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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00308-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00308-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 31 de marzo de 2022, que negó las pretensiones de la demanda, salvo el numeral segundo que condenó en costas a la parte actora, el cual se revoca. SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias. TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00308-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de abril de 2025

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00308-01 (1214-2023)
Demandante: Gustavo de Jesús Muñoz Montoya
Demandado: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00308-01 (1214-2023)1
Demandante: Gustavo de Jesús Muñoz Montoya
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia. Subtema: el docente nacional no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 31 de marzo de 2022, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El accionante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de una pensión gracia, por haber prestado sus servicios en la calidad
de docente nacional. Como fundamento de la demanda, el docente afirma que a partir
del proceso de descentralización de la educación el vínculo nacional mutó a
departamental y luego a municipal.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. El señor Gustavo de Jesús Muñoz Montoya, mediante apoderado judicial,
presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, con las
siguientes pretensiones3:

(i) Se declare la nulidad de la Resolución RDP 041445 del 31 de octubre de 2016,
proferida por la subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales, que le negó
al accionante el reconocimiento de la pensión gracia.

1 Expediente híbrido: Conformado simultáneamente por documentos físicos y electrónicos, que a pesar de estar

separados, forman una sola unidad documental por razones del proceso, trámite o actuación. Acuerdo PCSJA20-
11567 de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura.
2 8 de abril de 2019.
3 Folios 1 a 32 del expediente físico.

1

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Demandante: Gustavo de Jesús Muñoz Montoya
Demandado: UGPP

(ii) Se declare la nulidad de la Resolución RDP 007542 del 27 de febrero de 2017,
expedida por el director de Pensiones, que confirmó la Resolución RDP 041445 del 31
de octubre de 2016, al resolver el recurso de apelación.

(iii) A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene que la UGPP le
reconozca y pague una pensión gracia, a partir del 22 de enero de 2016.

(iv) Igualmente, pidió que las sumas adeudadas sean actualizadas con el índice de
precios al consumidor; que las mesadas pensionales se incrementen anualmente; que
la entidad cumpla el fallo en los términos del artículo 192 del CPACA; que se ordene
el pago de intereses moratorios; y que se condene en costas a la parte demandada.

2.1.2. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. El señor Gustavo de Jesús Muñoz Montoya nació el 11 de julio de 1955; cumplió
50 años el 11 de julio de 2005; y laboró como maestro interino en el municipio de
Cartago (departamento del Valle del Cauca), nombrado mediante la Resolución 007
del 14 de octubre de 1977 y, posteriormente, a través de la Resolución 044 del 8 de
mayo de 1978, por un tiempo total de tres meses.

4. El Ministerio de Educación Nacional nombró al accionante, según la Resolución
14162 del 1°. de septiembre de 1978, en el cargo de docente de educación básica,
con vínculo nacional hasta el 21 de abril de 1996. En criterio del actor, el vínculo mutó
a territorial por mandato de la Ley 60 de 1993, dado que el departamento del Valle del
Cauca fue certificado para la prestación del servicio educativo. Agregó que, en vigencia
de la Ley 715 de 2001, el vínculo docente mutó a municipal. Por consiguiente, sostuvo
que adquirió el estatus pensional el 22 de enero de 2016, cuando cumplió 20 años de
servicios como maestro oficial.

5. El accionante solicitó el reconocimiento de la pensión gracia que fue negada por
la UGPP en las resoluciones RDP 041445 del 31 de octubre de 2016 y 007542 del 27
de febrero de 2017.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

6. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

De la Constitución Política, los artículos 1°, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288,
356 y 357.
De la Ley 39 de 1903, los artículos 3, 4 y 13.
De la Ley 114 de 1913, los artículos 1° a 4.
De la Ley 116 de 1928, el artículo 6.
De la Ley 37 de 1933, el artículo 3.
De la Ley 24 de 1947, el artículo 1°.
De la Ley 4 de 1966, el artículo 4.
De la Ley 43 de 1975, los artículos 1° y 10.
De la Ley 91 de 1989, el artículo 15.
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Demandante: Gustavo de Jesús Muñoz Montoya
Demandado: UGPP

De la Ley 60 de 1993, los artículos 2, 3, 6, 14 y 15.
De la Ley 100 de 1993, el artículo 14.
De la Ley 715 de 2001, los artículos 7, 34, 37, 38 y 41.
Del Decreto 1743 de 1966, el artículo 5.
Del Decreto Ley 2277 de 1979, los artículos 1°, 2, 3, 5 y 6.

