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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-01309-01

Fecha
20 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-01309-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 9 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones dentro del proceso promovido por la señora Lucy Mancilla Marulanda en contra de Colpensiones, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia, de acuerdo con las consideraciones expresadas en este fallo. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Rad icado : 76- 001- 23-33-000- 2018-01309-01 Nú me ro in terno : 5070-2022 De mandante : Lucy M anci ll a Marulanda TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-01309-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76-001-23-33-000-2018-01309-01 (5070-2022)
Demandante: Lucy Mancilla Marulanda
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones
Tema: Reliquidación pensión de jubilación régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993

Decisión: Confirmar sentencia que negó pretensiones

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
demandante contra la sentencia del 9 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de del Valle del Cauca que negó las súplicas de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda1

2.1.1. Pretensiones

2. La señora Lucy Mancilla Marulanda, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011 2, solicitó declarar la nulidad de la
Resoluciones SUB 28702 de 31 de enero de 2018, a través de la cual Colpensiones
negó el reconocimiento pensional, así como de las Resoluciones SUB 66124 del 9
de marzo de 2018 y DIR 7546V de 28 de abril de 2018 mediante las cuales se
resolvieron los recursos de reposición y apelación contra la anterior decisión,
confirmándola en su totalidad.

3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada a ajustar la pensión de
jubilación a partir del 20 de febrero de 2014, conforme a los parámetros
establecidos en los decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989 y la Ley 860 de 2003.

1
Folio 1 y siguientes del expediente.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante

CPACA.

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Nú me ro in terno : 5070-2022
De mandante : Lucy M anci ll a Marulanda

2.1.2. Hechos

4. La señora Lucy Mancilla Marulanda nació el 20 de febrero de 1961, y prestó sus
servicios en Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en el periodo
comprendido entre el 23 de julio de 1980 y el 27 de abril de 2011, y completó un
tiempo de servicios de 31 años y 4 meses.

5.Indicó que, al contar con 20 años de servicios y 50 años de edad, solicitó a
Colpensiones el reconocimiento de una pensión de vejez especial por actividad de
alto riesgo. Sin embargo, a través de la Resolución SUB 28702 de 31 de enero de
2018, la entidad negó dicho derecho.

6. Contra la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación que fueron resueltos a través de las Resoluciones SUB
66124 de 9 de marzo de 2018 y DIR 7546 de 19 de abril de 2018, respectivamente,
en los cuales la entidad confirmó lo resuelto. A través de Resolución SUB 66124
de 9 de marzo de 2018 Colpensiones Resolvió un recurso de reposición contra
anterior decisión, revocándola en su totalidad. Así mismo, ordenó el reconocimiento
de la pensión de vejez de la demandante de conformidad con el régimen contenido
en la Ley 100 de 1993, a partir de 20 de febrero de 2018. En resolución DIR 7546
de 19 de abril de 2018, 3 Colpensiones resolvió un recurso de apelación contra la
Resolución SUB 28702 de 31 de enero de 2018, en donde negó la reliquidación en
los términos de la Ley 860 de 2003 y confirmó lo decidido en resolución SUB 66124
de 9 de marzo de 2018.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

7.Como normas vulneradas citó los artículos 1. °,2. °, 6. °, 13, 23, 25, 29, 53, 123,
124 y 125 de la Constitución; las Leyes 860 de 2003; 35 de 1985; y los Decretos
1933 de 1989 y 1047 de 1989.

8. En el concepto de violación explicó que las resoluciones objeto de censura
desconocen el régimen aplicable a la demandante quien es beneficiaria de la
transición prevista en la Ley 860 de 2003, pues cumplió con el requisito de haber
cotizado 500 semanas al 26 de diciembre de 2003, fecha en la que entró en vigencia
la Ley. Asimismo, por haber ingresado a actividades de alto riesgo al DAS antes
del 3 de agosto de 1994, tiene derecho a que su pensión sea reconocida en las
condiciones establecidas en el Decreto 1835 de 1994.

9. Señaló que el régimen pensional de jubilación de alto riego se encuentra
contenido en los Decretos 1933 de 1989, 1047 de 1989 y la Ley 35 de 1994.

10. Indicó que, ante la ausencia del monto de la pensión de jubilación en el régimen
especial a los empleados del DAS, por remisión expresa del artículo 1. ° del Decreto
1933 de 1989, se deben aplicar las normas de carácter general, que en el caso
concreto es el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969, de acuerdo con el cual el
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monto de la pensión debe ser del 75% del promedio de los salarios y primas de
toda especie percibidas durante el último año de servicios.

