Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00531-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00531-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-00531-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00531-01 (1059-2023)
Demandante: Maricel Quintero Arboleda
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. No se logró demostrar el
tiempo de servicio como docente anterior al 31 de diciembre de
1980. No se pueden computar períodos de labor en cargos
administrativos. Valoración probatoria. REVOCA
PARCIALMENTE Y CONFIRMA SENTENCIA EN LO DEMAS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintiocho (28) de febrero de dos mil veintidós (2022) por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Maricel Quintero Arboleda instauró demanda1 contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: (i) UGM 024989 del 11 de
enero de 2012, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión
1
Folios 1 a 13.
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gracia y (ii) RDP 046546 del 17 de mayo de 2012, la cual confirmó dicha decisión al
resolver el recurso de reposición.
Que, a título de restablecimiento del derecho se condene a la parte pasiva a
reconocer y pagar a la accionante la pensión gracia a partir del día en que adquirió
el estatus pensional (24 de agosto de 2010), en cuantía del 75% del promedio de
los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus, con la respectiva indexación del valor que resulte por
mesadas pensionales atrasadas.
Que la demandada dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 y 195
del CPACA y sea condenada en costas.
HECHOS
Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que la reclamante cumplió con los requisitos legales para ser beneficiaria de la
pensión gracia teniendo en cuenta que nació el 24 de agosto de 1960 y prestó sus
servicios de manera ininterrumpida por más de 20 años, pues se vinculó al
magisterio desde el 5 de marzo de 1979 por medio del Decreto 0229 del 8 de febrero
de 1979 proferido por el gobernador del Valle del Cauca, ejerciendo dicha
designación hasta el 24 de febrero 1997.
Luego, en virtud del nombramiento efectuado por el Decreto 0299 del 14 de febrero
1997 por la misma entidad nominadora, trabajó desde el 25 de febrero de 1997
hasta el 30 de octubre de 1997, y que, de manera posterior, fue designada mediante
el Decreto 3433 del 22 de octubre de 1997 proferido por la referida autoridad
territorial y prestó sus servicios del 31 de octubre de 1997 al menos hasta el 31 de
mayo de 2019, considerando que se encontraba activa en el servicio.
Que el 7 de octubre de 2010 solicitó a la entidad el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, pero la misma fue negada a través de la Resolución UGM 024989
del 11 de enero de 2012, confirmándose dicha decisión mediante la Resolución RDP
046546 del 17 de mayo de 2012, luego de que la actora presentara el recurso de
reposición y en subsidio apelación contra el acto inicial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se
transgreden los artículos: 1. °, 2. °,13, 46, 48, 53, 58 de la de la Constitución Política,
las Leyes 114 de 1913, 91 de 1989, 4 de 1992, 115 de 1994 y el Decreto 2277 de
1979.
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Que la demandante cumplió con el requisito de la edad el 24 de agosto de 2010,
fecha en la que ya contaba con 20 años de servicio en la docencia en una calidad
nacionalizada, esto teniendo en cuenta la naturaleza de los actos administrativos de
nombramiento y el origen de los recursos, provenientes estos últimos del situado
fiscal que aunque contaban con un origen nacional, una vez cedidos a las entidades
territoriales pasaban a ser considerados como propiedad exclusiva de la localidad
destinataria, afirmación que soportó en la Sentencia de Unificación del Consejo de
Estado del 21 de junio de 2018.
Que la demandante se encuentra inmersa en el proceso de nacionalización que
comenzó con la Ley 43 de 1975 y se conservó dicha calidad con la Ley 91 de 1989
para aquellos docentes que para la época de la nacionalización tuvieran una
vinculación con alguna entidad territorial.
Que, conforme a lo anterior, la entidad vulnera la Carta Política y la ley
desconociendo el derecho de la reclamante.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 19 de julio de 20192, y notificada a la UGPP, quien
contestó3 que del material probatorio recaudado no fue posible acreditar que la
reclamante prestara sus servicios docentes por 20 años con un carácter
nacionalizado.
Que, además, si en gracia de discusión se accediera a las pretensiones, deberán
incluirse todos los factores de salarios devengados durante el año anterior a la
causación del derecho y no los recibidos durante el año anterior al retiro.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación, (ii)
prescripción, (iii) buena fe, (iv) cobro de lo no debido, (v) imposibilidad jurídica para
cumplir lo pretendido, y (vi) innominada.
