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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-01007-01

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-01007-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 2 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las súplicas de la demanda en el proceso promovido por la señora Nasly Cruz de la Torre contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR NO PROSPERAS las excepciones de mérito propuestas en la contestación de la demanda denominadas inexistencia de la obligación, buena fe, cobro de lo no debido e imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido y, PROSPERA PARCIALMENTE la excepción de prescripción; por lo dicho en la motivación. TERCERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 001678 de 19 de enero de 2018 y RDP 013274 de 16 de abril de 2018, por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia a la señora Nasly Cruz de la Torre. CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP a reconocer y pagar a la señora Nasly Cruz de la Torre, identificada con cédula de ciudadanía 31.193.271, la pensión gracia en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, pero con efectos fiscales a partir del 10 de octubre de 2014, por la prescripción trienal de mesadas pensionales arriba reseñada. QUINTO. La demandada actualizará las sumas adeudadas de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 187 del CPACA, teniendo en cuenta los www.consejodeestado.gov.co 28 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 76-001-23-33-000-2018-01007-01 (1415-2023) Demandante: Nasly Cruz de la Torre índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-01007-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76-001-23-33-000-2018-01007-01 (1415-2023)
Demandante: Nasly Cruz de la Torre
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Ley 1437 de 2011.

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso interpuesto por la parte actora
en contra de la sentencia de 2 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por medio del cual se negaron las pretensiones
de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda.

La señora Nasly Cruz de la Torre, por intermedio de apoderado judicial, solicitó
declarar la nulidad de los actos administrativos Nº RDP 001678 del 19 de enero de
2018 y RDP 013274 del 16 de abril de 2018 por medio de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP –negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia y
resolvió negativamente un recurso de apelación, respectivamente.

Como restablecimiento del derecho, solicitó lo siguiente:

“a) Se ordene a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP, a RECONOCER Y PAGAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

GRACIA a la Docente NASLY CRUZ DE LA TORRE, identificada con la Cedula de
Ciudadanía Nº 31.193.271 de Tuluá-Valle.

1
Fls 47 - 65 del expediente.
1
-6700

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-000-2018-01007-01 (1415-2023)
Demandante: Nasly Cruz de la Torre

b) Se ordene que la mesada pensional sea incrementada con los aumentos legales,
y que sea liquidada incluyendo en el promedio base de liquidación la totalidad de
los factores saláriales devengados por la docente durante el año inmediatamente
anterior a la fecha de consolidación del estatus de pensionada, los cuales se
encuentran debidamente especificados en el certificado de salarios que reposa en
el expediente administrativo.

c) Se Condene a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP a reconocer y pagar todas las Mesadas Pensiónales que se han
causado desde el día en que la Docente adquirió su status de pensionada, hasta la
fecha en que se haga efectivo el pago de estas acreencias, ordenando ejecutar el
pago de manera Indexado, con los ajustes de valor y los intereses moratorios de
acuerdo a lo preceptuado en los artículos 187, 189 y 195 de la Ley 1437 de 2.011
y 141 de la ley 100 de 1993”.

• Que las sumas que resulten adeudadas por la entidad sean ajustadas, previos los
descuentos o deducciones legales a que haya lugar, o que se probaren dentro de
este proceso, ello conforme a la fórmula establecida para estos eventos por el
Consejo de Estado, en los términos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

• Que se haga pago de los intereses en cuanto se den los supuestos de los artículos
192 y 195 del CPACA.

• Que se condene al pago de las costas procesales del juicio, expensas y agencias
en derecho por parte de la UGPP, siguiendo los lineamientos del artículo 188 del
CPACA.

• Que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP le dé
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 87, 189, 192 y 195 del
CPACA.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

Se afirma que la señora Nasly Cruz de la Torre cumplió 50 años de edad el día 3 de
febrero de 2009; y que acreditó la prestación del servicio de docente nacionalizada
por 25 años, 10 meses y 27 días hasta el 22 de junio de 2016, teniendo en cuenta
los períodos que a continuación se relacionan:

• Desde el 16 de enero de 1.978 hasta el 25 de diciembre de 1.977, como docente
nacionalizado; nombrado mediante la Resolución No. 1012 del 13 de enero de 1.978,
proferido por el JEFE DEL DISTRITO EDUCATIVO No. 5 DE TULUÁ. Para un total de 1 mes
de servicio.

• Desde el 29 de mayo de 1.978 hasta el 28 de junio de 1.978, en calidad de docente
nacionalizado, nombrado mediante Resolución No. 2.099 de 05 de junio de 1.978, expedida

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Demandante: Nasly Cruz de la Torre

por el JEFE DEL DISTRITO EDUCATIVO No. 5 DE TULUÁ. Para un total de 1 mes de tiempo
de servicio.

• Desde el 01 de marzo de 1.979 hasta el 30 de marzo de 1.979, en calidad de docente
nacionalizado, nombrado mediante Resolución No. 061 de 28 de febrero de 1.979, expedida
por el JEFE DEL DISTRITO EDUCATIVO No. 5 DE TULUÁ. Para un total de 1 mes.

• Desde el 18 de mayo de 1.981 hasta el 17 de junio de 1.981, en calidad de docente
nacionalizado, nombrado mediante Resolución No. 137 de 22 de mayo de 1.981, expedida
por el JEFE DEL DISTRITO EDUCATIVO No. 5 DE TULUÁ. Para un total de 1 mes de tiempo
de servicio.

• Desde el 12 de septiembre de 1.988 hasta el 09 de diciembre de 1.988, en calidad de
docente nacionalizado, nombrado mediante Resolución No. 41 de 21 de septiembre de
1.988, expedida por el JEFE DEL DISTRITO EDUCATIVO No. 5 DE TULUÁ. Para un total
de 2 meses y 28 días de tiempo de servicio.

• Desde el 04 de septiembre de 1.989 hasta el 01 de octubre de 1.989, en calidad de docente
nacionalizado, nombrado mediante Resolución No. 107 de 04 de septiembre de 1.989,
expedida por el JEFE DEL DISTRITO EDUCATIVO No. 5 DE TULUÁ. Para un total de 28
días de tiempo de servicio.

