Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2019-00363-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2019-00363-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2019-00363-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-23-33-000-2019-00363-01 (29172)
Demandante CURTISEG S.A.S.
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre la renta año 2014. Beneficio de progresividad
Ley 1429 de 2010. Declaración de retención en la fuente sin
pago. Alcance del recurso de apelación. Inspección Tributaria.
Sanción por inexactitud.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 6 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, Sala de Oralidad1, que resolvió lo siguiente:
PRIMERO. - NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. - Sin costas en esta instancia, según lo expuesto en la parte motiva. (…)
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 01 de mayo de 2015, la sociedad CURTISEG S.A.S. (CURTISEG) presentó la
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año
gravable 20142, calculando renta líquida gravable, pero dejando el impuesto neto
de renta y el saldo a pagar en ceros. La declaración fue corregida el 19 de junio de
20153, liquidando un saldo a pagar por impuesto y sanciones.
Mediante el requerimiento especial 292382017000001 del 2 de junio de 20174, la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) propuso modificar la
declaración del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2014, por
considerar que CURTISEG había incluido pasivos y costos inexistentes, liquidando un
mayor impuesto, como consecuencia del rechazo de estos, e imponiendo sanción
por inexactitud del 100%. En respuesta al requerimiento especial5, la sociedad
alegó, entre otros aspectos, que cumplió con los requisitos de la Ley 1429 de 2010
para acceder al beneficio de la tarifa progresiva de renta en el año gravable 2014,
por lo que la Administración debía aplicar la tarifa del 6.25%, en lugar del 25%.
El 28 de noviembre de 2017, la DIAN profirió la liquidación oficial de revisión
2924120170000026, en el mismo sentido que lo propuesto en el requerimiento
especial. En esta rechazó la aplicación del beneficio de la tarifa progresiva de la Ley
1
Samai Tribunal, índice 43.
2
Fl 29, Caa.
3
Fl 34, Caa.
4
Fl 2043, Caa.
5
Fl 2072, Caa.
6
Fl 2103 y 2140 Caa.
1
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Demandante: Curtiseg S.A.S.
1429, liquidando el impuesto al 25%, toda vez que CURTISEG no presentó ni pago
oportunamente la declaración de retención en la fuente del periodo 11 del año
gravable 2013, lo que condujo a la pérdida del beneficio, según lo previsto en el
artículo 9 del Decreto 4910 de 2011.
Previa interposición del recurso7, la Administración resolvió este mediante la
resolución 011993 del 26 de noviembre de 20188, en la cual confirmó la liquidación
oficial de revisión.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones9:
9.1. Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 292412017000002, de
Noviembre 28 de 2017, año gravable 2014, concepto Impuesto de Renta, proferida por la
DIAN, División de Gestión de Liquidación de la Administración Local de Impuestos
Nacionales de Barrancabermeja, dirigida a la sociedad: CURTISEG S.A.S., con NIT
900.526.485 – 1. Cuantía recurrida $684.568.000.
9.2. Que se declare la nulidad de la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración
No. 011993, de Noviembre 26 de 2018, año gravable 2014, concepto Impuesto de Renta,
proferida por la DIAN, Dirección de Gestión Jurídica, Subdirección de Gestión de Recursos
Jurídicos, confirmando en todas sus partes la Liquidación Oficial de Revisión.
9.3. Como consecuencia de lo anterior declarar en firme la liquidación privada del impuesto
sobre la renta del año gravable de 2014.
9.4. Declarar la nulidad de la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración.
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 29 y 228
de la Constitución Política; 580-1 (adicionado por el artículo 15 de la Ley 1430 de
2010), 640, 711 y 730 del Estatuto Tributario; 3 (numeral 7) de la Ley 1437 de 2011;
4 y 8 de la Ley 1429 de 2010; y 7 del Decreto 4910 de 2011. Sustentó la vulneración
de las normas como sigue.
1. Nulidad por interpretación errónea de la ley. Beneficio de progresividad
en la tarifa
Puso de presente que se constituyó el 12 de mayo de 2012, y que cumplió con los
requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010 para acceder a la
progresividad en el pago del impuesto de renta, por lo que, para el año 2014,
correspondiente al tercer año gravable y período fiscalizado, la tarifa impositiva que
le resultaba aplicable correspondía al 6.25%, y no la tarifa del 25%, empleada por
la DIAN en la liquidación oficial de revisión.
Calificó de errado el argumento usado por la DIAN para negar el beneficio, esto es el
de la presentación sin pago de la declaración de retención en la fuente del período
11 del año 2013, dado que conforme al artículo 580-1 del Estatuto Tributario tal
7
Fl 2120, Caa.
8
Fl 2176, Caa.
9
Samai Tribunal, índice 25. La sociedad actora, mediante apoderado, presentó demanda y subsanación de la demanda a
efectos de precisar la cuantía.
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declaración no produce efecto alguno, entonces no debe atribuírsele la
consecuencia de un incumplimiento. Adicionó que, cumplió con la obligación de
declarar y pagar 17 días después, incluyendo la liquidación de los intereses
moratorios, de manera que inaplicar la tarifa progresiva es una consecuencia
excesivamente onerosa, que se convierte en una segunda sanción por el mismo
hecho. Resaltó que, incluso el legislador concedió a los contribuyentes un plazo de
4 meses para subsanar las declaraciones ineficaces, mediante el artículo 272 de la
Ley 1819 de 2016.
Afirmó que se viola, y aplica en forma retroactiva, el artículo 8 de la Ley 1429 de
2010, cuando la Administración observa el cumplimiento de los requisitos
indistintamente del periodo gravable. Afirmó que cada año debe ser tratado en forma
independiente, conforme al artículo 694 del Estatuto Tributario. Por el contrario, la
DIAN confunde o fusiona las obligaciones tributarias anuales, que por cinco años se
deben cumplir en forma individual e independiente, y con esto se viola el artículo 7
del Decreto 4910 de 2011, según el cual los requisitos se deben consumar para
cada año a fin de obtener el beneficio de progresividad en la tarifa.
