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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00537-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00537-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Revocar el numeral TERCERO de la sentencia proferida el 18 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto a la condena en costas impuestas, según las motivaciones expuestas en la parte considerativa. En consecuencia, quedará así: 18 Sentencia de 25 de julio de 2014. radicado 17001 23 33 000 2018 00276 01 (1532-2020) M. P. Luis Eduardo Mesa Nieves. www.consejodeestado.gov.co 11 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 76001 23 33 000 2019 00537 01 (5364-2022) Demandante: Armando Olave Cárdenas «TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia» SEGUNDO. Confirmar en lo demás la decisión, conforme a lo expuesto en las motivaciones de esta providencia. TERCERO. Sin condenas en esta instancia. CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00537-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 000 2019 00537 01 (5364-2022)
Demandante: Armando Olave Cárdenas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio1.
Tema: Sanción moratoria por el no pago de cesantías.
Prescripción
Decisión: Revoca parcialmente condena en costas sentencia de
primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 18 de mayo de 20222, proferida por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, que declaró probada la
excepción de prescripción y, en consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda

Se pretende la nulidad del acto ficto producto de la no respuesta de fondo frente a
la petición del 12 de diciembre de 2018, por medio de la cual el actor solicitó a la
Nación - Ministerio de Educación - FNPSM, el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria contemplada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

A título de restablecimiento del derecho, solicita: (i) se reconozca y pague la sanción
moratoria establecida en las citadas leyes, correspondiente a un (1) día de salario
por cada día de retardo, contados a partir de los 65 días hábiles posteriores a la
radicación de la solicitud de las cesantías, hasta cuando se hizo efectivo el pago de
la prestación, (ii) que las sumas reconocidas sean ajustadas, (iii) que se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del Código de

1 FNPSM o Fomag
2 Sentencia nro 54 de 18 de mayo de 2022

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76001 23 33 000 2019 00537 01 (5364-2022)
Demandante: Armando Olave Cárdenas

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), (iv) que
se paguen los intereses moratorios a que haya lugar y (v) se condene en costas a
la parte demandada.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El artículo 3° de la Ley 91 de 1989 creó el FNPSM, como una cuenta especial de la
Nación con independencia patrimonial, sin personería jurídica. En la misma norma
se le asignó la competencia al fondo para el pago de las cesantías a los docentes
vinculados en los establecimientos educativos del sector oficial.

El 10 de junio de 2015 el actor presentó reclamación administrativa ante la Nación
– Ministerio de Educación – FNPSM para el reconocimiento y pago de las cesantías,
el plazo para cancelar las cesantías venció el 23 de septiembre de 2015, sin
embargo, dicha prestación fue reconocida por medio de la Resolución nro.
0421.05.888 2015 del 29 de septiembre de 2015, posteriormente ajustada mediante
Resolución nro. 0421.05 656 2016 del 5 de octubre de 2016 y canceladas por
intermedio de entidad bancaria el 28 de noviembre de 2016, por lo que
transcurrieron 432 días de mora. Por eso y según la normativa aplicable, debe
reconocerse la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.

Mediante solicitud del 12 de diciembre de 2018, reclamó la sanción moratoria; sin
pronunciamiento alguno por parte de la entidad demandada.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 5° y 15 de la Ley 91
de 1989; artículos 1° y 2° de la Ley 244 de 1995, y artículos 4° y 5° de la Ley 1071
de 2006.

En síntesis, en el concepto de violación expuso que el Fomag en forma permanente
menoscaba el pago de la cesantía de los docentes afiliados a este ante el
desconocimiento de las disposiciones que regulan la materia, incurriendo en mora
injustificada, contrario al pago de las cesantías de los demás servidores del Estado,
las cuales son canceladas a más tardar dentro de los 30 días siguientes a su
solicitud, por tratarse de emolumentos salariales cuando el trabajador queda
cesante en sus actividades.

Aunque la jurisprudencia ha considerado que la disposición normativa debe
entenderse que entre la solicitud y el pago no deben superar los 65 días hábiles
tras la solicitud, el FNPSM canceló la prestación fuera de los términos establecidos
en la Ley, lo que genera una sanción para la entidad.

