Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00638-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00638-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-00638-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
7 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00638-01 (1114-2023)
Demandante: John Jairo Durán Mejía
Demandado: Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)
Temas: Reliquidación pensión de invalidez de docente oficial, condena
en costas de la primera instancia, Ley 2080 de 2021
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 29 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor John Jairo Durán Mejía, por conducto
de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad parcial de
las siguientes Resoluciones: i) 4143.0.21.3387 del 13 de mayo de 2016, por medio
de la cual la Secretaría de Educación del municipio de Cali, en representación de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00638-01 (1114-23)
Demandante: John Jairo Durán Mejía
la Nación, (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio), en adelante Fomag le reconoció una pensión de
invalidez; y ii) 4143.0.21.6540 del 2 de septiembre de 2016, suscrita por la misma
dependencia, que resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto
en contra de la anterior decisión.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó condenar al Fomag a lo siguiente: i) reconocer, liquidar y pagar
la pensión de invalidez a la que tiene derecho bajo lo establecido en los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969, las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003, y el Acto
Legislativo 01 de 2005, incluyendo la base de liquidación de que trata el artículo
63 del Decreto 1848 de 1969, teniendo en cuenta el porcentaje de pérdida de
capacidad laboral e incluyendo todos los factores salariales devengados durante el
año en que adquirió el estatus de pensionada; ii) indexar los valores que resulten;
iii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189, 192 y
siguientes del CPACA: y iv) condenar en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor John Jairo Durán Mejía laboró como docente público al servicio del
municipio de Santiago de Cali desde el 2 de diciembre de 2002 hasta el 15 de
octubre de 2016, data en la que fue retirado del servicio por invalidez.
ii) El Fomag le reconoció pensión de invalidez mediante la Resolución
4143.0.21.3387 del 13 de mayo de 2016.
iii) Como ingresó al servicio de la docencia antes del 27 de junio de 2003, su
pensión de invalidez debió ser reconocida de acuerdo con lo establecido en los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, Leyes 91 de 1989, 812 de 2003 y el Acto
Legislativo 01 de 2005, y no bajo la Ley 100 de 1993 como lo ordenó aquel acto.
2
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Demandante: John Jairo Durán Mejía
iv) En vista de ello, interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto
mediante la Resolución 4143.0.21.6540 del 2 de septiembre de 2016,
confirmándola en todas sus partes.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53, y 58 de la
Constitución Política; 279 de la Ley 100 de 1993; y 81 de la Ley 812 de 2003.
Asimismo, las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del actor expuso lo siguiente:
Los actos administrativos acusados incurrieron en el cargo de violación directa a la
constitución y la ley, pues desmejoraron sus derechos prestacionales al no
reconocer y liquidar la pensión de invalidez conforme a las normas que lo cobijan
en atención a la fecha en que se vinculó al servicio educativo oficial, luego no se
está garantizando el pago de sus derechos conforme a la ley.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación, (Ministerio de Educación Nacional, Fomag) no emitió pronunciamiento
alguno en esta etapa procesal.1
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia escrita
proferida el 29 de julio de 2022, negó las pretensiones de la demanda, con
sustento en las siguientes consideraciones:2
1
Constancia dejada por el Tribunal en el Auto del 8 de marzo de 2022.
2 Expediente electrónico. Con ponencia del magistrado Jhon Erick Chaves Bravo.
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Demandante: John Jairo Durán Mejía
i) De las pruebas obrantes en el expediente se tiene que el demandante
ingresó al servicio de la docencia oficial desde el 24 de abril de 2003, mediante
Resolución 291 del 1° de abril de 2003, esto es, antes de la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, por lo que su régimen pensional aplicable es el establecido
para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en
vigencia de la mencionada Ley. Por lo anterior, el actor refirió que su pensión de
invalidez debió liquidarse con las normas anteriores establecidas en los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969, las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003, y el Acto
Legislativo 01 de 2005.
ii) No obstante, el señor Durán Mejía no tiene derecho a que se reliquide la
pensión de invalidez en aplicación de las normas anteriores, con el IBL y los
factores de estas, por cuanto si bien se vinculó de forma previa al 26 de junio de
2003 y es destinatario de las normas solicitadas, estas dispusieron el
reconocimiento de la pensión de invalidez para aquel empleado oficial que hubiere
tenido una pérdida de capacidad laboral cuantificada en un porcentaje no inferior
al 75%. Así pues, resulta claro que el numeral 2° del artículo 61 del Decreto 1848
de 1969, a través del cual se reglamentó el Decreto ley 3135 de 1968, estableció
que «no se considera inválido al empleado oficial que solamente pierde su
capacidad de trabajo en un porcentaje inferior al setenta y cinco por ciento (75%)».