• Desde el 02 de octubre de 1.989 hasta el 01 de Julio de 1.990, en calidad de docente
nacionalizado, nombrado mediante Resolución No. 580 de 02 de octubre de 1.989, expedida
por LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. Para un total de
9 meses de tiempo.

• Desde el 01 de agosto de 1.990 hasta el 30 de mayo de 1.991, en calidad de docente
nacionalizado, nombrado mediante Resolución No. 297 de 01 de agosto de 1.990, expedida
por LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. Para un total de
10 meses de tiempo de servicio.

• Desde el 07 de septiembre de 1.992 hasta el 06 de Julio de 1.993, en calidad de docente
nacionalizado, nombrado mediante Resolución No. 643 de 07 de septiembre de 1.992,
expedida por LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. Para
un total de 10 meses de tiempo de servicio.

• Desde el 22 de septiembre de 1.993 hasta 22 de junio de 2016, en calidad de docente
nacionalizado nombrado mediante el Decreto No. 2018 del 17 de septiembre de 1.993
proferido por LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, para un total de 22 años 9 meses y 1
día de tiempo de servicio.

En vista de lo anterior, se aduce que la actora adquirió el status pensional el día 25
de julio de 2010, fecha en la que cumplió los 20 años de servicios en calidad de
docente nacionalizada. Dado que, además de cumplir con la edad (50 años), el
tiempo de servicio (20 años), sustentó su condición de docente nacionalizada antes
del 31 de diciembre de 1980 y que nunca ha sido sancionada disciplinariamente.

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Demandante: Nasly Cruz de la Torre

Que el día 10 de octubre de 2017 radicó a través de apoderada judicial solicitud de
reconocimiento y pago de pensión gracia ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, la cual fue identificada bajo radicado Nº
SOP201701039048.

Junto con la solicitud de reconocimiento pensional, se aduce que fueron anexados
todos los documentos que exige la entidad para la comprobación del estatus, tales
como las copias de los decretos de nombramiento, las actas de posesión, las
certificaciones de tiempos de servicios expedidos por las secretarías de educación
del municipio de Tuluá, del Departamento del Valle del Cauca y la certificación
original Nº 2016- ER-12304 expedida por el Ministerio de Educación Nacional,
mediante la cual, expone, que se da constancia de que la demandante nunca tuvo
vinculaciones de tipo laboral con el ente ministerial.

Como respuesta, indicó que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP, mediante Acto Administrativo Nº RDP 001678 del 19 de enero de
2.018, negó el reconocimiento de la pensión gracia, argumentando que el tiempo
laborado por la docente entre los años 1977 hasta el 2016 eran de carácter nacional,
los cuales no pueden ser contabilizados para el reconocimiento de la pensión
aludida.

Ante dicha decisión, se afirma que fue interpuesto recurso de apelación, el cual fue
resuelto negativamente mediante la Resolución N° RDP 013274 del 16 de abril de
2018.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

En cuanto al fundamento normativo vulnerado, se indicó que la entidad demandada
infringió la Constitución Política Preámbulo, artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 46, 48, 53
90, 121, 125, 128 y 209; ley 1437, articulo 137 referente a las causales generales de
nulidad de los actos administrativos; ley 114 de 1913 artículos 1º, 2º, 3º, y 4º; Ley
116 de 1928 artículo 6º; Ley 37 de 1933 artículo 3; Decreto 2285 de 1955 artículos
1º y 3; Ley 43 de 1975 y su Decreto Reglamentario 223 de 1977; Ley 6 de 1945
artículo 17; Ley 33 de 1985 artículo 1º inciso 2º; Ley 91 de 1989: artículo 15 numeral
2 literal A.

Que las resoluciones expedidas por la entidad demandada, con las cuales se dio
negativa al derecho pretendido por la actora, trasgreden la causal de nulidad por
violación de norma superior establecida en el artículo 137 del CPACA, pues se
desconoce las normativas que regulan el reconocimiento y liquidación de la pensión
gracia de los docentes, así como régimen especial que rige ese tipo de prestaciones,
estas son, la Ley 114 de 1913, la Ley 6 de 1945, y demás normas citadas como
violadas.

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1.4. Contestación de la demanda2

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, presentó escrito oponiéndose a las
pretensiones de la demanda; señaló que los vínculos laborales de la demandante
son de carácter nacional, así como lo determina la certificación emitida el 22 de junio
de 2016 por la Secretaría de Educación de Tuluá – Valle, por lo cual no tiene derecho
al reconocimiento de la pensión gracia.

Agregó que, si en gracia de discusión se accediera al derecho reclamado, es claro
que para la liquidación de la mentada pensión deben incluirse todos los factores de
salario que haya devengado el docente favorecido con dicha pensión especial, y que
hayan sido devengados durante el año inmediatamente anterior a la acusación del
derecho -y no los que percibió el docente durante el año anterior al retiro-.

Finalmente, propuso como excepciones de mérito las de i) Inexistencia de la
obligación; ii) prescripción; iii) buena fe; iv) cobro de lo no debido; v) imposibilidad
jurídica para cumplir lo pretendido y vi) la innominada.

1.5. Sentencia de primera instancia

En sentencia de 2 de diciembre de 20223 el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca negó las pretensiones de la demanda (sin condenas en costas).

Para tal fin, expuso que la actora no acreditó el cumplimiento de los requisitos para
que se hiciera efectivo el reconocimiento y pago de la pensión gracia, de conformidad
con lo previsto en la Ley 114 de 1913.

En efecto, si bien el a quo encontró acreditado los requisitos de la edad y buena
conducta, no ocurrió lo mismo respecto al requisito de haber ingresado al servicio de
la educación territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, pues, aunque en
el plenario obraba prueba de la vinculación de la demandante desde el año 1978,
esta resultaba ser de carácter nacional y no nacionalizado como afirmó.

Como prueba de ello, se indicó que en el expediente obraban Formato y Certificado
Único del Fomag de 22 de junio de 2016, expedido por el Municipio de Tuluá, en
donde se registra que la actora laboró antes de 1981 tres (3) años, nueve (9) mes y
(1) un día y posteriormente veintidós (22) años, un (1) mes y (26) veintiséis días
respectivamente, para un tiempo total de más de 25 años laborados en calidad de
docente con vinculación nacional.

