República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-00510-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00510-01 (2588-2025)
Demandante: Libia Velásquez García
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema: requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la sentencia proferida
el 25 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La accionante solicitó que se declare la nulidad de los actos administrativos expedidos
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), a través de los cuales se le
negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, al considerar que al 29 de
diciembre de 1989 no cumplió con la totalidad de los requisitos para acceder a la
mencionada prestación. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, toda vez que la demandante
sí probó la condición de maestra oficial antes de la fecha señalada y, con
posterioridad, los 20 años de servicio docente de carácter territorial o nacionalizado
para efectos del reconocimiento y pago de la pensión gracia.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Libia Velásquez García, por conducto de apoderado, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00510-01 (2588-2025)
Demandante: Libia Velásquez García
Demandada: UGPP
en contra de la UGPP, de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos de
derecho que a continuación se sintetizan1.
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó la nulidad de la Resolución RDP 005328 del 19 de febrero de 2019 de
la UGPP, que le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación gracia, y
de la Resolución RDP 012392 del 11 de abril de 2019 de la misma entidad, que
confirmó en todas y cada una de sus partes el acto recurrido.
3. Pretendió, a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la UGPP a) el
reconocimiento y pago de la pensión gracia en un monto periódico equivalente al 75
% del promedio mensual de los factores salariales devengados durante el año anterior
al 26 de agosto de 2008, fecha en la que consideró que adquirió el estatus para gozar
de la señalada prestación, b) el ajuste de los valores reconocidos conforme al índice
de precios al consumidor y c) el pago de las costas procesales y agencias en derecho.
2.1.2. Hechos
4. La accionante indicó que nació el 26 de agosto de 1958, por lo que el 26 de
agosto de 2008 cumplió 50 años. Asimismo, señaló que laboró más de 20 años al
servicio de la educación pública.
5. Manifestó que conforme al Decreto 034 del 31 de marzo de 1980 expedido por
el alcalde municipal de Cartago, prestó sus servicios del 31 de marzo de 1980 al 20
de diciembre de 1990, con vinculación municipal.
6. Reveló que de acuerdo con el Decreto 1477 del 21 de diciembre de 1990 de la
gobernación del Valle del Cauca, prestó sus servicios del 8 de enero de 1991 al 31 de
julio de 2015, con vinculación departamental.
7. Respecto de las vinculaciones anteriores, afirmó que con posterioridad a ellas
se efectuaron varios traslados. También refirió que fue incorporada a la planta de
personal del municipio de Cartago en el 2003 por el departamento del Valle del Cauca.
8. Aseveró que el 26 de agosto de 2008 cumplió con el tiempo de servicio para
acceder a la pensión gracia, motivo por el cual solicitó, a través de escrito del 30 de
octubre de 2018, el reconocimiento y pago de dicha prestación a la UGPP. Sin
embargo, la accionada, mediante la Resolución RDP 005328 del 19 de febrero de
2019, negó la petición.
9. Señaló que el 2 de marzo de 2019 interpuso el recurso de apelación contra el
acto administrativo citado en precedencia y que la demandada, por medio de la
1 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio 9
al 32.
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Demandada: UGPP
Resolución RDP 012392 del 11 de abril de 2019, confirmó en todas y cada una de sus
partes el acto recurrido.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
10. Identificó como normas desconocidas las siguientes:
• Constitución Política de 1991.
• Ley 114 de 1913.
• Ley 4 de 1966.
• Decreto Reglamentario 1743 de 1996.
11. Transcribió apartes de la normativa y de la jurisprudencia de esta corporación
relacionada con el reconocimiento de la pensión gracia, la validez de los tiempos
laborados en virtud de un contrato de prestación de servicios y la inclusión de los
factores salariales para la liquidación de la señalada prestación. Concluyó que la
UGPP se apartó del ordenamiento jurídico al inobservar los elementos integrantes de
la responsabilidad patrimonial del Estado en el reconocimiento y liquidación de la
pensión de jubilación gracia.
2.2. Contestación de la demanda
12. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda
y propuso las siguientes excepciones de mérito2:
13. En primer lugar, inexistencia de la obligación, al considerar que no existe la
obligación de reconocer la pensión gracia en razón a que el tiempo de servicio es de
carácter nacionalizado. En segundo lugar, prescripción, al referir que, si bien no se
reconoce derecho alguno, esta es procedente respecto de cualquier derecho no
reclamado dentro de los 3 años posteriores a su exigibilidad.
