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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-01050-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-01050-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia apelada del 12 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Dilia Franz Valencia en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de Voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MLBC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-01050-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2018-01050-01 (2375-2025)
Demandante: Dilia Franz Valencia
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

Tema: Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez

Sentencia segunda instancia

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 12 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda1.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Dilia Franz Valencia presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones SUB-176752, SUB-190057 y DIR-

1 El magistrado Dr. Jorge Edison Portocarrero Banguera en anteriores ocasiones, y conforme a la

causal contenida en el artículo 141.9 del CGP, ha manifestado su impedimento para conocer en
segunda instancia asuntos tramitados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en cuya
decisión haya participado el magistrado Óscar Valero Nisimblat, con quien le une una amistad
íntima. No obstante, con ocasión de los principios de celeridad y economía procesal, en esta
ocasión no efectuó dicha declaración, toda vez que la Sala de Subsección, con auto de 18 de
septiembre de 2024, declaró infundado un impedimento basado en la misma causa, dentro del
expediente 76001-23-33-000-2014-01033-01 (0264-2023).
2 Expediente digitalizado en la plataforma Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y

del Consejo de Estado. La demanda fue radicada el 24 de septiembre de 2018, según acta de
reparto en el folio 32 del documento 9 de la primera instancia.
3 En adelante CPACA.

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-01050-01 (2375-2025)
Demandante: Dilia Franz Valencia

13635, del 29 de junio y 16 y 26 de julio de 2018 proferidas por Colpensiones por
medio de las cuales le negó el reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión
equivalente a un total de 563,86 semanas cotizadas; ii) la indexación de las sumas
concedidas; iii) la condena en costas a la parte demandada; iv) el pago de los
intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; v) el cumplimiento de
la sentencia en los términos indicados en el CPACA; y vi) la condena en costas a
la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Dilia Franz Valencia laboró para la Universidad del Valle por más de 30 años.
A partir del 1 de diciembre de 1997, la institución afilió a todos los docentes al
Instituto del Seguro Social4, hoy Colpensiones.

3.2. La Universidad del Valle le reconoció una pensión de vejez por medio de la
Resolución 3059 del 9 de diciembre de 2008, en la que no tomó en consideración
563,86 semanas cotizadas al ISS.

3.3. El 12 de junio de 2018 solicitó a la demandada el pago de la indemnización
sustitutiva de la pensión por las semanas no computadas, petición que fue negada
mediante la Resolución SUB-176752 del 29 de junio de 2018. Presentó recurso de
reposición y en subsidio apelación contra la anterior decisión, pero fue confirmada
a través de las resoluciones SUB-190057 y DIR-13635 del 16 y 26 de julio de 2018.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1 de la Ley 33 de 1985; 18, 37 y 141 de la
Ley 100 de 1993; y 138 del CPACA5.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso que Colpensiones vulneró « sus
derechos»6 al negar el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva bajo
un equivocado argumento de incompatibilidad, pues la pensión de vejez que recibe
por los servicios prestados a la Universidad del Valle es plenamente compatible
con dicha prestación, toda vez que esta última proviene de las cotizaciones
efectuadas mediante descuentos salariales.

4 En lo siguiente ISS.
5 Documento 9 de la primera instancia.
6 No se citaron los derechos invocados.

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Demandante: Dilia Franz Valencia

1.2. Contestación de la demanda

6. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda y al efecto señaló que
debía determinarse si para la pensión que le fue concedida por la Universidad del
Valle fueron tenidos en cuenta los tiempos a que aludió con el fin de obtener el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva, pues en caso de ser así la
pretensión propuesta sería contraria al artículo 128 de la Constitución Política7.

7. Propuso como excepciones la inexistencia de la obligación, cobro de lo no
debido, prescripción, buena fe y la innominada8.

1.3. La sentencia apelada

8. En sentencia del 12 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca negó las pretensiones de la demanda y no impuso condena en costas. Lo
anterior, de acuerdo con los siguientes argumentos9:

8.1. La indemnización sustitutiva de la pensión de vejez prevista en el artículo 37 de
la Ley 100 de 1993 tiene naturaleza subsidiaria, pues su pago solo es procedente
en reemplazo de una pensión de vejez y bajo 2 condiciones relativas a que el
afiliado no hubiere cumplido con las semanas mínimas para pensionarse y que se
encuentre en imposibilidad de continuar cotizando al sistema.

