Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2018-01066-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2018-01066-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2018-01066-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
11 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 76001233300020180106601 (71322)
Demandante: ALFREDO JARAMILLO CRUZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO Y OTROS
Tema: Falla en el servicio en la prestación del servicio de seguridad y
protección, lo cual condujo al desplazamiento forzado.
Caducidad del medio de control de reparación directa en
eventos de lesa humanidad – aplicación sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y de la sentencia de
unificación SU-429 de 2024 de la Corte Constitucional.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 14 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que declaró la caducidad del medio de control de reparación
directa.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 20 de marzo de 2001, Alfredo Jaramillo Cruz, en su condición de juez primero
civil municipal de Yumbo, recibió una amenaza por parte de un grupo al margen
de la ley, haciendo alusión a que la decisión que tomara sobre la entrega de un
predio rural estaba siendo vigilada por dos grupos subversivos y que le advertían
sobre las consecuencias fatídicas que podían presentarse en caso de que
realizara dicha diligencia. Posteriormente, en fecha indeterminada, Jaramillo Cruz
recibió una llamada telefónica de un miembro del Frente 30 de las FARC, quien le
manifestó que estaban a la espera de la decisión de una acción de tutela “para
tomar las medidas que fueran necesarias en contra de él”. Los anteriores hechos
fueron denunciados por Jaramillo Cruz ante la Fiscalía General de la Nación. El 10
de febrero de 2003, Alfredo Jaramillo Cruz renunció a su cargo como juez primero
civil municipal de Yumbo. Finalmente, el 20 de marzo de 2003, Jaramillo Cruz y su
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Radicado: 76001233300020180106601 (71322)
Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
núcleo familiar se exiliaron en Canadá.
Los demandantes consideran que de la Nación – Ministerio del Interior – Ministerio
de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional son patrimonialmente
responsables pues “incurrieron en omisión en el cumplimiento de sus funciones,
por no haber tomado las medidas necesarias y especiales de protección,
estructurándose la falla en el servicio por omisión. En el caso que aquí nos tiene,
el Estado tenía la obligación de proteger el derecho a no ser desplazado,
desarraigado, y despojado de sus bienes como consecuencia del conflicto armado
interno, ni de permitir que la labor de un Juez fuera turbada”.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 12 de octubre de 20181, Alfredo Jaramillo Cruz, Luz Marina Romero Ibagón,
Iván Camilo Jaramillo Romero y Juan David Jaramillo Pascumal, mediante
apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa,
presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio del Interior - Ministerio
de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional, para que se les declarara
patrimonialmente responsables por la falla en el servicio en la prestación del
servicio de seguridad y protección, lo cual condujo al desplazamiento forzado que
sufrieron desde el 20 de marzo de 2003.
Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las
demandadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV para cada uno de los
demandantes; y por lucro cesante, la suma de $1.586.444.156 para Alfredo
Jaramillo Cruz.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en fecha
indeterminada del año 1999, Alfredo Jaramillo Cruz fue nombrado como juez
primero civil municipal de Yumbo.
1 Fl. 97 a 161, C. 1.
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Radicado: 76001233300020180106601 (71322)
Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
Manifiesta que el 20 de marzo de 2001, José Eleazar Londoño, secretario del
Juzgado Primero Civil Municipal de Yumbo, fue interceptado por Víctor Omar
Becerra, quien le envió una amenaza a Jaramillo Cruz, haciendo alusión a que la
decisión que tomara sobre la entrega de un predio rural estaba siendo vigilada por
dos grupos subversivos y que le advertían sobre las consecuencias fatídicas que
podían presentarse en caso de que realizara dicha diligencia.
Sostiene que el 21 de marzo de 2001, Alfredo Jaramillo Cruz presentó ante la
Fiscalía General de la Nación denuncia penal por las amenazas recibidas.
Señala que, en fecha indeterminada, Jaramillo Cruz recibió una llamada telefónica
de un miembro del Frente 30 de las FARC, quien le manifestó que estaban a la
espera de la decisión de una acción de tutela “para tomar las medidas que fueran
necesarias en contra de él”.
Indica que el 29 de enero de 2002, Alfredo Jaramillo Cruz denunció ante la
Fiscalía General de la Nación las amenazas recibidas.
Argumenta que el 26 de marzo de 2002, la Policía Nacional señaló que el nivel de
riesgo que presentaba Alfredo Jaramillo Cruz era circunstancial y no ameritaba un
tratamiento especial de seguridad.
Afirma que el 18 de noviembre de 2002, la Fiscalía Seccional 156 de Yumbo
profirió resolución inhibitoria en la investigación penal adelantada.
Manifiesta que el 10 de febrero de 2003, Alfredo Jaramillo Cruz renunció a su
cargo como juez primero civil municipal de Yumbo.
Sostiene que el 11 de febrero de 2003, Alfredo Jaramillo Cruz amplió la denuncia
penal presentada, anexando un panfleto del Sexto Frente Regional Suroccidente
de las FARC, en el que lo declaraban como objetivo militar, así como también a
sus hijos, Iván Camilo Jaramillo Romero y Juan David Jaramillo Pascumal.
Señala que el 20 de marzo de 2003, Jaramillo Cruz y su núcleo familiar se
exiliaron en Canadá.
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Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
Indica que, en fecha indeterminada, Alfredo Jaramillo Cruz regresó a Colombia, en
atención al acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC.
Argumenta que, en fecha indeterminada, Jaramillo Cruz solicitó a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV) ser incluido, junto con su núcleo familiar, en el registro único de víctimas.
Afirma que mediante Resolución No. 2017-111327 del 8 de septiembre de 2017, la
UARIV rechazó la anterior solicitud de Alfredo Jaramillo Cruz.
Manifiesta que el 30 de octubre de 2017, Alfredo Jaramillo Cruz interpuso recurso
de reposición contra la Resolución No. 2017-111327.
Sostiene que mediante Resolución No. 2017-111327R del 24 de noviembre de
2017, la UARIV incluyó a Alfredo Jaramillo Cruz y a su núcleo familiar en el
registro único de víctimas.
Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio del Interior – Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional son patrimonialmente responsables
pues “incurrieron en omisión en el cumplimiento de sus funciones, por no haber
tomado las medidas necesarias y especiales de protección, estructurándose la
falla en el servicio por omisión. En el caso que aquí nos tiene, el Estado tenía la
obligación de proteger el derecho a no ser desplazado, desarraigado, y despojado
de sus bienes como consecuencia del conflicto armado interno, ni de permitir que
la labor de un Juez fuera turbada”.
2. Contestación
El 19 de febrero de 20192 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la
demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al ministerio
público.
2 Fl. 203, C. 1.
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Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
2.1. La Nación – Ministerio del Interior3 se opuso a la totalidad de las pretensiones,
dado que no se encontraba dentro de sus funciones la protección de la población
civil ni el control del orden público. Como excepciones formuló la de “falta de
legitimación en la causa por pasiva”, “caducidad del medio de control” y “falta de
nexo causal”.