2. Firmeza de la declaración de renta por la no realización o práctica de la
inspección tributaria con posterioridad al auto que la profiere.
Explicó que su declaración de renta quedó en firme el 7 de mayo de 2017, dado que
el 7 de mayo de 2015 venció el plazo para presentar la declaración del período 2014,
transcurriendo 2 años desde esa fecha sin que se hubiera practicado la inspección
tributaria que fue autorizada mediante auto. Alegó que, como no se adelantó
diligencia alguna entre el 20 de abril (notificación efectiva del auto de inspección tributaria) y
el 7 de mayo de 2017, no procedió la suspensión del término para notificar el
requerimiento especial, quedando este por fuera del plazo establecido en la ley.
3. Aplicación del principio constitucional de prevalencia del derecho
sustancial
Dijo que se debe observar este principio para efectos de aplicar la tarifa del 6.25%
en el impuesto de renta del 2014, conforme a la Ley 1429 de 2010. Señaló que la
Administración omitió pronunciarse en la liquidación oficial de revisión sobre la
inconformidad presentada en torno a la prevalencia del derecho sustancial, violando
el debido proceso y el derecho de defensa.
4. Violación del debido proceso y el principio de legalidad
Afirmó que se configura la violación del debido proceso y el principio de legalidad al
aplicarse la tarifa del 25%, en lugar de la tarifa del 6.25%. Sostuvo que la DIAN
también omitió pronunciarse frente a esta inconformidad, lo que infringe el debido
proceso y el derecho de defensa.
5. Nulidad por falsa y falta de motivación de los actos. Violación del
principio de correspondencia
Adujo que la liquidación oficial de revisión no corresponde a los hechos
contemplados en el requerimiento especial, pues en este último se indica como
causal del rechazo del beneficio de progresividad de la tarifa el incumplimiento de
un aspecto sustancial de la declaración de retención en la fuente del periodo 11 del
2013, mientras que en la liquidación se alude al incumplimiento de requisitos para
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el año gravable 2014. Todo lo cual resulta contrario al Decreto 4910 de 2011, el cual
precisa que los requisitos se deben cumplir por cada año en el que se pretenda
obtener el beneficio, con lo cual la DIAN incurrió en una interpretación errónea
inaceptable.
Además, en la liquidación oficial se omitieron las bases gravables, el monto de los
tributos o la explicación de las modificaciones, y, como la actuación de la
Administración inició por una denuncia de un tercero, y no con ocasión a un
programa de fiscalización autorizado por el nivel central y/o seccional, se vulneraron
los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe y moralidad, establecidos en los
numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
6. Improcedencia de la sanción por inexactitud
Explicó que no procede la sanción por inexactitud, por un lado porque la
Administración aplicó indebidamente la tarifa del 25%, y, por otro, porque se
encontraba en firme la declaración de renta del 2014. Agregó que, según el numeral
3 del artículo 640 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 282 de la Ley
1819 de 2016, se debió liquidar una menor sanción, esto es disminuida en el 50%.
Oposición de la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda10, como sigue.
Destacó que la demandante no planteó cuestionamiento alguno para las glosas
referentes a los pasivos y costos inexistentes, por lo que debe entenderse que
fueron aceptadas en su integridad.
Indicó que, el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010, establece la aplicación de la tarifa
general del impuesto de renta a las personas jurídicas o la de una tarifa marginal,
que ésta sujeta o condicionada a que se cumpla con los requisitos y condiciones
señaladas en el artículo 7 del Decreto 4910 de 2011. Indicó que la tarifa reducida
se pierde cuando se dan los presupuestos previstos en el artículo 9 ibidem, el cual
consagra, entre otros, el incumplimiento del deber legal de presentar las
declaraciones tributarias de orden nacional o de realizar los pagos de los valores a
cargo en ellas determinados, dentro de los plazos señalados para el efecto.
Así, al omitirse la obligación de pagar la retención liquidada en la declaración de
retención presentada por el periodo 11 del año 2013, la demandante perdió
automáticamente el beneficio de progresividad para el año gravable 2014, sin
perjuicio de la consecuencia contenida en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario
referente a que la presentación de tal declaración sin pago total no produce efecto
legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.
Dijo no estar de acuerdo con la interpretación dada por la demandante sobre el
artículo 272 de la Ley 1819 de 2016, por cuanto esa norma no concedió a los
contribuyentes un plazo de 4 meses para subsanar los errores asociados a las
declaraciones ineficaces. Lo que establece es una exención de la sanción por
extemporaneidad y de los intereses de mora para quienes presenten la declaración
de retención en la fuente según los presupuestos allí señalados, sin retirar la
consecuencia de la pérdida del beneficio de progresividad.
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Samai Tribunal, índice 25.
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Expuso que el auto de inspección tributaria 292382017000001 de 17 de abril de 2017,
notificado el 18 de abril del mismo año, extendió por 3 meses el término de firmeza
de la declaración, por lo que este se amplió hasta el 7 de agosto de 2017, conforme
a lo previsto en el artículo 706 del Estatuto Tributario, considerando que el 7 de
mayo de 2015 venció el plazo para presentar la declaración de renta. Así, como el
plazo máximo para notificar el requerimiento especial era el 7 de agosto de 2017, y
su notificación se produjo el 6 de junio 2017, este se efectuó dentro de la
oportunidad establecida en el artículo 705 ibidem. Agregó que se hizo visita a
CURTISEG en el marco de la inspección tributaria, antes del 7 de mayo de 2017, con
lo cual no hay sustento fáctico y legal que respalde la aseveración del actor sobre
la firmeza de la declaración de renta.
Sobre la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial para
efectos de aplicar la tarifa del impuesto conforme con lo señalado en la Ley 1429 de
2010, precisó, en primer lugar, que en el texto de los actos administrativos se
identifica la motivación y fundamento normativo que respaldan la medida adoptada,
al observar que, conforme al Decreto Reglamentario 4910 de 2010, el
incumplimiento en el pago de la retención en la fuente presentada para el periodo
11 del año 2013, provocó la pérdida del beneficio. En segundo lugar, en la página
22 de la liquidación oficial de revisión sí se analizó y desvirtuó la solicitud de
aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial, contrario a lo alegado
por la demandante.