8.2. De acuerdo con el material probatorio aportado, la demandante cotizó un total
de 563.86 semanas al ISS, hoy Colpensiones, por servicios prestados a la
Universidad del Valle entre el 1 de diciembre de 1997 y el 29 de noviembre de
2008. Sin embargo, dichos aportes fueron computados para conceder la pensión
de vejez reconocida por medio de la Resolución 3059 del 9 de diciembre de 2008,
tal como se extrajo de la lectura del ordinal tercero de la parte resolutiva del acto
en la que se señaló que la Universidad solicitaría al ISS «la devolución de aportes
pensionales cotizados por el vínculo laboral de […] Dilia Franz Valencia, desde diciembre
10 de 1997 […] hasta el 29 de noviembre del 2008, fecha de su retiro, de acuerdo con el
Decreto 1513 de 1998 artículo 18 […]».

8.3. De acuerdo con la postura que ha asumido el Consejo de Estado 10 sobre el
particular, la pensión de vejez es incompatible con la indemnización sustitutiva
pretendida, pues los mismos aportes no pueden financiar 2 prestaciones
independientes.

1.4. El recurso de apelación

9. Dilia Franz Valencia apeló la sentencia de primera instancia y expuso los

7 Documento 6, en la carpeta «Otros cuadernos» de la primera instancia.
8 La parte demandada no desarrolló las citadas pretensiones en relación con el caso concreto.
9 Documento 26 del expediente de la primera instancia.
10 Sentencia del 2 de diciembre de 2021, radicado 25000-23-42-000-2017-06200-01.

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Demandante: Dilia Franz Valencia

siguientes argumentos11:

9.1. La pensión de vejez reconocida por la Universidad del Valle solo tuvo en
consideración los aportes realizados durante los 30 años que laboró en esa
institución y aplicó las condiciones fijadas en la Ley 33 de 1985.

9.2. Según el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, el empleado oficial que haya servido
20 años de servicio y cuente con 55 años de edad tendría derecho a una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio. En tal sentido, «en
ninguna parte de [la norma se habla] de sumar tiempos de servicios y cotizaciones para
pensiones».

9.3. Lapensión de vejez y la indemnización sustitutiva que pretendió no son
incompatibles, pues la primera es financiada con los aportes realizados con
ocasión de la relación laboral con la Universidad del Valle mientras que la segunda
se relaciona con los descuentos mensuales que se realizaban de su salario.

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar12.

1.6. Concepto del Ministerio Público

11. El agente del Ministerio Público no rindió concepto en esta oportunidad 13.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

12. Secircunscribe a establecer ¿si Dilia Franz Valencia tenía derecho a la
indemnización sustitutiva de la pensión equivalente a un total de 563,86
semanas que fueron cotizadas al entonces Instituto del Seguro Social, hoy
Colpensiones?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial. La indemnización sustitutiva de la
pensión

13. Una de las contingencias que se aseguran a través del Sistema General de
Pensiones es la vejez, con la finalidad de proteger al trabajador que una vez llega

11 Documento 29 de la primera instancia.
12 Como se indicó en el auto admisorio del 5 de septiembre de 2025. Documento 4 de la segunda

instancia.
13 Constancia en el documento 7 de la segunda instancia.

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Demandante: Dilia Franz Valencia

a una edad en la que no puede seguir laborando pueda percibir un ingreso que le
garantice un mínimo vital y una congrua subsistencia.

14. La Corte Constitucional en sentencia C-177 de 1998 se refirió a la pensión de
vejez como una compensación a la actividad desarrollada por un tiempo
considerable y que genera la disminución de la fuerza laboral. Por su parte, en la
sentencia C-230 de ese año señaló que no se trataba de un derecho gratuito, sino
que surgía por la acumulación de cotizaciones y de tiempos de servicio efectuados
por el trabajador.

15. Ahora bien, el reconocimiento de la pensión de vejez depende del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, ya sea del sistema general
de pensiones o de alguno de los regímenes anteriores a su entrada en vigor. No
obstante, en ocasiones, las personas no logran reunir los requisitos dispuestos
para acceder a esa prestación, por lo que en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993
se dispuso una herramienta compensatoria denominada indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez, que también procede cuando no se cumple con los
requisitos para obtener las pensiones por invalidez (artículo 45) y sobrevivencia
(artículo 49).

