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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00806-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00806-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Tema: Relación laboral encubierta – auxiliar de enfermería. Subtema 1. Elementos de
la relación laboral encubierta.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de primera instancia
proferida el 12 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

I. Síntesis del caso

Ana Zulima Guerrero Zambrano demandó la nulidad del oficio S-2019/048912 SECSA-
ASJUR 2.9 del 22 de abril de 2019, mediante el cual la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional – Dirección de Sanidad – Seccional Sanidad Valle negó el
reconocimiento y pago de acreencias laborales derivadas de la presunta existencia de
una relación laboral encubierta. Sostuvo que, pese a haber sido vinculada mediante
contratos de prestación de servicios como auxiliar de enfermería, en la práctica prestó
sus servicios de manera personal, continua y subordinada, en las instalaciones de la
entidad, con cumplimiento de turnos, sujeción a superiores, ejecución de funciones
propias del servicio de salud y sin autonomía real en el desarrollo de las labores
contratadas.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, al considerar acreditados los elementos constitutivos de la relación
laboral. Señaló que Ana Zulima Guerrero Zambrano prestó personalmente sus servicios
como auxiliar de enfermería en la Dirección de Sanidad – Seccional Sanidad Valle,
recibió una remuneración periódica por dicha actividad y estuvo sometida a condiciones
propias de subordinación, reflejadas en el cumplimiento de horarios o turnos, la
asignación de funciones, la supervisión de sus actividades y la prestación del servicio en
dependencias de la entidad. En consecuencia, declaró la existencia de la relación laboral
encubierta durante el periodo reconocido en la sentencia y ordenó el restablecimiento
del derecho en los términos allí dispuestos.

El Consejo de Estado confirmará la sentencia de primera instancia, al encontrar
acreditado que la vinculación de Ana Zulima Guerrero Zambrano con la Nación –

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Sanidad – Seccional
Sanidad Valle no se limitó a una simple relación de coordinación contractual. En efecto,
las pruebas documentales y testimoniales demostraron que la demandante prestó
personalmente sus servicios como auxiliar de enfermería, recibió honorarios de manera
periódica y ejecutó sus labores bajo condiciones de subordinación, pues debía cumplir
turnos, atender las áreas asignadas, acatar instrucciones de jefes inmediatos, solicitar
autorización para ausentarse o ser reemplazada y desarrollar actividades permanentes
relacionadas con la prestación del servicio de salud a cargo de la entidad. Por tanto, el
recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional no tiene vocación de prosperidad, razón por la cual hay lugar a confirmar la
decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

II. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El 5 de septiembre de 2019, Ana Zulima Guerrero Zambrano presentó demanda1 de
nulidad y restablecimiento del derecho de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se exponen.

2.1.1. Pretensiones

2. Solicitó que se declarara la nulidad del acto administrativo S-2019/048912 SECSA-
ASJUR 1.10 del 22 de abril de 2019, expedido por la Dirección de Sanidad Seccional
Valle del Cauca, a través del cual se negó la solicitud de reconocimiento y pago de las
acreencias laborales propias de un empleo público sujeto a una relación legal y
reglamentaria.

3.Como consecuencia de lo anterior, pidió que se declarara que entre Ana Zulima
Guerrero Zambrano y la Policía Nacional – Dirección de Sanidad Seccional Valle existió
una relación legal y reglamentaria, en la cual se desempeñó como empleada pública, en
aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

4. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la entidad
demandada a reconocer y pagar las prestaciones sociales legales y extralegales
causadas durante la vinculación, tales como prima de navidad, prima de alimentación,
prima de servicios, auxilio de transporte, cesantías y subsidios. También pidió el
reconocimiento y pago del reajuste salarial, la sanción moratoria por el no pago de
acreencias laborales, la devolución de los valores pagados por concepto de seguridad
social integral y las costas procesales.

1 Visible a índice 34 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf «2 - Demanda -

Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)(.pdf) NroActua 34», folios 3 a 12.

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

2.1.2. Hechos

5.Ana Zulima Guerrero Zambrano fue vinculada a la Dirección de Sanidad – Seccional
Sanidad Valle de la Policía Nacional para desempeñar labores como auxiliar de
enfermería.

6.La vinculación se desarrolló mediante contratos de prestación de servicios entre el 1
de junio de 2011 y el 10 de mayo de 2017.

7. Aunque la relación formal se estructuró bajo contratos de prestación de servicios, la
demandante afirmó que en realidad existió una relación legal y reglamentaria, pues
prestó sus servicios bajo subordinación, con cumplimiento de horario, remuneración
mensual y con sujeción a las órdenes impartidas por personal de la entidad.

