Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00686-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2019-00686-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00686-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-00686-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6494-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1, Secretaría de Educación
de Cali
Temas: Pensión jubilación docente, Ley 71 de 1988. Docente vinculada
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 7 de junio del 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante la cual se accedió a lo pretendido en la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Miguel Vicente Hernández Salas presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 4143.020.13.1.953.003331 del 23 de
abril de 2019, por la cual el secretario de educación de Cali, en nombre y
representación del Fomag, le negó el reconocimiento y pago de su pensión de
jubilación por aportes de conformidad con la Ley 71 de 1988.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada a partir del 30 de
mayo del 2018 en cuantía equivalente al 75% del ingreso base de liquidación de
1
En lo sucesivo Fomag.
2
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio; ii) la
indexación de los valores reconocidos y las sumas adeudadas; iii) el cumplimiento
de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y iv) la
condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
3.1. Miguel Vicente Hernández Salas nació el 29 de agosto de 1957, actualmente
cuenta con más de 60 años de edad.
3.2. Realizó aportes en el antiguo ISS durante 445 semanas, desde el 2005 fue
vinculado como docente oficial hasta el momento de la presentación de demanda,
es decir que reunió 1000 semanas de cotización y más de 60 años de edad.
3.3. Una vez adquirió el estatus, presentó solicitud de reconocimiento pensional; sin
embargo, el Fomag negó la petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron las leyes 60 de 1993, 115 de 1993, 100 de 1993 y 812
de 2003; así como el decreto 3752 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos3:
5.1. Infracción de las normas en que debía fundarse, comoquiera que a la fecha de
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 estaba vinculada al servicio del magisterio
en el municipio de Cali, por ende, su situación jurídica se encontraba regulada por
las leyes 71 de 1988 o 33 de 1985, por virtud de lo dispuesto en las leyes 91 de
1989 y 115 de 1994.
5.2. Aunque el docente se hubiera vinculado después de 2003, le resultaba aplicable
el Decreto 2278 de 2002, en cuanto al escalafón docente, en lugar del Decreto 2277
de 1979; sin embargo, esa circunstancia no incide en el régimen pensional previsto
de la Ley 812 de 2003, correspondiente a los docentes que hicieron aportes en el
antiguo ISS y luego se vincularon al sector público para completar los 20 años de
aportes exigidos en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
3
Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, gestión de documentos, descarga
expediente.
2
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
1.2. Contestación de la demanda
6. 1.2.1.El Fomag4 contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por falta del cumplimiento de los requisitos legales.
6.1. Lo anterior, en atención a que la demandante se vinculó el 1 de enero de 1990,
de manera que resultó beneficiaria del régimen pensional establecido en las leyes
33 de 1985 y en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
6.2. Finalmente propuso como excepciones, las que denominó «inexistencia de la
obligación o cobro de lo no debido»; «legalidad del acto administrativo expedido» y
«generica».
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 7
de junio del 2023 accedió a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, declaró
la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio 4143.020.13.1.953.003331
del 23 de abril de 2019, a título de restablecimiento del derecho condenó al Fomag
al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, en los términos de
la Ley 71 de 1988, efectiva a partir del retiro del servicio, en cuantía del 75% del
promedio que sirvió de base para los aportes en el último año de servicios, en virtud
de los factores enlistados en la Ley 62 de 1985. Condenó en costas a la demandada.
8. Luego de realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales
aplicables al asunto concluyó lo siguiente5:
8.1. El demandante fue vinculado como docente, mediante orden de prestación de
servicios el 2 de noviembre de 2002 y con nombramiento provisional el 23 de abril
de 2003, es decir antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, motivo por
el cual el régimen pensional aplicable fue el previsto en la Ley 71 de 1988 al reunir
tiempos públicos y privados.
8.2. El demandante cotizó al ISS por 445 semanas desde el 1º de octubre de 1974
hasta el 31 de agosto de 2005 y de manera simultánea con el Fomag entre el 1º de
mayo y el 30 de junio de 2003 y entre el 1º de diciembre de 2003 y el 31 de agosto
de 2005, los cuales no pueden sumar doble vez, en su lugar incrementa el salario
base de cotización. De manera que, las semanas efectivamente computadas fueron
4
Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, gestión de documentos, descarga
expediente.
