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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00451-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00451-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR integralmente, la sentencia del Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 29 Número Interno: 0139-2026 Demandante: Evelin Katherine Meza Mora Demandado: Nación-Ministerio De Defensa Nacional - Policía Nacional

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00451-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Catorce (14) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00451-01 (0139-2026)
Demandante: Evelin Katherine Meza Mora
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional
Medio de Nulidad y restablecimiento del derecho
Control:
Tema: Relaciones laborales encubiertas
Decisión: Sentencia - Segunda Instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes
demandante y demandada, contra la sentencia del Treinta (30) de septiembre
de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca1, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda2

1.1 Pretensiones

1. La señora Evelin Katherine Meza Mora, por conducto de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitando
la nulidad del Oficio S2019/021160 SECSA-ASJUR 1.10 del Veintiuno (21) de
febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), expedido por la Dirección de Sanidad

1
El consejero de Estado sustanciador del proceso aclara que, en anteriores ocasiones, y conforme a la causal
contenida en el artículo 141.9 del CGP, ha manifestado su impedimento para conocer en segunda instancia asuntos
tramitados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuya decisión haya participado el Dr. Óscar Valero
Nisimblat, a quien lo une una amistad íntima. No obstante, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal,
en esta ocasión no efectuará dicha declaración, toda vez que la Sala de Subsección, con auto de 18 de septiembre
de 2024, declaró infundado un impedimento basado en la misma causa, dentro del expediente 76001-23-33-000-
2014-01033-01 (0264-2023).
2
Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00032 - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) - 2019-
0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA.

2

Número Interno: 0139-2026
Demandante: Evelin Katherine Meza Mora
Demandado: Nación-Ministerio De Defensa Nacional - Policía Nacional

de la Seccional Valle del Cauca, por medio del cual, se negó el reconocimiento
de las acreencias laborales y prestacionales en favor de la demandante,
mientras se desempeñó como Ingeniera Biomédica, durante el periodo
comprendido entre el Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Trece (2013) y el Treinta
y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016).

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que, se reconozca la
existencia de una relación laboral entre las partes, y en consecuencia, se
ordene a la Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional, el pago de los
siguientes conceptos: i) Prestaciones sociales legales y extralegales, desde la
fecha de vinculación hasta el momento en el que terminó la relación laboral,
tales como prima de navidad, prima de alimentación, prima de servicio anual,
auxilio de trasporte, cesantías, prima y subsidios; ii) reajustes de salarios; iv)
sanción moratoria por no pago de acreencias laborales; v) devolución por
concepto de seguridad social integral; vi) costas procesales.

1.2 Hechos
3. La señora Evelin Katherine Meza Mora, se vinculó como ingeniera
biomédica a la Dirección de Sanidad – Seccional Valle del Cauca, a través de
varios contratos de prestación de servicio, celebrados entre el Dieciséis (16)
de julio de Dos Mil Trece (2013) y el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos
Mil Dieciséis (2016).

4. La vinculación se efectuó bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993, y
la demandante tuvo que contratar pólizas de cumplimiento a favor de la entidad
demandada y correr con los costos de la seguridad social.

5. El Siete (07) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), la demandante
solicitó el reconocimiento de la relación laboral, y la petición fue negada
mediante acto administrativo N° S-2018/ 021160 SECSA ASJUR 1.10.,
expedido por la Dirección De Sanidad Seccional Valle — Policía Nacional, el
Veintiuno (21) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019).

1.3 Normas violadas y concepto de violación

3

Número Interno: 0139-2026
Demandante: Evelin Katherine Meza Mora
Demandado: Nación-Ministerio De Defensa Nacional - Policía Nacional

6. La parte demandante invocó como normas vulneradas, los artículos 25,
48 y 53 de la Constitución Política de Colombia.

7. Como concepto de violación, argumentó que, los actos administrativos
son violatorios de las normas en que han debido fundarse, pues, a pesar de la
regulación constitucional, legal y jurisprudencial que rige la materia, la
demandada no logra desvirtuar la calidad laboral que ostenta el vínculo,
quedando así demostrado que, en la expedición del acto administrativo
demandado, la administración pasa por alto normas superiores, buscando dar
un velo falso de una relación mediada por un contrato de prestación de
servicios, a una mediada por una relación legal y reglamentaria, por lo tanto,
el acto administrativo debe ser declarado nulo y en su lugar, ordenar el pago
de las prestaciones laborales a la demandante.

2. Contestación de la demanda

8. La Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional3, se opuso a las
pretensiones de la demanda, por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos,
argumentando que, la demandada contrató por prestación de servicios
profesionales a la ingeniera biomédica, acorde con los parámetros del Estatuto
de Contratación Estatal y las demás normas conexas, especialmente lo
preceptuado en la Ley 1150 de 2007, artículo 4, literal h.

9. Señaló que, resulta impropio y contrario al principio de buena fe,
pretender que, por el hecho de cumplir con el objeto contractual, las
obligaciones como contratista y recibir el pago de honorarios, se configuran los
elementos del Contrato de Trabajo, precisando que, a la demandante se le dio
a conocer la actividad para la que se requería contratar, el lugar donde existía
la necesidad y los honorarios que percibiría con ocasión a su contrato, no
existiendo ninguna objeción y por el contrario, aceptando suscribir los
contratos por prestación de servicios.

3
Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00022.

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Número Interno: 0139-2026
Demandante: Evelin Katherine Meza Mora
Demandado: Nación-Ministerio De Defensa Nacional - Policía Nacional

10. Sostuvo que, la demandante tenía pleno conocimiento de la clase de
contratos que rubricó, y se comprometió a realizar las actividades para las que
fue contratada, teniendo pleno conocimiento que, las relaciones contractuales
no generaban vínculo laboral y además, en el clausulado de los diferentes
contratos se estableció la: “no constitución de relación laboral”.

11. Argumentó que, la postura de la demandante es equívoca, toda vez
que, no recibía salario, sino honorarios pactados, y en cuanto a la enunciación
“que el servicio lo prestaba personalmente”, se debe tener en cuenta que, el
objeto contractual era prestar servicios como ingeniera biomédica, por tanto,
no era factible cumplirlo de otra forma, y tampoco existía subordinación, debido
a que, la demandante fue contratada para atender un objeto contractual que
debía programarse en agendas, las cuales se pactaban, y cuyo desarrollo
obedecía a un esquema de organización.

