Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2019-00745-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2019-00745-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2019-00745-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
4 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00745-01 (29585)
Demandante: LORENA LETICIA ERAZO RAGA
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Tema: Aportes al sistema de seguridad social vigencia 2014.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 12 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que en la parte resolutiva dispuso:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. FIJAR agencias en derecho
en el 3% de lo pedido en la demanda».
ANTECEDENTES
El n2 de noviembre de 2016, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP-, expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir RCD-2016-01658 a la
señora Lorena Leticia Erazo Raga, por omisión en la afiliación al sistema de la
protección social por los períodos de enero a diciembre de 2014.
Sin respuesta oportuna al acto previo, el 31 de julio de 2017, la citada dependencia
profirió la Liquidación Oficial RDO-2017-02647, por omisión en la afiliación, fijó los
aportes en $56.364.000, e impuso sanción de omisión en $112.728.000.
Previa interposición del recurso de reconsideración contra la anterior decisión, la
entidad demandada emitió la Resolución RDC-2018-00973 del 4 de septiembre de
2018, en la cual por la cual disminuyó los aportes a $46.554.200, la sanción por omisión
a $93.108.400. Esta modificación se originó al ajustar el IBC de los meses de enero,
marzo, julio y noviembre.
El 13 de noviembre de 2020, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP revocó parcialmente la Liquidación Oficial al aplicar la presunción de costos,
por lo que disminuyó el valor de los aportes en $37.372.400 y la sanción por omisión en
$74.744.800.
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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00745-01 (29585)
Demandante: Lorena Leticia Erazo Raga
DEMANDA
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
demandante formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Que es nulo el acto administrativo que se relaciona a continuación: Resolución
No. RDC- 2018-00973 del 04/09/2018, a través del cual se resolvió el recurso de
reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial No. RDO-2017-02647 del 31 de
julio del año 2017, acto administrativo de cierre del procedimiento administrativo, mediante
el cual la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP, determino,
líquido y sanciono a la señora LORENA LETICIA ERAZO RAGA con el pago al Sistema
General de la Seguridad Social al Subsistema de Salud, dicho actuar es improcedente por
cuanto el Tributo para los Independientes sin contrato de Prestación de Servicios y los
Rentistas de Capital, para el año 2014 no se encontraba regulado en ninguna norma de
manera precisa y clara; y menos aún existía un reglamento sobre el Ingreso Base de
Cotización (IBC), para calcularlo. Adicionalmente que las normas que cita la UGPP eran
imposible de aplicarse de acuerdo a la exposición y argumentación del presente Medio de
Control.
SEGUNDO: Que son nulos los actos administrativos que se relaciona a continuación:
Liquidación Oficial No. RDO-2017-02647 del 31/07/2017 y la Resolución No. RDC-2018-
00973 del 04/09/2018, mediante los cuales la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales - UGPP, determino, líquido y sanciono a la señora LORENA
LETICIA ERAZO RAGA con el pago al Sistema General de la Seguridad Social al
Subsistema de Salud, dicho actuar es improcedente por cuanto el Tributo para los
Independientes sin contrato de Prestación de Servicios y los Rentistas de Capital, para el
año 2014 no se encontraba regulado en ninguna norma de manera precisa y clara; y menos
aún existía un reglamento sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC), para calcularlo.
Adicionalmente que las normas que cita la UGPP eran imposible de aplicarse de acuerdo
a la exposición y argumentación del presente Medio de Control.
TERCERO: Se ORDENE a la UGPP modificar la sanción por concepto de omisión por
evidenciarse que la base de la sanción no debe ser sobre el aporte del 100%, por no estar
reglado de manera clara, expresa e inequívoca el Ingreso Base de Cotización.
CUARTO: Como consecuencia de todo lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, se indemnice por daños y perjuicios causados a la señora LORENA LETICIA
ERAZO RAGA, conforme a las facturas de servicios en los cuales el contribuyente incurrió
y las planillas integradas de liquidación de aportes que cancelo el demandante al
Subsistema de Salud, documentos que se adjuntan al presente medio de control Nulidad y
Restablecimiento del Derecho.
II. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
En el evento que NO se decrete la Nulidad Absoluta del proceso demandado de la
referencia, solicitamos de manera subsidiaria las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Que se tenga como Ingreso Base de Cotización (IBC) un (1) salario mínimo
mensual vigente del año 2014, por cuanto para la época de los hechos fiscalizados y
sancionados (Año 2014), no se encontraba tipificados los elementos del tributo del pago
de aportes al Sistema General de la Seguridad Social en Pensiones, Salud y Fondo de
Solidaridad para los independientes sin contrato de prestación de servicios y los rentistas
de capital, por lo tanto el contribuyente de manera voluntaria podía cotizar sobre un salario
mínimo de la época fiscalizada.
SEGUNDO: De no decretarse ninguna de las pretensiones anteriores, solicitamos que se
tenga como parámetro de la determinación del tributo para el Subsistema de Salud y
Régimen Pensional sobre el cuarenta por ciento (40%) de la renta liquidada “Utilidad”
señalada en la declaración de renta que se encuentra en firme, con base en el artículo 135
de la ley 1753 del año 2015».
