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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2019-00065-01

Fecha
6 de julio de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2019-00065-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 9 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión. 2. Sin condena en costas en esta instancia. 3. Reconocer personería al abogado Mateo Floriano Carrera como apoderado de la demandada, en los términos y para los fines del poder que obra a índice 14 de Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-000-2019-00065-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

6 de julio de 2023

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00065-01 (26905)
Demandante: David Ernesto Martínez Guerrero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., seis (06) de julio dos mil veintitrés (2023)

Referencia Nulidad
Radicación 76001-23-33-000-2019-00065-01 (26905)
Demandante DAVID ERNESTO MARTÍNEZ GUERRERO
Demandado DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas Participación de monopolio de licores. Causación. Poder
tributario derivado de las asambleas departamentales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 9 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca1, Sala de Decisión, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad del inciso 3 del artículo 37 de la ordenanza 397 de 18 de
diciembre de 2014 y el 3 del artículo 45 de la ordenanza 474 del 22 de diciembre de 2017
expedidos por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, por las razones expuestas en
la parte motiva.
SEGUNDO: ABSTENERSE de imponer condena en costas.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría archivar el expediente hibrido a la ejecutoria de fallo,
previo registro en SAMAI.”

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El artículo 204 de la Ley 223 de 1995 reguló el impuesto al consumo de licores,
vinos, aperitivos y similares en favor de los departamentos, cuya causación, para
licores extranjeros, es la introducción al país de dichos productos. Posteriormente,
el artículo 51 de la Ley 788 de 2002 previó la posibilidad de que los Departamentos,
en lugar de imponer el impuesto al consumo de licores, aplicara una participación a
estos, en el ejercicio del monopolio de licores destilados.
La Asamblea Departamental del Valle del Cauca expidió la Ordenanza Nro. 397 de
18 de diciembre de 2014, mediante la cual estableció como momento de causación
de la participación en licores, para los productos extranjeros, la introducción de
estos al Departamento.
Posteriormente, el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1816 de 2016 estableció que
las reglas de causación del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y
similares resultaban aplicables a la participación.

La Asamblea Departamental del Valle del Cauca expidió la Ordenanza Nro. 474 de
22 de diciembre de 2017 que derogó la Ordenanza 397 y reiteró como momento de

1 Samai Tribunal. Índice 29. PDF “2_SENTENCIA(.PDF) NroActua 29”
1

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Demandante: David Ernesto Martínez Guerrero

causación de la participación para los licores extranjeros es la introducción al
Departamento.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

En ejercicio del medio de control de nulidad, contemplado en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), el demandante formuló la siguiente pretensión:2
«Que se declare la nulidad parcial, por ser contrarios a la Constitución, a la Ley, a la
jurisprudencia y a los principios constitucionales de derecho los apartes específicos atrás
individualizados y que, para todos los efectos legales nuevamente se transcriben:
ORDENANZA DEPARTAMENTAL NO. 474 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, ARTÍCULO
45, PARCIAL.
Artículo 45.- Causación. En el caso de productos nacionales, el impuesto y/o participación
se causa en el momento en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su
distribución, venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación, comisión o
los destina a autoconsumo.
En el caso de productos extranjeros, el impuesto al consumo se causa en el momento en que
los mismos se introducen al país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro
país.
En el caso de los licores extranjeros, la participación se causa en el momento en que
los mismos se introducen al Departamento, salvo cuando se trate de productos en
tránsito hacia otro país.
Para efectos del impuesto al consumo y/o participación, los licores, vinos, aperitivos y similares
importados a granel para ser envasados en el país recibirán el tratamiento de productos
nacionales. Al momento de su importación al territorio aduanero nacional, estos productos sólo
pagarán los impuestos o derechos nacionales a que haya lugar.
ORDENANZA DEPARTAMENTAL NO. 397 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, ARTÍCULO
37, PARCIAL
Artículo 37.- Causación. En el caso de productos nacionales, el impuesto y/o participación
se causa en el momento en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su
distribución, venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación, comisión o
los destina a autoconsumo.
En el caso de productos extranjeros, el impuesto al consumo se causa en el momento en que
los mismos se introducen al país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro
país.
En el caso de los licores extranjeros, la participación se causa en el momento en que
los mismos se introducen al Departamento, salvo cuando se trate de productos en
tránsito hacia otro país.
Para efectos del impuesto al consumo y/o participación, los licores, vinos, aperitivos y similares
importados a granel para ser envasados en el país recibirán el tratamiento de productos
nacionales. Al momento de su importación al territorio aduanero nacional, estos productos sólo
pagarán los impuestos o derechos nacionales a que haya lugar. (subrayado y resaltado del
original).»