7. Al explicar el concepto de violación, el demandante expuso los siguientes
argumentos:

8. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social le negó la pensión gracia al demandante al
considerar que su vinculación fue nacional desde el 1°. de septiembre de 1978 al 11
de mayo de 2016; sin embargo, en criterio de la parte actora, las resoluciones
demandadas están viciadas por falsa motivación, porque a partir de las leyes 60 de
1993 y 715 de 2001, la plaza que era nacional mutó a departamental y luego a
municipal.

9. En este orden de ideas, la parte actora alegó que si la UGPP hubiera analizado
la mutación del vínculo como resultado del proceso de descentralización de la
educación, debió concluir que el tiempo laborado desde el 22 de abril de 1996 hasta
el 20 de febrero de 2003 fue territorial.

10. En consecuencia, el accionante laboró por más de 20 años como educador
nacionalizado, departamental y municipal, de tal suerte que tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.

2.2. Contestación de la demanda

11. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
al indicar que el actor laboró como docente nacional entre el 22 de abril de 1996 y el
20 de febrero de 2003, por tanto, este tiempo no se puede computar para el
reconocimiento de la pensión gracia4.

2.3. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte actora, con fundamento en que no reunió los
requisitos previstos en las leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 (art. 15) para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia, en particular, los 20 años de servicios como
docente territorial o nacionalizado5.

13. En lo que respecta al efecto de la descentralización de la educación ordenada
por las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, el tribunal precisó que conllevó al traslado del
personal docente a las entidades territoriales certificadas en educación; sin embargo,
para efecto del reconocimiento de la pensión gracia, no cambió la naturaleza de la
vinculación de los docentes «que permita equipararlos a quienes en su momento, hace
más de un siglo —en 1913—, fueron caracterizados como grupo especial que requirió
la gracia de la pensión […]. Es decir, que para la denominada territorialización, mal

4 Folios 153 a 155 del expediente físico.
5 Folios 159 a 167 del expediente físico.

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Demandado: UGPP

podría en la actualidad, tenérseles como docentes del orden departamental o
municipal para efectos del reconocimiento de la pensión gracia». Asimismo, agregó
que el traspaso de las plantas docentes a los entes territoriales no conllevó a la
modificación del vínculo de nacional a territorial, en punto del reconocimiento de la
pensión gracia.

14. Entonces, el tribunal concluyó que el señor Gustavo de Jesús Muñoz Montoya
laboró desde el 1° de octubre de 1977 hasta el 30 de octubre de ese año, y del 24 de
abril de 1978 al 24 de junio de esa anualidad, como docente nacionalizado. Empero,
a partir del 1°. de septiembre de 1978 al 11 de mayo de 2016 la vinculación fue
nacional, tal como lo indican el certificado de salarios y la historia laboral. Sin que se
pueda entender que la vinculación mutó como consecuencia de la descentralización
de la prestación del servicio educativo, en tanto, la prueba de la vinculación son los
actos administrativos de nombramiento.

15. Por ende, el demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión
gracia, ya que no acreditó que haya prestado sus servicios durante 20 años en la
docencia territorial o nacionalizada.

16. Condenó en costas al actor con fundamento en el artículo 365 del Código General
del Proceso, comoquiera que es la parte vencida en la controversia.

2.4 . Recurso de apelación de la parte demandante

17. El señor Gustavo de Jesús Muñoz Montoya, mediante apoderado, interpuso
recurso de apelación para que se revoque la sentencia de primera instancia, al afirmar
que si bien ingresó al servicio público como docente nacional el 1° de septiembre de
1978, lo cierto es que desde el 22 de abril de 1996 el vínculo mutó a departamental, y
desde el 21 de febrero de 2003 a municipal, como resultado de la descentralización de
la educación. Ciertamente, consideró que las entidades territoriales pagaban los
salarios de los educadores con recursos que ingresaron en su presupuesto, pese a
que eran transferidos por la nación6.