14. Tercero, buena fe. Indicó que se negó el reconocimiento de la prestación
solicitada debido a que no se acredita el cumplimiento de los requisitos para ello, y no
por el actuar caprichoso de esta entidad. Cuarto, cobro de lo no debido, al inferir que
no se acredita el tiempo de servicios necesario para reconocer la prestación
reclamada.
15. Finalmente, imposibilidad para cumplir lo pretendido, al indicar que las
obligaciones jurídicas tienen un fundamento en la realidad. Lo imposible jurídicamente
no existe, por tanto, lo que no existe no es objeto de ninguna obligación. En este
sentido, la obligación a lo imposible no existe por ausencia de objeto jurídico.
2.3. Sentencia de primera instancia
16. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 25 de julio
2 Samai Tribunal, índice 00017, expediente digital, 8_ALLEGAMEMORIAL_OEBS201951(.PDF) NroActua 17.
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de 2025, mediante la cual: a) declaró la nulidad de las resoluciones RDP 005328 del
19 de febrero de 2019 y RDP 012392 del 11 de abril de 2019; b) a título de
restablecimiento del derecho, ordenó a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia
a la accionante, equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados durante el año anterior a la consolidación de su estatus, con efectos
fiscales a partir del 6 de noviembre de 2015; c) declaró prescritas las mesadas
anteriores y; d) negó la condena en costas. La providencia se fundó en las siguientes
consideraciones3:
17. Luego de realizar un recuento normativo y jurisprudencial sobre la pensión
gracia, analizó si la demandante cumplía con los requisitos de la Ley 114 de 1913,
esto es: a) acreditar más de 50 años; b) haber desempeñado el cargo con honradez,
consagración y buena conducta y; c) haber servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años con vinculación territorial o nacionalizada, que haya iniciado con
antelación al 31 de diciembre de 1980.
18. Frente al primer requisito, indicó que con la copia de la cédula de ciudadanía
se tiene por acreditado que la señora Libia Velásquez García nació el 26 de agosto
de 1958, por lo que cumplió los 50 años el 26 de agosto de 2008.
19. Respecto del segundo requisito, señaló que no existe prueba en la que se
demuestre que la demandante incurrió en mala conducta. Asimismo, resaltó que este
punto no fue objeto de discusión para la negativa de la pensión gracia, por lo tanto, se
presume que la accionante desempeñó su cargo con probidad, rectitud y honradez.
20. En cuanto al tercer requisito, estimó que la peticionaria laboró al servicio
docente de la siguiente forma:
21. Conforme se evidencia en el Decreto 034 del 31 de marzo de 1980 y el acta de
posesión de la misma fecha, fue nombrada docente en el plantel educativo Emperatriz
Bueno del municipio de Cartago. Precisó que al intervenir únicamente el alcalde en el
acto de nombramiento, la vinculación fue del orden territorial y, en todo caso, anterior
al 31 de diciembre de 1980.
22. Frente a la anterior vinculación precisó el Tribunal, que aunque el certificado de
tiempo de servicio señalaba el periodo del 31 de marzo de 1980 al 4 de julio de 1983,
para un total de 1175 días, la fecha correcta de inicio a tener en cuenta es el 14 de
abril de 1980, de conformidad con el acta de posesión 072 de 1980.
23. Mediante la Resolución 003 del 5 de julio de 1983 y el acta de posesión de la
misma fecha, fue trasladada al plantel educativo Antonio Nariño del municipio de
Cartago, donde prestó sus servicios del 5 de julio de 1983 al 20 de diciembre de 1990,
para un total de 2675 días. Así las cosas, estimó que esta situación administrativa no
altera el tipo de vinculación inicial.
3 Samai Tribunal, índice 00045, expediente digital, 38Sentencia_15620190051000SENT1R(.pdf) NroActua 45.
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24. Conforme al Decreto 1477 del 21 de diciembre de 1990 y el acta de posesión
del 8 de enero de 1991, fue nombrada docente en el plantel educativo Gilberto Alzate
del municipio de Argelia, donde prestó sus servicios del 8 de enero de 1991 al 15 de
enero de 1992, para un total de 384 días. Al respecto, indicó que al intervenir, además
del gobernador, el delegado del Ministerio de Educación Nacional en el acto de
nombramiento, la vinculación fue del orden nacional.
25. Según el Decreto 1559 del 6 de diciembre de 1991 y el acta de posesión del 16
de enero de 1992, fue trasladada al plantel educativo Juana Caicedo del municipio de
Cali, donde prestó sus servicios del 16 de enero de 1992 al 18 de mayo de 1997, para
un total de 1953 días. En esa línea, señaló que esta situación administrativa no altera
el tipo de vinculación inicial.