12. Concluyó que, el Código Sustantivo de Trabajo en el numeral segundo
del artículo 23, establece que, para que exista contrato de trabajo, deben
confluir los tres elementos esenciales, situación que en el presente litigio no
se generó.

13. Como excepciones de mérito propuso las de: «inexistencia del vínculo
de la relación laboral, pago, inexistencia de la obligación, cobro de lo no
debido, ausencia de subordinación y dependencia de los contratos estatales
de la ley 80 de 1993».

3. Sentencia de primera instancia4

14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del
Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, así:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el
Oficio No. S2019/021160 SECSA-ASJUR 1.10 del 21 de febrero de 2019,
mediante el cual se negó el reconocimiento de una relación laboral entre las
partes desde el 16 de julio de 2013 y el 23 de septiembre de 2016.

4
Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00072.

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Número Interno: 0139-2026
Demandante: Evelin Katherine Meza Mora
Demandado: Nación-Ministerio De Defensa Nacional - Policía Nacional

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que entre la
señora Evelin Katherine Meza Mora y la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional existió una relación laboral entre el 16 de julio de 2013 y el 23
de septiembre de 2016, de conformidad con lo argumentado en la parte motiva
de este proveído.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, reconocer y pagar en favor de la señora Evelin Katherine Meza
Mora los siguientes conceptos salariales y prestacionales:

3.1 Todas las diferencias salariales entre lo devengado por un empleado de
planta en similares o equivalentes condiciones, y lo percibido por la demandante
por concepto de honorarios entre el 16 de julio de 2013 y el 23 de septiembre
de 2016.

3.2 Todas las prestaciones sociales dejadas de percibir por la accionante,
tomando como parámetro los derechos laborales a los que tendría derecho un
empleado público en el igual o similar cargo. La base para su liquidación será
el salario que debió percibir la señora Evelin Katherine Meza en igualdad de
condiciones con los servidores vinculados mediante relación legal y
reglamentaria desde el 16 de julio de 2013 y el 23 de septiembre de 2016.

Se dispone que las sumas que se liquiden a favor de la reclamante por concepto
de diferencias salariales y prestaciones sociales, serán actualizadas, conforme
al artículo 187 del CPACA aplicando la siguiente fórmula jurisprudencial:

R = Rh x IPC final
IPC inicial

Donde R (renta) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh) o lo dejado de
percibir mes a mes, por la suma que resulte de dividir el IPC (final) certificado
por el DANE a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, por el IPC
vigente a la fecha en que debió efectuarse cada pago.

3.4 En lo que atañe a las cotizaciones al sistema pensional, la Policía Nacional
tomará como ingreso base de cotización la remuneración salarial que debió
percibir la señora Evelin Katherine en el tiempo que duró la relación laboral.

La Entidad determinará mes a mes la diferencia entre los aportes que se
debieron efectuar y los realizados por la demandante en condición de
contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión sólo en el porcentaje que le correspondiera.

Para efecto de lo anterior, la parte activa deberá acreditar ante la administración,
las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo
contractual con la entidad. En la eventualidad de que no las hubiese realizado
o existiere diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar,
según sea el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora.

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Número Interno: 0139-2026
Demandante: Evelin Katherine Meza Mora
Demandado: Nación-Ministerio De Defensa Nacional - Policía Nacional

CUARTO: DECLARAR que el tiempo laborado por la señora Evelin Katherine
Meza Sandoval debe computarse para efectos pensionales.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, atendiendo a las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEXTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la parte demandada
(…)»

15. En sustento de su decisión, el A-quo refirió que, se acreditó que, la
accionante fue vinculada mediante contratos de prestación de servicios a la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – Seccional Valle del Cauca, como
ingeniera biomédica y, esa relación contractual se prolongó de manera
continua, entre el Dieciséis (16) de junio de Dos Mil Trece (2013) y, el Veintitrés
(23) de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016), teniendo en cuenta la
terminación anticipada del contrato, y los testimonios, de manera uniforme
aducen que, la accionante se encargaba de las labores de mantenimiento y
reparación de los equipos médicos que, se encontraban en las diferentes IPS
de la Policía Nacional.

16. Frente al elemento remuneración, la consideró acreditada por los
valores dispuestos en cada contrato.

17. En cuanto a la subordinación, sostuvo que, en el plenario se probó que,
la señora Meza Mora recibía directamente órdenes del personal uniformado
de la Policía Nacional, por parte del intendente Farith Escobar, quien ejercía
labores de supervisión del contrato, igualmente, requerimientos provenientes
de la mayor Ana Milena Maza Samper, en condición de jefe de la Clínica
Regional de Occidente, quien solicitaba su comparecencia obligatoria en
auditorías del área de calidad y en reuniones para tratar las novedades en las
diferentes áreas hospitalarias, con el fin de emitir recomendaciones y acciones
correctivas que necesariamente debían acatarse.

18. Adicionalmente, consideró que, la prueba testimonial corroboraba el
cumplimiento del horario al que se debía ajustarse la demandante, porque los
declarantes coincidieron en que entraban a las 7:00 de la mañana y salían a

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Número Interno: 0139-2026
Demandante: Evelin Katherine Meza Mora
Demandado: Nación-Ministerio De Defensa Nacional - Policía Nacional

las 5:00 PM, sin distinción alguna, e incluso durante los fines de semana, debía
estar disponible a los llamados de emergencia.

19. Tuvo como indicativo de la subordinación, la facultad que tenía la Policía
Nacional para disponer de la sede donde desarrollaría sus tareas, puesto que,
de acuerdo con la versión de los testigos, el mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de urgencias, hospitalización y salas de cirugía, no
solo se hacía en el sitio conocido como “La Policlínica” en Cali, sino que, debía
desplazarse a municipios como Palmira, Roldanillo o Buenaventura para
desarrollar esas tareas, y la entidad demandada era la que le proveía los
recursos necesarios para garantizar el transporte y su sostenimiento, mientras
se hallara por fuera.

20. Adicionalmente refirió que, los testigos indicaron que, la demandante no
podía ausentarse de sus ocupaciones como contratista, por enfermedad o
permiso, porque implicaba la suspensión de la atención médica, en el área
donde se presentaban fallas o daños en los equipos biomédicos, y por lo tanto,
su presencia era necesaria de manera permanente.

