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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00729-02

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00729-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 22 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. 10 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 76001-23-33-000-2019-00729-02 (1248-2024) Demandante: Fernando Arcesio Urrea Caldas SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia al señor Fernando Arcesio Urrea Caldas, a favor de la Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional). Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00729-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00729-02 (1248-2024)
Demandante: Fernando Arcesio Urrea Caldas
Demandado: Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional)

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios —
vinculación a través de cooperativas de trabajo asociado —
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral

Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia porque el
demandante no demostró la prestación personal del servicio
a favor de la entidad accionada a través de una cooperativa
de trabajo asociado y tampoco acreditó los extremos
temporales durante los cuales ejecutó algunos de los
contratos ni la continuada subordinación

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra
la sentencia de primera instancia del 22 de noviembre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del oficio
S-2019/005356 SECSA-ASJUR 1.10 del 16 de enero de 2019, expedido por la
entidad accionada, a través del cual se negó el reconocimiento de la existencia
de una relación laboral desde el 13 de diciembre de 2004 hasta el 30 de junio de
2017, así como el pago de prestaciones consecuentes, lapso durante el cual se
desempeñó como médico ortopedista y traumatólogo.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) declarar la existencia
de una relación laboral con la entidad demandada; (ii) pagar las prestaciones
sociales causadas durante el período mencionado1, más las indemnizaciones
moratorias generadas por la falta de pago de las cesantías y de las demás
prestaciones; (iii) realizar las cotizaciones «obrero-patronales» con destino al
sistema de seguridad social; (iv) pagar una indemnización por despido injusto; (v)
indexar las sumas que se concedan; y (vi) condenar en costas a la parte
demandada.

1
Cesantías, intereses sobre las cesantías, primas y vacaciones.

1
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00729-02 (1248-2024)
Demandante: Fernando Arcesio Urrea Caldas

3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado vulneró las
normas superiores2, pues, aunque formalmente estuvo vinculado a través de
contratos de prestación de servicios y mediante cooperativas de trabajo
asociado, en la práctica realizó sus actividades de manera personal, bajo
continuada subordinación y a cambio de una remuneración, circunstancias que
permiten concluir que se configuró una relación de naturaleza laboral.

Contestación de la demanda

4. La entidad demandada se opuso a las pretensiones y sostuvo que el
demandante estuvo vinculado mediante contratos de prestación de servicios para
desarrollar actividades como médico especialista en ortopedia. Indicó que tales
contratos se celebraron al amparo del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, ante la necesidad de contar con personal especializado para la prestación
del servicio, por lo que no existió relación laboral alguna.

5. Señaló que la acreditación de la prestación personal del servicio y de la
remuneración no permite, por sí sola, concluir la existencia de una relación
laboral. Agregó que el demandante conocía la naturaleza contractual de su
vinculación y suscribió voluntariamente los respectivos contratos de prestación
de servicios.

6. Afirmó que la entidad no ejerció continuada subordinación sobre el
demandante, ni le impuso órdenes relativas a la forma de ejecución de las
actividades contratadas o jornadas de trabajo. Precisó que la disponibilidad
exigida obedecía a las necesidades propias del servicio de salud y al
cumplimiento de los compromisos contractualmente asumidos.

7. Propuso las excepciones de «ineptitud sustantiva de la demanda»,
«imposibilidad para deducir contrato de trabajo», pago, inexistencia de la
obligación y la genérica.

Decisión de las excepciones previas

8. Mediante auto del 23 de octubre de 2019, el Tribunal admitió parcialmente
la demanda y la rechazó respecto de las pretensiones de reconocimiento y pago
de salarios y prestaciones sociales, debido a que se había configurado la
caducidad de la acción; sin embargo, el Consejo de Estado revocó tal decisión
por medio de auto del 28 de abril de 2022, sobre la base de que una decisión en
ese sentido solo podía adoptarse en el fallo, luego de constatar la existencia de
la relación laboral.

9. Por auto del 18 de septiembre de 2023, el Tribunal declaró no probada la
excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la
conciliación prejudicial, la cual había sido planteada como «ineptitud sustantiva
de la demanda».