26. De acuerdo con la Resolución 0339 del 23 de mayo de 1997 y el acta de
posesión del 19 de mayo de 1997, fue trasladada al plantel educativo Gabo del
municipio de Cartago, donde prestó sus servicios del 23 de mayo de 1997 al 22 de
enero de 1998, para un total de 214 días. Al respecto, refirió que esta situación
administrativa no altera el tipo de vinculación inicial.
27. En virtud del Decreto 3915 del 23 de enero de 1998 y el acta de posesión de la
misma fecha, fue incorporada al plantel educativo Gabo del municipio de Cartago,
donde prestó sus servicios desde el 23 de enero de 1998 al 18 de enero de 1999, para
un total de 359 días. Afirmó que al intervenir únicamente el gobernador en el acto de
nombramiento la vinculación fue del orden territorial.
28. Mediante el Decreto 0100 del 19 de enero de 1999 y el acta de posesión del 22
de enero de 1999, fue trasladada al plantel educativo Manuel Quintero Penilla del
municipio Cartago, donde prestó sus servicios del 22 de enero de 1999 al 20 de julio
de 2014, para un total de 5952 días. Estimó que esta situación administrativa no altera
el tipo de vinculación inicial.
29. En consecuencia, concluyó que la accionante acumuló los siguientes tiempos
de servicio:
• La vinculación comprendida del 14 de abril de 1980 al 20 de diciembre de 1990
fue de carácter territorial, para un total de 10 años, 8 meses y 6 días.
• La vinculación comprendida del 8 de enero de 1991 al 22 de enero de 1998 fue
de carácter nacional, por lo que no puede tenerse para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia.
• Finalmente, la vinculación comprendida del 23 de enero de 1998 al 31 de julio
de 2014 fue de carácter territorial, para un total de 16 años, 6 meses y 8 días.
30. En ese sentido, afirmó que al 31 de julio de 2014 la peticionaria acumuló un
tiempo total de 27 años, 2 meses y 14 días como docente territorial. Sin embargo, al
17 de mayo de 2007, fecha en la que cumplió los 20 años de servicio, no contaba con
los 50 de edad, lo cual ocurrió hasta el 26 de agosto de 2008, instante en el que
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adquirió el estatus para el reconocimiento de la pensión gracia.
31. En relación con la prescripción, precisó que el derecho a la pensión gracia se
hizo exigible en el año 2008, no obstante, fue hasta el 6 de noviembre de 2018 que la
peticionaria solicitó el reconocimiento de esta a la UGPP, después de los 3 años para
la interrupción de la prescripción, y que en el 2019 radicó la demanda, sin superar
nuevamente los 3 años de prescripción. En consecuencia, concluyó que le asiste el
derecho pensional desde el momento de la solicitud (6 de noviembre de 2018) 3 años
hacia atrás.
32. Por último, expresó que en aplicación del artículo 188 del CPACA, modificado
por la Ley 2080 de 2021, si bien se accedió a las pretensiones, lo cierto es que no se
verificó por la parte demandante la causación de las costas, y por la parte demandada
una manifiesta carencia de fundamento legal. En ese sentido, determinó que no había
lugar a imponer condena en costas.
2.4. Recurso de apelación
33. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes
descrita, con el fin de que se revoque4. Fundamentó su inconformidad en la valoración
que se hizo de la naturaleza de la vinculación docente de la demandante, que
considera es nacional por las siguientes razones:
34. El certificado de tiempos de servicios del 29 de agosto de 2008 de la Alcaldía
de Cartago, donde se evidencia que la peticionaria fue nombrada docente con
vinculación de carácter nacional desde el 8 de enero de 1991 al 29 de agosto de 2008,
según se desprende de los decretos 1477 del 21 de diciembre de 1990, 1559 del 6 de
noviembre de 1991, 0339 del 23 de mayo de 1997 y 100 del 19 de enero de 1999,
para un total de 17 años, 7 meses y 22 días.
35. El certificado de información laboral del 25 de septiembre de 2015 de la
Secretaría de Educación de Cartago, donde se avizora que la demandante fue
nombrada docente con vinculación del orden nacional desde el 31 de marzo de 1980
al 18 de enero de 1999 y del 22 de enero de 1999 al 31 de julio de 2015, como puede
apreciarse en las resoluciones 034 del 31 de marzo de 1980 y 003 del 5 de marzo de
1983, y los decretos 1477 del 21 de diciembre de 1990 y 1559 del 16 de enero de
1992, entre otros.
36. El certificado de factores salariales del 24 de septiembre de 2008 de la
Secretaría de Educación de Cartago, donde se observa, a partir de lo devengado por
la accionante en los años 2007 y 2008, una vinculación de carácter nacional.