21. Concluyó que, la reclamante logró desvirtuar la autonomía e
independencia en el desarrollo del objeto del contrato, porque probó el
continuo control y supervisión desplegados por la entidad demandada, sobre
su labor desempeñada como ingeniera biomédica, superándose ampliamente
la supervisión necesaria en desarrollo de la actividad contractual y la
temporalidad que caracteriza al contrato de prestación de servicios,
declarando la nulidad del acto administrativo demandando.

22. En cuanto al restablecimiento del derecho, consideró que, la
demandante debe ser remunerada con lo devengado por un empleado de
planta que realizara iguales o similares funciones, disponiendo el pago de la
diferencia generada respecto de los honorarios.

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Número Interno: 0139-2026
Demandante: Evelin Katherine Meza Mora
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23. De otra parte, negó el reconocimiento de las sanciones por mora en la
consignación de las cesantías y por el no pago de los intereses, dado el
carácter constitutivo de la sentencia.

24. Finalmente, no accedió al reintegro de los aportes pagados por la
accionante al Sistema Integral de Seguridad Social, puesto que, la sentencia
de unificación del Nueve (9) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021) precisó
su improcedencia, porque se trata de contribuciones obligatorias de naturaleza
parafiscal.

4. Los recursos de apelación
4.1. Parte demandante5

25. El extremo procesal activo se opuso parcialmente a la decisión de
instancia, indicando que, el A-quo aplicó las normas y la jurisprudencia
relativas a la sanción moratoria y los aportes a seguridad social, pero les dio
un alcance restrictivo, contrario a los principios de primacía de la realidad,
reparación integral y justicia material, consagrados en el artículo 53 de la
Constitución Política.

26. Reprocha que, el error radica en aplicar de manera absoluta y formalista
los precedentes jurisprudenciales, sin ponderarlos con las circunstancias del
caso, donde se evidencia que, la entidad demandada actuó de mala fe al
encubrir una relación laboral por más de tres años, por consiguiente, la
interpretación contraviene la jerarquía normativa y el bloque de
constitucionalidad, que integra los convenios de la OIT que proscriben la
precarización laboral, además de darle prevalencia al carácter "constitutivo" de
la sentencia, sobre la realidad material del vínculo laboral contraviene el
principio fundamental de "primacía de la realidad sobre las formalidades" .

27. Argumentó que, si bien el A - quo prohíbe la devolución de los aportes
por parte del sistema, su aplicación en este caso, para exonerar al empleador
de su responsabilidad, es una interpretación errónea, puesto que, la pretensión
no es un reembolso desde los fondos de seguridad social, sino una reparación

5
Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00076.

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Demandante: Evelin Katherine Meza Mora
Demandado: Nación-Ministerio De Defensa Nacional - Policía Nacional

del daño a cargo de quien lo causó, es decir el empleador, al obligar a la señora
Meza Mora, a cotizar como independiente, imponiéndole una carga económica
que legalmente no le correspondía (el porcentaje del empleador), generándole
un perjuicio patrimonial, directo y cuantificable.

28. Finalmente, solicitó condenar en costas a la demandada, las cuales
responden a un criterio objetivo y no resulta dable condicionar su imposición a
circunstancias distintas a la pérdida del proceso, y es una obligación que tiene
la parte vencida, de pagar los gastos generados con el proceso, tales como,
las agencias en derecho, y el ejercicio del derecho de defensa, en el marco de
la actividad judicial.

4.2. Parte demandada6

29. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, apeló la decisión
de primera instancia, señalando que, la contratación entre entidades públicas
y particulares, en tratándose de servicios públicos como la salud, está
amparada por los preceptos de la contratación estatal, al punto que, la
legislación prevé que, en ausencia de personal para prestar los servicios, estos
se contraten, sin que la Dirección de Sanidad, Seccional Valle, se sustraiga de
su deber y misión, de contribuir a la calidad de vida de los usuarios, a través
de la administración y prestación de servicios de salud, integrales y efectivos.

30. Planteó que, la Seccional de Sanidad del Valle del Cauca, contrató con
la demandante, bajo preceptos de legalidad y resulta contrario a la buena fe
que, por el hecho de cumplir con el objeto contractual y recibir el pago de
honorarios, se enmarquen los elementos constitutivos del Contrato de Trabajo,
cuando, a la signa de los contratos de prestación de servicios, se le dio a
conocer a la demandante, la actividad para la cual se requería contratar, el
lugar donde existía la necesidad y los honorarios que percibiría con ocasión a
su contrato, no existiendo ninguna objeción, y por el contrario, aceptando
suscribir los contratos por prestación de servicios.

6
Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00078.

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Número Interno: 0139-2026
Demandante: Evelin Katherine Meza Mora
Demandado: Nación-Ministerio De Defensa Nacional - Policía Nacional

31. Añadió que, en virtud de lo establecido en el artículo 32 numeral 3 de la
Ley 80 de 1993, los contratos de prestación de servicios, en ningún caso
generan relación laboral, ni derecho a prestaciones sociales, concluyendo que,
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no valoró las pautas dispuestas
en la sentencia de unificación de Nueve (9) de septiembre de Dos Mil Veintiuno
(2021), relativo a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar.

32. Concluyó que, dentro del proceso no se probó que la demandante
recibiera órdenes de un superior, además que, las funciones desempeñadas
fueron pactadas y aceptadas en los contratos celebrados, y, si bien es cierto
que recibió las instrucciones necesarias para desarrollar el objeto contractual,
estas solo fueron una coordinación y no una subordinación.

5. Trámite de segunda instancia

33. Con auto de Ocho (8) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)7, el consejero
sustanciador admitió los recursos de apelación interpuestos por las partes
demandante y demandada, conforme a lo previsto en el artículo 247 del CPACA
y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al
Despacho para fallo.

6. Concepto del Ministerio Público.

34. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.

II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia

35. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda
instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125,
150, 243 y 247 del CPACA.