Frente al cargo de nulidad por falsa y falta de motivación, específicamente por
desatenderse, a juicio de la actora, el principio de correspondencia entre el
requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión, dijo que tanto la Ley 1429
de 2011, como el Decreto Reglamentario 4910 de 2011, consagran los requisitos y
condiciones para ser beneficiario de la progresividad en el pago del impuesto sobre
la renta y complementarios, de manera que el incumplimiento de alguna de las
condiciones señaladas torna improcedente el beneficio, a partir del año gravable en
que ocurra el incumplimiento. Así, la presentación de la declaración de retención en
la fuente del periodo 11 del año 2013 sin pago, ocasionó la pérdida del beneficio a
partir de ese momento, lo que afecta el año gravable 2014, por lo que no se advierte
la violación señalada, ni tampoco una interpretación errónea de su parte.
En igual línea, afirmó que carece de asidero jurídico la afirmación de la demandante
sobre la omisión de las bases gravables, el monto de los tributos o la explicación de
las modificaciones, puesto que de los valores determinados en la liquidación oficial
y en el requerimiento especial se infiere claramente el valor de los costos
determinados por CURTISEG y cuáles fueron los rechazados, así como las razones y
fundamentos legales, el análisis probatorio recogido y aportado en la investigación
que dio lugar a esto.
En cuanto al debido proceso, manifestó que no puede ser de recibo lo afirmado
por la demandante en el sentido de que se violó ese principio por iniciarse una
fiscalización tributaria con la denuncia de terceros. Recordó que es un derecho de
los ciudadanos informar a la DIAN las conductas que puedan afectar la economía
nacional y que tiene plena competencia para adelantar las diligencias de
fiscalización e investigación previstas en el Decreto 624 de 1989.
Sostuvo que tampoco se violan los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe y
moralidad al iniciarse un proceso con fundamento en la denuncia de un tercero,
pues concluir lo contrario desconocería que esas denuncias imponen a la
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Administración la obligación de desplegar su actividad de fiscalización e
investigación, a efectos de corroborar la realidad o no de las informaciones
entregadas, sin perjuicio de que se garantice el debido proceso y el derecho de
defensa. Sobre estos dos, agregó que, además de brindarle las oportunidades
procesales al demandante para defenderse, tanto en la liquidación oficial de revisión
como la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, en los actos se
evidencia una suficiente valoración probatoria y motivación, incluyendo las normas
aplicables que fueron desconocidas por CURTISEG, lo cual da lugar a que los actos
se hayan expedido en debida forma.
Sobre la improcedencia de la sanción por inexactitud, dijo que se encontraron
inconsistencias en los registros contables y operaciones económicas, que dieron
lugar al rechazo de pasivos y costos inexistentes, así como la aplicación del
beneficio de progresividad sin tener derecho a este, conductas que derivaron en un
menor impuesto a pagar por parte de CURTISEG, todo lo cual respalda la imposición
de la discutida sanción.
En cuanto a la alegada nulidad por la inaplicación del numeral 3 del artículo 640 del
Estatuto Tributario, relativo a la reducción de la sanción en un 50%, señaló que,
la demandante no podía ser beneficiario del presupuesto consagrado en el numeral
3 del artículo 640 del Estatuto, pues había cumplido con lo indicado en dicho
artículo, y por el contrario sí había incurrido en la conducta sancionable.
La DIAN solicita la condena en costas y agencias en derecho.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad, negó las
pretensiones de la demanda y no condenó en costas a la demandante, con
fundamento en lo siguiente11.
Concluyó que CURTISEG no cumplió los requisitos para acceder al beneficio de
progresividad, al no acatar la obligación de presentación y pago de las obligaciones
tributarias a tiempo, toda vez que, al presentar la declaración de retención en la
fuente de noviembre de 2013 el día 12 de diciembre de 2013, y efectuar el pago de
esta el 2 de enero de 2014, es decir por fuera del plazo establecido (el 16 de
diciembre de 2013), esa declaración se tornó ineficaz conforme al artículo 580-1 del
Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 15 de la Ley 1430 de 2010 (declarado
exequible por la Corte Constitucional12).
Explicó que no existe interpretación errónea de la DIAN al eliminar el beneficio de la
progresividad con fundamento en la falta de pago de la retención en la fuente de
noviembre de 2013, pues en línea con la decisión de la Sección Cuarta del Consejo
de Estado del 6 de diciembre de 2017 (exp. 19359 M.P. Milton Chaves García), que
declaró la nulidad del artículo 7 del Decreto 4910 de 2011, la Ley 1429 de 2010, es
clara en establecer que el citado beneficio se estableció por un período de 5 años,
de manera tal que, para acceder al mismo, deben cumplirse los requisitos exigidos
por la norma, sin que esta consagre que la constatación de los mismos deba
realizarse de manera anual o independiente, es decir año a año, pues eso
erróneamente daría a entender que el beneficio es anualizado y no continuo, como
realmente lo contempla la ley.
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Samai Tribunal, índice 27.
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Sentencia C-102 de 2015
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Aseveró que no es posible eludir los requisitos para acceder a la tarifa progresiva,
con fundamento en el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial
sobre el formal, pues la normatividad que impone las condiciones y fue aplicada en
este caso es razonable y proporcionada desde el punto de vista constitucional, dado
que con ella se busca garantizar el recaudo efectivo de los tributos para el logro de
los fines estatales. Expuso que coincide con lo expuesto por la DIAN, cuando se
pronunció sobre la aplicación del artículo 228 constitucional, advirtiendo que los
requisitos previstos en el Decreto 4910 de 2011 para acogerse a la progresividad
son algo más que una simple formalidad, pues además de representar un
instrumento de control para el reconocimiento del beneficio, son condiciones fijadas
por la normatividad tributaria para concederlo.