18. Agregó que los maestros nacionales fueron incorporados a las plantas
departamentales, distritales o municipales, y el empleador dejó de ser la nación, de
donde se concluye que adquirieron el carácter de educadores territoriales, y esos
tiempos laborados se pueden computar para el reconocimiento de la pensión gracia.
Así, el recurrente resaltó que se está ante la figura de la sustitución patronal.

19. Igualmente, reprochó que si bien el certificado laboral señaló que el régimen de
pensiones era nacional, a partir de ello no se puede entender que el vínculo laboral
sea igualmente nacional.

20. El recurrente alegó que el tribunal desconoció el fallo de unificación del 21 de
junio de 20187, dictado por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado,
la cual estableció como regla que lo relevante al momento de reconocer la pensión

6 Índice 23, proceso Tribunal 76001233300220190030800.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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gracia es la acreditación de la plaza a ocupar; criterio que al aplicarse lleva a establecer
que el docente ocupó una plaza territorial como consecuencia de la descentralización
de la educación.

21. Finalmente, solicitó que se revoque la condena en costas, pues, a su juicio, no
se debe imponer de forma automática, comoquiera que es necesario analizar los
principios de confianza legítima y buena fe, y que su actuación no fue temeraria,
además, indicó que no hay prueba de la causación.

2.4. Trámite procesal en segunda instancia

22. Mediante auto del 9 de septiembre de 20248, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
En auto del 7 de febrero de 2025, se prescindió para alegar de conclusión en atención
a que las partes no pidieron pruebas9.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.

3.2. Problema jurídico

24. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, si tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia,
puesto que el vínculo docente nacional mutó a territorial, puesto que a juicio del
recurrente como consecuencia de la descentralización de la prestación del servicio
educativo establecida por las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La pensión gracia

25. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 1913 10,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñe el empleo con
honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.

26. La Ley 116 de 192811 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores
de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según el
artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
8 Índice 22 Samai.
9
Índice 28 Samai.
10 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
11 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».

5

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diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección
de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

27. Posteriormente, la Ley 37 de 193312 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

28. Por su parte, la Ley 91 de 198913 en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

29. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a partir de esa fecha
a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de nacionalización de la educación que
se adelantó por disposición de la Ley 43 de 1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo
1014 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a ocupar haya sido creada
exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su propio presupuesto.

30. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo
del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199715, en los
siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido

12 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
13 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
14 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,

M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
6

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repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se
les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los
requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […]
También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […]
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la
ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su
artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal
pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria
oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.

31. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201816, señaló
que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para
no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de
veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber
cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez,
consagración y buena conducta.

32. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los recursos
que la nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales, cuando
ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes territoriales,
de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del Ministerio
de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o nacionalizado que
es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes
reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales
no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales
por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21

de junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
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Demandado: UGPP

fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley
24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados17, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales […].

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último,
certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar […].

33. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.4. Hechos probados

34. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

• Edad

35. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años de edad. En el caso concreto, el señor Gustavo de Jesús Muñoz Montoya nació
el 11 de julio de 1955, como consta en la cédula de ciudadanía18, en consecuencia,
acreditó la edad de 50 años, el 11 de julio de 2005.

• Vinculación docente

17 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
18 Folio 112 del expediente físico.

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Demandante: Gustavo de Jesús Muñoz Montoya
Demandado: UGPP

36. La Secretaría de Educación de Cartago (Valle del Cauca), en el formato del 19 de
febrero de 2016, certificó que el actor prestó sus servicios con vinculación
nacionalizada, así19:

Establecimiento Acto administrativo Desde Hasta
Plantel Educativo Resolución 007 del 1°. de octubre de 30 de octubre de
Sor María Juliana 14 de octubre de 1977 1977
1977
Plantel Educativo Resolución 044 del 8 24 de abril de 1978 24 de junio de 1978
Sor María Juliana de mayo de 1978

37. Igualmente, en el proceso obra la copia de la comunicación del 14 de octubre de
1977 del director del Distrito Educativo 9 de Cartago, dirigida al señor Gustavo Muñoz
Montoya, en la cual se le informó que fue designado interinamente, a través de la
Resolución 007 del 14 de octubre de 1977, como profesor de biología en el Colegio
Sor María Juliana, en reemplazo del docente Miguel Rivas, a quien se le concedió
licencia sin remuneración por 30 días, a partir del 1° de octubre de 1977. También se
aportó la copia del acta de posesión del demandante ante el alcalde de Cartago20.