1.4. Contestación de la demanda

La parte demandada guardó silencio.3

3 De ello da cuenta el auto nro. 260 de 9 de noviembre de 2021«2_AUTOQUERESUELVE(.PDF) NroActua

21»
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Demandante: Armando Olave Cárdenas

1.5. Sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante Sentencia del 18 de mayo
de 2022, declaró probada la excepción de prescripción de los derechos reclamados
y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, encontró acreditado que mediante Resolución nro. 0421.05 888
2015 del 29 de septiembre de 2015, se resolvió solicitud de cesantías del señor
Olave Cárdenas de fecha 10 de agosto de 2015. Decisión que no fue objeto de
recursos.

Por lo tanto, la entidad demandada tenía plazo para su pago hasta el 30 de
noviembre de 2015, sin embargo, las cesantías fueron puestas a disposición el 29
de enero de 2016, tal y como se desprende del certificado expedido por la
Fiduprevisora.

En segundo lugar, pese a que la parte demandante alegó que la mora se extendió
hasta el 28 de noviembre de 2016, fecha en que se realizó el pago de las cesantías
reliquidadas, la norma no consagra el pago de sanción moratoria por retardo en el
reajuste de la liquidación pagada y reconocida, como ha declarado la
jurisprudencia.

Por lo que en aplicación del artículo 151 del Código Sustantivo del Trabajo, dado
que la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías parciales «se
hizo exigible a partir del 21 de noviembre de 2015 –día siguiente al vencimiento de
la fecha máxima que tenía la entidad para el pago-, la demandante tenía hasta el
21 de noviembre de 2018 para reclamar la sanción moratoria, por lo cual el reclamo
fechado 12 de diciembre de 2018 y la demanda en 2019 son extemporáneos»

Finalmente, condenó en costas a la parte vencida.

1.6. Recurso de apelación5.

La apoderada de la demandante interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia solicitando su revocatoria y en su lugar, se acceda
a las pretensiones de la demanda.

Para el recurrente, el Tribunal se equivocó en la forma de contabilización del
término para verificar la oportunidad del reclamo de la sanción moratoria, al no tener
en cuenta los documentos allegados con la demanda y la negligencia de la entidad,
de los se desprende que la fecha límite para pago teniendo en cuenta que la
petición de cesantías fue presentada el 15 de junio de 2015, era el 23 de septiembre
de 2015, pero la entidad solo lo hizo el 28 de noviembre de 2016, fecha a partir de
la cual se conocen los extremos de la mora, por lo tanto, a partir de ese momento
que se hace exigible la solicitud de la sanción moratoria.

Concretamente afirmó:

4 PDF nro. 9 del expediente digital.
5 PDF nro. 10 del expediente digital.

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Demandante: Armando Olave Cárdenas

1. Para determinar la ocurrencia del fenómeno de la prescripción, debe tenerse
en cuenta la fecha de pago de las cesantías solicitadas, esto es, el 28 de
noviembre de 2016, por cuanto solo hasta esa fecha se conocen los extremos
de la causación y es posible iniciar el proceso de reclamación de la sanción
moratoria, requisito que exige la entidad y , cuya omisión tiene como
consecuencia su no presentación, por lo tanto, a partir de ese momento se hace
exigible la obligación, de tal manera que el demandante tenía hasta el 28 de
noviembre de 2019 para presentar la reclamación. Afirmación que fundamenta
con transcripción de una respuesta dada por la entidad ante petición de otro
docente, en la que se exige constancia del pago de las cesantías6.

2. De no prosperar el anterior argumento, debe aplicarse la no prescripción del
derecho cuando se trata «del contrato realidad», en tanto se está en presencia
de un proceso declarativo, cuyo valor y tiempo solo se conoce hasta cuando el
juez determina claramente su contenido y «sólo es viable y exigible ante el
FOMAG una vez se realice el pago». Por lo tanto, solo nace a la vida jurídica
dado su carácter constitutivo a partir del momento en que se debe calcular la
penalidad.