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Demandante: Lorena Leticia Erazo Raga
Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 29, 150, 338 y 363 de la
Constitución Política; 1, 2 y 3 de la Ley 153 de 1887; 3, 52, 90, 157, 177 y 204 de la
Ley 100 de 1993; 26 del Decreto 806 de 1998; 16 del Decreto 1406 de 1999; 2, 3, 4,
5, 6 y 7 de la Ley 797 de 2003; 1, 3 y 5 del Decreto 510 de 2003; 10 y 18 de la Ley
1122 de 2007; 1 del Decreto 4982 de 2007; 33 de la Ley 1438 de 2011; 2 de la Ley
1562 de 2012; 179 de la Ley 1607 de 2012; 5 del Decreto 3030 de 2013; 13 del Decreto
723 de 2013; 319 de la Ley 1819 de 2016; 714 del Estatuto Tributario; y la Resolución
2388 de 2016. Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:
Vulneración material del principio de legalidad – Hecho generador
Afirmó que la UGPP vulneró los artículos 150 y 338 de la Constitución al determinar y
sancionar sin tener definidos los elementos del tributo aplicables a los trabajadores
independientes sin contrato y rentistas de capital. Señaló que para 2014 no existía ley
que precisara el hecho generador de la obligación de aportar al Sistema General de
Seguridad Social en Salud y Pensiones.
Sostuvo que la entidad confundió el hecho generador con la base gravable y la tarifa,
y que aplicó normas destinadas a trabajadores dependientes (arts. 3 y 204 de la Ley
100/93, art. 26 del D. 806/98, arts. 2 y 13 de la L. 797/03), las cuales no podían
extenderse por analogía a independientes.
Vulneración material del principio de legalidad – Sujeto activo
Indicó que la UGPP carecía de competencia expresa para recaudar o fiscalizar aportes
de independientes sin contrato, pues su función se limitaba a los afiliados del sistema
y no existía definición legal que los incluyera. La ausencia de un hecho generador claro
y preciso impidió además determinar los sujetos activo y pasivo del tributo, de modo
que ninguna norma otorgó potestad para exigir aportes al Sistema General de
Seguridad Social en salud y pensión a los independientes sin contrato ni a los rentistas
de capital.
Vulneración material del principio de legalidad – Sujeto pasivo
El legislador no definió como sujeto pasivo al rentista de capital, y el trabajador
independiente sin contrato de prestación de servicios quedó sujeto a un concepto de
capacidad de pago general y ambiguo. En consecuencia, las normas invocadas por la
UGPP no regularon con claridad ni precisión al sujeto pasivo del tributo obligado a
efectuar aportes al Sistema General de Seguridad Social.
Vulneración material del principio de legalidad – Base gravable
Adujo que no existía reglamentación para calcular el IBC de los trabajadores
independientes sin contrato. Indicó que la UGPP liquidó los aportes tomando como
base el 100 % de los ingresos, pese a que el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 ordenó
al Gobierno reglamentar un sistema de presunción de ingresos, lo cual no se cumplió.
Sostuvo que la UGPP interpretó indebidamente el Decreto 510 de 2003, pues este se
refería a los trabajadores independientes, mientras que los rentistas de capital no
tienen esa condición ni la de dependientes. En consecuencia, la entidad aplicó de
manera extensiva una disposición vulnerando el principio de legalidad.
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Demandante: Lorena Leticia Erazo Raga
Vulneración material del principio de legalidad – Tarifa
Precisó que la administración aplicó el mismo porcentaje previsto para los trabajadores
dependientes, sin tener norma que autorizara extender dicho régimen a otros sujetos.
Afirmó que esa aplicación analógica vulneró la reserva de ley tributaria, pues el
legislador no había determinado la tarifa del aporte para quienes no tenían vínculo
laboral o contractual. Agregó que la ausencia de regulación hacía imposible determinar
la obligación de contribuir válidamente, por lo que el cálculo efectuado por la UGPP
carecía de sustento legal.
La UGPP no debió imponer sanción por omisión sobre un IBC del 100 % –
Inexistencia de reglamentación y de planillas de pago
La UGPP impuso al contribuyente una sanción por omisión al no encontrar aportes al
régimen de salud; sin embargo, durante el proceso de fiscalización, la demandante
subsanó la situación mediante el pago de los aportes correspondientes al año 2014,
utilizando planillas tipo “I”. Aun así, la entidad no tuvo en cuenta dichos pagos, por
haberse efectuado después de la expedición de la liquidación oficial, y mantuvo la
sanción, aunque las obligaciones ya habían sido cubiertas.
Además, en la resolución que resolvió el recurso contra la liquidación oficial, la UGPP
impuso una sanción por omisión en la afiliación al subsistema de pensiones, calculada
sobre el tope de 25 SMLMV, la cual, sostuvo fue excesiva, pues el IBC para los
independientes sin contrato o rentistas de capital no se encontraba reglamentado por
el Gobierno.
“Nadie está obligado a lo imposible” – Imposibilidad material de cumplimiento
normativo
Sostuvo que, más allá del análisis jurídico, era materialmente imposible realizar el
cálculo exigido por la UGPP, pues en 2014 los trabajadores independientes debían
pagar la seguridad social de manera anticipada, conforme a los Decretos 723 de 2013
y 1670 de 2007. Dichas normas fijaban los periodos y fechas para la autoliquidación
con base en los ingresos y gastos de cada mes, lo que impedía conocer con certeza
el ingreso real al momento del pago.
