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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2019-00461-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2019-00461-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia de 14 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-000-2019-00461-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00461-01 (29083)
Demandante: Cooperativa Territorial del Café - COTECAFÉ
Demandado: DIAN

Tema: Renta 2014. Costos por compras con personas reportadas como
fallecidas. Costos presuntos. Sanción por inexactitud

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de 14 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante1.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

El 22 de abril de 2015, la Cooperativa Territorial del Café – Cotecafé (en adelante,
Cotecafé) presentó la declaración de renta y complementarios del año gravable 2014,
en la que liquidó total costos por $248.189.148.000, renta líquida gravable de
$951.671.000, impuesto a cargo de $0, y saldos a pagar y a favor de $0.

Previo requerimiento especial y su respuesta, el jefe de la División de Gestión de
Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá profirió la
Liquidación Oficial de Revisión 212412018000001 de 19 de enero de 2018, en la que
desconoció costos de venta por $995.590.000. Así, determinó la renta líquida gravable
en $995.590.000, el impuesto en $199.118.000 e impuso sanción por inexactitud de
$119.118.000, para un total a pagar de $398.236.000.

El 22 de marzo de 2018, la sociedad presentó recurso de reconsideración, resuelto
negativamente mediante la Resolución 000034 de 10 de enero de 2019, proferida por
la jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de
Cali.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA), la demandante formuló

1
Expediente digital, índice 2 SAMAI. «TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Las agencias en derecho se
fijan en el equivalente un (1) SMLMV».

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Demandante: Cooperativa Territorial del Café - COTECAFÉ

las siguientes pretensiones:

«Con fundamento en los hechos, solicito se dicte Sentencia condenatoria contra la DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) - seccional Tuluá, representada por (…), y
en favor de la COOPERATIVA TERRITORIAL DEL CAFÉ – COTECAFE (…), que contenga las
siguientes o equivalentes pretensiones y condenas:

2.1 PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No.
212412018000001 de fecha 19 de Enero de 2018 proferida por la División de Gestión de
Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá.

2.2 SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE
RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN QUE CONFIRMA No. 00034 de fecha 10 de
enero de 2019 notificada el día 06 de Febrero de 2019, acto administrativo proferido por la División
de Gestión Jurídica de la DIAN.

2.3 TERCERA: Que se declare en restablecimiento del derecho y por tanto se deje en firme la
DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS del año gravable 2014, formulario No.
1110602427874 presentada el 22 de abril del 2015, adhesivo No. 91000289710125.

2.4 CUARTA: Que en restablecimiento del derecho, en el evento de no prosperar las pretensiones
anteriores, se declare la procedencia de los costos presuntos para los ingresos percibidos en el
año gravable 2014, de conformidad con el Artículo 82 del Estatuto Tributario, para la declaración
No. 1110602427874 presentada el 22 de abril del 2015, adhesivo No. 91000289710125.

2.5 QUINTA: Que se declare en restablecimiento del derecho, el ajuste al cálculo de la sanción
de inexactitud para el periodo fiscal 2014, objeto de esta controversia.

2.6 SEXTA: Que como consecuencia de la anterior determinación, y a título de restablecimiento
del derecho, se condene a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)
• seccional Tuluá, a que reconozca a favor del demandante, las costas procesales y la totalidad
de perjuicios de orden material y moral, que le fueron ocasionados en virtud de las decisiones
adoptadas por la demandada a través de los actos administrativos acusados».

Invoca como vulnerados los artículos 2, 4, 6, 29, 58, 83, 84, 85, 95 numeral 9, 228, 338
y 363 de la Constitución Política (CP); 82, 683, 730, 742, 743, 745, 750 y 771-2 del
Estatuto Tributario (ET); 2, 3, 10 y 34 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA); 1012 del Código
Civil Colombiano (CC); y 3 del Decreto 3050 de 1997; así como la Circular DIAN 000020
de 30 de julio de 2018.