3. Transcurrieron 432 días de mora, en los que la Nación- Ministerio de
Educación- FNPSM, omitió el cumplimiento de los términos dispuestos en la
Ley 1071 de 2006, materializándose la sanción prevista en el parágrafo del
artículo 5 de la ley antes mencionada, tal como lo aceptó la sentencia
cuestionada, por lo tanto, hasta el 28 de noviembre de 2019 tenía plazo para
presentar la reclamación, sin embargo, fue elevada antes el 12 de diciembre
de 2018, no habiendo transcurrido el término trienal.

4. Se condenó en costas sin realizar una valoración de la conducta de la parte
vencida en el proceso, requisito de la sentencia cuya omisión constituiría un
motivo de nulidad de la sentencia.

6« “RADICADO: 20190321478002
Respetada señora,
En atención a su petición radicada en FIDUPREVISORA S.A., en su calidad de vocera y administradora
del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG
En consecuencia, nos permitimos informar que previo a proceder al estudio de su solicitud, se hace
necesario contar con la totalidad de los documentos que se relacionan a continuación:
• Petición con datos mínimos (nombre completo del docente, número de identificación, y de la dirección o
correo electrónico donde recibirá correspondencia).
• Fotocopia de cédula de ciudadanía del docente y la del apoderado si es el caso.
Si actúa con apoderado, poder debidamente autenticado.
• Fotocopia del acto administrativo que reconoció las de cesantías parciales y/o definitivas y que dio origen
a la sanción.
• Soporte de cobro y/o recibo de pago de la cesantía.
• Firma del peticionario cuando fuere el caso.

Toda vez que verificado el poder adjunto carece de la autenticación; por lo
anterior, le comunicamos que una vez se remita la completitud de los documentos faltantes en su petición,
se procederá a dar inicio a las respectivas actuaciones administrativas, con el fin de establecer si hay
lugar a la causación o no de la sanción por mora solicitada por Usted.

Cabe señalar que cuenta con el término de un mes para aportar la documentación requerida en la presente
comunicación, superado este término sin que hayamos obtenido los respectivos soportes, la petición del
asunto se entenderá por desistida, de conformidad con el artículo 17 de la ley 1755 de 2015 “Por medio
de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Demandante: Armando Olave Cárdenas

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Mediante proveído de 22 de junio de 2023, fue admitido el recurso de apelación7.

Dentro del término previsto en el numeral 4° del artículo 247 del CPACA, modificado
por la Ley 2080 de 2021, solo la parte demandante se pronunció.

Previo recuento de sentencias de unificación proferidas por esta Corporación, la
apoderada judicial, reiteró la solicitud de revocatoria de la sentencia recurrida.

Para la abogada, si bien «la mora se hace exigible a partir del día 71 de haber
radicado la solicitud de cesantías bien sea parciales o definitivas, también es
necesario tener en cuenta que de acuerdo a los requisitos establecidos por el
FOMAG para poder realizar la reclamación de la mora es que se debe aportar el
recibo de pago de las cesantías, motivo por el cual, la exigibilidad del
reconocimiento la mora sólo es viable, una vez, la entidad hubiese realizado el pago
de las cesantías, toda vez, que no le darán trámite a la misma sin aportar el recibo,
el cual es un requisito sine qua nom, porque con éste es que la entidad establece
los montos de la mora, de acuerdo a la fecha de causación y a la fecha de pago, es
decir, que la exigibilidad se cumple cuando se cumplen con las condiciones
necesarias para que pueda operar la compensación legal.8»

La Sala deja constancia que dado que el proceso se ha tramitado en forma legal y
no se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del C P A CA9.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el
apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó recurso
de alzada, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la sentencia de primera
instancia que declaró probada la excepción de prescripción, se encuentra ajustada
a derecho, o por el contrario esta no operó en atención a que la exigibilidad de la
sanción moratoria surge cuando se realiza el pago de las cesantías como se alega
en el recurso.