37. En consecuencia, considera el recurrente que no es posible reconocer la
pensión de jubilación gracia con base a los elementos probatorios, legales,
4 Samai Tribunal, índice 00050, expediente digital, 45_MemorialWeb_Recurso-201900510_LIBIAVELA(.pdf)
NroActua 50.
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constitucionales y jurisprudenciales que rigen dicha prestación, en razón a que la
peticionaria debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, a
saber: (a) 20 años de servicio como docente departamental, distrital, municipal o
nacionalizada y; (b) estar vinculada antes del 31 de diciembre de 1980, condiciones
que no reúne en el caso de autos.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
38. Por medio de auto del 7 de octubre de 20255 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la demandada. Además, se ordenó notificar personalmente al
procurador delegado ante esta corporación de acuerdo con el artículo 198 del CPACA,
y a las partes de conformidad con el artículo 205 ibidem, modificado por el artículo 52
de la Ley 2080 de 2021.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
39. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011.
3.2. Problema jurídico
40. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto contra el fallo de primera instancia, mediante el cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, y debido a la competencia del juez
de segunda instancia, según el artículo 3286 del Código General del Proceso,
corresponde a la Sala definir si:
41. ¿La demandante acreditó un tiempo de servicio docente de 20 años con
vinculación territorial o nacionalizada que permita el reconocimiento de la pensión
gracia?
42. Antes de resolver el interrogante planteado se realizarán algunas
consideraciones en torno a la pensión gracia. Seguidamente se destacarán los hechos
que se encuentran probados en el presente trámite.
5 Samai, índice 00005, expediente digital, 4Autoqueadmite_25882025(.pdf) NroActua 5.
6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
43. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 19137,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñaran el empleo con
honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
44. La Ley 116 de 19288 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
45. Posteriormente, la Ley 37 de 19339 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
46. Por su parte, la Ley 91 de 198910, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
47. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1 categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son a) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y b) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
7 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
8 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
9 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
10 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43
de 1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1011 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a
su propio presupuesto.
48. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199712,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.
49. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201813,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad y; haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.
11 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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50. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos
fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley
24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados14, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último,
certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal15; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
14 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
15 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
10
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Demandante: Libia Velásquez García
Demandada: UGPP
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar.
51. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hubiesen trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, y que cumplan con 20 años de servicio en
establecimientos educativos de orden departamental, distrital o municipal, con
vinculación territorial o nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del
orden nacional.
3.4. Hechos probados
52. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, esta Sala tiene
por acreditados los siguientes:
• Edad
53. De acuerdo con el registro civil de nacimiento16 y la cédula de ciudadanía17, la
señora Libia Velásquez García nació el 26 de agosto de 1958.
• Desempeño del cargo
54. En virtud de la Declaración 220 del 15 de agosto de 2018 18, la demandante
declaró, bajo la gravedad de juramento, ser una persona que ha cumplido con los
valores de honradez, idoneidad, consagración y buena conducta a lo largo de su vida
y hasta el momento no ha tenido inconvenientes disciplinarios ni de inhabilidad.
• Tiempo de servicio
55. De conformidad con el Decreto 034 del 31 de marzo de 198019 y el acta de
posesión del 14 de abril de 198020, el alcalde de Cartago, en uso de sus atribuciones
legales, nombró a la peticionaria como maestra municipal, quien prestó sus servicios
desde el 14 de abril de 1980 hasta el 20 de diciembre de 1990, conforme al formato
único para la expedición de certificado de historia laboral del 12 de septiembre de
2018 de la Secretaría de Educación de Cartago21.
16 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
71.
17 Samai, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
69.
18 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
73.
19 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
89 al 92.
20 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
93 al 94.
21 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
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Demandada: UGPP
56. Durante dicha vinculación, se observa que mediante la Resolución 003 del 5 de
julio de 1983, la peticionaria fue trasladada a la institución educativa Antonio Nariño
del municipio de Cartago.
57. De lo anterior se advierte que, del 14 de abril de 1980 al 20 de diciembre de
1990, el tiempo total laborado en el municipio de Cartago, departamento del Valle del
Cauca, fue de 10 años, 8 meses y 7 días.
58. De acuerdo con el Decreto 1477 del 21 de diciembre de 1990 22 y el acta de
posesión del 8 de enero de 199123, el gobernador del departamento del Valle del
Cauca, en uso de sus atribuciones legales, nombró a la accionante como profesora
de tiempo completo, quien prestó sus servicios desde el 8 de enero de 1991 hasta el
31 de julio de 2015, conforme al referido certificado de historia laboral.