8.Sostuvo que, para la ejecución de la labor contratada, debía constituir pólizas de
cumplimiento a favor de la entidad y asumir los pagos correspondientes al sistema de
seguridad social integral.

9.Las actividades se desarrollaron en las instalaciones de la Dirección de Sanidad –
Seccional Sanidad Valle, con los medios técnicos, logísticos e implementos
suministrados por la entidad demandada.

10. La prestación del servicio fue personal y permanente, pues no podía ausentarse ni
enviar un reemplazo para cumplir sus funciones, situación que, según la demanda, podía
acarrearle sanciones.

11. Durante la relación contractual recibió órdenes continuas del personal vinculado a la
Dirección de Sanidad – Seccional Valle, quienes definían los turnos de trabajo, la forma
de rendir informes, las funciones a realizar, la cantidad de labor asignada y los aspectos
relacionados con la prestación del servicio como auxiliar de enfermería.

12. La asignación económica final ascendía a $1.140.135 mensuales, aunque en los
contratos de prestación de servicios se pactaba una suma global que se dividía conforme
al número de meses de duración del contrato.

13. Afirmó que, por tratarse de una labor permanente y propia del servicio a cargo de la
entidad, la Dirección de Sanidad – Seccional Sanidad Valle tenía la obligación de crear
el cargo correspondiente y vincularla formalmente.

14. Indicóque las funciones desempeñadas eran propias del objeto misional de la
Dirección de Sanidad – Seccional Sanidad Valle y que la vinculación se prolongó por
más de 5 años, lo cual evidenciaba un ánimo de permanencia.

15. El 28 de marzo de 2019 elevó reclamación administrativa ante la entidad demandada,
con el fin de obtener el reconocimiento de las acreencias laborales reclamadas.

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

16. La solicitud fue negada mediante acto administrativo S-2019/048912 SECSA-ASJUR
1.10 del 22 de abril de 2019, expedido por la Dirección de Sanidad Seccional Valle –
Policía Nacional.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

17. Como normas violadas citó los artículos 25, 48 y 53 de la Constitución Política, así
como el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

18. En el concepto de violación sostuvo que el acto administrativo demandado infringió
las normas superiores en que debía fundarse, porque la entidad desconoció que, pese a
la denominación formal de contratos de prestación de servicios, la relación tuvo los
elementos propios de una vinculación laboral: prestación personal del servicio,
remuneración y subordinación.

19. Alegó que la Dirección de Sanidad – Seccional Valle de la Policía Nacional utilizó la
modalidad contractual de prestación de servicios para encubrir una verdadera relación
legal y reglamentaria, con lo cual omitió el reconocimiento de las prestaciones sociales y
demás derechos derivados de una vinculación de naturaleza laboral.

20. Señaló que la subordinación se evidenciaba en la imposición de turnos, órdenes,
informes, funciones determinadas y control sobre la forma y cantidad de trabajo, así
como en la imposibilidad de ausentarse o delegar la prestación del servicio.

21. También afirmó que las actividades desarrolladas como auxiliar de enfermería no
fueron ocasionales ni autónomas, sino permanentes, personales y necesarias para el
cumplimiento del objeto misional de la entidad demandada.

22. Finalmente, manifestó que el acto administrativo debía declararse nulo, por cuanto
desconoció el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades
y negó el pago de las prestaciones laborales que, a su juicio, se causaron durante la
vinculación.

2.2. Contestación de la demanda

23. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional contestó la demanda el
22 de septiembre de 2021 para oponerse a la prosperidad de las pretensiones2.

24. Frente a los hechos, aceptó como ciertos los relacionados con la vinculación de la
demandante y los contratos suscritos, de acuerdo con la información contenida en las
minutas contractuales que obran en el proceso. Sin embargo, negó que dicha vinculación
hubiese configurado una relación laboral o legal y reglamentaria, pues sostuvo que la
prestación del servicio se desarrolló en virtud de contratos de prestación de servicios
profesionales celebrados conforme al régimen de contratación estatal.

2 Visible a índice 13 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«6_CONTESTACIONDEDEMANDA_76001233300020190080(.ZIP) NroActua 13».

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

25. Indicó que la Seccional de Sanidad Valle contrató a Ana Zulima Guerrero Zambrano
bajo los preceptos de legalidad, con fundamento en las normas que regulan la
contratación pública, entre ellas la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el manual de
contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 del 30 de julio
de 2014. En ese sentido, afirmó que no podía inferirse que la vinculación hubiese sido
disimulada o que la entidad hubiera encubierto una relación laboral.