Por tanto, aunque la demandante prestó un tiempo de servicio superior a los 20 años,
se indicó por el a quo que no cumplió con el requisito de acreditar su

2
Fls 84 - 88 del expediente.
3
Ver expediente digital SAMAI Primera Instancia.
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Demandante: Nasly Cruz de la Torre

vinculación como docente de carácter municipal, distrital, departamental o
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, de manera que era conducente la
negativa de las pretensiones incoadas.

1.6. Recurso de apelación4

1.6.1. La parte demandante presentó escrito de apelación a través de apoderado
judicial, quien indicó que, en primera instancia, se tuvo por no acreditado el
cumplimiento el requisito del tiempo laborado como docente nacionalizado de la
actora, solamente porque así se encuentra consignado en los certificados de tiempo
de servicios.

Aduce que con ello se omitió el estudio de los actos administrativos de nombramiento
y posesión expedidos por el jefe de Distrito Educativo No 5 de Tuluá y por la
Secretaria de Educación Departamental (fls 32 – 45), de los que se desprende que
el nombramiento de la señora Nasly Cruz de la Torre fue de carácter nacionalizado
como docente oficial.

Por lo cual, se afirma que la decisión del a quo tiene defectos sustanciales y omisivos
a la realidad laboral de la demandante, por ser contradictorio con el acervo
probatorio. Con lo que se configura una decisión adversa y en contra de la
normatividad de regula la pensión gracia y el precedente emitido por el Consejo de
Estado.

De manera que solicitó que fuera revocada la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se disponga la nulidad de los actos administrativos demandados, se
accedan a las pretensiones de la demanda y se establezca que el fenómeno de la
prescripción trienal fue interrumpido con la petición presentada el día 10 de octubre
de 2017, protegiendo un período de tres años hacia atrás, con el pago de mesadas
pensionales desde el día 10 de octubre de 2014.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

La apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP5 presentó memorial
de pronunciamiento en segunda instancia, en donde solicitó que fuera confirmada la
sentencia proferida por el a quo.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

4
Ver expediente digital SAMAI Primera Instancia
5
Índice 8 SAMAI

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso 7 , la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante, por lo que al
presentarse el recurso de alzada únicamente por la parte actora, esta Corporación
se ceñirá en los argumentos esgrimidos por aquella para desatar la alzada.

2.2. Del problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Nasly Cruz de la
Torre tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia por haber
cumplido los requisitos legales para ello, en especial lo relativo a la vinculación con
anterioridad al 1° de enero de 1980 como docente territorial; o si, por el contrario, no
acredita las exigencias para dicho reconocimiento, tal y como lo determinó el a quo.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión
o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se
reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial
con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la

6
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de
los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre
el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de
agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
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de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»8

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20189
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12,
resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de
las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro
caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y
endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-000-2018-01007-01 (1415-2023)
Demandante: Nasly Cruz de la Torre

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la
acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta
providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos
a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en
los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de
2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre
la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».10

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4. Actuación administrativa

Del expediente administrativo que milita en la foliatura, se extrae que la parte actora
radicó petición el día 12 de febrero de 2009 ante la Caja Nacional Social de Previsión
CAJANAL E.I.C.E el reconocimiento y pago de una pensión gracia, obteniendo
respuesta negativa mediante Resolución No. PAP 041720 de 28 de febrero de
2011 por parte del liquidador de la entidad11. Luego, recurrió dicha negativa a través
del recurso de apelación en sede administrativa, el cual fue resuelto de manera
desfavorable mediante Resolución No. PAP 051506 de 2 de mayo de 201112.

10
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
11
Expediente administrativo pág. 48-52.
12
Expediente administrativo pág. 149-153.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-000-2018-01007-01 (1415-2023)
Demandante: Nasly Cruz de la Torre

Posteriormente, la actora radicó el 10 de octubre de 2017 otra reclamación
administrativa ahora ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 13 , quien resolvió
negativamente la solicitud de pensión gracia a través de la Resolución RDP 001678
de 19 de enero de 2018 14 . Decisión contra la cual se presentó recurso de
apelación15, que fue resuelto negativamente por la UGPP, mediante Resolución
RDP 013274 de 16 de abril de 201816.

2.5. Caso concreto

A efectos de desatar la alzada estima la Sala que se deberá verificar si la actora
cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas
complementarias y la jurisprudencia del Consejo de Estado para el reconocimiento
de la acreencia pensional en discusión, especialmente lo relacionado con el requisito
del tiempo de servicio como docente nacionalizado o territorial, como a continuación
se procede.

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos

A. Edad

Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado,
la Sala encuentra probado que la señora Nasly Cruz de la Torre nació el 3 de febrero
de 195917, razón por la cual, el 3 de febrero de 2009 cumplió 50 años de edad.

B. Buena conducta

Sobre este ítem, se tiene que la señora Cruz de la Torre desempeñó su labor docente
con honradez, consagración y buena conducta, teniendo en cuenta que la entidad
demandada no alegó que la demandante hubiere incurrido en alguna causal de mala
conducta e ineficiencia profesional en la actividad docente ni que percibiera otra
asignación incompatible con la pensión reclamada

C. Tiempo de servicio

Respecto de este requisito, se advierte que le asiste razón a la parte recurrente al
afirmar que, en primera instancia al realizar el análisis del cumplimiento del requisito
de tiempo de servicios, exclusivamente tuvo en cuenta los formatos únicos de
certificación de historia laboral expedidos por el Fondo de Prestaciones Sociales,
obrantes en los folios 25 – 30 del expediente, sin examinar los actos administrativos
de nombramiento y posesión de la actora que obran en el plenario.

13
Fls 3-7 del expediente.
14
Fls 9-14 del expediente.
15
Fls 15-17 del expediente.
16
17
Fotocopias de la cédula de ciudadanía visible a folio 2 del expediente.
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Radicado: 76-001-23-33-000-2018-01007-01 (1415-2023)
Demandante: Nasly Cruz de la Torre

Al efecto, es menester recalcar que la sentencia de primera instancia fue proferida
el 2 de diciembre de 2022, es decir, con posterioridad a la sentencia de unificación
CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 dictada por esta Corporación, en donde,
se determinó como regla a fin de probar la calidad de docente territorial para acceder
a la pensión gracia: i) las copias de los actos administrativos donde conste el vínculo
y donde además se pueda determinar con suficiente claridad que la plaza a ocupar
sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto; ii)
con las respectivas certificaciones expedidas por la autoridad nominadora a la cual
se encuentra sometido el docente oficial de carácter territorial. Por ello, procede la
Sala a determinar si de los actos administrativos de nombramiento y posesión, y
demás medios de pruebas, se advierte que la demandante cumple con el requisito
de tiempos de servicios como docente oficial nacionalizado alegado en la demanda.

