Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2019-00131-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2019-00131-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2019-00131-02
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
31 de julio de 2025
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00131-02 (28071)
Demandante: Hoteles Estelar S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00131-02 (28071)
Demandante: Hoteles Estelar S.A.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Aportes parafiscales, periodos de enero a diciembre de 2011 y
2013. Alcance recurso de apelación. Firmeza de las
autodeclaraciones. Motivación de los actos administrativos.
Procedimiento de determinación. Pensiones. Trabajadores no
vinculados. Sanción por inexactitud. Costas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la parte
demandada contra la sentencia del 1 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la UGPP.
La parte resolutiva del fallo dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución RDO 138 del 18 de
febrero de 2015 y la Resolución RDC 083 del 23 de febrero de 2016.
SEGUNDO: a título de restablecimiento del derecho ordenar a la UGPP que
exonere a Hoteles Estelar S.A. del pago de:
Vigencia 2011: el 100% de lo liquidado por inexactitud, el 100% de la sanción y el
100% de la mora.
Vigencia 2013: el 100% de los aportes que se calcularon sobre los pagos por
auxilio de transporte -pago no salarial- y el 100% de la sanción por inexactitud
fundada en la exclusión de pagos no salariales, liquidación de incapacidades y
vacaciones.
En caso de que tales sumas de dinero hayan sido pagadas deberán devolverse,
indexadas a la fecha de la devolución.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: CONDENAR en costas a la UGPP.
(…)”.
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Demandante: Hoteles Estelar S.A.
ANTECEDENTES
La UGPP expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. 712 del 28 de agosto
de 2014, en el que propuso determinar una deuda a cargo de HOTELES ESTELAR
S.A. por $345.946.100 por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los
aportes parafiscales por los periodos de enero a diciembre del año 2011 y 2013. Así
mismo, se impuso una sanción por inexactitud en cuantía de $82.439.520.
Previa respuesta al requerimiento, el 18 de febrero de 2015, la UGPP expidió la
Liquidación Oficial nro. RDO 138, en los mismos términos del requerimiento.
La demandante interpuso recurso de reconsideración contra la liquidación oficial en
mención.
Por Resolución RDC 083 del 23 de febrero de 2016, la UGPP resolvió el recurso y
modificó el acto de liquidación en el sentido de acoger parcialmente los argumentos
de la sociedad. En consecuencia, los ajustes determinados en la liquidación por
cuantía de $345.946.100, disminuyeron en la suma de $160.134.000, persistiendo así
una cuantía de $185.812.100. La sanción por inexactitud se liquidó en la suma de
$36.412.680.
DEMANDA
HOTELES ESTELAR S.A. en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a
través de apoderado judicial, formuló las siguientes pretensiones:
“1. DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos contenidos en:
• La RESOLUCION NO. RDC 083 de fecha 23 de febrero de 2016 por medio
de la cual se resuelve el recurso de reconsideración, proferida por la Dirección
de Parafiscales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y,
• La RESOLUCION NO. RDO 138 de fecha 18 de febrero de 2015 por medio de
la cual se expidió liquidación oficial por mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social por
los periodos enero a diciembre de 2011 y enero a diciembre de 2013, y se
sanciona por inexactitud, proferida por la Subdirección de Determinación de
Obligaciones de la Dirección de Parafiscales de la misma Entidad.
2. Se RESTABLEZCA EL DERECHO a la compañía HOTELES ESTELAR S.A.,
en el sentido de que se declare que esta no debe pagar las moras e inexactitudes
y la sanción por inexactitud liquidadas en los actos administrativos demandados.
3. Se CONDENE A LA DEMANDADA al pago de las COSTAS Y AGENCIAS EN
DERECHO a que haya lugar por motivo del ejercicio de la presente acción, de
acuerdo con lo que se pruebe dentro del proceso.
4. De manera subsidiaria se solicita que, se decrete la devolución de la suma
pagada por mi representada, la cual fue pagada por la compañía, en virtud de la
coacción ejercida por la entidad demandada.”
La actora invocó como normas violadas los artículos 2, 6, 29, 83, 121, 209 y 363 de la
Constitución Política de Colombia; 1, 3 y 7 del CPACA; 647, 683, 694 y 730 del ET;
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127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo.
El concepto de la violación se sintetiza así:
Falta de competencia de la UGPP
Si bien la UGPP fue creada con ocasión de la Ley 1151 de 2007, la competencia para
liquidar mayores valores correspondientes a aportes de la seguridad social, aportes
parafiscales e imponer sanción por inexactitud fue establecida y regulada por la Ley
1607 de 2012. En consecuencia, la entidad no tenía la facultad para fiscalizar y
sancionar a la sociedad HOTELES ESTELAR S.A. por el año 2011, porque tal
competencia solo podía ser ejercida a partir del año 2013.
Firmeza de las autoliquidaciones
Según el artículo 714 del ET una declaración tributaria queda en firme si en un plazo
de dos años desde el vencimiento para declarar no se ha notificado un requerimiento
especial. En este caso, la UGPP notificó el requerimiento para declarar y/o corregir
cuando las autoliquidaciones de aportes parafiscales por el año 2011 ya se
encontraban en firme.
Violación al debido proceso
La entidad demandada incurrió en un error al liquidar en un solo acto administrativo
las inexactitudes y omisiones en el pago de aportes parafiscales de 24 periodos
correspondientes a los años 2011 y 2013, pues debió realizar la liquidación por cada
vigencia fiscal, es decir, de forma mensual.
Valoración probatoria
La UGPP no realizó una valoración de las pruebas allegadas por parte de la sociedad
demandante, tanto es así que no tuvo en cuenta la totalidad de las planillas pagadas
y que las inexactitudes obedecen a trabajadores que “ya se habían desvinculado de la
empresa y por ello no existía la obligación de efectuar dichas contribuciones”.