Estableció que la declaración privada no quedó en firme, dado que esta se
suspende por tres meses cuando la Administración decreta y práctica una
inspección tributaria, la cual, según lo precisó el Consejo de Estado 13, inicia desde
la notificación del auto que la decretó. Indicó que, las partes coinciden en que el
plazo para presentar la declaración venció el 7 de mayo de 2015, por lo que su
firmeza en principio ocurriría el 7 de mayo de 2017.
Sin embargo, dijo que se observa en el expediente que esa firmeza fue aplazada el
18 de abril de 2017, cuando se notificó por correo el auto de inspección tributaria
292382017000001 del 17 de abril de 2017, suspendiéndose por 3 meses el término
para notificar el requerimiento especial, lo que ocurrió el 6 de junio de 2017. Señaló
que la inspección tuvo lugar el 19 de abril de ese mismo año, y que incluso el
representante legal de CURTISEG se presentó en las oficinas de la DIAN el 28 de abril
de 2017, para aportar información solicitada en la inspección ejecutada el día 19.
Sostuvo que, contrario a lo señalado por la demandante, se respetó el debido
proceso, el principio de legalidad y el derecho de defensa, pues se observa que la
DIAN acató el procedimiento administrativo con el decreto y práctica de la inspección
tributaria y la expedición del requerimiento especial, por lo que no prospera el cargo.
Estableció que existe correspondencia entre el requerimiento especial y la
liquidación oficial de revisión, de acuerdo con lo explicado líneas arriba sobre el
beneficio de progresividad. En todo caso aclaró que, si bien hubo un error de
digitación en el anexo de la liquidación oficial, al registrar el valor de $1.254.025.000
en el ítem “Total Costo Determinado”, en lugar de $770.183.000, en el acápite de
“GLOSAS DETERMINADAS” se precisó que los costos inexistentes equivalen a
$1.254.025.000, llevando a la disminución del valor registrado en el renglón 49 a $
770.183.000, lo que guarda coherencia con el requerimiento especial, que expuso
la inclusión de costos inexistentes en la contabilidad y en la declaración del impuesto
de renta por valor de $1.254.025.000.
De acuerdo con lo anterior, precisó que no se omitió la base gravable para
incrementar el impuesto de renta, pues sí existe el factor que permite identificar el
incremento de esta frente al valor determinado en la liquidación privada al disminuir
el valor de los costos de ventas.
Hizo énfasis en que no se vulneró el debido proceso en la investigación tributaria
derivada del denuncio de terceros, pues el artículo 684 del Estatuto Tributario dota
a la Administración de amplias facultades de fiscalización e investigación para
asegurar el cumplimiento efectivo de las normas sustanciales. Así, el artículo 688
13
Refirió la sentencia de la sección cuarta, exp. 24802, del 6 de octubre de 2022.
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Demandante: Curtiseg S.A.S.
ibidem confiere facultades al jefe de la unidad de fiscalización, y la resolución 9 de
2008, fija las potestades de la División de Gestión de Fiscalización, para desarrollar
funciones de control y fiscalización tributaria de los contribuyentes, adelantar
acciones de investigación, proferir sanciones y la determinación oficial del
gravamen. Bajo este marco normativo, se profirieron los actos administrativos
demandados, además dentro del plazo oportuno.
Respecto a la improcedencia de la sanción por inexactitud, constató que no
procedía la tarifa del 6.25 % para liquidar el impuesto y que se presentaron las
conductas sancionables, y en esa medida no debía levantarse la misma. Dijo que
tampoco podía operar la disminución del 50% prevista en el artículo 640 del Estatuto
Tributario, ya que la demandante incurrió en ese mismo tipo de infracción dentro de
los cuatro años anteriores, en ese caso sobre el impuesto sobre la renta para la
equidad CREE del año gravable 2014.
No condenó en costas, al no acreditarse la causación de las expensas y gastos
sufragados durante el proceso y de las agencias en derecho.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia14, para lo cual, salvo por dos
reparos concretos sobre aspectos decantados por el tribunal, reiteró los demás
argumentos haciendo un resumen del capítulo 6 de la demanda, numerales 6.1 al
6.12. Dentro de este, al resumir el reparo referente a la violación del debido proceso
y derecho de defensa por realizar la investigación con base en denuncia de terceros,
agregó que la denuncia se ocasionó ante una aparente violación del régimen de
aduanas, y que la investigación aduanera de esa denuncia fue un pretexto de la
Administración para "hacer el puente” a la fiscalización tributaria. Aspecto no
precisado antes en la demanda.
Los reparos concretos que formuló se refieren a la firmeza de la declaración, por la
no realización o práctica de la inspección tributaria con posterioridad al auto que la
profiere, y a la sanción por inexactitud.
Sobre el primero de los puntos, insistió en que no puede considerarse como
debidamente ejecutada la inspección tributaria, simplemente porque se produjo la
notificación del auto de inspección tributaria 292382017000001 del 17 de abril de
2017. Comentó que, después de que se le notificó el auto, la DIAN solicitó
documentación propia de un requerimiento ordinario, para extender el término de
firmeza y notificar el requerimiento especial después de los 24 meses, plazo vigente
en la época de los hechos. Agregó entonces que, no puede entenderse que la
diligencia en cuestión haya sido efectivamente practicada, por el simple hecho de
haberse solicitado documentación que, nuevamente, podía haber obtenido la
Administración mediante un requerimiento ordinario de información.
Sostuvo que el desarrollo de una inspección tributaria ajustada a derecho no se
surte con adicionar documentos o reportes solicitados en una visita que, bien se ha
podido omitir si se pedía esta por teléfono o correo físico o electrónico. Explica que
requerir información y/o documentación una vez se expide y notifica el auto de
inspección tributaria no constituye una necesidad de tal talante que justifique ampliar
en tres meses el término de firmeza, cuando la Administración ha tenido 22 meses
para hacer esa misma solicitud.
14
Samai Tribunal, índice 34.
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Demandante: Curtiseg S.A.S.