Para estos efectos, el actor citó como normas violadas el Preámbulo y los artículos
1, 2, 4, 6, 29, 121, 123, 150 numerales 11 y 12, 300 ordinal 4, 313 ordinal 4, 338 y
363 de la Constitución Política; el artículo 204 de la Ley 223 de 1995; el artículo 14
parágrafo de la Ley 1816 de 2016; el artículo 61 del Decreto Ley 1122 de 1986 y
jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo. Los cargos de
nulidad se resumen así:

2 Samai. Índice 3. PDF “ED_DEMANDA_01DEMANDA(.pdf) Nro Actua 3”.
2

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Demandante: David Ernesto Martínez Guerrero

1. Violación de normas superiores

Hizo referencia al principio constitucional de legalidad como garantía del debido
proceso el cual se predica de las Ordenanzas departamentales y los acuerdos
municipales. resaltó la importancia del sometimiento de las normas de inferior rango
a la Constitución y la ley. Trajo a colación el principio de legalidad tributaria para
explicar que la potestad de las asambleas departamentales en materia tributaria no
es ilimitada, pues los municipios y departamentos están sujetos al ordenamiento
jurídico.

Afirmó que “no se discute entonces la falta de competencia de los entes regionales para desarrollar
y ampliar los elementos del impuesto, sino la arbitrariedad y extralimitación en la determinación de
los elementos del tributo, en el presente asunto, el abuso en la modificación de la causación de la
participación de licores en del (sic) Departamento del Valle del Cauca”3. Insistió en que los
tributos territoriales deben limitarse a los presupuestos jerárquicos que rigen la
potestad tributaria en la Nación, siendo obligación de asambleas y concejos
acogerse a la reserva de ley en cabeza del Congreso de la República.

Se refirió a los artículos 150 numeral 12, 300, 313 y 338 de la Constitución para
resaltar que las asambleas departamentales pueden imponer tributos siempre que
los mismos se ajusten a la ley, para lo cual distinguió entre poder tributario originario,
en cabeza del Congreso, el cual emana directamente de la Constitución, y el
derivado, que se sujeta a la ley y el cual ostentan asambleas y concejos.

Adujo que, en lo atinente a la participación de licores de origen extranjero, el
legislador determinó que la misma se liquidaría y pagaría conforme la regla de
causación regulada y establecida para el impuesto al consumo de licores en los
artículos 204 y 14 de las Leyes 223 de 1995 y 1816 de 2016, respectivamente, los
cuales transcribió. Agregó que, pese a lo anterior, las Ordenanzas de la Asamblea
Departamental del Valle Nro. 474 de 2017 y Nro. 397 de 2014 fijaron reglas de
causación ostensiblemente opuestas a las leyes, pues en los actos la participación
para licores extranjeros se causa con el ingreso al Departamento y en la ley con la
introducción al territorio nacional, por lo cual se transgredió el principio de legalidad.

Precisó que, bajo el amparo del parágrafo del artículo 14 de la Ley 1816 de 2016,
la participación se sigue causando conforme a lo previsto para el impuesto al
consumo de licores, regulado a su vez por el artículo 204 de la Ley 223 de 1995,
norma que para el demandante se mantiene en vigor.

Adujo que la causación no puede quedar al arbitrio de la entidad territorial, en el
marco de un Estado Social de Derecho centralizado, cuyas leyes son de obligatorio
acatamiento por las autoridades, y que esta se mantuvo por orden del constituyente
derivado acorde con la previsión del artículo 224 de la Ley 223 de 1995.

Anotó que la Asamblea Departamental del Valle debió acatar las estipulaciones
legales vigentes al expedir las Ordenanzas demandadas, lo cual no ocurrió, con lo
cual se desconoció el artículo 62 del Decreto Ley 1222 de 1986 y el mandato de
que dichos órganos colegiados respeten el principio de legalidad. Se refirió a la
sentencia del exp. 53057 de octubre de 2016 del Consejo de Estado para concluir
que el Departamento del Valle del Cauca excedió su facultad reglamentaria al
establecer criterios de causación distintos a los de la Ley.