11. Finalmente, sostuvo que los factores que debían tenerse en cuenta para liquidar
la pensión son aquellos establecidos en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1994.

2.2. Contestación de la demanda

12.La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones)3,
por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda,
al considerar que la demandante no era beneficiaria del régimen de transición
establecido en el artículo 6° del Decreto 1835 de 1994.

13.Indicó que dicha disposición estableció dos requisitos para ser beneficiario del
régimen de transición: i) tener 35 años o más de edad para el caso de las mujeres
o 40 para los hombres y ii) tener más de 10 años de servicio. Sin embargo, la
demandante no cumplió con dichas condiciones.

14.Propuso las excepciones denominadas (i) inexistencia de la obligación y cobro
de lo no debido (ii) prescripción y (iii) buena fe.

2.3. La sentencia apelada.

15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la sentencia de 9 de
junio de 20224, estimó que la demandante no tiene derecho a la reliquidación de su
pensión en los términos solicitados y, en consecuencia, negó las pretensiones de
la demanda.

16. Señaló que la actora no es beneficiaria del régimen de transición establecido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues a la entrada en vigencia del Régimen
General de Pensiones tenía 33 años de edad y 13 años de servicio.

17. Así mismo, señaló que tampoco le asistía derecho a que su pensión de vejez
se reliquide de conformidad con los Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989 y 1835
de 1994, pues no desempeñó actividades de alto riesgo al interior del DAS y dicha
normativa es aplicable únicamente a los empleados que ejercieron funciones de
dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, así
como el personal de detectives en sus diferentes grados y denominaciones.

2.4. Recurso de apelación5

18. La parte demandante, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, al considerar que la

3 Folios 153 siguientes del expediente.
4 Folio 166 y siguientes del expediente.
5 Folio 178 y siguientes del expediente.

3
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señora Lucy Mancilla Marulanda tiene derecho a que se reliquide su pensión de
conformidad con el régimen especial del DAS contenido en los Decretos 1933 de
1989, 1835 de 1994, 2646 de 1994 y la Ley 860 de 2003, lo anterior teniendo en
cuenta que laboró en el DAS desde el 23 de julio de 1980 hasta el 31 de enero de
2012 en donde cotizó 1647 semanas y en la Policía Nacional desde el 1.° de febrero
de 2012 hasta el 27 de abril de 2013, en donde cotizó 56 semanas.

19. Indicó que durante el tiempo que laboró al servicio del DAS, se desempeñó en
el cargo de profesional operativo grado 2020- 14 de la planta global operativa
asignada a la unidad de derechos humanos mediante Resolución 04742 de marzo
29 de 1996 y que posteriormente, fue trasladada a la Policía Nacional como
consecuencia de la supresión del DAS, desde febrero de 2012 hasta abril de 2013,
en donde se desempeñó como profesional de identificación y registro grado 05.

20. Manifestó que cuando estuvo en el cargo de profesional operativo grado 14
realizó actividades de alto riesgo, pues se desempeñó como jefe de los derechos
humanos, jefe del área investigadora de desaparecidos y apoderada jurídica del
DAS y en ese sentido le era aplicable el régimen especial para los funcionarios de
esta entidad que desempeñaban en actividades de alto riesgo contenido en la Ley
860 de 2003 y 1835 de 1994.

21. Finalmente señaló que los regímenes especiales por alto riesgo se encuentran
vigentes, lo anterior de conformidad con la sentencia C-030 de 2017.

2.5. Trámite en segunda instancia.

22. A través de auto de 25 de noviembre 20226, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante y se ordenó correr traslado al agente del
Ministerio Público para conceptuar en segunda instancia. Frente a lo anterior,
guardaron silencio.

23. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

24.Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 7 de la Ley 1437 de 2011.

6 Folio 219 del expediente
7 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de

las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles
de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los
tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia. […]».
4
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3.3. Marco de análisis de la segunda instancia

25. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez
de segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas
partes apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

26. En el asunto objeto de estudio, la demandante es apelante único, por lo que la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a los argumentos
esgrimidos en el recurso de apelación.

