Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00674-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00674-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-00674-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-0002-019-00674-01 (3285-2024)
Demandante: Segundo Gustavo Cortés
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. No se logró demostrar el
tiempo de servicio anterior al 31 de diciembre de 1980. Carga de
la prueba. CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual negó las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Segundo Gustavo Cortés Ortiz instauró demanda1 en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones (i) RDP 010287 del 29 de marzo de
2019 y (ii) RDP 015874 del 23 de mayo de 2019, por medio de las cuales la entidad
1 Folios 1 a 15.
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demandada negó la pensión gracia y confirmó la negativa al resolver el recurso de
apelación.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad a reconocer
y pagar al accionante la pensión gracia con el 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último año de servicio, a partir del 13 de abril de 2013, con
los reajustes de ley y los intereses moratorios conforme al artículo 192 y siguientes
del CPACA.
Que la demandada sea condenada en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que nació el 13 de abril de 1956 e inició la prestación de sus servicios a favor del
magisterio desde el año 1979 hasta 1980 en el Colegio Departamental Mixto Luis
Iriarte Salazar de Barbacoas, Nariño. Que luego, desde el 30 de diciembre de 1994
al menos hasta la fecha de presentación de la demanda, laboró como docente en
Cali ocupando un cargo perteneciente a la planta de personal del referido municipio
y pagado con recursos propios del ente territorial.
Que adquirió su estatus pensional el 13 de abril de 2013, por lo que el 23 de
noviembre de 2018 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual
fue negada a través de la Resolución RDP 010287 del 29 de marzo de 2019. Luego,
la entidad profirió la Resolución RDP 015874 del 23 de mayo de 2019 mediante la
cual resolvió el recurso de apelación presentado por el actor y confirmó el primer
acto mencionado.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se afirmó que con los actos administrativos demandados se transgredieron: el
artículo 53 de la Constitución Política y las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y 91 de 1989.
Que la entidad demandada hace una errónea interpretación de la norma en cuanto
a los requisitos necesarios para reconocer la prestación discutida, toda vez que no
es cierto que la totalidad de las exigencias para el reconocimiento de la pensión
deban cumplirse hasta el 29 de diciembre de 1989.
En el mismo sentido, manifestó que desconoce la UGPP la jurisprudencia del
Consejo de Estado respecto a la continuidad de los vínculos y el servicio prestado
mediante contrato.
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Que conforme con el material probatorio allegado, el accionante cumple a cabalidad
con los requisitos para ser beneficiario de la pensión gracia, toda vez que acredita
la edad, el tiempo de servicio, la naturaleza de la categoría ocupada, una vinculación
anterior al 1. ° de enero de 1981 y no cuenta con sanciones disciplinarias.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 30 de agosto de 20192 y notificada a la UGPP, quien
manifestó3 que el actor no cumple con los requisitos legales para acceder a la
pensión, considerando que no acreditó una vinculación en las calidades exigidas de
manera previa al 31 de diciembre de 1980, esto teniendo en cuenta que, a partir de
la valoración probatoria, se evidenció que su ingreso fue a partir del 30 de diciembre
de 1994.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación
demandada y cobro de lo no debido, (ii) ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados, (iii) prescripción, y (iv) buena fe de la entidad
demandada.
El 13 de octubre de 20224 el tribunal de origen difirió el estudio de las excepciones
propuestas al momento de resolver el fondo del asunto, esto al considerar que las
mismas no tenían el carácter de previas.
Procedió a fijar el litigio, incorporó las pruebas allegadas al proceso y resolvió correr
traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión por escrito
en orden de dictar sentencia anticipada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda
al señalar que el actor no logró demostrar el tipo de vinculación docente durante el
año lectivo comprendido entre 1979 y 1980, y que, si bien aportó una certificación
para efectos de lo pretendido, aquella no proviene del ente nominador ni establece
de manera inequívoca la naturaleza de la plaza.