Sentencia apelada

2
Artículos 53 y 58 de la Constitución Política; 11 de la Ley 6.ª de 1945; 1, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 65 y 249 del Código Sustantivo del Trabajo; 1, 2 y 3 del Decreto 2127
de 1945; 1 y 10 del Decreto 797 de 1949; las Leyes 52 de 1975, 50 de 1990 y 100 de 1993.
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Demandante: Fernando Arcesio Urrea Caldas

10. Mediante sentencia de primera instancia, el Tribunal declaró la nulidad
parcial del acto acusado, únicamente en cuanto negó la existencia de una
relación laboral durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios
suscritos el 7 de octubre de 2013, el 15 de octubre de 2015 y el 7 de junio de
2016.

11. Como consecuencia de lo anterior, (i) declaró la existencia de una relación
laboral entre el demandante y la entidad accionada durante la vigencia de dichos
contratos; (ii) ordenó a la entidad asumir las diferencias existentes entre los
aportes al sistema general de pensiones efectuados por el actor como contratista
y los que le correspondía sufragar como empleadora, liquidados sobre los
honorarios pactados, para lo cual dispuso que el demandante acreditara las
cotizaciones realizadas o, en su defecto, efectuara o completara los aportes a su
cargo; (iii) negó las demás pretensiones; y (iv) condenó en costas a la entidad
demandada.

12. Para sustentar su decisión, señaló que respecto del convenio de trabajo
asociado suscrito el 16 de abril de 2007 y de los contratos celebrados el 13 de
diciembre de 2004, el 24 de noviembre de 2006, el 18 de julio y el 23 de octubre
de 2007, el 13 de marzo y el 13 de noviembre de 2008, el 5 de octubre de 2010
y el 28 de septiembre de 2011 se encontraban acreditadas la prestación personal
del servicio y la remuneración. Sin embargo, consideró que no estaba
demostrada la continuada subordinación, pues las cláusulas contractuales no
evidenciaban el ejercicio de potestades propias de una relación laboral y no se
allegaron elementos de prueba que permitieran establecer las condiciones reales
de ejecución de esos vínculos.

13. En relación con los contratos suscritos el 7 de octubre de 2013, el 15 de
octubre de 2015 y el 7 de junio de 2016, concluyó que, además de la prestación
personal del servicio y la remuneración, se acreditó la subordinación. Explicó que
algunas de las obligaciones pactadas imponían al demandante la participación
en comités institucionales y en actividades de diseño, planeación, seguimiento y
definición de políticas de salud ocupacional, funciones que excedían el objeto
contractual y evidenciaban su integración en la estructura organizacional de la
entidad.

14. Con fundamento en ello, declaró la desnaturalización de los contratos
celebrados el 7 de octubre de 2013, el 15 de octubre de 2015 y el 7 de junio de
2016, durante los respectivos períodos de ejecución.

15. Finalmente, consideró que las prestaciones sociales y demás acreencias
derivadas de la relación laboral declarada se encontraban prescritas en todo lo
causado con anterioridad al 31 de diciembre de 2015, salvo los aportes al sistema
general de pensiones, dado que la reclamación administrativa fue presentada el
31 de diciembre de 2018. Asimismo, concluyó que operó la caducidad del medio
de control respecto de las pretensiones económicas distintas de los aportes
pensionales, por cuanto la demanda fue radicada el 2 de agosto de 2019,
después de vencido el término correspondiente, aun teniendo en cuenta la
suspensión derivada del trámite de conciliación extrajudicial.

3
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Demandante: Fernando Arcesio Urrea Caldas

Recursos de apelación

16. El demandante interpuso recurso de apelación y sostuvo que el Tribunal
incurrió en error al declarar la caducidad respecto de las prestaciones sociales y
demás acreencias laborales. Indicó que el término previsto en el artículo 164 del
CPACA debía contabilizarse en días hábiles y no en días calendario, por lo que
la demanda habría sido presentada oportunamente. Agregó que, aunque el acta
de conciliación extrajudicial se expidió el 5 de junio de 2019, le fue entregada con
posterioridad.

17. Asimismo, afirmó que el Tribunal confundió las figuras de la caducidad y
la prescripción. Señaló que la reclamación administrativa presentada el 31 de
diciembre de 2018 interrumpió el término prescriptivo y que, en consecuencia, las
acreencias reclamadas no podían considerarse extinguidas en la forma
establecida en la sentencia.

18. De otra parte, cuestionó que el Tribunal hubiera dividido los vínculos
analizados en dos grupos y concluyera que únicamente respecto de los tres
últimos contratos se acreditó la subordinación. A su juicio, todos los contratos
obedecieron a una misma necesidad institucional, tuvieron un objeto
sustancialmente similar y fueron ejecutados bajo las mismas condiciones, de
manera que la diferenciación efectuada por el a quo carece de sustento
probatorio.