3.4. Problema Jurídico

27. La Sala de Subsección establecerá si la demandante tiene derecho a la
reliquidación de la pensión con el régimen especial de pensiones del Departamento
Administrativo de Seguridad DAS por haber desempeñado actividades de alto
riesgo en dicha entidad.

3.5. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso

3.4.2.1. Régimen especial de pensiones de los servidores del DAS antes de la
entrada en vigor del Sistema General de Seguridad Social8.

28. El Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 9 dictó una norma general según
la cual los empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales
señaladas para las entidades públicas del orden nacional en los Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los
adicionen o modifiquen10. En el artículo 1011 previó que los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad se regirían por los cánones generales
sobre pensión de jubilación. De otra parte, quienes desarrollaran funciones de
dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, así
como los detectives en sus diferentes grados y denominaciones, se gobernarían
por lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 1978 12.

8Análisis normativo efectuado por esta Subsección en sentencia del 26 de agosto de 2021 dentro del proceso radicado

11001-03-25-000-2016-00680-00(2852-16), con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
9 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de

Seguridad».

10 «Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán derecho a las

prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública del orden nacional en los Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo 3º y en los que los adicionan, modifican, reforman o
complementan y, además, a las que este decreto establece.»

11 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los empleados de

la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente, Profesional o Especializado,
se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978,
cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones.»

12 «Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que permanezcan al servicio

del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor de 18 años continuos en el desempeño de
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29. En cuanto a los factores para la liquidación de la pensión y de las cesantías el
mencionado decreto previó:

«ARTÍCULO 18. Factores para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos
del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren
derecho los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad se tendrán en
cuenta para su liquidación, los siguientes factores:

a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo;
b) Los incrementos por antigüedad;
c) La bonificación por servicios prestados;
d) La prima de servicio;
e) El subsidio de alimentación;
f) El auxilio de transporte;
g) La prima de navidad;
h) Los gastos de representación;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país, cuando
se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último
año de servicio;
j) La prima de vacaciones.»

30. Es conveniente señalar que a pesar de que la norma transcrita no incluyó la
prima de riesgo, la jurisprudencia del Consejo de Estado admitió su cómputo en la
sentencia del 1.° de agosto de 201313, providencia en la cual consideró que debía
acogerse el criterio de favorabilidad expuesto en la sentencia del 4 de agosto de
201014, según el cual es válido tener en cuenta todas aquellas sumas que el
servidor percibe de manera habitual y periódica como contraprestación del servicio,
independientemente de su denominación. Agregó que una interpretación distinta
vulneraría las garantías que la Constitución Política de 1991 previó como referencia
para garantizar el desarrollo y la efectividad del derecho fundamental al trabajo,
entre ellas, la remuneración mínima, vital y móvil, así como los principios de
favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas. Al respecto, precisó que la
prima de riesgo es percibida en forma permanente y mensual. En consecuencia,
hace parte de la contraprestación directa que recibían los servidores del DAS, por
lo que debía ser parte del ingreso base de cotización y de la liquidación de la
pensión.

31. Para las denominadas actividades de alto riesgo en el sector público, el
artículo 14015 de la Ley 100 de 1993 previó, lo siguiente:

«ARTÍCULO 140. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. De conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el

funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para
esta época fueren funcionarios de ese Departamento.»
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 4400123310002008150 01(0070-

2011), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23 25 000 2006 07509 01

(0112-09).
15 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996.

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régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo
en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización,
o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo
para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad».

32. Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1835 del 3 de agosto
de 1994, por medio del cual reglamentó las actividades de alto riesgo de los
servidores públicos, que estableció lo siguiente:

«1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de
detectives en sus distintos grados y denominaciones de especializado,
profesional y agente. (Negrilla fuera del original)

2. En la Rama Judicial.

Funcionarios de la jurisdicción penal:

Magistrados, Jueces Regionales, Jueces Penales del Circuito, Fiscales y
empleados de los Cuerpos de Seguridad de la fiscalía general de la Nación y los
siguientes funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía:
Profesionales judiciales especiales, profesionales universitarios judiciales I y II, jefes
de sección de criminalística, investigadores judiciales I y II, técnicos judiciales I y II
y escoltas I y II. (…) ».16

33. De lo anterior se puede colegir, que la labor de los detectives del DAS se clasificó
como de alto riesgo, por ello se encuentran bajo un régimen de transición especial 17
para aquellos que, a su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de 1994, laboraran
en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las condiciones indicadas
por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, los Decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989.