7
Expediente digital- Samai – Índice 0004.

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36. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 3288 del Código
General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico

37. Corresponde a la Sala establecer:

i) Entre la señora Evelin Katherine Meza Mora y la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, ¿existió una relación
laboral, o aquella obedeció a una relación contractual, en la labor
desempeñada Sanidad del Valle del Cauca, en calidad de ingeniera
biomédica, entre el Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Trece (2013)
y el Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016)?

ii) ¿Debe reconocerse a la demandante, la sanción moratoria por la
falta de consignación de cesantías?

iii) ¿Hay lugar a la devolución de los aportes a seguridad social,
efectuados por la demandante?
iv) ¿Procede la condena en costas, por responder a un criterio
objetivo?

38. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. material
probatorio; 2.5. Caso concreto y 2.6. Condena en costas.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la existencia de una relación
laboral encubierta y/o subyacente

8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»

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39. En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de
prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3),
dispone:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

40. Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual,
se vincula excepcionalmente a una persona natural, con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad,
o, para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de
planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista,
toda vez que, debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los
términos del contrato y de la ley contractual.

41. Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de
las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta» y, «en ningún caso […]
generar relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral

3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó
las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter
laboral, así:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se
requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En
cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente
desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento
de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir
órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien
diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y
disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la
naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la
diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano
legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el
previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la
calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario
sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o

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dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de
impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así
se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia
al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni
pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados
del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la
actividad del mandato respectivo.» -sic-

42. Entonces, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando,
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto
es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a
favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado
en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la
garantía de los derechos mínimos de las personas, preceptuados en normas
respecto de la materia.

43. En otras palabras, la denominada relación laboral encubierta aplica
cuando se constata en juicio, la continua prestación de servicios personales
remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para
ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos
de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que
desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia
de las relaciones laborales9; y, para reforzar su tesis, el demandante puede
valerse de los criterios de la permanencia del empleo para constatar si se está
encubriendo una auténtica relación laboral10.

44. En el mismo sentido, la Subsección B de esta Sección Segunda11
recordó que, (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se
exige del servidor público, el cumplimiento de órdenes en cualquier momento,

9
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 27 de
enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).”
10
Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, M.P. Alejandro Linares Cantillo, Sentencia T-040 de 2016.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-
33-000-2012-00020-01 (316-2014).
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-
000-2012-00020-01 (316-2014).

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Número Interno: 0139-2026
Demandante: Evelin Katherine Meza Mora
Demandado: Nación-Ministerio De Defensa Nacional - Policía Nacional

en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos,
la cual debe mantenerse durante el vínculo y, (ii) le corresponde a la parte
actora demostrar la permanencia, esto es, la prolongación en el tiempo;
sumado a que, la labor sea inherente a la entidad y, en algunos casos, la
equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás
empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia,
para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios, una
verdadera relación laboral.

45. Este criterio ha sido reiterado por esta Subsección en múltiples
oportunidades, consolidando así, una línea jurisprudencial uniforme en torno a
la materia. En consecuencia, será con fundamento en dicho marco normativo
y jurisprudencial que se desarrollará el análisis del presente asunto12.

2.4 Material probatorio

46. En el plenario, reposan los siguientes medios de prueba, relevantes
para la resolución del caso concreto.

-Certificado expedido por la Dirección Sanidad - Seccional Valle, del Veinte
(20) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019)13, respecto de los contratos de
prestación de servicios de la demandante, en el cual, se hace constar:

12
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. CP. Jorge Edison Portocarrero Banguera sentencias
identificadas con los radicados internos 0199-2023, 2164-2023, 3767-2023, 4845-2023, 7292-2023, entre otros.
13
Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00032 - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) - 2019-
0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA – Folio 15.

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-Reclamación administrativa presentada por la demandante, el Siete (07) de
febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), ante la Unidad de Defensa Judicial de
la Policía Nacional - Valle del Cauca14, solicitando la declaratoria de la
existencia de una relación laboral, por el tiempo que prestó sus servicios a la
entidad, sin especificar límites temporarios.

-Respuesta No S-2019/021160 SECSA-ASJUR 1.10, del Veintiuno (21) de
febrero de Dos Mil Diecinueve (2019)15, negando la solicitud.

• Copia del contrato de prestación de servicios No 66-7-20248/201316.

• Copia del contrato de prestación de servicios No 66-7-20536/201317.

• Copia del contrato de prestación de servicios No 66-7-20032/201418.

• Copia del contrato de prestación de servicios No 66-7-20372/201519.

• Copia del contrato de prestación de servicios No 66-7-20179/201620.

• Copia de la modificación 001, terminación mutuo acuerdo contrato No. 66-7-
20179/201621.

• Copia del acta de liquidación bilateral contrato No 66-7-20179/201622.

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Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00032 - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) - 2019-
0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA – Folios 17 a 23.
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Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00032 - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) - 2019-
0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA – Folios 24 a 30.
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Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00032 - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) - 2019-
0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA – Folios 31 a 41.
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Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00032 - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) - 2019-
0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA – Folios 42 a 50.
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0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA – Folios 51 a 59.
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Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00032 - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) - 2019-
0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA – Folios 60 a 67.
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Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00032 - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) - 2019-
0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA – Folios 68 a 73.
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0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA – Folios 74 y 75.
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Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00032 - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) - 2019-
0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA – Folios 76 a 80.

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• Copia del acta de entrega del cargo de ingeniero biomédico del Dieciséis (16)
de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016)23.

• Copia del requerimiento formal del Veinte (20) de septiembre de Dos Mil
Dieciséis (2016), por posible incumplimiento contractual24.

• Copia de la comunicación de terminación contrato No 66-7-20179/201625.

• Copia de la respuesta de la jefe Seccional Sanidad Valle, frente al
requerimiento del Dieciséis (16) de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016)26,
elevado por la demandante, solicitándole manifestar sus inconformidades.

• Copias de mensajes electrónicos dirigidos por el Intendente Farith Escobar
Fernández a la demandante27, en los cuales se le establece el mantenimiento
de equipos, en distintos puntos de atención.

• Copias de mensajes electrónicos dirigidos por la mayor Ana Milena Maza
Samper, a la demandante28, en los que se le establece a la demandante varias
funciones a desarrollar al interior de la Clínica de occidente.

• Comprobantes de seguridad social, correspondientes a la señora Meza
Mora29.

• Copia de la agenda única nacional, relativa a la distribución de actividades
por entre los meses de abril de 2015 y febrero de 201630.