• Vinculación de la demandante y tiempo de servicios.

• Del 26 de noviembre de 1977 a 25 de diciembre de 1977

Se observa que a través de la Resolución No. 1012 de 13 de enero de 1978 el jefe
del distrito educativo de Nro. 5 de Tuluá – Valle del Cauca, en uso de las facultades
que le fueron conferidas con el Decreto No. 0973 de 20 de junio de 1977, concedió
licencia no remunerada a la profesora de planta del Nubia Medina Posada de la
escuela No. 79 Pedro Antonio Ortiz por un mes desde el 26 de noviembre de 197718.
En su lugar, fue nombrada la demandante Nasly Cruz de la Torre desde el mismo 26
de noviembre hasta el 25 de diciembre de 1977 por 30 días. Dicho acto
administrativo fue firmado por director del Distrito Educativo No. 5 y los respectivos
supervisores, tal y como se lee en el siguiente documento:

18
Fl 32 del expediente
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Radicado: 76-001-23-33-000-2018-01007-01 (1415-2023)
Demandante: Nasly Cruz de la Torre

De ese nombramiento tomó posesión la actora el día 16 de enero de 1978 ante el
alcalde y secretario del municipio de Tuluá – Valle del Cauca, de la manera como se
evidencia:

• De 2 de mayo de 1978 a 28 de junio de 1978

A través de Resolución No. 2067 de 2 de mayo de 1978, el mentado jefe del Distrito
Educativo No. 5 de Tuluá – Valle del Cauca, en uso de las facultades que le fueron
conferidas con el Decreto No. 0973 de 20 de junio de 1977 19, nombró a la señora
Nasly Cruz de la Torre para desempeñar por 30 días funciones de profesora en la
Escuela No. 16 Antonio Santos de Tuluá – Valle del Cauca, con motivo a la licencia
de enfermedad solicitado por la docente de planta. Dichos períodos comprendieron
desde el 2 de mayo de 1978 a 28 de junio de 1978. Nombramiento que fue extendido
por el mismo jefe del Distrito Educativo No. 5 de Tuluá – Valle del Cauca por 30 días
más a partir del 29 de mayo de 1978 hasta 28 de junio de 1978, en razón a solicitud
de ampliación de período de licencia realizada por la profesora de planta, véase:

19
Acto administrativo similar al del primer nombramiento.
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Radicado: 76-001-23-33-000-2018-01007-01 (1415-2023)
Demandante: Nasly Cruz de la Torre

• De 2 de marzo de 1979 a 30 de marzo de 1979.

Por medio de Resolución No. 061 de 28 de febrero de 1979 la demandante fue
nombrada por el director del Distrito Educativo No. 5 del Municipio de Tuluá – Valle
del Cauca en el cargo de profesora de la escuela No. 8 Policarpa Salavarrieta de
Tuluá por 30 días, en vista de la licencia de maternidad que solicitó la profesora
titular del cargo Deifilia Restrepo, a partir del 1 de marzo de 1979 hasta el 30 de
marzo de 1979:

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Demandante: Nasly Cruz de la Torre

De ese nombramiento tomó posesión la actora ante el alcalde y un secretario, cuya
identificación se precisa con el número 061 de 2 de marzo de 1979:

Ahora, esta Sala ha precisado que «El carácter nacionalizado de la designación […]
encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son
nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional,
mediante sentencia C – 085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son
«los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales».

Sumado a lo anterior, en lo que corresponde a dicha diferencia esta Corporación en
la anteriormente citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 2018, concluyó:

«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial
antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con
la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a partir de esa fecha se hayan
vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del
aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).
Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades de
ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta genere
se cubran con cargo a su propio presupuesto.»

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Demandante: Nasly Cruz de la Torre

En ese orden, se tiene que la demandante fue nombrada por el jefe y director del
Distrito Educativo No. 5 del municipio de Tuluá – Valle del Cauca como docente en
interinidad20 en las tres oportunidades que fueron descritas en líneas anteriores, esto
es, durante los períodos comprendidos entre el 26 de noviembre de 1977 a 25 de
diciembre de 1977; 2 de mayo de 1978 a 28 de junio de 1978 y 2 de marzo de 1979
a 30 de marzo de 1979.

A tal efecto, en primer lugar, en punto a la condición de docente interino de la actora
en el período descrito, debe advertirse que ni las normas que coincidieron la pensión
gracia, ni la ley 91 de 1989, limitaron el reconocimiento de tal prerrogativa a los
docentes nombrados en propiedad y/o provisionalidad. Pues, por el contrario, para
reconocer la aludida pensión únicamente se exige la acreditación de 20 años de
servicios.

En segundo lugar, en cuanto a la condición de docente territorial de la actora, debe
reiterarse que esta Sección en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21
de junio de 2018, remarcada anteriormente, precisó que la prueba para determinar
la condición de beneficiario de la pensión gracia del docente que la pretende, son en
primer medida las copias de los actos administrativos, y en el presente asunto las
resoluciones por medio de las cuales se nombró a la demandante21 fueron suscritas
por el director y el jefe del Distrito No. 5 del municipio de Tuluá – Valle del Cauca, sin
que se avizorara delegación o autorización directa de funcionarios del Ministerio de
Educación Nacional o que la plaza a ocupar por la actora fuera de tal naturaleza.

Por lo cual, dichos elementos de juicio permiten inferir la condición de docente
territorial de la demandante durante los vínculos laborales que la ataron con la
administración del municipio de Tuluá – Valle del Cauca.

De modo que, no comparte la Sala la conclusión del a quo en cuanto a la valoración
única del certificado emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Social visible a
folios 25-28 del expediente, en el cual se evidencia el historial laboral de la
demandante durante los períodos mencionados, pues no solamente se sustrajo en
la aplicación del precedente jurisprudencial que le era vinculante, al no valorar los
actos administrativos de nombramiento y posesión obrantes en el plenario, con los
cuales se desvirtúa la descripción del tipo de vinculación nacional efectuada en ese
certificado.