Además, alego que los operadores de pago solo manejaban un único tipo de planilla
para todos los independientes, calculada sobre el 40 % del ingreso base de cotización.
Esta circunstancia demostraba la imposibilidad práctica de cumplir las obligaciones
que la UGPP pretendía hacer exigibles, por falta de instrumentos normativos y
tecnológicos que permitieran la autoliquidación diferenciada de aportes.
Inaplicación del parágrafo 2º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, del parágrafo
del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 y del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 –
Presunción de ingresos
Señaló que el ajuste entre los valores declarados ante la DIAN y los aportes al sistema
debía realizarse conforme al sistema de presunción de ingresos que el Gobierno
estaba obligado a reglamentar, lo cual solo se concretó años después con el artículo
135 de la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 1273 de 2018.
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Por ello, consideró improcedente que la UGPP tomara los valores de la declaración de
renta para cruzarlos con los aportes a la seguridad social, pues ambos sistemas
operaban con criterios distintos: la renta era anual, mientras que la seguridad social
tenía periodicidad mensual; además, para 2014 no existía reglamentación ni planillas
diferenciadas para los independientes sin contrato ni para los rentistas de capital.
Concluyó que esta ausencia normativa generó un vacío legal evidente, que impedía
determinar el ingreso base de cotización correcto sobre el cual aportar al sistema.
De otra parte, los independientes sin contrato y los rentistas de capital solo estaban
hipotéticamente obligados a afiliarse al Sistema General de Seguridad Social, pues el
Ingreso Base de Cotización no se encontraba regulado de manera clara ni precisa. En
consecuencia, durante 2014 se podía cotizar sobre un salario mínimo, pero no sobre
las bases que pretendía imponer la UGPP.
Violación de los artículos 150 y 338 de la Constitución Política – Sanción y
fiscalización con base en un IBC inexistente
Insistió en que la forma de determinar el Ingreso Base de Cotización (IBC) para los
independientes rentistas de capital solo se precisó con la Ley 1753 de 2015, por lo que
antes no existía una norma clara que definiera dicho parámetro. En consecuencia, la
actuación de la entidad careció de fundamento legal y competencia expresa,
configurando una violación del principio de legalidad que afectó la validez del acto
administrativo.
Inaplicación del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 – Firmeza de la declaración
tributaria
Explicó que los ingresos, costos y gastos declarados en la renta forman parte de una
declaración en firme, por lo que la UGPP carecía de competencia para rechazarlos,
pues solo la DIAN podría efectuar tal revisión. La UGPP fraccionó indebidamente la
declaración de renta, al basar su análisis únicamente en los ingresos brutos y
desconocer los costos y gastos aceptados, por lo que cualquier revisión debió referirse,
como máximo, a la renta líquida o utilidad real.
Violación del artículo 5º de la Ley 797 de 2003
Indicó que la UGPP, en la liquidación oficial, calculó el ingreso base de cotización
dividiendo el ingreso bruto anual de la declaración de renta en doce meses, método
que calificó de erróneo y carente de sustento jurídico. Explicó que los aportes al
Sistema General de Seguridad Social debían corresponder al ingreso efectivamente
percibido en cada mes, depurado conforme a los costos y gastos respectivos. Añadió
que proyectar un ingreso uniforme mensual desconoce la realidad económica del
contribuyente, quien podía tener meses con pérdidas o sin ingresos, por lo que dicha
interpretación resultó improcedente y contraria a la técnica jurídica.
Imposibilidad material de cumplimiento – Planillas tipo “I” y ausencia de
mecanismos diferenciados de pago
Afirmó que los operadores de pago ratificaron, mediante respuestas a derechos de
petición, que no existían planillas específicas para rentistas o independientes sin
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contrato. Sostuvo que, ante esa inexistencia de herramientas diferenciadas, resultaba
imposible efectuar la autoliquidación de aportes en los términos exigidos por la UGPP.
OPOSICIÓN
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente:
Argumentó que sí existía fundamento normativo para exigir aportes a los trabajadores
independientes, pues el legislador había establecido con claridad todos los elementos
de la obligación parafiscal:
• Sujeto pasivo: personas naturales que prestan servicios, con o sin contrato.
• Sujeto activo: la UGPP y las administradoras del sistema.
• Hecho generador: los ingresos que reflejan capacidad de pago.
• Base gravable: ingresos reales menos gastos asociados en los términos del
artículo 107 del ET.
• Tarifa: 12,5 % para salud y 16 % para pensión.
Desde la Ley 100 de 1993 existía la obligación de afiliarse y cotizar a salud y pensión
para los trabajadores independientes con capacidad de pago, incluyendo a los por
cuenta propia y rentistas de capital. Citó jurisprudencia constitucional que avalaba
considerar a todos los económicamente activos dentro del concepto de “trabajadores”,
por lo que la demandante —como independiente con ingresos declarados en renta—
era aportante obligatorio al sistema.
Precisó que, por tratarse las contribuciones de causación inmediata, no era posible
aplicar retroactivamente el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. En consecuencia, la
determinación del Ingreso Base de Cotización debía realizarse conforme al artículo 19
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003 y en
concordancia con el artículo 1 del Decreto 510 de 2003.