5
Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, gestión de documentos, descarga
expediente.
3
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
350.7, correspondiente a 6.8 años, con lo cual completó los 20 años de servicio.
8.3. El 29 de agosto de 2017 cumplió 60 años de edad; sin embargo, al prestar su
servicio como docente desde el 2 de noviembre de 2002, en vigencia del Decreto
1278 del 19 de junio de 2002, no era beneficiario de percibir salario y pensión, por
lo tanto, la inclusión en nómina de pensionados quedó sujeta al retiro definitivo del
servicio.
8.4. Asimismo, en el acto de reconocimiento pensional el Fomag liquidará la cuota
parte o bono pensional a cargo de Colpensiones u otras cajas de previsión. Como
el docente no demostró los aportes realizados en el fondo privado durante el tiempo
que percibió honorarios por cuenta de las órdenes de prestación de servicio,
entonces el Fomag cobrará a la AFP o entidad de previsión los aportes que aquel
acredite realizados en virtud de la relación contractual con el municipio de Cali, de
lo contrario podrá descontar el valor equivalente del retroactivo pensional.
1.4. Los recursos de apelación
9. 1.4.1. El Fomag solicitó se revocara la sentencia de primera instancia6, por cuanto
la pensión de jubilación es reconocida a los docentes que vinculados al Fomag
acrediten 20 años de cotizaciones o aportes continuos o no a Colpensiones y a
entidades de previsión social del sector público, siempre que el docente estuviera
vinculado al Fomag antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Por lo
tanto, la entidad no es la llamada a responder por las sumas reclamadas.
10. 1.4.2. Miguel Vicente Hernández Salas solicitó se revocara parcialmente la
sentencia proferida por el tribunal, con fundamento en que su vinculación fue previa
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, motivo por el cual el reconocimiento
pensional le correspondía según los términos previstos en la Ley 71 de 1988, la cual
habilita la compatibilidad entre el salario y la pensión de jubilación para los docentes.
10.1. El 20 de marzo de 2019 fue radicada la solicitud de reconocimiento pensional,
comoquiera que el 29 de agosto de 2017 alcanzó el estatus, al contar con 60 de
edad y 22 años, 4 meses y 23 días de servicios en los sectores público y privado,
además, acreditó la vinculación en calidad de docente, antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, mediante órdenes de prestación de servicios.
6
Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, gestión de documentos, descarga
expediente.
4
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
1.5. Trámite en segunda instancia
11. Por medio de auto del 13 de febrero del 20247, el magistrado ponente admitió el
recurso de apelación y prescindió de la etapa de alegatos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.
2. Consideraciones
2.2. Los problemas jurídicos
12. Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:
12.1. ¿Los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15 2.b de la Ley 91 de 1989 permiten
la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales?
12.2. ¿Los tiempos de servicios prestados por Miguel Vicente Hernández Salas
pueden computarse para acreditar el tiempo de servicio para el reconocimiento de
la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988?
12.3. ¿La pensión regulada en la Ley 71 de 1988 es compatible con el salario
percibido en ejercicio de la docencia o para recibirla el docente debe retirarse del
servicio?
2.3. Marco normativo
2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
13. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte8. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas9.
7
Índice 4 de SAMAI, actuación
5AUTOQUEADMITE_64542023ADMISORIOAPELACION2080SINPRUEBASPDF(.pdf) NroActua 4.
8
Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
9
Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
5
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
14. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción10. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»11. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
15. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos12. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: «Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
16. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
10
El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
11
Preámbulo y artículo 6.
12
Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
6
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
17. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
18. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200313.
19. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
20. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
13
Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
7
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
21. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
22. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
23. La Ley 60 de 199314 asignó la administración de los servicios educativos estatales
a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes de su
14
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
8
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el artículo 6
ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes departamental,
distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen prestacional
anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989.
En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al
señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por
la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual se hubieren
realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad,
que estarán a cargo del indicado fondo.
24. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«[…]
De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
9
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»
25. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados por
ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
26. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.3.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988
27. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:
28. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:
«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se
entiende de la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con
excepción de los del nivel superior o universitario, vinculados a la nación, de
conformidad con las leyes vigentes, a partir del 1 de enero de 1990, quedarán
sometidos al sistema prestacional y de cesantías aplicable a los empleados
públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15 habría que referirse
finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de jubilación;
recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al
Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
10
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación
financiera lo permite»15 (se destaca).
29. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.
30. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.
31. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes16 que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.
32. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
15
Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la República del 17 de octubre de
1989.
16
Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
11
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.
33. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»17 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
34. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador18. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
35. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
17
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» los
clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
18
«[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre cuál es la
disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de este conflicto se da
cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de causarse el derecho que se
reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de favorabilidad se debe escoger, en su
integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho al trabajador, afiliado o beneficiario del
Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse este principio cuando una norma admite más de
una interpretación, caso en el cual siempre habrá de escogerse aquella que es más favorable al trabajador».
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-
000-2014-00012-01(1321-15) CE-SUJ2-010-18.
12
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».
36. En este sentido, se debe destacar que la expresión «derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.
37. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación19.
38. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:
39. (i) desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el
derecho a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace
parte de los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público
nacional» a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;
40. (ii) contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;
19
En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el
ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza en planteles oficiales
y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define como «[…]el orientador en los
establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde
con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de
2002 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…]
desarrollan labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos
en su proceso enseñanza aprendizaje […]».
13
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
41. (iii) impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por
aportes que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y
42. (iv) desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior20.
43. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.
44. Si bien el numeral aludido indicó que «cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que «[e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional », que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor.
45. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
20
Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.
14
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.
46. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.
47. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones », lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
48. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.
49. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.
2.3.3. Régimen jurídico aplicable a los docentes para el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación según la Ley 71 de 1988
50. En el evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, la Ley 71 de 1988 estableció, en su artículo 7, los requisitos de
la pensión de jubilación por aportes en los siguientes términos:
15
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho
a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o
más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que
correspondan a las entidades involucradas».
51. De acuerdo con la norma transcrita, tienen derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de
cualquier orden y en el ISS, cuando cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si
es hombre.
52. La anterior disposición (artículo 7° de la Ley 71 de 1988) fue reglamentada por el
Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, así:
«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el
artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por
aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60
años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en
cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o
discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público.
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La
pensión de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva
una vez se retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la
desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo
y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión
de jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la
más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.
Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por
aportes, se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas
de previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden
nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al
Instituto de los Seguros Sociales.
[…]
16
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios,
salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho
instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período
correspondiente.
Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la
pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de
liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior
al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho
salario, salvo lo previsto en la ley».
53. En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por aportes,
los precitados artículos 621 y 8 del Decreto 2709 de 1994 lo establecieron en un 75%
del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios.
2.3.4. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
54. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).
21
La citada disposición fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, el cual, en su
artículo 22, preceptuó que: «El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta la edad,
el tiempo de servicio y el monto porcentual de la pensión aplicable a dichos trabajadores. El ingreso
base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 […]». No obstante, esta sección, en sentencia de 15 de mayo de 2014, consejero ponente
Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-25-000-2011-00620 de -00 (2427-11), declaró la
nulidad parcial del aludido artículo 24 el Decreto 1474 de 1997, en cuanto había derogado el artículo
6° del Decreto 2709 de 1994.
17
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
55. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200322, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos
en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para
hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que
para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores.
La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las
cuentas de salud y pensiones.
[…]».
56. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201923, precisó:
«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de
estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
22
«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
23
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
18
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres».
57. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los
principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que
fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente
a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de
la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para
los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la
cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los
docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de
esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que,
en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en
cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados
a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985, se rige por las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
19
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
[…]». [Se resalta]
58. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada
Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años24. Esto quiere
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones
[…]».
59. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección25, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:
59.1. i)
los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003
vinculados como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán
derecho a adquirir la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir
24
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
20
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
55 años de edad26 y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988
que la otorga con 60 años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20
años o más de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros
Sociales (hoy Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de
reemplazo del 75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y
59.2. ii)
los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán
acceder a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
(modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de
cotización establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad
(sin importar el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para
hombres y mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de
labores (artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el
Decreto 1158 de 199427.
60. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.
61. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes de los
servidores públicos inmersos en esa situación.
2.3.5. Sobre el cómputo del tiempo de servicios prestados por los docentes
en virtud de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento
pensional
26
A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
27
Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
21
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
62. El Estatuto de la profesión docente28 definió este término en el artículo 2 como el
«[…] ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los
distintos niveles […]» y a los educadores como el término genérico de quienes la
ejercieren.
63. Asimismo, el artículo 44 ibidem estableció dentro de los deberes de los docentes
la relativa a «[…] [c]umplir las órdenes inherentes a sus cargos que les impartan sus
superiores jerárquicos […]» y en el 45 la prohibición de abandono o suspensión de
labores en forma injustificada o sin autorización previa.
64. La Corte Constitucional en la sentencia C-555 de 1994, resolvió una demanda
de constitucionalidad en contra del artículo 6 de la Ley 60 de 1993, al considerar
que vulneraba el principio de igualdad, que consistía en no extender un determinado
régimen legal pese a que desde el punto de vista la actividad material que
desempeñaban los docentes temporales era idéntica a los docentes-empleados
públicos.
65. En igual sentido, el Consejo de Estado29 indicó que la definición legal de labor
docente señalada en precedencia es aplicable a todos los maestros aun cuando
laboren por hora cátedra, en armonía con el artículo 104 de la Ley General de
Educación (115 de 1994) al prever que «[…] [e]l educador es el orientador en los
establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los
educandos», y como tal están sometidos de manera permanente a las directrices
emitidas por el Ministerio de Educación y las secretarías de educación, así como a
su inspección y vigilancia, sin que gocen de autonomía.
66. Así las cosas en razón de la naturaleza de la función docente, el principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que
la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios conlleva una
verdadera relación de trabajo sobre la formalidad que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un
específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia30.
28
Decreto 2277 de 1979
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de noviembre del 2020,
radicación 54001-23-33-000-2012-00181-01(0235-14). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 19 de enero de 2017, radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
22
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
67. En la sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 201631, hizo
referencia a la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios
y señaló que esta modalidad de vinculación no desvirtúa el carácter personal de su
labor ni es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de
educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos i) están
sometidos a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades
educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones; ii)
cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos; y iii) desarrollan sus
funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de
los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en
virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad,
los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado.
68. Ahora bien, se ha establecido que el proceso ordinario de reconocimiento de la
pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de contratos de
prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración de la existencia
de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente se solicite para
efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma contractual32.
69. Por último, en la señalada providencia de unificación se definió que en materia
de aportes pensionales, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados
al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su
carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo
de la prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo
con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA)30, y por ende, pueden ser
solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la administración no
puede sustraerse del pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social
en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión
en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien
ha servido al Estado mediante una relación de trabajo.
2.4. Caso concreto
70. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
31
Dentro del expediente con radicación 23001233300020130026001 (0088-2015).
32
En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite
la acumulación de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a
cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra
las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les
corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal
como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero
del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
23
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
2.4.1. Hechos probados
71. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
2.4.1.1. En torno a la relación laboral y contractual entre las partes
72. Con la demanda se aportó la orden de prestación de servicio «Anexo No. 01»
suscrita entre Miguel Vicente Hernández Salas y el municipio de Cali, Secretaría de
Educación con un término de duración entre el 2 de noviembre y el 13 de diciembre
de 2002 y entre el 7 de enero y el 14 de febrero de 2003, en calidad de docente en
la Institución Educativa Gabriela Mistral.
73. El 11 de enero de 2019, el secretario administrativo y financiero de la Secretaría
de Educación de Cali, en el formato único del Fomag, certificó que se desempeñó
como docente de básica secundaria en propiedad, en la Sede Educativa Gabriela
Mistral desde el 29 de agosto de 2005 hasta el momento de la expedición de esa
certificación, por al menos, 13 años, 4 meses, 14 días.