Por consiguiente, se satisface el requisito del ingreso a la docencia oficial antes del
31 de diciembre de 1980 al resultar computable para determinar el derecho de
pensión gracia reclamada el primer período laborado de 4 meses, comprendido
entre el 26 de noviembre de 1977 a 25 de diciembre de 1977; 2 de mayo de 1978 a
28 de junio de 1978 y 2 de marzo de 1979 a 30 de marzo de 1979.

20
Radicado interno 3597 de 2015, C.P Gabriel Valbuena Hernández.
21
No. 1012 de 13 de enero de 1978, No. 2067 de 2 de mayo de 1978 y No. 061 de 28 de febrero de 1979
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• De 18 de mayo de 1981 hasta el 17 de junio de 1981

Del expediente22 se advierte acta de posesión No. 137 de 29 de mayo de 1981, por
la cual la actora entra a ocupar el cargo de docente en la escuela de No. 9 Marco
Fidel Suarez del municipio de Tuluá por el término de 30 días, contados de manera
retroactiva desde el 18 de mayo de 1981 hasta el 17 de junio de la misma anualidad,
por nombramiento efectuado por el Distrito Educativo N° 5 de Tuluá, véase:

• De 12 de septiembre de 1988 a 9 de diciembre de 1988 y 31 de agosto de 1989
a 26 de octubre de 1989.

Se constata la presencia en el expediente23 del acta de posesión No. 644 de 16 de
noviembre de 18 de noviembre de 1988, expedida por la secretaria de Educación
del Valle del Cauca, la cual sustentada en la Resolución 041 del mismo año permitió
que la demandante remplazara docente titular de planta de la escuela No. 8 Antonio
Santos del municipio de Bugalagrande por un período de 90 días, es decir, 3
meses, a partir del 12 de septiembre de 1988 a 9 de diciembre de 1988. Lo
anterior, con motivo a solicitud de licencia no remunerada. De tal documento se da
constancia de la siguiente forma:

22
Fl 38 del expediente
23
Pag 14 expediente administrativo.
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Igualmente, obra constancia del acta No. 821 de 18 de octubre de 198924, a través
de la cual la mentada secretaria de Educación del Valle del Cauca, con base en la
Resolución de 4 de septiembre de 1989, posesiona a la actora para que
desempeñara funciones de docente en la escuela No. 8 Marco Fidel Suarez de
Zabaletas Andalucía, en razón a solicitud de remplazo por licencia de maternidad
solicitada por la maestra de planta, por un tiempo total de 56 días contados desde
el 31 de agosto de 1989, es decir, hasta el 26 de octubre de 1989.

Sobre los tiempos laborados por la demandante en los períodos comprendidos entre
el 18 de mayo de 1981 y el 17 de junio de 1981; 12 de septiembre de 1988 y 9
de diciembre de 1988 y del 31 de agosto de 1989 al 26 de octubre de 1989,
advierte la Sala que en la vinculación de la docente no intervino autoridad del
Ministerio de Educación, razón por la cual, no puede dársele el carácter de docente
nacional, pues una vez analizada la naturaleza de los actos que sustentaron la
vinculación de la demandante con la administración para el desempeño de sus
funciones, se considera que las autoridades que los profirieron, son de naturaleza
territorial, aunado al hecho de que no obra referencia en los mismos sobre alguna
autorización y/o delegación de parte del Ministerio de Educación a fin de realizar
designaciones o, en su defecto, que las plazas a ocupar poseyeran la condición de
un establecimiento público de orden nacional.

Razón por la cual, se tiene por acreditado el término de 1 mes desde el 18 de mayo
de 1981 hasta el 17 de junio de 1981 como cómputo de la actora para acceder a

24
Pag 92 del expediente administrativo.
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la pensión gracia, así como desde el 12 de septiembre de 1988 a 9 de diciembre de
1988 y del 31 de agosto de 1989 al 26 de octubre de 1989, esto es, 4 meses y 26
días tiempo que resulta computable para efectos de acceder al reconocimiento de
la pensión gracia.

• De 2 de octubre de 1989 a 1 de julio de 1990, 1 de agosto de 1990 a 30 de mayo
de 1991 y de 7 de septiembre de 1992 a 6 de julio 1993

Sobre estos lapsos obra la Resolución 0585 de 2 de octubre de 198925 proferida por
la Gobernación del Valle del Cauca, mediante la cual se vincula entre otros, a la
actora como docente en el sistema de horas cátedras desde el 2 de octubre de 1989
hasta el 1 de julio de 1990, es decir, por 9 meses. Sobre ello, se debe acotar que, si
bien no obra en dicha resolución la fecha de su finalización, dicho elemento si se
expone en el certificado de tiempo de labores prestadas expedido por la Secretaría
de Educación de Tuluá obrante en el expediente26.

Igualmente, se encuentra en el expediente la Resolución 0297 de 1 de agosto de
199027 proferida por también por la Gobernación del Valle del Cauca, a través de la
cual se designa a la demandante como docente de horas cátedras por 10 meses en
el Distrito Educativo No. 5. Tal resolución, igualmente, concuerda con el certificado28
obrante en el plenario contentivo a los tiempos de servicios laborados por la
demandante.

Por Resolución 0643 de 7 de septiembre de 1992, emanada de la Gobernación del
Valle del Cauca, se nombró a la demandante también como docente de horas
cátedras. En cuanto al término de duración, si bien no se expone en dicho acto, obra
constancia en el certificado expedido por la Secretaría de Educación de Tuluá29 que
el lapso por el cual prestó sus servicios fue de 10 meses, comprendidos desde el 7
de septiembre de 1992 hasta el 6 de julio de 1993.