7 Notificado por estado el 14 de julio de 2023.
8. 6_760012333000201900537012MemorialWeb2023713174438.pdf
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: i) normativa y jurisprudencia aplicable al caso y ii) caso concreto.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria

La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 200710, establece
que:

«ARTÍCULO 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El
nuevo texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» (subraya
fuera del texto)

De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora
tendrá un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:

«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)

Ahora bien, la norma igualmente dispone una sanción moratoria cuando se
incumplen los términos para resolver la solicitud de cesantías, así como su pago,
de conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo en comento, veamos:

«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este». (subraya fuera del texto)

La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 18 de
julio de 2018, sentó jurisprudencia frente a la fecha de causación de la sanción
moratoria. Es así, como el aludido cuerpo colegiado adujo que:

10 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas

o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”
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«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva
la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de
manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir
de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15
días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día
en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata
el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)

Para mayor ilustración se trae a colación, las reglas jurisprudenciales fijadas por
esta Corporación en la misma sentencia de unificación, en cuanto a la exigibilidad
de la sanción moratoria en comento:

«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se puede
evidenciar en el siguiente cuadro:

TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
10 días, después de 45 días 70 días posteriores a la
PETICIÓN SIN cumplidos 15 para expedir posteriores a la petición
No aplica
RESPUESTA el acto ejecutoria

ACTO ESCRITO Aplica pero no se tiene
10 días, después de
EXTEMPORANEO en cuenta para el 45 días 70 días posteriores a la
cumplidos 15 para
(después de 15 computo del término de posteriores a la petición
expedir el acto
días) pago ejecutoria
45 días 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la
Personal posteriores a la notificación
TIEMPO notificación
ejecutoria
10 días, posteriores a 45 días 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al posteriores a la notificación
TIEMPO
acto ejecutoria
10 días, posteriores al 45 días 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del posteriores a la entrega del aviso
TIEMPO
aviso ejecutoria
10 días, posteriores al 45 días 67 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado
intento de notificación posteriores a la expedición del acto
TIEMPO fuera de término
personal 9 ejecutoria
45 días después 45 días desde la renuncia
ACTO ESCRITO Renunció Renunció de la renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo del siguiente a la notificación del acto que
resuelve ejecutoria resuelve recurso
ACTO ESCRITO, Adquirida, después de 15 45 días, a partir 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso días de interpuesto el del siguiente a la interposición del recurso
RESOLVER recurso ejecutoria
Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018

2.3.2. Sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de
2023.

En lo que corresponde a la prescripción de la sanción moratoria por el no pago o
pago tardío de cesantías definitivas, la Sección Segunda de esta Corporación en
sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023, fijó las siguientes reglas:

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«PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de las
cesantías definitivas consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se fijan
las siguientes reglas:

(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento en el
pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS, se inicia a
contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo
legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo de la sanción se presenta
después de los tres años contados desde su exigibilidad, se configura la prescripción
total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago
tardío o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con la
reclamación oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser entendido
como un término que habilita al beneficiario para presentar múltiples solicitudes, sin
que opere la prescripción.
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el
derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para reclamar la
sanción moratoria.

SEGUNDO: Advertir a los operadores jurídicos y a la comunidad en general que las
reglas de unificación fijadas en esta sentencia son aplicables retrospectivamente a
todos los asuntos que se encuentren en trámite en sede administrativa o judicial y no
podrán ser aplicadas retroactivamente a aquellos casos cobijados por el fenómeno
de la cosa juzgada.» (subraya fuera del texto)

De lo anterior se concluye que la sanción o indemnización moratoria del auxilio de
cesantías está sometida a la prescripción extintiva, por lo que la reclamación deberá
presentarse en los tres años siguientes a su causación y, automáticamente, se
genera por incumplimiento o tardanza.

2.4 Caso concreto

Como quiera que la discusión se centra en la fecha en que se hace exigible la
sanción moratoria pretendida, la Sala analizará la misma y posteriormente abordará
los reparos del recurrente.

Así las cosas, según los documentos allegados concuerda la Sala con lo acreditado
por el Tribunal de Primera Instancia, en cuanto a que el señor Armando Olave
Cárdenas el 10 de agosto de 2015 11 , solicitó el reconocimiento y pago de sus
cesantías parciales.