16. Al respecto la referida norma estableció lo siguiente:

«Artículo 37. indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que
habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el
mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando,
tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario
base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas
cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los
porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado».

17. La disposición transcrita fue reglamentada a través del Decreto 1730 del 27 de
agosto de 200114, compilado en el Decreto 1833 de 2016, y en su artículo 1 dispuso
que el reconocimiento de la indemnización en el régimen de prima media con
prestación definida podía originarse cuando «con posterioridad a la vigencia del sistema
general de pensiones» se presentaran las siguientes situaciones:

«a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el
número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión
de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;

b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas
cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al
artículo 39 de la Ley 100 de 1993;

14 «Por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la

indemnización sustitutiva del régimen solidario de prima media con prestación definida».

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c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios par (sic)
que su grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme
al artículo 46 de la Ley 100 de 1993;

d) Que el afiliado al sistema general de riesgos profesionales se invalide o muera,
con posterioridad a la vigencia del Decreto-Ley 1295 de 199415, como
consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual
genere para él o sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de
conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto-Ley 1295 de 1994».

18. Por su parte, artículo 2 del Decreto 1730 de 2001 estableció lo siguiente:

«Artículo 2.- Reconocimiento de la indemnización sustitutiva. Cada
Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida a la que
haya cotizado el trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva, respecto al tiempo cotizado.

En caso de que la Administradora a la que se hubieren efectuado las
cotizaciones haya sido liquidada, la obligación de reconocer la indemnización
sustitutiva corresponde a la entidad que la sustituya en el cumplimiento de la
obligación de reconocer las obligaciones pensionales.

En el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en la función de pagar
las pensiones por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, Fopep,
será ésta la entidad encargada del pago, mientras que su reconocimiento
continuará a cargo de la caja o fondo que reconozca las pensiones.

Para determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta
la totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de 1993».

19. De acuerdo con lo anterior, el reconocimiento de la indemnización en el régimen
de prima media con prestación definida puede originarse en 3 circunstancias:
i) como sustitutiva de la pensión de vejez; o ii) de la pensión de invalidez; o iii) de
la pensión de sobrevivientes, de la Ley 100 de 1993.

20. No obstante, la exigencia según la cual se deben cumplir los requisitos «con
posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones», fue declarada nula por
esta Corporación a través de sentencia de 14 de abril de 200516, por las siguientes
razones:

«En efecto, el hecho de que haya limitado la norma reglamentaria la
indemnización sustitutiva de la pensión por vejez sólo al hecho de que con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se cumplan la totalidad de los
requisitos enlistados en el precitado literal (edad, retiro del servicio y
manifestación de la imposibilidad de seguir cotizando al sistema) no permitiría
que tal prestación se reconozca a los afiliados al sistema de prima media con
prestación definida afiliados a una administradora de este régimen, que
habiendo cumplido la edad bajo el régimen anterior se retiren del servicio

15 El texto subrayado fue declaro nulo por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 24 de julio de 2017, radicado: 11001-03-25-000-2010-00279-00 (2292-10).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 14 de abril de 2005, radicado:

11001032500020030011201 (0477-2003).

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bajo su vigencia, sin el número de semanas exigidas para tener derecho a
la prestación y declaren su imposibilidad de seguir cotizando al sistema.

[…]

Es cierto que la opción de la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez en
la legislación anterior a la Ley 100 de 1993 sólo existía para los afiliados al ISS;
sin embargo la nueva figura creada en la ley 100 cobija tanto a dichos afiliados
como a los de una administradora diferente al ISS, pues no sería razonable y
violaría el derecho a la igualdad que los afiliados a una administradora del
régimen de prima media con prestación definida, diferentes a éste, por el hecho
de serlo, no les sea permitido, si se dan las condiciones que la misma Ley
establece en su artículo 37, acceder a la prestación, pretextando la falta de tal
beneficio en el régimen anterior que los gobernaba.