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Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00032 - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) - 2019-
0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA – Folios 81 a 84.
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Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00032 - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) - 2019-
0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA – Folios 85 a 87.
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Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00032 - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) - 2019-
0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA - Folio 92.
26
Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00032 - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) - 2019-
0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA – Folio 94.
27
Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00032 - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) - 2019-
0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA – Folios 96 a 99.
28
Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00032 - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) - 2019-
0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA – Folios 100 a 106.
29
Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00032 - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) - 2019-
0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA – Folios 108 a 146 y 157 a 168.
30
Expediente digital- Samai – Tribunales – Índice 00032 - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) - 2019-
0064 DEMANDA Y ANEXOS EVELYN KATHERINE MEZA – Folios 147 a 156.

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Demandado: Nación-Ministerio De Defensa Nacional - Policía Nacional

• Testimonios rendidos en la audiencia de pruebas de primera instancia, por
parte de los señores Luis Enrique Quiroga Agredo, Laura Liliana Méndez
Barreto y Guillermo Aníbal Villa Puerta31.

Luis Enrique Quiroga Agredo
Audiencia de pruebas – Tres (3) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024).

Manifestó haber laborado en la Seccional de Sanidad Valle de la Policía Nacional entre los
años Dos Mil Nueve (2009) y Dos Mil Dieciséis (2016), periodo durante el cual conoció a la
señora Evelyn Catherine Meza, por compartir el mismo lugar de trabajo, aunque en áreas
distintas.

Señaló que, la demandante, se desempeñaba como ingeniera biomédica y tenía a su cargo
«velar por el correcto funcionamiento de los equipos biomédicos», particularmente aquellos
utilizados en cirugía, hospitalización y demás áreas asistenciales.

Indicó que, tanto el personal de planta como los contratistas, estaban sometidos a horarios
y reglamentos institucionales, afirmando expresamente que: «todos cumplimos con un
horario, independiente sin tener que ver la condición laboral», y que, la demandante, «tenía
que estar disponible» desde las Siete (7:00) de la mañana hasta aproximadamente las Cinco
y Treinta (5:30) de la tarde, conforme a las necesidades del servicio médico.

Asimismo, señaló que, existía supervisión contractual, precisando que «todos tenían un
supervisor de contrato», generalmente uniformados de la institución, quienes exigían el
cumplimiento del horario y demás condiciones laborales.

Sostuvo que, la demandante, desarrollaba sus labores principalmente en la Policlínica de
Granada en la ciudad de Cali, aunque también debía desplazarse a otros centros médicos y
dispensarios de salud ubicados en distintos municipios, según las necesidades
institucionales. En ese sentido, manifestó que, «a donde nos dijeran que tocaba ir a hacer
algún tipo de labor, pues tocaba desplazarse».

De otra parte, afirmó que, la labor desempeñada por la señora Evelyn Catherine Meza, no
podía ser libremente delegada en terceros, debido a la especialidad técnica de sus funciones
y al conocimiento específico requerido para el manejo de los equipos biomédicos, indicando
que, «ella era como la más idónea para esto entonces, así que lo pudieran reemplazar, pues
difícil».

Laura Liliana Méndez Barreto
Audiencia de pruebas – Ocho (8) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024).

Manifestó haber laborado, en la Seccional de Sanidad Valle, de la Policía Nacional, entre los
años Dos Mil Seis (2006) y Dos Mil Diecinueve (2019), desempeñándose como coordinadora
de odontología; indicó que, durante ese periodo, trabajó «muy de la mano» con la señora
Evelyn Catherine Meza, debido a que esta última «nos colaboraba con toda la parte
biomédica, tanto de la Seccional del Valle como las unidades que se encontraban aquí en
Cali».

Señaló que, la señora Evelyn Catherine Meza, constituía el «apoyo 100% de la parte técnica»
de los servicios de salud de la Seccional y que, entre sus labores, se encontraba supervisar
el personal encargado del mantenimiento de los equipos biomédicos, coordinar la
adecuación técnica de las unidades médicas y odontológicas y apoyar los procesos de
adquisición de equipos. Asimismo, indicó que, para el desarrollo de tales funciones, debía

31
Expediente digital- Samai – Tribunales – Índices 00045 y 50.

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Número Interno: 0139-2026
Demandante: Evelin Katherine Meza Mora
Demandado: Nación-Ministerio De Defensa Nacional - Policía Nacional

Laura Liliana Méndez Barreto
Audiencia de pruebas – Ocho (8) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024).

desplazarse a distintas dependencias de la Seccional en el departamento del Valle del
Cauca.

Afirmó que, la demandante, cumplía un horario previamente establecido, precisando que: «la
ingeniera Evelyn siempre incluso llegaba antes que yo. 07:00 de la mañana, ella estaba y
05:00 de la tarde estaba saliendo en los horarios que ya tenía». De igual manera, manifestó
que, tanto el personal de planta como los contratistas, debían obedecer órdenes e
instrucciones impartidas por superiores jerárquicos, indicando expresamente que «siempre
teníamos que acatar lo que nos decía nuestro jefe inicial», circunstancia que, según explicó,
también aplicaba para la señora Evelyn Katherine Meza.

Sostuvo que, la demandante, no podía disponer autónomamente de su tiempo de trabajo,
pues «no lo podía hacer porque nosotros teníamos unos horarios establecidos», razón por
la cual, debía permanecer en la institución durante la jornada asignada y atender los
requerimientos del servicio conforme a las necesidades institucionales. Añadió que, en
ocasiones, las labores excedían el horario inicialmente previsto, indicando que «si era de 7
a 5 y nos tocaba quedarnos, nos quedábamos».

Manifestó que, la labor desarrollada por la señora Evelyn Katherine Meza, era necesaria para
el funcionamiento de los servicios de salud de la Policía Nacional, dado que, ante fallas en
los equipos biomédicos, «si ella no estaba o no podían solucionar, pues sencillamente se
paraba el servicio».

Señaló que, aunque la demandante estuvo vinculada formalmente mediante contrato de
prestación de servicios, existía supervisión por parte de la entidad, precisando que, el
contrato era supervisado por un funcionario de planta identificado como el ingeniero Duván,
quien ejercía control sobre la ejecución de las actividades desarrolladas por la señora Evelyn
Katherine Meza.

Guillermo Aníbal Villa Puerta
Audiencia de pruebas – Ocho (8) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024).