Como concepto de violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Los actos acusados vulneraron el debido proceso y las normas superiores, porque el
funcionario de la DIAN desconoce la dinámica del sector agrícola – cafetero, en tanto
el documento soporte de las operaciones realizadas con personas reportadas como
fallecidas cumplen los requisitos del artículo 3 del Decreto 3050 de 1997, no están
obligados a registrarse en el RUT y la norma tributaria no exige la firma de dichos
documentos. Se le está imponiendo una carga superior a la prevista en el ordenamiento
legal en tanto se pide «una prueba siquiera sumaria, que demostrara la veracidad de los datos
aportados por el agricultor, en el momento de cada compra realizada por Cotecafé, o de verificar la
vigencia de su documento de identificación».

No es posible que se exija un medio de control previo en el momento de compra del
café, como lo es validar la certeza, vigencia, validez o idoneidad de la información
suministrada por parte del vendedor (ante la Registraduría Nacional del Estado Civil)
en el momento de la elaboración del documento soporte de la operación, porque esto
desconoce el ordenamiento jurídico aplicable, el Decreto 019 de 2012 (Ley
Antitrámites) -exigencia de un documento físico como prueba al momento de la venta- y las

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Demandante: Cooperativa Territorial del Café - COTECAFÉ

costumbres mercantiles del sector cafetero. En todo caso, tales transacciones
corresponden solo al 0.40% del total de los costos reportados, lo que prueba la buena
fe y el cumplimiento del procedimiento tributario por parte de la cooperativa.

Sumado a lo anterior, la mayoría de los terceros reportados como fallecidos se
encuentran en sucesión ilíquida -art. 1012 CC-, por lo que la carga que le impone la DIAN,
de aportar los procesos de sucesión, es imposible.

Este asunto se tenía que evaluar y analizar al margen de la rentabilidad, con las
estadísticas del sector, incluso la cotización del precio de café a nivel nacional y la
propia contabilidad de la cooperativa con sus soportes, para así determinar un costo
promedio de todas las transacciones que, según la DIAN, no tienen soporte, todo con
el fin de aplicar el espíritu de justicia.

Lo decidido por la DIAN frente a la aplicación del artículo 82 del ET denota el
desconocimiento de las normas tributarias y contables, porque se llega a la conclusión
que el café comprado es «un gasto», cuando en realidad se trata de un activo movible
dispuesto para la venta.

Existe una clara inducción al error por parte de la DIAN, porque en el acta de
comparecencia de 21 de marzo de 2017 el funcionario de la Administración le informó
a la representante legal de la cooperativa que se adelanta una investigación en el
programa de costos información exógena por transacciones con personas fallecidas,
según el cruce con la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin que se le invitara a
que presentara prueba siquiera sumaria de que esas operaciones sí se realizaron con
otros terceros, que por costumbre del campo se siguen identificando con el dueño de
las fincas productoras, y a su vez proveedores de café, duda que se debía resolver a
su favor, en aplicación del principio in dubio pro reo.

Contestación de la demanda

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente2:

No se configuró la violación a las normas superiores ni al debido proceso, por cuanto
la contribuyente tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto de los cuestionamientos
de la Administración, aportar las pruebas que considerara pertinentes y presentar
recursos contra las actuaciones adelantadas en el marco de la fiscalización.

Durante la investigación se comprobó que la sociedad demandante reportó
operaciones de compra con proveedores que, al ser verificados, se identificaron como
personas fallecidas en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
hechos frente a los cuales la sociedad no presentó prueba que desvirtuara los
hallazgos, por lo que procedía su rechazo en los términos de los artículos 650 y 751
del ET, como se indicó en los actos demandados.

Procede la sanción por inexactitud, porque la contribuyente incluyó en su declaración
de renta costos improcedentes que disminuyeron el saldo a pagar, sin causa legal.

Sentencia apelada

2
Expediente digital, índice 2 SAMAI.

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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00461-01 (29083)
Demandante: Cooperativa Territorial del Café - COTECAFÉ

El tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
vencida, con el siguiente fundamento3:

Si bien los documentos soporte de las operaciones cumplían los requisitos exigidos por
la normativa para su aceptación, ello no impedía a la Administración corroborar la
veracidad de las transacciones. En el ejercicio de dicha facultad, la DIAN estimó que
se registraron costos inexistentes, lo que desvirtuó la presunción de veracidad que
amparaba la declaración privada y trasladó al contribuyente la obligación de probar la
realidad de las operaciones de compra que dieron origen al costo de ventas declarado,
quien no desplegó actividad probatoria tendiente a controvertir los hallazgos.

