada del gobernador del departamento

27 F o l i o 25.
28 F o l i o s 10 y 11.

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del Valle del Cauca , en calidad de representante del ente territorial,
en uso de las facultades que le son inherentes, es decir, que no
invocó normas que permitan inferir que actuaba como delegado de la
Nación; designación que tampoco proviene direct amente del
Ministerio de Educación Nacional y no fue allegada alguna evidencia
de la que se pu eda concluir que dicho nombramiento se efectu ó con
intervención de la Nación . Sumado a ello, no se especific ó que los
pagos de los salarios fueran procedentes de esta cartera .

De manera expresa , en el acto administrativo objeto de estudio, se
indicó que , atendiendo los lineamientos establecidos por el Decreto
2277 de 1979, «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de
la profesión docente», el cual, dispuso en el «Capítulo II» lo relativo
a las condiciones g enerales para ejercer la docencia, y e n el artículo
5.º reguló lo relativo a nombramientos, para lo cual, determ inó que
a partir de la vigencia de l mismo sólo podrían ser nombrados para
ejercer la docencia en planteles oficiales de educación quienes
posean título docente o acrediten estar inscritos en el escalafón
nacional docente, de conformidad con los requerimien tos
establecidos para cada uno de los distintos niveles del sistema
educativo nacional.

Lo anterior, se encuentra en concordancia con la Resolución 20974
de 1989, por la cual se reglamentó el Decreto 1706 de 1989 , en lo
referente a concursos para nombram iento y ascensos dentro de la
carrera docente , así como lo dispuesto en la Ley 115 de 1994 «Por
lo cual se exp ide la ley general de e ducación», que en su artículo
105 disponía:

«A RT Í CULO 105. VI NCULA CI Ó N A L SERVI CI O EDUCA T I VO
EST AT A L. La vinculaci ón de per so nal doce nt e, dir e ct ivo y
adm inist r at ivo al s er vicio púb lico ed u cat ivo est at al, sólo podr á
ef ect uar se m ediant e nom br am ient o hecho por decr et o y dentr o de la
plant a de per sonal a pr obada por la r espect iva ent idad t er r it or ial.

Únicam ent e p odr án ser nom br ados como educador es o f uncionar ios
adm inist r at ivos de la educació n est at al, dent r o de la plant a de
per sonal, quie nes pr evio concur so, hayan sido se leccio nados y

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acr edit en los r eq uis i t os legal es. ( I nciso 3o. der ogado por e l ar t í culo
113 de la Ley 715 d e 2001)

PA RÁ G RA FO 2o. Los educador es de los ser vicios ed ucat ivos
est at ales t ienen el car áct er de ser vidor es públic os de r égim en
especia l. »

Esta norma fue subrogada por el artí culo 129 del Decre to 2150 de
1995

«A RT Í CULO 105. - Vi ncul aci ón al servi ci o educat i vo est at al . La
vincul ación d e per sonal docent e, dir ect ivo y adm inist r at ivo al
ser vicio pú bl ico edu cat ivo est at al, sólo podr á ef ect uar se m ediant e
nom br am ient o hecho por Decr et o y den t r o de la pla nt a de per sonal
apr obada por la r espect iva ent idad t er r i t or ial.

Únicam ent e podr án ser nom br ados como educador es o f uncionar ios
adm inist r at ivos de la educació n est at al, dent r o de la plant a de
per sonal, que pr evi o concur so hayan sido r elacionad os y acr edit en
los r equis it os leg ale s. Los c oncur sos par a nom br am ient os de nuevos
docent es ser án convocados por los depar t am ent os o dist r it os,
cuando se t r at e de pr oveer car gos f inanciados con e l sit ua do f iscal
o los r ecur sos pr opi o y por los alca ldes m unicipa les, en el caso de
la pr ovisi ón de va can t es con car go a r ecur sos de la ent idad
t er r it or ial; lo educa d or es podr án inscr i bi r se en la ent i dad t e r r it or ial
convocant e y como r esult ado del proceso saldr á una list a de
eleg ibles, la cua l co r r esponder á al núm er o de plazas o cupos par a
pr oveer en cada m un icip io. El M inist er io de Educación Naci o nal, por
int er m edio del I nst it ut o Colom bia no par a el f om ent o de la Ed ucación
Super ior I CFES, establecer á un sist em a par a celebr ar los concur sos,
de t al m aner a que se asegur e la t ot al im par cial idad.