Inclusión en el IBC de pagos no salariales y aplicación del artículo 30 de la Ley
1393 de 2010
La UGPP incluyó de manera errónea en el IBC el auxilio de transporte, siendo que es
un pago que no constituye salario, pues este rubro no retribuye la labor prestada ni
incrementa el patrimonio del trabajador. De manera que, al no constituir un pago
laboral, no hace parte del IBC ni le es aplicable el límite del artículo 30 de la Ley 1393
de 2010.
Vacaciones e incapacidades
La UGPP no realizó el cálculo del IBC conforme a lo establecido en el artículo 70 del
Decreto 806 de 1998, actualmente incorporado en el Decreto 780 de 2016, al momento
de presentarse novedades por incapacidad y vacaciones.
Falta de motivación
Dijo que en los actos administrativos demandados no se expresó con claridad y
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precisión las razones y las pruebas por las cuales la Administración liquidó un pago
mayor y una sanción por inexactitud. Además, en el CD que contiene los ajustes
liquidados por la UGPP, solo se encuentra un archivo Excel en el cual se indicó de
manera genérica la posible causa de la inexactitud o mora, pero no se explicó de dónde
salen los valores liquidados, dónde se obtuvo la información para su cálculo, ni se
detallan de manera clara los conceptos que se adeudan, ni los motivos que llevaron a
modificar los valores salariales liquidados por la sociedad.
Sanción por inexactitud.
Manifestó que la sanción por inexactitud impuesta a la demandante es improcedente.
La diferencia entre las contribuciones y los aportes calculados por la demandante y el
valor calculado por la UGPP se fundamentan en diferencia de criterios en la aplicación
de las normas laborales y no a una inexactitud por datos falsos o incompletos.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes argumentos:
Competencia de la UGPP
La UGPP adelantó las acciones de determinación y cobro de las contribuciones
parafiscales por omisión e inexactitud en las autoliquidaciones de la sociedad
demandante conforme con las competencias asignadas por los artículos 156 de la Ley
1151 de 2007, 1, literal b), del Decreto 169 de 2008 y 178 de la Ley 1607 de 2012.
Violación al debido proceso
Las normas que establecen el procedimiento que debe seguir la UGPP [Ley 1151 de
2007-articulo 156, Ley 1607 de 2012-articulo 180 y Ley 1739 de 2014-articulo 50], no
establecen la prohibición de expedir la liquidación oficial por más de una vigencia. Por
lo tanto, no tiene vocación de prosperidad este cargo.
Valoración probatoria
La UGPP, a través de la Subdirección de Integración del Sistema de Aportes
Parafiscales, verificó todas las planillas registradas en la base de datos del Ministerio
de Salud, validando así la totalidad de los pagos realizados en las planillas
correspondientes a los períodos fiscalizados.
Liquidación del IBC - Auxilio de transporte, vacaciones e incapacidades
Respecto a la inclusión del auxilio de transporte en el IBC, afirmó que este cargo fue
resuelto a favor de la empresa demandante al decidirse el recurso de reconsideración.
Así mismo, dijo que las novedades como vacaciones e incapacidades se tuvieron en
cuenta para liquidar la base de cotización de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70 del Decreto 806 de 1998.
Motivación de los actos demandados
Los actos administrativos expedidos por la UGPP fueron motivados en debida forma,
toda vez que en las páginas de la liquidación oficial se hizo un recuento del material
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probatorio y con base en esas pruebas se dio respuesta a todos y cada uno de los
planteamientos formulados por el aportante en su respuesta al requerimiento para
declarar y/o corregir y frente a las pruebas por él suministradas. Además, en el archivo
de Excel denominado SQL se encuentran explicados y detallados contablemente los
valores y ajustes determinados por la entidad para cada trabajador y en cada
subsistema.
Sanción por inexactitud
Procede la sanción por inexactitud impuesta porque existe una diferencia entre el valor
determinado por la UGPP y el valor declarado por el obligado.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la UGPP, por las siguientes razones:
Las planillas de autoliquidación de aportes parafiscales presentadas por el periodo de
enero a diciembre de 2011 adquirieron firmeza conforme al artículo 714 del ET, toda
vez que el requerimiento para declarar y/o corregir se notificó cuando habían
transcurrido más de dos (2) años desde su presentación. Razón por la que el Tribunal
limitó el estudio de los cargos de nulidad al año 2013.
Sostuvo que durante la actuación administrativa se demostró que la UGPP desplegó
la actividad probatoria correspondiente en aras de establecer la veracidad de la
autoliquidación de aportes parafiscales. Además, precisó que no existe violación al
debido proceso por haberse liquidado en un mismo acto administrativo lo
correspondiente a cada periodo del año 2013, ya que el artículo 695 del ET sí es
aplicable al procedimiento de fiscalización de las autoliquidaciones de aportes por
remisión expresa del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
Indicó que, dentro de las objeciones a la liquidación oficial acogidas al resolver el
recurso de reconsideración, la entidad validó los pagos realizados en planillas
correspondientes a los períodos fiscalizados, lo que permitió que se generara una
disminución significativa en 1514 registros de la liquidación oficial recurrida. Así mismo,
eliminó inconsistencias de aportes de trabajadores pensionados o a quienes se les
terminó el vínculo laboral. Sin embargo, persistieron los ajustes respecto a las señoras
Consuelo Ospino Zapata, Lorena Camacho Ramírez y Catalina Castro Plazas, por falta
de prueba.
Señaló que los pagos por concepto de auxilio de transporte se consideran de
naturaleza no salarial según lo dispuesto en el artículo 128 del CST. Por lo tanto,
ordenó devolver los aportes a seguridad social durante 2013 que se calcularon sobre
los pagos realizados por este concepto.