26. Señaló que la demandante celebró varios contratos con la Seccional de Sanidad Valle
sin que durante su ejecución se presentaran reclamaciones o controversias por
incumplimiento contractual. Por ello, consideró improcedente que, luego del tiempo
transcurrido, pretendiera reclamar derechos laborales derivados de contratos que, en
criterio de la entidad, fueron de prestación de servicios y se ejecutaron en debida forma.

27. En relación con la remuneración, sostuvo que en los contratos se pactaron honorarios,
los cuales fueron pagados a favor de la demandante conforme a lo acordado. Agregó
que dichos pagos no podían equipararse a salario, pues correspondían al cumplimiento
de una obligación contractual asumida por la entidad.

28. También afirmó que la obligación de la contratista de realizar aportes al sistema de
seguridad social integral derivaba de la naturaleza de los contratos celebrados y de las
normas aplicables a los contratistas, particularmente el artículo 50 de la Ley 789 de 2002,
en concordancia con los decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003.

29. La entidad precisó que el contrato de prestación de servicios no genera derecho a
liquidación ni al reconocimiento de prestaciones sociales, pues, a diferencia del contrato
de trabajo, solo da lugar al pago de los honorarios pactados. Por ello, sostuvo que la
demandante confundió la relación contractual con una vinculación laboral.

30. Respecto de la prestación personal del servicio, manifestó que esta no podía
interpretarse como un elemento propio del contrato de trabajo, dado que el objeto
contractual consistía en prestar servicios como auxiliar de enfermería, actividad que por
su naturaleza debía ejecutarse directamente en la atención de pacientes.

31. En cuanto al horario, la entidad afirmó que su cumplimiento no demostraba
subordinación, sino que respondía a la programación de agendas y a la organización
necesaria para la prestación del servicio de salud. A su juicio, las instrucciones, normas,
uniformes y labores a desarrollar hacían parte de las obligaciones y derechos propios del
contratista y del contratante.

32. Expuso que la necesidad de contratar a la demandante obedeció a la inexistencia de
personal de planta suficiente para atender los requerimientos asistenciales de la
Seccional Sanidad Valle. Por ello, la contratación directa de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión resultaba procedente, en los términos de la Ley 1150 de 2007.

33. Agregó que la demandante conocía la naturaleza de los contratos suscritos, pues en
las minutas se incluyó una cláusula de «no constitución de relación laboral», en la cual

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

se dejó constancia de que el contrato no generaba relación laboral ni derecho a
prestaciones sociales, conforme al artículo 32, numeral 3, de la Ley 80 de 1993.

34. En ese orden, sostuvo que no se configuraron los elementos esenciales de una
relación laboral, pues el cumplimiento del objeto contractual, el pago de honorarios y la
organización del servicio no desvirtuaban la existencia de contratos de prestación de
servicios profesionales.

35. Finalmente, propuso las excepciones de «imposibilidad para deducir contrato de
trabajo», «pago» e «inexistencia de la obligación».

2.3. Sentencia de primera instancia

36. ElTribunal Administrativo del Valle del Cauca3, mediante sentencia del 12 de
septiembre de 20244, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
condena en costas, en los siguientes términos:

37. Como tesis de decisión, sostuvo que la demandante logró acreditar la configuración
de los elementos de la relación laboral. Para ello, desarrolló el marco jurisprudencial
sobre el contrato estatal de prestación de servicios, los criterios para identificar una
relación laboral encubierta y la presunción de subordinación aplicable a las auxiliares de
enfermería y enfermeras.

38. En cuanto al marco normativo y jurisprudencial, el a quo recordó que el contrato de
prestación de servicios se desfigura cuando concurren los elementos propios de la
relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación continuada. También precisó que, de acuerdo con la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 9 de septiembre de 2021, el contrato estatal de
prestación de servicios solo puede celebrarse por el término estrictamente indispensable
y no puede utilizarse para atender necesidades permanentes o recurrentes de la
administración.

39. Sobre la prescripción, indicó que, conforme a la sentencia de unificación CE-SUJ2 5
del 25 de agosto de 2016, quien pretenda el reconocimiento de una relación laboral con
el Estado debe reclamar las prestaciones derivadas de ella dentro de los 3 años
siguientes a la terminación del vínculo contractual.

40. El tribunal también hizo referencia a la presunción de subordinación en las labores de
enfermería. Al respecto, señaló que, por la naturaleza de dicha actividad, quienes la
ejercen normalmente no pueden definir autónomamente el lugar ni el horario de
prestación del servicio, además de que su labor no puede suspenderse
injustificadamente, pues ello pondría en riesgo la prestación del servicio de salud.