59. Durante dicha vinculación, se observa que mediante el Decreto 1559 del 6 de
diciembre de 199124, la Resolución 0339 del 23 de mayo de 199725, el Decreto 3915
del 12 de diciembre de 199726, el Decreto 0100 del 19 de enero de 199927 y el Decreto
113 del 17 de diciembre de 200328, la demandante fue trasladada e incorporada en
distintos planteles educativos.
60. De los anteriores actos se destaca el Decreto 113 del 17 de diciembre de 2003
del alcalde de Cartago, mediante el cual se incorporó a la peticionaria como docente
de dicha entidad territorial.
61. Asimismo, se observa que a través de la Resolución 01145 del 21 de julio de
2014 de la Secretaría de Educación de Cartago se aceptó la renuncia de la
29
demandante a partir del 31 de julio de 2015.
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
75 al 78.
22 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
97 al 102.
23 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
103 al 104.
24 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
107 al 110.
25 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
113 al 114.
26 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
129 al 120.
27 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
124 a 126.
28 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
129 al 132.
29 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
133.
12
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Demandante: Libia Velásquez García
Demandada: UGPP
62. Por lo tanto, se evidencia que del 8 de enero de 1991 al 31 de julio de 2015, el
tiempo total laborado en los municipios de Argelia, Cali y Cartago (relacionados en el
certificado de historia laboral), departamento del Valle del Cauca, fue de 24 años, 6
meses y 24 días.
63. De igual manera, se aprecia que el certificado de historia laboral establece que
el tipo de vinculación de la peticionaria, durante los periodos comprendidos del 31 de
marzo de 1980 (fecha del primer nombramiento, aunque el servicio comenzó a
prestarse el 14 de abril de 1980) al 20 de diciembre de 1990; y del 8 de enero de 1991
al 31 de julio de 2015, fue de carácter municipal. Por su parte, el certificado de
salarios30 señala que el tipo de vinculación de la demandante durante los años 2003 y
2014 fue de carácter nacionalizado.
64. En resumen, a partir de los decretos de nombramiento, las actas de posesión,
los formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral y de salarios,
y el Decreto 113 del 17 de diciembre de 2003 del alcalde de Cartago (mediante el cual
se efectuó una incorporación), se acredita que la demandante prestó el servicio
docente durante los siguientes periodos:
Institución Acto Periodo Tiempo
educativa administrativo Fecha de Fecha de laborado
inicio finalización
Emperatriz Decreto 034 del 31 14/04/1980
Bueno de marzo de 1980
(municipio de Acta de posesión
Cartago) - del 14 de abril de
Nombramiento 1980
Antonio Nariño Resolución 003 05/07/1983 20/12/1990 10 años, 8
(municipio de del 5 de julio de meses y 7 días
Cartago) - 1983
Traslado
Gilberto Alzate Decreto 1477 del 08/01/1991
(municipio de 21 de diciembre
Argelia) - de 1990
Nombramiento Acta de posesión
del 8 de enero
de 1991
Juana Caicedo Decreto 1559 del 6 16/01/1992
(municipio de de diciembre de
Cali) – Traslado 1991
Gabo Resolución 0339 23/05/1997
(municipio de del 23 de mayo de
Cartago) – 1997
Traslado
30 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
79 al 88.
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Demandante: Libia Velásquez García
Demandada: UGPP
Gabo Decreto 3915 del 23/01/1998
(municipio de 12 de diciembre
Cartago) – de 1997
Incorporación
Manuel Decreto 0100 del 22/01/1999
Quintero Penilla 19 de enero de
(municipio de 1999
Cartago) –
Traslado
Incorporación Decreto 113 del 17 17/12/2003
de diciembre de
2003
Manuel Resolución 01145 31/07/2015 24 años, 6
Quintero Penilla del 21 de julio de meses y 24 días
(municipio de 2014
Cartago) – (aceptación de la
Renuncia renuncia)
Total 35 años, 3
tiempo de meses y 1 día
servicio
Tabla 1. Tiempos de servicios (elaboración propia)
• Actos demandados
65. La UGPP, mediante la Resolución RDP 005328 del 19 de febrero de 201931,
negó a la demandante el reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada el 6
de noviembre de 201832, al considerar que al 29 de diciembre de 1989, fecha de
expedición de la Ley 91 de 1989, solo acreditaba 9 años y 9 meses de servicios, y,
para esa misma fecha, contaba con 31 años de edad. En consecuencia, concluyó que
no había lugar al reconocimiento y pago de la prestación solicitada, por no haber
cumplido los requisitos para acceder a la mencionada pensión antes del 29 de
diciembre de 1989.