Dijo que la liquidación de los aportes parafiscales cuando se presentaron vacaciones
e incapacidades, se realizó conforme a lo previsto en el artículo 70 del Decreto 806 de
1998. Además, precisó que de acuerdo con las pruebas allegadas con el recurso de
reconsideración fueron recalculados los valores teniendo en cuenta los días de
vacaciones disfrutados o el valor pagado de las vacaciones.
Expresó que existe una incorrecta motivación de los actos administrativos por incluir
el auxilio de transporte en el ingreso base de cotización de los aportes al sistema de
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seguridad social; y ordenó que sea exonerada la demandante de la sanción por
inexactitud fundada en la exclusión de pagos no salariales, liquidación de
incapacidades y vacaciones.
Finalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 365 del CGP, el Tribunal
consideró procedente la condena en costas a la parte demandada y fijó como agencias
en derecho el equivalente a 1 s.m.m.l.v. a la fecha de ejecutoria de la sentencia.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante presentó recurso de apelación contra la anterior decisión con
fundamento en los siguientes argumentos:
Sostuvo que las declaraciones privadas del año 2013 adquirieron firmeza conforme lo
dispuesto en el artículo 714 del ET.
Indicó que los actos administrativos no se encuentran debidamente motivados, pues
en el archivo Excel, aunque aparece su instructivo, sus columnas y filas, solo indica
frente a cuáles trabajadores, año, periodo, subsistema y administradora, la UGPP
consideró que hubo un pago por un valor inferior, sin embargo, no precisa con claridad
la razón de los ajustes realizados por la entidad.
Señaló que la demandada vulneró el debido proceso por liquidar oficialmente en un
solo acto administrativo las 12 vigencias fiscales del año 2013 y no expedir uno por
cada periodo [mensual].
Mencionó que en los actos demandados la mora a la que alude la entidad se debe a
la exoneración del CREE. Precisó que la UGPP tiene un criterio errado al determinar
el tope de los 10 s.m.m.l.v., ya que por lo general la entidad tiene en cuenta todos los
pagos efectuados al trabajador, sean salariales o no salariales, siendo que, para
efectos de determinar el tope en cuestión, se deben excluir los pagos no salariales.
Dijo que los aportes por los trabajadores con salarios integrales se realizan con base
en el 70% del salario. Circunstancia que no tuvo en cuenta la UGPP y punto frente al
cual no se pronunció el Tribunal, razón por la que alega que existe incongruencia en
la sentencia.
Expresó que no existe inexactitud en la liquidación de aportes respecto a la señora
Consuelo Ospino Zapata, pues ella contaba con la calidad de pensionada, tal como
consta en la comunicación expedida el 26 de agosto de 2013 por la Administradora
Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) de fecha 26 de agosto de 2013. A su
vez, las señoras Lorena Ramírez Camacho y Catalina Plazas Castro, se encontraban
desvinculadas de la compañía para los periodos 2013-2, 2013-3 y 2013-9.
Consideró que el Tribunal no hace alusión alguna a los pagos no salariales como lo
son el auxilio de vivienda, la bonificación extralegal de quinquenios, compensaciones
o bonificaciones, gastos médicos y medicina prepagada, los honorarios, asesoría
técnica, manutención, comisiones, taxis, buses y otras ayudas de venta. Razón por la
que solicita que en la sentencia de segunda instancia se haga un pronunciamiento al
respecto.
Finalmente, estimó que no procede la sanción por inexactitud, ya que en este caso
existe diferencia de criterios en el derecho aplicable.
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La parte demandada instauró recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, bajo los argumentos que se resumen a continuación:
Señaló que no existe firmeza frente a las autoliquidaciones de los periodos
correspondientes al año 2011, pues en este caso resulta aplicable el término de cinco
años previsto en la Ley 1607 de 2012. En consecuencia, la UGPP no perdió la
competencia para ejercer su facultad de fiscalización y expidió oportunamente el
requerimiento para declarar y/o corregir.
Indicó que en este caso persistieron algunas inexactitudes y, en esa medida, tiene
aplicación la sanción de que trata el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012.
Dijo que en el eventual caso que sean declarados nulos los actos demandados y se
ordené la devolución de los pagos de aportes parafiscales, la devolución la deberá
realizar cada una de las administradoras de los subsistemas a las que la UGPP gira
los recursos.
Indicó que no procede la condena en costas porque la UGPP nunca incurrió en
maniobras dilatorias, temerarias o de mala fe. Además, no se encuentra material
probatorio dentro del expediente que acredite su causación.
TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
La parte demandante y la parte demandada no se pronunciaron frente a los recursos
de apelación presentados por la sociedad actora y la UGPP, respectivamente, en los
términos previstos en el numeral 4º del artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021.
Por su parte, el Ministerio Público solicitó que sea confirmada la sentencia apelada,
al considerar que la UGPP tenía la competencia para iniciar el proceso de fiscalización
respecto de los aportes parafiscales por los años 2011 y 2013. Sin embargo, las
autoliquidaciones de los periodos del año 2011 se encontraban en firme según lo
previsto en el artículo 714 del ET.
Estimó que la sociedad demandante no aportó prueba de la terminación de las
relaciones laborales que señala no fueron consideradas, por tanto, este cargo no
prospera.
Finalmente, dijo que los rubros que no constituyen salario no hacen parte del IBC y
que la sanción por inexactitud no es procedente.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por las partes, le corresponde a
la Sala determinar (i) si las autoliquidaciones de aportes al Sistema de la Protección
Social presentadas por los meses de enero a diciembre de los años 2011 y 2013
cobraron firmeza, a cuyo efecto deberá determinarse si es aplicable el término de dos
(2) años contemplado en el artículo 714 del E.T., o el plazo de cinco (5) años previsto
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en la Ley 1607 de 2012; (ii) si es improcedente la acumulación de 12 períodos en un
mismo acto de liquidación; (iii) si los actos demandados incurren en falta de motivación;
(iv) si procede el ajuste realizado por la UGPP en relación con una trabajadora que
presuntamente ostentaba la calidad de pensionada y otras dos trabajadoras que no
estaban vinculadas a la compañía; (v) si es improcedente la sanción por inexactitud
impuesta en los actos demandados y (vi) si procede la condena en costas.
