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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2019-00624-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2019-00624-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- Revocar el numeral cuarto de la sentencia del 3 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho No. 011. En su lugar se dispone: CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia 2.- Confirmar la sentencia en todo lo demás. 3.- Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-000-2019-00624-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00624-01 (29612)
Demandante: Gerardo Gómez Díez
Demandado: DIAN
Tema: Renta 2015. Sanción por no enviar información. Sanción por no
actualizar el RUT. Costas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada1, contra la
sentencia del 3 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, despacho 011, que resolvió2:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución 212412019900002 de 11 de
abril de 2019, que determinó la obligación tributaria del impuesto sobre la renta para el año
gravable 2015 e impuso sanciones.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que respecto de las
infracciones solo es procedente la sanción por inexactitud.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada. Las agencias en derecho se fijan
en el equivalente a un (1) SMLMV.

ANTECEDENTES

El 8 de agosto de 2016, Gerardo Gómez Díez presentó su declaración del impuesto
sobre la renta del año gravable 2015 bajo el Sistema de Impuesto Mínimo Alternativo
-IMAS-3, en donde liquidó ingresos netos por $527.973.000, impuesto a cargo de
$4.010.000, sanciones de $0 y un saldo a favor de $20.096.000.

El 13 de agosto de 2018, el jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá, profirió el Requerimiento
Especial 212382018900003, en el que propuso modificar la declaración privada, para
cambiar el sistema IMAS al sistema ordinario, así: ingresos de $527.973.000 a
$536.244.000, costos y deducciones a $1.920.000, aumentar el impuesto a cargo a
$146.830.000, sanción por inexactitud de $141.995.000, sanción por no enviar
información de $18.640.000 y sanción por no actualizar el RUT por $36.405.0004. El

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Índice 34 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
2
Índice 31 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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Índice 21 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Archivo 8_ED_2020170090(.pdf) NroActua 21. Página 80
4
Índice 21 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Archivo 8_ED_2020170090(.pdf) NroActua 21. Páginas 964
a 1024

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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00624-01 (29612)
Demandante: GERARDO GÓMEZ DÍEZ

13 de noviembre de 2018 el demandante dio respuesta5.

El 11 de abril de 2019 la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Tuluá profirió la Liquidación Oficial 212412019900002, en
la que mantuvo las glosas formuladas en el requerimiento especial, excepto que
disminuyó la sanción por no enviar información de $16.000.0006. Contra este acto no
se interpuso recurso de reconsideración y el demandante acudió per saltum a la
jurisdicción7.

DEMANDA

Gerardo Gómez Díez, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, formuló las siguientes pretensiones8:

1. La nulidad de la Liquidación de Revisión #212412019900002 de Abril 11 de 2019,
notificado por correo el 16 de Abril de 2019, proferido por la División de Liquidación de
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Tuluá, por medio del
cual se determinó la obligación tributaria del impuesto sobre la renta a cargo de
GERARDO GÓMEZ DÍEZ, cédula 6.458.198, por el año gravable 2015.
2. Que como consecuencia de dicha nulidad y para restablecer al demandante
GERARDO GÓMEZ DÍEZ, cédula 6.458.198, en su derecho, se declare que mi
patrocinado no está obligado a pagar suma alguna por concepto de la liquidación
oficial de revisión demandada, ordenando en consecuencia la firmeza de la liquidación
privada del impuesto de renta por el año gravable 2015 presentada por el actor el 8 de
Agosto de 2016.
3. Ordenar a la parte demandada que dé cumplimiento a la sentencia en los términos de
los Artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
4. Condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 29 y 83 de la Constitución Política
y 26, 82, 107, 339, 340, 341, 647, 658-3 y 745 del Estatuto Tributario. El concepto de
la violación se resume, así:

• Firmeza de la declaración: La declaración de renta fue presentada bajo el sistema
IMAS el 8 de agosto de 2016 y adquirió firmeza conforme a lo dispuesto en el artículo
341 del ET -vigente para la época de los hechos-, toda vez que transcurrieron seis meses
desde su presentación sin que la Administración profiriera acto administrativo alguno
en el que manifestara contar con prueba alguna sobre la ocurrencia de un fraude
derivado del uso de información falsa, exigencia prevista por la norma para interrumpir
dicho término. Esto teniendo en cuenta que el expediente en sede administrativa fue
abierto el 7 de marzo de 2017, es decir, por fuera del término de los seis meses, por
lo que, la declaración privada quedó en firme el 9 de febrero de 2017.