3 En Sala integrada por los magistrados Andrés González Arango (ponente), Zoranny Castillo Otalora y Víctor Adolfo

Hernández Díaz.
4 Visible a índice 64 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«92Sentenciaquea_SENTENCIA_Sentencia76001233300(.pdf) NroActua 64»

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

41. En el análisis del caso concreto, el tribunal encontró acreditado que Ana Zulma
Guerrero Zambrano suscribió varios contratos de prestación de servicios con la Dirección
de Sanidad – Seccional Valle del Cauca para desempeñarse como auxiliar de
enfermería. Para ello tuvo en cuenta la certificación expedida por la entidad demandada,
en la que se relacionaron los contratos suscritos, sus plazos, fechas de inicio y
finalización, valores contractuales y honorarios mensuales.

42. A partir de dichos documentos, sus anexos, estudios previos y justificaciones,
concluyó que las funciones desempeñadas por la demandante se relacionaban
directamente con la necesidad de prestar el servicio de salud a cargo de la entidad. En
particular, advirtió que el objeto contractual consistía en la prestación de servicios como
auxiliar de enfermería, y que las obligaciones pactadas comprendían actividades propias
de esa labor asistencial.

43. En cuanto a las condiciones de ejecución, el tribunal resaltó que los contratos
establecían una intensidad de 8 horas diarias, 44 horas semanales y 190 horas
mensuales. Además, la prestación del servicio debía realizarse en la Clínica Regional
Nuestra Señora de Fátima o en cualquier otra dependencia autorizada por la Jefatura de
la Seccional Sanidad Valle del Cauca.

44. También valoró los testimonios rendidos en la audiencia de pruebas. Luisa Marcela
Orrego Jaramillo indicó que conocía a la demandante desde 2011, porque trabajaron
juntas en la Clínica Nuestra Señora de Fátima de la Policía Nacional como auxiliares de
enfermería; señaló que la actora cumplía turnos elaborados por el jefe inmediato, que
siempre era un uniformado, y que sus funciones solo podía ejercerlas ella. Además,
manifestó que las funciones eran establecidas por el jefe inmediato o la jefe superior,
quienes también podían llamarle la atención por quejas de usuarios.

45. Igualmente, valoró el testimonio de Guillermo Aníbal Villa Puerta, optómetra que
trabajó en la Clínica Fátima de la Policía entre 2004 y 2018. El testigo señaló que la
demandante cumplía funciones como tomar datos a pacientes, estar pendiente de los
consultorios y suministrar medicamentos, actividades propias de una auxiliar de
enfermería. También indicó que tenía turnos establecidos por la enfermera jefe, que sus
funciones debía realizarlas personalmente y que eran las mismas que cumplía el
personal uniformado vinculado directamente con la Policía Nacional.

46. Aunque la entidad demandada tachó a los testigos, el tribunal contrastó sus
declaraciones con la prueba documental obrante en el expediente. En particular, tuvo en
cuenta el oficio CODIT-GUTAH-2.13 del 28 de julio de 2023, expedido por la jefe del
grupo de talento humano de la Dirección de Sanidad, en el que se certificaron los
decretos anuales de sueldo y prestaciones sociales de los funcionarios de planta que se
desempeñaban como auxiliares de enfermería.

47. Frente al primer elemento de la relación laboral, esto es, la prestación personal del
servicio, el tribunal consideró que se encontraba acreditado, pues la actora fue
contratada para prestar directamente sus servicios como auxiliar de enfermería en la
Clínica Regional Nuestra Señora de Fátima.

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

48. Respecto de la remuneración, concluyó que estaba demostrada con los contratos de
prestación de servicios, las resoluciones de justificación de contratación directa, los
certificados de cumplimiento y los certificados de disponibilidad presupuestal de cada
contrato.

49. En cuanto a la subordinación, el tribunal estimó que la demandante desempeñó una
función institucional propia de la entidad, relacionada con la prestación del servicio de
salud. Además, tuvo en cuenta que las labores se ejecutaban en las instalaciones de la
entidad, con sus recursos, bajo supervisión y con sujeción a turnos, órdenes y directrices
impartidas por personal de la Policía Nacional.

50. Confundamento en lo anterior, concluyó que la labor desempeñada por la
demandante no fue ajena a la entidad ni tuvo carácter ocasional o transitorio, sino que
se desarrolló de manera permanente y subordinada. Por ello, consideró que la
demandada utilizó la figura del contrato de prestación de servicios para encubrir la
verdadera naturaleza laboral de la vinculación.

51. En consecuencia, declaró no probadas las excepciones propuestas por la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, consistentes en «imposibilidad para
deducir contrato de trabajo», «pago» e «inexistencia de la obligación».