La Sala confirma la sentencia apelada, según el siguiente análisis:
Sea lo primero precisar que las partes demandante y demandada no formularon cargos
de apelación contra la sentencia de primera instancia en relación con la orden de
excluir del IBC los pagos no salariales como el auxilio de transporte y, a su vez, lo
decidido respecto a la liquidación de aportes cuando se presentaron novedades de
vacaciones e incapacidades. Por lo tanto, en esos puntos se mantiene la sentencia
apelada.
De otra parte, se advierte que la demandante agregó nuevos cargos en el recurso de
apelación que no fueron propuestos en la demanda. Los nuevos puntos alegados son
los concernientes a: (i) que la UGPP tiene un criterio errado al determinar el tope de
los 10 s.m.m.l.v. para efectos de la exoneración del CREE, ya que por lo general la
entidad toma en cuenta todos los pagos efectuados al trabajador, sean salariales o no
salariales, siendo que, para efectos de determinar el tope en cuestión, se deben excluir
los pagos no salariales; (ii) que la UGPP no tuvo en cuenta que los aportes por los
trabajadores con salarios integrales se realizan con base en el 70% del salario; y (iii)
que los pagos por concepto de auxilio de vivienda, la bonificación extralegal de
quinquenios, compensaciones o bonificaciones, gastos médicos y medicina
prepagada, los honorarios, asesoría técnica, manutención, comisiones, taxis, buses y
otras ayudas de venta, no constituyen salario y, por ende, no hacen parte del IBC.
Es importante destacar que la demandante tiene la carga de exponer en su demanda
los fundamentos de hecho y de derecho de sus pretensiones y, en esa medida, el juez
no puede, en la sentencia, exceder el marco planteado por las partes en la demanda
y su contestación. En ese sentido, el recurso de apelación debe dirigirse contra la
decisión de primera instancia y no puede entenderse que constituye una oportunidad
para modificar la demanda o para plantear nuevos cargos que no fueron propuestos
en la misma.
Por lo anterior, la Sala no se pronunciará frente a estos nuevos cargos, pues de lo
contrario, se desconocería el principio de congruencia que debe existir entre el recurso,
la sentencia censurada, el concepto de violación de la demanda y los argumentos
expuestos en la contestación de la misma, en atención a lo dispuesto en el artículo 320
del CGP y, a su vez, se vulneraría el derecho de defensa y contradicción de la UGPP.
Por lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los demás cargos que fueron
objeto de apelación:
Firmeza de las autoliquidaciones de aportes al sistema de la protección social.
Reiteración jurisprudencial1
El a quo declaró la firmeza de las autoliquidaciones de aportes de los períodos de
1
Sentencias del 30 de julio de 2020, exp. 24179 y del 3 de marzo de 2022, exp. 25632, C.P. Milton Chaves García y del 23 de
junio de 2022, exp. 24961, y del 7 de diciembre de 2022, exp. 26996, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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enero a diciembre de 2011, porque para la fecha en la que se presentaron, se
sujetaban al plazo de firmeza de 2 años del artículo 714 del ET, y comoquiera que el
requerimiento para declarar y/o corregir no se profirió dentro de dicho lapso, eran
inmodificables.
La UGPP disiente de la decisión del tribunal, porque a su juicio, no existe firmeza frente
a las autoliquidaciones de los periodos correspondientes al año 2011, pues en este
caso resulta aplicable el término de cinco años previsto en la Ley 1607 de 2012. En
consecuencia, la UGPP no perdió la competencia para ejercer su facultad de
fiscalización y expidió oportunamente el requerimiento para declarar o corregir.
Como lo ha considerado la Sección2, tratándose de los procesos de fiscalización de
competencia de la UGPP, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012 (art.
178, pár. 2)3 el ordenamiento jurídico no consagraba de forma expresa un plazo de
caducidad para que la entidad ejerciera sus funciones de determinación; sin embargo,
el artículo 156 penúltimo inciso de la Ley 1151 de 2007, hizo remisión al Estatuto
Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI, en aquellos aspectos no regulados del proceso
de determinación, lo cual es procedente, pues los recursos parafiscales son
denominados en la Constitución Política como «contribuciones parafiscales», que tienen
naturaleza tributaria y se encuentran sujetos a los principios que aplican a los tributos.
En ese orden, se advierte que una vez vencido el término del que dispone la
Administración para ejercer las facultades de fiscalización, la consecuencia directa es
que las autoliquidaciones de aportes, que tienen la misma naturaleza de una
declaración tributaria, se tornan inmodificables. Equiparando estos efectos a lo previsto
en el ET, la consecuencia sería la firmeza de la autoliquidación.
Por consiguiente, resulta aplicable el término de firmeza previsto en el artículo 714 del
ET4, el cual, en su tenor literal vigente para la fecha en la que comenzó a transcurrir,
disponía que «la declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años
siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento
especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos
años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma»5.
Situación diferente ocurre con las autoliquidaciones presentadas con posterioridad a
la fecha en la que entró a regir la Ley 1607 de 2012 (26 de diciembre de 2012), frente
a las cuales, aplica el artículo 178 ibídem que reguló de manera específica el plazo en
el que la UGPP puede ejercer sus facultades de fiscalización, fijándolo en 5 años.