Del contenido de las resoluciones es no se advierte intervención alguna del
Ministerio de Educación y aunque esta Corporación ha venido insistiendo que la
condición de docente nacional no se adquiere por el hecho de que en el acto
administrativo de nombramiento intervenga un delegado de esa cartera ministerial
y/o porque sus salarios hayan sido pagados con recursos del situado fiscal, ni mucho
menos porque las autoridades territoriales obraran como presidentes de las Juntas
Administradoras de los FER30, lo cierto es que conforme lo preceptuado en el artículo
1 de la Ley 91 de 1989, son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por

25
“Por la cual se vinculan unos docentes por el sistema hora- catedra en la secretaría de educación – fondo educativo regional
del Valle del Cauca - FER”. Pag 94-95 expediente administrativo.
26
Pag 140-142 del expediente administrativo.
27
Pag 98-102 del expediente administrativo.
28
Pag 140-142 del expediente administrativo.
29
Pag 140-142 del expediente administrativo
30
Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo de 2023, radicado
63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001 23 33 000 2017 00661 01 (0605–
2019).
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-000-2018-01007-01 (1415-2023)
Demandante: Nasly Cruz de la Torre

nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976
y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
43 de 1975».

En ese orden de ideas, se concluye que durante el período comprendido entre el 2
de octubre de 1989 a 1 de julio de 1990; el 1 de agosto de 1990 a 30 de mayo
de 1991 y el 7 de septiembre de 1992 hasta el 6 de julio de 1993 la actora ostentó
la calidad de docente nacionalizada, en razón a que su nombramiento se ciñó a lo
previsto en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975 31 . Sin embargo, dado que la
accionante laboró por hora cátedra, no es dable contabilizarlo con base en el
calendario, sino con las fórmulas consignadas en la normativa pensional.

En tal sentido, el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, aplicable en
materia pensional a los «[…] afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de
previsión social […]» públicas o privadas, establece:

“Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación o vejez,
solo se computarán como jornadas completas de trabajo las de cuatro (4) o más horas
diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan
a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por
cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se
adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.”.

Sobre este particular, esta Corporación en sentencia de unificación de 22 de enero
de 201532, en la cual se hace referencia a la sentencia del 8 de agosto de 2003,
respecto a la jornada laboral docente para determinar si las horas cátedra se
deberán contar como tiempo completo o si es necesario realizar el cálculo de la Ley
33 de 1985, discurrió de la siguiente forma:

“El Decreto 259 de 6 de febrero de 1981, “Por el cual se reglamenta parcialmente
el Decreto Extraordinario 2277 de 1979, en lo relacionado con la inscripción y
ascenso en el Escalafón”, con relación al ascenso docente indicó que el educador
debería – entre otras, certificar el tiempo de servicio y en el b) indicó que si no fuere
docente de tiempo completo, el certificado especificará el número de horas cátedra,
es decir, que era posible el cómputo del tiempo de servicio como docente hora
cátedra.

Ahora bien, la Ley 33 de 1985 en el artículo 1º, parágrafo 1º, dispuso lo siguiente:
[…]
La precitada norma estableció que para determinar el tiempo de servicio que da
derecho a la pensión de jubilación:

31
En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán, con cargo a la
Nación, ¡crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria; ni tampoco podrán decretar la
construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de
Educación Nacional.
32
Expediente: 25000-23-42-000-2012-02017-01, C. P. Alfonso Vargas Rincón. Asimismo, de esta subsección, consultar fallo
de 15 de diciembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2016-00149-01 (4526-2021), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter,
demandante Jorge de Oro Ibáñez, demandada UGPP.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-000-2018-01007-01 (1415-2023)
Demandante: Nasly Cruz de la Torre

• Se computará como jornada completa de trabajo docente, aquella
compuesta por

cuatro (4) horas diarias.

• Indicó la fórmula que debía aplicarse para computar dicho tiempo.

Con relación al cómputo del tiempo de servicio docente por hora cátedra, la Corte
Constitucional en sentencia C-517 de 1999, dijo lo siguiente:

“(...) Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables
al docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple funciones
similares en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a acreditar
iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la
ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus
propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el
derecho de los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las prestaciones
sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o
privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado. (...)”

Sobre el particular la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 24
de agosto de 200033 indicó que era posible tener en cuenta el para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia el tiempo de servicio prestado como
docente hora cátedra y señaló que para su cálculo se daría aplicación al parágrafo
1º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

Posteriormente en sentencia de 8 de agosto de 200334 se ratificó el anterior criterio,
para lo cual se concluyó lo siguiente:

“(...) En lo que tiene que ver con el cómputo de tiempo de servicio que da lugar a la
pensión de jubilación, el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985 señala
que sólo se computaran como jornadas completas de trabajo las de cuatro horas
diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no
llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y
dividiéndolas por cuatro, el resultado que así se obtenga se tomará como el de días
laborados y se adicionará con los del descanso remunerado y de vacaciones
conforme a la ley.

En estas condiciones como el personal docente oficial labora de lunes a viernes y
los sábados y los domingos corresponden a días de descanso remunerados, se
deberán adicionar estos días, al igual que los días de vacaciones escolares de
semana santa (1 semana) y de vacaciones intermedias (4 semanas) de
conformidad con el numeral 2° del artículo 3° del Decreto 0174 de 1982 modificado
por el artículo 3° del Decreto 1235 de 1982 en armonía con el artículo 58 del Decreto
Reglamentario 1860 de 1994.

33
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 24 de agosto de 2000, expediente No. 1053-00, M.P. Dr. Alejandro
Ordoñez Maldonado.
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 8 de agosto de 2003, expediente No. 0396-03, M.P. Dr. Jesús María
Lemos.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-000-2018-01007-01 (1415-2023)
Demandante: Nasly Cruz de la Torre

Así las cosas deben entenderse que cuatro horas diarias de labor académica
deberán computarse como una jornada completa de trabajo, lo que significa que
veinte horas semanales suman ochenta mensuales. ( ... )”

En cuanto a la inclusión de los días de descanso remunerados y las vacaciones, en
jurisprudencia de esta Corporación35 se precisó,

«[…] En relación con las vacaciones para el personal docente, el
Decreto 2277 de 1979, dispone:

“Artículo 67. VACACIONES. Los docentes al servicio oficial tendrán
derecho a las vacaciones que determine el calendario escolar.”

De conformidad con los artículos 8o del Decreto 174 de 1982, 4 del
decreto 1235 de 1982, 1º del decreto 1786 de 1985, 61 del Decreto
1278 de 200241, y artículo
2.4.3.4.1 del Decreto1075 de 2015; los docentes y directivos docentes
estatales disfrutan de vacaciones colectivas por espacio de siete (7)
semanas en el año, incluida Semana Santa […]».