2.2. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional4 solicitó negar las
pretensiones de la demanda. Sobre el particular, señaló que el Estado no puede
responder por los actos delictivos de los grupos al margen de la ley y, en ese
sentido, propuso la excepción de hecho exclusivo de un tercero.
2.3. La Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional5 sostuvo que no estaba
llamado a responder dentro del asunto, toda vez que los daños alegados en la
demanda fueron causados por grupos al margen de la ley. Por ello, propuso las
excepciones de “hecho de un tercero” y “falta de legitimación en la causa por
pasiva”.
Finalmente, sostuvo que en el sub examine se configuró la caducidad del medio
de control de reparación directa, pues el desplazamiento por el que se demanda
ocurrió en el 2003 “lo que quiere decir, que la presentación de la demanda se
encuentra por fuera del término legal dispuesto para ello”.
3. Audiencia inicial
El 24 de agosto de 20216 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca realizó la
audiencia inicial, en la que efectuó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y
fijó el objeto del litigio.
Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se circunscribía
a: “establecer si la demanda fue presentada oportunamente (es decir, descartar la
3 Fl. 251 a 263, C. 1.
4 Samai, índice 55 de primera instancia.
5 Fl. 272 a 280, C. 1.
6 Samai, índice 32 de primera instancia.
6
Radicado: 76001233300020180106601 (71322)
Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
caducidad) y, en caso afirmativo, determinar si debe declararse la responsabilidad
patrimonial y extracontractual de las entidades demandadas, por el
desplazamiento forzado que invocan los demandantes, ocurrido en el año 2003
por amenazas contra el señor Alfredo Jaramillo Cruz”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
En la audiencia del 12 de julio de 20227, se corrió traslado a las partes y al
ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto,
respectivamente.
4.1. El extremo activo8, la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional9 y el
Ejército Nacional10 y reiteraron lo expuesto en la demanda y en las contestaciones,
respectivamente.
4.2. La Nación – Ministerio del Interior y el ministerio público guardaron silencio en
esta etapa procesal.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 14 de marzo de 202411 el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca declaró probada la caducidad del medio de control, al constatar que la
demanda se presentó luego de superado el término legal para accionar.
Al efecto, en la sentencia manifestó: “[…] el momento a partir del cual se debe
contabilizar el término de caducidad, previsto en el artículo 136 del Decreto 01 de
1984, es en el año 2003, pues si bien la investigación por amenaza se cerró a
finales del año 2002, y puede considerarse que ahí los demandantes advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad al Estado, solo hasta el año 2003 a la
parte actora se les otorgó la posibilidad de reasentarse, de ser sujetos de
7 Samai, índice 40 de primera instancia.
8 Samai, índice 47 de primera instancia.
9 Samai, índice 48 de primera instancia.
10 Samai, índice 46 de primera instancia.
11 Samai, índice 56 de primera instancia.
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Radicado: 76001233300020180106601 (71322)
Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
protección y acceder a programas de refugiados. Así lo indicaron los testigos
Omar Alberto Bernal Echavarría y Sandra Patricia Acosta Ramos, quienes residían
en el mismo lugar (Canadá), y conocen de los beneficios que tienen todos los
refugiados al llegar a ese país […]. no se demostró que la parte actora no hubiese
podido acudir a un consulado o embajada colombiana para intentar instaurar la
respectiva acción, más aun considerando la calidad de abogado del señor Alfredo
Jaramillo Cruz”.
Finalmente, en la parte resolutiva, el a quo condenó en constas a la parte
demandante y fijó la suma equivalente al 3 SMLMV como agencias en derecho.
6. Recurso de apelación
El 5 de abril de 202412 la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue
concedido el 23 de abril de 202413 y admitido el 31 de mayo de 202414.
6.1. La parte actora solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, con
fundamento en que con la Resolución No. 2017-111327 del 24 de noviembre de
2017 los demandantes fueron reconocidos como víctimas de desplazamiento
forzado y que no se acudió antes a las autoridades por el temor infundido que los
obligó a salir del país. Señaló que el desplazamiento forzado constituye un delito
de lesa humanidad y un daño continuado y, por tanto, no se puede negar el
derecho de acceso a la administración de justicia a personas que se encuentran
en estado de debilidad manifiesta.
7. Trámite en segunda instancia
Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria
del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5° del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
12 Samai, índice 59 de primera instancia.
13 Samai, índice 65 de primera instancia.
14 Samai, índice 4.
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Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA)15, modificado por el artículo 67
de la Ley 2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión
en segunda instancia.
7.1. En esta instancia procesal la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional16 se pronunció respecto del recurso interpuesto por la parte accionante
solicitando que se confirmara la decisión proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, toda vez que dicha decisión se dictó de conformidad con la
sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el
29 de enero de 2020, según la cual el término de caducidad debe contabilizarse
desde que la víctima tuvo conocimiento del daño alegado.
7.2. El ministerio público17 consideró que la sentencia impugnada debía ser
confirmada, toda vez que la parte actora tuvo conocimiento del daño invocado
(desplazamiento forzado) desde el momento de su ocurrencia y no se acreditó
ninguna imposibilidad material para acceder a la administración de justicia en el
tiempo previsto en la ley. Asimismo, sostuvo que, en gracia de discusión, aun
contando el término de caducidad desde la ejecutoria de la sentencia SU-254 de
2013 de la Corte Constitucional la demanda no se interpuso en término.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia del 14 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal
15 Artículo 247. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se
tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas,
una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual
concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para
alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10)
días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.”
16 Samai, índice 12.
17 Samai, índice 13.
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Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
Administrativo del Valle del Cauca, puesto que la cuantía18 supera la exigida de
500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 152, numeral 6, y 157, inciso 2, de la Ley
1437 de 2011.
2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14019 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque
se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a acciones y
omisiones en la prestación del servicio de seguridad y protección de la Nación –
Ministerio del Interior – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía
Nacional.
18 En el presente caso la mayor pretensión de la demanda es de $1.586.444.156, por concepto de
lucro cesante, lo cual es superior a 500 SMLMV ($390.621.000) del año en que ésta se presentó
(2018).
19 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la
misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad
pública. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada
una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del
daño”
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Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el derecho de acción se ejerció
oportunamente o si, por el contrario, el medio de control de reparación directa se
encontraba caducado al momento de la presentación de la demanda.
4. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la vigencia de la acción y la caducidad del medio de control de
reparación directa frente a presuntas conductas de lesa humanidad.
5. Vigencia del medio de control
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general20, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la
solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción21, ofrecer
20 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
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Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten
alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también
como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,
resultando como una sanción ipso iure22 que opera por la falta de actividad
oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o
requerir algún reconocimiento o protección de la justicia23, cuya consecuencia, por
demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida
de la facultad potestativa de accionar.
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos
22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
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Ahora bien, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la
época de los hechos, señalaba que la acción de reparación directa caducaría al
vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquiera otra causa.