En el presente asunto, los periodos fiscalizados que el a quo declaró en firme son los
de enero a diciembre de 2011, por lo tanto, para efectos de establecer su firmeza, se
debe tener en cuenta que esta ocurre una vez vencido el plazo señalado en la norma
vigente al momento en el que comenzó a transcurrir, en el sub examine, el de 2 años
previsto en el artículo 714 del ET, norma aplicada por el Tribunal en la sentencia
apelada.
En efecto, como el requerimiento para declarar y/o corregir nro. 712 del 28 de agosto
de 2014 se notificó el 2 de septiembre del mismo año, se entiende que se hizo por
2
Cfr. las sentencias del 30 de julio de 2020, exp. 24179 y del 3 de marzo de 2022, exp. 25632, C.P. Milton Chaves García, del
19 de agosto de 2021, exp. 25086, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, del 15 de octubre de 2021, exp. 23623, del 28 de abril de
2022, exp. 24131 y del 7 de diciembre de 2022, exp. 26996, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
3
Entró en vigor el 26 de diciembre de 2012 con la publicación en el Diario Oficial nro. 48.655.
4
Sobre la firmeza cfr. las sentencias del 24 y 30 de octubre de 2019, exps. 23599 y 23817, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Antes de la modificación introducida por el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016.
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fuera del plazo de los dos (2) años contados desde el vencimiento para declarar. En
consecuencia, la UGPP no estaba facultada temporalmente para ejercer la
fiscalización porque para ese momento las autoliquidaciones del año 2011 ya estaban
en firme, tal como lo concluyó el Tribunal.
Finalmente, frente al año 2013, que corresponde al periodo comprendido entre el 1º
de enero y el 31 de diciembre de 2013, debían presentarse las autoliquidaciones entre
febrero de 2013 y enero de 2014, esto es, en vigencia de la Ley 1607 de 2012. Por lo
tanto, el requerimiento para declarar y/o corregir se notificó oportunamente, es decir,
dentro de los cinco años siguientes a la presentación de las autoliquidaciones de
aportes.
En ese orden de ideas, no se configuró la firmeza de las autoliquidaciones de enero a
diciembre del año 2013, que fueron objeto de ajustes por la UGPP mediante los actos
acusados.
De la improcedencia de la acumulación de 12 períodos en un mismo acto.
Reiteración jurisprudencial.
Para la parte actora, como las contribuciones parafiscales al sistema de la protección
social son de período mensual, no era dable que la UGPP en un solo acto
administrativo acumulara y fiscalizara 12 periodos (enero a diciembre de 2013).
Para resolver, se precisa que la Sección en las sentencias del 5 de mayo de 2022 6,
del 23 de julio de 2022 y del 20 de octubre de 20227 resolvió acerca de la procedencia
de liquidar en un solo acto varios períodos, puntualmente, sobre los tributos cuya
gestión está a cargo de la UGPP. Por lo tanto, se reiterará en lo pertinente a lo
considerado en las referidas providencias.
En dichos pronunciamientos se indicó que la Sección en la sentencia del 29 de octubre
de 20148 analizó el alcance del artículo 695 del ET9 y la posibilidad de acumular varios
períodos fiscales en los requerimientos y liquidaciones oficiales cuando se trata del
IVA y la retención en la fuente. Precisó que «por el hecho de que se haya efectuado
algo semejante con el ICA, en nada viola el debido proceso de los contribuyentes»
[negrilla original]. Tal consideración se fundamentó en lo siguiente:
«4.3.- Recuérdese que el debido proceso administrativo, ha sido definido por la
Corte Constitucional como “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone
la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de
actos por parte de la autoridad administrativa (ii) que guardan relación directa o
indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera
constitucional y legal”10.
[…]
4.4.- Si bien, tratándose de impuestos nacionales, el Estatuto Tributario permite la
acumulación de períodos fiscales en el trámite del proceso de fiscalización
6
Exp. 25553, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
7
Exps. 25893 y 26538, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
8
Exp. 19394, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Reiterada en la sentencia del 25 de abril de 2018, exp. 20620, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
9
«Artículo 695. periodos de fiscalización en el impuesto sobre las ventas y en retención en la fuente. Los emplazamientos,
requerimientos, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos proferidos por la Administración de Impuestos, podrán
referirse a más de un período gravable, en el caso de las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retenciones en la fuente».
10
Sentencia T-214 de 2004.
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respecto del impuesto sobre las ventas y la retención en la fuente, no es menos
cierto que dicha restricción no debe interpretarse de manera literal, pues debe
mirarse con un criterio finalístico o teleológico.
En ese entendido, para la Sección es claro que es posible que los emplazamientos,
requerimientos, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos proferidos
por la Administración Tributaria, puedan referirse a más de un período gravable –
lo que materializa, además, los principios de economía, celeridad y eficiencia-».
De manera que, tratándose de las contribuciones parafiscales al sistema de la
protección social, que como bien lo afirma la parte actora son de período mensual, es
viable que la entidad fiscalizadora en un solo acto administrativo (requerimiento para
declarar y/o corregir y liquidación oficial) acumule y se refiera a varios períodos
fiscales, pues tal circunstancia atiende a los principios de economía, celeridad y
eficiencia.
Además, no puede pasarse por alto que como lo consideró la Sección en la sentencia
del 5 de mayo de 202211, «el mencionado artículo 180 [de la Ley 1607 de 2012]
aplicable para las declaraciones presentadas para los períodos 2013 no establece la
exigencia pretendida por la demandante, expedición de un acto particular por cada
período fiscal cuestionado».
Por los anteriores motivos, no prospera el recurso de apelación.
Falta de motivación de los actos demandados.
La sociedad demandante manifestó que los actos acusados no ofrecen una explicación
clara, suficiente y veraz sobre los valores ajustados y liquidados.