3 Ibidem. Página 9.
3

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2. Procedencia de la acción de nulidad contra normas derogadas

Aclaró que, si bien la Ordenanza 397 de 2014 fue derogada expresamente por la
Ordenanza 474 de 2017, tal situación no impide pronunciamiento sobre su legalidad,
pues esta nunca se desvirtuó y, mientras estuvo vigente, la Gobernación del Valle
expidió diversos actos administrativos de carácter particular modificando
liquidaciones privadas por participación de licores extranjeros. Al respecto citó las
sentencias de 31 de octubre de 2018, exp. 22518, 11001-03-26-000-2000-0010-01
de 13 de agosto de 2008 y de 7 de octubre de 2010 del Consejo de Estado.

Oposición a la demanda

El Departamento del Valle del Cauca controvirtió las pretensiones de la demanda,
con base en los siguientes argumentos:4

Se refirió a la habilitación para constituir monopolios como arbitrio rentístico
contenida en el artículo 336 constitucional que dispone que corresponde al
legislador fijar el régimen de estos, sobre lo cual citó la Sentencia C-810 de 2014 de
la Corte Constitucional y anotó que es viable, en virtud de la explotación del
monopolio cobrar derechos y gravámenes adicionales, como tributos o
participaciones por consumo o ventas.

Precisó que es indispensable distinguir entre las rentas de la explotación del
monopolio y los recursos tributarios obtenidos mediante impuestos sobre el
consumo de los bienes del monopolio, pues los primeros no son un gravamen de
tipo tributario.

Indicó que la Constitución permite los monopolios como arbitrio rentístico para
procurar otra fuente de ingresos para el erario, entendidos como un derecho de
cobrar un porcentaje de los ingresos brutos de una actividad económica
determinada. De allí que los departamentos tienen plena potestad para decidir si
ejercen el monopolio rentístico de licores destilados, cobrando la participación de la
explotación, o si no lo ejercen, cobrando el impuesto al consumo sobre licores, vinos
y aperitivos regulado por la Ley 223 de 1995. Al respecto se refirió al artículo 63 de
la Ley 14 de 1983.

Advirtió que el tema que se debate no es de impuestos y que fue la Ley 1816 de
2016 la que fijó el régimen para regular el monopolio rentístico de licores destilados,
determinando la competencia en las asambleas departamentales, por ello los actos
acusados sí se expidieron en el marco legal y bajo las facultades conferidas por la
ley para regular el monopolio.

Citó la sentencia C-052 de 2019 de la Corte Constitucional y el Oficio Nro.
1.120.10.01-13-409094 de la Oficina Jurídica de la Unidad Administrativa Especial
de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca en
donde se explica que, para los licores extranjeros, se impone una declaración
adicional al momento de la introducción en la jurisdicción departamental, con la cual
se paga un mayor valor generado entre el impuesto pagado ante el Fondocuenta y
la participación establecida por el Departamento, en los términos del Decreto 2141
de 1996 y en sujeción al Decreto 1640 de 1996.

Solicitó condenar en costas a la demandante.
4 Samai. Índice 3. PDF “ED_CONTESTACI_06CONTESTACIONDE MA(.pdf) NroActua 3”
4

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Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de los actos
impugnados, con fundamento en las siguientes consideraciones:5

Aclaró que la derogatoria de la Ordenanza No. 397 de 2014 no impedía estudiar su
legalidad de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.

Explicó que, de acuerdo con la Constitución, la organización, administración, control
y explotación de los monopolios rentísticos está sometida a un régimen propio, fijado
por la ley de iniciativa gubernamental, y que las rentas provenientes de su
explotación son propiedad exclusiva del ente territorial. Transcribió apartes de las
Leyes 14 de 1983, 223 de 1995, 788 de 2002 y 1816 de 2016, de las sentencias C-
226 de 2004 de la Corte Constitucional y de 28 de septiembre de 2016 (exp. 19859,
C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia) del Consejo de Estado sobre la causación
de la participación, y se refirió al artículo 2.2.1.1.10 del Decreto 1625 de 2016.