[…]

Es un principio de derecho incuestionable que las leyes rigen hacia el futuro, por
lo que una lectura ligera y desprevenida de la frase acusada de la norma
reglamentaria daría como resultado una conformidad con las previsiones de la
ley reglamentada, sin embargo, haciendo un estudio a fondo de la especificidad
de categorías de afiliados y su derecho a escoger la norma más favorable, lleva
a la Sala a ser cuidadosa en su examen, por lo que la limitación en cuanto al
cumplimiento de la edad que trae la norma acusada, dejaría por fuera a
algunos afiliados que no obstante pertenecer al sistema, pues a la entrada
de la vigencia de la ley ingresaron a éste como afiliados forzosos, es decir
cotizaron a dicho régimen bajo las previsiones de la ley y se dieron los supuestos
que ellas contemplan, retiro del servicio e imposibilidad de seguir cotizando,
quedarían privados de ese beneficio, cuando ello no fue el querer del legislador
[…]». [Se resalta].

21. En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional17 al precisar lo
siguiente:

«[…] en relación con la aplicación de las normas contenidas en la Ley 100 de
1993, a fin de hacer efectiva la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
en aquellos casos en que los aportes al sistema se dieron con anterioridad a la
entrada en vigencia de dicha Ley, la Corte Constitucional ha reiterado que esta
normatividad es aplicable a todos los habitantes del territorio nacional y a
todas aquellas situaciones que al momento de su expedición no se
hubieren consolidado. Así lo sostuvo en sentencia T-850 de 2008, al indicar:

‹El derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se
encuentra en cabeza de aquellas personas que, independientemente de haber
estado afiliadas al Sistema Integral de Seguridad Social en el momento de
entrada en vigencia la Ley 100 de 1993 pero que habiendo cumplido con la edad
para reclamar la pensión, no cuenten con el número de semanas cotizadas para
acceder a dicha prestación. Además las entidades de previsión social a las que
en algún momento cotizó el accionante, deben reconocer y pagar la
indemnización so pena de que se incurra en un enriquecimiento sin causa›.

Así pues, es inválida cualquier interpretación restrictiva en la cual se
establezca como requisito adicional para acceder a la indemnización
sustitutiva que el afiliado haya cotizado al sistema a partir de la vigencia de

17 Corte Constitucional, sentencia T-849 A de 2009.

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la Ley 100 de 1993 o que al momento de la desvinculación del trabajador
éste haya cumplido con la edad exigida para acceder a la pensión de vejez,
pues ello (i) contradice de manera directa los artículos 48, 49 y 366 de la
Constitución Política, (ii) propicia un enriquecimiento sin causa de la entidad a la
cual se efectuaron los aportes y (iii) vulnera el principio constitucional de
favorabilidad en materia laboral, expresamente previsto en el artículo 53 superior
[…]». [Se resalta].

22. El artículo 1 del Decreto 1730 de 2001 fue modificado por el artículo 1 del Decreto
4640 de 200518, en el sentido de indicar que habrá lugar al reconocimiento de la
citada indemnización, para «afiliados al Sistema General de Pensiones» en las
siguientes situaciones:

«a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el
número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión
de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;

b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas
cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al
artículo 39 de la Ley 100 de 1993;

c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios para que
su grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme al
artículo 46 de la Ley 100 de 1993;

d) Que el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera,
con posterioridad a la vigencia del Decreto-ley 1295 de 1994, como consecuencia
de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual genere para él o
sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de conformidad con lo
previsto en el artículo 53 del Decreto-ley 1295 de 1994».

23. Esta exigencia fue declarada nula en sentencia del 11 de marzo de 201019, con
fundamento en lo siguiente:

«[…] la Sala considera que si el Sistema General de Pensiones contenido en la Ley
100 de 1993, se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, rige a partir de
su publicación y salvaguardó los derechos adquiridos en vigencia de las
disposiciones derogadas; la exigencia de ser afiliado al mismo para ser beneficiario
de la indemnización sustitutiva, riñe con los principios orientadores del Sistema de
Seguridad Social Integral y con el objetivo del Sistema General de Pensiones […].

De manera que son válidas las acusaciones hechas por el demandante y el
Ministerio Público contra el Decreto reglamentario en comento, cuando afirman
que con tal exigencia -ser afiliado al Sistema General de Pensiones- se excluye
de tal beneficio a las personas que para la fecha de entrada en vigencia no se
encontraban vinculadas ya fuera mediante contrato de trabajo, como servidores
públicos, como trabajadores oficiales, como empleados públicos, como
trabajadores independientes o prestando sus servicios bajo la modalidad de
prestación de servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector
privado. En otras palabras, retiradas del servicio activo.