De otra parte, explicó que los pagos anticipados al sistema de seguridad social podían
corregirse posteriormente mediante autoliquidación ante cada administradora, por lo
que el argumento de la demandante —sobre la imposibilidad de hacerlo— no tenía
vocación de prosperar.
Rechazó también la afirmación de que la planilla de pago para independientes obligara
a cotizar sobre el 40 % del IBC, explicando que la Resolución 1747 de 2008 del
Ministerio de Protección Social reguló la planilla integrada de liquidación y pago (PILA)
para todos los independientes, incluidos los rentistas de capital, sin fijar un porcentaje
específico. En consecuencia, consideró que para 2014 sí estaba reglamentada la
forma de determinar el IBC y efectuar los pagos, y que el demandante podía afiliarse
y aportar correctamente.
En cuanto al argumento de firmeza de la declaración de renta, señaló que, conforme
al artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, la Unidad contaba con un plazo de cinco años
para iniciar acciones de fiscalización a partir de la fecha en que el aportante debía
declarar y no lo hizo, o declaró por valores inferiores. Esta norma, vigente desde
diciembre de 2012, debía aplicarse al caso y no el artículo 714 del Estatuto Tributario,
invocado por la demandante.
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Indicó que los periodos fiscalizados correspondían a enero–diciembre de 2014, por lo
que la firmeza solo operaba en 2019. Sin embargo, el requerimiento para declarar o
corregir (RCD-2016-01658 del 22 de noviembre de 2016) fue notificado en diciembre
de 2016, lo que interrumpió el término de firmeza, de modo que la actuación
administrativa se realizó dentro del plazo legal y el cargo de la demandante no tenía
fundamento.
La UGPP aclaró que, según la declaración de renta presentada ante la DIAN, la
demandante percibió ingresos por $468.920.000 en 2014, lo que acreditaba la
existencia de ingresos durante el periodo fiscalizado. Indicó que, conforme al artículo
167 del Código General del Proceso, era carga de la contribuyente demostrar cómo se
distribuyeron esos ingresos mensualmente, lo cual no hizo durante la etapa de
determinación. Por ello, la entidad dividió el total anual en doce meses para efectos
del cálculo del IBC, aclarando que dicha operación no constituía una presunción, sino
una forma objetiva de prorratear ingresos efectivamente percibidos en 2014.
TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA
Mediante audiencia inicial del 10 de diciembre de 2019, el a quo incorporó las pruebas
aportadas en la demanda y su contestación, fijó el litigio en determinar la legalidad de
los actos acusados, valga aclarar que el Tribunal resolvió “COMO MEDIDA DE
SANEAMIENTO - INTEGRAR a la proposición jurídica objeto de la controversia la resolución
No. RDO-2020-M-05532 13/11/2020 “Por la cual se revoca parcialmente la Liquidación Oficial
No. RDO-2017- 02647 del 31/07/2017”.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal negó las pretensiones y condenó en costas a la parte demandante en el
3% de lo pedido, con fundamento en lo siguiente:
Contrario a lo afirmado por la demandante, para 2014 sí existía una normatividad
vigente que incluía a los trabajadores independientes y rentistas de capital como
sujetos pasivos de las contribuciones al Sistema de Seguridad Social. En
consecuencia, los argumentos sobre la inexistencia de reglamentación carecían de
vocación de prosperidad.
Determinó que el Decreto 510 de 2003, reglamentario de la Ley 797 de 2003, fijó los
criterios para calcular el IBC de los independientes, precisando que debía
corresponder a los ingresos efectivamente percibidos, deducidos los gastos
necesarios conforme al artículo 107 del Estatuto Tributario, con un mínimo de 1
SMLMV y un máximo de 25 SMLMV.
La UGPP aplicó estas disposiciones y, ante la falta de respuesta oportuna al
requerimiento, dividió los ingresos anuales en doce meses y aplicó el tope máximo
legal. Posteriormente, al resolver el recurso de reconsideración, reconoció algunos
gastos probados, reduciendo los valores de aportes y sanción.
El Tribunal consideró que el IBC no podía limitarse a un salario mínimo ni al 40 % de
los ingresos, pues esa regla solo cobijaba a los contratistas de prestación de servicios.
Por tanto, la entidad actuó conforme al marco normativo vigente.
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De otra parte, señaló que la UGPP no vulneró el debido proceso al no tener en cuenta
las planillas allegadas con el recurso de reconsideración, ya que fueron presentadas
después de la notificación de la liquidación oficial. A esa fecha ya se había configurado
la omisión sancionable.
La sanción impuesta se basó en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, modificado
por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016, que establece sanciones del 5 % al 10 %
por mes de retardo hasta un máximo del 200 %. El Tribunal encontró que la UGPP
aplicó correctamente el 10 %, dado que la demandante solo pagó los aportes después
de la liquidación oficial, configurando el hecho sancionable. En consecuencia, la
sanción se ajustó a los parámetros legales.