Atendiendo las disposiciones normativas y jurisprudenciales citadas consideró que
los artículos 37 de la Ordenanza Nro. 397 de 2014 y 45 de la Ordenanza Nro. 474
de 2017 son nulas al estimar que, en virtud del principio de Estado Unitario, las
entidades territoriales carecen de autonomía absoluta pues están sometidas a la
Constitución y la ley y, a pesar de que el Departamento del Valle del Cauca explota
el monopolio de licores como arbitrio rentístico, las leyes 223 de 1995, 788 de 2002
y “1819” (sic) de 2016 definieron la causación de la participación en licores
extranjeros en el momento de introducción al país, mandato que no puede ser
modificado por la entidad territorial.

Agregó que el Departamento del Valle del Cauca no goza de poder tributario para
modificar la regla de causación del impuesto al consumo ni de la participación en
licores porque este elemento temporal hace parte de los elementos esenciales del
hecho generador y del monopolio como arbitrio rentístico. Aclaró que, si bien existen
deberes formales de liquidación y pago, estas no mutan el nacimiento de la
obligación de pago de la participación.

No condenó en costas al ser un asunto de interés público.

Recurso de apelación

La demandada apeló la decisión de primera instancia con fundamento en lo
siguiente:6

Reiteró lo expuesto en la contestación frente al origen de los monopolios rentísticos
y la posibilidad de los entes territoriales de percibir rentas derivadas de estos o de
adoptar impuestos al consumo. Recalcó que los derechos de explotación sobre un
monopolio constituyen la renta de explotación del mismo, pero no un gravamen de
tipo tributario, que así fue entendido por el propio constituyente, y que los
departamentos pueden ejercer el monopolio rentístico de licores destilados,
cobrando correlativamente la participación que se deriva de la explotación del
mismo o cobrar el impuesto al consumo sobre licores, vinos y aperitivos, en los

5 Samai Tribunal. Índice 29. PDF “2_SENTENCIA(.PDF) NroActua 29”
6 Samai Tribunal. Índice 32. PDF “4_RECEPCIONRECURSOAPELACION_20 1900065DAVIDMAR(.PDF)
NroActua 32”
5

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términos de la Ley 223 de 1995.

Comentó que la Ley 223 de 1995 dejó por fuera lo relacionado al tema nacional-
departamental, desarrollado por la Ley 1816 de 2016 que fijó un régimen para el
monopolio rentístico de licores destilados, determinando la competencia en las
asambleas departamentales, por lo que los actos demandados son legales.

Se refirió nuevamente al Oficio Nro. 1.120.10.01-13-409094 de la Oficina Jurídica
de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del
Departamento del Valle del Cauca en donde se explica que, para los licores
extranjeros, se impone una declaración adicional al momento de la introducción en
la jurisdicción departamental.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad del tercer inciso del artículo 37 de
la Ordenanza Nro. 397 de 18 de diciembre de 2014 y del tercer inciso del artículo
45 de la Ordenanza Nro. 474 de 22 de diciembre de 2017, expedidas por la
Asamblea Departamental del Valle del Cauca, que regulan la causación de la
participación para licores extranjeros en esa entidad territorial.

De manera preliminar, se advierte que la Ordenanza Nro. 397 de 2014 fue derogada
expresamente por la Ordenanza Nro. 474 de 2017 en su artículo 450, lo cual no
obsta para que la Sala decida sobre su legalidad, pues tal como lo ha establecido
la Sección, entre otras, en sentencias del 8 de marzo de 20197 y del 29 de abril de
20218, es posible pronunciarse sobre actos derogados para controlar los efectos
producidos durante su vigencia.

Inicialmente, el artículo 61 de la Ley 14 de 1983, proferida en vigencia de la
Constitución de 1886, dispuso que la producción, introducción y venta de licores
destilados constituía monopolio rentístico para los departamentos y facultó a las
asambleas departamentales para regularlo o gravar con el impuesto al consumo
dichas actividades, a conveniencia.

Con ocasión de la adopción de la Constitución de 1991, el artículo 336 de la Carta
reiteró la posibilidad de establecer monopolios estatales como arbitrio rentístico,
determinando en el inciso tercero que la organización, administración, control y
explotación de los monopolios estaría sometida a “un régimen propio, fijado por la ley de
iniciativa gubernamental.” (negrilla de la Sala).