No obst ant e lo an t er ior , si r ealizado e l concur so, alguno de l os que
f igur a en la list a de eleg ibles no acept a el car go, podr á el nom inador
nom br ar al que haya obt enido el punt a j e m ás alt o ent r e los que
apr obar on el concur so.

I gualm ent e, si el concur so debidam e nt e celebr ado se declar a
desier t o, se podr án nom br ar docent es y dir ect ivos docent es, sin
necesidad de l r equisit o del concur so, par a pr oveer vacant es o
nuevas plazas ubic adas en zonas de dif í cil acceso o en sit uación
cr í t ica de insegur idad, o cuando se t r at e de los cont r at os celebr ados
en desar r ollo de los ar t í culos 8 de la Ley 60 de 1993 y 200 d e la Le y
115 de 1994.

PA RÁ G RA FO 1.- Al per sonal act ualm ent e vincula do se le r e spet ar á
la est abi lid ad lab or al y en el caso de b a chil ler es no esca laf onados,
t endr án der echo a incor por ar se al Escalaf ón Nacio nal Docent e,
siem pr e y cuando llenen los r equisit os r espect ivos, en un plazo no
m ayor de dos ( 2) años. Si t r anscur r ido est e plazo no se han
escalaf onado, ser án desvinculados del s er vicio educat ivo, salvo los
bachi ller es que se e ncuent r en pr est ando sus ser vicios docent es en
zonas de d if í cil acceso y en pr oc eso de pr of esion a lizac ión

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com pr obado, en cuyo caso cont ar án con dos años adicional es par a
t al ef ect o.

PA RÁ G RA FO 2.- Los educador es de los ser vic ios ed ucat iv os
est at ales t ienen el car áct er de ser vidor es públic os de r égim en
especia l. »

En dicho acto de nombramiento, s e tuvo en cuenta también el
Decreto 1140 de 1995, « Por el cual se establecen los criterios y las
reglas generales para la organización de las plantas de personal
docente, directivo docente y administrativo del servicio público
educativo estatal y por parte de los departamentos y distritos y se
dictan otras disposiciones ».

De acuerdo con el contenido de las normas relacionadas , se precisa
que en estas se establecen los lineamientos para que las entidades
territoriales vinculen al personal relacionado con el servicio de la
educación, mediante concurso, y nombrar a través de decreto en el
cargo que debe corresponder a los establecidos dentro de la planta
de personal de dicha entidad.

En ese orden, siguiendo tales disposiciones, se indica q ue el 23 de
septiembre de 1996 se convocó a Concurso Docente con el objeto
de proveer las p lazas docentes en la Secretaría de Educación
Departamental.

Se tiene entonces que este acto de nombramiento no invocó
facultades especiales para que el representante territorial efectuara
el nombramiento en nombre de la Nación, ni hubo injerencia o
intervención por parte de algún delegado del Ministerio de
Educación Naciona l, lo que se corrobora también con el acta de
posesión del 16 de enero de 1997.

Por su parte, es relevante precisar que la fecha establecida en el
certificado de histo ria laboral del FO MAG resulta coincidente con el
nombramiento efectuado mediante la Orden de servicios 791 del 16
de septiembre de 1996, fecha en la que fue nombrada inicialmente

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por 94 días, pero se estipuló que duraría hasta que fuera proveído
el cargo en forma de finitiva así:
«Duración: Mientras se provea el cargo en forma definitiva o el
nominador determine su finalización.»

Es posible colegir que lo que ocurrió con el Decreto 0009 del 7 de
enero de 1997, es que, se cumplió con la condición estipulada en el
sentido de que, hasta esa se fecha logró proveerse el cargo,
precisamente por su nombramiento. En ese orden, habrá de tenerse
en cuenta los extremos temporales establecidos en dicho formato.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la vinculación ocurrió
después de 1981, es posible afirmar que se trataría de una
vinculación nacionalizada toda vez que tanto la orden de servicios
como el Decreto 0009 del 7 de enero de 1997, tuv ieron por objeto
nombrar a la accionante en una de las plazas propias del ente
territorial.

Vale advertir que, a su vez, la Ley 91 de 1989 en su artículo 1.º,
indicó que el personal nacional son los docentes vin culados por
nombramiento del gobierno Nacional, a diferencia de los
nacionalizados y territo riales, qu e son los vinculados por
nombramiento de entidad territorial.