iii) En el expediente obra la revisión del estado de invalidez proferida por
Magisalud Unión Temporal del 14 de julio de 2016, en donde se establece que el
accionante tiene una pérdida de capacidad laboral del 51.75%, en este sentido,
pudiendo ser aplicables las normas solicitadas al caso del actor en atención a la
fecha de entrada al servicio de la docencia, este no cumple con el requisito del
porcentaje de pérdida de capacidad laboral contenido en esa normatividad para
que su prestación hubiere sido reconocida o reliquidada con fundamento en ellas,
«por lo que se concluye e interpreta, aspecto que no es objeto del presente
proceso, que la entidad aplicó la ley 100 de 1993 por favorabilidad, sin embargo, la
demanda pretende vulnerando el principio de inescindibilidad normativa, que se le
tenga en cuenta el porcentaje de perdida (sic) de capacidad de la ley 100 de 1993,
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Demandante: John Jairo Durán Mejía
reliquidando su pensión con base en las normas del Decreto ley 3135 de 1968 y
del Decreto 1848 de 1969, aspecto que ha negado insistentemente el H Consejo
de Estado».
iv) En suma, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
parte demandante «por ello, en aplicación del numeral 4º del artículo 366 del
C.G.P. en concordancia con el Acuerdo 10554 de 2016 proferido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan agencias en derecho
en la suma equivalente a 1 SMLMV».
1.4. El recurso de apelación
El apoderado del actor interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia
para solicitar únicamente que se revoque la condena en costas impuesta bajo el
contexto de que se debía atender el principio de buena fe del que goza la parte
demandante respecto de sus actuaciones procesales, ya que el a quo no presentó
pruebas o fundamento sobre la ocurrencia de alguna actuación temeraria, dilatoria
o que aduzca calidades inexistentes respecto a la pretensión incoada, que
desvirtué la presunción de buena fe.3
1.5. Pronunciamiento frente al recurso de apelación
La Nación, (Ministerio de Educación Nacional, Fomag) no se pronunció respecto
del recurso de apelación propuesto por la parte demandante.4
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.5
La Sala decide, previas las siguientes
3 Expediente electrónico.
4
Folio 69.
5
Ibidem.
5
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Demandante: John Jairo Durán Mejía
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Consiste en determinar si en la providencia de primera instancia se debió
condenar en costas al señor John Jairo Durán Mejía, teniendo en cuenta los
postulados del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
2.2. Marco normativo
La condena en costas en vigencia de la Ley 1437 de 2011
El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas
y que la liquidación y ejecución al respecto se rige por las normas del Código
General del Proceso. Asimismo, establece una salvedad en torno a esa regla, la
cual se refiere a los procesos en los cuales se ventile un interés público, en los
cuales, no procede una condena en torno a ese aspecto.
Ahora bien, el Código General del Proceso, sobre ese particular dispone lo
siguiente:
Artículo 365.- En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que
haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un
incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de
amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala
fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar
a aquella.
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Demandante: John Jairo Durán Mejía
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto,
se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno
de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por
separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.
Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de
desistimiento o transacción. [se resalta]
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:
i) Según se evidencia en el formato de certificación de historia laboral
emitido por el Fomag, el señor John Jairo Durán Mejía ingresó al servicio de la
docencia oficial el 24 de abril de 2003, a través del nombramiento realizado con la
Resolución 291 del 1° de abril de 2003, esto es, antes de la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003.6
ii) El 13 de mayo de 2016, mediante la Resolución 4143.0.21.3387, la
Secretaría de Educación Municipal de Cali le reconoció pensión de invalidez al
señor Durán Mejía con base en lo dispuesto en las Leyes 812 de 2003, 100 de
1993, 797 de 2003 y 71 de 1988, en atención al porcentaje de pérdida de
6 Folios 29 al 32.
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Demandante: John Jairo Durán Mejía
capacidad obtenido por aquel del 51.75%, en cuantía del 45% del salario promedio
mensual devengado durante los últimos 9 años, 3 meses y 21 días de servicio,
desde la fecha en que se produjo la calificación de la invalidez.7
iii) Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto por la Resolución 4143.0.21.6540 del 2 de septiembre de 2016,
confirmándola en su integridad, con la aclaración de que la fecha de efectividad de
la pensión es partir del retiro del servicio del demandante.8
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario
señalar que las costas del proceso se refieren a todas las erogaciones propias del
trámite contencioso y, de acuerdo con el artículo 361 del Código General del
Proceso, las integran la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el
curso del proceso y las agencias en derecho.