El 4 de febrero de 20224 el tribunal de origen en consideración al numeral 1º del
artículo 181A corrió traslado a las partes por el término de 10 días para que
presentaran sus alegatos de conclusión por escrito, y así, una vez vencido dicho
término, dictaría sentencia anticipada.
2 Folios 40 a 43.
3 Folios 56 a 57.
4
Ver índice 16 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda
y condenó en costas a la demandante teniendo en cuenta que la pensión gracia fue
creada exclusivamente para los docentes, y que la reclamante prestó sus servicios
como auxiliar técnico (monitora) desde el 5 de marzo de 1979 hasta el 24 de febrero
de 1997, y como profesional universitaria del 25 de febrero de 1997 al 30 de octubre
de 1997, empleos para los que no es extensiva la prerrogativa pretendida, por lo
que dichos tiempos no pueden ser tenidos en cuenta.
Advirtió que, si bien la actora sí desempeñó labores docentes desde el 22 de octubre
de 1997 en virtud del nombramiento efectuado mediante Decreto 3433 del 22 de
octubre de 1997, dicha vinculación es posterior al 31 de diciembre de 1980 y que
además fue de un carácter nacional.
EL RECURSO DE APELACIÓN6
La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia al asegurar que el tribunal de origen falló en
contravía del principio de la primacía del derecho sustancial sobre el formal y en
desconocimiento de las labores reales desempeñadas por la actora, pues pese a
las denominaciones del cargo como “Auxiliar Técnico” y “Profesional Universitaria”,
realmente ejercía funciones de docencia por dirigir las prácticas de los laboratorios
de física de los grados 5º y 6º.
Que no cumplía funciones administrativas sino labores de enseñanza, pero que su
cargo fue nombrado de dicha manera porque la reclamante no poseía título
profesional y no pudo ser denominada como docente.
Que el Consejo de Estado en sentencia del 24 de enero de 2019 con radicado
47001-23-33-000-2014-00088-01(3208-16) reconoció un tiempo laborado anterior
al 31 de diciembre de 1980 bajo un cargo de auxiliar de educación en el que se
ejecutaban labores como docente, esto conforme a las certificaciones aportadas.
Por su parte, la sentencia de la misma Corporación con radicado 05001-23-31-000-
2011-00946-01(0512-14), consideró como válidos los tiempos desempeñados como
“Programador Académico” y “Analista” en la Secretaría de Educación conforme al
Decreto 2277 de 14 de septiembre de 1979, el cual refiere que quienes presten
funciones de “Programador Académico” tienen el carácter docente.
Que dicha providencia también señaló que en cuanto al cargo de “Analista”, este
5 Folios 59 a 65.
6 Ver índice de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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tiene identidad funcional con el de “Programador Académico”, y en el mismo sentido
sucede con el cargo de “Profesional Universitario”, cuyas funciones, en virtud de la
incorporación en la planta de la Secretaría de Educación de Antioquia por Decreto
3083 de 28 de diciembre de 1998, incluían las que se desempeñaba dicho docente
como “Analista” y que estaban relacionadas con asesoría pedagógica y académica.
Solicitó además que la condena en costas sea revocada.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 18 de abril de 20237 se admitió el recurso de apelación y a su vez se advirtió que
la solicitud probatoria debía ser resuelta conforme al artículo 212 del CPACA y el
ordinal 5. ° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
El 8 de octubre de 20248 se negó la solicitud de decreto y práctica de pruebas en
segunda instancia y se dispuso que una vez ejecutoriada la providencia, pasara el
proceso a despacho para dictar sentencia.
En la oportunidad para pronunciarse, la demandada allegó memorial reiterando sus
argumentos y la demandante guardó silencio.
El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
acreditó en debida forma el cumplimiento de las exigencias normativas para el
reconocimiento de la pensión gracia, especialmente la relativa a haber ejercido
algún período en calidad de docente territorial o nacionalizado con anterioridad al
31 de diciembre de 1980.
Marco normativo y jurisprudencial
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
7
Ver índice 5 de SAMAI.