Manifestó haber prestado servicios para la Policía Nacional entre los años Dos Mil Cuatro
(2004) y Dos Mil Dieciocho (2018), mediante contratos de prestación de servicios. Indicó que,
conoció a la señora Evelyn Katherine Meza, en la Clínica Fátima de la Policía Nacional,
donde aquella se desempeñaba como ingeniera biomédica, encargada del mantenimiento y
reparación de los equipos biomédicos utilizados en los distintos consultorios y áreas
asistenciales.

Señaló que, cuando se presentaba una falla en los equipos médicos, «ella debe bajar y
solucionarle a uno los problemas de los equipos», agregando que, era «la encargada del
mantenimiento de los equipos y de todo lo que sea con equipos biomédicos». Asimismo,
precisó que, la labor exigía desplazamientos constantes dentro de la clínica, pues «ella se
tiene que desplazar a cualquier parte de la clínica donde se dañe algún equipo».

Manifestó que, la señora Evelyn Katherine Meza, permanecía de manera continua en las
instalaciones de la Policía Nacional, indicando que «ella siempre estaba allá en la policía» y
que «tiene que estar ahí disponible todo el día», debido a que los daños en los equipos
podían ocurrir en cualquier momento. De igual manera, afirmó que, durante la jornada laboral
que él cumplía —de Siete (7:00) de la mañana a Doce (12:00) del mediodía y de Dos (2:00)
a Cinco (5:00) de la tarde—, observaba regularmente a la demandante prestando sus
servicios en la institución.

Sostuvo que, la labor desempeñada por la demandante, era necesaria para la continuidad
del servicio de salud, al señalar que, si un equipo médico fallaba y ella no estaba disponible,
«hasta ahí llega la consulta ese día». En ese sentido, afirmó que, la demandante, era la única

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Demandante: Evelin Katherine Meza Mora
Demandado: Nación-Ministerio De Defensa Nacional - Policía Nacional

Guillermo Aníbal Villa Puerta
Audiencia de pruebas – Ocho (8) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024).

ingeniera biomédica de la institución, pues, aunque existía personal técnico de apoyo, «no
era ingeniero como tal, que presta ese servicio, no».

Indicó que, la señora Evelyn Katherine Meza, se encontraba sometida a supervisión dentro
de la institución, precisando que «allá todos tienen mínimo como dos jefes inmediatos», entre
ellos uniformados y jefes de área. Añadió que, incluso los días sábados, observó a la
demandante laborando en la Clínica Fátima, coincidiendo con sus propios horarios de
prestación del servicio.

2.4. Caso concreto

47. La Sala se ocupará inicialmente, del estudio del recurso de apelación
presentado por la parte demandada, para ello deberá verificase, la existencia
de los tres elementos que conforman la relación laboral, siendo estos:
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.

48. En el sub lite, los distintos contratos de prestación de servicios suscritos
entre la demandante y la Nación – Policía Nacional – dirección de Sanidad –
seccional Valle, tuvieron por objeto, la «PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO
INGENIERO BIOMÉDICO», en la Clínica Regional Nuestra señora de Fátima,
en la Seccional Sanidad Valle, o, en cualquier otra dependencia autorizada por
la Jefatura de la Seccional de Sanidad Valle del Cauca.

49. En cuanto al primer elemento de la relación laboral, esto
es, la prestación personal del servicio, debe señalarse que, en el sub lite,
los contratos fueron suscritos entre la Nación – Policía Nacional – Dirección
de Sanidad – Seccional Valle, y la señora Evelin Katherine Meza Mora.

50. Asimismo, los testimonios practicados en primera instancia, son
coincidentes en referenciar que, la demandante fungía como ingeniera
biomédica, acompañando la labor en los diferentes puntos de sanidad de la
Policía Nacional en el Valle del Cauca, tanto en el servicio médico como
odontológico.

51. Adicionalmente, las capturas de pantalla de los correos electrónicos
entre la demandante y el supervisor del contrato, como también con la jefe de

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Demandado: Nación-Ministerio De Defensa Nacional - Policía Nacional

la Clínica de Occidente, donde se prestaba el servicio de sanidad para el año
2016, relacionados en el acápite relativo al material probatorio, dan cuenta
que, eran dirigidos directamente a la demandante.

52. Evaluados en conjunto los elementos de prueba referenciados, la Sala
concluye que, se encuentra debidamente acreditada la prestación personal del
servicio.

53. Respecto el elemento remuneración, se encuentra demostrado
que, como contraprestación de la labor desempeñada por la demandante en
cada uno de los contratos, recibió honorarios, los cuales, fueron pagados
mensualmente.

54. En relación con el elemento subordinación, se tiene que, contrario a lo
afirmado por la Policía Nacional, se acreditó que, la labor desempeñada por la
demandante, fue ejercida en unos horarios indicados por la demandada, quien,
además, daba instrucciones y órdenes propias de una relación subordinada,
como pasa a desarrollarse a continuación.

55. Pese a que en los contratos de prestación de servicios, no se evidencia de
manera específica, las actividades que debía cumplir la demandante, para
desarrollar el objeto contractual relativo a la prestación de servicios
biomédicos, y en su cláusula segunda, remite a las definidas en los estudios y
documentos previos, la Sala encuentra que, los testimonios relacionados en el
material probatorio, son coincidentes en señalar que, la demandante apoyaba
la parte técnica, tanto médica como odontológica de la seccional Valle.

56. Así, la testigo Laura Liliana Méndez Barreto, quien manifestó tener la
calidad de coordinadora del área de odontología en la seccional Valle, fue
enfática en señalar lo siguiente:

«Ella supervisaba el personal que estaba contratado para hacer los
mantenimientos de las unidades de los equipos, teníamos que
desplazarnos a las unidades, cuando estuvimos haciendo en la Clínica
de Occidente toda la parte tanto de odontología como de medicina, ella
era la encargada de toda esa parte de coordinar,
que los módulos cumplieran con la parte técnica, la compra de equipos
bueno, de lo que recuerdo.»

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57. Por su parte, el testigo Guillermo Aníbal Villa Puerta, quien fungía como
médico al servicio de la seccional, indicó lo siguiente:

«Evelyn se desempeñaba en la, yo la conocí en la Clínica Fátima de la Policía
Nacional y la conocí directamente porque ya era la ingeniera biomédica,
entonces, por ejemplo si se daña algún equipo en el consultorio de 1, pues ahí
mismo ella debe bajar y solucionarle a uno los problemas de los equipos
además, la encargada del mantenimiento de los equipos y de todo lo que sea
con equipos biomédicos.»