Indicó que, mediante Resolución RDO-2020-M-05532 del 13 de noviembre de 2020,
la UGPP revocó parcialmente la liquidación oficial, aplicando el esquema de
presunción de costos previsto en la Resolución 209 de 2020, lo que redujo los valores
de aportes y sanción. Aunque la demandante alegó que la revocatoria carecía de su
consentimiento, el Tribunal precisó que la decisión fue beneficiosa y se expidió dentro
del plazo del artículo 95 del CPACA, por lo que no procedía su anulación.
El Tribunal concluyó que la UGPP aplicó correctamente la normativa vigente, por lo
que mantuvo la validez de los actos administrativos acusados.
Finalmente, condenó en costas a la parte demandante por haber resultado vencida en
el proceso y fijó las agencias en derecho en un 3 % del valor de lo pretendido, conforme
a los artículos 188 del CPACA, 365 y 366 del CGP, y al artículo 5 del Acuerdo PSAA16-
10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación, en los siguientes términos:
No valoración de la inexistencia del IBC para el año 2014 debido a la
reglamentación tardía de la presunción de ingresos para los trabajadores
independientes.
Sostuvo que el juez de primera instancia erró al afirmar que el IBC de los trabajadores
independientes para 2014 estaba regulado por los artículos 1 y 3 del Decreto 510 de
2003, reglamentario de la Ley 797 de 2003. Pues, en realidad, las normas vigentes
para ese año eran los artículos 18 y 46 de la Ley 1122 de 2007 y el Decreto 3085 de
2007, que delegaron al Gobierno la reglamentación del sistema de presunción de
ingresos para los trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios.
Argumentó que dicha obligación nunca fue cumplida, pues el Gobierno no expidió la
reglamentación correspondiente durante el tiempo en que esas disposiciones
estuvieron vigentes, es decir, entre febrero de 2007 y julio de 2015, fecha en la cual
fueron derogadas por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015.
De otra parte, afirmó que el Decreto 3085 de 2007 resultó inaplicable e inadecuado
para los trabajadores independientes sin contrato, rentistas de capital y comerciantes,
por su carácter general y desajuste con la realidad económica de esos sujetos. Señaló
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Demandante: Lorena Leticia Erazo Raga
que dicha norma, demandada ante el Consejo de Estado, impuso a los independientes la
obligación de predecir anualmente sus ingresos mediante una declaración anticipada,
pese a que el legislador había reconocido expresamente la naturaleza variable de esos
ingresos durante los debates de la Ley 1122 de 2007.
Indicó que el artículo 2 del decreto restringió injustificadamente la posibilidad de
reportar variaciones temporales a solo tres meses y limitó el reconocimiento de
cambios en el IBC que superaran el 40 % del promedio de los últimos doce meses,
desconociendo la volatilidad real de los ingresos de los independientes.
Ausencia de valoración de la causal de exculpación – exoneración de la sanción
por error de derecho aplicable – omisión del legislador en mencionar de forma
expresa a los comerciantes y rentistas de capital como sujeto pasivo y
contribuyente del sistema de seguridad social.
La apelante reprochó que el juez de primera instancia no valorara la solicitud de
exoneración de la sanción con base en la causal de exculpación derivada de la falta
de claridad normativa sobre la obligación de los comerciantes y rentistas de capital de
afiliarse al Sistema de Seguridad Social. Sostuvo que para 2014 no existía precisión
legal ni reglamentaria que los identificara expresamente como sujetos pasivos, pues
su inclusión dentro del concepto amplio de “trabajador independiente” provenía
únicamente de una interpretación extensiva derivada del fallo inhibitorio C-578 de 2009
de la Corte Constitucional.
Invocó la sentencia del Consejo de Estado del 11 de noviembre de 2021 (exp. 24719,
C.P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello), que exoneró a una contribuyente en un caso
análogo, al considerar que la ley no fue clara en incluir a los comerciantes y rentistas
de capital como sujetos pasivos, lo que generó una creencia razonable de no estar
obligados a cotizar. Con fundamento en ese precedente y en el principio de igualdad,
solicitó que se revocara la decisión del a quo y, de manera subsidiaria, que se
exonerara a la señora Lorena Leticia Erazo Raga de la sanción por omisión impuesta
por la UGPP, al estimar que su error fue comprensible y no antijurídico.
Injusta condena en costas
La apelante sostuvo que la falta de reglamentación de la presunción de ingresos por
parte del Estado generó un vacío normativo que impedía exigir otra conducta al
contribuyente, ante esa situación, el despacho debió abstenerse de imponer condena
en costas, aplicando el parágrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016
del Consejo Superior de la Judicatura, y solicitó en esta instancia la exoneración del
pago de agencias en derecho, tanto si se declaraba la nulidad total como parcial de
los actos acusados.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso se admitió por auto de 20 de enero de 20251, sin pronunciamiento frente a
este2. Al ser innecesaria la práctica de pruebas en segunda instancia no se corrió
traslado para alegar (nums. 4 y 5, art 247 del CPACA). El Ministerio Público no
1
Índice 4 de SAMAI
2
El 16 de julio de 2025, se manifestó impedimento del consejero ponente, el cual fue declarado infundado por la Sala en auto del
21 de agosto de 2025.
9
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Demandante: Lorena Leticia Erazo Raga
conceptuó.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide sobre la legalidad de los actos administrativos proferidos por la UGPP,
mediante los cuales se determinaron ajustes por omisión en la afiliación y el pago de
aportes al sistema de la protección social, por los períodos de enero a diciembre de
2014, de la señora Lorena Leticia Erazo Raga.
