Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-01234-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-01234-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2018-01234-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., cinco (05) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2018-01234-01 (4425-2022)
Demandante: Diego Fernando Vivas Silva
Demandada: Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional
Tema: Relación laboral encubierta. Ingeniero ambiental. Subordinación.
Apela costas de primera instancia, no condena en costas de
segunda. MODIFICA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se concedieron
parcialmente las pretensiones.
ANTECEDENTES
1) El señor Diego Fernando Vivas Silva instauró demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en contra de la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional, con el fin de que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2) Que se declare la nulidad del acto administrativo no. S-2018/SECSAASJUR
1.10 del 12 de junio de 2018, mediante el cual se negó el reconocimiento de la
relación laboral y el pago de las prestaciones sociales al demandante.
3) A título de restablecimiento del derecho solicitó que se declare la existencia
de la relación laboral y el correspondiente pago de las prestaciones sociales legales
y extralegales desde la fecha de vinculación y hasta el momento en que terminó la
relación.
4) Solicitó además el reajuste de los salarios, la sanción moratoria por el no
pago de las acreencias laborales y que se haga la devolución de lo cancelado por
concepto de seguridad social integral.
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HECHOS
5) La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6) Que prestó sus servicios en la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional,
seccional Valle del Cauca como ingeniero ambiental, entre el 20 de marzo de 2008
y el 20 de abril de 2016, mediante contratos de prestación de servicios.
7) Que, el actor desempeñó funciones que fueron asignadas de forma
constante, por el personal vinculado al área de sanidad de la entidad, las cuales
debía desarrollar dentro del marco de un horario laboral y en las instalaciones del
área.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
8) La demanda fue admitida mediante auto del 11 de diciembre de 2018,
notificada a la entidad demandada, quien indicó que celebró contratos de prestación
de servicio con el actor con el fin de que realizara funciones específicas, la cuales
no podían ser asumidas por los servidores de planta, en atención a que no se
contaba con el personal suficiente.
9) Expresó que la legislación del país permite que ante la ausencia de personal
para prestar los servicios que requiera la entidad, se contrate la prestación de
servicios profesionales para suplir las necesidades de los usuarios.
10) Que con el fin de preservar una adecuada prestación del servicio de salud,
era indispensable verificar el objeto del contrato de prestación de servicios y las
obligaciones del contratista, sin que tal exigencia se convierta en una relación
laboral.
11) Propuso como excepciones la imposibilidad para deducir contrato de trabajo,
pago e inexistencia de la obligación.
12) Se celebró audiencia inicial el 22 de enero de 2020, en la que se fijó el litigio,
se surtió la etapa conciliatoria, se decretaron las pruebas y se programó la audiencia
para su práctica. Agotado el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término
oportuno por las partes.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
13) El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 7 de
abril de 2022, concedió parcialmente las pretensiones, ordenó el pago de las
prestaciones sociales originadas de la declaratoria de la existencia de una relación
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laboral desde el 23 de abril de 2015 al 20 de abril de 2016 para lo cual, le indicó al
demandado que debía identificar las prestaciones que percibe un funcionario no
uniformado, vinculado al Departamento de Policía del Valle del Cauca.
14) Que la liquidación de estas era con base en los honorarios pactados en el
contrato de prestación de servicios nro. 66-7-20187-2015. Lo anterior, teniendo en
cuenta que, en el área de sanidad de la entidad demandada no existe otro cargo
equivalente que desarrolle las mismas funciones del actor.
15) Sobre los aportes a la seguridad social, indicó que no operó el fenómeno de
la prescripción, por lo que la entidad demandada deberá pagarlos, desde el 11 de
marzo de 2008 al 20 de abril de 2016, salvo las interrupciones.
16) Para conceder las pretensiones indicó que a pesar de que su obligación
principal era la de prestar sus servicios en temas inherentes a su profesión como
ingeniero ambiental en el área de sanidad, en los referidos contratos se
establecieron obligaciones más específicas a cargo del contratista.
17) Que desde la dependencia de calidad del área de sanidad, se citaron
reuniones para la socialización del plan de mejoramiento y autocontrol de los
funcionarios de la seccional, reuniones a las que, en principio, solo debían asistir
los servidores que tuvieran una relación legal y reglamentaria, pues se entendería
que las personas que ejecutan obligaciones bajo la modalidad de un contrato de
prestación de servicios, debido a la autonomía que poseen, no están en la
obligación de asistir a reuniones en las que se busque implementar un plan de
mejoramiento y auto control de funcionarios.