En cuanto a la sanción por inexactitud, reitera que la misma es improcedente toda
vez que está se estimó sobre una base mayor, por la aplicación en el impuesto de
renta de la tarifa del 25% debiendo ser el 6,25% tarifa progresiva según la Ley 1429
de 2010 y su decreto reglamentario, y que procede la aplicación del numeral 3 del
artículo 640 del Estatuto Tributario, dado que la liquidación oficial de revisión
292412017900001, referente al CREE, no se encuentra en firme15. Reitera que los
servidores de la DIAN actuaron como si la norma no existiera.
Con fundamento en lo analizado, solicita se modifique la Sentencia de primera
instancia y se concedan las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesto.
Alegatos de conclusión
La demandada solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, reiterando los
argumentos de la contestación de la demanda.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público no rindió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Problema jurídico
Le corresponde a la Sección pronunciarse sobre si adolecen de nulidad la
liquidación oficial de revisión 29241201700000216 del 28 de noviembre de 2017 y la
resolución 011993 del 26 de noviembre de 201817, ambas proferidas por la DIAN. En
los términos específicos del recurso de apelación, deberá determinar si la
declaración de renta del año gravable 2014 se encontraba en firme, por la no
realización o práctica de la inspección tributaria con posterioridad al auto que la
profiere, y si procedía la reducción de la sanción por inexactitud.
En cuanto a los demás aspectos del escrito de apelación, esta Sección recordará
cuál debe ser el alcance de ese recurso y explicará por qué en este caso no procede
entonces pronunciarse nuevamente de fondo sobre los mismos.
2. Alcance del recurso de apelación y aplicación al caso concreto
Según el artículo 320 del Código General del Proceso, el objeto del recurso de
apelación consiste en que el superior examine la cuestión decidida, únicamente,
sobre los reparos concretos formulados por el apelante en su escrito de apelación
(que deben ser consonantes con lo decidido y razonado por el a quo), lo cual es
concordante con el artículo 328 ibidem, según el cual la competencia del juez de
segunda instancia se limita a los argumentos expuestos por el apelante.
Esto, en la medida en que, como lo ha precisado la Sección Cuarta, «la presunción de
legalidad que se pretende debatir en el marco de la segunda instancia debe ser objeto de discusión
acorde con lo planteado en la demanda y lo decidido en primera instancia. De no ser así, se
15
Refiere que está en curso el proceso No. 76001-2333-000-2019-00387-00 de conocimiento del magistrado del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Oscar Alonso Valero Nisimblet.
16
Fl 2103 y 2140 Caa.
17
Fl 2176, Caa.
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vulneraría el derecho de contradicción de las partes procesales, además de asumir competencias
indebidas en sede de segunda instancia que desconocerían el principio justicia rogada.»18
Sobre este tema, la Corte Constitucional ha establecido que, para que este tipo de
recurso cumpla su finalidad, es necesario que existan y se expongan verdaderos
motivos de discordia en contra de los planteamientos de la sentencia apelada, de
tal forma que el superior pueda llevar a cabo un efectivo control de la decisión
recurrida y, con ello, preservar el principio de legalidad y la integridad en la
aplicación del derecho. Y es que:
«Particularmente, si la decisión inicial es correcta, la apelación no debe convertirse en el
instrumento a través del cual se pretenda probar suerte ante el juez superior, sino que solo
debería acudirse a ella en aquellos supuestos en los que existan elementos sólidos que den
cuenta de que el juzgador de primera instancia incurrió en una equivocación. Eso explica por
qué se exige que la apelación deba ser sustentada. Porque para controvertir una decisión
judicial y provocar la intervención del superior, con lo que eso implica en términos de desgaste
del aparato judicial, y en merma de la seguridad jurídica, es preciso mostrar razones serias
que generen en el fallador una cierta duda sobre el asunto recurrido, o, al menos, que se
planteen de manera clara y argumentada las razones de la discrepancia.” 19
A la luz de lo anterior, la Sección ha adoptado el criterio (entre otras, en las
sentencias del 20 de noviembre de 2025, exp. 29260 M.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello, y del 10 de diciembre de 2025, exp. 29358, M.P. Wilson Ramos Girón),
según el cual no es procedente en segunda instancia analizar cargos de apelación
que no se refieran, en todo o en parte, a lo específicamente razonado en el fallo de
primera instancia, toda vez que los cargos de apelación deben controvertir los
análisis efectuados por el a quo en la sentencia sobre la que recae el recurso.
Se insiste en que la función de la segunda instancia es la de revisar, y de ser el
caso, corregir las decisiones judiciales de primera instancia, para garantizar una
correcta aplicación del derecho, la cual lleve a la materialización de los principios de
legalidad y justicia.
Lo anterior, resulta aplicable a varios aspectos del recurso de apelación presentado
por la demandante, toda vez que contrastándolo con lo decidido por el tribunal, es
evidente que no hay reparos específicos dirigidos a desvirtuar las razones concretas
que tuvo en cuenta el a quo para negar las pretensiones de la demanda y dejar en
firme los actos acusados, sino que, salvo por dos cargos específicos, CURTISEG lo
que hizo fue resumir los argumentos de la demanda, al punto que reprochó de
manera reiterada las actuaciones y conclusiones de la DIAN, sin mencionar en nada
los argumentos y conclusiones del tribunal.
En efecto, nótese que el recurso no controvierte las aseveraciones que se hicieron
en la sentencia del 6 de junio de 2024 sobre el incumplimiento de las exigencias
reglamentarias para el acceso al beneficio de la progresividad en la tarifa del
impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2014. En la sentencia
de primera instancia el juez, primero, señaló como debe entenderse el beneficio
consagrado en la Ley 1429 de 2010, para, posteriormente indicar que sí hubo un
incumplimiento por parte de CURTISEG que lo llevó a perder este.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2020, Exp. 24222,
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también sentencias del 12 de septiembre de 2019, Exp. 22058, M.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez; del 7 de mayo de 2020, Exp. 22498, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 9 de septiembre de 2021,
Exp. 25008, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, del 3 de marzo de 2022, Exp. 25562, M.P. Milton Chaves García,
entre otras.