74. El 11 de enero de 2019, el secretario administrativo y financiero de la Secretaría
de Educación de Cali, en el formato único del Fomag, certificó se desempeñó como
docente de básica secundaria en provisionalidad, en la Sede Educativa Gabriela
Mistral desde el 1º de abril hasta el 9 de julio de 2003, por la terminación de la
provisionalidad, es decir durante 2 meses y 17 días.
74.1. El 11 de enero de 2019, el secretario administrativo y financiero de la Secretaría
de Educación de Cali, en el formato único del Fomag, certificó se desempeñó como
docente de básica secundaria en provisionalidad, en la Sede Educativa Gabriela
Mistral desde el 6 de octubre de 2003 hasta el 28 de agosto de 2005, por la
terminación de la provisionalidad, es decir durante 1 año, 9 meses y 16 días.
75. Enrelación con las semanas de cotización, se allegaron las siguientes
constancias:
75.1. i) el 10 de febrero de 2019, en la que Colpensiones certificó 445 semanas de
cotización, así:
Sector Empleador Período
Clínica Tequendama 01/10/74 – 28/02/75
Privado Clínica Tequendama 01/05/76 – 15/11/80
24
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
Confecc La Palmera 13/01/81 – 25/07/81
Exhi Metal Jaime A O 01/02/83 – 11/05/83
FCA de bicicletas 12/11/85 – 17/12/85
Tovar Ángel Gonzalo 21/04/86 – 30/06/86
FCA de bicicletas 17/07/86 – 24/11/86
Metalicas Apolo Ltda 02/02/90 – 24/04/90
01/05/03 – 31/05/03
Público 01/06/03 – 30/06/03
Municipio de Cali 01/08/03 – 31/08/03
01/12/03 – 31/12/03
01/01/04 – 31/01/04
01/02/04 – 31/08/05
Total semanas cotizadas 445
2.4.2. Análisis sustancial
2.4.2.1. Sobre el derecho a la pensión de jubilación por aportes reclamada
76. De acuerdo con el material probatorio allegado al expediente se tiene que si bien
la vinculación inicial del demandante como docente ocurrió con anterioridad a la Ley
812 de 2003 [2 de noviembre de 2002], el régimen prestacional aplicable a su caso
es el de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, debido a la acumulación de
tiempos públicos y privados.
77. Al efecto, según el artículo 7 de la citada ley, por ser hombre debía acreditar 60
años de edad y 20 años de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de
Seguros Sociales [hoy Administradora Colombiana de Pensiones] y en una o varias
de las entidades de previsión social del sector público; en ambos casos, con una
tasa de reemplazo del 75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios.
78. En ese sentido se observa que, si bien Colpensiones certificó que el demandante
realizó aportes desde el 1974 hasta el 31 de agosto de 2005, de manera discontinua,
lo cierto es que existen periodos simultáneos con el Fomag, comprendidos entre el
1º de mayo al 30 de junio de 2003, el 1º de diciembre de 2003 y el 31 de agosto de
2005, de manera que ante la imposibilidad de computarlos doble vez, se tomarán
en cuenta solo 350.7 semanas.
79. De otra parte, se tiene que la Secretaría de Educación de Cali omitió efectuar las
cotizaciones correspondientes a 10.2 semanas, comprendidas entre el 2 de
noviembre y el 13 de diciembre de 2002 y entre el 7 de enero y el 14 de febrero de
2003 que fueron laboradas en ejercicio de la orden de prestación de servicios, que
sumadas a aquellas respecto de las que sí se efectuaron los aportes, a saber 350.7
25
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
aportadas en Colpensiones y 803 del Fomag (15 años, 4 meses, 17 días), arroja un
total de 1153.7 semanas equivalente a 22 años.
80. Así las cosas, contrario a lo argumentado por el Fomag en el recurso de
apelación y tal como lo determinó el a quo, la demandante tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes con inclusión de los factores
sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de servicios, en
aplicación de lo estipulado en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709. El estatus
pensional lo adquirió el 29 de agosto de 2017, fecha en la que acreditó los requisitos
de edad -60 años o más- [nació el 29 de agosto de 195733] y 20 años de aportes
acumulados en las diferentes entidades de previsión social, de conformidad con el
artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994.