18) Que, a pesar de esto, tal citación se le dirigió al actor, quien, pese a su
vinculación por contrato de prestación de servicios, era el representante del área de
salud ambiental.
19) Que el 22 de febrero del año 2013, el jefe del área de sanidad del Valle
designó al demandante como miembro del equipo de gestión ambiental de la policía
metropolitana de Cali, razón por la que se le solicitaba a la jefe de planeación de la
metropolitana que debían informar con anticipación la fecha y hora de las reuniones
que efectuaría el grupo, con el fin de que el señor Diego asistiera y pudiese
participar.
20) Que lo anterior demuestra que las funciones que debía realizar no solo
correspondían al área de sanidad de la seccional del Valle, sino, además, al área
de gestión ambiental de la metropolitana de Cali, circunstancia que refleja que las
obligaciones del actor no podían ser desarrolladas con libertad e independencia,
pues al estar vinculado a dos dependencias, sus funciones estaban bajo la
subordinación de la seccional Valle e, incluso, de la metropolitana de Cali.
21) Que los testimonios recibidos fueron consistentes en indicar que el
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demandante debía pedir permiso cuando necesitaba realizar una diligencia personal
y debía reponer dicho tiempo.
22) Que, todo lo analizado da lugar a encontrar probada la relación laboral
encubierta en cuanto el actor desarrolló funciones técnicas y administrativas dentro
de las instalaciones de la entidad y bajo el cumplimiento de una jornada laboral, al
igual que los compañeros que sí fueron vinculados.
RECURSOS DE APELACIÓN
23) La parte demandada interpuso recurso de apelación. Expresó que el
Tribunal no tuvo en cuenta que la policía metropolitana Santiago de Cali se
encuentra dentro de la jurisdicción de la seccional del Valle del Cauca; por tanto, las
obligaciones para el cumplimiento del objeto contractual por parte del demandante,
deben extenderse hasta la jurisdicción de la policía metropolitana de Santiago de
Cali, pues por su ubicación geográfica está situada como cabecera principal dentro
de la Seccional Valle del Cauca; lo que desestima lo manifestado por el operador
judicial, al expresar que las obligaciones del actor no podían ser desarrolladas con
libertad e independencia al estar presuntamente vinculado a dos dependencias;
debiéndose considerar que solo corresponde a una, esto es, al área de sanidad del
Valle del Cauca.
24) Que, disiente del mérito probatorio que se le dio a los testimonios al indicar
que se tienen como indicio de una subordinación toda vez que no hay otras pruebas
que confirmen sus dichos. Máxime cuando la testigo Luz Elena Vivas tiene en la
actualidad una demanda en contra de la Policía con pretensiones similares, por lo
que no puede valorarse su testimonio de manera rigurosa de cara a las demás
pruebas obrantes en el expediente, pues no las hay; y es por esto que la conclusión
solo versa en su testimonio.
25) Que, no está de acuerdo con la condena en costas impuesta, pues la entidad
no tenía las facultades legales para dirimir la controversia presentada ya que debía
supeditarse a la decisión de la autoridad. Solicitó que se tenga en cuenta la
sentencia proferida por esta Corporación el 22 de febrero de 2018 expediente
25000234200020120056102 y se aplique un criterio objetivo valorativo.
26) La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que expresó que
para la Sala el nexo contractual entre el 11 de marzo de 2008 y el 23 de abril de
2015 sufrió el fenómeno prescriptivo al advertir una interrupción de más de 30 días
entre cada contrato y esto no debió ser analizado de manera taxativa tal como lo
indicó la sentencia de unificación del 2021 y en el caso particular, durante los más
de 8 años en los que tuvo el vínculo contractual solo se presentó una interrupción
por un periodo superior a los 30 días lo cual no puede llevar a desvirtuar la no
solución de continuidad en el vínculo.
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TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
27) El 31 de agosto de 2022 fueron admitidos los recursos de apelación, y de
conformidad con el art. 247 de la ley 1437 de 2011, se dio traslado por el término
de 10 días para la presentación de los alegatos de conclusión y, posteriormente se
corrió el mismo término para el Ministerio Público.
Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no rindió concepto.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
28) La Sala deberá verificar si entre las partes existió un vínculo laboral derivado
de la prestación de servicios y si, como consecuencia de ello, el actor tiene derecho
al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión a esta.
29) En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará lo
relativo a la prescripción de los derechos reclamados y, finalmente, se analizará lo
correspondiente a la condena en costas en primera y segunda instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
30) Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras
del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
31) El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en
la Ley 80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración
o funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.
32) Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la
actividad humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la
relación de dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o
jurídica y, el elemento de la remuneración.
33) Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos
contratos, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando
la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones
sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en
las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.
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34) El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las
cuales se destacan las siguientes:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado es
de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y que
pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se
deriven de aquella.
• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de
ellos, a partir de sus fechas de finalización.
• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término de
treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.
• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución de los
dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de salud.
• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe pronunciarse
sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, así no
lo haya solicitado la parte interesada.
• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en los
estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente temporal.
• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la ejecución
del contrato se configuraron los elementos propios de una relación laboral.
35) Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, cuando se reconoce la existencia de
una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de prestaciones
sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello se le dé la
categoría de empleado público al contratista sin que concurran los elementos
previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Resolución del caso concreto
36) A partir de las pruebas es posible establecer que el demandante estuvo
vinculado a la Policía Nacional-Dirección de Sanidad mediante diferentes contratos
de prestación de servicios, suscritos entre el 20 de marzo de 2008 y el 20 de abril
de 2016, con unos honorarios y con el objeto de prestar servicios como ingeniero
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ambiental para el desarrollo de las actividades descritas en los formatos
establecidos para tal fin.
37) Esto demuestra la prestación personal del servicio y la remuneración,
aspectos no discutidos por las partes apelantes. Por esa razón, se procederá a
revisar si efectivamente se presentó la subordinación como argumento principal
del recurso del demandado.
38) Para esto, obran varios escritos enviados a la parte actora por diferentes
funcionarios de la entidad mediante los cuales le daban instrucciones y dirigían la
forma de cumplir su objeto. Veamos:
39) El 27 de febrero de 2012, el líder de grupo de contratos, le solicitó al ingeniero
Silva que realizara un concepto en el que se establecieran sugerencias frente a un
borrador enviado:
[…]
«Es de aclarar que además de hacer una revisión minuciosa de los documentos y
demás condiciones establecidas en el Borrador de pliego de condiciones para
presentar la(s) propuesta(s), se pide enfatizar o tener muy en cuenta la manera
como crean ustedes que se deba evaluar a la(s) empresa(s) participante(s),
estableciendo si es posible más parámetros de evaluación que nos permita tener un
soporte adecuado a la hora de elegir la entidad con la cual se va a contratar.
El anterior concepto, debe ser entregado el día VIERNES 02/03/2012 A LAS 16:00
HORAS, con el fin de consolidar y publicar los pliegos de condiciones definitivos el
día LUNES 05/03/2012 A LAS 10:00 HORAS, de acuerdo al cronograma del
proceso.
Consultar el borrador del proceso en la red equipo Psclifact1, carpeta CONSULTA,
subcarpeta PLIEGOS PARA CONSULTA.»1
40) Solicitud realizada de manera similar el 25 de febrero de 20132, el 27 de julio
de 20153 y el 12 de agosto de la misma anualidad4.
41) El 10 de enero de 2013, la directora de la clínica Nuestra Señora de Fátima,
le envió al actor copia del contrato de construcción para que proyectara las
necesidades del mismo:
«Me permito enviar copia del contrato de construcción y los planos de los pisos 1, 2 y
3 del proyecto de la Clínica Regional de Occidente, con el fin de que sean estudiados
y analizados por usted y se proyecten las necesidades referentes a cada uno de los
siguientes ítems:
Cajas aguas residuales y eléctricas
1 Folio 153 expediente físico
2 Folio 165 expediente físico
3 Folio 196 expediente físico
4 Folio 199 expediente físico
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Cuartos de Trabajo Sucio, Ropa Sucia, Ropa Limpia, Trabajo Limpio
Rutas Hospitalarias de bioseguridad
Cuartos de Aseo
Depósito Final de Residuos biológicos y no biológicos
Depósito de Cadáveres
Tanques de almacenamiento de Agua Potable
Fumigación del Edificio
Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los requisitos mínimos de habilitación en
salud de los servicios: Ayudas Diagnósticas, Urgencias, Archivo Clínico, Cirugía,
Nutrición Hospitalaria, Hospitalización y UCI, Rehabilitación Adultos e Infantil,
Odontología, Consulta Externa y Ginecología.