18 «Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Decreto 1730 de 2001»
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de marzo de 2017, radicado 11001-03-

24-000-2006-00322-00(0984-07).

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-01050-01 (2375-2025)
Demandante: Dilia Franz Valencia

Prohijar tal exigencia, vulneraría a todas luces el derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 13 superior, se desconocería el principio de la
irrenunciabilidad de los derechos ciertos e indiscutibles y de los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales, así como la situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho, la garantía a la seguridad social y la asistencia a las
personas de la tercera edad.

No hay que olvidar además, que el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 establece
como característica del Sistema, que para reconocer las pensiones y
prestaciones que consagra dicha normativa se tendrán en cuenta la suma de las
semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la citada ley, al Instituto de
Seguros Sociales o cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado,
o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de
semanas cotizadas o el tiempo de servicio.

Siendo ello así, como irrebatiblemente lo es, dicho beneficio no puede estar
consagrado exclusivamente para los afiliados, entendido como aquellos
vinculados al servicio a la entrada en vigencia de dicha Ley, sino para toda la
población, a la que el mismo sistema ampara de las contingencias derivadas de
la vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que él consagra, siendo una de ellas la indemnización sustitutiva».

24. Por su parte, la Corte Constitucional al conocer de varias acciones de tutela20
relacionadas con el reconocimiento de esta prestación ha señalado que21:

«(i) Su desconocimiento contraviene el principio de favorabilidad en materia laboral
consagrado en el artículo 53 de la Constitución, en concordancia con el artículo 21
del Código Sustantivo de Trabajo.

(ii) Las entidades a las que se le realizaron los aportes incurren en un
enriquecimiento sin causa al retener los recursos que constituyen un ahorro del
trabajador y es a este a quien le correspondería, en primer lugar, disfrutarlos.

(iii) La indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 no
dispuso un límite temporal para su aplicación, luego también son beneficiarias las
personas que cotizaron o prestaron sus servicios con anterioridad. Además, no se
condicionó su reconocimiento a cotizaciones posteriores a su expedición.

(iv) El Sistema General de Seguridad Social en Pensiones reconoce, en el literal f)
del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que se puede tener en cuenta los tiempos
de servicio o semanas cotizadas con anterioridad a su creación y bajo disposiciones
precedentes con independencia de si fueron cotizados al Instituto de Seguro Social,
caja, fondo o entidad del sector público o privado.

(v) Se trata de un derecho irrenunciable del trabajador que a su vez es
imprescriptible.

(vi) Si bien el trabajador no tiene que renunciar a la expectativa de cumplir las
semanas exigidas en la ley o el capital requerido, según el régimen pensional que
haya elegido, lo cierto es que tampoco existe la obligación de continuar efectuando

20 Sentencias T-850 de 2008, T-849A de 2009, T-1075 de 2012, T-083 de 211, T-062 de 2012, T-

865 de 2013 y T-122 de 2016.
21 T-125 de 2018.

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aportes hasta completar las exigencias legales para que le reconozcan la pensión,
por lo que resulta válido que una vez haya alcanzado la edad mínima para acceder
a la prestación periódica pueda proceder a solicitar la indemnización».

25. En este punto conviene destacar la procedencia del reconocimiento de la
indemnización sustitutiva a quienes prestaron servicios con anterioridad a su
creación; para el efecto, de conformidad con el literal f) del artículo 13 de la Ley 100
de 1993, se tendrán en cuenta el número de semanas cotizadas con anterioridad a
la vigencia de la esta ley, al ISS o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público
o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número
de semanas cotizadas o el tiempo de servicio.

26. Así las cosas, la indemnización sustitutiva procede en favor de quienes alcanzan
la edad para obtener la pensión de vejez sin lograr el mínimo de semanas exigidas
para acceder a ella, antes o después de la entrada en vigor del Sistema General de
Pensiones, y manifiestan su imposibilidad de seguir cotizando. Asimismo, el artículo
2 del Decreto 1730 de 2001 previó que, en caso de aportes a distintas
administradoras de pensiones, cada una de aquellas debía efectuar el
reconocimiento, esto es, de manera individual, pero teniendo en cuenta el tiempo
cotizado en cada administradora.