34. Ahora bien, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 2003 18 derogó el Decreto 1835
de 1994 y precisó cuáles actividades son consideradas de alto riesgo, sin incluir al

16 Artículo 2 del Decreto 1835 de 1994
17 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades descritas en los numerales

1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones
menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el
número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley
100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones
contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del
respectivo empleador.»
18 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos

y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.»

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DAS. No obstante, en su artículo 6. ° introdujo un régimen de transición para las
personas que para esa época tuvieran al menos 500 semanas de cotización especial 19.

35. Posteriormente la Ley 860 del 26 de diciembre de 2003 20 se ocupó de regular la
materia pensional para los servidores que desempeñan labores de alto riesgo en el
DAS e incluyó a la prima de riesgo en el ingreso base de cotización. La norma también
estableció un nuevo régimen de transición en el parágrafo 5.° del artículo 2°: «Los
detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994 que a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley hubieren cotizado 500 semanas les serán reconocida la
pensión de vejez en las mismas condiciones del régimen de transición contenidas en
el Decreto 1835 de 1994».

3.4.2.2. El Sistema General de Seguridad Social en pensiones y el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

36. El artículo 48 de la Constitución Política de 1991 consagró la seguridad social como
un derecho irrenunciable y como un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos en que lo establezca
la ley.

37. La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un
conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad, con instituciones y recursos
destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de
salud y servicios complementarios, y las demás que se llegaren a incorporar
normativamente en el futuro, con el objeto de garantizar esos derechos irrenunciables
de las personas21, a través de la protección de las contingencias que las puedan
afectar22, y les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana.

38. El propósito de la Ley 100 de 1993 fue el de unificar los regímenes pensionales
que, antes de su promulgación, se encontraban dispersos en el ordenamiento jurídico,
estableciendo reglas comunes para todos los trabajadores del territorio nacional y sin
atención a la naturaleza de su relación laboral. No obstante, en el artículo 36, la norma
concibió un régimen de transición en favor de las personas que cumplieran con unos
requisitos a su entrada en vigor, lo cual les permitiría regirse por la legislación aplicable
en el régimen anterior al que se encontraban afiliadas, en cuanto a la edad, tiempo de
servicios o número de semanas cotizadas y monto de la prestación.

19 Sobre la interpretación del régimen de transición previsto en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 se pueden consultar: Con sejo

de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 12 de junio de 2014, radicación: 3287-2013, y de la Subsección A, sentencia
de 22 de abril de 2015, radicación: 2555-13.

20 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras

disposiciones.»

21 Artículo 1 de la Ley 100 de 1993.

22 Ibidem.

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«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de
vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para
los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años,
es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente
Ley.[…]»

39. Bajo ese entendido, solo quienes hubieran acreditado los requisitos de edad o de
tiempo de servicios previstos por el artículo 36 para la fecha de entrada en vigor de
la Ley 100 de 1993, tendrían la posibilidad de pensionarse con arreglo a las normas
que venían aplicándose con anterioridad en cuanto a edad, tiempo de servicios o
semanas cotizadas y monto. En cuanto a esto último, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado ha debatido si el ingreso base de liquidación
forma o no parte del régimen de transición. Las posturas frente al particular fueron las
siguientes:

a) Criterio de la Corte Constitucional

40. En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los
artículos 11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma
original entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna
regla frente a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición.

41.Por su parte, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición
de los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas
de transición, al respectó manifestó:

«[…]En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100, el
Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01
de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios
injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema
-de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100 - la Sala
considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de inexequibilidad de la
expresión “durante el último año” debe ser llenado acudiendo a las reglas generales
previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley 4
de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se entienda que
las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese régimen especial, son las
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contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el
caso.».

42. Posteriormente, en la sentencia SU-230 de 2015, definió que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial y expuso:

«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de
2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la
Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la
igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas de la sociedad
y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene
ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la
interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto,
son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el
monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca».
(Negrilla por fuera de texto).

43. A partir de las citadas decisiones, la Corte Constitucional ha emitido varias
sentencias de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las
sentencias SU-427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017.