Plazo: 14 de enero de 2013 a las 8:00 horas.»5
42) El 23 de julio de 2013, el líder de grupo de contratos le solicitó al actor que
realizara la verificación de las especificaciones técnicas mínimas relacionadas en el
anexo n.º 1 de las propuestas presentadas por las entidades y, le indicó lo siguiente:
«Deberá emitir un concepto por escrito debidamente fundamentado para el proceso,
con el fin de que el comité de adquisiciones tenga un parámetro de evaluación real,
con el cual pueda hacer una escogencia ideal del proveedor a contratar.
OBSERVACIÓN: A través del jefe del área administrativa o el funcionario que haga
sus veces, si fuere necesario, se solicitará a los oferentes aclaraciones o
explicaciones sobre el contenido de la propuesta presentada, siempre y cuando con
ello no se afecte la igualdad y transparencia del proceso. En el documento en que se
formulen las mencionadas solicitudes, se indicará fecha máxima para el recibo de las
respuestas. Y la documentación solicitada debe ser anexada a cada evaluación que
corresponda. De acuerdo a lo establecido en la Resolución 02590 del 24 de julio de
2012 “por la cual se adopta el nuevo manual de contratación de la Policía Nacional”.
PLAZO: Hasta el día LUNES 29 DE JULIO DE 2013; HASTA LAS 16:00 HORAS para
presentar el concepto.
NOTA: Consultar la invitación en el equipo Dsclifact1, Carpeta CONSULTA,
Subcarpeta PLIEGOS PARA CONSULTA.»6
43) Mediante oficio del 22 de febrero de 2013, la jefe seccional sanidad Valle le
informó al jefe de planeación MECAL que el demandante había sido asignado para
conformar el equipo de Gestión Ambiental de la Policía Metropolitana de Santiago
de Cali y que le solicitaba que se avisaran las fechas en que se realizarán las
actividades con el fin de programarlo previamente.7
5 Folio 162 expediente físico
6 Folio 163 expediente físico
7 Folio 164 expediente físico
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Radicación: 76001-23-33-000-2018-01234-01 (4425-2022)
44) El 28 de julio de 2014, nuevamente, la líder del grupo de contratos le solicitó
al demandante que realizara la verificación de los requisitos técnicos de las
propuestas enviadas por los proponentes y le indicó la forma en que debía realizarla:
«Deberá emitir un concepto por escrito debidamente fundamentado para el proceso,
con el fin de que el comité de adquisiciones tenga un parámetro de evaluación real,
con el cual pueda hacer una escogencia ideal del proveedor a contratar.
OBSERVACIÓN: Se podrá solicitar a los proponentes subsanar inconsistencias o
errores, siempre y cuando la corrección de las inconsistencias o de los errores no
represente una reformulación de la oferta. (Literal D. Manual de la Modalidad de
Selección de Mínima Cuantía – Colombia Compra Eficiente, en concordancia
con la Nota 9 de la Resolución N° 04708 del 29 de noviembre de 2013 “Por la
cual se adopta la Guía para la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía en la
Policía Nacional”). En el documento en el que se formulen las mencionadas
solicitudes, se indicará la fecha máxima para el recibo de las respuestas. Y la
documentación solicitada debe ser anexada al informe de evaluación.
PLAZO HASTA EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE JULIO DE 2014; HASTA LAS 10:00
HORAS PM PARA PRESENTAR EL CONCEPTO.
NOTA: Consultar la invitación en el equipo Dsclifact1, Carpeta CONSULTA
Subcarpeta PLIEGOS PARA CONSULTA.»
45) El 28 de enero de 2015, le enviaron un correo suscrito por la “Dra. Pinzon
Garantía de Calidad en Salud SECSA” mediante el cual se le indicaron unas
instrucciones y observaciones frente a su actividad:
«Ingeniero Diego,
Le envío el protocolo revisado, pero quisiera que separamos este protocolo en 3 con
el fin de dar cumplimiento a la norma de habilitación:
Protocolo de limpieza y desinfección de áreas que incluya superficies, manejo de
ropa hospitalaria y descontaminación por derrames de sangre u otros fluidos
corporales en los procedimientos de salud.