Dentro de las primeras se pueden encontrar el costo del traslado de testigos, de la
práctica de pruebas periciales, los honorarios de auxiliares de la justicia, pólizas,
copias, etc., tal como lo prescribe el numeral 3.º del artículo 366 del Código
General del Proceso.9
En lo que concierne a las segundas, esto es, las agencias en derecho, estas se
refieren a los gastos en que se incurrió en la contratación del apoderado para la
representación dentro del proceso. El juez las reconoce discrecionalmente a favor
de la parte vencedora por un monto que no debe ser igual a los honorarios
7 Folios 19 al 25.
8 Folios 26 al 28.
9 El numeral 3.º de la norma mencionada señala lo siguiente: ««3. La liquidación incluirá el valor de
los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte
beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el
magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. Los honorarios de los peritos
contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que
aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables…».
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Demandante: John Jairo Durán Mejía
pactados con su representado judicial10, pues estos obedecen a la relación
contractual existente entre ambos, según lo dispone el artículo 28 numeral 8.º de
la Ley 1123 de 2007.11 En ese sentido, y conforme con el numeral 4.º del artículo
366 del CGP,12 las agencias en derecho se deben establecer con las tarifas que
determine el Consejo Superior de la Judicatura.
Precisamente, la Sala Administrativa de la entidad enunciada expidió el Acuerdo
PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 en el que fijó las tarifas de agencias en
derecho.
Ahora bien, en relación con la condena en costas dentro de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, el artículo 188 del CPACA señala que «Salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil».
El artículo en mención ha sido objeto de varias interpretaciones por parte de la
Subsección A de la Sección Segunda. Así, una primera esgrimía que la norma no
determinaba una condena automática u objetiva sobre quien era vencido en el
juicio, puesto que era menester que el juez analizara la ocurrencia de ciertos
factores como la actuación temeraria, la mala fe y la existencia de pruebas en el
proceso sobre los gastos en el curso de la actuación.13
10 Criterio aceptado por la Corte Constitucional en Sentencia C-043 de 2004 y C-539 de 1999
11 De conformidad con la norma los abogados deben fijar sus honorarios con la aplicación de
criterios «…equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las
normas que se dicten para el efecto».
12 «4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el
Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un
máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada
por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas».
13 Ver entre otras, sentencias de 15 de abril de 2015, C.P. Alfonso Vargas Rincón (E), expediente
No. 1343-2014. Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, sentencia de 15 de octubre de 2015, Expediente:
4383-2014, Actor: Rosa Yamile Ángel Arana, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (E), sentencia de 20
de enero de 2015, expediente número: 4583-2013, Actor: Ivonne Ferrer Rodríguez, M.P. Dr.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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Demandante: John Jairo Durán Mejía
Una segunda interpretación se fijó a través de la sentencia del 7 de abril de 2016.14
La posición acogió el criterio objetivo para la imposición de las costas al concluir
que para ello no se debe evaluar la conducta de las partes, sino los aspectos
objetivos de su causación, tal como lo prevé el Código General del Proceso. En
dicha oportunidad la Sala concluyó lo siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio “subjetivo” –CCA- a uno “objetivo valorativo”
–CPACA-.
b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá”
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado
efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración
no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral,
se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía
según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos
últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará
el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP,
previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario
judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda
instancia.
De acuerdo con lo expuesto, para la imposición de la condena en costas debía
hacerse, en los términos utilizados en la providencia en cita, una valoración
objetivo - valorativa que implica el deber del juez de comprobar que se causaron
14Proceso Radicado 15001-23-33-000-2012-00162-01 y número interno 4492 de 2013. Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
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Demandante: John Jairo Durán Mejía
conforme con los criterios fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiera un
examen de la existencia de una actuación temeraria o de mala fe de las partes.15
No obstante, con la promulgación de la Ley 2080 de 2021, en tanto en su artículo
47 adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n todo caso,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal», la Sala
debió ajustar el anterior criterio.