No es de recibo el argumento de la cooperativa, referido a que no tenía la obligación
de verificar la vigencia de las cédulas, porque la normativa y costumbres del sector
económico en el que opera no lo exigían. En todo caso, el artículo 791 del ET impone
a la Administración Tributaria desconocer los costos, deducciones, descuentos y
pasivos patrimoniales en transacciones efectuadas con personas fallecidas.

No procede el reconocimiento de costos presuntos, por cuanto no se trata de costos
indeterminados, sino inexistentes materialmente, dada la irrealidad en las operaciones.

Procede la sanción por inexactitud del 100%, ante la inclusión de costos que derivaron
en un menor impuesto a cargo.

Se condena en costas a la parte vencida, conforme a la regla fijada en el numeral 1 del
artículo 365 del CGP, y teniendo en cuenta el Acuerdo PSAA16-10554 de 05 de agosto
de 2016, se fijan las agencias en derecho en 1 SMLMV4.

Recurso de apelación

La demandante apeló la sentencia de primera instancia, solicitó que se revoque y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

Se equivoca el tribunal al negar las pretensiones de la demanda con el argumento que
se trata de costos inexistentes, porque desde el requerimiento especial y en los actos
demandados la Administración fundamentó su actuación en operaciones realizadas
con terceros identificados con cédulas de personas fallecidas según la base de datos
de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con ese proceder se desconoce el
derecho al debido proceso.

El tribunal debía ubicarse en la realidad económica del sector cafetero para la época
de los hechos (año 2014), donde la tradición de las familias cafeteras es denominar al
dueño del café y/o de la finca cafetera al patriarca familiar «independientemente de quien
entregue la cosecha, y por tanto una cultura innominada en pro de inmortalizar al prócer caficultor (aquí
es de donde se origina el hecho de que las compras que hoy se discuten figuren en cabeza de personas
fallecidas)». Olvidó las dificultades del campo, incluidas las tecnológicas y la informalidad
que se maneja -quien entrega la cosecha informa como propietario a quien ha sido el titular de la
siembra y/o finca, que por tradición es quien goza de dicho reconocimiento cafetero, por lo que la
titularización de la cosecha se presenta muchas veces en cabeza de personas fallecidas, como en este
caso-; además exige el cumplimiento de un requerimiento que no está previsto en la ley
para la compra del café, como es la validación por parte del comprador de la vigencia

3
Ib.
4
Esta decisión no fue objeto del recurso de apelación.

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de las cédulas de los proveedores, carga imposible de cumplir. En todo caso, se debe
aplicar el artículo 745 del ET -las dudas provenientes de vacíos probatorios se resuelven a favor
del contribuyente-, en armonía con el artículo 84 de la CP.

También se desvió el análisis jurídico, que debió enfocarse en la existencia del costo,
máxime si se cumplió con las cargas sustanciales y formales para su aceptación,
porque las compras fueron realizadas a personas que no estaban obligadas a
registrarse en el RUT y tampoco a facturar, por lo que se elaboró el documento
equivalente con el cumplimiento de los requisitos legales, que soportan la contabilidad,
sin necesidad de acudirse a una validación extralegal en la Registraduría Nacional del
Estado Civil. Insiste en que el funcionario de la DIAN conminó a que se presentara una
corrección voluntaria de la declaración de renta.

Destaca que conforme a la sentencia de la Corte Constitucional C-733 de 2003, por la
que se revisó la constitucionalidad del artículo 771-2 del ET, para la aplicación de
costos y deducciones en el impuesto de renta es preciso tener en cuenta que la
constatación del exacto cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma no
corresponde al consumidor del bien o servicio, y por lo tanto no puede quedar
imposibilitado por tal circunstancia para tenerlos en cuenta al momento de liquidar el
tributo, pues la exigencia de su cumplimiento no puede ser atribuida a quien esté en la
imposibilidad de conocer datos que solo conciernen a quien lo expide.

Asegura que «el no tener certeza de un tercero para la imputación de los costos del café adquirido
(inventarios) pero si la validación de un costo de adquisición aparejado a una venta» permitiría la
aplicación del artículo 82 del ET bajo los principios de justicia y equidad.