81. Por otro lado, resulta oportuno precisar que en razón a que el derecho pensional
es de carácter imprescriptible y en cuanto a las mesadas pensionales adeudadas,
tampoco se configuró, comoquiera que entre la adquisición del estatus pensional
del demandante [29 de agosto de 2017] y la petición de reconocimiento pensional
[20 de marzo del 2019] no trascurrieron más de 3 años, según el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968, por ende el pago de las correspondientes mesadas procede
a partir del 29 de agosto de 201.
82. Por último, en lo concerniente al argumento del docente apelante, según el cual
«[…] a los docentes vinculados antes del 19 de junio de 2002, fecha de entrada en vigencia
del Decreto 1278 de 2002 e inscritos en el escalafón docente de conformidad con el Decreto
2279 de 1979, debe aplicárseles la excepción a la prohibición contenida en el artículo 128
constitucional», al respecto, la Sala advierte que el Decreto 2709 de 1994, por el cual
se reglamentó el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, en su artículo 2 establece:
«Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación
por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del
servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de
invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las
excepciones previstas en la ley».
83. La disposición transcrita al expresar «salvo las excepciones previstas en la ley»
reconoció la existencia de situaciones en las que un pensionado bajo ese régimen,
podía recibir mesada pensional sin necesidad de acreditar su retiro del servicio,
como en efecto lo estableció el legislador a favor de los docentes oficiales, desde el
año 1972, razón por la cual no es dable condicionar la pensión de jubilación del
demandante a la desvinculación del servicio, máxime cuando le es reconocida su
33
Según el Registro Civil de Nacimiento de Miguel Vicente Hernández Salas aportado con la
demanda.
26
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes34.
84. Así las cosas, se impone modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada y,
en su lugar, se eliminará la frase «efectiva a partir de su retiro del servicio» y se
revocará el ordinal tercero, comoquiera que no se evidenció que, en la primera
instancia, la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta
o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá
de condenar en costas a la parte demandada.
2.5. Costas
85. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
86. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
87. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma35.
88. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
34
En igual sentido, ver sentencias de esta sala de decisión de (i) 8 de agosto de 2019, expediente
05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y (ii) 25 de
septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César
Palomino Cortés.
35
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
27
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
89. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte demandada.
3. Conclusión
90. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Miguel Vicente
Hernández Salas resultó beneficiaria de la Ley 71 de 1988, motivo por el cual le
será reconocida la pensión de jubilación por aportes, con inclusión de los factores
sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de servicio, sin que su
efectividad esté sujeta al retiro del servicio. En consecuencia, se modificará el
ordinal segundo, revocará el ordinal tercero y se confirmará en todo lo demás la
sentencia proferida el 7 de junio del 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 7 de junio del
2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:
«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se CONDENA a LA NACIÓN -
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, a reconocer, liquidar y pagar la pensión con base en la ley 71 de 1988, al
demandante MIGUEL VICENTE HERNÁNDEZ SALAS efectiva a partir del 29 de agosto de
2017, con una tasa de reemplazo del 75% del promedio que sirvió de base para los
aportes en el último año de servicios, con los factores salariales con los cuales hizo
aportes y que estén enlistados en la Ley 62 de 1985.
La pensión por aportes reconocida es compatible con el salario que devengue Miguel
Vicente Hernández Salas mientras continúe en el ejercicio de la docencia oficial.
El valor de la pensión de jubilación por aportes no podrá ser inferior al salario mínimo
legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en
la ley (Decreto 2709 de 1994). En el acto de reconocimiento se establecerán los aportes,
bonos o cuotas partes a cargo de la actora, el ISS (hoy COLPENSIONES), o entidad de
previsión que deban concurrir al pago de la pensión.»
28
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00686-01 (6454-2023)
Demandante: Miguel Vicente Hernández Salas
Segundo. Revocar el ordinal tercero la sentencia proferida el 7 de junio del 2023
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual la demandada
fue condenada en costas.
Tercero. Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 7 de junio del 2023
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió a las pretensiones de
la demanda.
Cuarto. Sin condena en costas en ambas instancias.
Quinto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av.
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
VMT
29
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.