58. En igual sentido, el señor Luis Enrique Junior Quiroga, quien aduce ser el
encargado del área de sistemas, sostuvo:

«Ella, pues en ese momento tenía que velar por el correcto funcionamiento de
los de los equipos biomédicos de las áreas que ella tenía a su cargo.»

59. Adicionalmente, de acuerdo con el Acta 38, de entrega del cargo de
ingeniero biomédico, suscrita con ocasión de la terminación anticipada del
contrato de prestación de servicios, se verifica que, la demandante llevaba el
inventario de los equipos biomédicos, de las 15 áreas de la Clínica Regional
de Occidente, distribuidas en ambulancias, central de materiales, cirugía
consulta externa, gases medicinales, hospitalización, laboratorio, odontología,
partos, radiología tercerizada, rehabilitación, rehabilitación niños,
termohigrometros, UCI, y urgencias.

60. También, tenía a cargo los cronogramas de mantenimiento médico,
incluyendo capacitaciones y cronograma de equipos que se encuentran en
garantía.

61. De otro lado, conforme a los correos electrónicos remitidos por la Jefe de
la Clínica de Occidente, en la cual, se prestaban los servicios de sanidad para
el año 2016, la demandante debía alistar la documentación para la auditoría
de calidad del servicio de urgencias, asistir a capacitaciones de prevención
frente a «hechos futuros que amenacen la seguridad del paciente», dar de baja
elementos hospitalarios, efectuar las solicitudes para adquisición de camas y
otros equipos hospitalarios, ciñéndose a los formatos dispuestos por la
entidad.

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62. A partir de las labores desplegadas por la demandante, es claro para la
Sala que, estas respondían a la necesidad de una debida prestación del
servicio, teniendo los equipos biomédicos en óptimas condiciones, que daban
lugar a tener un cronograma específico de mantenimiento, como también
responder de manera inmediata a los equipos que reportaran avería.

63. Respecto a los horarios dispuestos por la entidad, nuevamente la prueba
testimonial en conjunto, es categórica en señalar que, la demandante cumplía
horario de 07:00 a.m. a 5:00 p.m., el cual, además, se podía extender,
inclusive, a los fines de semana, por necesidad del servicio.

64. Aunado a lo anterior, para la Sala resulta determinante, la copia de la
agenda única nacional, relativa a la distribución de actividades entre los meses
de abril de 2015 y febrero de 2016, en la cual, claramente se verifica que, para
la ejecución de las labores encomendadas, la jornada se cumplía de lunes a
viernes, de 7:00 am a 12:00 m y de 14:00 pm a 16:00 o 18:00 pm, tal como
puede evidenciarse, a modo de ejemplo, en la siguiente captura de pantalla:

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65. En criterio de la sala, aunque no se pierde de vista que, en el clausulado
contractual se estableció que, la prestación de los servicios de la demandante,
no podían ser inferiores a 190 horas mensuales, es claro, a partir del
documento anexo que, la demandante cumplía un horario diario y semanal,
que se corresponde con la jornada laboral ordinaria.

66. De otra parte, los testigos dan cuenta que, la demandante debía estar
presente en la totalidad de la jornada, pues, de dañarse algún equipo, su
presencia debía ser inmediata, aspecto que se refrenda, con los correos
remitidos por el supervisor del contrato, quien le solicita en distintas
oportunidades, ponerse en frente de la asistencia en mantenimiento del equipo
biomédico de los servicios de consulta externa y odontología de la sede
Fátima, y también, frente a los establecimientos del nivel 1 de la Seccional de

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Sanidad Valle, además de los servicios que, de manera permanente debía
prestar en la Clínica de Occidente.

67. Esta situación da cuenta que, la entidad daba las directrices de dónde se
debía prestar el servicio, además, refleja que, la demandante cubría la labor
de mantenimiento del equipo biomédico de toda la seccional de sanidad del
Valle del Cauca.

68. Por su parte, en los correos electrónicos remitidos por la jefe de la Clínica
de Occidente, se refleja que, a la demandante se la citaba a reuniones de para
atender asuntos relacionados con la seguridad del paciente, organizar
documentos para visitas de auditoría y la organización documental para la
adquisición de inventarios. De estos elementos, se verifica que, no solo el
supervisor le daba directrices a la demandante, sino también quien fungía
como jefe de dicho establecimiento.

69. Sobre el particular, la Sala destaca que, una de las manifestaciones de la
subordinación o dependencia, es la imposibilidad del trabajador de disponer
de su tiempo para la prestación del servicio y, es evidente que, en el presente
asunto, la demandante debía estar disponible para las asignaciones que le
hiciera el supervisor del contrato, además de los requerimientos que le
pudieran efectuar en los distintos servicios de medicina y odontología.

70. Aunado a lo anterior, la demandante debía asistir a las capacitaciones y
los cursos que fueran programados, lo cual, deja en evidencia, la intención de
la entidad, para formar al trabajador, lo que permite, a su vez, que el empleador
pueda direccionar la labor en el sentido deseado, tal como se puede verificar
a modo de ejemplo, en la cláusula décima del contrato 66-72003272014, en
cuyo numeral 20, establecía lo siguiente: «20) Participar en los programas
docentes asistenciales que desarrolle la DIRECCION DE SANIDAD - SECCIONAL
VALLE mediante convenios con centros educativos o de formación (Universidades
Institutos. EPS IPS etc.)».

71. Vistas así las cosas, aunque las modalidades de contratación utilizadas
por la Dirección de Sanidad Seccional Valle, pretendieron excluir la
subordinación, la ejecución material de las actividades, revela la concurrencia

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Demandante: Evelin Katherine Meza Mora
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de los elementos estructurales de la relación laboral, y justamente permiten
tener por acreditado este elemento.

72. En efecto, la señora Evelin Katherine Meza Mora debía cumplir horarios
previamente fijados, acatar directrices impartidas por el supervisor y la jefe de
la Clínica Regional de Occidente, utilizar elementos suministrados por la
entidad, apoyar en las respuestas e informes requeridos, además de los
procesos de adquisición de bienes, circunstancias que evidencian un control
efectivo sobre el modo, tiempo y lugar de la prestación del servicio.