19. Sostuvo que el material probatorio demuestra la existencia de una relación
laboral durante todo el período comprendido entre el 13 de diciembre de 2004 y
el 30 de junio de 2017. En particular, indicó que desarrolló sus actividades en las
instalaciones de la entidad, utilizó los consultorios, equipos e insumos
suministrados por esta y prestó sus servicios con apoyo del personal asistencial
adscrito a la institución, circunstancias que, en su criterio, evidencian la
continuada subordinación.

20. Por su parte, la entidad demandada también interpuso recurso de
apelación y sostuvo que las cláusulas contractuales relacionadas con la
participación en comités, el diseño de políticas y estrategias de salud ocupacional
y otras actividades de planeación, gestión y seguimiento no permiten inferir la
incorporación del demandante a la estructura organizacional de la entidad ni
constituyen manifestaciones de subordinación.

21. Añadió que no se acreditó la continuada subordinación y reiteró que la
contratación de servicios médicos especializados mediante contratos de
prestación de servicios se encuentra autorizada por el numeral 3 del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, razón por la cual las exigencias derivadas de la adecuada
ejecución del objeto contractual no pueden confundirse con una relación laboral.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

22. Por auto del 27 de junio de 2024 se admitieron los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia de primera instancia.

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Demandante: Fernando Arcesio Urrea Caldas

23. La parte procesales no se pronunciaron sobre los recursos de alzada y el
Ministerio Público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

24. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.

Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
incurrió en los yerros planteados por ambas partes procesales. Para tal efecto,
se analizará si el accionante acreditó la continuada subordinación durante los
tiempos en que se desempeñó como médico ortopedista y traumatólogo al
servicio de la entidad accionada. En caso afirmativo, se establecerá si la decisión
en torno a la caducidad y la prescripción extintiva trienal observó los parámetros
legales y jurisprudenciales aplicables.

Análisis del problema jurídico

26. La Sala revocará la sentencia apelada y en su lugar se negarán las
pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que el demandante no demostró
la prestación personal del servicio a favor de la entidad accionada a través de
una cooperativa de trabajo asociado y tampoco acreditó los extremos temporales
durante los cuales ejecutó algunos de los contratos ni la continuada
subordinación.

1. Estudio sobre las condiciones en las que se ejecutaron los contratos

27. De acuerdo con la prueba documental recaudada3, el demandante celebró
los siguientes contratos de prestación de servicios con la entidad accionada:

Contrato u orden de prestación
Duración Honorarios Objeto
de servicios
$ 9.600.000
66-7-20613/2004 del 13 de Servicios profesionales
4 meses y 24 días ($ 2.000.000
diciembre de 2004 como ortopedista
mensuales)
Servicios profesionales
66-7-20655/2006 del 24 de $ 7.965.500
2 meses y 29 días como traumatólogo y
noviembre de 2006 ($ 2.685.000)
ortopedista
$ 10.000.000
(pagados por
66-7-20411/2007 del 18 de julio de Prestación de servicios
4 meses quincenas,
2007 en ortopedia
según el valor
facturado)
$ 20.755.000
(pagados por Prestación de servicios
66-7-20643/2007 del 23 de octubre
5 meses quincenas, como ortopedista y
de 2007
según el valor traumatólogo
facturado)
$ 32.500.000 Prestación de servicios
66-7-20261/2008 del 13 de marzo
9 meses (pagados por como ortopedista y
de 2008
quincenas, traumatólogo