Asepsia y antisepsia en relación con equipos biomédicos.
Asepsia y antisepsia de instrumental
Las correcciones están con nota al lado del protocolo y faltaría incluir con qué
productos hacer el proceso.
Le envío protocolos de desinfección de equipos no críticos.»8
46) E
l 5 de marzo de 2015, el subcomandante del Departamento de Policía del Valle
envió un comunicado a los gerentes de programas ambientales, ordenando la
asistencia del demandante y de otro personal a unas charlas acerca del uso racional
8 Folio 184 expediente físico
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del agua, que se llevarían a cabo el 10 de marzo de 2015.9
47) El 23 de junio de 2015, el jefe seccional sanidad Valle, le envió un
comunicado al demandante, el cual tituló en su asunto: “orden”. Mediante este, se
le solicitó la presentación del estudio de conveniencia y oportunidad del rubro
presupuestal e investigaciones “Programa G”.10
48) Como estas, fueron enviadas otra serie de documentaciones al actor.
49) A su vez, se recibieron las declaraciones de los señores Carlos Alberto Ríos
Tamayo y Luz Elena Vivas.
50) El señor Carlos Alberto ríos Tamayo indicó que conoció al demandante
cuando ambos prestaban el servicio a sanidad militar en mayo de 2014 hasta que
el testigo se retiró en el 2016. Que estaban en el mismo grupo de gestión del riesgo
y el actor era el ingeniero ambiental que se encargaba de todo el tema de
saneamiento básico ambiental para la metropolitana de Cali, el departamento de
policía Valle, seccional de sanidad Valle y la escuela de Policía Simón Bolivar en
Tuluá.
51) Debía cumplir unos horarios de ingreso, de almuerzo y de salida. Que había
una persona encargada de la supervisión de los contratos y esta era quien estaba
pendiente de sus horarios, y a la que le tenían que solicitar permiso para llegar tarde
o no asistir.
52) Que tenían un plan de trabajo enviado directamente desde Bogotá y los
contratistas lo debían cumplir, incluyendo al demandante.
53) La señora Luz Elena Vivas, por su parte, manifestó que conoce al
demandante porque trabajaron en la misma entidad, ella en la parte jurídica y él en
sanidad. Ella ingresó el 2 de junio del 2006 hasta noviembre de 2016, él ingresó en
el 2008.
54) El demandante debía cumplir un horario de ingreso, salía al mediodía a
almorzar y se reintegraba a sus labores, era de 7:30 am a 12 del día y de 2 a 6 pm;
excepto cuando salía a brigadas. Que cada dependencia tenía un jefe, él tuvo al
señor Intendente Cárdenas y a la Intendente Janet, a quienes debía informar
cuando no iba a asistir y dejar una justificación y reponer esas horas en que se
ausentaba de sus funciones.
55) Del análisis conjunto de los testimonios y de los correos electrónicos, se
evidencia, que el señor Diego Fernando Vivas Silva no ejecutó sus actividades de
forma autónoma e independiente, sino que estuvo subordinado por una cadena
9 Folio 190 expediente físico
10 Folio 195 expediente físico
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jerárquica de la entidad, sometido a ordenes permanentes, control de horarios,
supervisión directa de su trabajo y correcciones obligatorias.
56) En efecto, los correos electrónicos y las comunicaciones enviadas tanto a él
como a su grupo de trabajo evidencian instrucciones precisas relacionadas con la
manera en que debía desarrollar su labor, tales como la separación de protocolos,
la inclusión de contenidos específicos, la utilización de determinados productos y la
remisión de documentos adicionales conforme a observaciones técnicas. Estas
directrices no se limitaron a exigir un resultado final, sino que incidió en la forma en
que debía ejecutar sus actividades.
57) Además, si bien la entidad solo se limitó a indicar en el objeto del contrato
que sería el ingeniero ambiental, en algunos, se delimitaron las actividades. Por
ejemplo, en el contrato nro. 66-7-20245/2008 se precisó que debía «colaborar con
la entidad en el logro de sus fines y en la misión que se ha propuesto promover y
mantener la salud integral de los afiliados y beneficiarios del subsistema de salud
de la Policía Nacional, por medio de un servicio efectivo, en las fases de promoción,
prevención, atención y rehabilitación».