• Vulneración al debido proceso: La DIAN incurrió en un grave yerro procedimental al
fiscalizar la declaración IMAS como si no hubiera sido presentada, sin otorgar los
recursos de ley, con lo cual vulneró el debido proceso y el derecho de defensa.
Adicionalmente, determinó el impuesto sobre la renta por el sistema ordinario sin

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Índice 21 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Archivo 8_ED_2020170090(.pdf) NroActua 21. Páginas
1061 a 1068
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Índice 21 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Archivo 8_ED_2020170090(.pdf) NroActua 21. Páginas
1072 a 1112
7
Así lo afirmó el demandante en el acápite de hechos de la demanda.
8
Índice 21 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Archivo 5_ED_7600123330002019(.zip) NroActua 21

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Demandante: GERARDO GÓMEZ DÍEZ

sustento jurídico, facultad que solo habría sido procedente si el denuncio rentístico se
hubiese presentado en los formularios 110 o 210. No obstante, la entidad modificó el
denuncio mediante el formulario 240, el cual no permite cambiar el régimen de
determinación del tributo, por tratarse de sistemas distintos.

• Adición de ingresos: La adición es improcedente teniendo en cuenta que la única
corrección aplicable sería adicionar la suma de $8.271.000 a los ingresos netos, con
lo cual únicamente correspondería determinar la renta gravable alternativa en el
formulario 240, generando un mayor impuesto por ese mismo valor y, en
consecuencia, calcular una eventual sanción por inexactitud.

• Costos y gastos: La Administración no tuvo en cuenta los costos y gastos en que
incurrió el demandante y se limitó a descontar únicamente los pagos obligatorios al
sistema de seguridad social, sin advertir que, de conformidad con el artículo 339 del
ET, en el formulario 240 no se registran dichos conceptos. En todo caso, si el impuesto
se hubiera liquidado bajo el régimen ordinario, conforme a lo dispuesto en el artículo
107 del ET, deberían haberse reconocido los costos y deducciones permitidos por la
ley para la depuración de la renta líquida gravable y, ante la falta de certeza sobre tales
valores, resultaba procedente la aplicación del artículo 82 del ET.

• Sanción por inexactitud: resulta improcedente la sanción, toda vez que los datos o
factores utilizados en la declaración tributaria son ciertos y no son falsos, equivocados,
incompletos o desfigurados, al punto que en la exhaustiva investigación fiscal
solamente se detectó una presunta omisión de ingresos por $8.271.000 y una
disminución del patrimonio líquido en cuantía de $21.255.000, al no reportar todas las
deudas. Por lo que, es incorrecta la sanción por $141.995.000.

• Sanción por no enviar información: la DIAN impuso una sanción por no dar respuesta
al requerimiento ordinario del 31 de julio de 20149, mediante el cual solicitó información
sobre la conformación del patrimonio bruto del demandante a 31 de diciembre de 2014.
No obstante, dicha sanción resulta improcedente, en la medida en que la actuación
administrativa se circunscribe al período gravable 2015, por lo que no es viable
sancionar la presunta omisión de información correspondiente a un período distinto al
objeto de fiscalización.

Adicionalmente, aduce que la sanción puede imponerse hasta por el 5%, según el
daño ocasionado a la Administración por la falta de información; sin embargo, de
conformidad con el criterio del Consejo de Estado en la sentencia 18826 del 25 de
octubre de 2017 y de la Corte Constitucional en la sentencia C-160 del 29 de abril de
1998, no hay lugar a su imposición cuando no se acredita la existencia de daño alguno,
como ocurre en el presente caso.

• Sanción por no actualizar el RUT: El demandante actualizó su actividad económica
en el RUT desde el 15 de septiembre de 2015, en donde registró como actividades
económicas 0150, 6910, 0010 y 0090, por lo que no es procedente que se pretenda
imponer sanción por la “falta” de registro de la actividad 0150. Además, los actos
demandados no precisaron en que consiste la supuesta desactualización.

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Corresponde al Requerimiento Ordinario No. 212382017000574.

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Demandante: GERARDO GÓMEZ DÍEZ

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente10:

Firmeza de la declaración: De acuerdo con los artículos 336, 337 y 341 del ET la
firmeza de la declaración está condicionada al cumplimiento de determinados
requisitos. Esta norma incluye la expresión “u otros”, lo que permite interpretar la
existencia de supuestos adicionales a los allí descritos que pueden constituir causales
para que la firmeza no opere dentro de los seis meses siguientes a la presentación de
la declaración, como ocurre en el presente caso.

En este asunto, el demandante no cumplía con los requisitos para liquidar su impuesto
mediante el sistema IMAS; en consecuencia, la declaración presentada no goza de
este beneficio y le resulta aplicable el término de firmeza previsto en el artículo 714 del
ET.