A su turno, artículo 164.2.i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – CPACA, vigente para la fecha de presentación de la
demanda, determinó que “La demanda deberá ser presentada: […] so pena de
que opere la caducidad: […] Cuando se pretenda la reparación directa, […] dentro
del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia
de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o
debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”. Lo
anterior, con excepción del término para formular la pretensión de reparación
directa derivada del delito de desaparición forzada, que “se contará a partir de la
fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo
definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal
pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que
dieron lugar a la desaparición”.
Ahora bien, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio
de 201224, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales
contenidas en el CPACA25; así como las disposiciones del CGP26, en virtud de la
24 La demanda se presentó el 21 de noviembre de 2017.
25 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)
de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
26 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), unificó su
jurisprudencia para indicar que el CGP entró a regir a partir del primero (1º) de enero de dos mil
catorce (2014), “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (…) las cuales
se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (…)”. Ver:
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Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos
mencionados27.
Con relación a la caducidad, debe tenerse en cuenta que los términos que
hubiesen empezado a correr en vigencia de una ley anterior deben computarse de
conformidad con ella, en atención a lo consagrado en el artículo 624 del CGP28,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, de ahí que al sub lite, en este
puntual aspecto, le resulte aplicable el numeral 8 del artículo 136 del Decreto 01
de 1984 (CCA)29, comoquiera que los supuestos de hecho constitutivos del daño
antijuridico alegado en la demanda ocurrieron el 20 de marzo de 2003, según se
acredita más adelante.
Finalmente, debe resaltarse que la caducidad no se suspende, salvo con la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el
conciliador, en los términos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 30, y sólo se
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de
junio de 2014, expediente 49.299.
27 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
28 Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:
“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos
interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. La
competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de
formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.
29 “Artículo 136. Caducidad de las acciones. “(…)
“8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir
del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o
por cualquiera otra causa”.
30 “Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de
conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que
se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza
el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta
suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.
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Radicado: 76001233300020180106601 (71322)
Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
interrumpe con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y
formalidades previstas en la Ley31.
6. Caducidad del medio de control de reparación directa frente a presuntas
conductas de lesa humanidad, incluido el desplazamiento forzado
Mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado32 unificó su jurisprudencia en lo concerniente al cómputo
del término de caducidad, en tratándose de pretensiones indemnizatorias cuando
se persigue el resarcimiento de los daños provenientes de delitos de lesa
humanidad, entre ellos, el desplazamiento forzado, crímenes de guerra y cualquier
otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado. Así, frente al caso concreto, en aquella oportunidad, se
decidió declarar probada la excepción de caducidad de la pretensión de
reparación directa promovida el 23 de mayo 2014, por hechos ocurridos en abril
del año 2007, con lo cual aplicó la regla de unificación establecida de forma
inmediata, sin consideración alguna respecto de la fecha de presentación de la
demanda.
En dicha decisión la Sección Tercera precisó que salvo para el caso de
desaparición forzada, que cuenta con regulación legal expresa33, en virtud de la
cual la caducidad se cuenta desde la fecha en que aparece la víctima o, en su
defecto, desde el momento en el que quedó ejecutoriado el fallo definitivo
adoptado en el proceso penal, el conteo del plazo para acceder a la jurisdicción de
31 Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión normativa del artículo 306 del CPACA: “Artículo 94. Interrupción de la
prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda
interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el
auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del
término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al
demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación
al demandado. (…)”.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
33 Regulado expresamente por el inciso 2º del literal i) del numeral 2o del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 y antes por el numeral 8º del artículo 136 del Decreto No. 1 de 1984, adicionado por
el artículo 8º de la Ley 589 de 2000.
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Radicado: 76001233300020180106601 (71322)
Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
lo contencioso administrativo inicia desde el momento en que los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto
que existan situaciones objetivas que impidan materialmente el ejercicio del
derecho de acción.
Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de
los dos (2) años para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación
directa a partir del momento en que el interesado sabía o tuvo posibilidad de
advertir "que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible
de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política". La
referida regla, como fue explicada en la mencionada sentencia de unificación,
también se encuentra contenida en la Ley 1437 de 2011.
Por otra parte, el término de caducidad no es exigible cuando se verifique la
afectación ostensible de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, lo cual ocurre en eventos en que se constate la
ocurrencia de situaciones objetivas como secuestros, enfermedades o cualquier
otro supuesto que obstaculice materialmente el ejercicio del derecho de acción,
pues este término preclusivo no puede discurrir contra quien no goza del acceso
efectivo a la administración de justicia.
De conformidad con lo expuesto, de manera excepcional, el juez de lo contencioso
administrativo deberá inaplicar el plazo de los dos (2) años para el ejercicio
oportuno del derecho de acción o iniciar su contabilización desde un momento
distinto a la ocurrencia del hecho dañoso, cuando advierta que la no
comparecencia ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro del plazo
previsto, es resultado de que el interesado: (i) no sabía o no tenía la posibilidad de
advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en los hechos, o (ii) estaba impedido
materialmente para el ejercicio del derecho de acción.
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Radicado: 76001233300020180106601 (71322)
Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
Igualmente, respecto del cómputo del término de caducidad en los eventos de
desplazamiento forzado desde la ejecutoria de la sentencia SU - 254 de 201334, en
autos del 1 de octubre de 2021 y 7 de septiembre de 2023 35, esta Corporación
aclaró que la Corte Constitucional otorgó efectos inter comunis a dicha
providencia, con el fin de cobijar situaciones jurídicas similares tramitadas ante los
jueces de tutela, así como para garantizar una respuesta uniforme que garantizara
el derecho a la igualdad de personas que se encuentran en la misma situación
fáctica.
Como se consideró en los referidos autos, la decisión de la Corte Constitucional
obedeció a que, por primera vez, en dicha sentencia se fijó la interpretación del
artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, en el sentido de prohibir que los jueces de
tutela por esa vía ordenaran la indemnización en abstracto, toda vez que, para ese
efecto, las personas desplazadas cuentan con la posibilidad de iniciar procesos
judiciales y solicitar así las indemnizaciones que correspondan. En esa medida, al
impedir que los afectados acudan a la acción de tutela por la existencia de otro
mecanismo, se decidió que no debían tenerse en cuenta transcursos de tiempo
anteriores a la ejecutoria de esa sentencia, con el fin de privilegiar el derecho de
acceso a la administración de justicia de las víctimas de desplazamiento forzado.
Posteriormente, en la sentencia SU-312 de 202036 la Sala Plena de esta Corte fijó
la siguiente regla de unificación: el plazo de caducidad de dos años consagrado en
el CPACA para obtener una reparación por un delito de lesa humanidad atribuible
al Estado no se cuenta, necesariamente, a partir del momento en el que ocurrió el
daño, sino a partir de la fecha en que el afectado: (i) conoció que ese daño era
atribuible al Estado, (ii) se encuentre en capacidad material de imputarle el daño
en sede judicial, y (iii) la procedencia de la demanda que busca reparar ese daño
debe analizarse caso a caso, considerando las particularidades del demandante.