No procede la sanción por inexactitud, por cuanto no se discute la inexistencia del
costo, sino la falencia en la identificación del proveedor. En todo caso, la imposición de
la sanción puede obedecer a una diferencia de criterios entre la autoridad tributaria y
sus administrados5.

Pronunciamientos en segunda instancia

La DIAN se opuso a los argumentos de la apelación de la actora y pidió confirmar la
decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

El ministerio público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

El debate jurídico se centra en determinar, conforme a los argumentos de apelación
formulados por parte actora -apelante único-, si: (i) el tribunal vulneró el derecho al debido
proceso al desconocer la procedencia de los costos en discusión por considerarlos
inexistentes, (ii) hay lugar a determinar costos estimados o presuntos y, (iii) no procede
la sanción por inexactitud.

5
Se advierte que la diferencia de criterios no fue alegada con la demanda.

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El tribunal negó las pretensiones de la demanda, porque si bien los documentos soporte
de las operaciones de compra de café cumplían los requisitos exigidos por la normativa
para su aceptación, ello no impedía a la Administración corroborar la veracidad de las
transacciones y, en el ejercicio de dicha facultad, se estableció que se registraron
costos inexistentes, lo que desvirtuó la presunción de veracidad que amparaba la
declaración privada.

La parte actora cuestiona la decisión del a quo, porque en la actuación administrativa
no se rechazaron los costos por ser inexistentes; desconoció la realidad económica del
sector cafetero para la época de los hechos y la informalidad del mismo; exige el
cumplimiento de un requerimiento que no está previsto en la ley para la compra del
café, como es la validación por parte del comprador de la vigencia de las cédulas de
los proveedores, carga imposible de cumplir; no tuvo en cuenta que las dudas
provenientes de vacíos probatorios se resuelven a favor del contribuyente y que se
cumplieron las cargas sustanciales y formales para la aceptación del costo; que se
elaboró el documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos legales,
soportes de la contabilidad; y debió aplicar el artículo 82 del ET.

El artículo 746 del ET prevé que se consideran ciertos los hechos consignados en las
declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a
requerimientos administrativos, siempre y cuando que, sobre tales hechos, no se haya
solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija.

La presunción de veracidad admite prueba en contrario y la autoridad fiscal, para
asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, puede desvirtuarla
mediante el ejercicio de las facultades de fiscalización e investigación previstas en el
artículo 684 del citado ordenamiento6.

Así pues, la carga probatoria de desvirtuar la veracidad de las declaraciones tributarias
y de las respuestas a los requerimientos radica, en principio, en la autoridad tributaria,
y se traslada al contribuyente frente a una comprobación especial o una exigencia
legal7.

El artículo 742 del ET prevé que la determinación de tributos se debe fundar en los
hechos que aparezcan probados en el expediente, y son admisibles los medios de
prueba legalmente aceptados por la legislación fiscal y por la legislación civil en lo que
sea compatible con aquella8; no obstante, el artículo 743 ibidem señala que la
idoneidad9 de los mismos depende de las exigencias legales para demostrar
determinados hechos.

6
ET «Art. 684. Facultades de fiscalización e investigación. La Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e
investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Para tal efecto podrá:
a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.
b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones
tributarias, no declarados.
c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.
d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén
obligados a llevar libros registrados.
e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros,
legalmente obligados a llevar contabilidad.
f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al
contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación (…)».
7
Artículo 746 del ET.
8
Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).
9
Aptitud legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho.

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En ese sentido, el artículo 771-2 ib. dispone que las facturas y documentos
equivalentes constituyen el soporte idóneo de los costos. Al efecto, la Sala ha precisado
que eso no impide que la DIAN ejerza sus amplias facultades de investigación para
verificar la realidad de la operación que estos registran, como ocurrió en este caso.