Vulneración al debido proceso: Del análisis de los ingresos del demandante se
concluye que este no cumple con la totalidad de los requisitos para pertenecer a la
categoría de “trabajador por cuenta propia” prevista en el parágrafo 3 del artículo 336
del ET, en la medida en que no desarrolla ninguna de las actividades señaladas en el
artículo 340 del ET ni en el Decreto 1437 de 2015. En consecuencia, estaba obligado
a declarar bajo el sistema ordinario11.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 334 del ET, el sistema IMAS es aplicable
únicamente a las personas naturales residentes en el país clasificadas en la categoría
de empleados, criterio que es reiterado por el artículo 330 ibidem. Para que un
contribuyente pueda ser ubicado en dicha categoría, los ingresos obtenidos por la
prestación de servicios o por la realización de una actividad por cuenta y riesgo, en
virtud de una vinculación laboral, deben representar más del 80% del total de sus
ingresos. Sin embargo, en el presente caso este requisito no se satisface, toda vez
que el demandante solo percibió el 9% de sus ingresos por dicho concepto .

Costos y gastos: Del análisis de las pruebas aportadas en sede administrativa se
determinó un costo real de $1.920.000 correspondiente a los pagos de aportes a la
seguridad social, por lo cual es improcedente lo que pretende al demandante al solicitar
que se le apliquen los costos presuntos de que trata el artículo 82 del ET.

Sanción por inexactitud: La sanción es aplicable en la medida que el demandante
liquidó el impuesto bajo un sistema incorrecto e incurrió en una serie de inexactitudes
en rubros como aportes, saldos de cuentas de ahorro, omisión en saldos, patrimonio
bruto, pasivos, ingresos, costos y deducciones, entre otros.

Sanción por no informar: El requerimiento ordinario No. 212382017000574 del 31 de
julio de 2017 fue notificado en la dirección reportada en el RUT, tal como se acredita
con el expediente administrativo, sin que se recibiera respuesta por parte del
demandante.

10
Índice 21 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Archivo 8_ED_2020170090(.pdf) NroActua 21. Páginas 114
a 130
11
Agregó que las actividades del demandante fueron; (i) cuentas en participación, (ii) salarios y demás pagos laborales, (iii)
honorarios o servicios y (iv) rendimientos financieros.

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Demandante: GERARDO GÓMEZ DÍEZ

Sanción por no actualizar el RUT: En el año 2015, el contribuyente registró en su RUT
como actividad principal la 0150 -explotación mixta (agrícola y pecuaria)-, la cual no fue
efectivamente desarrollada durante dicho período, pues se demostró que no obtuvo
ingresos por esta actividad en todo este año. Al respecto, los artículos 555-2 y 658-3
del ET establecen que la información consignada en el RUT debe corresponder a las
actividades económicas efectivamente desarrolladas, razón por la cual no puede
informarse una actividad distinta a la ejercida.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el demandante conocía que durante el
período gravable 2015 no obtuvo ingresos por dicha actividad, debía efectuar la
correspondiente actualización de su RUT.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, despacho 011, declaró la nulidad parcial
de la liquidación, a título de restablecimiento del derecho declaró procedente la sanción
por inexactitud, en lo demás, negó las demás pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la parte demandada, bajo las siguientes consideraciones12:

Señaló que, en el presente asunto no se controvierte que el actor haya presentado su
declaración del impuesto sobre la renta bajo el sistema IMAS, alegando ostentar la
calidad de trabajador por cuenta propia, ni que el 68,30 % de los ingresos
correspondientes al período gravable 2015 provinieran de contratos de cuentas en
participación celebrados con una oficina de abogados.

Advirtió que las actividades desarrolladas por el demandante no corresponden a
ninguna de las previstas en el artículo 340 del ET para efectos de declarar el impuesto
sobre la renta bajo dicho sistema. En efecto, la simple inclusión de tales actividades
en el RUT, sin su efectiva realización material, no resulta suficiente para tenerlas por
ejercidas, máxime cuando el Registro Único Tributario tiene efectos meramente
declarativos y no constitutivos.

En este contexto, observó que los ingresos percibidos por concepto de salarios
representaron únicamente el 9,79 % del total, razón por la cual el demandante no
cumplía con el requisito del 80 % exigido por la norma para acceder al sistema IMAS.
Acoger la tesis del actor implicaría permitir que, pese a haber presentado su
declaración bajo un régimen que no le era aplicable, se beneficiara indebidamente de
los términos especiales de firmeza previstos por la ley para este sistema.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 del ET, el
contribuyente se encontraba sujeto al régimen ordinario del impuesto sobre la renta y,
en consecuencia, le resulta aplicable el término de firmeza previsto en el artículo 714
ejusdem.