27. Ahora, aunque la citada disposición se refiere a las administradoras de pensiones,
debe recordarse que el sistema de seguridad social funciona como un sistema de
aseguramiento, en donde estas se subrogan en el reconocimiento y pago de las
prestaciones económicas de la seguridad social, siempre que el empleador ya sea
público o privado, que es el obligado primigenio y natural, afilie al trabajador y cumpla
con el pago de los aportes o cotizaciones.

2.3. Caso en concreto

28. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

28.1. A través de la Resolución 3059 del 9 de diciembre de 2008, la Universidad del
Valle le reconoció a Dilia Franz Valencia una pensión de vejez. Para ello tuvo en
cuenta un total de 11.909 días cotizados con ocasión de los servicios prestados a
esa institución de educación superior, comprendidos entre el 11 de noviembre de
1975 y el 29 de noviembre de 2008, equivalentes a 33 años y 29 días; de acuerdo
con las siguientes condiciones22:

3. Que el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, indica: “Aplicación de las disposiciones
contenidas en la presente Ley y en las Leyes anteriores. Todo trabajador privado u
oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la
vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que
estime favorable ante el cotejo de lo dispuesto en las leyes anteriores sobre la misma
materia siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley”

22 Documento «GRP-AAD-RP-2018_6749411-20180612035255.pdf» del expediente
administrativo.

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4. Que encontrándose en el Régimen de Transición, la señora Dilia Franz Valencia y
de acuerdo con el Considerando 3° de esta Resolución, mediante Oficio de fecha
octubre 8 del 2008 dirigido a la Oficina de Recursos Humanos, manifestó: “solicito
aplicar el principio de favorabilidad al momento de liquidar la pensión de jubilación de
conformidad con la Ley 100 de 1993”.

5. Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y en
los artículos 33 y 34 ib., estos últimos modificados en su orden por los artículos 9° y 10°
de la Ley 797 del 2003, la peticionaria tiene derecho a gozar de la pensión que
demanda, pues reúne a cabalidad los requisitos estipulados en las normas precitadas,
edad 55 años y supera el tiempo de servicio mínimo de cotización (1125 semanas para
la vigencia 2008), en cualquier tiempo, pues en la actualidad la señora Dilia Franz
Valencia cuenta con 55 años de edad y un tiempo de servicio de 33 años y 29 días,
equivalentes a 1701 semanas cotizadas.

6. Que acatando lo señalado por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el artículo 34
ib., modificado por el artículo 10 de la Ley 797 del 29 de enero del 2003, el artículo 1°
del Decreto 1158 de 1994, las Leyes 33 y 62 de 1985, la cuantía de la pensión mensual
vitalicia de jubilación equivale al 78,6% (por tener cotizadas 1701 semanas) durante los
diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, en este caso, del ingreso
base de liquidación obtenido durante el período comprendido entre el 30 de noviembre
de 1993 y el 29 de noviembre del 2008, fecha de renuncia de la señora Dilia Franz
Valencia, valor que será actualizado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC)
certificado por el DANE, sin que el monto pensional exceda el límite legal vigente
establecido por el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5° de la
Ley 797 de 2003 […]

En la parte resolutiva de ese acto administrativo se indicó que solicitaría al
28.1.1.
ISS la devolución de los aportes hechos a esa administradora a favor de la
demandante. La orden fue la siguiente:

ARTÍCULO TERCERO: La Universidad del Valle solicitará al I.S.S. la devolución de
aportes pensionales cotizados por el vínculo laboral de la señora Dilia Franz Valencia,
desde Diciembre 10 de 1997 fecha en la cual se afilió al Seguro Social hasta el 29 de
noviembre del 2008, fecha de su retiro, de acuerdo con el Decreto 1513 de 1998 artículo
18 y demás normas concordantes.

28.2. El12 de junio de 2018, Dilia Franz Valencia solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de una indemnización sustitutiva de la pensión correspondiente a
las semanas que la Universidad de Valle, en calidad de empleadora, cotizó a su
favor entre el 1 de diciembre de 1997 y el 29 de noviembre de 200823.