De lo expuesto se concluye que la jurisprudencia vigente considera posible el
cómputo del tiempo servido como docente por hora cátedra a efectos de
satisfacer el requisito de tiempo exigido para acceder a la pensión gracia, que
no es otro que el de cumplir 20 años de servicio y que, se recuerda, deben
ser con una vinculación del orden territorial o nacionalizado, tal y como se
expuso en acápite precedente36.

En consecuencia, los docentes de hora cátedra que presten sus servicios por más
de 20 horas semanales (4 horas diarias) son considerados docentes de tiempo
completo, y solo aquellos que presten su servicio por un tiempo inferior deberá
aplicarse el cómputo de la norma, sumando las horas realmente trabajadas divididas
entre 4 con el fin de determinar los días trabajados, incluyendo a su vez los
descansos remunerados y vacaciones.

Pues bien, está acreditado en el expediente que la demandante trabajó por el
sistema de hora catedra con una intensidad horaria de 16 horas semanales 37, es
decir, con intensidad no mayor a 20 horas semanales. Así la cosas, en aras de
determinar el tiempo efectivo laborado para efectos pensionales, resulta necesario
acudir a la fórmula prevista en el inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 1º de
la Ley 33 de 1985, así:

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de marzo de 2018, radicado:
76001- 23-33-000-2012-00681-01 (4794-15), reiterado en sentencia del 19 de enero de 2023, radicado:
08001-23-33-000-2016-00149-01 (4526-2021).

36 sentencia de 9 de mayo de 2024. Expediente 25000-23-42-000-2016-03333-01 (0924-2019)
37
Así quedó estipulado en las Resoluciones No 0585 de 2 de octubre de 1989, 0297 de 1 de agosto de 1990 y 0643 de 7 de
septiembre de 1992.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-000-2018-01007-01 (1415-2023)
Demandante: Nasly Cruz de la Torre

Período Horas Horas Días Vacaciones
mensuales trabajadas en laborados en (proporcionales
el período el período38 en días)
2 de octubre de 1989 68,6440 555,9 41 138,942 18.9043
a 1 de julio de 199039
1 de agosto de 1990 68,64 686,445 171,646 23,3547
a 30 de mayo de
199144
7 de septiembre de 68,64 686,448 171,649 23,3550
1992 a 6 de julio de
1993
Total 482.1 65.6
Total de días a incluir para efectos pensionales 547.7 días , que equivalen a
51

1 año, 6 meses y 7 días

De acuerdo con el análisis anterior, durante los períodos servidos a la docencia
estatal por hora cátedra, la señora Nasly Cruz de la Torre laboró bajo la modalidad
de horas cátedras por 1 año, 6 meses y 7 días. Los cuales son computables para
acceder a la pensión gracia de cara a los argumentos expuestos con
precedencia.

• De 22 de septiembre de 1993 a 24 de junio de 2016

Respecto de este período, se observa en el expediente que por Decreto 2018 de 17
de septiembre de 1993 52 , el gobernador del Departamento del Valle del Cauca
nombró a la demandante en el cargo de profesora de tiempo completo en el Colegio
Gimnasio del Pacífico del Municipio de Tuluá distrito No.5, quien se posesionó el 22
de septiembre de la misma anualidad53. El acto administrativo de nombramiento es
el siguiente:

38
Incluye los fines de semana.
39
9 meses laborados
40
16 horas semanales de trabajo x 4,29 semanas que tiene el mes = 51,48 horas laboradas al mes.
41
68,64 horas / 30 días que tiene el mes x 270 días laborados = 555,9 horas servidas en ese período.
42
555,9 horas / 4 = 138,9 días laborados.
43
138.9 días laborados en el período x 49 días de vacaciones al año / 360 días que tiene un año = 18.90 días.
44
10 meses laborados
45
68,64 horas / 30 días que tiene el mes x 300 días laborados = 686,4 horas.
46
686,4 horas / 4 = 171,6 días laborados.
47
171,6 días laborados en el período x 49 días de vacaciones al año / 360 días que tiene un año = 23,35 días.
48
68,64 horas de trabajo mensuales / 30 días que tiene el mes x 300 días laborados = 686,4 horas.
49
686,4 horas / 4 = 171,6 días laborados.
50
171,6 días laborados en el período x 49 días de vacaciones al año / 360 días que tiene un año = 23,35 días.
51
482.1 + 65.6 = 779,4 días.
52
Folio 44-45 expediente.
53
Según da constancia a folio 42 del expediente.
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Demandante: Nasly Cruz de la Torre

Aunque esa designación contó con la aprobación de la Dirección General de
Planeación del Sector Educativo del Ministerio de Educación Nacional, dicho aval
estuvo destinado a lograr “…la conversión de las horas-cátedras a 1.559 plazas de
tiempo completo con cargo a la Nación, adicionándose a la planta de cargos de los
Colegios Nacionalizados por Acuerdo #05 del 13 de septiembre de 1.993, de la Junta
Administradora del Fondo Educativo Regional del Valle del Cauca”.

Se extrae de lo anterior, que la demandante también fue vinculada por una autoridad

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Demandante: Nasly Cruz de la Torre

del orden territorial y contó con el aval de las autoridades pertinentes, en el marco
del proceso de nacionalización educativa de la Ley 43 de 1975. Por consiguiente,
debe entenderse que esa vinculación también es de naturaleza nacionalizada, toda
vez que su designación la efectuó exclusivamente una autoridad del orden
departamental.

Ahora, en cuanto al interregno por el cual la actora prestó sus servicios, debe decirse
que obra en el expediente constancia proferida por la secretaria de educación del
municipio de Tuluá el 24 de junio de 201654 en el cual se expone que la “señora Cruz
de la Torre Nasly (…) ingresó a esta entidad el 22/09/1993, hasta la fecha.
Desempeña el cargo de docente de aula grado 14, con tipo de nombramiento en
propiedad (…) Total días: 8.311. Tiempo total: 3 días, 9 meses y 22 años”.