Así las cosas, encontró que la Administración estaba habilitada para determinar el
tributo a cargo bajo el sistema ordinario, toda vez que no había operado la firmeza de
la declaración, en la medida en que dicho término se encontraba suspendido como

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Índice 31 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

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Demandante: GERARDO GÓMEZ DÍEZ

consecuencia de la práctica de la inspección tributaria.

En relación con las sanciones, consideró procedente la sanción por inexactitud en el
porcentaje del 100%, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 647 del ET 13. Caso
distinto con la sanción por no informar, toda vez que la información requerida mediante
el Oficio 2123820170000574 no correspondía a la vigencia fiscal objeto de
investigación, y la competencia de la Administración se encontraba limitada al período
gravable 2015.

En cuanto a la sanción por no actualizar el RUT, debe tenerse en cuenta que el
contribuyente mantuvo su registro vigente hasta septiembre de 2015, en el cual
figuraba como actividad principal “actividades jurídicas” y como actividad secundaria
“asalariados”, modificando posteriormente su actividad principal a “explotación mixta
(agrícola y pecuaria)”. En este escenario, no se advierte que las conductas
reprochadas por la Administración se subsuman en la descripción típica de la sanción
prevista en el artículo 658-3 del ET, razón por la cual no resulta procedente su
imposición.

Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada.

RECURSO DE APELACIÓN

La entidad demandada interpuso recurso de apelación, por las siguientes razones14:

Sanción por no informar: El Tribunal efectuó una valoración errónea del material
probatorio y aplicó de forma indebida el artículo 651 del ET, por lo que resultaba
procedente la sanción impuesta, en tanto que, la entidad solicitó información mediante
oficio No. 2123820170000574 sobre el tema patrimonial del año 2014 y la demandante
no la suministró, teniendo la obligación, independientemente de que corresponda o no
a la vigencia fiscal que se investiga -2015-. Además, el funcionario a cargo del asunto
era competente para ello y podía realizar dicho requerimiento a la contribuyente, con
fundamento en las facultades de investigación.

Así mismo, señala que la demandante no remitió información sobre los costos y
deducciones, lo que hacía imposible determinar la base de la sanción correspondiente,
siendo necesario solicitar la información patrimonial del año 2014, para dar aplicación
al literal d) del numeral 1 del artículo 651 del ET.

Sanción por no actualizar el RUT: Revisado el RUT vigente al 31 de diciembre de 2015,
se observa que, en el año gravable 2015 registró como actividad económica principal
0150 “Explotación mixta (agrícola y pecuaria)", actualización que efectuó el 12 de
septiembre de 2015, pese a que desde el 9 de diciembre de 2013 la actividad
económica principal registrada era la 6910 – “Actividades Jurídicas” y como secundaria
la 0010- “Asalariados”.

Sin embargo, a 31 de diciembre de 2015 el demandante tenía conocimiento de que no
realizó actividades relacionadas con la actividad económica 0150 “Explotación mixta
(agrícola y pecuaria)", que reportó en el RUT el 12 de septiembre de 2015, por lo que
13
Modificado por el artículo 287 de la Ley 1819 de 2016.
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Índice 34 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

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debió actualizar su información en el registro y modificar la actividad principal. La
interpretación del Tribunal sobre esta sanción es incorrecta pues la información
registrada en el RUT no era errónea, si no desactualizada, por lo cual esta conducta si
se subsume en lo señalado en el artículo 658-3 del ET.

Condena en costas: La condena en costas impuesta resulta improcedente, en tanto el
legislador dispuso que su imposición solo procede cuando estas se encuentren
debidamente comprobadas. Asimismo, el Consejo de Estado ha señalado que su
análisis debe realizarse bajo un criterio de conducencia, particularmente en aquellos
eventos en los que se evidencia carencia o falta de fundamentación jurídica,
circunstancia que no se presenta en este asunto. Adicionalmente, debe precisarse que
la DIAN no es la parte vencida en el litigio; por el contrario, quien resultó vencida en
este proceso fue la parte demandante, respecto de la cual sí resulta aplicable la
imposición de costas.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación fue admitido el 9 de julio de 202515. Al ser innecesaria la
práctica de pruebas en segunda instancia, no se corrió traslado para alegar -nums. 4 y
5, art 247 del CPACA-. El Ministerio Público no emitió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos proferidos por la DIAN mediante los
cuales modificó la declaración del impuesto sobre la renta del periodo gravable 2015,
presentada por Gerardo Gómez Díez, impuso sanciones por inexactitud, no envío de
información y no actualización del RUT.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada como
apelante única, corresponde a la Sala establecer si procede; (i) la imposición de la
sanción por no enviar información, (ii) la sanción por no actualización del RUT y (iii) la
condena en costas en primera instancia.