3
Contratos y actas de adición y prórroga aportados con la demanda. Índice 29 de SAMAI del tribunal.
5
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según el valor
facturado)
$ 28.000.000
(pagados por Prestación de servicios
66-7-20733/2008 del 13 de
6 meses mensualidades, como ortopedista y
noviembre de 2008
según el valor traumatólogo
facturado)
$ 42.000.0005
(pagados por Prestación de servicios
66-7-20355/2010 del 5 de octubre 14/10/2010 al
mensualidades, como ortopedista y
de 2010, más adición y prórroga 11/11/20114
según el valor traumatólogo
facturado)
$ 74.250.000
66-7-20470/2011 del 28 de (pagados por Prestación de servicios
29/9/2011 al
septiembre de 2011, más adición y mensualidades, como ortopedista y
3/9/2012
prórroga según el valor traumatólogo
facturado)
Prestación de servicios
66-7-20395/2012, más adición y 25/8/2012 al
$ 135.000.000 como ortopedista y
prórroga6 31/10/2013
traumatólogo
$ 68.000.000
(pagados por
Prestación de servicios
66-7-20495/2013 del 7 de octubre mensualidades,
6 meses y 6 días como ortopedista y
de 2013 según los
traumatólogo
servicios
prestados)
$ 98.000.000
(pagados por
Prestación de servicios
66-7-20677/2015 del 15 de octubre mensualidades,
6 meses y 11 días como ortopedista y
de 2015 según los
traumatólogo
servicios
prestados)
$ 50.265.000
(pagados por
Prestación de servicios
66-7-20426/2016 del 7 de junio de mensualidades,
3 meses y 8 días como ortopedista y
2016 según los
traumatólogo
servicios
prestados)

28. En el expediente también se encuentra el convenio de trabajo asociado
suscrito el 16 de abril de 2007 entre la Cooperativa de Trabajo Asociado
CONTRATOS CTA y el demandante, con base en el cual este último se
comprometió a «suministrar servicios asistenciales en el proceso de consulta y
procedimientos» como médico ortopedista en la «POLICLÍNICA», de manera
indefinida, mientras subsistiera la necesidad del servicio y estuvieran vigentes los
contratos celebrados entre la Cooperativa y la empresa contratante7.

4
Aunque el acta de adición y prórroga 1-2-20355/2010 se envió a esta corporación de manera escaneada
y, al parecer, ocurrió un error en el proceso de digitalización que impide observar todo el documento, en la
prima página se indicó que el contrato 66-7-20355/2010 inició el 14 de octubre de 2010 y terminaba el 11
de junio de 2011. A su turno, en la sentencia de primera instancia se señaló que el contrato mencionado fue
prorrogado por cinco (5) meses más, afirmación que no fue controvertida por ninguna de las partes, de tal
manera que se puede concluir que el contrato se ejecutó hasta el 11 de noviembre de 2011.
5
Este valor corresponde al indicado en el contrato principal, sin incluir las adiciones.
6
Aunque no se aportó copia del contrato, sí se allegó una copia del acta de adición y prórroga 2-20395/2012,
la cual da cuenta de que las partes suscribieron un contrato n.° 66-7-20395/2012, el cual tuvo como objeto
la prestación de servicios como ortopedista y traumatólogo, su valor inicial fue de $ 90.000.000 COP y su
ejecución inició el 25 de agosto de 2012 y terminaba el 24 de junio de 2013, pero fue prorrogado hasta el 31
de octubre de 2013 y su valor fue adicionado hasta completar $ 135.000.000 COP.
7
Respecto de la duración, en el convenido se indicó lo siguiente: «La duración de este convenio de
asociación es indefinida y durará por el tiempo continuo o discontinuo de la ejecución del servicio de EL(LA)
ASOCIADO(A) a favor de LA COOPERATIVA Y mientras subsistan las causas que le dieron origen, la
materia del trabajo y los requerimientos y oportunidades de ocupación de su fuerza de trabajo, de
conformidad con las actividades que desarrolle directamente la cooperativa, o según los contratos que se
celebren entre esta y las empresas contratantes de sus servicios; sin embargo se reitera que su término
estará acorde con las necesidades de LA COOPERATIVA en razón de los contratos celebrados, por tanto
finalizará con la terminación del plazo del contrato de servicios suscrito con la persona o empresa
contratante, o cuando por modificaciones en dicha contratación no se requieran más los servicios que
desarrolla EL(LA) ASOCIADO(A)».
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29. En este punto resulta pertinente destacar que en primera instancia no se
solicitaron ni practicaron testimonios.

30. Habiendo precisado lo anterior, el artículo 320 del Código General del
Proceso establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, solamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que aquella se revoque o se reforme. A su turno,
el artículo 328 ibidem dispone que el juez de segunda instancia deberá
pronunciarse, únicamente, sobre los argumentos expuestos por quien apela, sin
perjuicio de las determinaciones que deba tomar de oficio, según la ley; sin
embargo, cuando ambas partes apelen toda la sentencia, el superior resolverá
sin limitaciones.