38. Acorde con la copia de la comunicación del 8 de mayo de 1978, el director del
Distrito Educativo 9 le manifestó al accionante que fue nombrado, a través de la
Resolución 044 del 8 de mayo de 1978, como profesor de tiempo completo en el
Colegio Sor María Juliana, por el término de 60 días, a partir del 24 de abril de 1978 21.

39. En el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 5 de
febrero de 2016, la Secretaría de Educación Municipal de Cartago indicó que el señor
Gustavo de Jesús Muñoz Montoya fue nombrado por el Ministerio de Educación
Nacional, mediante la Resolución 14162 del 1°. de septiembre de 1978, con régimen
de pensiones nacional, y que acreditó un tiempo total de servicios de 37 años, 5 meses
y 5 días22, así:

Novedad Acto administrativo de Desde
nombramiento
Ingreso. Plantel Educativo Resolución 14162 expedida por 1° de septiembre de
S.P. Manuel Quintero Penilla el Ministerio de Educación 1978
Nacional
Incorporación Secretaría de Decreto 113 del 17 de diciembre 17 de diciembre de
Educación Municipal de de 2003 2003.
Cartago

40. Así mismo, en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios del
11 de mayo de 2016, proferido por la citada Secretaría de Educación, se informó que
el actor se encontraba activo laboralmente, y que su régimen de pensiones era
nacional23.

19 Folio 48 del expediente físico.
20 Folios 94 a 95 del expediente físico.
21 Folio 96 del expediente físico.
22 Folios 49 a 50 del expediente físico.
23 Folios 52 a 53 del expediente físico.

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• Actos demandados

41.Resolución RDP 041445 del 31 de octubre de 2016, dictada por la UGPP, que
negó el reconocimiento de la pensión gracia al actor con fundamento en que fue
docente nacional desde el 1°. de septiembre de 1978 al 11 de mayo de 2016, de modo
que no acreditó 20 años como docente territorial o nacionalizado24.

42. Resolución RDP 007542 del 27 de febrero de 2017, expedida por la UGPP, que
confirmó la Resolución 041445 del 31 de octubre de 2016 al resolver el recurso de
apelación, con fundamento en que el actor solamente acreditó tres meses de servicio
con vinculación nacionalizada25.

3.5. Caso concreto

43.En el asunto bajo análisis, el actor solicita la nulidad de las resoluciones que le
negaron el reconocimiento de la pensión gracia por tratarse de un docente nacional.
Como fundamento de la demanda afirmó que si bien fue nombrado por el Ministerio de
Educación Nacional, lo cierto es que desde abril de 1996 su vínculo mutó a territorial,
por mandato de la Ley 60 de 1993 que descentralizó la prestación del servicio
educativo.

44. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda al considerar que la descentralización de la educación ordenada por las
leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 no cambió la naturaleza de la vinculación de los
docentes nacionales. Entonces, concluyó que el maestro no tenía derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, dado que los tiempos laborados en la calidad de
docente nacional no eran válidos para el otorgamiento de esta pensión.

45. Inconforme con esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación,
porque (i) con la descentralización su empleador dejó de ser la nación y el vínculo mutó
a territorial; (ii) la sentencia de unificación del 21 de junio de 201826 determinó que lo
relevante para el reconocimiento de la pensión gracia es que la plaza a ocupar sea
territorial; y (iii) solicitó que se revoque la condena en costas.