Que pese a acreditar más de 20 años en la docencia con una vinculación territorial
al servicio del municipio de Cali y una buena conducta en el ejercicio de su labor,
no logró probar una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 en las calidades
exigidas por la norma, y en ese sentido, no desvirtuó la legalidad de los actos
administrativos demandados.
2 Folios 40 a 43.
3 Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, 10_CONTESTACIONDEDEMANDA_201900264SEGUNDO
4 Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, 19_AUTOCORRETRASLADOPOR10DIASPARAALEGAR.
5 Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, 039SENTENCIADEPR_058SENTENCIADE1RA201.
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Sin condena en costas.
RECURSO DE APELACIÓN6
El demandante interpuso recurso de apelación y solicitó que se revoque la sentencia
para que en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.
Argumentó que, conforme a la sentencia de unificación del Consejo de Estado del
21 de junio de 2018, el certificado aportado que fue desestimado por el tribunal de
origen sí resulta prueba idónea para el reconocimiento de la pensión, toda vez que
establece la calidad del vínculo al señalar que el docente laboró en un colegio
departamental.
Que dicho documento no fue tachado de falso y que en su caso particular se le debe
aplicar el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución
Política, por lo que, teniendo en cuenta la duda manifestada por el tribunal respecto
a la naturaleza de la categoría, en el fallo deben aplicarse los principios rectores y
las garantías procesales, resolviendo el asunto a favor del procesado.
Finalmente, solicitó que con el propósito de tener certeza de la vinculación del
docente oficial con el colegio departamental mixto Luis Irizar Salazar de Barbacoas,
se oficie a dicha institución educativa.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 10 de julio de 20247 se admitió el recurso y se dispuso que una vez notificada
esta decisión, pasara el proceso a despacho para dictar sentencia, sin necesidad
de traslados.
En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.
El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante
acreditó en debida forma el cumplimiento de las exigencias normativas para el
reconocimiento de la pensión gracia, especialmente la relativa a haber ejercido
algún período en calidad de docente territorial o nacionalizado con anterioridad al
31 de diciembre de 1980.
6 Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, 042RECEPCIONRECUR_RECURSODEAPELACIONSE.
7 Ver índice 4, SAMAI.
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Marco normativo y jurisprudencial
Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
4. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»22. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
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enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos antes consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199723 señaló que:
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«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201824
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
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vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,25 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
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obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las mencionadas exigencias previstas en la normativa aplicable
para consolidar el derecho a la pensión gracia.
La Sala considera necesario abordar inicialmente el estudio del tercer requisito
relativo a la demostración de un tiempo de servicio como docente territorial o
nacionalizado anterior al 31 de diciembre de 1980, pues, a partir del acervo
probatorio practicado, no se encuentra acreditado que el tiempo laborado antes de
la referida fecha se ejerciera en una calidad docente territorial o nacionalizado, lo
cual impide satisfacer esta exigencia fundamental para acceder al derecho bajo
estudio.
Al respecto, el señor Segundo Gustavo Cortés aseguró que se desempeñó como
docente territorial desde 1979 hasta 1980, y con el fin de comprobar lo anterior,
aportó un certificado expedido por el rector y la secretaria del Colegio Departamental
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Mixto “Luis Irizar Salazar” de Barbacoas, en el cual hacen constar que el actor laboró
en el referido establecimiento educativo como maestro de hora cátedra durante el
año lectivo comprendido entre 1979 y 1980.
Sobre el particular, es indispensable traer a colación el parámetro establecido en la
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 en cuanto a los
elementos necesarios para determinar la calidad del docente:
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
Se observa entonces que el documento allegado se aparta de la citada regla de
unificación en tanto no fue emitido por la autoridad nominadora sino por el personal
administrativo y académico de la institución educativa, el cual carece de
competencia para efectuar la designación del personal docente que presta sus
servicios a favor de la educación pública. En consecuencia, dicho medio de
convicción no resulta idóneo para los efectos pretendidos por el accionante toda vez
que no permite comprobar su tipo de vinculación.