Respecto a la falta de motivación, esta Sala ha precisado12 :
"La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene
una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los
hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; los motivos en que se
instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos.
Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole, que determinen no sólo
con la expedición de un acto administrativo sino su contenido y alcance; la
motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la
expedición de los actos y que suministre al destinatario las razones de hecho y de
derecho que: inspiraron la producción de los mismos.
En cuanto a la falta de motivación, la Sala recuerda que este cargo se denomina
técnicamente expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la
Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que
esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto
administrativo, se está condicionando la forma del acto administrativo, el modo de
expedirse. Si la Administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en
vicio de expedición irregular y, por ende, se configura la nulidad del acto
administrativo.
En efecto, la expresión de los motivos por los cuales se profiere un acto
administrativo de carácter particular y concreto es indispensable, pues es a partir
11
Exp. 25553, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12 Sentencia del 3 de agosto de 2016, exp. 21364 C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia
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de los mismos que el administrado puede controvertir aquellos aspectos de hecho
y de derecho que considera no pueden ser el soporte de la decisión, pero cuando
se prescinde de la motivación se impide que el particular afectado con la decisión
pueda ejercitar cabalmente su derecho de defensa y contradicción.
Conforme la jurisprudencia en cita, los actos administrativos, como actuaciones que
enmarcan la voluntad de la Administración, deben contener la sustentación
relacionada con los factores de hecho y de derecho que llevaron a la toma de una
decisión determinada, de manera que la ausencia de ésta configurará la falta de
motivación de los actos administrativos.
Por su parte, el artículo 712 del ET, aplicable por remisión del artículo 156 de la Ley
1151 de 2007, estableció los requisitos que debe contener la liquidación oficial, bajo
los siguientes términos:
“ARTICULO 712. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN. La
liquidación de revisión, deberán contener:
a. Fecha: en caso de no indicarse, se tendrá como tal la de su notificación.
b. Período gravable a que corresponda.
c. Nombre o razón social del contribuyente.
d. Número de identificación tributaria.
e. Bases de cuantificación del tributo.
f. Monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente.
g. Explicación sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo concerniente a la
declaración.
h. Firma o sello del control manual o automatizado.” (Subrayado fuera del texto).
En este caso, se observa que tanto en el Requerimiento para Declarar y/o Corregir
nro. 712 del 28 de agosto de 2014 como en la Liquidación Oficial nro. RDO 138 del 18
de febrero de 2015, la UGPP explicó de forma específica las conductas de mora e
inexactitud.
En cuanto a la Resolución nro. RDC 083 del 23 de febrero de 2016, por la que se
resolvió el recurso de reconsideración, la entidad explica las glosas de la liquidación
oficial que son modificadas por encontrar material probatorio para ello, reitera con los
mismos argumentos y normativa lo dicho en los anteriores actos enunciados.
En relación a los CDs que hacen parte de los actos acusados, la Sala verifica que en
el medio magnético anexo a la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración,
se incorporó un archivo Excel, en el que se discriminaron los ajustes. Además, se creó
un consolidado de datos que estableció, entre otros, el tipo de incumplimiento, el
subsistema en que se presentó el incumplimiento, los conceptos de pago tenidos en
cuenta en el IBC, el porcentaje o la tarifa a ser aplicada sobre ese IBC para cada
subsistema de la Protección Social, el valor cancelado por la empresa, el valor que
debió cancelar y la diferencia que da lugar al ajuste, más las novedades y las
observaciones correspondientes.
En esa medida, la liquidación oficial, la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración y los archivos Excel adjuntos a los mismos en medio magnético,
permiten apreciar los ajustes efectuados y las razones por las cuales se incurrió en
omisiones e inexactitud; los cuales no pueden ser leídos de forma separada, pues se
relacionan entre sí, ya que en una parte se exponen las normas y jurisprudencia
soporte de los ajustes (liquidación oficial y resolución que resuelve el recurso de
reconsideración), y en la otra, parte liquidatoria, se discriminaron cada uno de los
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ajustes. En este orden de ideas, la Sala advierte que los actos se encuentran
motivados y, por lo tanto, no prospera el cargo de apelación de la actora.
De la obligación de cotizar al subsistema de pensión
En el recurso de apelación la actora se opone a los ajustes que se determinaron por
la UGPP al considerar que existe mora en el pago al subsistema de pensiones por la
señora Consuelo Ospino Zapata. Lo anterior, porque a su juicio, ya tenía la calidad de
pensionada para los periodos fiscalizados.
El artículo 4 de la Ley 797 de 2003, señala que:
“Artículo 4. El artículo 17 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante /a vigencia de la
relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse
cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por
parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o
ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.
La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos
para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por
invalidez o anticipadamente.
Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando
el afiliado o el empleador en los dos regímenes”.
(…)”
Los apartes subrayados del artículo 17 de la Ley 100 de 1993 fueron declarados
exequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-529 de 2010. En cuanto a su
alcance, dijo que “la obligación de cotizar al sistema cesa cuando se cumplen los requisitos
para acceder a la pensión, y esa regla de extinción de la obligación no se altera por el hecho
de que continúe una relación laboral”, y aplica tanto para el régimen de prima media con
prestación definida, como para el de ahorro individual con solidaridad, atendiendo las
particularidades de cada régimen.
De las pruebas allegadas al expediente, se observa que frente a la trabajadora
Consuelo Ospino Zapata se aportó copia de la comunicación del 26 de agosto de 2013,
expedida por COLPENSIONES, en la que se informó a la citada trabajadora que
respecto a su solicitud de “reconocimiento de pensión de vejez tiempos privados” se
le daría respuesta en los términos de ley. Sin embargo, en ese documento no se
evidencia si efectivamente cumple con los requisitos para acceder a la pensión de
vejez ni se tiene la certeza que obtendrá tal reconocimiento. Además, la apelante no
allega prueba alguna que demuestre que la sra. Ospino Zapata ostentaba la calidad
de pensionada para los periodos fiscalizados del año 2013.