A su vez, la Secretaría Distrital de Buenaventura, en virtud de la facultad conferida
en el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, expidió la Resolución nro. 0421.05 888
2015 del 29 de septiembre de 2015, en la cual se reconoció y ordenó el pago de
sus cesantías definitivas por la suma de 40.695.980 COP, valor que quedó a

11 Fecha consignada en la Resolución 888 de 29 de septiembre de 2015. La cual se toma, atendiendo a que

el documento allegado con la demanda- Formato de Fiduprevisora, no contiene constancia de recibido de la
entidad.
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disposición el 29 de enero de 2016, tal como se evidencia en el certificado emitido
por Fiduprevisora12.

El 31 de agosto de 2016 13 , el demandante solicitó un ajuste a sus cesantías
definitivas, petición que fue resuelta mediante Resolución nro. 656 de 5 de octubre
del mismo año, y puestas a disposición según hizo constar Fiduprevisora, el 28 de
noviembre de 201614, por valor de 5.849.316 COP.

Y, solo hasta el 12 de diciembre de 2018, solicitó el reconocimiento y pago de la
sanción por mora por el pago tardío de las cesantías.

De lo anterior, advierte la Sala, que lo pretendido por el recurrente es que se tome
la última fecha de disposición de los dineros, el 28 de noviembre de 2016, como
fecha de exigibilidad de la sanción moratoria.

La Sala para solucionar el problema jurídico planteado aplicará las reglas
contenidas en la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre
de 2023, en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria.

En tal sentido, de conformidad con lo señalado en la citada sentencia, se aplicará
a este caso las reglas de interpretación, toda vez que el mismo se encuentra en
trámite.

En el cuadro que sigue, se muestra lo acreditado en este caso, veamos:
TÉRMINO PAGO
HIPÓTESIS NOTIFICACIÓN CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
Aplica pero no
ACTO ESCRITO
se tiene en 10 días, después de 45 días posteriores 70 días posteriores a
EXTEMPORANEO
cuenta para el cumplidos 15 para expedir el a la ejecutoria la
(después de 15
computo del acto Petición
días)
término de pago

La petición de No se tiene en Los 15 días para expedir el Los 45 días Es decir que en este
cesantías fue cuenta. acto se vencían el 1 de posteriores a la caso la mora empezó a
presentada el 10 de septiembre de 2015. ejecutoria, correr desde el día 21
agosto de 2015. Los 10 días de ejecutoría se comenzaron a de noviembre de
La Resolución nro. cumplieron el 15 de contabilizarse desde 2015, hasta el 28 de
888, que las el 16 de septiembre enero de 201615, día
septiembre de 2015.
reconoció se expidió de 2015 y vencieron anterior a la fecha
el 29 de septiembre el 20 de noviembre desde la que tuvo a
de 2015. disposición el
2015.
interesado el pago.

(Acto
Extemporáneo)

12 Folio 21 del expediente físico.
13 Fecha consignada en la Resolución 656 de 5 de octubre de 2016, visible a folios 22 a 25 del expediente

físico
14 Folio 25 expediente físico.
15 Fecha contenida en el certificado de la Fiduprevisora, producto de las cesantías reconocidas mediante la

Resolución 888.
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Demandante: Armando Olave Cárdenas

De lo anterior, advierte la Sala que no le asiste razón al recurrente al pretender que
se tome como fecha de exigibilidad de la sanción moratoria, la del pago de las
cesantías, pues esta surge ante el incumplimiento del término máximo para su
cancelación. Concretamente la Corporación en la sentencia mencionada,
consideró, frente a la causación de la sanción moratoria que «se inicia a contabilizar
desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo legal
para el pago de la prestación social»16, sin que el pago o no de las cesantías altere
la oportunidad de la solicitud de la sanción «Si la administración reconoce y/o paga
las cesantías después de extinguido el derecho por prescripción, esa circunstancia
no revive la oportunidad para reclamar la sanción moratoria».

Exigibilidad que surge de la descripción normativa contenida en el parágrafo del
artículo 2 de la Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por Ley 1071 de 2007 de
200717 y en la cual se consagró, para su configuración que «solo bastará acreditar
la no cancelación dentro del término previsto en este artículo», por lo tanto,
para su reclamo no es necesario esperar hasta el pago de las cesantías.