28.3. Por medio de la Resolución SUB-176752 del 29 de junio de 2018,
Colpensiones negó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión.
Al efecto, consideró que, a pesar de que Dilia Franz Valencia cotizó a esa entidad
563 semanas mientras laboró en la Universidad del Valle, ya era titular de una
pensión de vejez que le fue reconocida por esa institución por medio de la
Resolución 3059 del 9 de diciembre de 2008 en la que se indicó que las citadas
semanas fueron tenidas en cuenta para el cómputo de la mesada, pues en el acto

23 Según información extraída de la Resolución SUB-176752 del 29 de junio de 2018.

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se señaló que se solicitaría al ISS la devolución de los aportes pensionales
realizados a esa administradora entre el 1 de diciembre de 1997 y el 29 de
noviembre de 200824.

28.4. El 10 de julio de 2018 presentó recurso de reposición y en subsidio apelación
contra esa decisión en el que sostuvo que la pensión de vejez y la indemnización
sustitutiva de la pensión no son incompatibles porque la primera fue financiada con
los tiempos de servicios prestados al Estado y la segunda con semanas cotizadas
con dineros descontados de su salario25.

28.5. La decisión recurrida fue confirmada por medio de las resoluciones SUB-
190057 del 16 de julio y DIR-13635 del 26 de julio de 2018 en las que se insistió
en la incompatibilidad entre la pensión de vejez y la indemnización sustitutiva de la
pensión26.

28.6. De acuerdo con el reporte del 3 de abril de 2019 suministrado por
Colpensiones, la Universidad del Valle cotizó a esa administradora a favor de Dilia
Franz Valencia 563,86 semanas comprendidas entre el 1 de diciembre de 1997 y
el 29 de noviembre de 200827.

2.5. Análisis sustancial del caso concreto

29. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda al
considerar que la pensión de vejez reconocida a la demandante era incompatible
con la indemnización sustitutiva reclamada. Inconforme con dicha decisión, Dilia
Franz Valencia presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente: i)
la pensión de jubilación que le fue concedida solo tuvo en consideración los más
de 30 años de servicios prestados a la Universidad del Valle; y ii) la pensión de
vejez no es incompatible con la indemnización sustitutiva, en la medida en que la
primera se financió con aportes del empleador y la segunda correspondería a los
descuentos efectuados a su salario.

30. De conformidad con el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez es una prestación de carácter residual y
subsidiario, prevista para aquellos afiliados que, luego de alcanzar la edad
requerida para pensionarse, no reunieron el número mínimo de semanas exigidas
y manifestaron su imposibilidad de continuar cotizando al sistema. Su finalidad es
la de reconocer una prestación económica sustitutiva ante la imposibilidad de
consolidar el derecho pensional.

24 Folios 7 al 12 del documento 2 de la primera instancia.
25 Folios 14 y 15 del documento 2 de la primera instancia.
26 Folios 16 al 28 del documento 2 de la primera instancia.
27 Documento «GRP-SCH-HL-2018_6749411-20180612031915.PDF» del expediente
administrativo.

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31. En igual sentido, el artículo 1 del Decreto 1730 de 2001, compilado en el Decreto
1833 de 2016, establece que dicha indemnización procede únicamente en
ausencia del reconocimiento de una pensión de vejez, lo que evidencia su carácter
excepcional y subordinado frente a esta última prestación.

32. A su vez, el artículo 6 ibidem dispuso de manera expresa la incompatibilidad
entre la indemnización sustitutiva y las pensiones de vejez e invalidez, al señalar
que las cotizaciones utilizadas para el cálculo de la indemnización no podían ser
tenidas en cuenta nuevamente para ningún otro efecto. Esta prohibición busca
impedir la doble utilización de los mismos aportes para financiar prestaciones
económicas dirigidas a cubrir una misma contingencia.

33. En el caso concreto, se encontró acreditado que mediante Resolución 3059 del
9 de diciembre de 2008, la Universidad del Valle reconoció a favor de la
demandante una pensión de vejez con efectos fiscales a partir del 29 de noviembre
de 2008, con base en un tiempo de servicios de 33 años y 29 días, comprendido
entre el 1 de noviembre de 1975 y el 29 de noviembre de 2008.

34. Lo anterior evidencia que la demandante mantuvo una única relación laboral
continua con la Universidad del Valle y, en consecuencia, una sola afiliación al
sistema pensional, aun cuando durante dicho período se hayan presentado
cambios en la entidad administradora de los aportes. Por tanto, no es jurídicamente
viable fragmentar su historia laboral en 2 supuestos períodos de cotización
diferenciados.