34 La sentencia SU - 254 de 2013 proferida por la Corte Constitucional, Sala Plena, con ponencia
del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, fue notificada el diecinueve (19) de mayo de dos mil
trece (2013) y, por ende, quedó en firme el veintidós (22) del mismo mes y año.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto
del 1 de octubre de 2021, exp. 63260 y auto del 7 de septiembre de 2023, exp. 63042.
36 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-312 del 13 de agosto de 2020, MP: Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
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Radicado: 76001233300020180106601 (71322)
Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
A continuación, en la sentencia T-044 de 202237, la Corte reiteró la regla de
unificación sobre el conteo de la caducidad contenida en la Sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado y complementó la regla
fijada por la anotada sentencia, al definir que el juez de la causa debe readecuar
su proceso de manera tal que se le permita al demandante exponer las razones
por las que no acudió a la justicia dentro del término legal establecido. Esto, en
aplicación de la regla consagrada en la Sentencia SU-406 de 2016 según la cual,
pese a que un cambio de jurisprudencia tiene efectos generales y automáticos, el
juez respectivo debe valorar las particularidades de cada caso con el fin de
determinar si la vinculatoriedad automática del precedente unificado pone en
riesgo las garantías procesales de las partes.
Asimismo, en la sentencia T-210 de 202238, la Corte Constitucional reiteró la regla
jurisprudencial establecida en la sentencia SU-312 de 2020 y en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, sobre el conteo de la
caducidad.
Posteriormente, en la sentencia SU-167 de 202339 la Sala Plena de esa
Corporación estableció la siguiente regla sobre el conteo de la caducidad para
demandas indemnizatorias por delitos de lesa humanidad atribuibles al Estado: (i)
el plazo de dos años establecido en la ley no se cuenta desde el momento en el
que se produce el daño, sino desde cuando las víctimas conocieron o debieron
saber de la participación del Estado y advirtieron que podían atribuirle
responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de una demanda de reparación debe
analizarse, por parte del juez respectivo, a partir de las barreras de acceso al
derecho a la administración de justicia que se adviertan de cada caso en
particular, y (iii) para la aplicación del fallo de unificación del Consejo de Estado
del 29 de enero de 2020, el juez competente debe readecuar el proceso a su
cargo de manera tal que se les brinde a las partes la oportunidad de ajustar sus
37 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, MP:
Paola Andrea Meneses Mosquera.
38 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-210 del 10 de junio de 2022, MP:
Paola Andrea Meneses Mosquera.
39 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-167 del 18 de mayo de 2023, MP: Diana Fajardo
Rivera.
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Radicado: 76001233300020180106601 (71322)
Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
planteamientos para argumentar por qué no se acudió de manera oportuna a la
justicia. En esa oportunidad, la Corte estimó que la providencia atacada en la
tutela había incurrido en defecto fáctico, por no valorar en su integridad el acervo
probatorio, al momento de establecer si en el expediente obraban elementos de
juicio que evidenciaran la presencia de situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio oportuno del derecho de acción de los demandantes.
Igualmente, concluyó que la providencia atacada había incurrido en defecto
procedimental absoluto, pues no se readecuó el proceso en curso para permitirle a
las partes que actualizaran sus planteamientos conforme a las reglas sobre el
conteo de la caducidad establecidas en la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020 del Consejo de Estado.
Más tarde, en la sentencia T-024 de 202440 la Corte respaldó la aplicación de las
reglas para el conteo de la caducidad establecidas en la sentencia de unificación
del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020. Indicó que, a partir de lo dicho en
las sentencias T-044 y T-210 de 2022, la mencionada sentencia de unificación del
Consejo de Estado tenía efectos retrospectivos, por lo que su aplicación es
general e inmediata. La Corte reiteró que, debido a la variación en el precedente
aplicable, los demandantes en los procesos de reparación deben contar con una
oportunidad procesal para manifestarse frente al cambio de precedente, para
proteger su derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
lo cual implica incluso readecuar el proceso judicial, si se advierte que la sentencia
del 29 de enero de 2020 se profirió cuando la parte demandante ya no contaba
con un momento procesal (como lo es, por ejemplo, el alegato de conclusión) para
referirse a ella.
Finalmente, mediante sentencia SU-429 del 10 de octubre de 202441, la Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia para la aplicación del término de caducidad
en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, lo cual incluye el
desplazamiento forzado. Al efecto, estableció los siguientes criterios para
40 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-024 del 6 de febrero de 2024, MP:
Paola Andrea Meneses Mosquera.
41 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-429 del 10 de octubre de 2024, MP: Jorge
Enrique Ibáñez Najar.
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Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
establecer la consolidación del fenómeno preclusivo de la posibilidad de interponer
la acción resarcitoria:
i) El plazo de caducidad definido por el legislador en el artículo 164 de la Ley 1437
de 2011 aplica para las demandas dirigidas a obtener el reconocimiento y pago de
una indemnización por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
Sin embargo, ese plazo de dos años no se cuenta desde el momento en el que se
produce el daño, sino desde cuando las víctimas conocieron o debieron saber de
la participación del Estado y advirtieron que podían atribuirle responsabilidad
patrimonial.
ii) El juez competente debe analizar la caducidad de una demanda de reparación,
a partir del análisis y verificación de las barreras de acceso al derecho a la
administración de justicia que pudo enfrentar el demandante, en cada caso
particular.
iii) Además, para los casos en los que quien demanda es una persona víctima del
desplazamiento forzado, el juez de la causa debe considerar en su análisis las
barreras de acceso a la administración de justicia que pudo enfrentar la parte
demandante, todos los factores de vulnerabilidad que se asocian al flagelo del
desplazamiento forzado y que padecen quienes son víctimas de ese fenómeno.
iv) Para la aplicación del fallo de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala
Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, el juez competente debe readecuar el proceso a su cargo de
manera tal que se cerciore si las partes tuvieron la oportunidad de ajustar sus
planteamientos para argumentar por qué no se acudió de manera oportuna a la
justicia. Esta regla toma como base lo establecido por la Sala Plena de la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la
sentencia del 29 de enero de 2020. Así, esta regla comprende tanto las demandas
de reparación directa como las de grupo.
En la providencia citada, la Corte advirtió que en efecto resulta aplicable el término
de caducidad fijado en la ley, para las demandas dirigidas a obtener una
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Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
reparación del Estado por su participación en un crimen de lesa humanidad, de
guerra o de genocidio, lo cual incluye el desplazamiento forzado. Además, como
en dicha providencia se seleccionaron para estudio dos acciones de grupo, la
Corte aclaró que, en el caso particular de la acción o medio de control de grupo,
se debe aplicar el término consagrado en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011
(en principio, el literal h del numeral 2º) y, en el caso de las acciones que se
presentaron antes de la entrada en vigencia de dicha ley, lo dispuesto en el
artículo 47 de la Ley 472 de 1998.