44. En esta última providencia, esto es, la SU-395 de 201723, la Corte conoció de
varias acciones de tutela interpuestas contra sentencias que ordenaron la
reliquidación de pensiones, con fundamento en los regímenes especiales previstos
por los Decretos 546 de 197124 y 929 de 197625, y consideró que la regla general
de liquidación pensional, en los términos de los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de
1993, según corresponda, también cobija a quienes venían rigiéndose por normas
especiales, según lo había analizado la sentencia C-258 de 2013, que precisó que
la transición consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se
encontraba afiliado el servidor, solo en lo relacionado con los requisitos de edad,
tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pero excluyendo el ingreso
base de liquidación.

b) Criterio del Consejo de Estado

45. El Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí forma parte del
régimen de transición, estableciendo, en la sentencia de unificación proferida por
la Sección Segunda el 4 de agosto de 2010 26, lo siguiente:

«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un
beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos,
para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio

23 Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
24 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del

Ministerio Público y de sus familiares»
25 «Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la

República y sus familiares.»
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 250002325000200607509 01.

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o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo
establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1.° de abril
de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra dentro de las
previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los
requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de
jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
[…]
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre
las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos
con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la
presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica
en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional,
sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de
servicios.
Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida
por la Sección Segunda de esta Corporación».

46. No obstante, mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, de 28 de
agosto de 201827, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en interés de
unificar su jurisprudencia respecto de los criterios interpretativos del inciso 3º del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, relativos a si se aplica o no el régimen de
transición al IBL, señaló que la interpretación que debe dársele al inciso 3.º del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es la que el legislador previó en esa disposición
jurídica, es decir, que las personas beneficiarias del régimen de transición pueden
adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de
cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior; mientras que los restantes
requisitos y condiciones, como el IBL, deben regirse por lo previsto en el inciso 3.º
del artículo 36 y artículo 21 de la Ley 100 de 1993.28

3.4.2.3. La liquidación de pensiones de agentes del DAS cobijados por el
régimen de transición .

47. En cuanto al ingreso base de liquidación para el personal beneficiario de las
normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, de los Decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de

27 Consejo de Estado; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 28 de agosto de 2018, Radicado

2012-00143, C.P.: César Palomino Cortés.

28 Las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos
los casos pendientes de solución, tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de acciones ordinarias. En otras
palabras, se excluyen aquellos asuntos pendientes de resolver en recurso extraordinario, ya que, para salvaguardar el
principio de la seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de situaciones definidas y que
hicieron tránsito a la cosa juzgada.

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noviembre de 200029, consideró que debe aplicarse en su integridad la normativa
precedente.

48. Estimó que debían atenderse aquellos factores salariales que estuvieran
previstos por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, es decir, los siguientes:

• La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo;
• Los incrementos por antigüedad;
• La bonificación por servicios prestados;
• La prima de servicio;
• El subsidio de alimentación;
• El auxilio de transporte;
• La prima de navidad;
• Los gastos de representación;
• Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país,
cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180)
días en el último año de servicio;
• La prima de vacaciones.

3.5. Caso concreto

3.5.1. De las pruebas.

49. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección advierte
como relevantes las siguientes pruebas:

• La señora Lucy Mancilla Marulanda nació el 20 de febrero de 196130, por lo
que acreditó los 57 años, en el año de 2018.

• Laboró al servicio del Departamento administrativo de Seguridad DAS,
desde el 23 de julio de 1980 hasta el 31 de enero de 2012. Durante el periodo
comprendido entre el 23 de julio de 1980 y el 30 de julio de 2009 cotizó sus
aportes a Cajanal y desde el 1. ° de julio de 2009 hasta el 31 de enero de
2012 cotizó sus aportes al Seguro Social. 31

• Como consecuencia de la supresión del DAS, la demandante fue
incorporada a la Policía Nacional desde el 1. ° de julio de 2009 hasta el 3 de
julio de 2015.32

• Durante el periodo comprendido entre el 23 de julio de 1980 y el 10 de abril

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 30 de

noviembre de 2000. Radicación 2004-2000. C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
30 Copia de la Cédula de Ciudadanía visible a folio24 del expediente
31 Archivo GEN-CSA-F1 del CD visible a folio 131 del expediente
32 Archivo GEN ANX-CL-2017 y archivo GRP-SCH-HL del CD visible a folio 131 del expediente

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de 1996 ocupó el cargo de secretario 309-05 y desde el 11 de abril de 1996
hasta el 31 de enero de 2012 se desempeño como profesional operativo 202-
14.33

• Al entrar en vigor de la Ley 100 de 1993, el 1. ° de abril de 1994, tenía 13
años 9 meses y 7 días de servicios y 33 años de edad, por lo que no es
beneficiaria del régimen de transición.
• Mediante Resolución SUB 28702 de 31 de enero de 2018,34 Colpensiones
negó el reconocimiento de una pensión de vejez a la señora Lucy Mancilla
Marulanda por no acreditar el cumplimiento del requisito de la edad.