En la liquidación oficial de revisión, la DIAN expuso que los costos «no fueron rechazados,
como lo asevera el contribuyente, porque los terceros (personas fallecidas) 10, con los que se efectuaron
las operaciones de costos, no estuvieran inscritos en el registro Único Tributario (RUT); lo que se discute
es que de las personas fallecidas, no se encontraron sucesiones ilíquidas registradas en la Dian, (…) y
en tal sentido el representante de la sucesión puede efectuar transacciones mientras esta se liquida, y
así pueden ser procedentes las erogaciones» 11, tampoco se cuestionó que los documentos
equivalentes que soportaron las transacciones no cumplían los requisitos del Decreto
3050 de 1997, o su contabilización, pues la decisión «se fundamentó, exclusivamente, en que
estos se realizaron con personas que reportó la Registraduría como fallecidos, que a la luz de los
Artículos 650 y 791 del E.T., son improcedentes» 12, con lo cual, resulta irrelevante el porcentaje
de los costos rechazados (0.40%) del total solicitado en la declaración de renta de
2014.

A juicio de la Administración, «el contribuyente usó fraudulentamente cédulas para solicitar costos
inexistentes, lo cual resulta de las labores de verificación efectuadas por parte del ente fiscalizador, como
fue el cotejo de la información exógena reportada por el contribuyente, la información entregada en
respuesta al requerimiento ordinario y el informe de la Registraduría»13 (se destaca).

En la resolución que decidió el recurso de reconsideración, la DIAN reitera «que el
desconocimiento de Costo de Venta por valor de $995.589.822, se fundamentó en que estos se
realizaron con personas fallecidas, y de conformidad con los Artículos 650 y 791 del E.T., son
improcedentes» y, agregó que la cooperativa «solo se limitó a aportar documentos equivalentes a
las facturas, sin demostrar realmente que se realizaron las transacciones, ya que se demostró que se
realizaron con personas fallecidas, por lo cual se presume que corresponden a transacciones que no
son reales (…) se demostró que no existieron las compras a los mencionados terceros, que existe una
verdad puramente formal, es decir una simulación con el fin de obtener un beneficio fiscal (…)» (se
destaca).

Lo anterior corrobora que, contrario a lo afirmado por la parte actora en la apelación, el
rechazo de los costos en sede administrativa se asoció a su inexistencia, por lo que no
le asiste razón en su apreciación, en cuanto a que el tribunal erró al referirse a la
inexistencia de estos, o lo que es lo mismo, a su falta de realidad y que, por ende, haya
incurrido en violación al debido proceso.

En todo caso, la cooperativa no desvirtuó el motivo del rechazo de los costos en
discusión, el que, según los actos demandados, se concretó en que las operaciones
efectuadas no puedan ser tenidas en cuenta en los términos de los artículos 650 y 791
del ET, normas conforme con las cuales la Administración Tributaria desconocerá los
costos, deducciones, descuentos y pasivos patrimoniales cuando la identificación de
los beneficiarios no corresponda a cédulas vigentes, error que no podrá ser subsanado
posteriormente, a menos que el contribuyente o responsable pruebe que la operación
se realizó antes del fallecimiento de la persona cuya cédula fue informada, o con su
sucesión.

De ahí que en este caso no se pueda aplicar el artículo 745 del ET -las dudas provenientes
de los vacíos probatorios se resuelven a favor del contribuyente-, pues lo que se observó fue el

10
Un total de 830, que están enlistadas en la liquidación oficial de revisión.
11
P. 21 de la liquidación oficial de revisión.
12
Ib.
13
Ib.

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incumplimiento de la demandante al deber de demostrar la existencia de las compras
que declaró, carga probatoria que en los términos del artículo 167 del CGP le
correspondía asumir, pese a lo cual, no lo hizo, con lo cual, se desvirtúa la alegada
violación de los principios de justicia, equidad y buena fe por parte de la autoridad
administrativa.

Se reitera que14 en procesos de fiscalización no se pretende exigir al contribuyente
obligaciones adicionales a las establecidas por la ley, y menos respecto de sus
proveedores o terceros; por el contrario, el deber de la Administración radica en verificar
la realidad de las operaciones y en caso de no probarse, dan lugar a desconocer
costos.