Asimismo, esa Corporación hizo énfasis en la posibilidad de que quienes
pretendan acudir a la jurisdicción para obtener una indemnización de parte del
Estado por su acción u omisión respecto de tales delitos, puedan exponer las
situaciones que enfrentaron y que, a la postre, les impidieron materialmente acudir
a tiempo a la administración de justicia.
La Corte también aprovechó para reiterar, de conformidad con su propia
jurisprudencia y la de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que la
imprescriptibilidad de la acción penal para los delitos de lesa humanidad no se
extendía a procesos judiciales dirigidos a reclamar una indemnización de parte del
Estado.
7. Caso concreto
En el sub lite la parte demandante pretende que se declare patrimonialmente
responsable a las entidades demandadas por la falla en el servicio en la
prestación de seguridad y protección, lo cual condujo al desplazamiento forzado
que sufrieron desde el 20 de marzo de 2003, lo que les causó perjuicios materiales
e inmateriales.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si el medio de control de reparación directa se presentó en
tiempo.
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7.1. Hechos probados42
Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Consta que el 21 de marzo de 2001, Alfredo Jaramillo Cruz presentó
denuncia penal ante la Fiscalía Seccional 157 en contra de Víctor Omar Acosta
Becerra, con fundamento en que este, por intermedio de José Eleazar Londoño, le
increpó que “no vaya a hacer esa diligencia [diligencia de entrega de un predio
rural] porque eso es un torcido y que si lo hace hay unos frentes guerrilleros que lo
tienen localizado y lo están siguiendo para matarlo”. Esta información consta en
copia simple de dicha denuncia43.
7.1.2. Se probó que, mediante providencia del 9 de abril de 2001, la Fiscalía
Seccional 157 avocó el conocimiento de la investigación penal adelantada en
virtud de la denuncia presentada por Jaramillo Cruz. De ello da cuenta copia
simple de dicha providencia44.
7.1.3. Se demostró que el 29 de enero de 2002, Alfredo Jaramillo Cruz presentó
denuncia penal ante la Fiscalía Seccional 114 con ocasión a dos llamadas
telefónicas amenazantes en las que se le indicó que “[las FARC] estaba a la
espera de la decisión de la tutela [presentada por la Personería Delegada para los
Derechos Humanos en contra de la Junta Administradora del Acueducto de
Manzanillo] para tomar las medidas que fueran necesarias en mi contra”. De esta
información da cuenta copia simple de la referida denuncia45.
7.1.4. Está probado que por medio de los Oficios No. 082-1114 y 083-1114 del 29
de enero de 2002, la Fiscalía Seccional 114 solicitó al comandante de policía de
42 La Sala considera que se debe dar mérito probatorio a las copias simples aportadas al proceso,
conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, que estableció que
es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido
sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de
lealtad procesal y buena fe que deben conducir toda la actuación judicial. Consejo de Estado, Sala
Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25022.
43 Fl. 4 a 5, C. 1.
44 Fl. 10, C. 1.
45 Fl. 19 a 20, C. 1.
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Radicado: 76001233300020180106601 (71322)
Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
Cali y al comandante de la tercera brigada del Ejército ordenar a quien
corresponda prestar la seguridad necesaria a Alfredo Jaramillo Cruz, en su calidad
de juez primero civil municipal de Yumbo. De ello da cuenta copia simple de los
referidos oficios46.
7.1.5. Está acreditado que, en proveído del 14 de febrero de 2002, la Fiscalía
Seccional 156 dispuso la apertura de la investigación previa por los hechos
denunciados por Alfredo Jaramillo Cruz. Esta información consta en copia simple
de la referida providencia47.
7.1.6. Consta que mediante Oficio No. 456/MECALSIPOL del 26 de marzo de
2002, el comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali efectuó la
calificación del nivel de riesgo de Jaramillo Cruz, en que se señaló que “Es un
riesgo circunstancial, por lo tanto, no amerita un tratamiento especial de
seguridad, se recomendó adoptar las normas básicas de seguridad”, según da
cuenta copia simple de dicho oficio48.
7.1.7. Se probó que el 18 de noviembre de 2002, la Fiscalía Seccional 156 profirió
resolución inhibitoria. De esta información da cuenta copia simple de la referida
providencia49. El fundamento de la decisión fue el siguiente:
“Del estudio de la presente diligencia encuentra esta Agencia Fiscal que a partir
del momento en que se ordenó la investigación preliminar a la fecha no ha sido
posible encontrar viabilidad para efectos de ordenar la apertura de instrucción
como lo regla el art. 331 del C. de P. Penal, ni la posibilidad de vincular a sujeto
alguno al proceso conforme lo regla el art. 332 ibidem, no obstante los esfuerzos
del despacho para el logro de dicha finalidad”.
7.1.8. Se demostró que el 22 de noviembre de 2002, la Fiscalía Seccional 157
profirió resolución inhibitoria en atención a que Víctor Omar Acosta Becerra
falleció. Esta información consta en copia simple de dicha providencia50.
46 Fl. 22 a 23, C. 1.
47 Fl. 24, C. 1.
48 Fl. 25 a 28, C. 1.
49 Fl. 29, C. 1.
50 Fl. 17, C. 1.
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Radicado: 76001233300020180106601 (71322)
Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
7.1.9. Se acreditó que el 10 febrero de 2003, Alfredo Jaramillo Cruz presentó al
presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali renuncia al cargo que
venía desempeñando como juez primero civil municipal de Yumbo, con efectos a
partir del 1° de marzo de 2003. De ello da cuenta copia simple de dicho
documento51, del que se destaca:
“En mi condición de juez primero civil municipal de Yumbo Valle, cargo que ocupó
en provisionalidad desde el primero de abril de mil novecientos noventa y nueve, a
usted con el debido respecto le expreso, que debido a las constantes amenazas
de que sido objeto, por parte de un grupo armado ilegal (FARC), al punto de
declararme objetivo militar, me veo en la penosa necesidad de renunciar al cargo
ocupado”.
7.1.10. Está probado que el 11 de febrero de 2003, Alfredo Jaramillo Cruz
presentó ampliación de la denuncia ante la Fiscalía Seccional 156. Esta
información consta en copia simple del mencionado documento52, en el que se
precisó: “la ampliación de mi denuncia consiste en anexar un panfleto que me
fuera entregado en forma personal proveniente del responsable político del Sexto
Frente Regional Suroccidente de las FARC, mediante el cual se me declara
objetivo militar por estar supuestamente perjudicando a un barrio marginado de
Yumbo”.
7.1.11. Está acreditado que mediante Oficio No. 049-156 del 11 de febrero de
2003, la Fiscalía Seccional 156 solicitó al comandante de policía de Cali disponer
lo pertinente para prestarle seguridad a Alfredo Jaramillo Cruz, en su calidad de
juez primero civil municipal de Yumbo, según da cuenta copia simple de dicho
oficio53.
7.1.12. Consta que mediante Oficio No. 059 del 15 de febrero de 2003, la Fiscalía
Seccional 156 solicitó al comandante de la estación de policía de Yumbo disponer
lo pertinente para prestarle seguridad a Alfredo Jaramillo Cruz, en su calidad de
51 Fl. 37, C. 1.
52 Fl. 31 a 32, C. 1.
53 Fl. 22, C. 1.
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Radicado: 76001233300020180106601 (71322)
Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
juez primero civil municipal de Yumbo. De ello da cuenta copia simple de dicho
oficio54.