Finalmente, la sociedad demandante sostuvo que las señoras Lorena Ramírez
Camacho y Catalina Plazas Castro se encontraban desvinculadas de la compañía
durante los periodos 2013-2, 2013-3 y 2013-9, razón por la cual no procedían los
ajustes realizados por la UGPP. No obstante, la apelante no allegó prueba de la
terminación de la relación laboral, ni se evidencia en las Planillas de Autoliquidación
de Aportes correspondientes a dichos periodos que el aportante hubiera registrado la
respectiva novedad de retiro. Por tal motivo, los ajustes efectuados por este concepto
deben mantenerse.
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En consecuencia, no prospera el cargo de apelación propuesto por la parte
demandante.
Sanción por inexactitud.
Para la parte demandante, no es procedente la sanción por inexactitud impuesta en
los actos administrativos demandados, toda vez que los ajustes se originaron de una
interpretación razonable de la sociedad frente al derecho aplicable.
En los actos enjuiciados, la UGPP impuso la sanción por inexactitud prevista en el
artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 (60% de la diferencia entre el valor a pagar
determinado y el inicialmente declarado), por la suma de $36.412.680.
Como lo señaló la Sección en la sentencia del 5 de mayo de 202213, «si bien la sanción
de que trata el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 resulta independiente y autónoma
de la establecida en el artículo 647 del Estatuto Tributario, la Sala ha considerado que
“Aunque el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 no prevé la “diferencia de criterios
sobre el derecho aplicable” como causal eximente de las sanciones previstas en dicha
norma, ello no excluye que sobre estas pueda predicarse el “error sobre el derecho
aplicable”, que pueda exonerar de la sanción al sujeto pasivo. Lo anterior, por cuanto,
como lo ha señalado la Sala, ese error constituye “una figura ínsita en el contenido de
las disposiciones punitivas”, como garantía del debido proceso14”».
No obstante, se advierte que en el presente asunto no se trata de una diferencia de
criterios sobre el derecho aplicable, pues los ajustes que persisten y que confirmó el
Tribunal en primera instancia, se originaron por la inobservancia de las normas que
regulan la integración de la base gravable de los aportes al sistema de seguridad
social.
Por lo tanto, no prospera el cargo de apelación relacionado con la sanción por
inexactitud. Sin embargo, la misma se deberá disminuir de forma proporcional a los
aportes que se declararon como improcedentes.
Finalmente, se observa que la sociedad demandante solicitó en la pretensión cuarta
que se decrete la devolución de la suma pagada por la compañía y el Tribunal ordenó
“En caso de que tales sumas de dinero hayan sido pagadas deberán devolverse,
indexadas a la fecha de la devolución”. Al respecto, la Sala considera pertinente
modificar la decisión, en el sentido de ordenar a la UGPP que siguiendo el
procedimiento establecido en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016 proceda a realizar
la devolución correspondiente, previa verificación de los pagos realizados por el
aportante por los subsistemas y por los periodos fiscalizados.
Aunado a lo anterior, se observa que en la parte considerativa el Tribunal negó el cargo
relacionado con la liquidación de aportes parafiscales cuando se presentaron
novedades como vacaciones e incapacidades, pues consideró que la UGPP lo hizo en
debida forma y ese cargo no fue apelado por la parte demandante. Sin embargo, en la
parte resolutiva de la sentencia apelada se dispuso:
13 Exp. 25553, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
14 Sentencia de Unificación del 9 de diciembre de 2021, exp.25185, C.P. Milton Chaves García.
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“SEGUNDO: a título de restablecimiento del derecho ordenar a la UGPP que exonere a
Hoteles Estelar S.A. del pago de:
(…)
Vigencia 2013: el 100% de los aportes que se calcularon sobre los pagos por
auxilio de transporte -pago no salarial- y el 100% de la sanción por inexactitud
fundada en la exclusión de pagos no salariales, liquidación de incapacidades y
vacaciones. (…)”.
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que la orden de exoneración de pago de la
sanción por inexactitud se realizó también respecto de la liquidación de incapacidades
y vacaciones. Por lo tanto, no existe congruencia entre lo decidido en la parte
considerativa y resolutiva de la sentencia apelada respecto a este punto. Razón por la
cual la Sala procederá a modificar el restablecimiento del derecho.
En esas condiciones, procede la Sala a confirmar la sentencia apelada, en cuanto
dispuso la nulidad parcial de los actos acusados. Y modifica el restablecimiento del
derecho (numeral segundo de la parte resolutiva) para tener en cuenta lo decidido en
la presente providencia.
Condena en costas
El Tribunal condenó en costas en primera instancia a la UGPP por ser la parte vencida
en el proceso, decisión que fue apelada por la demandada, al considerar que no actuó
con temeridad o mala fe, y que su causación debe estar demostrada.
Cabe precisar que, en relación con la condena en costas, el Consejero de Estado
Wilson Ramos Girón ha expresado su postura en diversos salvamentos y aclaraciones
de voto15, en los cuales ha señalado lo siguiente:
“(…) las costas procesales están integradas por (i) «las expensas y gastos que se
han sufragado durante el proceso» y por (ii) «las agencias en derecho»; conceptos
que se tasarán «con criterios objetivos y verificables en el expediente», a cuyos
efectos, los artículos 365 y 366 ibidem establecen las reglas pertinentes.
(…) la indemnidad económica de quien triunfó en el litigio, por los gastos relativos
al apoderamiento judicial en que haya incurrido, se desliga de la demostración de
la existencia de un contrato y de la cuantía de los honorarios, pues el alcance de
la condena en este aspecto se restringe al monto que corresponda reconocer a
título de «agencias en derecho», según los artículos 361 y 366, ordinal 4 del CGP.