66. La accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. No
obstante, la UGPP, mediante la Resolución RDP 01239233 del 11 de abril de 2019,
confirmó totalmente el acto recurrido.
31 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
139 al 143.
32 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
139. Conforme a lo señalado por la UGPP en la Resolución RDP 005328 del 19 de febrero de 2019.
33 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
153 al 161.
14
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3.5. Caso concreto
3.5.1. De la verificación de requisitos para la obtención de la pensión gracia
67. En cuanto al problema jurídico planteado, deberá establecerse si la señora Libia
Velásquez García cumplió con la totalidad de los requisitos para obtener la pensión
gracia, esto es, a) acreditar más de 50 años; b) haber servido en el magisterio por un
término no menor de 20 años, a partir de una vinculación territorial o nacionalizada
anterior al 31 de diciembre de 1980 y; c) haber desempeñado el cargo con honradez,
consagración y buena conducta.
68. Frente al primer requisito, sin que sea objeto de discusión, se tiene, de acuerdo
con el registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía, que la demandante
cumplió 50 años el 26 de agosto de 2008.
69. En lo concerniente al tercer requisito, se tiene, sin que sea un aspecto de la
controversia, que de conformidad con la Declaración 220 del 15 de agosto de 2018, la
demandante no registra sanciones ni inhabilidades vigentes, de manera tal que no se
advierten elementos de juicio para desvirtuar la presunción de buena fe que ampara
las actuaciones de los particulares y las autoridades públicas, que también cobija a los
servidores del Estado.
70. Respecto del segundo requisito, objeto de discusión, la Sala analizará las
vinculaciones comprendidas (a) del 14 de abril de 1980 al 20 de diciembre de 1990 y
(b) del 8 de enero de 1991 al 31 de julio de 2015.
3.5.1.1. Vinculación docente del 14 de abril de 1980 al 20 de diciembre de 1990
71. Se evidencia que la inconformidad de la parte demandada frente a lo decidido
por el Tribunal radica en que considera que la demandante fue nombrada docente con
vinculación del orden nacional desde el 31 de marzo de 1980 al 18 de enero de 1999,
según el certificado de información laboral del 25 de septiembre de 2015 de la
Secretaría de Educación de Cartago.
72. Aunque la UGPP hizo alusión a una certificación de la anterior fecha, de la
revisión de los documentos que conforman el expediente no se evidencia la misma; la
que existe sobre el particular fue proferida el 12 de septiembre de 2018 por el Fomag
• Secretaría de Educación de Cartago, que respecto de las vinculaciones aludidas
indicó que fueron del orden municipal, entre las que se encuentra la que tuvo lugar
con ocasión del Decreto 034 del 31 de marzo de 1980 del alcalde de Cartago, que
inició (según el acta de posesión) el 14 de abril de 1980 y finalizó el 20 de diciembre
de 199034.
73. Además, se recuerda que para la prueba de la calidad del docente territorial,
34 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
75 al 78.
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conforme se indicó en el fallo de unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, en
principio «se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en
los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea
de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también
se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial».
74. Exigencia que se cumple en esta oportunidad, toda vez que se aportó el
Decreto 034 del 31 de marzo de 198035 y el acta de posesión del 14 de abril de 198036,
suscritos por el alcalde de Cartago, en uso de sus atribuciones legales, lo que permite
concluir la naturaleza territorial de la vinculación, en especial, cuando no se evidencian
elementos adicionales que permitan concluir lo contrario.
75. En ese orden de ideas, las pruebas aportadas permiten concluir que el periodo
laborado por la señora Libia Velásquez García en el municipio de Cartago,
departamento del Valle del Cauca, del 14 de abril de 1980 al 20 de diciembre de 1990,
fue del orden territorial. Para un total de 10 años, 8 meses y 7 días.
3.5.1.2. Vinculación docente del 8 de enero de 1991 al 31 de julio de 2015
76. Respecto a este periodo, se evidencia que la inconformidad de la parte
demandada frente a lo decidido por el Tribunal radica en que considera que según el
certificado de tiempos de servicios del 29 de agosto de 2008 de la Alcaldía de Cartago,
la demandante fue nombrada docente con vinculación del orden nacional desde el 8
de enero de 1991 al 29 de agosto de 2008. Afirma que la misma conclusión se
desprende del certificado de factores salariales del 24 de septiembre de 2008 de la
Secretaría de Educación de Cartago.