52. A título de restablecimiento del derecho, ordenó reconocer a favor de Ana Zulma
Guerrero Zambrano el pago de las prestaciones sociales causadas entre el 1 de junio de
2011 y el 10 de mayo de 2017 con base en los honorarios pactados en los contratos de
prestación de servicios suscritos, debidamente indexados.

53. En relación con los aportes a pensión, ordenó a la entidad demandada tomar como
ingreso base de cotización el salario devengado por una auxiliar de enfermería de planta
de la Policía Nacional durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2011 y el 10
de mayo de 2017. Si existía diferencia entre los aportes realizados como contratista y los
que debieron efectuarse, dispuso que la entidad cotizara al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante en el porcentaje correspondiente al empleador, mientras que
la demandante debía acreditar o completar el porcentaje que le correspondía como
trabajadora.

54. El tribunal negó la devolución de aportes al sistema de seguridad social, al considerar
que estos tienen naturaleza parafiscal, conforme a la sentencia de unificación SUJ-025-
CE-S2-2021. También negó las pretensiones indemnizatorias, incluida la sanción
moratoria, porque los efectos patrimoniales de la declaratoria de la relación laboral
encubierta se limitan al pago de prestaciones sociales a título de restablecimiento del
derecho.

55. Finalmente, frente a la prescripción, concluyó que no operó dicho fenómeno, porque
la vinculación fue continua e ininterrumpida desde el 1 de junio de 2011 hasta el 10 de
mayo de 2017, y la reclamación administrativa se presentó el 28 de marzo de 2019, esto
es, dentro de los 3 años siguientes a la terminación del último vínculo contractual.

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

56. La parte resolutiva de la sentencia dispuso:

«PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de fondo presentadas por la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

SEGUNDO: Declarar la nulidad del acto administrativo identificado bajo el S2019/048912
SECSA-ASJUR del 22 de abril de 2019, proferido por la Dirección de Sanidad Seccional
Valle del Cauca.

TERCERO: Declarar que entre Ana Zulma Guerrero Zambrano y la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Sanidad Seccional Valle del Cauca
existió una relación laboral desde el 1 de junio de 2011 hasta el 10 de mayo de 2017.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Policía Nacional
reconocer a favor de Ana Zulma Guerrero Zambrano el pago de las prestaciones sociales
causadas desde el 1 de junio de 2011 hasta el 10 de mayo de 2017, teniendo como base
de liquidación los honorarios pactados por las partes en los contratos de prestación de
servicios suscritos.

QUINTO: Ordenar a la demandada tomar, durante el tiempo comprendido entre el 1 de
junio de 2011 y el 10 de mayo de 2017, el ingreso base de cotización pensional de la
actora, correspondiente al salario devengado por una auxiliar de enfermería de planta de
la Policía Nacional, mes a mes. En caso de existir diferencia entre los aportes realizados
como contratista y los que debieron efectuarse, la entidad debía cotizar al fondo de
pensiones la suma faltante en el porcentaje que le correspondía como empleador,
mientras que la demandante debía acreditar o completar el porcentaje a su cargo.

SEXTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: Condenar en costas a la entidad demandada y fijar las agencias en derecho
en un 3% de las pretensiones de la demanda.».

2.4. Recurso de apelación

57. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional interpuso recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda5.

58. Como fundamento central de inconformidad, indicó que no estaba de acuerdo con la
declaratoria de nulidad del acto administrativo S2019/048912 SECSA-ASJUR del 22 de
abril de 2019, expedido por la Dirección de Sanidad Seccional Valle del Cauca, mediante
el cual se negó el reconocimiento y pago de acreencias laborales derivadas de una
presunta relación laboral. A su juicio, el acto administrativo se ajustó a derecho, porque
la vinculación entre las partes se dio mediante contratos de prestación de servicios y no
bajo una relación laboral o legal y reglamentaria.

5 Visible a índice 67 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo zip
«95Recibememorial_RECURSODEAPELACIONCO(.zip) NroActua 67», archivo pdf «2017-171 ISABEL CRISTINA
VARGAS (CONTRATO REALIDAD) sentencia - a favor.pdf»

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

59. Señaló que el tribunal incurrió en error al concluir que se configuró una relación laboral
encubierta, pues, en criterio de la entidad, no se acreditaron los elementos esenciales de
la relación laboral, especialmente la subordinación. Insistió en que la demandante prestó
sus servicios como auxiliar de enfermería en desarrollo de contratos celebrados al
amparo de la Ley 80 de 1993, los cuales no generan relación laboral ni prestaciones
sociales.