58) En el contrato nro. 66-7-20705-2008, se determinó que el actor tenía, entre
otras, la obligación de «Realizar actividades y procedimientos diagnósticos y
terapéuticos señalados para el manejo de patologías establecidas dentro del plan
integral del subsistema de salud»; «llevar registro de atención diaria de
procedimientos, actividades e intervenciones, así como mantener actualizados los
informes estadísticos (…) y todos aquellos registros necesarios para el
cumplimiento de los procesos de costos y facturación».
59) Adicionalmente, la entidad le asignó tareas diversas, ajustó
permanentemente sus actividades y lo integró de forma continua a procesos
internos, lo cual no fue ocasional ni meramente colaborativo, sino que lo vinculó
funcionalmente a dependencias internas, participando en actividades propias del
funcionamiento regular de la institución.
60) El hecho de que el demandante ostentara la condición de representante del
área de salud ambiental y se encargara de todo aquello referente al tema, refuerza
la existencia de una subordinación en la medida en que esto implica el ejercicio de
funciones delegadas bajo el marco organizacional de la entidad, pues su actuar se
encontraba sujeto a lineamientos institucionales, directrices técnicas, planes y
protocolos previamente definidos, lo que evidencia una inserción permanente en la
estructura administrativa de la misma.
61) Por último, los testimonios fueron coincidentes al indicar que el demandante
debía solicitar permiso para ausentarse de sus labores y que dicho tiempo debía ser
posteriormente repuesto.
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62) En otras palabras, quedó demostrado que se materializaron las condiciones de
subordinación típicas de una relación laboral, por lo que se concluye que en el caso
concreto se encuentra probado el elemento de la subordinación y en consecuencia
es procedente confirmar la sentencia de primera instancia en este sentido.
63) De la prescripción e interrupciones contractuales
64) Demostrada la subordinación, se procede a verificar los periodos de
prestación del servicio y sus respectivas interrupciones:
65) No. 66) Duración 67) Interrupción 68) Valor
Contrato de en días hábiles
prestación de
servicio11
69) Contrato 70) 20 de 71) Sin 72) $14.725.333
66-7-20245-2008 marzo de 2008 al interrupción
30 de noviembre
de 2008
73) Contrato 74) 1 de 75) Sin 76) $10.560.000
66-7-20705-2008 diciembre de 2008 interrupción
al 30 de mayo de
2009
77) Contrato 78) 2 de junio 79) Sin 80) $19.404.000
66-7-20201-2009 de 2009 al 16 de interrupción
abril de 2010
81) Contrato 82) 19 de 83) Sin 84) $14.660.800
66-7-20099-2010 abril de 2010 al 16 interrupción
de diciembre de
2010
85) Adición 86) 17 de 87) Sin 88) $5.544.000
contrato 66-7- diciembre de 2010 interrupción
20099-2010 al 16 de marzo de
2011
89) Contrato 90) 17 de 91) 9 días 92) $13.798.400
66-7-20044-2011 marzo de 2011 al
31 de octubre de
2011
93) Contrato 94) 16 de 95) 9 días 96) $21.837.820
66-7-20573-2011 noviembre de 2011
al 31 de octubre de
2012
97) Contrato 98) 16 de 99) Sin 100) $16.205.947
66-7-20480-2012 noviembre de 2012 interrupción
al 15 de junio de
2013
101) Adición 102) 16 de 103) 20 días 104) $6.673.037
contrato 66-7- junio de 2013 al 30
20480-2012 de septiembre de
2013
105) Contrato 106) 29 de 107) Sin 108) $11.121.728
66-7-20438-2013 octubre de 2013 al interrupción
20 de abril de 2014
109) Contrato 110) 21 de 111) 4 meses 112) $
66-7-20151-2014 abril de 2014 al 26 16.529.329
de diciembre de
2014
113) Contrato 114) 23 de 115) Sin 116) $16.391.519
66-7-20187-2015 abril de 2015 al 31 interrupción
de diciembre de
2015
11 Folios 46-133
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117) Adición 118) 1 de 119) Fin del 120) $7.270.431
contrato 66-7- enero de 2016 al contrato
20187-2015 20 de abril de 2016
121) Se observa que, si bien se presentaron varias interrupciones, solo hay una
que da lugar a una solución de continuidad y es la que se presentó del 26 de
diciembre de 2014 al 23 de abril de 2015 por 4 meses, que implica un rompimiento
del vínculo contractual entre las partes, que no se logra desvirtuar con ninguna de
las pruebas aportadas. En ese sentido, a partir de la finalización del contrato 66-7-
20151-2014 (26 de diciembre de 2014), surgió la obligación de la parte demandante
de reclamar su derecho dentro de los tres años siguientes.