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas, máxime si se tiene en
cuenta que el inciso tercero del articulo 86 de la Ley 2080 de 2021 dispuso que
«de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el
artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas
en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el
momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en
vigencia de la Ley 1437 de 2011».
Así las cosas, para la fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia
(29 de julio de 2022), ya habían comenzado a regir las previsiones de la mentada
norma, cuya publicación data del 25 de enero de 2021, luego al resolverse sobre
la imposición de costas resultaba procedente que el a quo efectuara un estudio
respecto de la carencia de fundamentación jurídica y de la conducta de las partes
en el proceso.
15 Al respecto se puede consultar también la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 19001-23-33-000-2014-
00406-01(2426-16). Actor: José Vicente López Noriega. Demandado: Servicio Nacional de
Aprendizaje. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Bogotá, D.C. 31 de julio de 2019.
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Tema: reliquidación pensión jubilación.
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00638-01 (1114-23)
Demandante: John Jairo Durán Mejía
En ese orden, al analizar la actuación desplegada por el actor se observa que
este, con fundamento en el hecho de que se vinculó al servicio oficial docente con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, consideraba
tener derecho a que la pensión de invalidez que le fue reconocida por el Fomag
fuera liquidada con base en lo dispuesto en las normas anteriores, tal como se
previó en el artículo 81 ibidem, es decir, en aplicación de los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003, y el Acto Legislativo
01 de 2005.
Por consiguiente, la demanda se encuentra soportada en un presunto
desconocimiento del régimen prestacional de los docentes, pues a los educadores
estatales que habían sido nombrados con anterioridad al 27 de junio de 2003
cuando entró en vigor la Ley 812 del mismo año, les sería aplicable el marco
normativo que regulaba sus derechos prestacionales previo a la promulgación de
aquella ley, circunstancia que no se materializó en el acto administrativo mediante
el cual se reconoció la pensión de invalidez objeto de debate. Adicionalmente, a
juicio del actor este mandato fue ratificado por el parágrafo transitorio 1 del Acto
Legislativo 001 de 2005, que dispuso lo siguiente:
Parágrafo transitorio 1. El régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de
esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la
citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del
Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de
2003.
Por su parte, el Tribunal en la sentencia apelada determinó que pese a que el
señor John Jairo Duran Mejía en efecto acreditó que se vinculó al servicio
educativo oficial antes del 27 de junio de 2003, en su caso no podían aplicarse las
reglas previstas sobre la pensión de invalidez en los Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, por cuanto el porcentaje de pérdida de capacidad laboral
que obtuvo resultaba inferior al establecido en dichas normas, por lo que
resultaban improcedente acceder a las súplicas de la demanda.
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00638-01 (1114-23)
Demandante: John Jairo Durán Mejía
Bajo ese entendimiento, en el presente caso de la revisión de la demanda no se
observa que sea manifiesta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a
la condena en costas. Contrario a ello, la parte demandante manifestó razones en
defensa jurídica de sus intereses, por tal razón y atención al argumento esgrimido
en el escrito de apelación, al no encontrarse acreditado tal presupuesto normativo,
deberá revocarse la condena en costas fijada en la sentencia de primera instancia.
2.5. De la condena en costas
De conformidad con los derroteros expuestos, en el presente caso, los sujetos
procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que contaban con
suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se apoyaron en la
jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses,
por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en segunda
instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
considera que la decisión relativa a la condena en costas a la parte demandante
no se ajusta los criterios impartidos en la normatividad aplicable al caso. En
consecuencia, se revocará en numeral segundo de la sentencia de primera
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00638-01 (1114-23)
Demandante: John Jairo Durán Mejía
F A L L A:
Primero.- Revocar el numeral segundo de la sentencia del 29 de julio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso
instaurado por el señor John Jairo Durán Mejía en contra de la Nación (Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio).
En su lugar se dispone:
Segundo.- No condenar en costas al señor John Jairo Durán Mejía, de
conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia.
Tercero.- Confirmar en lo demás la decisión de primera instancia.
Cuarto.- Sin condena en costas de segunda instancia.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
AVM
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