31. La Sala advierte que la carga de acreditar los supuestos fácticos de la
pretensión correspondía al demandante, de conformidad con el artículo 167 del
Código General del Proceso. En asuntos como el presente, ello supone
demostrar no solo la existencia de los vínculos que se invocan como fundamento
de la demanda, sino también los períodos durante los cuales se prestaron
efectivamente los servicios y las condiciones concretas en que estos fueron
ejecutados.

32. Bajo esa premisa, el convenio de trabajo asociado suscrito el 16 de abril
de 2007 no permite establecer con certeza que las actividades allí referidas
hubieran sido desarrolladas en beneficio de la entidad demandada. En efecto, la
referencia a una «Policlínica» resulta insuficiente para identificar el lugar de
prestación del servicio y, además, el documento no contiene información que
permita determinar los extremos temporales durante los cuales el actor habría
ejecutado actividades para aquella.

33. Situación similar ocurre con los contratos 66-7-20613/2004, 66-7-
20655/2006, 66-7-20411/2007, 66-7-20643/2007, 66-7-20261/2008, 66-7-
20733/2008, 66-7-20495/2013, 66-7-20677/2015 y 66-7-20426/2016. Aunque el
expediente contiene copia de esos documentos, la información aportada no
permite establecer con precisión las fechas en que inició y concluyó su ejecución.
En los documentos únicamente se consignan plazos expresados en meses o
días, sin que obren actas de inicio, actas de terminación, certificaciones de
cumplimiento u otros elementos de juicio que permitan identificar con certeza los
períodos efectivamente laborados.

34. Esa insuficiencia probatoria impide tener por demostrados los períodos de
servicio alegados respecto de tales vínculos. No se trata de una exigencia
meramente formal. La determinación de los extremos temporales constituye un
presupuesto indispensable para establecer la existencia y alcance de la relación
cuya declaración se pretende, así como para definir las eventuales
consecuencias jurídicas derivadas de ella.

35. Distinta es la situación de los contratos 66-7-20355/2010, 66-7-
20470/2011 y 66-7-20395/2012, respecto de los cuales sí obran elementos que
permiten identificar el objeto contractual, la remuneración y sus períodos de
ejecución. Por ello, frente a estos contratos resulta procedente examinar si se
acreditó el elemento de la continuada subordinación.
7
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36. La Sala recuerda que la continuada subordinación corresponde al poder
jurídico permanente que permite al empleador dirigir la actividad del trabajador,
determinar la forma en que este debe ejecutar sus funciones, impartir órdenes de
obligatorio cumplimiento y ejercer facultades de control que exceden la simple
vigilancia del resultado pactado. No se trata, por tanto, de la mera existencia de
mecanismos de coordinación, supervisión o seguimiento contractual, sino de una
verdadera situación de dependencia en la que la autonomía del contratista queda
sustituida por la voluntad de la entidad contratante8.

37. De la interpretación armónica de los artículos 3, 4 —numerales 1 y 4—, 5
—numeral 2— y 14 de la Ley 80 de 1993 se desprende que las entidades
estatales conservan facultades de dirección general, vigilancia y control sobre la
ejecución de los contratos. Tales potestades les permiten verificar el
cumplimiento del objeto contratado, exigir informes, formular observaciones y
adoptar medidas encaminadas a garantizar la adecuada prestación del servicio,
sin que ello implique, por sí mismo, la configuración de una relación laboral.

38. En el mismo sentido, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 imponen
a las entidades públicas el deber de vigilar permanentemente la correcta
ejecución contractual mediante supervisores o interventores, quienes están
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo del contrato. Por ello, la existencia de actividades de seguimiento,
coordinación o control contractual no constituye, por sí sola, manifestación de
subordinación9.

39. Desde esa perspectiva, quien pretende la declaración de
desnaturalización de contratos de prestación de servicios debe demostrar que la
ejecución de las actividades desbordó el ámbito propio de la coordinación
contractual y se desarrolló bajo continuada subordinación. Sin embargo, del
análisis integral del material probatorio la Sala concluye que el demandante no
acreditó dicho elemento respecto de los contratos 66-7-20355/2010, 66-7-
20470/2011 y 66-7-20395/2012.

40. En efecto, el expediente no contiene elementos de juicio que permitan
reconstruir las condiciones reales en que el actor ejecutó tales contratos. No
obran testimonios de supervisores, compañeros de trabajo o personal
administrativo; tampoco reposan memorandos, requerimientos, llamados de
atención, comunicaciones internas, correos electrónicos, informes de
supervisión, registros de control de asistencia o cualquier otro documento que
permita establecer la manera concreta en que desarrollaba sus actividades como
médico ortopedista y traumatólogo.