122) Está acreditado que solo el 24 de mayo de 2018 solicitó a la entidad el
reconocimiento de la relación laboral y las prestaciones sociales derivadas de
aquella. Por esa razón, operó la prescripción extintiva frente a los derechos
causados antes del 26 de diciembre de 2014, exceptuando los aportes a pensión.
123) Además, es importante tener en cuenta que el Tribunal encontró probada la
relación a partir del 11 de marzo de 2008 y no del 20 como dice el contrato, por lo
que se modificará esta fecha y se declarará probada la relación laboral encubierta
entre las partes del 20 de marzo de 2008 al 20 de abril de 2016; y, para efectos de
reconocimiento de prestaciones sociales, solo se tendrán en cuenta los periodos del
23 de abril de 2015 al 20 de abril de 2016, por haberse presentado el fenómeno de
la prescripción; exceptuando los aportes a pensión que no son susceptibles de tal
fenómeno tal como lo ordenó la primera instancia.
124) De las prestaciones a reconocer
125) El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca condenó a la entidad a pagar
la totalidad de las prestaciones sociales devengadas por un funcionario no
uniformado, vinculado al Departamento de Policía del Valle del Cauca con base en
los honorarios del contrato 66-7-20187-2015. Dándole la orden a la entidad de hacer
la respectiva identificación de dichas prestaciones pues en la entidad no existe el
cargo que desempeñaba el actor.
126) Para la Sala, esta decisión plantea serias dificultades de ejecución y genera
incertidumbres respecto de su alcance. En efecto, no resulta claro cuál sería el
servidor público con el que debe equipararse el contratista para cancelarle las
mismas prestaciones que a este; además, al delegar esto en la entidad surgen
inmediatamente unos interrogantes relevantes: ¿deberá acudir al contrato y, a partir
de allí, revisar el manual de funciones para establecer cuál servidor cumplía
funciones similares?, ¿La comparación debe hacerse conforme al perfil profesional
del demandante?
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127) Este grado de indeterminación vulnera los principios de seguridad jurídica y
ejecutoriedad de las decisiones judiciales, por cuanto no obra en el expediente
prueba suficiente que permita establecer con certeza cuál sería el cargo de planta
con el cual deba efectuarse la equiparación de las prestaciones; más aún cuando el
Juez encontró que no existía el mismo. En esas condiciones, cualquier decisión en
ese sentido devendría incierta, impidiendo su cumplimiento material y efectivo.
128) Debe destacarse que aun en los escenarios en que la posible equivalencia
se encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido implicaría que se
superó el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos de que dispone la
entidad.
129) El principal propósito del proceso judicial es poner fin a los conflictos de
manera pacífica y definitiva. En particular, el proceso ordinario tiene como finalidad
establecer de manera cierta y concluyente el derecho reclamado y por ello, la
sentencia que se profiera debe ser de tal claridad que el obligado a cumplirla y su
beneficiario tengan certeza de qué se debe dar, hacer o no hacer.
130) De manera más contundente, dicha claridad debe permitir que, en caso de
incumplimiento, pueda ordenarse su ejecución de manera eficaz a través de un
proceso ejecutivo, el cual está concebido para hacer efectivo de manera breve y
sumaria un derecho ya declarado y definido; no para determinar o encontrar este
derecho.
131) Esto genera falta de claridad en la sentencia y al no ser clara, la
administración tiene muchas opciones para escoger ese equivalente en su planta y
de no ser compartida esa elección por el demandante, debe acudir al proceso
ejecutivo y solicitar el mandamiento de pago realizando en la demanda el análisis
de a cuál cargo debe asimilarse, convirtiendo el ejecutivo en un trámite ordinario
para completar la sentencia.
132) En consecuencia, para corregir estas situaciones y garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia en condiciones de igualdad para ambas
partes, la Sala modificará la sentencia de manera que solucione definitivamente el
conflicto y preste verdadero mérito ejecutivo.
133) En ese orden, las prestaciones a reconocer corresponden a aquellas a cargo
del empleador y a las que tiene derecho un servidor público vinculado a una entidad
pública del orden nacional, por ser la demandada de este orden, según las
exigencias previstas en los Decretos 1045 y 1042 de 1978, es decir, las
vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a las
cesantías, prima de servicios y bonificación por servicios prestados.