Ahora bien, en cuanto a los demás argumentos de la apelación, relacionados con que
el tribunal desconoció la realidad económica del sector cafetero para la época de los
hechos y la informalidad del mismo, exige el cumplimiento de un requerimiento que no
está previsto en la ley para la compra del café, como es la validación por parte del
comprador de la vigencia de las cédulas de los proveedores, carga que a su juicio es
imposible de cumplir. Si bien se advierten las cargas sustanciales y formales para la
aceptación del costo, y se elaboró el documento equivalente con el cumplimiento de
los requisitos legales, soportes de la contabilidad, basta con decir que con estos no se
desvirtúa la presunción de legalidad de los actos demandados, pues no desestiman los
fundamentos de hecho y de derecho de los mismos, que como se indicó con
anterioridad, están relacionados con los efectos, frente al reconocimiento de costos,
cuando la identificación de los beneficiarios no corresponda a cédulas vigentes.

Además, en el marco de la investigación administrativa e incluso en sede judicial, la
cooperativa bien pudo subsanar ese error en los términos indicados en los artículos
650 y 791 del ET -probar que la operación se realizó antes del fallecimiento de la persona cuya cédula
fue informada, o con su sucesión-, pese a lo cual no lo hizo, por lo que es procedente el
rechazo de los costos por compra de café a proveedores identificados con cédulas de
personas fallecidas.

En cuanto a la aplicación del artículo 82 del ET, en la resolución que decidió el recurso
de reconsideración, la DIAN expuso que no es posible «por cuanto de conformidad con la
citada norma solo habrá lugar a ello cuando se trate de enajenación de activos, evento que no se
presenta en el caso bajo análisis, ya que los ingresos no provienen de la enajenación de activos. (…) lo
que impide extender analógicamente su contenido al caso de las erogaciones incurridas por el
contribuyente como costos o gastos» y el tribunal consideró que no procede el reconocimiento
de costos presuntos, por cuanto no se trata de costos indeterminados, sino inexistentes
materialmente, dada la irrealidad en las operaciones, frente a lo cual, no se evidencia
el desarrollo de carga argumentativa que conduzca a desestimar dicho planteamiento,
pues la sola afirmación de que «el no tener certeza de un tercero para la imputación de los costos
del café adquirido (inventarios) pero si la validación de un costo de adquisición aparejado a una venta»,
no es suficiente para desestimar los fundamentos del acto definitivo en relación con
este punto en particular, en el que además se puso de presente que el porcentaje de
los costos rechazados es el 0.40% del total solicitado en la declaración de renta de
2014.

Así, está probado que la contribuyente no demostró la procedencia de los costos que
originaron un menor impuesto a cargo, lo que corresponde a un hecho sancionable por

14
Entre otras, sentencia de 15 de octubre de 2020, exp. 23974, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.

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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00461-01 (29083)
Demandante: Cooperativa Territorial del Café - COTECAFÉ

inexactitud de conformidad con el artículo 647 del ET, razón por la que no procede
levantar la sanción impuesta en el acto de determinación oficial del tributo.

En consideración al objeto del recurso de apelación en los términos del artículo 320 del
CGP, la Sala no se referirá a la diferencia de criterios alegada en el recurso de alzada,
por tratarse de un argumento novedoso, no planteado en la demanda, frente al cual la
parte demandada no tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y
contradicción y el tribunal de emitir pronunciamiento.

Conclusión

Por lo analizado, se establece que es carga de la parte actora desvirtuar la presunción
de legalidad del acto administrativo sometido a control de legalidad ante el juez de lo
Contencioso Administrativo, y para tal fin, la carga argumentativa y el despliegue
probatorio debe estar dirigido a controvertir sus fundamentos de hecho y de derecho.

Como en este caso, la cooperativa no desvirtuó el motivo del rechazo de los costos en
discusión, el que, según los actos demandados se concretó en que las operaciones
realizadas -compra de café- no pueden ser tenidas en cuenta por lo dispuesto en los
artículos 650 y 791 del ET, y tampoco desestimó la procedencia de la sanción por
inexactitud, se confirmará la sentencia apelada, incluida la condena en costas impuesta
en primera instancia, por no haber sido objeto de apelación.

Costas

De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, y teniendo en cuenta el
criterio de la Sala, no se condenará en costas -gastos del proceso y agencias en derecho- en
esta instancia, toda vez que no está probada su causación. Se mantiene la condena
en costas impuesta por el tribunal, porque no fue objeto del recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia de 14 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva Voto

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Demandante: Cooperativa Territorial del Café - COTECAFÉ

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Conjuez

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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