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-418 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Ahora, en la apelación, la demandante nada dijo sobre la interpretación del tribunal,
en cuanto a que el beneficio se estableció por un período de 5 años sin que pueda
entenderse que la aplicación de este se da de forma independiente año a año, con
lo cual, si se presenta el incumplimiento de los requisitos en un período, a partir de
este se pierde el acceso a la reducción de la tarifa, sin lugar a reiniciar la verificación
del cumplimiento de los requisitos en el período posterior para aplicar así mismo la
correspondiente reducción, con lo cual podría pensarse que la demandante estuvo
de acuerdo con este.
La apelación tampoco discute o señala por qué se equivoca el juez cuando afirma
que no se puede eludir el cumplimiento de los requisitos para acceder a la tarifa
progresiva vía la aplicación del principio constitucional de prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal. Simplemente la demandante insiste en que se aplique
este último principio.
En el escrito del recurso se reitera que no hay correspondencia entre el
requerimiento especial y la liquidación oficial, diciendo que el primero de estos actos
se refiere al incumplimiento de requisitos del año 2013, mientras que el segundo
reseña el período 2014, sin explicar o relacionar esto con las conclusiones del
tribunal sobre el beneficio de progresividad, explicado antes, que son las que dan
lugar a decir que no se violó el principio de correspondencia. En esa medida, más
allá de esas simple afirmaciones, no es claro para esta Sección en qué aspectos
estuvo en desacuerdo la apelante.
En cuanto a la falsa y/o falta de motivación por omisión de las bases gravables,
CURTISEG describe nuevamente las inconsistencias de los actos administrativos,
pero nada afirma sobre la calificación que le dio el juez de primera instancia a esto,
en el sentido de mencionar que si bien hubo un error de digitación en la liquidación
oficial, este se supera al hacer una análisis de otros apartes de ambos documentos,
concluyendo que la liquidación sí guardó entonces coherencia con el requerimiento
especial.
En la demanda CURTISEG principalmente alegó una violación al debido proceso
porque la investigación se inició como consecuencia de una denuncia de terceros.
En la apelación reitera esto, pero adicionando que la denuncia a la cual se refería
la Administración es sobre una aparente violación al régimen de aduanas. Insiste
en que la actuación realizada por la DIAN no corresponde a programas de
fiscalización autorizados o indicados por el nivel centro y/o seccional.
Nótese que antes de la apelación, que la denuncia de los terceros se refiriese a una
violación del régimen de aduanas no fue motivo de los reparos hechos por la
demandante, pero, en todo caso, este punto no ataca ni explica en qué considera
ella que se equivocó el a quo cuando, bajo un análisis normativo, señala que la DIAN
sí puede desplegar fiscalizaciones en virtud de denuncias o información de terceros,
sin que esto configure una violación al debido proceso.
En síntesis, siendo que en el recurso de apelación la demandante no propuso una
oposición real frente a la sentencia de primera instancia en cuanto a los aspectos
señalados anteriormente, razón por la cual no le es dado a la Sección abordar un
estudio en detalle sobre los mismos, dado que, de hacerlo, como juez de segunda
instancia de este caso, se desatendería el objeto del recurso de apelación, según lo
explicado al inicio de este numeral.
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3. Firmeza de la declaración – práctica de la inspección tributaria
El tribunal estimó que en este caso la inspección tributaria tuvo la virtualidad de
suspender el término de firmeza por 3 meses, el cual quedó ampliado hasta el 7 de
agosto de 2017, dado que, el auto de inspección tributaria 292382017000001 fue
debidamente notificado el 18 de abril de 2017, y dicha diligencia sí se practicó. Para
efectos de esto último, indicó que dicha diligencia tuvo lugar el 19 de abril de 2017,
y que tan es así, que la propia demandante reconoció, a través de su representante,
que la inspección había ocurrido ese día 19, esto cuando el día 28 de abril de 2017
se presentaron en las oficinas de la DIAN a nombre de CURTISEG para aportar
información solicitada en dicha inspección.
La demandante indica que la anterior interpretación es errónea, bajo el argumento
de que la información que puede obtenerse por otros medios probatorios no puede
solicitarse dentro de la inspección tributaria, con lo cual, si la Administración actúa
de esa manera, no se entenderá practicada válidamente dicha diligencia. A la luz
de esto afirmó entonces que el día 19 de abril de 2017 no tuvo lugar la inspección
tributaria, dado que la DIAN simplemente solicitó documentación e información que
ha podido obtener mediante otros medios, tales como un requerimiento ordinario,
un correo o llamada. Agrega que la Administración hizo esa solicitud, con el
propósito de extender el término de firmeza y notificar el requerimiento especial
después de los 24 meses de plazo, y que no puede equiparase la solicitud de
documentos a una inspección tributaria, pues pedir información no es una necesidad
de la DIAN que justifique ampliar en tres meses el término de firmeza de la
declaración de renta.
Para resolver, y considerando que la inspección se ordenó en este caso antes de la
notificación del requerimiento especial, acto que suspende la firmeza de la
declaración del impuesto sobre la renta, debe recordarse en primer lugar que, el
artículo 706 del Estatuto Tributario señala que el término para notificar el
requerimiento especial también se suspende, por 3 meses, cuando se práctica
inspección tributaria de oficio, término que deberá contarse a partir de la notificación
del auto que decreta esa diligencia.
En segundo lugar, que, el artículo 779 ibidem específica que la inspección tributaria
es el medio de prueba a través del cual la DIAN verifica, mediante una constatación
directa, el cumplimiento de las obligaciones formales del contribuyente y establece
la existencia de hechos gravables.
Y es que, en desarrollo de esta prueba (inspección tributaria) se pueden decretar
todos los demás medios probatorios autorizados por la ley, previa observancia de
las ritualidades que le son propias (i. e. testimonios, pruebas documentales,
inspecciones contables, solicitar información mediante requerimientos ordinarios o
hacer cruces de información, entre otras), sin que sea absolutamente necesario que
los funcionarios comisionados se desplacen a las instalaciones del contribuyente20.