8
Ver índice 9 de SAMAI.
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Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
4. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»13. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
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Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199714 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201815
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
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provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
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nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,16 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
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acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las mencionadas exigencias previstas en la normativa aplicable
para consolidar el derecho a la pensión gracia.
La Sala considera necesario abordar inicialmente el estudio del tercer requisito
relativo a la demostración de un tiempo de servicio como docente territorial o
nacionalizado anterior al 31 de diciembre de 1980, pues, a partir del acervo
probatorio practicado, no se encuentra acreditado que los tiempos laborados antes
de la referida fecha se ejercieron en una calidad docente, lo cual impide satisfacer
esta exigencia fundamental para acceder a la prerrogativa bajo estudio.
• Del 5 de marzo de 1979 al 24 de febrero de 1997- Auxiliar técnico (monitora)
Respecto al tiempo bajo estudio, se evidencia en el expediente el Decreto 0229 del
8 de febrero de 19799, por medio del cual el gobernador del Valle del Cauca nombró
a la demandante al servicio del distrito educativo No. 5 de Tuluá.
El mencionado acto no estableció con exactitud el cargo que ocuparía la reclamante,
por lo que el jefe de dicho distrito educativo adscribió a la misma como “Auxiliar
Técnico (Monitora)” mediante la Resolución 250 del 3 de septiembre de 197910,
señalando en sus consideraciones que: «el Decreto No. 1754 de agosto 22 de 1979,
aclara el Decreto No. 0229 de febrero 8 de 1979 en el sentido de decir que se nombra a
(…) Maricel Quintero, con cargo Programa 11 Centros Integrales Apoyo Docente- del
acuerdo presupuesto Fondo Educativo Regional- Como Auxiliares Técnicos (Monitoras)
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Centro Integral Apoyo Docente Tuluá y no como Seccionales Educación Básica Primaria
como allí aparecen».
En el mismo sentido se percata que en el acta de posesión11 allegada la
demandante compareció al despacho de la Alcaldía de Tuluá para presentarse en
el cargo de “Auxiliar.Tec (Monitora)”, diligencia en la que se advirtió una
retroactividad al 5 de marzo de 1979.
A su vez, al proceso se aportaron certificados de tiempo de servicio expedidos por
la Secretaría de Educación del Valle del Cauca12 y por el municipio de Tuluá13, los
cuales, manifiestamente señalan que la actora ocupó el cargo de “Auxiliar Técnico”
desde el 5 de marzo de 1979 hasta el 24 de febrero de 1997, en atención al Decreto
229 de 1979.
Bajo el contexto anterior, es menester abordar el contenido de la constancia
expedida por el rector y el técnico administrativo de la Institución Educativa “Alfonso
López Pumarejo” el 28 de septiembre de 2010, toda vez que la misma indica que la
accionante laboró en dicho centro educativo desde el 8 de febrero de 1979 y que
fue nombrada docente de educación básica primaria por el Decreto 229 de 1979.
Al respecto, se resalta que el citado documento es incompatible con la Resolución
250 del 1979, pues este acto sin lugar a duda enfatiza que la demandante no fue
nombrada docente sino como “Auxiliar Técnico”, y el certificado de la mentada
institución, casi 31 años después, respaldó un cargo completamente discordante
con aquel designado por el acto administrativo de nombramiento.
Ahora bien, conforme a lo probado, esta Sala ratifica lo expuesto por el tribunal de
primera instancia al considerar que los tiempos de servicio referidos no son
relevantes para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, ya que no fueron
desarrollados por la demandante en el ejercicio de funciones de enseñanza como
maestra oficial.
A dicho análisis ha de sumarse además la definición establecida para la profesión
de educador en el artículo 2.° del Decreto 223 de 1972, norma que se encontraba
vigente a la fecha en la que la demandante prestó sus labores como “Auxiliar
Técnico (Monitora)”:
«Artículo 2° La profesión docente de que trata el presente Decreto es el ejercicio
del magisterio, primaria y secundaria en sus distintas modalidades, profesional
normalista, especial, de adultos y de la administración educativa. Así mismo, es
profesión docente la actividad que realiza el personal docente por medio de la
televisión y otros medios de comunicación de masas en programas regulares de
11
Folio 15.
12
Folio 25.