Las leyes 223 de 1995 y 788 de 2002 regularon el impuesto al consumo de licores,
vinos aperitivos y similares, y la participación en el ejercicio del monopolio de licores
destilados en las jurisdicciones departamentales. El artículo 51 de la Ley 788 previó
la posibilidad de los departamentos de aplicar a los licores una participación, en

7 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 8 de marzo de 2019. Exp. 22290. C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
8 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 29 de abril de 2021. Exp. 25056. C. P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
6

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lugar del impuesto al consumo, facultad reiterada por el artículo 14 de la Ley 1816
de 2016, normativa que derogó el artículo 51 de la Ley 788 de 2002.

Frente a la naturaleza de la participación, la Sección ha anotado que corresponde
a “un gravamen que se le impone a las empresas productoras y comercializadoras de los licores por
la realización de tales actividades en la jurisdicción departamental”9, en línea con lo expuesto
en la Sentencia C-226 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas, de la Corte Constitucional,
se reconoce el carácter impositivo de la participación, contrario a lo señalado por la
apelante que pretende distinguir entre las rentas del monopolio y los gravámenes
tributarios.10

Por lo anterior, la participación está sujeta al principio de legalidad del artículo 338
de la Constitución Política. De allí que es necesario recordar el alcance de dicho
principio expresado en el ejercicio del poder tributario derivado, en cabeza de las
asambleas departamentales. El artículo 300 de la Constitución establece que estas
son competentes para decretar los tributos necesarios para el cumplimiento de las
funciones departamentales, de conformidad con lo dispuesto en la ley. La Corte
Constitucional11 precisó que esta norma exige que el Congreso de la República no
agote la regulación de todos los elementos del tributo, pues esto negaría el derecho
que tienen las entidades territoriales de establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, previsto en el artículo 287 de la Constitución.

Con base en lo anterior, esta Sección12 concluyó que la autonomía fiscal de las
entidades territoriales implica que las asambleas departamentales y los concejos
municipales y distritales tienen competencia para determinar los elementos de los
tributos, siempre que sea ejercida dentro de los límites y los parámetros fijados
por el legislador, especialmente por la ley de creación o de autorización del
tributo.

De acuerdo con lo anterior, la causación de la participación fue regulada por los
artículos 52 de la Ley 788 de 2002 (vigente para la expedición de la Ordenanza Nro.
397 de 2014) y 14 de la Ley 1816 de 2016 (aplicable cuando fue emitida la
Ordenanza Nro. 474 de 2016).

El artículo 52 referido indicó expresamente: “Para efectos de liquidación y recaudo, los
productores facturarán, liquidarán y recaudarán al momento de la entrega en fábrica de los productos
despachados para otros departamentos el valor del impuesto al consumo o la participación,
según el caso. Los productores declararán y pagarán el impuesto o la participación, en los
períodos y dentro de los plazos establecidos en la ley o en las ordenanzas, según el caso.” (negrilla
de la Sala).

9 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 24 de octubre de 2019. Exp. 22846, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto, y del 23 de septiembre de 2013. Exp. 18610. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
10 Sobre el tema, la Sala en Sentencia del 10 de julio de 2014. Exp. 19535. C.P. Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez, reiteró el carácter tributario de la participación.
11
En este sentido ver: i) Corte Constitucional. Sentencia C-538 del 18 de julio de 2002. CP: Jaime Araújo
Rentería y ii) Corte Constitucional. Sentencia C-768 del 23 de septiembre de 2010. MP: Juan Carlos Henao
Pérez.
12 Véase: i) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de marzo de 2022. Exp. 25638. CP: Myriam
Stella Gutiérrez Argüello, ii) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de agosto de 2018. Exp.
21189. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; iii) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Exp. 22674. C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez; y iv) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 25 de marzo de 2021. Exp.
24366. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
7

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Frente a esta disposición, la Sección interpretó que el momento de causación de la
participación es el mismo del impuesto al consumo de licores, para lo cual expuso13:
“La interpretación planteada en los fallos descritos sobre la causación del impuesto al consumo
de cigarrillos y tabaco elaborado resulta aplicable al impuesto al consumo de licores, puesto
que el momento de causación de ambos impuestos es idéntico y, en esa medida, se
extienden también a la participación, teniendo en cuenta que el artículo 52 de la Ley 788
de 2002 estableció que el momento de causación del impuesto al consumo de licores y
de la participación sería el mismo.” (negrilla de la Sala)