7.1.13. Se probó que mediante Acuerdo No. 11 del 28 de febrero de 2003, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali aceptó la renuncia de Alfredo
Jaramillo Cruz al cargo de juez primero civil municipal de Yumbo, a partir del 1° de
marzo de 2003. Esta información consta en copia simple de dicho acuerdo55.
7.1.14. Se demostró que el 20 de marzo de 2003, Alfredo Jaramillo Cruz y su
núcleo familiar se trasladaron a Canadá y pidieron refugio en dicho país. De esto
da cuenta lo expuesto por los libelistas en la propia demanda56.
7.1.15. Se acreditó que el 31 de julio de 2017, Jaramillo Cruz solicitó a la UARIV
su inclusión, junto con su núcleo familiar, en el registro único de víctimas, según
da cuenta copia simple de dicha petición57.
7.1.16. Está probado que mediante Resolución No. 2017-111327 del 8 de
septiembre de 2017, la UARIV resolvió no incluir a Alfredo Jaramillo Cruzo y a su
grupo familiar en el registro único de víctimas y no reconocer los hechos
víctimizantes de desplazamiento forzado y amenaza58. De esta información da
54 Fl. 39, C. 1.
55 Fl. 38, C. 1.
56 La manifestación realizada por el apoderado de la parte actora en la demanda constituye una
confesión por apoderado judicial, capacidad que se entiende siempre conferida con el poder
otorgado para demandar, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Código General
del Proceso. Precisamente la Corte Constitucional en la sentencia C-551 de 2016, al analizar la
exequibilidad de dicha norma estableció: “En síntesis: la confesión es un tradicional medio de
prueba que actualmente existe en nuestro ordenamiento procesal, sujeto a formalidades
para su validez. Igualmente prevé algunos tipos especiales, como aquella que se surte a
través de apoderado. Esta también ha estado presente en nuestra historia jurídica, pero
recientemente fue modificada por el legislador mediante la Ley 1564 de 2012, en su artículo 193.
La novedad, en relación con las regulaciones anteriores, consiste en que se presume “iuris
et de iure” que exige autorización del poderdante. Esta regla tiene una excepción en lo que
concierne a la demanda, la contestación, las excepciones, las contestaciones, la audiencia inicial
y la audiencia del proceso verbal sumario, para las cuales se entenderá conferida siempre la
capacidad del apoderado de confesar. Esto se explica dada la importancia que para el proceso
tienen tales actuaciones y tiene por finalidad la garantía de una eficiente administración de justicia
prevista en el artículo 229 de la Carta” (Se resalta).
57 Fl. 61, C. 1.
58 Fl. 41 a 42, C. 1.
25
Radicado: 76001233300020180106601 (71322)
Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
cuenta copia simple de la referida resolución. El fundamento de la decisión fue el
siguiente:
“… teniendo en cuenta los argumentos anteriormente descritos, es preciso aclarar
que de acuerdo con lo previsto en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, su
declaración fue rendida de manera extemporánea, es decir para el caso objeto de
valoración los hechos ocurrieron el dia11 de febrero de 2003 y la declaración ante
la Personería de Cali Valle del Cauca, fue el día 06 de julio de 2017. Por lo tanto,
revisando las circunstancias manifestadas en su declaración y el análisis
anteriormente descrito, se logra determinar que no existieron circunstancia de
fuerza mayor que hayan impedido a Alfredo Jaramillo Cruz, presentar la
declaración dentro de los términos establecidos en la citada norma”.
7.1.17. Está acreditado que el 30 de octubre de 2017, Alfredo Jaramillo Cruz
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la Resolución
No. 2017-111327. De ello da cuenta copia simple del referido recurso59.
7.1.18. Consta que mediante Resolución No. 2017-111327R del 24 de noviembre
de 2017, la UARIV revocó la Resolución No. 2017-111327 e incluyó a Alfredo
Jaramillo Cruz y a su núcleo familiar en el registro único de víctimas. Asimismo,
reconoció los hechos víctimizantes de desplazamiento forzado y amenaza. Esta
información consta en copia simple de la referida resolución60, de la que se
destaca lo siguiente:
“… entendiendo que los términos legales para la recepción de declaraciones ya se
han cumplido. pero advirtiendo que el acceso al registro permanecería habilitado
entre otros para aquellos casos en los que exista o haya existido una circunstancia
de fuerza mayor como fundamento para no declarar, se considera que el alegato
sobre el temor contenido en el recurso prospera.
(...).
Finalmente y atendiendo al marco general que engloba el presenta caso se indica:
1. Los elementos técnicos allegados al escrito del recurso, no pueden ser
valorados de manera restrictiva sino que deben obedecer al principio pro victima el
cual guía el presente acto. En ese sentido se ha vislumbrado que el
desplazamiento forzado y la amenaza proferida contra él y su familia, fue cometida
de manera ilegal por parte de grupos armados al margen de la ley y atiende a la
profesión u oficio que en ese momento desempeñaba, razones suficientes para
proceder al reconocimiento de los hechos víctimizantes. 2. El conflicto interno
colombiano, no tiene otro fin que el logro de objetivos (políticos, militares,
económicos etc.), para los alzados en armas o para quienes los patrocinan, en el
59 Fl. 44 a 50, C. 1.
60 Fl. 52 a 58, C. 1.
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presente caso se pudo establecer el objetivo que tuvo la amenaza y la migración
del actor junto con su familia, y el nexo causal de este constreñimiento con el
conflicto armado interno. 3. A lo largo de la situación fáctica, se establecen
patrones relacionados con el modus operandi ejercido por miembros de grupos
armados al margen de la ley, es por ello que resulta fácil evidenciar un nexo entre
el conflicto armado y la situación fáctica aquí planteada, puesto que refleja medios
y actores comunes en la contienda armada interna. 4. Aunque no se encuentre en
el respectivo anexo técnico, que el núcleo familiar relacionado en el Formato Único
de Declaración padeció del hecho víctimizante de amenaza, esta Administración
considera que más allá de observar dichas formalidades, es necesario remitirse a
la narración del recurrente y a los argumentos expuestos en el recurso incoado, en
ese orden de ideas, es claro las intimidaciones y constreñimientos que sufrieron
los familiares del deponente, por ello han de considerarse víctimas directas del
hecho declarado como amenaza.
Por lo anterior, procede concluir que, existen al interior del expediente
administrativo elementos de juicio que conllevan a inferir que el desplazamiento y
la amenaza aconteció en virtud del conflicto armado, en razón a ello, y en directa
aplicación del principio de buena fe contenido en el artículo 5 de la ley de víctimas,
se ha de revocar la resolución impugnada con las consecuencias jurídicas que tal
dinámica acarrea y que se podrán apreciar en el resuelve de este acto
administrativo”.