• A través de Resolución SUB 66124 de 9 de marzo de 2018 Colpensiones
Resolvió un recurso de reposición contra anterior decisión, revocándola en
su totalidad. Así mismo, ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez de
la demandante de conformidad con el régimen contenido en la Ley 100 de
1993, a partir de 20 de febrero de 2018.35
• En resolución DIR 7546 de 19 de abril de 2018,36 Colpensiones resolvió un
recurso de apelación contra la Resolución SUB 28702 de 31 de enero de
2018, en donde negó la reliquidación en los términos de la Ley 860 de 2003
y confirmó lo decidido en resolución SUB 66124 de 9 de marzo de 2018.

3.5.2. Análisis de la Sala

50. La señora Lucy Mancilla Marulanda en calidad de exfuncionaria del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó la nulidad de las Resoluciones
SUB 28702 de 31 de enero de 2018, SUB 66124 del 9 de marzo de 2018 y DIR
7546 de 28 de abril de 2018 en las que se negó el reconocimiento y pago de una
pensión especial de vejez de conformidad con el régimen de transición de la Ley
860 de 2003.

51. Señaló que la demandante tiene derecho a que se aplique el régimen de
transición pues cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la anterior
disposición, esto es, i) haber ingresado al DAS antes del 3 de agosto de 1994 y ii)
que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003 (diciembre de 2003)
había cotizado 500 semanas.

52. El juez de primera instancia negó las pretensiones de la demandante al estimar
que este no era beneficiario del régimen de transición pues no desempeñó
actividades de alto riesgo al interior del DAS y dicha normativa es aplicable
únicamente a los empleados que ejercieron funciones de dactiloscopistas en los
cargos de detective agente, profesional o especializado y al personal de detectives
en sus diferentes grados y denominaciones.

33 Archivo GEN-CSA-3B del CD visible a folio 131 del expediente
34 Folio 93 y siguientes del expediente.
35 Folio 101 y siguientes del expediente.
36 Folio 113 y siguientes del expediente.

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53. La parte demandante apeló dicha decisión y reiteró que tenía derecho a la
reliquidación en los términos solicitados, pues durante los periodos en los que
laboró como profesional operativo 202-14 del DAS desempeñó actividades de alto
riesgo, como jefe de recursos humanos, jefe de área investigadora de
desaparecidos y apoderada jurídica de la entidad.

54. Ahora bien, como se indicó en acápites anteriores, la Ley 1933 de 1989
estableció que los empleados del extinto DAS gozan de un régimen prestacional
especial para efectos de la pensión de jubilación, de acuerdo con el cual estos
tendrán derecho a que la prestación se reconozca según con las normas generales
previstas para los empleados públicos del orden nacional, es decir, se les aplica lo
consagrado en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.

55. Sin embargo, el personal de detectives en sus distintos grados y los que
cumplan funciones de dactiloscopistas, se encuentran exceptuados de este
régimen, pues dicha disposición señaló que a estos se aplicaría el régimen
pensional previsto en el Decreto 1047 de 1978 , de acuerdo con el cual, tienen
derecho a que su pensión de jubilación sea reconocida con 20 años de servicios
continuos o discontinuos, independientemente de la edad, o 18 en la misma
condición de siempre y cuando tuviesen 50 años de edad y para esta época fuera
funcionario del DAS.

56. Posteriormente, mediante Decreto 1835 de 1994, el gobierno reglamentó las
actividades de alto riesgo para los servidores públicos, entre los que se
encontraban los detectives del DAS y estableció para estos, un régimen de
transición aplicable a los detectives vinculados con anterioridad a este decreto. Sin
embargo, dicho régimen fue derogado por el Decreto 2090 de 2003 que dispuso
que quienes a 28 de julio de 2003 (fecha de su entrada en vigencia), hubiesen
efectuado al menos 500 semanas de cotización especiales, tendrían derecho a que
una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, la pensión de jubilación les sea
reconocida en las mismas condiciones establecidas en la norma anterior que regula
las actividades de alto riesgo, esto es, el Decreto 1835 de 1994.