De manera previa, la Sala advierte que en virtud de los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe ceñir su competencia a los
puntos efectivamente impugnados de la sentencia, dentro de los límites del debate
procesal previamente definido, por lo que le está prohibido examinar hechos, cargos o
pretensiones novedosas que no hayan sido sometidos a contradicción durante el
trámite inicial3. Acogerlos implicaría afectar los principios de congruencia, doble
instancia, contradicción y debido proceso, al privar a la parte contraria de la
oportunidad de ejercer una defensa plena frente a tales planteamientos 4.
En consecuencia, la Sala no puede pronunciarse sobre i) las objeciones relacionadas
con la aplicación o alcance del Decreto 3085 de 20075, y ii) la solicitud de exoneración
de la sanción con fundamento en un presunto error invencible o causal de exculpación.
Comoquiera que tales argumentos no fueron expuestos en la demanda inicial ni
controvertidos en la contestación, por lo que su introducción constituye una cuestión
nueva, ajena al marco fijado en la primera instancia.
Así las cosas, en los términos del recurso de apelación interpuesto por parte
demandante y apelante única, corresponde establecer si: i) Para el año 2014 existía
una regulación vigente y aplicable para determinar el ingreso base de cotización de los
trabajadores independientes sin contrato y rentistas de capital; y ii) es procedente la
condena en costas impuesta a la parte demandante en primera instancia.
Ingreso base de cotización trabajadores independientes sin contrato año 2014 –
reiteración jurisprudencial.
En el escrito de alzada la parte demandante afirmó que el a quo erró al considerar
aplicable el Decreto 510 de 2003 para determinar el IBC en 2014, pues a su juicio las
normas vigentes eran el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, que ordenaban al
Gobierno reglamentar la presunción de ingresos para los independientes sin contrato.
Sostuvo que dicha reglamentación nunca se expidió, lo que dejaba sin definir el IBC
aplicable al caso de rentistas de capital.
Lo primero que debe precisarse es que en el año 2014 la demandante obtuvo ingresos
por $469.920.000 en desarrollo de la actividad económica «Transporte de carga por
carretera», es decir actuó como trabajador independiente distinto a los contratistas por
prestación de servicios.
3
Valga mencionar que conforme a los artículos 162 y 173 del CPACA, las pretensiones y argumentos relevantes deben plantearse
en la demanda o en su reforma oportuna. Por ello, los planteamientos nuevos introducidos en los alegatos de conclusión son
extemporáneos y su estudio vulneraría el derecho de defensa, al no haber sido objeto de contradicción. Asimismo, el artículo 281
del CGP exige que la sentencia sea congruente con lo pedido y debatido, de modo que el a quo no debía, y así lo hizo,
pronunciarse sobre asuntos no planteados en la demanda ni en la contestación.
4
En el mismo sentido ver sentencias del 22 de abril de 2021 Exp 25427; 20 de junio de 2024, Exp. 28106 y del 15 de mayo de
2025 Exp 29029 CP Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
5
Esta disposición tampoco fue incluida dentro de las normas violadas.
10
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Ahora, en cuanto a la base de cotización para el cálculo de los aportes a los
subsistemas de salud y pensión de los trabajadores independientes por cuenta propia
no vinculados mediante contrato de prestación de servicios, como la demandante, la
Sección se ha pronunciado reiteradamente6 en el sentido de señalar que para el año
2014 sí existía normativa que definía la obligación de cotizar respecto de esta clase de
trabajadores, al tiempo que estaba determinada su base gravable, por lo tanto, se
reitera7 el siguiente desarrollo normativo:
Respecto al subsistema de pensión, el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, establece que deberán afiliarse en forma
obligatoria, entre otros, «los trabajadores independientes»8. Además, dispone que el
ingreso base de cotización de trabajadores independientes «no podrá ser inferior al
salario mínimo» y este «deberá guardar correspondencia con los ingresos efectivamente
percibidos por el afiliado»9. Asimismo, prevé que, para verificar los aportes de tales
trabajadores independientes, podrán efectuarse cruces con la información de las
autoridades tributarias.
El artículo 19 ibidem, modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003, regula la base
de cotización de los trabajadores independientes -no vinculados mediante contrato de
trabajo, contrato de prestación de servicios o como servidores públicos -, al señalar que
cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos.
Ahora, dado que el legislador no definió los ingresos efectivamente percibidos, el
ejecutivo estaba facultado para regular la materia 10, como en efecto lo hizo en el
Decreto 510 de 200311, allí concretó que los ingresos corresponden a «aquellos que él
mismo -el afiliado- recibe para su beneficio personal» para lo cual «podrán deducirse las
sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las
mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto Tributario» .
La Sección12 ha expresado frente al artículo 1 del Decreto 510 de 2003, que si bien el
inciso primero hace referencia inicialmente a «las personas naturales que prestan
directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que
6
Sentencias del 14 de septiembre de 2023 Exp. 26001, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 28 de septiembre de 2023 Exp.
26706, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto; y del 09 de mayo de 2024 Exp. 26207, CP. Wilson Ramos Girón.