En efecto, la Sala, en numerosos pronunciamientos ha señalado que uno de los
elementos comunes entre el impuesto al consumo de licores y la participación es su
causación, pues: “a partir de la Ley 788 de 2002, el impuesto al consumo de licores y la
participación se asemejan en cuanto a la forma como deben ser liquidados, y, en especial, en el
momento de su causación.”14

Posteriormente, el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1816 de 2016 acogió la
interpretación de la Sección sujetando expresamente la causación de la
participación a las reglas del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y
similares, en los siguientes términos: “PARÁGRAFO. Las disposiciones sobre causación,
declaración, pago, señalización, control de transporte, sanciones, aprehensiones, decomisos y
demás normas especiales previstas para el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos
y similares se aplicarán para efectos de la participación del monopolio de licores destilados
y alcohol potable con destino a la fabricación de licores.” (negrilla de la Sala).

De esta forma, según lo regulado en el artículo 204 de la Ley 223 de 1995 con
relación al impuesto al consumo de licores, la causación de la participación para el
caso de productos extranjeros ocurre “en el momento en que los mismos se introducen al
país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país.”.

En el caso concreto, la actora demandó en nulidad simple el inciso tercero de los
artículos 37 de la Ordenanza Nro. 397 del 2014 y 45 de la Ordenanza Nro. 474 del
2017, normas proferidas por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca que
establecieron una regla de causación para la participación en licores extranjeros
contraria a la Ley, en opinión de la demandante. Las normas en comento establecen
lo siguiente:
“Artículo 37. Causación. (…)
En el caso de los licores extranjeros, la participación se causa en el momento en que los
mismos se introducen al departamento, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia
otro país. (…)
Artículo 45. Causación. (…)
En el caso de los licores extranjeros, la participación se causa en el momento en que los
mismos se introducen al departamento, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia
otro país.”

Al confrontar el texto de las Ordenanzas con las disposiciones legales y, teniendo
en cuenta que el poder tributario derivado de los departamentos debe ejercerse
dentro de los límites y parámetros fijados por el legislador, salta a la vista que la
Asamblea Departamental estableció reglas de causación contrarias a las
contempladas en la ley, excediendo su competencia para determinar los elementos
de la participación como tributo.
13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de enero de 2013. Exp. 18982, C.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia
14 Entre otras: i) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 24 de enero de 2013. Exp. 18982, C.P.
Martha Teresa Briceño de Valencia, ii) del 10 de julio de 2014, exp. 19535, C.P. Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez y iii) del 15 de septiembre de 2016, exp. 19475, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00065-01 (26905)
Demandante: David Ernesto Martínez Guerrero

En efecto, se reitera que la regla de causación aplicable a la participación es la
contenida en el artículo 204 de la Ley 223 de 1995 que, para productos extranjeros,
indica que el impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos surge a partir de la
fecha de introducción del licor al país, contrario a lo regulado por las Ordenanzas
que impone la causación en el momento de introducción al Departamento.

En síntesis, la Asamblea Departamental del Valle del Cauca no tenía potestad para
definir la causación de la participación, la cual fue fijada directamente por el
legislador, so pena de vulnerar el principio de legalidad debido a su naturaleza
tributaria. De allí que la sentencia de primera instancia se ajustó a derecho.

Por último, frente al Oficio Nro. 1.120.10.01-13-409094 de la Oficina Jurídica de la
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del
departamento del Valle del Cauca en donde se explica que, para los licores
extranjeros, se impone una declaración adicional al momento de la introducción en
la jurisdicción departamental, se advierte que el texto de las Ordenanzas es claro
en torno a la materia objeto de regulación, esto es, la causación del impuesto, que
alude al momento que determina el nacimiento de la obligación sustancial, sin que
pueda ser modificado por un oficio. En ningún momento los actos demandados se
refieren al cumplimiento de un deber formal adicional.

No se impondrá condena en costas porque en el proceso de la referencia se ventiló
un asunto de interés público, según lo prevé el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 9 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

3. Reconocer personería al abogado Mateo Floriano Carrera como apoderado
de la demandada, en los términos y para los fines del poder que obra a índice
14 de Samai.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

9

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