46. En primer lugar, con el objeto de resolver el recurso de apelación, es importante
destacar que el docente es un empleado público vinculado a la administración pública,
a través de una relación legal y reglamentaria, de modo que la autoridad nominadora
expide un acto administrativo de nombramiento y aquel debe tomar posesión del cargo,
tal como lo dispone el artículo 3 del Decreto Ley 2277 de 197927, al indicar que
«los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales de orden nacional,
departamental, distrital, intendencial, comisarial y municipal son empleados oficiales
de régimen especial que, una vez posesionados, quedan vinculados a la
administración por las normas previstas en este decreto».

47.En segundo lugar, en cuanto a la prueba del tiempo de servicio y la vinculación
para tener derecho al reconocimiento de la pensión gracia, la jurisprudencia de la

24 Folios 114 a 118 del expediente físico.
25 Folios 129 a 133 del expediente físico.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, proceso con radicado 25000-23-42-

000-2013-04683-01(3805-2014).
27 Por el cual se adoptan normas del estatuto docente.

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Sección ha indicado que se deben analizar los tiempos de servicios, el cargo
desempeñado, la dedicación, clase de plantel y si la vinculación fue nacionalizada,
departamental, distrital y municipal, destacando que «los certificados que se expidan
para acreditar estos requisitos deben ser precisos en los datos fundamentales que
exigen las leyes especiales que regulan esta clase de pensión»28.

48. En el mismo sentido, el fallo de unificación del 21 de junio de 201829 determinó que
la calidad de docente oficial se prueba con la copia de los actos de nombramiento, o
en su defecto, con la certificación de la autoridad nominadora que informe de manera
inequívoca sobre el tipo de vinculación.

49. En este orden de ideas, en el proceso se acreditó que el señor Gustavo de Jesús
Muñoz Montoya nació el 11 de julio de 1955, como consta en la cédula de ciudadanía30;
y, fue docente nacionalizado del 1° al 30 de octubre de 1977 y del 25 de abril al 24 de
junio de 1978, en el plantel educativo Sor María Juliana de Cartago 31. Asimismo, fue
docente nombrado por el Ministerio de Educación, a través de la Resolución 14162 del
1°. de septiembre de 1978, y estaba activo en el servicio para el 5 de febrero 201632,
fecha para la cual acreditó 37 años, 5 meses y 5 días de tiempo laborado33.

50.Ahora bien, en primer lugar, se determina que el señor Gustavo de Jesús Muñoz
Montoya fue docente en una plaza nacional desde el 1° de septiembre de 1978, hecho
probado a partir de la valoración de los formatos expedidos por la Secretaría de
Educación de Cartago, donde se señaló que la Resolución 14162 fue dictada por el
Ministerio de Educación. Por consiguiente, los tiempos laborados desde el 1° de
septiembre de 1978 hasta el 5 de febrero de 2016 no se pueden sumar para efectos
del reconocimiento de la pensión, dado que esta prestación excluye de sus
beneficiarios a los maestros nacionales.

51. En este sentido, se pronunció la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo del
Consejo de Estado, en sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, al considerar que
«dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados». Igualmente, el fallo de
unificación SUJ-11-S2, del 21 de junio de 2018, determinó que para el reconocimiento
de la pensión gracia se requiere haber prestado los servicios por 20 años en planteles
departamentales, distritales o municipales.

52.En este orden de ideas, la jurisprudencia de unificación de esta corporación ha
considerado que para tener derecho al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar la vinculación docente en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31
de diciembre de 1980, en planteles departamentales, distritales o municipales, sumar
20 años de servicios, cumplir 50 años de edad, y desempeñarse con honradez,
consagración y buena conducta.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de abril de 2017, proceso con radicado
52001 23 31 000 2014 00270 01 (0585-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, que cita la sentencia del 19 de
enero de 2006, expediente 6024-05, M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
30 Folio 112 del expediente físico.
31 Folio 48 del expediente físico.
32 Como consta en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 5 de febrero de 2016.
33 Folios 49 a 50 y 52 a 53 del expediente físico.

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53. En segundo lugar, la Subsección no comparte lo alegado por la parte actora sobre
que el vínculo nacional mutó como consecuencia de la descentralización de la
prestación del servicio educativo. Al respecto, se precisa que la dependencia del cargo
docente a la Secretaría de Educación tiene su razón de ser en la descentralización de
la educación ordenada por la Ley 60 de 1993 34. En efecto, los artículos 2° y 3° de la
Ley 60 de 1993 indican que corresponde a los municipios y departamentos administrar
los recursos cedidos por la nación y planificar las competencias para el sector
educación.