7
Sentencia del 20 de septiembre de 2024 Exp 28709 CP Wilson Ramos Girón
8
Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-259 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
Además, la sentencia C-578 de 2009 preciso que la expresión trabajadores independientes incluye a todas las personas
económicamente activas dentro de los cuales se encuentran los independientes por cuenta propia no vinculados mediante
contrato de prestación de servicios, el ingreso base de cotización fue definido por el legislador al señalar que corresponde a «los
ingresos efectivamente percibidos».
9
Declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-1089 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, «en el entendido que
las expresiones “El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar correspondencia con los
ingresos efectivamente percibidos por el afiliado contenidas en el literal a) del referido parágrafo presuponen la existencia de un
ingreso efectivo por parte del trabajador independiente para hacer obligatoria su cotización».
10
La Sección ha precisado que el ejercicio de esa facultad por parte del ejecutivo no implica que haya asumido competencias que
no le corresponden. Sentencia del 14 de septiembre de 2023 Exp. 26001, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
11
“Artículo 1°. De conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 797
de 2003, las personas naturales que prestan directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado
bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, deberán estar
afiliados al Sistema General de Pensiones y su cotización deberá corresponder a los ingresos que efectivamente perciba el
afiliado. (…)
Parágrafo. Se entiende por ingresos efectivamente percibidos por el afiliado aquellos que él mismo recibe para su beneficio
personal. Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar su actividad
lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto Tributario”.
12
Sentencia del 14 de septiembre de 2023 Exp. 26001, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
11
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adopten», no se puede desconocer que el propósito del mismo fue reglamentar el
artículo 15 de la Ley 100 de 1993, el cual, como se citó anteriormente, refiere a los
todos los trabajadores independientes sean o no contratistas. Por tanto, vale precisar
que el solo hecho de que la definición en comento esté delimitada en una norma que
no alude a sujetos pasivos como la aquí demandante, no impide que se tenga en
cuenta para establecer lo que en materia de contribuciones de trabajadores
independientes se entiende por ingresos efectivamente percibidos, comoquiera que se
trata de la fijación de la base gravable para cumplir con las obligaciones del mismo
sistema13.
Por otra parte, en lo concerniente al IBC para el subsistema de salud, el parágrafo 2
del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, prevé que «para efectos del cálculo de la base de
cotización de los trabajadores independientes, el Gobierno Nacional reglamentará un sistema
de presunciones de ingreso con base en información sobre el nivel de educación, la
experiencia laboral, las actividades económicas, la región de operación y el patrimonio de los
individuos. Así mismo, la periodicidad de la cotización para estos trabajadores podrá variar
dependiendo de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos».
Al efecto, el artículo 66 del Decreto 806 de 199814 ratificó que la base de cotización
para los trabajadores independientes sería «determinada sobre los ingresos que calcule
la EPS de acuerdo con el sistema de presunción de ingresos definido por la Superintendencia
Nacional de Salud». En todo caso, el Decreto 1406 de 199915 prescribió que «cuando los
ingresos reales del trabajador independiente sean superiores a los que resulten de la
aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los aportes de dicho trabajador deberán
hacerse con base en los ingresos reales », para tal efecto, «los trabajadores independientes
que deseen afiliarse al SGSSS deberán presentar una declaración anual, en la cual informen
a la EPS, de manera anticipada, el Ingreso Base de Cotización que se tendrá en cuenta para
liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del año siguiente».
Posteriormente, el legislador en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 16 determinó que
se presumen con capacidad de pago y por consiguiente están obligados a afiliarse al
régimen contributivo, so pena de ser afiliados oficiosamente, «(i) los declarantes del
impuesto de renta y complementarios, impuesto a las ventas e impuesto de industria y
comercio, (ii) los que tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el ingreso
establecido para pertenecer al Régimen Contributivo y (iii) los que cumplan con otros
indicadores que establezca el Gobierno Nacional». A su vez, en cuanto al sistema de
presunción de ingresos previó que el Gobierno Nacional lo reglamentará con base en
la información sobre las actividades económicas y que «de existir diferencias entre los
valores declarados ante la DIAN y los aportes, estos últimos deberán ser ajustados».
Por lo anterior, al margen del sistema de presunción de ingresos, las declaraciones
tributarias -como la de renta- son un indicador de capacidad de pago y consecuentemente
de la obligación del administrado de aportar al sistema. En caso de no afiliarse -a
efectos de aplicar el sistema de presunción de ingresos- y encontrarse en uno de los
supuestos normativos que refiere a la presunción de capacidad de pago, es
procedente su afiliación forzosa por parte de la autoridad competente con base en el
13
Sentencia del 28 de septiembre de 2023 Exp. 26706, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
14
«Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio
público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional».
15
«Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91
de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de Aportantes al
Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de recaudación de aportes que financian dicho sistema y se dictan
otras disposiciones».
16
«Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones».
12
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respectivo indicador del ingreso -declaración de renta, IVA e ICA o certificado de ingresos
y retenciones-.
De esta manera, para la Sala la demandante, en su condición de trabajadora
independiente por cuenta propia y con capacidad de pago —distinta de los contratistas
de prestación de servicios—, estaba obligada a afiliarse y a cotizar a los subsistemas de
salud y pensión conforme al marco jurídico vigente, el cual definió los elementos del
tributo.