77. Sobre el particular, advierte la Sala que no le asiste razón al apelante, teniendo
en cuenta que los certificados en mención no fueron aportados al proceso, pues
únicamente se allegó el certificado de historia laboral del 12 de septiembre de 2018
de la Secretaría de Educación de Cartago, según el cual el tipo de vinculación es de
orden municipal, y el certificado de salarios del 27 de julio de 2018, que señala que la
vinculación fue de carácter nacionalizado durante los años 2003 al 2014.
78. Asimismo, se aportó el Decreto 1477 del 21 de diciembre de 199037, por el cual
se hicieron unos nombramientos en la Secretaría de Educación Departamental –
Fondo Educativo Regional FER, suscrito por el gobernador del departamento del Valle
del Cauca, el secretario de educación departamental y el delegado del Ministerio de
35 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
89 al 92.
36 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
93 al 94.
37 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
97 al 102.
16
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Demandante: Libia Velásquez García
Demandada: UGPP
Educación Nacional. También se observa el acta de posesión del 8 de enero de
199138. En estos documentos se evidencia que se nombró a la accionante como
profesora de tiempo completo, quien prestó sus servicios desde el 8 de enero de 1991
hasta el 31 de julio de 2015, según el certificado de historia laboral, lo que corresponde
a un periodo de 24 años, 6 meses y 24 días, de orden territorial - departamental.
79. Lo anterior es así, teniendo en cuenta la naturaleza de la autoridad nominadora,
el gobernador del Valle del Cauca, que no se evidencia haya actuado como
delegatario de la Nación. Además, del hecho de que la referida vinculación no puede
catalogarse como nacional por el solo hecho de que en el acto de designación haya
intervenido el delegado del Ministerio de Educación como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional.
80. Sobre el particular, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación proferida el 21 de junio de 2018 señaló:
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de
que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la
Nación.
81. También la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en
sentencia del 16 de octubre de 2025 precisó:
En el expediente se observa el Decreto 1758 del 30 de octubre de 1995, el cual fue
firmado por el gobernador del Valle del Cauca, el secretario de educación
departamental y el representante del Ministerio de Educación Nacional. En el
encabezado del acto se establece que el nombramiento fue realizado por el
gobernador en ejercicio de las facultades legales con intervención del Fondo
Educativo Regional del Valle del Cauca (FER).
(…)
Valoradas estas pruebas en conjunto, para la Sala es claro que el nombramiento
público efectuado por el gobernador del Valle del Cauca mediante el Decreto 1758
del 30 de octubre de 1995 encuadra en la definición que el artículo 1° de la Ley 91
de 1989 tiene para el personal nacionalizado, puesto que fue realizado por la entidad
territorial atendiendo la autorización presupuestal previa del delegado del Ministerio
de Educación Nacional que consagran los artículos 6 y 10 Ley 43 de 1975.
(…)
Se puede deducir con claridad que no se trató de un nombramiento de carácter
nacional, como lo consideró el Tribunal, en cuanto no hubo ejercicio de facultades
nominadoras del Gobierno Nacional.
82. A la luz del anterior criterio, el tiempo laborado por la señora Libia Velásquez
García en los municipios de Argelia, Cali y Cartago, departamento del Valle del Cauca,
comprendido entre el 8 de enero de 1991 al 31 de julio de 2015, es del orden territorial,
38 Samai Tribunal, índice 00019, expediente digital,
10_MEMORIALDESCORRIENDOTRASLADODEPRUEBAS_AUTOADMISORIO489D(.PDF) NroActua 19, folio
103 al 104.
17
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Demandada: UGPP
teniendo en cuenta que la designación la efectuó el gobernador del departamento del
Valle del Cauca a través del Decreto 1477 del 21 de diciembre de 1990, circunstancia
que para efectos del reconocimiento de la pensión gracia no cambió en virtud de la
intervención del delegado del Fondo Educativo Regional del Ministerio de Educación
Nacional y de los recursos provenientes de la Nación.
83. Añádase a lo expuesto, que las situaciones administrativas como los traslados
y la incorporación que figuran en la hoja de vida de la accionante no tienen la
virtualidad de mutar la naturaleza del vínculo que permitió su ingreso al Magisterio,
como lo ha precisado de forma reiterada esta corporación39.
84. Finalmente, vale la pena subrayar que la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2- 2022 del 11 de agosto de 2022,
incorporó como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2,
literal a), de la Ley 91 de 198940, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento. (Se destaca).
85. Se resalta esta circunstancia, porque de la lectura de los actos acusados se
evidencia que se negó el reconocimiento de la pensión gracia porque la demandante
no cumplió con la totalidad de los requisitos con anterioridad al 29 de diciembre de
1980, cuando esta corporación ha fijado como regla jurisprudencial que los docentes
pueden acceder a dicha prestación aun con posterioridad a esa fecha, siempre que
acrediten vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 y
satisfagan los demás requisitos establecidos para su reconocimiento, como ocurrió en
el caso de autos.