(i) la imposición de la sanción por no enviar información.

El Tribunal consideró que la sanción por no enviar información era improcedente, toda
vez que la información requerida en el Oficio No. 2123820170000574 no corresponde
a la vigencia fiscal investigada y pese a que dicha circunstancia fue alegada por la
demandante, la entidad no se pronunció. Además, la competencia del funcionario se
circunscribía a la vigencia fiscal 2015.

La entidad demandada alega que el Tribunal valoró indebidamente las pruebas y aplicó
erróneamente el artículo 651 del Estatuto Tributario, pues la sanción era procedente
dado que la entidad solicitó información patrimonial del año 2014 y la demandante
incumplió su deber de suministrarla, pese a estar obligada. Además, el funcionario era
competente para requerirla en ejercicio de sus facultades de investigación. Asimismo,
la falta de información sobre costos y deducciones impedía determinar la base

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Índice 7 de SAMAI

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Demandante: GERARDO GÓMEZ DÍEZ

sancionatoria, lo que justificaba acudir a la información patrimonial del año 2014 para
aplicar la norma correspondiente.

El artículo 651 del ET16 -vigente a la época de los hechos-, preveía que «las personas y
entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya
solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo
contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción […]». De
modo que, la norma dispone la existencia de varios supuestos sancionables, a saber:
i) no suministrar la información que debía aportar; ii) suministrarla por fuera del plazo
o, iii) suministrarla con errores de contenido.

Ahora, la Sala en sentencia de unificación 2020 CE-SUJ-4-002 de 3 de septiembre de
202017, fijó las reglas para adelantar la imposición de sanciones mediante liquidaciones
oficiales dentro del proceso de determinación, en los siguientes términos:

1.- Las sanciones aplicadas en procesos de determinación requieren, además
del cumplimiento de los supuestos normativos previstos para su imposición, de
la expedición de una liquidación oficial.

2.- Las sanciones establecidas en procesos de determinación deben coincidir
con el tributo, periodo, bases de cuantificación y monto del gravamen, cuando
afecten la base de imposición.

Como fundamento de estos criterios, la providencia reiteró que esta Sección ha
precisado que el procedimiento de determinación oficial del impuesto es autónomo
frente al procedimiento sancionador, en la medida en que responden a supuestos
fácticos distintos18. No obstante, pese a esa autonomía, cuando la sanción se
incorpora en una liquidación oficial, su imposición debe sujetarse a las reglas propias
del proceso de determinación.

Asimismo, se precisó que el artículo 637 del Estatuto Tributario prevé que las
sanciones pueden imponerse mediante resolución independiente o en las respectivas
liquidaciones oficiales -de revisión o de aforo-. En ese sentido, las sanciones
adoptadas por resolución independiente se rigen por las normas del procedimiento
sancionatorio, mientras que aquellas incluidas en liquidaciones oficiales deben
ajustarse a las reglas del proceso de determinación.

En este último evento, la imposición de la sanción presupone la existencia de un
proceso de determinación que culmine con la expedición de una liquidación oficial que
cumpla los requisitos del artículo 712 del Estatuto Tributario, entre ellos, la
identificación del período gravable, las bases de cuantificación del tributo, el monto de
los tributos y sanciones a cargo del contribuyente y la explicación sumaria de las
modificaciones efectuadas a la declaración. Y señaló expresamente «las sanciones
impuestas en liquidaciones oficiales deben guardar coherencia con el proceso de determinación, al
corresponder al tributo en discusión, periodo, bases de cuantificación y monto del gravamen cuando
afecten la base de imposición, sin que pierdan independencia, pues se originan en hechos sancionables
diferentes de los que motivan la determinación oficial de los tributos».

16
Modificado por el artículo 289 de la Ley 1819 de 2016.
17
Sentencia del 3 de septiembre de 2020, Exp. 24264 CP Stella Jeannette Carvajal Basto.
18
sentencias del 14 de agosto de 2019, exp. 22530, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, y del 25 de julio de 2019, exp.
21030, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00624-01 (29612)
Demandante: GERARDO GÓMEZ DÍEZ

En el presente caso, se advierte que la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá profirió el Requerimiento
Ordinario 212382017000574 de 7 de marzo de 2017, mediante el cual le solicitó al
demandante «Discriminación detallada y por tercero, de cada uno de los conceptos que conforman
el Patrimonio Bruto al 31 de diciembre del año 2014, indicando el concepto, la identificación, el valor,
nombre e identificación del tercero19», acto que fue notificado mediante correo certificado el
2 de agosto de 201720.