Ahora bien, lo que se aprecia en la referencia es que, en ejercicio de la libertad
probatoria prevista en el artículo 165 del CGP8 que habilita a las partes a recurrir a
cualquier tipo de prueba útil y conducente orientada a corroborar los hechos
alegados, el accionante solo aportó la mencionada certificación cuyo contenido se
considera insuficiente para determinar la naturaleza de la categoría docente
ocupada antes de 1980 y que bien pudo demostrar mediante cualquier otro
elemento irrefutable, a saber, con el acto administrativo de nombramiento que
precise el tipo de plaza ocupada o la autoridad nominadora, o en su defecto, recurrir
bien sea al acta de posesión, a una certificación que indique los recursos con los
que se pagaron sus emolumentos para el tiempo en cuestión, o con certificaciones
inequívocas del empleador en las que señale la naturaleza de la designación.
Pues bien, como ello no fue acreditado y se hace necesario resolver de fondo el
presente litigio con el material probatorio obrante en el expediente, se concluye
entonces que la Subsección no cuenta con los elementos necesarios que generen
8Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el
testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y
cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios
semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.
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certeza sobre el vínculo del demandante y sobre el tiempo laborado previo a la
anualidad ya referida.
Lo expuesto se traduce entonces en el incumplimiento de la parte activa de la carga
probatoria que le correspondía para demostrar sus supuestos de hecho, mandato
que se deriva del contenido del artículo 167 del CGP que consagra lo siguiente:
«Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante,
según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte
que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o
esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para
probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el
objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o
de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias
similares. […]»
Sobre el punto se destaca que dicha normativa citada impone una carga procesal9
a las partes dentro del proceso judicial, consistente en la necesidad de presentar
las pruebas demostrativas de los hechos señalados en la demanda o de las
excepciones que se aleguen en la contestación para su respectivo éxito, ello con la
opción judicial de variar el titular de esta, en atención a las condiciones particulares
para aportar los medios de convicción.
Este principio se funda en el concepto de carga procesal, que debe entenderse, tal
y como fue definida por la Corte Constitucional, en Sentencia C-123 del 18 de
febrero de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis, así:
«Las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que
comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente
establecida en beneficio del mismo sujeto y cuya omisión trae aparejada para él
consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho
procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el
proceso.
9 La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han diferenciado los conceptos de «deberes
procesales», «obligaciones procesales» y «cargas procesales». Los primeros hacen alusión a los imperativos
ordenados en la ley para el adecuado desarrollo del proceso y que incumben tanto al juez como a las partes.
Los segundos son las obligaciones de contenido patrimonial impuestas a los sujetos procesales con ocasión
del adelantamiento del proceso, como las costas. Finalmente, las cargas procesales son situaciones que fija la
ley que implican una realización de una conducta facultativa de las partes y en su propio beneficio y cuya
inobservancia acarrea consecuencias desfavorables en su contra, verbigracia, no aportar pruebas. Al respecto
ver Auto del 17 de septiembre de 1985, Sala de Casación Civil, que resolvió una reposición. Gaceta Judicial
tomo CLXXX – N.º 2419, Bogotá, Colombia, año de 1985, pág. 427. También ver lo sentencia de la Corte
Constitucional C-1512 de 2000.
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Por tanto, no debe perderse de vista que este principio, ante todo es una carga
procesal, cuya inobservancia genera una desestimación de las pretensiones o
excepciones alegadas por los sujetos procesales».
En este punto, es de resaltar que el cumplimiento de la mentada carga debe
efectuarse dentro de las etapas establecidas para ello, y en ese sentido, se destaca
en el presente asunto que el demandante procura que le sean tenidos en cuenta los
documentos que allegó de manera extemporánea el 12 de agosto de 202410 y el 20
de septiembre de 202411 con el fin de dar una “mayor claridad” al caso en cuestión;
sin embargo, dicha actuación no solo fue pretendida de manera posterior a la
ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación, es decir por fuera de la
oportunidad probatoria prevista en segunda instancia12, sino que tampoco se ajusta
al acto procesal permitido por la ley, el cual se encuentra limitado sólo a pedir o
solicitar pruebas y no a aportarlas, como lo hizo el actor.