7.2. Análisis de la caducidad de la acción de reparación directa
Pues bien, de conformidad con los fundamentos expuestos frente al fenómeno de
la caducidad de la reparación directa en el capítulo 6 de esta providencia, se tiene
que, en este caso, el aspecto determinante para establecer el término inicial del
cómputo de la caducidad del medio de control de reparación directa es, en
principio, la ocurrencia del hecho causante del daño, tal como lo dispone el
artículo 136 del CCA61.
Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección y de la
Corte Constitucional, como regla general, cuando los hechos involucran la
presunta comisión de delitos de lesa humanidad, como el homicidio, lesiones y
desplazamiento forzado en el marco de un ataque generalizado contra la
población civil62, el término debe computarse a partir del momento en que el
61 Normativa que, como ya se dijo, es la aplicable a este caso por la fecha de ocurrencia del daño.
62 La Corte Constitucional, en Sentencia C-579 de 2013, indicó: “Los delitos de lesa humanidad,
tienen las siguientes características: i) causar sufrimientos graves a la víctima o atente contra su
salud mental o física; ii) inscribirse en el marco de un ataque generalizado y sistemático; iii) estar
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Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
interesado conoció o debió conocer la participación del Estado en los hechos que
generaron el daño antijurídico. No obstante, de manera excepcional, es posible
extender el inicio del término de caducidad de la acción o del medio de control
cuando se demuestre que los demandantes estaban materialmente impedidos
para ejercer su derecho de acción, por circunstancias que, de no ser valoradas por
el juez, afectarían gravemente el derecho al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia. En tales casos, el término deberá contarse a partir del
momento en que cesen dichos impedimentos.
De conformidad con lo anterior, la Sala pasa a estudiar si operó o no la caducidad
en el sub judice.
Sobre el particular, en la demanda se afirma que a partir del 20 de marzo de 2003
los demandantes se vieron obligados a desplazarse a Canadá (hecho probado
7.1.14). Igualmente, se acreditó que los demandantes fueron incluidos en el
Registro Único de Víctimas el 24 de noviembre de 2017 (hecho probado 7.1.18.).
Asimismo, aunado a los elementos de prueba señalados en los hechos probados,
en el plenario se escuchó el testimonio de Omar Alberto Bernal Echavarría63 quien
al ser indagado si conocía los motivos por los cuales Alfredo Jaramillo Cruz se fue
a vivir a Canadá manifestó: “exactamente no (…) sé que trabajaba con la Rama
Judicial pero exactamente qué fue lo que le pasó nunca le he preguntado”.
A su turno, la testigo Sandra Patricia Acosta Ramos64 manifestó que “Alfredo
[Jaramillo Cruz] trabajaba como juez en Colombia y él se sintió presionado por la
guerrilla para tomar una decisión a favor de ellos, y pues él no lo hizo, entonces
fue amenazado y tuvo que dejar país con su familia”.
dirigidos contra miembros de la población civil y iv) ser cometidos por uno o varios motivos
discriminatorios especialmente por razones de orden nacional, político, étnico, racial o religioso”.
En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha dicho: “elementos contextuales que cualifican y
hacen que tal crimen derive en uno de lesa humanidad, a saber: que se ejecute i) contra la
población civil y ii) en el marco de un ataque generalizado o sistemático”. Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de septiembre de 2013, CP: Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, exp. 45092. Reiterado por esta Sala de Subsección en sentencia del 11 de
diciembre de 2024, exp. 68282, CP. William Barrera Muñoz.
63 Samai, índice 40 de primera instancia.
64 Ibíd.
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Ahora bien, a juicio de la Sala y en los términos del artículo 21165 del Código
General del Proceso, se observa que los testimonios de Omar Alberto Bernal
Echavarría y Sandra Patricia Acosta Ramos no indican sospecha, puesto que se
limitaron a mencionar por qué conocían a Alfredo Jaramillo Cruz y a relatar los
hechos que les constaban sobre la vida de este último en Canadá. Tampoco hay
indicios de una relación especial con las demandantes que pueda interpretarse
como un posible conflicto de intereses.
De modo que las anteriores pruebas permiten verificar que los demandantes se
desplazaron forzosamente hacia Canadá el 20 de marzo de 2003, en virtud de las
amenazas realizadas por las Farc en contra de Alfredo Jaramillo Cruz.
Ahora, en la demanda se alegó que la Nación – Ministerio del Interior – Ministerio
de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional eran patrimonialmente
responsables pues “incurrieron en omisión en el cumplimiento de sus funciones,
por no haber tomado las medidas necesarias y especiales de protección,
estructurándose la falla en el servicio por omisión”.
Sobre el particular, se tiene acreditado que: i) mediante Oficios No. 082-1114 y
083-1114 del 29 de enero de 2002, la Fiscalía Seccional 114 solicitó al
comandante de policía de Cali y al comandante de la tercera brigada del Ejército
ordenar a quien corresponda prestar la seguridad necesaria a Alfredo Jaramillo
Cruz (hecho probado 7.1.4.); ii) a través de Oficio No. 456/MECALSIPOL del 26 de
marzo de 2002, el comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali
efectuó la calificación del nivel de riesgo de Jaramillo Cruz, en que se señaló que
“Es un riesgo circunstancial, por lo tanto, no amerita un tratamiento especial de
seguridad, se recomendó adoptar las normas básicas de seguridad” (hecho
probado 7.1.6.); iii) por medio de Oficio No. 049-156 del 11 de febrero de 2003, la
65 “Artículo 217. Imparcialidad del testigo. cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las
personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión
de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso.”
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Fiscalía Seccional 156 solicitó al comandante de policía de Cali disponer lo
pertinente para prestarle seguridad a Jaramillo Cruz (hecho probado 7.1.11.); y, iv)
en Oficio No. 059 del 15 de febrero de 2003, la Fiscalía Seccional 156 solicitó al
comandante de la estación de policía de Yumbo disponer lo pertinente para
prestarle seguridad a Alfredo Jaramillo Cruz (hecho probado 7.1.12.).
De acuerdo con lo anterior, para la Sala no queda duda que los demandantes
tenían conocimiento desde el 20 de marzo de 2003 -fecha del desplazamiento a
Canadá- (hecho probado 7.1.14), de la posible omisión de agentes del Estado en
los hechos por los cuales habrían sido víctimas de desplazamiento forzado.
Igualmente, siguiendo el criterio fijado en la sentencia SU-429 de 2024 de la Corte
Constitucional, en cuanto a la posibilidad de exponer las situaciones que pudieron
enfrentar los demandantes y que, a la postre, les hubieran impedido materialmente
acudir a tiempo a la administración de justicia, como antes se advirtió, la parte
actora en su recurso de apelación manifestó que con la Resolución No. 2017-
111327 del 24 de noviembre de 2017 los demandantes fueron reconocidos como
víctimas de desplazamiento forzado y que no se acudió antes a las autoridades
por el temor infundido que los obligó a salir del país.