13
Folio 27.
11
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carácter escolar oficial, en general, en aquellas instituciones que impartan
enseñanza sistemática, y de cuya labor los profesionales en educación y
administradores docentes deriven los medios de subsistencia.»
Conforme al concepto de docente examinado, es claro que dicha profesión se
restringe únicamente al ejercicio del magisterio, término que según la Real
Academia Española14 significa: «1.Oficio o actividad de maestro, 2. Conjunto de
estudios para la obtención del título de maestro, 3. Conjunto de los maestros.»,
connotaciones que no se ajustan al cargo desempeñado por la accionante.
Debe también tomarse en consideración la precisión establecida para la labor
educativa señalada en el artículo 2.° del Decreto 2277 de 1979, también conocido
como Estatuto Docente, que pese a ser una norma posterior, resulta útil para efectos
de comprensión de la mentada actividad:
«[…] el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación
en los distintos niveles de que trata el mencionado estatuto. Igualmente incluye esta
definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los
planteles educativos de supervisión e inspección escolar, de programación y
capacitación educativa, de consejería y orientación de educando, de educación
especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal
autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional en los términos que determine
el reglamento ejecutivo.»
Ahora, si bien señaló la actora que aunque desempeñó el rol de “Auxiliar Técnico”
las funciones asignadas en realidad correspondían a las de un docente, lo cierto es
que no se observa en el plenario elemento alguno que soporte la afirmación o que
al menos señale cuáles eran las actividades que realizó durante su servicio,
contrario a esto, la accionante se limitó a aportar al proceso los actos administrativos
de nombramiento, certificados de historia laboral y de tiempos de servicio para
probar los hechos narrados en el escrito de la demanda y que no solo resultan
insuficientes para los fines pretendidos, sino opuestos.
Aunque es cierto que esta corporación ha determinado en otros casos15 que en
virtud de la primacía de la realidad sobre las formas16, los tiempos desempeñados
bajo un cargo auxiliar pueden ser considerados para el cómputo de la prestación,
solo procede tal determinación cuando se encuentra demostrado que las
14
Real Academia Española. Diccionario del estudiante. Consultado en http:// https://www.rae.es/diccionario-
estudiante/magisterio
15
Ver sentencia 47001-23-33-000-2014-00088-01(3208-16) y 17001-23-33-000-2016-00820-01 (6599-2022).
16
Al respecto, Corte Suprema de Justicia, providencia SL4330-2020 del 21 de octubre, radicación 83692: «Por
su parte, el postulado de primacía de la realidad sobre las formas constituye un principio constitucional, según
el cual se debe privilegiar la realidad empírica y objetiva en la que se desarrolla el trabajo, sobre las formalidades
pactadas por los actores. Este mandato supralegal es transversal en el derecho laboral, por tanto, resulta útil
no solo para establecer si existió una relación subordinada, sino también a la hora de esclarecer qué
emolumentos son constitutivos de salario, determinar el verdadero empleador en relaciones tripartitas o
multipartitas, la continuidad y los extremos temporales del vínculo e incluso desmantelar situaciones de simple
interposición, entre otros.»
12
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actividades ejecutadas realmente corresponden a labores de enseñanza, como se
observa en sentencia del 24 de enero de 201917:
Con base en lo anterior, concluir que el solo hecho de que el cargo que desempeñó
la actora con antelación al 31 de diciembre de 1980 no era docente, sino auxiliar de
educación, tiene la virtud de desestimar las funciones que ejercía en el ramo
educativo y, por consiguiente, el interregno así laborado no resulta apto para
reconocerle la prestación social deprecada, contraría el principio de la primacía del
derecho sustancial sobre el formal, pues se desconocería la realidad del trabajo que
realizó la demandante para esa época, con el pretexto de que su cargo no está
consignado en la ley como de aquellos a los que les es otorgada la pensión gracia,
habida cuenta que el propósito del legislador al crear esa prestación fue equilibrar
la desigualdad salarial que se presentaba entre las personas que desarrollaban la
docencia con vinculaciones territoriales y nacionalizadas y las que lo hacían bajo
incorporaciones nacionales, cuya remuneración era mayor, sin limitar dicha
prerrogativa a un grupo específico de docentes, ya que lo que adquiere relevancia
para su concesión, entre otros presupuestos, es la naturaleza de las funciones
que el interesado en adquirirla desempeñaba (labores de enseñanza). (negrillas
intencionales)
En este punto es de resaltar que tal como lo prevé la regulación procesal, quien
alegue la ilegalidad es quien debe invocar las normas violadas, el concepto de la
violación, y además, desplegar una actividad probatoria suficiente y adecuada para
lograr el efecto jurídico de los preceptos que fundamentan el derecho reclamado a
través de un medio de control como el de nulidad o nulidad y restablecimiento del
derecho, lo cual se traduce en la concreción del postulado adjetivo de la carga de la
prueba al tenor del artículo 167 del CGP18.