73. En consecuencia, tal como lo advirtió el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, la entidad demandada no logró acreditar la existencia de autonomía
material, en la ejecución de las labores desempeñadas por la demandante, y
por lo tanto, contrario a lo afirmado por la entidad, no se encuentra que el A -
quo haya omitido verificar la norma que rige el contrato de prestación de
servicios y tampoco, la sentencia de unificación sobre relaciones laborales
encubiertas emanadas de esta Corporación.

74. Por el contrario, el análisis del sentenciador de primer grado, tuvo en
cuenta dicho precedente y, a partir de las reglas fijadas, concluyó en la
desnaturalización del contrato de prestación de servicios, al confluir los
elementos constitutivos de la prestación personal del servicio, remuneración y
subordinación.

75. Frente a este último elemento, aunque la entidad apelante echa de menos
el análisis sobre la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, lo
cierto es que, a partir de los elementos de prueba estudiados, las disposiciones
de la entidad para el cumplimiento del objeto contractual, relativo a la
prestación del servicio de ingeniería biomédica, superaban la simple
coordinación, pues se insiste, se le asignaban a la señora Meza Mora horarios
concretos, las labores específicas de mantenimiento en las distintas sedes, así
como, actividades de adquisición y baja de elementos hospitalarios, además
del apoyo a procesos propios de la entidad como la auditoría de calidad, razón
suficiente para considerar que, la decisión de primera instancia, se atempera
a las reglas fijadas por esta Corporación en materia de relaciones laborales
encubiertas, por lo que, debe negarse la alzada en este aspecto.

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76. Frente a los argumentos de apelación de la parte demandante, en
relación con la sanción moratoria por falta de consignación de cesantías, la
Sala considera que, no hay lugar a modificar la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, toda vez que, la jurisprudencia de
esta Corporación ha precisado que, tratándose de relaciones laborales
encubiertas, derivadas de contratos de prestación de servicios, la sentencia
judicial que declara el vínculo laboral, tiene carácter constitutivo, en tanto, es
dicha providencia la que desvirtúa la apariencia contractual y reconoce
jurídicamente la existencia de la relación de trabajo.

77. En efecto, aunque la parte demandante sostiene que, la Policía Nacional,
actuó de mala fe, al acudir de manera sucesiva a contratos de prestación de
servicios para satisfacer necesidades permanentes de la entidad y que, por tal
razón, debía imponerse la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, lo cierto es que, hasta antes del pronunciamiento judicial que desvirtuó
la apariencia contractual, la relación existente entre las partes se encontraba
formalmente regida por contratos estatales de prestación de servicios,
suscritos al amparo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

78. Precisamente, la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, reiteró
que, las prestaciones sociales derivadas del contrato realidad, surgen a partir
de la declaratoria judicial correspondiente, pues, hasta ese momento, la
relación estaba formalmente regida por contratos estatales de prestación de
servicios.

79. En consecuencia, la Sala estima que, no puede afirmarse que la entidad
demandada, hubiese incurrido en mora respecto de obligaciones
prestacionales, cuya exigibilidad jurídica dependía, precisamente, de la
sentencia que reconoció la existencia de la relación laboral subyacente.

80. En ese orden de ideas, la Sala no comparte, el planteamiento de la parte
demandante, según el cual, la sanción moratoria opera automáticamente por
cada anualidad no consignada, conforme a lo estipulado en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, pues dicha interpretación, desconoce el alcance constitutivo
de la sentencia y el criterio reiterado por esta Corporación, conforme al cual,
mientras no exista decisión judicial que declare la relación laboral, la

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administración no se encuentra obligada al reconocimiento y consignación de
cesantías en los términos previstos para los empleados públicos o
trabajadores oficiales.

81. Tampoco procede acceder a la devolución de los aportes efectuados por
la demandante al sistema integral de seguridad social, durante la ejecución de
los contratos de prestación de servicios, pues, aunque la apelante sostiene
que, la pretensión no busca la devolución de recursos por parte de las
administradoras del sistema, sino la reparación del daño ocasionado por la
entidad demandada al obligarla a cotizar como independiente, lo cierto es que,
la jurisprudencia de unificación de esta Corporación ha precisado que, los
aportes realizados al sistema de salud y pensiones tienen naturaleza parafiscal
y una destinación constitucional específica, razón por la cual, no pueden ser
restituidos como si constituyeran un crédito patrimonial ordinario

82. Al respecto, la Sala comparte lo expuesto por el A - quo, en el sentido que,
los aportes realizados al sistema de salud y pensiones, tienen naturaleza
parafiscal, y una destinación constitucional específica, motivo por el cual, no
pueden ser restituidos como si se tratara de un crédito patrimonial ordinario.

83. De otra parte, considera la Sala que, debe tenerse en cuenta, que los
recursos aportados, ingresaron válidamente al sistema integral de seguridad
social y cumplieron la finalidad constitucional de financiar las contingencias
propias de salud y pensión, circunstancia que excluye la posibilidad de ordenar
su restitución.

84. Finalmente, en lo atinente a la condena en costas de primera instancia, la
Sala confirmará la decisión de abstenerse de imponerlas; pues, si bien, el
artículo 188 del CPACA, prevé la posibilidad de condenar en costas a la parte
vencida, esta Corporación ha precisado que, dicha determinación no opera de
manera automática, ni exclusivamente objetiva, sino que, exige valorar las
particularidades del litigio, la conducta procesal desplegada por las partes y la
complejidad jurídica del debate sometido a consideración judicial.

85. En el presente caso, la controversia versó sobre la configuración de una
relación laboral encubierta y el alcance de las consecuencias derivadas de su

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declaratoria, materias que han sido objeto de amplio desarrollo jurisprudencial
y frente a las cuales la entidad demandada ejerció legítimamente su derecho
de defensa y contradicción, sin que se evidencie conducta temeraria o abusiva
que justifique la imposición de costas procesales.

86. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia en
cuanto negó el reconocimiento de la sanción moratoria por falta de
consignación de cesantías, la devolución de aportes al sistema integral de
seguridad social y la condena en costas.

2.5 Condena en costas

87. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del
CPACA, por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR integralmente, la sentencia del Treinta (30) de
septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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