En consecuencia, en garantía del derecho de contradicción, defensa y debido
proceso, la solicitud inoportuna del reclamante no puede ser valorada, y aquellos
documentos arrimados de manera tardía e inadecuada no se consideran parte del
material probatorio para decidir.
Al respecto, esta corporación en anteriores oportunidades13 se ha pronunciado
sobre el tema, estableciendo que:
«[…]en virtud de los principios de autorresponsabilidad y eventualidad, resulta
fundamental que las partes aporten y soliciten las pruebas dentro de los precisos
términos que contempla la ley, bajo la amenaza de asumir “las consecuencias de su
10 Ver índice 8 en SAMAI.
11 Ver índice 10 en SAMAI.
12 Artículo 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán
solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este
Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su
contestación; la ref orma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las
excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a
la cuestión planteada.
Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la
designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas.
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que
admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple
coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.
2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de
practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir
requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en
primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán
solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.
13 Auto que Resuelve recurso de súplica – pruebas en segunda instancia- Proceso 76001-23-33-000-2014-
00152-01 (0343-2016).
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inactividad, de su descuido, inclusive de su equivocada actividad como
probadoras”36
En ese sentido, no pueden ser valorados por el despacho aquellos documentos que
la demandante aportó, dado que la ley establece oportunidades procesales en cada
juicio para llevar a cabo las actuaciones pertinentes como se indicó en la parte
considerativa, garantizando de esta forma, los derechos constitucionales de
contradicción, defensa y debido proceso de las partes que se involucran en un pleito.
[…]»
Por otro lado, tampoco pueden ajustarse dichas pruebas documentales a un evento
excepcional que permita una valoración probatoria aun por fuera del término, esto
al encontrarse que estas no surgieron con ulterioridad a la situación fáctica ni
propendió con estas el demandante demostrar circunstancias posteriores que
fueron imposibles de aportar con anterioridad.
Ahora, debe traerse también a colación la solicitud de oficiar al Colegio
Departamental Mixto Luis Irizar Salazar que elevó el actor en su recurso de
apelación, indicando que el propósito de dicha prueba era “tener certeza de la
vinculación del docente oficial”. Al respecto, se tiene que las pruebas de oficio
contempladas en el artículo 213 del CPACA14 pueden ser decretadas por la
Subsección cuando las considere necesarias para esclarecer puntos oscuros del
caso, siendo tal facultad discrecional del juez y no a solicitud de parte.
En el asunto particular, esta Sala no observa que a partir de los medios de prueba
legalmente recaudados se genere alguna duda por resolver con el fin de dilucidar la
verdad, por lo que no es procedente el decreto de una prueba de oficio en esta
instancia. Contrario a esto, lo que sí se evidencia es una clara falta de actividad
probatoria que no le permite demostrar al actor el supuesto de hecho reclamado.
Como consecuencia de lo anterior, se precisa que la inobservancia de la carga de
la prueba trae consecuencias desfavorables para la parte que no la satisface, puesto
que al no probar los supuestos de hecho que alega, se somete a que la decisión se
profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo demostrado por la otra parte o
por la ausencia de medios de comprobación.
Bajo tal contexto, en el entendido de que el reclamante no satisfizo el requisito de
14 «En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que
considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con
las pedidas por las partes.
Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá
disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda.
Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.
En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar
o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas
decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al
auto que las decrete.»
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acreditar un lapso de labor como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de
diciembre de 1980, resulta inane examinar las demás exigencias para consolidar el
derecho en litigio, pues finalmente este no podría concederse. En consecuencia,
habrá de confirmarse el fallo apelado que negó las pretensiones de la demanda.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos de la demanda y del recurso de apelación presentados por la parte
demandante no presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la
condena en costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio manifestaron
planteamientos razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
Segundo. ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.
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Tercero. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en la presente
sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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