60. La entidad apelante explicó la evolución normativa del contrato de prestación de
servicios en Colombia, para destacar que esta modalidad contractual está permitida
cuando las actividades no pueden realizarse con personal de planta o requieren
conocimientos especializados. En ese sentido, sostuvo que la Policía Nacional acudió
válidamente a dicha figura para atender necesidades del servicio de salud, sin que ello
implicara la existencia de un vínculo laboral.

61. En relación con la parte resolutiva de la sentencia, manifestó su oposición a la
declaratoria de no prosperidad de las excepciones, a la nulidad del acto administrativo
demandado, al reconocimiento de la relación laboral, al pago de prestaciones sociales,
a la orden relativa a los aportes pensionales y a la condena en costas. Para la entidad,
no había lugar a ninguna condena, porque la relación entre las partes fue exclusivamente
contractual.

62. También cuestionó la valoración de los testimonios practicados en el proceso. Sostuvo
que los testigos solicitados por la parte demandante tenían demandas contra la Policía
Nacional por hechos similares y que, además, habrían rendido declaraciones entre sí en
diferentes procesos. Por ello, señaló que tales testimonios no debían ser valorados, pues
podían inducir a error al juez.

63. Frente al testimonio de Luisa Marcela Orrego Jaramillo, la entidad indicó que fue
tachado oportunamente, debido a que la testigo laboró en la entidad demandada, tenía
vínculo de amistad con la demandante y había ejercido acción judicial contra la Policía
Nacional. Aun así, reprochó que el tribunal le otorgara valor probatorio a su declaración.

64. La Policía Nacional sostuvo que las directrices, instrucciones, supervisión, horarios,
agendas o controles derivados de la prestación del servicio no podían ser entendidos
como subordinación laboral, sino como manifestaciones propias de la coordinación
necesaria para ejecutar el objeto contractual. En particular, afirmó que la programación
de actividades y la supervisión obedecían a la necesidad de garantizar la prestación del
servicio de salud a los usuarios.

65. Agregó que la demandante no desempeñó funciones propias de la finalidad
constitucional primordial de la Policía Nacional, relacionada con el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, sino
actividades propias del área de sanidad. Por ello, sostuvo que no podía equipararse su
labor con la de los servidores públicos uniformados ni derivarse de allí una relación
laboral.

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Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

66. La apelante también manifestó que la demandante no tenía la calidad de empleada
pública, ni de personal no uniformado, oficial, suboficial, miembro del nivel ejecutivo o
agente de la Policía Nacional. En ese sentido, indicó que el reconocimiento de una
relación laboral no podía desconocer las reglas constitucionales y legales de ingreso a
la función pública, que exigen nombramiento, posesión, existencia del cargo en planta y
disponibilidad presupuestal.

67. Reiteró que los contratos fueron suscritos voluntariamente por la demandante, quien
conocía su naturaleza de prestación de servicios y asumió las obligaciones propias de
los contratistas, tales como el pago de seguridad social, la constitución de pólizas y el
cumplimiento de las actividades pactadas. Por ello, consideró contrario a la buena fe que
pretendiera desconocer las condiciones contractuales aceptadas.

68. En cuanto al elemento de subordinación, afirmó que no existió prueba suficiente para
demostrar que la actora hubiese estado sometida a órdenes, reglamentos, poder
disciplinario o dependencia continuada. Según la entidad, la existencia de supervisión
contractual, el deber de rendir informes, el uso de instalaciones de la entidad o el
cumplimiento de horarios no configuran por sí solos una relación laboral.

69. La Policía Nacional también alegó la inexistencia del acto administrativo demandado,
al sostener que la respuesta dada a la reclamación presentada por la demandante no
estructuraba un acto administrativo susceptible de nulidad, pues, en su criterio, se trató
de una respuesta a una petición y no del mecanismo idóneo para obtener el
reconocimiento, liquidación y pago de prestaciones laborales.

70. En el mismo sentido, insistió en la inexistencia de una relación laboral, porque la
entidad celebró contratos de prestación de servicios con el lleno de los requisitos legales
y pagó oportunamente los honorarios pactados, sin que de ello surgiera obligación de
reconocer prestaciones sociales, indemnizaciones o demás acreencias propias de una
relación laboral.

71. La apelante sostuvo que la continuidad contractual no demuestra, por sí sola, la
subordinación. En esa línea, señaló que cada contrato tenía un término de duración
determinado y que la existencia de varios vínculos sucesivos no desvirtuaba
automáticamente la naturaleza contractual de la relación.

72. Adicionalmente, reiteró las excepciones de «existencia terminación legal del
contrato», «falta de causa para demandar», «inexistencia de obligación de pago» y
«errónea interpretación por parte del demandante del ingreso a la función pública».