Ahora bien, como se indicó, en el formato del FOMAG se señaló que
el tipo de vinculación es nacional, sin embargo, ello no puede ser
tenido en cuenta p ara definir la naturaleza jurídica de la vinculación,
pues no fue debidamente sustentado y se desconoce la razón o el
análisis efectuado para definir ello, por lo que pierde relevancia de
acuerdo con el análisis realizado a los actos referidos , los cuale s
resultan determinantes para establecer la verdadera naturaleza
jurídica del vínculo .

Así, del análisis efectuado es posible afirmar que la accionante
ostentó un tipo de vinculación de carácter nacionaliza do, que se

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hizo extensible hasta la fec ha de expedición de la certificación, en
la que consta que esta continuaba vinculada como docente ( 15 de
noviembre de 2016 ), y la única anotación consiste en una
continuidad que no afecta sus prestaciones salariales o régimen de
pensiones y cesantías, pues , la vinculación de la e ducadora se
mantuvo incólume al no existir ruptura del vínculo laboral .

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente
y apreciados en conjunto, conforme a las reglas de la sana crítica,
a esta Sala no le q ueda d uda que la accionante acreditó los 20 años
de servicio requeridos, el 4 de noviembre de 2013 .

CALCULO DE PERÍODO
FECHA INICIO FECHA FINAL
DIA MES AÑO DIA MES AÑO (-)DIA
Decreto 059 del 28 de enero de 1976 28 1 1976 9 3 1978 762
Decreto 2274 del 2 de octubre de 1981 2 10 1981 30 6 1982 269
Orden de Servicios 791 F.E.R del 16 de septiembre de 1996 y Decreto
16 9 1996 4 11 2013 6169
0009 del 7 de enero de 1997
7200

2.4.2.3 En relación con el requisito de buena conducta, fue allegada
declaración juramentada de la actora del 15 de noviembre de 2016 29,
en la que señala que se desempeñó como docente con honradez,
consagración e idoneidad y buena conducta.

A este respecto, se presume la buena fe de la interesada en cuanto
al cumplimiento del requisito de honradez, consagración y buena
conducta, pues adicionalmente, dicho tópico no fue objeto de
discusión en sede administrativa o en la primera instancia.

Así las cosas, esta Sala tiene el convencimiento de que el
accionante (i) p restó sus servicio s como docente de carácter
nacionalizada con anteriorida d al 31 de diciembre de 1980; (ii)
cumplió 50 años de edad el 21 de febrero de 2002; (iii) acreditó 20
años de servicios el 4 de noviembre de 2013 fecha en la que
alcanzó el estatus pensional ; y (iv) no existen pruebas de que haya

29 F o l i o 6.

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incurrido en causal de ma la conducta, lo que indica que es
beneficiario de la pensión gracia.

En estas condiciones , se declarará la nulidad de los actos
administrativos demandados y se ordenará el reconocimiento de la
pensión gracia a favor de la señora Nubia Inés Marmolejo Bení tez,
a partir del 4 de noviembre de 2013 , en cuantía equivalente al 75%
del promedio de los factores salariales devengados durante el año
previo a la adquisición del estatus pensional comprendido entre el 4
de noviembre de 2012 y el 3 de noviembre de 2013, entre los que se
encuentran la asignació n básica, y u na doceava parte de las primas
de navidad y vacaciones docentes, de conformidad con la
certificación de salarios emitida por la Secretaría de Educación del
Valle del Cauca , del 28 de febrero de 2018 30, respecto del año 2013,
y habrá de tenerse en cuenta también los que correspondan a 2012,
según certificación que deberá expedir el ente territoria l.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior será ajustada
a valor presente, en los términos del artículo 187 del CPACA, en
aplicación de l a siguiente fórmula:

R = Rh Índice Final
Índice Inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor
histórico (Rh ), que es lo dejado de percibir por el actor por concepto
de mesada pensional, po r el guarismo que resulta de dividir el índice
final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial vigente
para la fecha en que debieron efectuarse cada uno de los pagos.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará
separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada
pensional que se dejó de devengar, teniendo en cuenta que el índice

30 Fo l i o 8.

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inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de
ellas.