3.5.1.3. Conclusión
86. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la valoración integral de las
pruebas recaudadas en el proceso, se concluye que la señora Libia Velásquez García
le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, puesto que acreditó
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2025, exp.
19001233300020210021401 (2289-2025), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
40 «Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se
vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho
a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
Nación».
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00510-01 (2588-2025)
Demandante: Libia Velásquez García
Demandada: UGPP
los 20 años de servicio docente de carácter territorial o nacionalizado.
3.5.2. De la verificación de la fecha en que se consolidó el estatus pensional
87. En lo que respecta a la consolidación del estatus pensional, si bien este aspecto
no fue objeto de controversia en el recurso de apelación, la Sala encuentra que de
conformidad con el cómputo de tiempo de servicios acreditado en el expediente, para
el 17 de mayo de 2007 la señora Libia Velásquez García registra un total de 27 años
y 17 días. Se destaca esta fecha, porque fue la señalada por el a quo como aquella
en la que se cumplieron 20 años de servicio.
88. La diferencia obedece a que el juez de primera instancia tuvo por vinculación
nacional el tiempo de servicio prestado desde el 8 de enero de 1991 al 22 de enero
de 1998, esto es, el transcurrido entre el nombramiento de la peticionaria por el
gobernador del Valle del Cauca (Decreto 1477 del 21 de diciembre de 1990) hasta
antes de la incorporación a una institución educativa del municipio de Cartago, que se
materializó mediante el Decreto 3915 del 12 de diciembre de 1997, aunque como se
indicó líneas atrás, la peticionaria desde la designación de que trata el Decreto 1477
del 21 de diciembre de 1990, desarrolló su segunda vinculación de orden territorial,
aunque en este haya intervenido un delegado del Ministerio de Educación.
89. Además, se advierte que el Tribunal le atribuyó al referido acto de incorporación
la condición de un nuevo nombramiento, aunque como lo señaló el Decreto 3915 del
12 de diciembre de 1997, «se entiende incorporada en las mismas condiciones de
tiempo y remuneración en que viene prestando sus servicios», lo que denota que se
trata de una situación administrativa, que tenía como antecedente una vinculación
previa en desarrollo.
90. Precisado esto, se advierte que la peticionaria, que cumplió 50 años de edad el
26 de agosto de 2008, completó los 20 años de servicio al magisterio el 30 de abril de
2000. Esto teniendo en cuenta que, frente a la primera vinculación del 14 de abril de
1980 al 20 de diciembre de 1990, transcurrieron 10 años, 8 meses y 7 días, por lo que
los 9 años, 3 meses y 22 días faltantes para cumplir las dos décadas de servicios,
deben computarse desde la segunda vinculación, que tuvo lugar desde el 8 de enero
de 1991, lo que permite concluir que el tiempo de servicio para adquirir la pensión
gracia se cumplió el 30 de abril de 2000.
91. Sin embargo, como el 26 de agosto de 2008 la accionante cumplió la edad para
pensionarse, solo hasta ese momento se hizo exigible la mencionada prestación, en
los términos dispuestos por el a quo, por lo que no hay lugar a realizar modificación
alguna sobre el particular.
92. Ahora, en cuanto al cómputo de la prescripción, se observa que la demandante
consolidó el estatus pensional el 26 de agosto de 2008, fecha en la cual cumplió los
50 años de edad. La solicitud de reconocimiento de la pensión gracia fue presentada
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00510-01 (2588-2025)
Demandante: Libia Velásquez García
Demandada: UGPP
el 6 de noviembre de 201841 ante la demandada, en consecuencia, el mencionado
fenómeno solo operó respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 6 de
noviembre de 2015, en los términos dispuestos por el a quo.
93. Considerando lo anterior, la Sala precisa que si bien existe discrepancia con el
Tribunal respecto de la naturaleza de la vinculación correspondiente al periodo
comprendido entre el 8 de enero de 1991 al 22 de enero de 1998, la fecha en que la
demandante adquirió el estatus es la misma establecida por el juez de primera
instancia, esto es, el 26 de agosto de 2008. En consecuencia, dicha diferencia no
afecta el periodo a partir del cual se liquidará la prestación solicitada, es decir, el año
anterior al instante en el que acreditó los requisitos para pensionarse.
94. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 25 de julio de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
41 Conforme a lo señalado por la UGPP en la Resolución RDP 005328 del 19 de febrero de 2019.
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