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión No. 212412019900002 del 11 de abril de
201921, la División de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas
de Tuluá impuso dos sanciones por no enviar la información solicitada, cada una
derivada de requerimientos ordinarios distintos22. En el presente asunto, la
controversia se circunscribe a la sanción asociada al Requerimiento Ordinario No.
212382017000574 del 7 de marzo de 2017 por valor de $16.000.000, al considerar
que la demandante no suministró los datos requeridos. Asimismo, la administración
reiteró la solicitud de información mediante correo electrónico del 14 de septiembre de
2017, adjuntando dicho requerimiento, sin obtener respuesta alguna.

En efecto, la imposición de la sanción está supeditada a la existencia de un proceso
de determinación que culmine con la expedición de la liquidación oficial, la cual, a su
turno, debe coincidir con el tributo, periodo, bases de cuantificación y monto del
gravamen, cuando afecten la base de imposición, según las reglas de unificación
mencionadas.

En este caso, la Sala advierte que si bien la imposición de la sanción se dio dentro del
procedimiento de determinación -liquidación oficial de revisión-, lo cierto es que la
información objeto de la sanción no corresponde con el periodo fiscalizado -2015-,
pues tal como se observó en precedencia, la DIAN solicitó discriminación detallada del
patrimonio bruto del año 2014, sin que estos datos hayan repercutido en la base de
cuantificación, ni en el monto del impuesto. En efecto, en la liquidación oficial de
revisión se modificaron los renglones: patrimonio bruto -adición de activos-, deudas -
adición de deudas-, reclasificación de ingresos, incremento de renta presuntiva, sin
que la DIAN haya necesitado el detalle del patrimonio del año 2014 para analizar por
ejemplo una diferencia por comparación patrimonial.

En tales condiciones, se considera que la DIAN no podía imponer la sanción en la
liquidación oficial de revisión del año 2015, por lo que debió expedir una resolución
independiente para ejercer su facultad sancionatoria, en consecuencia, el cargo de
apelación no está llamado a prosperar.

(ii) la sanción por no actualización del RUT

Esta Sección ha reiterado23 que el principio de legalidad en el derecho administrativo
19
Índice 21 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Archivo 8_ED_2020170090(.pdf) NroActua 21. Páginas
792 a 794.
20
Índice 21 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Archivo 8_ED_2020170090(.pdf) NroActua 21. Página
795.
21
Índice 21 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Archivo 8_ED_2020170090(.pdf) NroActua 21. Páginas 35
a 75.
22
Requerimiento Ordinario No. 212382017000574 del 7 de marzo de 2017 y Requerimiento Ordinario No. 212382018000100 del
6 de marzo de 2018.
23
Sentencias del 10 de noviembre de 2000, Exp. 10870, C.P. Juan Ángel Palacio, 26 de marzo de 2009, Exp. 16496, C.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia, 6 de diciembre de 2012, Exp. 17554, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, 6 de septiembre de
2017, exp. 20953, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, 21 de septiembre de 2023. Exp. 27113. C.P. Milton Chaves García.

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sancionatorio implica que tanto la conducta constitutiva de infracción como la sanción
aplicable deben estar previamente establecidas en la ley y descritas de manera clara
y precisa, de modo que no haya lugar a interpretaciones extensivas o ambiguas en
perjuicio del administrado, en virtud de lo previsto en el 29 de la Constitución Política.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha precisado que el principio de tipicidad
exige: «(i) que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, bien porque la
misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de
otras normas jurídicas; (ii) que exista una sanción cuyo contenido material esté definido en la ley; (iii)
que exista correlación entre la conducta y la sanción 24». De ello se sigue, como lo ha reiterado
la Sección, que los hechos deben encajar de forma indiscutible en el supuesto
normativo, de modo que el nexo entre conducta y sanción justifique su imposición, con
estricta sujeción a la descripción legal y no al criterio discrecional de la Administración
Tributaria25.

En el presente caso, el a quo consideró que el contribuyente mantuvo vigente, hasta
septiembre de 2015, un registro en el que figuraba como actividad principal
“actividades jurídicas” y como secundaria “asalariados”, y que solo posteriormente
modificó su actividad principal a “explotación mixta (agrícola y pecuaria)”. En este
contexto, no se advierte que las conductas reprochadas por la Administración encajen
en la descripción típica prevista en el artículo 658-3 del ET, por lo que la sanción
resultaba improcedente.