54. Ciertamente esta corporación ha considerado en los eventos de incorporación de
los docentes nacionales a plantas territoriales, que dicho hecho no varió la vinculación
nacional del maestro. En este punto, es importante precisar que: (i) la vinculación con
carácter nacional no se vio modificada en razón de otro tipo de nombramiento o
situación administrativa; y (ii) el proceso de descentralización de la educación oficial,
ordenado por la Ley 60 de 1993 no mutó la naturaleza de los nombramientos que se
habían efectuado con anterioridad a la Ley 60 de 1993.

55. Sobre este último particular, esta Subsección de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en sentencia de 6 de marzo de 2024, dentro del proceso identificado con
el radicado 15001-23-33-000-2018-00698-01 (1133-2021)35, precisó que:

Ahora bien, el recurrente alegó que con la descentralización de la educación dejó
de ser un maestro nacional y con ello pasó a conformar parte de la planta de
personal del departamento de Boyacá y el municipio de Duitama; al respecto, debe
decirse que la descentralización de la educación no conllevó a que las distintas
clases de maestros hubiesen desaparecido y que, en consecuencia, todos hayan
adquirido el carácter de territoriales.

En ese sentido, esta Subsección ha reiterado en sendas oportunidades que los
docentes con nombramiento nacional que hayan sido incorporados a las plantas
territoriales en virtud del proceso de descentralización de la educación continúan
con el carácter de nacionales, en la medida en que el artículo 1º de la Ley 91 de
1989 estableció que los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional son personal nacional. Además, la nominación es una sola y es diferente
a la incorporación36.

56. Entonces, está decantado por la corporación que el proceso de descentralización de
la educación oficial no trajo consigo la desaparición de las distintas categorías de
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, y mucho menos que los
nombramientos efectuados por el Gobierno nacional se vieran afectados por tal proceso,
dado que el acto de nominación es uno solo y no varía en razón de las particularidades
de un proceso que tuvo por finalidad reorganizar la administración del servicio de
educación oficial.

34 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.
35 M.P. César Palomino Cortés.
36 Sobre este mismo particular, pueden verse también las Sentencias del 25 de agosto de 2022 en el expediente

76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018); y del 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-
00272-01 (2401-2022), citadas en la sentencia del 23 de febrero de 2023 con radicado 41001-23-33-000-2019-
00236-01 (1249-2022).
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57. En tercer lugar, el recurrente afirma que, según la sentencia de unificación del 21
de junio de 201837, ocupó una plaza territorial, por ello, sí tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia; no obstante, en el proceso se demostró que la
plaza fue nacional y la vinculación no varió con la descentralización de la prestación
del servicio educativo. Por lo tanto, no le asiste la razón a la parte actora en tanto
afirmó que el fallo apelado desconoció la referida providencia de unificación.

58. Por consiguiente, en respuesta al problema jurídico se establece que el
demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que los
tiempos de servicios como docente nacional no se pueden computar.

59. En consecuencia, se confirmará parcialmente el fallo del Tribunal que negó las
pretensiones de la demanda, pues se revocará la condena en costas impuesta a la
parte actora.

4. Costas

60. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 38 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena en las dos instancias, en atención a que no se advierte que la parte
actora haya incurrido en las anteriores conductas.

5. Conclusión

61. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y acorde con la valoración en
conjunto de los hechos probados en el proceso, según los principios de la sana crítica,
se concluye que el señor Gustavo de Jesús Muñoz Montoya no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, dado que su vinculación con la docencia oficial a

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, proceso con radicado 25000-23-42-

000-2013-04683-01(3805-2014).
38 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un

criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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partir del 1°. de septiembre de 1978 fue en la calidad de nacional, la cual no varió con
la descentralización de la educación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca del 31 de marzo de 2022, que negó las pretensiones
de la demanda, salvo el numeral segundo que condenó en costas a la parte actora, el
cual se revoca.

SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias.

TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

NJCC/HDGM

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