El último precepto mencionado dispone que para fijar las agencias en derecho el
juez no goza de libertad, sino que debe reconocerlas y liquidarlas aplicando las
tarifas que mediante Acuerdo establezca el Consejo Superior de la Judicatura, en
función del tipo de proceso del que se trate y del mayor o menor despliegue
procesal que se haya requerido por parte de quien ganó el pleito.
Lo anterior implica que el segmento de la condena en costas correspondiente a las
agencias en derecho no depende de que se demuestre la existencia de un contrato
de prestación de servicios de apoderamiento judicial, ni de que se acredite la
cuantía de los honorarios pactados con el apoderado o pagados a él. Tanto así,
que el reconocimiento de las agencias en derecho procede aun si se actúa en
15 Ver Salvamento de Voto en la sentencia proferida el 27 de marzo de 2025 dentro del proceso 76001-23-33-000-
2021-00562-01 (29452), C.P. Milton Chaves García.
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nombre propio y que su cuantía no está determinada por la prestación económica
a la que tenga derecho el apoderado.
4- En ese orden, como para el reconocimiento y liquidación de las agencias en
derecho el juez está sometido a las tarifas prescritas por Consejo Superior de la
Judicatura y no a aquello que la parte que obtuvo la sentencia favorable haya
convenido con su apoderado, será una prueba carente de pertinencia y, por ende,
irrelevante para decidir sobre la condena en costas, el contrato de apoderamiento
o cualquier medio probatorio dirigido a afirmar la cuantía de los honorarios
pactados o pagados”.
No obstante, lo anterior, se respeta el precedente de la Sala que ha acogido la tesis
según la cual no procede la condena en costas cuando en el expediente no obran
pruebas que las demuestren o justifiquen, conforme a lo dispuesto en el artículo 188
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en
el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso.
Así mismo, el criterio en cuanto a las agencias en derecho, en donde la Sala
mayoritaria ha precisado que deben estar probadas, pues aun cuando el Consejo
Superior de la Judicatura determinó las tarifas para su determinación, la parte
interesada está llamada a acreditar su causación para así, establecer la naturaleza,
calidad y duración de la gestión efectuada por el apoderado judicial16.
Atendiendo a lo expuesto hasta este punto y una vez revisado el expediente, la Sala
observa que, le asiste razón a la UGPP en cuanto a que en el expediente no obran
pruebas que justifiquen la causación de costas procesales a favor de la sociedad
actora. Lo anterior es motivo suficiente para revocar la decisión del Tribunal, y en su
lugar, no condenar en costas en primera instancia. Por las mismas razones
anteriormente referidas, la Sala se abstendrá de condenar en costas de segunda
instancia.
Conclusión
Por las razones expuestas, se confirma la sentencia de primera instancia en lo
referente a la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, en tanto que,
al momento de la expedición del requerimiento para declarar y/o corregir las
autodeclaraciones correspondientes al año 2011 ya se encontraban en firme, conforme
a lo previsto en el artículo 714 del Estatuto Tributario. En contraste, respecto de las
autodeclaraciones del año 2013, resulta aplicable el término de firmeza de cinco años
consagrado en la Ley 1607 de 2012. En consecuencia, la UGPP no perdió
competencia para ejercer su facultad de fiscalización y profirió oportunamente el
requerimiento.
De igual manera, la Sala considera que los actos administrativos fueron debidamente
motivados, y no se configura vulneración al debido proceso por el hecho de haberse
liquidado los periodos del año 2013 mediante un único acto administrativo. Asimismo,
se mantienen los ajustes efectuados respecto de las señoras Consuelo Ospino Zapata,
Lorena Camacho Ramírez y Catalina Castro Plazas, ante la ausencia de prueba sobre
la condición de pensionado y la terminación del vínculo laboral en los periodos
cuestionados.
16 Sentencia del 13 de abril de 2023. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 27303, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello. Reiterada en: Sentencia del 11 de abril de 2024. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp.
28286, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Finalmente, se modifica el numeral segundo de la sentencia apelada en lo relativo al
restablecimiento del derecho, se ordena reducir proporcionalmente la sanción por
inexactitud, de acuerdo con los aportes que fueron declarados como improcedentes; y
que la entidad proceda a realizar la devolución correspondiente de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa verificación de los pagos
realizados por el aportante por los subsistemas y por los periodos fiscalizados. Así
mismo, la Sala considera que no hay lugar a la condena en costas impuesta a la UGPP
en la sentencia de primera instancia, toda vez que no se acreditaron los presupuestos
necesarios para ello dentro del proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia apelada, el cual quedará así:
“SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho: (i)
DECLARAR la firmeza de las autoliquidaciones de aportes al sistema de la
protección social presentadas por HOTELES ESTELAR S.A. por los períodos de
enero a diciembre del año 2011; (ii) ORDENAR a la UGPP practicar una nueva
liquidación en la que se eliminen los ajustes determinados en aquellos casos en
los que se integró al IBC los pagos no constitutivos de salario por auxilio de
transporte, por no integrar la base de aportes al sistema de seguridad social; (iii)
se disminuya la sanción por inexactitud de forma proporcional a los aportes; (iv) se
mantenga la sanción por inexactitud liquidada en la resolución por la que se
resolvió el recurso de reconsideración, por concepto de las novedades de
vacaciones e incapacidades; y (v) ORDENAR a la UGPP que siguiendo el
procedimiento establecido en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016 proceda a
realizar la devolución correspondiente, previa verificación de los pagos realizados
por el aportante por los subsistemas y por los periodos fiscalizados.”
2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.
3. Sin condena en costas en ambas instancias.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Aclara el voto
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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