La entidad demandada señaló que, para el 31 de diciembre de 2015 el demandante
tenía conocimiento que no desarrollaba la actividad económica 0150 registrada en el
RUT, por lo que debía actualizarla. En consecuencia, no se trataba de información
errónea sino desactualizada, conducta que sí se subsume en el artículo 658-3 del ET,
por lo que la interpretación del Tribunal resulta equivocada.

Al respecto, el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, el Registro Único Tributario (RUT)
constituye el mecanismo único de identificación, ubicación y clasificación de las
personas y entidades que ostentan la calidad de contribuyentes del impuesto sobre la
renta y de no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio.

Por su parte, el artículo 658-3 ibidem establece el régimen sancionatorio aplicable al
incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la inscripción y actualización en
el RUT. En particular, el numeral 3 prevé:

Sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que
genera la actualización, por parte de las personas o entidades inscritas en el
Registro Único Tributario, RUT.

Se impondrá una multa equivalente a una (1) UVT por cada día de retraso en la
actualización de la información. Cuando la desactualización del RUT se refiera a
la dirección o a la actividad económica del obligado, la sanción será de dos (2)
UVT por cada día de retraso en la actualización de la información.

En ese contexto, la obligación de actualizar el RUT tiene naturaleza formal y surge

24
Sentencia C-044 del 1 de marzo de 2023 MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
25
Sentencias del 24 de agosto de 2023, Exp. 26345 CP Myriam Stella Gutiérrez Arguello y 11 de octubre de 2024, Exp. 28110
CP Wilson Ramos Girón.

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cuando acontece un hecho relevante que modifica la información previamente
registrada, tales como cambios en la dirección de notificaciones, en la actividad
económica o en las responsabilidades del contribuyente, entre otros. Para la
configuración de la infracción, resulta indispensable la existencia de un hecho cierto,
actual y verificable que imponga la necesidad de modificar el registro; a partir de su
ocurrencia, el contribuyente dispone del término de un (1) mes para efectuar la
actualización correspondiente, so pena de la imposición de la sanción.

En ese contexto, la Administración consideró aplicable la sanción prevista en el
numeral 3 del artículo 658-3 del ET, al estimar que, a 31 de diciembre de 2015, el
demandante conocía que no había desarrollado actividades correspondientes al
código 0150 “Explotación mixta (agrícola y pecuaria)”. Lo anterior, por cuanto durante el
año gravable 2015 no ejecutó actividad alguna perteneciente al sector agrícola o
pecuario, pese a haber registrado dicho código como actividad principal en el RUT el
12 de septiembre de ese mismo año, circunstancia que resultaba relevante en la
medida en que esta clasificación se encuentra comprendida dentro de las previstas en
el artículo 340 del ET para la categoría de trabajador por cuenta propia. Con base en
ello, procedió a liquidar la sanción en los siguientes términos26:

Conceptos Observaciones
Fecha en que debió actualizar el RUT 2016-02-01 Mes siguiente al hecho que
generó la actualización
Fecha presentación de la declaración de 2018-08-03 Fecha hasta la cual estaba
renta del año gravable 2017 fiscalmente desactualizado el
RUT
Nº días desactualización 549
Valor UVT 33.156
Valor 2 UVT por día 66.312
Valor sanción 36.405.288 Valor 2 UVT $66.312*549 días
Valor sanción aproximada Art. 677 ET 36.405.000

En el expediente obra copia del RUT del contribuyente27 con fecha de actualización
del 03 de junio de 2019, en el cual reportó como actividad principal 0150 y actividad
secundaria 6910, ambas con fecha de inicio de la actividad 1 de febrero de 2012.

Al respecto, la Sala discrepa de lo sostenido por la DIAN en la liquidación oficial de
revisión, toda vez que para el 31 de diciembre de 2015, el contribuyente tenía
registrada la actividad económica 0150 “explotación mixta (agrícola y pecuaria)”,
circunstancia que, conforme a su entendimiento, lo habilitaba para declarar bajo el
sistema IMAS. Distinto es que, solo en el marco del proceso de fiscalización
adelantado en 2019, la Administración desvirtuara que la actividad efectivamente
desarrollada correspondiera a dicha explotación, lo que condujo a la modificación de
la depuración de la declaración bajo el sistema ordinario. En consecuencia, no es
jurídicamente válido aplicar de forma retroactiva esa verificación posterior para
fundamentar la imposición de una sanción en el periodo gravable 2015.

En ese sentido, la conducta objeto de reproche no se enmarca en el supuesto previsto
por la norma sancionatoria (numeral 3 del artículo 658-3 ET), de modo que exista un
nexo claro y suficiente que justifique la imposición de la sanción. En ese sentido, tal

26
Página 37 de la Liquidación Oficial de Revisión 212412019900002 del 11 de abril de 2019.
27
Índice 21 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Archivo 8_ED_2020170090(.pdf) NroActua 21. Página
34.