41. La ausencia de tales elementos adquiere especial relevancia porque la
subordinación no puede presumirse ni inferirse a partir de la sola existencia de

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
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Numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993: «2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que
sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las
órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad
y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran
presentarse».
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Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00729-02 (1248-2024)
Demandante: Fernando Arcesio Urrea Caldas

contratos sucesivos. Por el contrario, debía demostrarse que la entidad ejercía
un poder efectivo de dirección sobre la forma de prestación del servicio, que
impartía instrucciones obligatorias sobre el desarrollo de las actividades
contratadas o que sometía al actor a controles incompatibles con la autonomía
propia de un contratista.

42. Esa ausencia probatoria tampoco puede suplirse mediante una lectura
aislada de determinadas estipulaciones. El negocio jurídico debe interpretarse de
manera sistemática e integral, atendiendo a la totalidad de sus disposiciones y a
la finalidad perseguida por las partes. Por ello, no resulta jurídicamente admisible
inferir la desnaturalización del vínculo a partir de algunas obligaciones
accesorias, sin examinar el acuerdo en su conjunto y la forma en que fue
ejecutado.

43. Precisamente, la sentencia de primera instancia infirió la subordinación a
partir de cláusulas relacionadas con la participación en comités, actividades de
planeación institucional y estrategias de salud ocupacional. Sin embargo, esa
conclusión presenta dos dificultades. La primera, que parte de una lectura
fragmentada del contrato, pues las obligaciones pactadas deben interpretarse
armónicamente con el conjunto del negocio jurídico. La segunda, que asume
como demostrada una circunstancia que carece de respaldo probatorio, ya que
no existe evidencia sobre la manera concreta en que tales obligaciones fueron
desarrolladas ni sobre la existencia de órdenes, controles o mecanismos de
dirección derivados de ellas.

44. Aun si se aceptara que el demandante participó en actividades de
coordinación institucional, ello no permitiría inferir automáticamente la continuada
subordinación. Tratándose de un médico especialista en ortopedia y
traumatología, correspondía acreditar que la entidad intervenía efectivamente en
la forma de prestación del servicio, impartía instrucciones obligatorias respecto
de su actividad profesional o ejercía controles que limitaran la autonomía técnica
y científica inherente al ejercicio de la especialidad.

45. Nada de ello fue demostrado. El material probatorio únicamente permite
acreditar la existencia de algunos contratos y el pago de los honorarios
correspondientes, pero no demuestra que la entidad hubiera ejercido facultades
de dirección distintas de las inherentes a la supervisión y coordinación
contractual. En consecuencia, la Sala concluye que no se acreditó el elemento
de la continuada subordinación ni, por ende, la desnaturalización de los contratos
de prestación de servicios cuya declaración pretende el demandante.

46. De igual forma, aun cuando la prestación del servicio de ortopedia y
traumatología en las áreas de consulta externa, urgencias y hospitalización
pudiera exigir el cumplimiento de horarios, turnos de disponibilidad o la ejecución
de actividades en las instalaciones de la entidad contratante, esta corporación ha
sostenido que tales circunstancias constituyen simples indicios que, por sí solos,
no permiten concluir la existencia de continuada subordinación, pues pueden
responder legítimamente a necesidades de organización y coordinación del
servicio de salud.

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Demandante: Fernando Arcesio Urrea Caldas

47. Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia, incluida la condena en costas impuesta a la entidad demandada. En su
lugar, negará las pretensiones de la demanda.

48. Finalmente, resulta innecesario pronunciarse sobre los demás argumentos
planteados por el demandante en relación con la caducidad de la acción y la
prescripción de los derechos reclamados. Tales cuestiones únicamente
adquirirían relevancia si se hubiera acreditado previamente la desnaturalización
de los contratos de prestación de servicios, presupuesto que no se configuró en
el presente asunto.

La condena en costas de ambas instancias

49. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

50. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.

51. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

52. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se revocará el fallo apelado,
se impondrán costas a la parte demandante en ambas instancias, por cuanto se
revoca la sentencia de primera instancia. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho
sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 22 de noviembre de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, NEGAR las
pretensiones de la demanda.

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SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia al señor
Fernando Arcesio Urrea Caldas, a favor de la Nación (Ministerio de Defensa,
Policía Nacional). Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JMMC

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