35. En ese contexto, el primer argumento de la apelación parte de una premisa
equivocada al suponer que las cotizaciones efectuadas con posterioridad al 1 de
diciembre de 1997 corresponden a una afiliación distinta e independiente ante el
entonces Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, pues tales aportes
hacen parte de un mismo historial pensional derivado de una única vinculación
laboral, por lo que no pueden ser considerados como un conjunto aportes
independientes o autónomos susceptible de dar lugar a una prestación autónoma.

36. Bajo esta perspectiva, no solo se configuró la incompatibilidad normativa entre
la pensión de vejez y la indemnización sustitutiva, sino que, además, en el presente
caso no existen cotizaciones que hayan quedado por fuera del reconocimiento
pensional y que, por tanto, puedan sustentar el reconocimiento de una prestación
distinta, en la medida en que la totalidad de los aportes efectuados por la
demandante ya fueron tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión que
actualmente percibe.

37. En tal sentido, si bien la demandante alegó que la pensión que le fue concedida
tuvo en consideración los más de 30 años de servicio prestados a la Universidad
del Valle, en tanto que la indemnización que ahora pretende responde a los
descuentos que se le hicieron a su salario, lo cierto es que los aportes que efectuó

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a Colpensiones por virtud de esos servicios prestados a la universidad tenían la
misma finalidad, esto es financiar esa prestación: la pensión de jubilación.

38. En efecto, las semanas cotizadas cuya restitución solicitó la demandante
mediante la indemnización sustitutiva se encuentran comprendidas dentro del
período que sirvió de base para el reconocimiento de la pensión de vejez, lo que
implica que dichos recursos ya cumplieron con su finalidad dentro del sistema
pensional y no pueden ser nuevamente utilizados para generar otra prestación
económica.

39. Tanto es así que la Universidad del Valle en la parte resolutiva del acto de
reconocimiento indicó que solicitaría al ISS el reintegro de las semanas bajo su
administración, lo que quiere decir no solo que sí fueron incluidas en el cálculo de
la mesada, sino que fueron recobradas por la entidad pagadora de la prestación.

40. Admitir el reconocimiento de una indemnización sustitutiva en favor de quien ya
cuenta con un derecho pensional concedido implicaría permitir la destinación
simultánea de los mismos aportes, en contravía de la prohibición expresa
contenida en la normativa aplicable y del diseño del sistema pensional, que impide
que una misma cotización financie simultáneamente dos prestaciones orientadas
a cubrir la misma contingencia.

41. De otra parte, el segundo argumento de la apelación también carece de
vocación de prosperidad, pues se fundamentó en una comprensión errónea de la
naturaleza de las cotizaciones al sistema pensional. En efecto, no es acertado
afirmar que las pensiones de vejez son financiadas exclusivamente con aportes
del empleador, mientras que las indemnizaciones sustitutivas corresponderían a
los aportes del trabajador.

42. En el régimen pensional colombiano, las cotizaciones son obligatorias y de
carácter concurrente, integradas por aportes tanto del empleador como del
trabajador, en los porcentajes definidos en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993.
Dichos aportes conforman una unidad destinada exclusivamente a financiar las
prestaciones del sistema, sin que resulte jurídicamente viable escindirlos para
asignarles finalidades distintas.

43. En esa línea, conviene precisar que la indemnización sustitutiva no es una
simple devolución de los aportes efectuados por el trabajador, sino una prestación
económica autónoma definida por la ley, cuyo reconocimiento está condicionado
al cumplimiento de requisitos específicos y, en todo caso, a la inexistencia de un
derecho pensional previamente consolidado.

44. En consecuencia, la Sala concluye que la demandante ya consolidó su derecho
a la pensión de vejez, prestación que cubre integralmente la contingencia que
pretende amparar mediante la indemnización sustitutiva. Por ello, no resulta

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jurídicamente procedente acceder al reconocimiento de una prestación alternativa
sustentada en los mismos aportes y dirigida a la misma finalidad. En consecuencia,
se confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en cuanto negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

45. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

46. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

47. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma28.

48. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

49. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

50. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Dilia Franz Valencia no
tenía derecho al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión, toda
vez que ya le fue reconocida una pensión de vejez por parte de la Universidad del
Valle la cual es incompatible con el derecho que reclamó.

28 En el mismo sentido, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 1

de diciembre de 2016, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia apelada del 12 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Dilia Franz Valencia en
contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de Voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
MLBC

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