• De la prescripción de las mesadas pensionales

Ahora bien, la señora Nubia Inés Marmolejo Benítez adquirió el
derecho a la pensión gracia el 4 de noviembre de 2013 , solicitó ante
la UGPP el recono cimiento de la pensión gracia e l 21 d e noviembre
de 2016 y la demanda fue presentada el 6 de septiembre de 2018 31.

Dilucidado lo anterior, cobra relevancia recordar que , el término de
prescripción empieza a correr desde la f echa en la que el derecho
se hace exigible y la interrupción ocurre por una sola vez en un lapso
igual contado desde la reclamación administrativa.

En ese orden, sin mayores disquisiciones sobre el particular,
teniendo en cuenta que se trata de una obligación periódica , la
petición en sede administrativa tuvo la virtualidad de interrumpir el
fenómeno de la prescripción por encontrarse dentro de los tres años
anteriores a la presentación de la demanda de manera que se
configuró el fenómeno de la prescripción de las mesadas causadas
con anterioridad al 21 de noviembre de 2013.

3. Conclusión

Conforme a lo expuesto, la señora Nubia Inés Marmolejo Benítez
logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados,
por lo que le asiste el derecho a la pensión gracia .

En ese sentido, esta Subsección considera que deberá revocarse la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 7 de octubre de 2021, que negó las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, acceder a lo deprecado en el presente
medio de control.

31 S e g ú n consta en el Acta Individual de Reparto obrante a folio 44.

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4. Condena en costa s

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en
costas a la UGPP, comoquiera que si bien en anteriores
oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o n o, lugar a condenar en costas,
lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer
extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión del
recurso de apelación, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, en el recurso se suste ntaron las razones en defensa
jurídica de sus intereses y, por ende, no se condenará en costas.

5. Otras determinaciones

Según consta en el aplicativo SAMAI , mediante memorial visible a
índice 2 1, el abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa identificado con
la cédula de ciudadanía 1.136.883.951 y tarjeta profesional 291.382
del Consejo Superior de la Judica tura, solicitó el reconocimiento de
personería para actuar como apoderado judicial de la entidad
demandada, para lo cual, adjuntó las escritu ras pública s 167 de 2
de marzo de 2023 y 286 de 31 de marzo de 2023, otorgadas en la
Notaría Única de Cota, en las que consta la sustitución de poder
realizada a su nombre, por lo que , le será reconocida personería
para actuar.

En mérito de l o expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO. REVO CAR la sentencia proferida por el Tribunal

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Administrativo del Valle del Cauca el 7 de octubre de 2021, que negó
las pretensiones d e la demanda presentada por la señora Nubia Inés
Marmolejo Benítez contra la Unida d Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafis cales de la Protección
Social –UGPP–. En su lugar, se dispone:

SEGUNDO. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 012316
del 24 de marzo, RDP 017655 del 27 de abril y RDP 22344 del 30
de mayo de 2017, todas del 2017, por medio de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, negó la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia a la señora Nubia Inés
Marmolejo Benítez .

TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título
de restablecimiento del derecho, se ordena a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP– reconocer y pagar la
pensión gracia a favor de la señora Nubia Inés Marmolejo Benítez ,
identificad a con cédula de ciudadanía 31.235.968 de Bolívar, Valle
del Cauca , desde el 4 de noviembre de 2013 , en cuantía
equivalente al 75% del promedio de los factores salaria les
devengados durante el año previo a la adquisición del estatus
pensional comprendido entre el 4 de noviembre de 2012 y el 3 de
noviembre de 2013, entre los que se encuentran la asignación
básica, y una doceava parte de las primas de navidad y vacaciones
docentes, de conformidad con la certificación obrant e a folio 8
correspondiente al año 2013 y los que correspondan a 2012, de
acuerdo con la certificación de salarios que deberá emitir el ente
territorial, según se explicó, y tendrá efectos fiscales a partir del
21 de noviembre de 2013 , por prescripción trienal.

Las sumas que resulten de la condena anterior serán ajustadas en
los términos del artículo 187 del CPACA, dando aplicación a la
fórmula indicada en la parte motiva de esta providencia .

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CUARTO.- No condenar en costas por lo expuesto.

QUINTO. Reconocer personería al abogado Jhon Jairo Bustos
Espinosa , portador de la tarjeta profesional 291.382 del Consejo
Superior de la Judicatura para representar a la entidad accionada .

SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecuto riada esta provide ncia devolver e l expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) .

GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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