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como lo ha sostenido la Sala, la determinación de la infracción y de su consecuencia
jurídica debe fundarse estrictamente en la descripción normativa aplicable, y no en
valoraciones subjetivas o apreciaciones discrecionales de la Administración Tributaria.

En esas condiciones, y en aplicación de los principios de legalidad y tipicidad en
materia sancionatoria, que exigen una correspondencia estricta entre el hecho
sancionable y la descripción normativa, se concluye que la conducta atribuida por la
DIAN no se subsume en el supuesto de hecho previsto en el numeral 3 del artículo
658-3 del ET, dado que no se ajusta a la descripción típica allí prevista.

En síntesis, no resulta procedente la sanción impuesta por no actualización del
Registro Único Tributario y, por ende, el cargo no está llamado a prosperar.

(iii) Condena en costas en primera instancia

El a quo (i) declaró la nulidad parcial de la Liquidación Oficial 212412019900002 del
11 de abril de 2019, (ii) a título de restablecimiento del derecho declaró que respecto
de las infracciones solo era procedente la sanción por inexactitud y (iii) condenó en
costas a la demandada. Frente a ello la DIAN sostiene que las costas no están
debidamente comprobadas en el proceso y que, en cualquier caso, la parte vencida es
la demandante.

Al respecto, el numeral 1 del 365 CGP establece que se condenará en costas a «la
parte vencida del proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación» , en
contraste, el numeral 5 ibidem, dispone «en caso de que prospere parcialmente la
demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial,
expresando los fundamentos de su decisión» (Subraya fuera del texto original), la Sala
estima necesario precisar el alcance gramatical y jurídico del verbo «podrá». A
diferencia del verbo «deberá», que implica un mandato imperativo e ineludible para el
juez, el término «podrá» consagra una facultad discrecional, esto es, una habilitación
normativa que permite al operador judicial optar entre varias alternativas, previa
valoración de las circunstancias del caso concreto. En ese sentido, la prosperidad
parcial de las pretensiones no conlleva automáticamente la exoneración de la condena
en costas, sino que habilita al juez para decidir motivadamente si se abstiene de
imponerlas o si las fija de manera total o parcial.

En efecto, este último numeral otorga al juez de instancia un margen de
discrecionalidad para modular la condena en costas cuando no existe un vencimiento
total, de manera que, en eventos como el presente -en los que se declara la nulidad parcial
de los actos-, puede abstenerse de imponerlas o fijar una condena parcial, siempre que
motive adecuadamente su decisión.

En el caso sub examine, el Tribunal únicamente encontró procedente el levantamiento
de las sanciones por no informar y por no actualizar el RUT, de manera que los demás
cargos de nulidad no prosperaron. Ello implicó que se declarará la nulidad parcial del
acto administrativo, por lo que, a su juicio, consideró procedente la condena en costas
a la DIAN, sin explicar las razones por las cuales solo condenaba a una parte.

Como ha sido posición reiterada de la Sala que, cuando se declara la nulidad parcial
de los actos administrativos no existe parte vencida en el proceso, por lo que tampoco
procedería la condena en costas. En consecuencia, prospera el cargo de apelación y

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se revocará la condena en costas de primera instancia, en lo demás, se confirmará la
sentencia.

Condena en costas

De conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 365 del CGP28, aplicable
por remisión expresa del artículo 188 del CPACA29, y teniendo en cuenta lo dispuesto
en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, en los casos en los que
prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas.
En desarrollo de la citada norma, esta Sala ha precisado que «no condenará en costas en
aquellos procesos en los que las pretensiones de la demanda prosperen parcialmente 30». En
consecuencia, dado que en esta instancia se accede parcialmente a uno de los cargos
de apelación, no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

1.- Revocar el numeral cuarto de la sentencia del 3 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho No. 011. En su lugar se dispone:

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia

2.- Confirmar la sentencia en todo lo demás.

3.- Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase. La
anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclara voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

28
«Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
conoce ordinariamente la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solo se impondrá la condena en costas cuando exista una parte
vencida en el proceso, independientemente de cuál sea la conducta de las partes. En este sentido, y conforme a la
discrecionalidad que confiere el ordinal 5.o del artículo 365 del CGP, no se impondrá la condena en costas cuando se declare la
nulidad parcial de los actos administrativos demandados».
29
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
30
Sentencia del 23 de septiembre de 2025, Exp. 28292 CP Wilson Ramos Girón.

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