Ahora, si bien el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 delegó al Gobierno la tarea de
reglamentar un sistema de presunción de ingresos para los trabajadores
independientes, la Sala destaca que dicha delegación no derogó, suspendió ni
condicionó la vigencia del régimen previamente establecido en la Ley 100 de 1993, la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. Se trató simplemente de un mandato
complementario, orientado a desarrollar un mecanismo adicional de determinación del
IBC, pero no a sustituir la regulación ya existente.
Así, mientras el Gobierno no ejerciera esa potestad reglamentaria, seguían
plenamente aplicables las reglas vigentes sobre la materia, especialmente la
obligación de cotizar sobre los ingresos efectivamente percibidos, con deducción de
los gastos necesarios y dentro de los límites legales de 1 a 25 SMLMV.
En ese sentido, la ausencia de reglamentación posterior no generó un vacío jurídico,
pues la determinación del IBC ya contaba con un fundamento legal suficiente, aplicable
tanto a trabajadores independientes por cuenta propia como a quienes perciben
ingresos derivados de actividades económicas individuales. La seguridad jurídica y el
principio de legalidad tributaria se garantizaban mediante la aplicación del régimen
vigente, sin que fuera necesario esperar a la reglamentación de la presunción de
ingresos para que operara la obligación de cotizar.
Del mismo modo, debe precisarse que la demandante no era contratista de prestación
de servicios ni trabajadora dependiente, para dar aplicación a la base del 40%
establecida para los contratistas en la Ley 1122 de 2007. En su caso, en calidad de
trabajadora independiente por cuenta propia con capacidad de pago, el IBC debía
determinarse conforme al régimen general aplicable a los independientes, de acuerdo
con la normativa previamente citada.
En consecuencia, la Sala concluye que el juez de primera instancia no incurrió en error
al afirmar que para el año 2014 existía una regulación clara, vigente y completa sobre
la determinación del IBC de los trabajadores independientes sin contrato y rentistas de
capital, y que la UGPP actuó conforme a ese marco jurídico. Por tanto, el cargo de
apelación no está llamado a prosperar y se confirmara la sentencia de primer grado en
este aspecto.
Ahora, en cuanto a la condena en costas en primera instancia, la apelante sostiene
que existían dudas jurídicas derivadas de la falta de claridad normativa sobre el IBC
aplicable en 2014. Por lo que el juez debió abstenerse de imponer agencias en
derecho.
Al respecto, la Sección en pronunciamiento del 23 de septiembre de 2025 (Exp. 28292
CP. Wilson Ramos Girón) preciso que, en el medio de control de nulidad y
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restablecimiento del derecho, la condena en costas procede cuando existe una parte
vencida, sin que la conducta procesal de las partes afecte esa decisión. Además,
conforme al ordinal 4.º del artículo 366 del CGP, el juez debía reconocer y liquidar las
agencias en derecho aplicando las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la
Judicatura, atendiendo el tipo de proceso, la cuantía, la duración del trámite y la gestión
del apoderado. Por lo que, para los procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho, cuya competencia en primera instancia correspondía a los tribunales
administrativos, en principio, la tarifa aplicable será un porcentaje entre el 3 % y el 7.5
% de lo pedido.
Sin embargo, la Sala también advirtió que la aplicación analógica de estas tarifas debía
observar criterios de razonabilidad, para evitar que las agencias se convirtieran en una
barrera de acceso a la justicia. Por ello, fijó como límite que las agencias de primera
instancia no superaran el tope equivalente a 6 SMLMV.
En este caso, la parte demandante resultó vencida en la primera instancia, razón por
la cual el a quo procedió a imponer la condena en costas (componente de agencias en
derecho). Dado que esta decisión se ajustó al marco normativo aplicable, no hay lugar
a eliminar la condena impuesta; no obstante, conforme al parámetro jurisprudencial en
comento, la Sala estima procedente ajustar la condena impuesta en primera instancia
al monto de un (1) SMLMV, valor que se adecua al nivel de complejidad, la naturaleza
del litigio y la actividad procesal desplegada.
Aunado a esto, y de conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo
365 del CGP17, aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA18, y
teniendo en cuenta los criterios de decisión adoptados por la Sala en la sentencia de
23 de septiembre de 202519 procede la condena en costas en segunda instancia contra
la demandante al haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación y
confirmado la sentencia de primera instancia. Al efecto, se tasan las agencias en
derecho en esta instancia en un (1) SMMLV. Por lo tanto, se ordenará al tribunal el
respectivo incidente de liquidación de la condena en costas, conforme a las reglas
consagradas en el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
1. Modificar únicamente el ordinal segundo de la sentencia del 12 de septiembre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, quedará
así:
17
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
(…)
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas
de la segunda”.
18
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
19
Sentencia del 23 de septiembre de 2025, Exp. 28292, CP. Wilson Ramos Girón.
14
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Demandante: Lorena Leticia Erazo Raga
«SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. FIJAR agencias en derecho en un (1) salario mínimo
mensual legal vigente (SMMLV)».
2. Condenar en costas en segunda instancia a la parte demandante, por haberse
resuelto desfavorablemente el recurso. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en
un (1) salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). En consecuencia, se ordenará
al tribunal el respectivo incidente de liquidación de la condena en costas, conforme a
las reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.
Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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