Sobre lo anterior, la Sección ha precisado que la notificación del auto que decreta
la inspección tributaria no es suficiente para suspender el término, sino que, para
que tal suspensión opere es obligatorio que la DIAN realmente la practique, pues «la
finalidad del mencionado auto es la práctica real de la prueba, por lo que si ésta no se realiza dentro
de los tres meses siguientes, así sea con el levantamiento de al menos una diligencia, no puede
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 4 de abril de 2024. Exp. 28289.
M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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operar la suspensión prevista en la ley, por cuanto el objeto de la norma no se cumpliría»21.
Lo anterior, por cuanto la inspección tributaria:
«no puede constituirse en un mecanismo temerario para suspender el término de notificación
de los actos de determinación oficial y así evitar el acaecimiento de la firmeza de las
declaraciones privadas, pues ello daría lugar a la nulidad de la actuación administrativa por
desviación de poder, considerando que la finalidad perseguida por el artículo 779 del Estatuto
Tributario no se cumpliría. Por lo tanto, el respeto por el objetivo y por las formas previstas
para su práctica ha de ser riguroso»22.
Para efectos de comprobar lo anterior, en el expediente consta los siguientes
documentos y/o actuaciones:
• Acta de visita al contribuyente del 25 de febrero de 201623, en donde consta que se le solicitó
a la demandante la carta donde manifiesta que cumple con los requisitos para el beneficio de
la Ley 1429 de 2010, balances de prueba mes a mes del 2014, libro auxiliar de las cuentas de
ingresos, pasivos y retenciones, nómina del 2014. CURTISEG informa que suministrará la
información vía correo electrónico el día 29 de febrero de 2016.
• Acta de visita al contribuyente del 5 de octubre de 201624, en donde se le solicita a la
demandante soportes de los pasivos del año 2014 por concepto de cheques posfechados
según auxiliar de la cuenta 21052005, respectiva nota contable, facturas de las compras
realizadas en el 2014 de acuerdo con el auxiliar de las cuentas 1405 y 1435. La sociedad pide
15 días para entregar la información porque a la fecha de la visita presenta inconvenientes en
el sistema.
• Visita realizada a CURTISEG el 24 de noviembre de 2016, de acuerdo con el auto comisorio
0028 del 24 de febrero de 2016. Según el acta de esa visita25 se requirió a la demandante para
que entregara soportes de la declaración relacionados con costos y deducciones adicionales
a los que entregó el día 27 de octubre de 2016, pero queda constancia de que no se le entrega
esa información a la DIAN, y en esa medida se le recomienda realizar corrección voluntaria.
• Auto de inspección tributaria 292382017000001 del 17 de abril de 2017, en donde se
comisiona a una funcionaria de la DIAN para verificar la exactitud de la declaración de renta del
año gravable 201426
• Aviso de notificación por correo, enviada a CURTISEG el 18 de abril de 2017, en donde consta
que se anexa copia del anterior acto.27
• Guía de transporte de la compañía Inte Rapidísimo S.A., en donde consta la recepción de la
anterior comunicación por parte de CURTISEG, el día 19 de abril de 2017.28
• Acta de visita al contribuyente29, de fecha 19 de abril de 2017, diligencia ejecutada de acuerdo
con el auto de inspección tributaria 292382017000001 del 17 de abril de 2017. En el acta se
observa que se le solicita específicamente a CURTISEG soporte de pasivos (se pide información
con 6 terceros, entregándole nombre y nit de estos); compras registradas en el inventario de
materia prima y de mercancía no fabricada por la empresa, anexando las respectivas facturas;
y otros costos y deducciones registrados en las cuentas 5,6 y 7, junto con los soportes de las
transacciones; considerando que sobre los dos puntos anteriores no se había entregado
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 28 de julio de 2007. Exp. 15238.
M.P. María Inés Ortiz Barbosa. Reiterada, entre otras, en las sentencias del 10 de diciembre de 2015, Exp. 21336 C.P.
Martha Teresa Briceño de Valencia y del 26 de febrero de 2020, Exp. 23504. C.P. Milton Chaves García.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de junio de 2025, Exp.
27343, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Esta cita, consagra a su vez apartes de las sentencias del 16 de octubre
de 2014. Exp. 19611. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, y del 31 de mayo de 2018, Exp. 20558, M.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez.
23
Folio 28, Caa.
24
Folio 427, Caa.
25
Página 1391 del pdf de Caa.
26
Página 1414 del pdf de Caa.
27
Página 1415 del pdf de Caa.
28
Página 1416 del pdf de Caa.
29
Página 1417 al 1419 del pdf de Caa.
13
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información previamente. La persona que atiende la visita dice ser nueva, y que en esa medida
no puede entregar la información.
• Acta de comparecencia del representante legal de CURTISEG a las oficinas de la DIAN30, de
fecha 28 de abril de 2017, en donde consta que este se acerca a entregar información
solicitada en la visita del 19 de abril, la cual es revisada por la funcionaria, advirtiéndole que
no corresponde a lo solicitado y otorgándosele un plazo adicional de 8 días.
De lo anterior, es claro para la Sección que, como lo sostuvo el tribunal en la
sentencia de primera instancia, el auto de inspección tributaria se notificó
debidamente, y la diligencia fue ejecutada.
Sobre esto último hay que precisar que, contrario a lo indicado por la demandante,
la inspección tributaria como medio de prueba habilita a la DIAN para que en
desarrollo de esta se decreten otros medios autorizados en la ley, como son las
pruebas documentales, de allí que, no es de recibo indicar que, como esas pruebas
se pueden obtener por otro medio, la inspección tributaria se entiende por no
realizada.
Nótese precisamente que la información que se solicitó en esa diligencia
corresponde a datos necesarios para efectos de comprobar pasivos y costos que
fueron declarados por CURTISEG, respecto de los cuales además ya se le había
indicado que había inconsistencias31, y los cuales terminaron siendo rechazados
por inexistentes, aspecto que no controvirtió CURTISEG en esta jurisdicción.