Respecto de lo anterior, se advierte que no es posible otorgar valor para computar
el término de caducidad desde la inscripción de los demandantes en el Registro
Único de Víctimas, pues de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011,
la inscripción en dicho registro tiene como objetivo garantizar el reconocimiento
formal de las víctimas, permitir su acceso a medidas de asistencia y atención
integral, asegurar su derecho a la justicia y la verdad, y facilitar el seguimiento por
parte del Estado para la correcta implementación de políticas públicas, tal como lo
reiteró recientemente la Corte Constitucional en la sentencia SU-429 de 202466.
66 En esta providencia, respecto de uno de los expedientes analizados, la Corte declaró que existía
defecto factico en la providencia objeto de tutela, por cuanto “la inscripción en el Registro Único de
Víctimas no tiene la vocación ni la función legal de servir como el momento, a partir del cual debe
contarse la caducidad de una demanda de reparación dirigida a obtener una indemnización del
Estado, por la comisión de un delito de lesa humanidad, crimen de guerra o genocidio, lo cual
incluye al desplazamiento forzado. Aunado a lo anterior, el RUV tampoco es la prueba conducente
o pertinente para establecer si los demandantes en un proceso de la naturaleza anotada
enfrentaron barreras materiales que les impidieron acudir a tiempo a la administración de justicia”.
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No obstante, este hecho solo afectaría el cómputo de la caducidad de la acción si
se demuestra la existencia de situaciones que imposibilitan el acceso a la
administración de justicia, tal como lo establece la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020, Rad. 61033, cuyos criterios fueron reiterados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-429 del 10 de octubre de 2024. En dicha
sentencia, se señala expresamente que el término de caducidad no es exigible
cuando se verifica una afectación ostensible a los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, lo cual ocurre en casos donde se
comprueban situaciones objetivas como secuestros, enfermedades o cualquier
otra circunstancia que impida materialmente el ejercicio del derecho de acción. En
estos casos, el término preclusivo no puede contarse en contra de quien no tiene
acceso efectivo a la administración de justicia, pero en el sub judice no se probó
ninguno de tales eventos u otro semejante que le impidiera a los demandantes
acudir a la justicia dentro del plazo legal para accionar.
Justamente, conviene precisar que el hecho de que los aquí demandantes se
encontraran residiendo en Canadá no constituía un impedimento para acudir a la
jurisdicción, pues, tal y como se indicó en la sentencia de primera instancia, la
parte actora pudo otorgar poder desde dicho país a un abogado para que los
representara legalmente en el trámite de la demanda de reparación directa. Como
en efecto, finalmente ocurrió, pues los demandantes Luz Marina Romero Ibagón,
Iván Camilo Jaramillo Romero y Juan David Jaramillo Pascumal acudieron ante el
consulado de Colombia en Toronto para autenticar el poder otorgado a un
profesional de derecho para que los representara en el sub examine67.
Finalmente, frente al argumento expuesto por la parte actora en su recurso de
apelación, de que por tratarse este de un proceso en el que se ventilaban posibles
delitos de lesa humanidad no prosperaba la excepción de caducidad, cabe
precisar que, sobre el particular, la sentencia SU-429 del 10 de octubre de 2024
de la Corte Constitucional advirtió que, para demandar la reparación por parte del
Estado de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, sí opera
67 Fl. 90 a 92, C. 1.
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la caducidad, con fundamento en el literal i) del artículo 164.2 de la Ley 1437 de
2011 y que la imprescriptibilidad de la acción penal para los delitos de lesa
humanidad no se extendía a procesos judiciales dirigidos a reclamar una
indemnización de parte del Estado.
De conformidad con lo anterior, en la medida en que no se acreditó razón
justificativa alguna para no haber accionado en el término legal, en tanto no
aducen alguna las razones objetivas expuestas por la Sala Plena de esta Sección
en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, Rad. 61033, reiteradas por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-429 del 10 de octubre de 2024, tales
como secuestros o enfermedades ni tampoco se demostró cualquier otro supuesto
que obstaculizara materialmente el ejercicio del derecho de acción, que justifique
contar el término de caducidad a partir de un momento distinto al del conocimiento
de las demandantes el 20 de marzo de 2003 sobre la responsabilidad del Estado
por los hechos que dieron lugar al desplazamiento forzado que demandan.
Así las cosas, se estima que la demanda de reparación directa se presentó por
fuera de los 2 años legalmente establecidos para ello, toda vez que, el término de
caducidad del medio de control corrió desde el 21 de marzo de 2003 (día siguiente
al que los actores se desplazaron a Canadá por la supuesta omisión en el deber
de protección por parte del Estado) hasta el 28 de marzo de 200568. Sin embargo,
como la demanda se interpuso el 12 de octubre de 2018, se concluye que se
presentó por fuera del término legal.
Y aunque lo probado en el proceso permitió constatar que el 31 de agosto de
2018, el extremo activo presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría 166 Judicial II para Asuntos Administrativos, la cual se declaró fallida
el 12 de octubre de 201869, lo cierto es que para ese momento no había término
de caducidad susceptible de ser suspendido porque, como se explicó
anteriormente, ya había operado el fenómeno preclusivo que extinguía para esa
68 Dado que el 21 de marzo de 2005 era vacancia judicial, se tiene que la demanda debía
presentarse el primer día hábil siguiente a la finalización de la vacancia, esto es el 28 de marzo de
2005.
69 Fl. 178 a 200, C. 1.
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Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
causa la posibilidad de invocar el medio de control de reparación directa frente al
menoscabo alegado por los accionantes.
Lo anterior, no obstante, que la parte actora presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 31 de agosto de 201870, pues tanto dicha solicitud como la
demanda radicada el 12 de octubre de 2018 se impetraron cuando el término de
caducidad se encontraba vencido.
Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida el 14 de marzo de 2024
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró probada la
caducidad del medio de control, según lo expuesto en precedencia.
8. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder
a la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la
actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de
la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”.
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas en segunda instancia a la parte actora, toda vez que el
70 Fl. 178 a 200, C. 1.
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Radicado: 76001233300020180106601 (71322)
Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
recurso de apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la
hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código
General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8
ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que
aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
En relación con las agencias en derecho71 en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora72. A su turno, el Acuerdo 10554 de 201673
proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
determina que en los procesos declarativos, en general, en segunda instancia,
podrán fijarse entre 1 a 6 SMLMV74.
En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional en segunda instancia comprendió el
pronunciamiento que este efectuó respecto del recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante, habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo
de dicha parte, las cuales se fijan en la suma equivalente a 1 SMLMV.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
71 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
72 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
73 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
74 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general.
En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario,
entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de
pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando
en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el
4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la
naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V. En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”.
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Radicado: 76001233300020180106601 (71322)
Demandante: Alfredo Jaramillo Cruz y otros
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de marzo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación directa, por las razones expuestas
en la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por esta instancia, a la parte demandante,
en favor de la parte demandada.
Para el efecto, las agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma
equivalente a 1 SMLMV, monto que deberá pagar la parte actora a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
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