En consecuencia, la sentencia que resuelve la controversia simplemente declara el
derecho contenido en la descripción normativa del parágrafo del artículo 1° Ley 244
de 1994 y no es constitutiva del derecho, situación diferente a la acontecida cuando
se reconoce una relación laboral producto de una simulación contractual como
pretende el recurrente, en la que a partir de la decisión se constituye una nueva
situación, y de ella se derivan unos efectos.

La Sala advierte que el apelante, pretende derivar de la presunta existencia de una
sentencia constitutiva que la exigibilidad de la penalidad solo se produzca una vez
se conozca su periodo, es decir el inicio y su finalización, no obstante, frente a la
exigibilidad de la mora esta Corporación ha reiterado que la misma tiene lugar una
vez se causa sin que se requiera incluso el pago de las cesantías; por lo tanto se
reitera no tiene vocación de prosperidad lo pretendido por el apelante.

Aunado a lo anterior, pese a que el recurrente afirma que las peticiones
presentadas sin la constancia del pago de las cesantías se entienden como no
presentadas ante la entidad, lo cierto es que el demandante no acreditó haber
presentado la solicitud antes de su pago y ni la respuesta dada por la entidad en su
caso.

Por lo tanto, no existe razón para tener como fecha de exigibilidad de la sanción
moratoria y punto de partida para determinar la prescripción del derecho, la fecha
de disposición de los dineros y mucho menos aquella derivada del ajuste de las
cesantías, actuación que se produjo como consecuencia de una nueva petición del
31 de agosto de 2016.

Como quiera que la sanción se hizo exigible el 21 de noviembre de 2015, los tres

16 Sentencia 2 de noviembre de 2023.
17 «Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos,

la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada
día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este»
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años para reclamar su reconocimiento vencían el 21 de noviembre de 2018, sin
embargo, solo lo hizo el 12 de diciembre de ese año, cuando ya había operado el
fenómeno prescriptivo, tal y como lo consideró el a quo.

Considera la Sala oportuno, reiterar lo dicho con relación al reajuste de cesantías,
en el sentido que «no es dable contabilizar la sanción moratoria desde la petición
inicial de cesantías, en atención a que la reclamación realizada para obtener un
ajuste a las cesantías... no da lugar a revivir los términos frente a la primera
actuación, como pretende la recurrente, ya que, como se indicó antes, los términos
y etapas de la actuación administrativa son preclusivo»18.

Finalmente, la parte apelante manifestó su inconformidad por la condena en costas,
adujo que se procedió a condenar en costa sin hacer una valoración de la conducta
de la parte vencida en el proceso.

La Sala encuentra que la sentencia de primera instancia fue proferida en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, norma que en su artículo 47 establece «En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala no se acredita que la carencia manifiesta de fundamento legal de la
parte demandante, por lo que hay lugar a revocar la condena impuesta.

Por lo tanto, se revocará el numeral TERCERO de la sentencia de primera instancia
en cuanto a la condena en costas, en lo demás procede su confirmación.

2.5. Condena en costas

En el caso concreto, no se condenará en costas a la parte demandante; si bien
antes esta Sala de Subsección valoraba objetivamente la conducta de la parte
vencida para determinar si había lugar a condenar en costas, lo cierto es que, con
la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, se procede hacer un estudio sobre
la conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica,
por lo que, en esos términos, al hacer extensiva esa interpretación al caso
analizado, no se advierte dicha carencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Revocar el numeral TERCERO de la sentencia proferida el 18 de
mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto a la
condena en costas impuestas, según las motivaciones expuestas en la parte
considerativa. En consecuencia, quedará así:

18 Sentencia de 25 de julio de 2014. radicado 17001 23 33 000 2018 00276 01 (1532-2020) M. P. Luis
Eduardo Mesa Nieves.
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«TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia»

SEGUNDO. Confirmar en lo demás la decisión, conforme a lo expuesto en las
motivaciones de esta providencia.

TERCERO. Sin condenas en esta instancia.

CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
consejero de Estado consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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