Y es que, si bien la Administración realizó otras visitas al contribuyente, debe
ponerse de presente que la inspección tributaria no replicó la solicitud hecha en las
anteriores, sin perjuicio de que en algunos aspectos específicos le insistiera a la
demandante para que entregara cierta información que era necesaria para
comprobar lo reportado en su declaración privada, la cual no había entregado antes,
y sobre la que se presentaban inconsistencias a la luz del cruce de información
realizado con terceros.
Con esto, la DIAN ejecutó la diligencia en línea con el propósito o finalidad de la
inspección tributaria, que es, como ya se dijo, la de verificar el cumplimiento de las
obligaciones del contribuyente y esta no fue un simple mecanismo dilatorio de los
términos, sino que, por el contrario denota como la Administración le dio varias
oportunidades a la demandante de cumplir con su carga probatoria y ejercer su
derecho de defensa.
Además, como ya lo señaló la Sección, la inspección se entiende practicada al
menos con el levantamiento de una diligencia. Por lo anterior, no prospera el cargo.
4. Sanción por inexactitud
En cuanto a la sanción por inexactitud, se encuentra que, en la medida en que la
Administración determinó que había costos inexistentes, que por demás no fueron
objetados por la demandante, y que gracias a ellos se había liquidado un menor
impuesto sobre la renta por el período gravable 2014, efectivamente se presentó
una conducta sancionable con el artículo 647 del Estatuto Tributario.
30
Página 1421 del pdf Caa.
31
Folio 1393 Caa.
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Ahora bien, por una parte, CURTISEG señaló en su apelación que había un error en
el valor de la sanción, toda vez que se calculó sobre el mayor valor del impuesto de
renta liquidado con la tarifa del 25%, y no del 6,25%, tarifa progresiva aplicable en
virtud de la Ley 1429 de 2010. Considera la Sección que no es necesario entrar
nuevamente a revisar este aspecto, en la medida en que, por las razones expuestas
líneas atrás, no hay lugar a corregir la tarifa que aplicó la DIAN en sus actos, y que
confirmó el tribunal.
Por otra parte, la demandante indicó que procedía la aplicación del numeral 3 del
artículo 640 del Estatuto Tributario, que contempla una reducción de la sanción al
50%, dado que el tribunal estableció que ella no tenía derecho a dicha reducción
porque había cometido la misma conducta sancionable, citando para el efecto la
liquidación oficial de revisión 292412017900001 del 28 de noviembre de 2017,
referente al CREE del 2014, CURTISEG apeló indicando que dicha sanción no se
encontraba en firme.
El numeral 3 del artículo 640 del Estatuto Tributario establece unas condiciones bajo
las cuales, de cumplirse con ellas, es posible acceder a una reducción del 50% de
la sanción que haya sido propuesta o determinada por la DIAN. Las condiciones para
acceder a esto son que, dentro de los 4 años anteriores a la fecha de la comisión
de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma, y esta se hubiere
sancionado mediante acto administrativo en firme; y que la sanción sea aceptada y
la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio
correspondiente.
En cuanto al primero de los requisitos, el juez de primera instancia señaló que la
demandante no los cumplía, en tanto, esta había sido sancionada bajo el mismo
tipo sancionatorio mediante liquidación oficial de revisión 292412017900001 del 28
de noviembre de 2017, referente al CREE del 2014. Indicó que: Se infiere que dicho
acto administrativo quedó en firme, porque ante el Tribunal Administrativo del Valle se formuló otra
demanda contra la Liquidación Oficial de Revisión 292412017900001 del 28 noviembre de 2017,
bajo el radicado 76001-23-33-000-2019-0038-00.
Considerando que CURTISEG afirma en su apelación que no es cierto que esa
sanción se encontrara en firme, se revisa el aplicativo Samai y se advierte que, la
liquidación oficial de revisión indicada por el tribunal no fue demandada mediante el
proceso que allí se referencia, sino bajo el radicado 76001-23-33-000-2019-00387-
00, y que, efectivamente para la época de la sentencia del 6 de junio de 2024 no se
había proferido sentencia en ese proceso, con lo cual el acto no estaba en firme.
De acuerdo con lo anterior, se da cumplimiento a la primera de las condiciones. Sin
embargo, no se observa en el expediente que el segundo de los requisitos exigidos
en el numeral 3 del artículo 640 del Estatuto Tributario haya sido cumplido por
CURTISEG, esto por cuanto la infracción en ningún momento ha sido subsanada por
la demandante, aspecto fundamental para acceder a la reducción.
Nótese que en este caso nos encontramos frente a la sanción de inexactitud, y para
efectos de entender que esa conducta es enmendada por el contribuyente, este
pudo en varias oportunidades proceder a corregir su declaración, rechazando los
costos inexistentes que dieron lugar a liquidar un menor impuesto del realmente
debido, aspecto que por demás ni siquiera controvirtió.
Por tanto, no procede la reducción solicitada y no prospera el presente cargo.
15
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Demandante: Curtiseg S.A.S.
5. Costas
No habrá pronunciamiento frente a la decisión de no condenar en costas primera
instancia, dado que no se apeló la decisión del Tribunal de no imponerlas.
En cuanto a esta instancia, por remisión expresa del artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al Código General
del Proceso, y conforme al acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025, se
condenará en costas.
Respecto a las agencias en derecho se tasan en un (1) SMMLV. Por tanto, se
ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación, conforme a las
reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del Proceso.
6. Decisión
En consecuencia, no prospera el recurso de apelación y se mantiene la legalidad
de los actos acusados. A su vez, se mantiene la ausencia de condena en costas en
primera instancia y se impone en segunda instancia, conforme lo anteriormente
señalado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia del 6 de junio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad.
2. CONDENAR en costas en segunda instancia al demandante según lo explicado
en la parte motiva. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al
respectivo incidente, conforme a lo expuesto en esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con aclaración de voto
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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