134) Se debe aclarar también que los honorarios a tener en cuenta son los de
cada uno de los contratos suscritos en los tiempos reconocidos; esto es, el 66-7-
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20187-2015 y el 66-7-20187-2015 y no solo sobre este último como lo ordenó el
tribunal. Por lo que esto será objeto de modificación.
135) Frente al auxilio de transporte y el de alimentación, se debe aclarar que el
actor no cumple con los requisitos establecidos en la norma para tal fin12. Lo mismo
sucede con el calzado y vestido de labor, para el cual no se cumple el requisito de
la norma.13
136) Efectuadas esas precisiones y las operaciones aritméticas del caso, de
conformidad con la tabla subsiguiente, se reporta como la deuda a cargo de la
entidad demandada la suma total indexada de $15.518.657.
137) Teniendo en cuenta que las sumas están siendo liquidadas con base al IPC
actual, se revoca la orden de indexar las mismas.
138) De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia
139) La demandada solicitó que se revoque la condena en costas impuesta por el
Tribunal, al considerar que no incurrió en actos de mala fe y que, se debió aplicar el
criterio objetivo valorativo consagrado en la sentencia del consejo de Estado del
201814.
140) En lo que respecta a este punto de apelación, la Sala observa que el criterio
acogido por el Tribunal fue el que se encontraba vigente con posterioridad a la
modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en el sentido de que se asumió que en virtud del criterio objetivo valorativo
para la imposición de las costas, debía excluirse el elemento subjetivo de la mala fe
o la temeridad de las partes y que en consecuencia procedía la referida condena
12 Artículos 42 y 50 del Decreto 1042 de 1978 y LEY 15 DE 1959 con los aumentos anuales
13 Decreto 1978 de 1989 art. 3
14 22 de febrero de 2018 expediente 25000234200020120056102
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contra la parte demandada por haber resultado vencida en juicio y haberse
demostrado su causación.
141) Sin embargo, para el momento de expedición de la sentencia (7 de abril de
2022), se encontraba vigente dicha modificación, la cual, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta Corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.
142) La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
143) En ese orden, al examinar la condena que por concepto de agencias en
derecho impuso el Tribunal, la Sala advierte que, al haber resultado vencido en el
proceso, era consecuente haber condenado en costas a la demandada.
144) Por lo dicho, se confirmará el fallo apelado en este punto, pero por las razones
aquí expuestas.
145) Ahora, en relación con la condena en costas en segunda instancia, no se
impondrán en esta instancia, por cuanto no prosperaron los argumentos de
apelación de ninguno de los recursos interpuestos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. MODIFICAR del numeral segundo de la sentencia proferida el siete (07)
de abril de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, el cual quedará así:
«SEGUNDO. Como restablecimiento del derecho, ORDENAR a la entidad
demandada:
• El reconocimiento y pago las prestaciones sociales originadas por la
declaratoria de existencia de una relación laboral, desde el 23 de abril de 2015
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y hasta el 20 de abril de 2016, fecha en que estuvo vigente el contrato nro. 66-
7-20187-2015, equivalente a QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($15.518.657).
• No se ordenará el pago de prestaciones sociales que pudieron haberse
originado en los contratos anteriores a la fecha señalada, en la medida que
sobre ellos operó el fenómeno de la prescripción.
• No se reconocerá el pago de la sanción por mora.
• Sobre los aportes a la seguridad social, no operó el fenómeno de la
prescripción, por lo que la entidad demandada deberá tomar, desde el 11 de
marzo de 2008 al 20 de abril de 2016 —salvo las interrupciones—, como
ingreso base de cotización pensional, mes a mes, los honorarios pactados y
verificar si existe diferencia entre los aportes que realizó el demandante como
contratista y los que debía realizar como empleado, en cuyo caso la
demandada debe realizar las cotizaciones al fondo de pensiones, pero
respecto del porcentaje que le corresponde como empleador. En todo caso, el
demandante debe acreditar las cotizaciones que realizó al sistema de
seguridad social durante sus vínculos contractuales, pero, si no las hizo o
existe diferencia en su contra, debe pagar o completar, según el caso, el
porcentaje que le corresponde como trabajador.
[…]»
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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