Por tanto, la norma impone una carga procesal a las partes, tendiente a que
presenten los medios de convicción pertinentes, conducentes, útiles y necesarios
para demostrar los hechos de la demanda o las excepciones que aleguen en la
contestación, de manera que obtengan un resultado satisfactorio respecto de sus
propias posturas jurídicas frente a un mismo caso.
En consecuencia, la inobservancia de la carga procesal conlleva resultados
adversos para la parte que no la satisface, puesto que al no probar los supuestos
de hecho que alega, se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea
con fundamento en lo demostrado por la otra parte o por la ausencia de medios de
comprobación.
17
Sentencia 47001-23-33-000-2014-00088-01(3208-16).
18 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga
al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo
probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las
evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en
virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado
de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
[…]»
13
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Por lo tanto, en el entendido de que probatoriamente ni siquiera hay lugar a discutir
las funciones desempeñadas por la reclamante como “Auxiliar Técnico”, se
encuentra plenamente demostrado que la señora Maricel Quintero Arboleda desde
el 5 de marzo de 1979 hasta el 24 de febrero de 1997 ejerció un cargo que no
corresponde a la naturaleza docente, en consecuencia, la Sala no encuentra
apropiado computar el tiempo en mención ya que se opone a la finalidad misma de
la pensión gracia y a la normativa que la desarrolla, a partir de la cual los
beneficiarios de la pensión gracia son única y exclusivamente los maestros
oficiales vinculados como territoriales o nacionalizados.
Se concluye entonces que la reclamante no satisfizo el requisito de acreditar un
lapso de labor como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre
de 1980, de manera que resulta inane examinar las demás exigencias para
consolidar el derecho en litigio, pues finalmente este no podría concederse. En
consecuencia, habrá de confirmarse el fallo apelado que negó las pretensiones de
la demanda.
De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia
Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la condena en costas impuesta en
primera instancia, en consideración a la solicitud de revocatoria elevada por la
demandante.
En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se ha sostenido a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de
2021, teniendo en cuenta la fecha de expedición de la sentencia de primera
instancia (28 de febrero de 2022).
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
14
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por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, pues para estos efectos existe la referida norma especial que
debe ser aplicada en su integridad.
Por ello, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha situación a la luz de
la normativa vigente, así:
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos de la demanda y del recurso de apelación no presentan una carencia
de fundamentación legal que dé lugar a imponer costas. Contrario a ello, el
demandante propuso planteamientos razonables para la defensa jurídica de sus
intereses, por eso, al no encontrarse acreditado tal presupuesto normativo se
revocará la decisión del tribunal de origen en este aspecto y se dispondrá no
condenar en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIEMRO: REVOCAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia apelada que
condenó en costas de primera instancia a la parte demandante.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida 28 de febrero de 2022 que negó
las pretensiones de la demanda.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.
CUARTO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Omar Trujillo Polania,
portador de la tarjeta profesional 201.792, quien a su vez es el representante legal
de Trujillo Polania & Asociados S.A.S., persona jurídica identificada con NIT
901.054.232-2 quien es la apoderada general de la UGPP conforme al poder
conferido mediante escritura pública visible en el índice 20 de la plataforma
SAMAI.
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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00531-01 (1059-2023)
QUINTO: RECONOCER personería a la abogada Ana María Londoño, portadora
de la tarjeta profesional 354.136, en calidad de apoderada sustituta de la UGPP
conforme al memorial en el índice 20 de la plataforma SAMAI.
SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
16
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