De manera que, sin perjuicio del tiempo posterior que la actora preste sus servicios
en dicha institución, se encuentra acreditado que el período comprendido entre el 22
de septiembre de 1993 a 22 de junio de 2016, esto es, de 22 años, 9 meses y 3
días, también resulta computable para determinar el derecho a la pensión gracia.

Por ello, se concluye que la actora prestó el servicio de docente nacionalizado por
25 años 9 mes y 1 días, precisando que, de dicho total, cuatro meses fueron con
antelación al 31 de diciembre de 1980, por lo que es claro que la demandante cumple
con el requisito de tiempo de servicio que determina la Ley 114 de 1993, para ser
acreedora de la pensión gracia, razón por la cual, procederá la Sala a revocar la
sentencia apelada y, en su lugar, declarará la nulidad de los actos administrativos
acusados, estos son, la Resolución RDP 001678 de 19 de enero de 2018 y RDP
013274 de 16 de abril de 2018 expedidos por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Pues adquirió el status pensional el 26 de agosto de 2010, fecha en la cual cumplió
los 20 años de servicios, pues la edad la satisfizo el 3 de febrero de 2009. Y por lo
tanto, las excepciones denominadas inexistencia de la obligación, buena fe, cobro
de lo no debido e imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido serán declaradas
no prosperas.

A título de restablecimiento se ordenará el reconocimiento y pago de la pensión
gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados por
la demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, con
inclusión de la asignación básica y las doceavas partes de las primas de vacaciones
y navidad.

La referida liquidación es acorde con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
Corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la

54
Pag 110 del expediente digital.
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adquisición del estatus pensional»55.

De la prescripción

Se aclara que la pensión gracia, al ser una prestación de carácter periódica, detenta
naturaleza imprescriptible. Sin embargo, frente a las mesadas pensionales opera el
fenómeno de la prescripción trienal. Al respecto, el artículo 41 del Decreto 3135 de
1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, trataron la interrupción de la
prescripción de la siguiente manera:

«1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de
1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en
que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa
obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual.»

Ahora bien, el artículo 94 del Código General del Proceso, dispone la interrupción de
la prescripción, así:

«La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide
que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el
mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año
contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante.
Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación
al demandado.»

Sobre el particular, se destaca:

1. La interrupción de la prescripción de las mesadas pensionales es por solo una vez
y por un lapso igual -3 años-.

2. El fenómeno de la prescripción no puede entenderse suspendido por la espera de
un pronunciamiento de la entidad administrativa.

3. La reclamación sobre el derecho o prestación debe incoarse dentro de los tres años
siguientes a que el derecho se hizo exigible, so pena de verse afectado por el
fenómeno prescriptivo.

4. Dicho reclamo del derecho tiene la virtualidad de interrumpir por una sola vez en un
lapso igual contado desde la presentación de la reclamación administrativa.

55
Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 25 de enero
de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-
03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33- 000-2014-00462-01 (1644-19).
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Demandante: Nasly Cruz de la Torre

Pues bien, en el expediente se observa que la demandante presentó dos
reclamaciones de las cuales da constancia tanto el expediente administrativo como
la foliatura del judicial, a saber: i) 12 de febrero de 2009 ante la Caja Nacional Social
de Previsión CAJANAL E.I.C.E y, ii) el 10 de octubre de 2017 reclamación
administrativa ahora ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Por lo que, se concluye
que todas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 10 de octubre de
2014 se encuentran prescritas. En consecuencia, se declarará probada parcialmente
esta excepción.

Despejado lo atinente a ese fenómeno, se dirá que la suma de dinero que resulte de
la condena anterior se ajustará al valor presente de acuerdo con el artículo 187 del
CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de Estado, según la cual:

R = Rh Índice Final
Índice Inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el

índice vigente a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

2.6 Conclusión

Atendiendo a lo descrito previamente, la Sala considera que la docente Nasly Cruz
de la Torre cumplió con todos los requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia.
En otras palabras, no existen reproches sobre la buena conducta en el desempeño
de la labor; cumplió 50 años de edad el 3 de febrero de 2009; prestó sus servicios
docentes al magisterio oficial por más de 20 años, acreditando su vinculación como
docente territorial y/o nacionalizado antes del 1 de enero de 1981. Razón por la cual,
será revocada la sentencia apelada, para en su lugar, acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

2.7 Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas. Lo
dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a aplicar esa
sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de
2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes en el
proceso y la carencia de fundamentación jurídica.

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Demandante: Nasly Cruz de la Torre

En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de
revisar los argumentos de las partes, no se advierte esa situación. Por el contrario,
se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por
lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida, máximo cuando lo
aquí resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas
jurisprudenciales trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018
y del 11 de agosto de 2022.

Por último, se procederá en esta instancia a reconocer personería jurídica al doctor
OMAR TRUJILLO POLANIA de conformidad con lo expuesto en el Índice 11 SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 2 de diciembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las súplicas de la demanda en
el proceso promovido por la señora Nasly Cruz de la Torre contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP.

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR NO PROSPERAS las excepciones de mérito
propuestas en la contestación de la demanda denominadas inexistencia de la
obligación, buena fe, cobro de lo no debido e imposibilidad jurídica para cumplir lo
pretendido y, PROSPERA PARCIALMENTE la excepción de prescripción; por lo
dicho en la motivación.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 001678 de 19 de enero
de 2018 y RDP 013274 de 16 de abril de 2018, por medio de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia a la señora
Nasly Cruz de la Torre.

CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP a
reconocer y pagar a la señora Nasly Cruz de la Torre, identificada con cédula de
ciudadanía 31.193.271, la pensión gracia en cuantía del 75% del promedio de los
factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
pero con efectos fiscales a partir del 10 de octubre de 2014, por la prescripción trienal
de mesadas pensionales arriba reseñada.

QUINTO. La demandada actualizará las sumas adeudadas de conformidad con lo
establecido en el inciso final del artículo 187 del CPACA, teniendo en cuenta los
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76-001-23-33-000-2018-01007-01 (1415-2023)
Demandante: Nasly Cruz de la Torre

índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.

SEXTO. La accionada deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro
del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.

SÉPTIMO. Sin condena en costas conforme a lo expuesto en la parte considerativa
de esta providencia.

OCTAVO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
AUSENTE CON PERMISO

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI. https://samai.consejodeestado.gov.co/

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