57. Ahora bien, la pensión de jubilación especial que se reclama es aquella prevista
en el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003 que establece un régimen de
transición que exige estar vinculado antes del 3 de agosto de 1994 y acreditar 500
semanas de cotización antes de la entrada en vigencia de la ley para beneficiarse
de «las mismas condiciones del régimen de transición contenidas en el Decreto
1835 de 1994». Esta última norma dispuso que los detectives que estuviesen
vinculados al DAS con anterioridad a su entrada en vigencia «no tendrían
condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la
pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de
semanas cotizadas, y el monto de esta pensión, a las existentes para ellos en las
normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993».

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58. De allí que quienes tuvieran la expectativa de pensionarse con arreglo al
régimen especial contenido en las anteriores normas, debían acudir a aquellas
establecidas en los artículos 1 o 2 del Decreto 1047 de 1978, por remisión del
artículo 10 del Decreto 1933 de 1989. La norma a la que se alude señala lo
siguiente:

“Artículo 1. Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o
discontinuos las funciones de las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de
Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por
el instituto correspondiente de dicho Departamento, tendrán derecho a gozar de la
pensión de jubilación cualquiera sea su edad.”

59. Las pruebas allegadas al proceso demuestran que la demandante estuvo
vinculada al DAS desde el 23 de julio de 1980 hasta el 31 de enero de 2012, y
durante el periodo comprendido entre el 23 de julio de 1980 y el 10 de abril de 1996
se desempeñó como secretario 309-05 y desde el 11 de abril de 1996 como
profesional operativo 202-14.

60. De lo anterior se observa que la demandante no desempeñó funciones de
dactiloscopista en los cargos de detective agente, profesional o especializado por
el lapso de 20 años como lo exige la norma y, por lo tanto, no es beneficiaria de la
pensión especial de jubilación bajo el amparo del Decreto 1047 de 1978 tal como
lo señaló el juez de primera instancia y en ese sentido, no tiene derecho a la
reliquidación de su pensión en los términos solicitados.

61. Ahora bien, es necesario precisar que a los empleados del DAS que
desempeñaban funciones distintas a las anteriormente expuestas, se les aplicaba
el régimen general de los trabajadores de orden nacional y a partir de la entrada en
vigencia del Sistema General de Pensiones se aplicaba esta última normatividad,
lo anterior, en consonancia con la Ley 860 de 2003.

62. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797
de 2003 establece como requisito para la pensión de vejez tener 55 años de edad
(en el caso de las mujeres) y que a partir del 1. ° del primero de enero de 2005, el
número de semanas se aumentaría, por lo que desde del año 2014, la edad de
pensión aumentó a 57 años. Así mismo, dispuso como requisito haber cotizado un
mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo.

63. En ese sentido, la Sala advierte que la demandante es beneficiaria del régimen
pensional contenido en la Ley 100 de 1993, tal como se encuentra señalado en
los actos demandados, pues adquirió su estatus pensional en vigencia de esta
normativa, lo anterior, teniendo en cuenta que: i) durante el periodo laboró en el
DAS (23 de julio de 1980 hasta el 31 de enero de 2012) cotizó 1.649.14 semanas
y ii) cumplió 57 años de edad el 20 de febrero 2018, fecha en la cual adquirió su
estatus pensional.

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64. Finalmente, es necesario precisar que la demandante tampoco es beneficiaria
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que no cumplía
con los requisitos para ello, toda vez que a la entrada en vigor de dicha norma (1. °
de abril de 1994) tenía 33 años de edad y 13 años, 9 meses y 7 días de servicio.

65. De conformidad con las consideraciones expuestas, la demandante no tiene
derecho al reconocimiento pensional en los términos solicitados, razón por la cual
se confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

3.6. Decisión de segunda instancia

66. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda, pues la demandante no tiene derecho al reconocimiento de la
pensión de jubilación de conformidad con la Ley 860 de 2003 ya que dicho régimen
es aplicable únicamente a los funcionarios del DAS que desempeñaban funciones
de dactiloscopista en los cargos de detective agente, profesional o especializado y
la demandante no laboró en ninguno de estos cargos.

3.7. De la condena en costas en segunda instancia.

67. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 9 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones dentro del proceso
promovido por la señora Lucy Mancilla Marulanda en contra de Colpensiones, por
las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia, de acuerdo con las
consideraciones expresadas en este fallo.

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TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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