2.5. Intervenciones en segunda instancia

73. Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

2.6. Concepto del Ministerio Público

74. El Ministerio Público no rindió concepto.

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Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
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III. Consideraciones

3.1. Competencia

75. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución

76. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del siguiente
problema jurídico:

77. ¿La sentencia de primera instancia debe ser confirmada por haber encontrado
acreditados los elementos de la relación laboral, especialmente la subordinación, en la
prestación personal del servicio de la parte demandante como auxiliar de enfermería en
la Dirección de Sanidad Seccional Valle del Cauca; o, por el contrario, debe revocarse
porque la vinculación se desarrolló bajo contratos de prestación de servicios, con
autonomía técnica y en el marco de una relación de coordinación contractual?

78. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes temas: (1) de
la tacha de testigos y valoración de la prueba testimonial; (2) relación laboral encubierta;
(3) distinción entre coordinación y subordinación; (4) la carga de la prueba y los indicios
frente al elemento de la subordinación.

79. A partir de las anteriores consideraciones: (5) se destacarán los hechos probados más
relevantes, (6) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverá el problema
jurídico propuesto, y (7) finalmente se revisará lo atinente a las costas procesales.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. De la tacha de testigos y valoración de la prueba testimonial

80. El Código General del Proceso prevé que las pruebas deben apreciarse en conjunto,
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades previstas
en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos6. En ese marco, la
valoración de la prueba testimonial no se agota en la existencia formal de la declaración,
sino que exige analizarla de manera razonada y conjunta con los demás medios de
convicción que obren en el expediente.

81. El mismo estatuto procesal regula la imparcialidad del testigo y dispone que cualquiera
de las partes puede tachar el testimonio de las personas que se encuentren en
circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco,

6 Código General del Proceso, artículo 176: Apreciación de las pruebas. «Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto,
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la
existencia o validez de ciertos actos».

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dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados,
antecedentes personales u otras causas7. Por tanto, la tacha tiene como finalidad poner
de presente al juez circunstancias que puedan incidir en la credibilidad o imparcialidad
del declarante.

82. La Corte Constitucional, al analizar la figura de los testigos sospechosos, indicó que
los motivos y pruebas de la tacha deben apreciarse en la sentencia o en el auto que falle
el incidente dentro del cual se solicitó el testimonio. También precisó que, en los casos
de inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha en la audiencia y, si encuentra probada la
causal, se abstendrá de recibir la declaración8.

83. En esa misma providencia, la Corte señaló que el juez apreciará los testimonios
sospechosos de acuerdo con las circunstancias de cada caso9. De esta manera, la
existencia de una tacha no implica, por sí sola, que el testimonio deba ser descartado
automáticamente, pues corresponde al juez valorar las circunstancias alegadas y
contrastar la declaración con el restante material probatorio.

84. Así, cuando se formula tacha contra un testigo, el juez debe examinar las razones
expuestas por la parte interesada, establecer si estas inciden en la credibilidad o
imparcialidad del declarante y, en todo caso, apreciar el testimonio conforme a las reglas
de la sana crítica y en conjunto con los demás medios de prueba. En consecuencia, el
testimonio cuestionado puede ser valorado si, atendidas las circunstancias del caso,
resulta coherente y encuentra respaldo en otros elementos de convicción obrantes en el
expediente.

3.3.2. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial

85. La jurisprudencia unificada de esta corporación10 abordó la relación laboral encubierta
al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece
expresamente que los contratos de prestación de servicios no constituyen una fuente de
relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales,
tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han reconocido que dicha regla
no aplica cuando se acreditan los elementos esenciales de un vínculo laboral.

86. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el artículo
53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre las
formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato de
prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos laborales
derivados de dicha relación.

7
Código General del Proceso, artículo 211: Imparcialidad del testigo «Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio
de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco,
dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras
causas».
8
Corte Constitucional, sentencia C-790 de 2006.
9
Ibidem
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado
05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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87. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que configuran
una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público a quien haya
prestado sus servicios en estas circunstancias.

88. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus artículos
23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral, los
siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o
dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del
servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia
del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto
del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto con los
principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de los
derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado»11.

89. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la existencia
de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en conjunto bajo los
principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación continuada y, en
consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje formal del contrato de
prestación de servicios.

90. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son que
el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad, con la
imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa en las
órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en reuniones
obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son elementos
indicativos de la subordinación que las actividades contratadas correspondan al objeto
misional de la entidad con funciones equivalentes a los empleados de planta de personal.

91. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el
elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo,
obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario»12.

92. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son formas de
subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con el contratista.
Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una relación laboral en
los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño de carreras
profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son requeridas
frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»13.

11
Ibídem.
12
Ibídem.
13
Ibídem.

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93. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar
«actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no
cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes
de esta.

88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados»14.

89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales»15.

90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el segundo
se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual,
como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados16.

91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos y
ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.

94. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de prestación
de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las funciones
permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente necesidades
temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos «no pueden
suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades,
pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias». De tal
suerte, cuando se acredite que el contratista cumplió de forma subordinada funciones
misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe reconocerse la
existencia de una relación laboral encubierta.

95. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el sentido de precisar
las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes:

14
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
15
Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la
práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el principio
de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró
la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones
acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del contratista la existencia
de una relación laboral subordinada».
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, proceso con
radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

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(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable», al
que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor
de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo
de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.

96. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como límite
temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de prestación de
servicios. Un término que no debe entenderse como “una camisa de fuerza” que impida
tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un marco de referencia
para la Administración, el contratista y el juez de la controversia, de cara a determinar la
no solución de continuidad; en especial para este último, que en cada caso concreto
habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del plenario, cuando el tiempo
entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».

97. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:

(a) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala consideró
que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30 días hábiles, no
se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite mantener la unidad
del vínculo laboral para efectos legales.

(b) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral encubierta.
La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en casos de
relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que más protege
los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para cumplir el fin
de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

(c) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En la
práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para determinar si lo
que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior, puesto
que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación laboral
encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales interrupciones,
superiores, incluso, a un mes».

3.3.3. Distinción entre coordinación y subordinación

98. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el contratista
ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe recibir órdenes

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para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan fijar horarios,
solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia, siempre que dichas
acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación en la subordinación
propia del contrato de trabajo»17.

99. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de septiembre
de 202118, que entre el contratante y contratista existe «una relación de coordinación de
actividades, la cual implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para
el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un
horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que
reportar informes sobre sus resultados19».

100. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que implica
órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder disciplinario. La
presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación laboral encubierta,
sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que desarrollan los empleados
de planta.

101. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar la
subordinación: (1) uso de instalaciones de la entidad; (2) cumplimiento de horarios
rígidos; (3) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (4) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:

a) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de
una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada
caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.

b) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y, por
consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.

c) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la
exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo
o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de
disciplina o del ius variandi,20 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del
17 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-

33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, proceso con

radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
20 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y 55.

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elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que
demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a
cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga
una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que
en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de
ser valorado como un indicio claro de subordinación.

d) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas
los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos
de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el
cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o
equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de
planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta
o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los
elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor demostrar, además de la
prestación personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas
condiciones de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se
enmarca en el objeto misional de la entidad.

3.3.4. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la subordinación

102. Cuando se trata del elemento de la subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia ha
expuesto una serie de indicios que prueban que se oculta tras un contrato de prestación
de servicios.

103. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello, ese
interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que las pruebas se practiquen
o se aporten»21, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167 del Código
General del Proceso consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta norma
se lee en consonancia con el artículo 164 ídem que regula el principio de necesidad de
la prueba, al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso».

104. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.

21 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.

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105. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”» 22, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia debe
estar debidamente probado (art. 240 CGP), «requisito central para que a partir del mismo
pueda el juez arribar al hecho desconocido»23.

106. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los indicios
en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su
relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual remite a la obligación
de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la sana crítica (art. 176
CGP)

107. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro hecho
desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las inferencias
sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.

108. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica de
la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al empleador.
En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede distribuir la carga de la
prueba según las particularidades del caso, en cualquier momento antes de fallar, por la
«cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, […] o por
estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre
otras circunstancias similares».

3.4. Hechos probados relevantes

109. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia lo
siguiente:

110. El 28 de marzo de 2019, Ana Zulima Guerrero Zambrano presentó reclamación
administrativa ante la Nación – Policía Nacional – Dirección de Sanidad – Seccional
Sanidad Valle, con el fin de que se declarara la existencia de una relación legal y
reglamentaria por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2011 y el 10 de mayo de
201724 y se ordenara el reconocimiento y pago de acreencias laborales derivadas de la
prestación de servicios como auxiliar de enfermería25.

22 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
23 Idem.

24
Aunque en la reclamación administrativa y en la sentencia de primera instancia se tomó como extremo final de la
vinculación el 10 de mayo de 2017, en el expediente obra la modificación 005 al contrato 66-7-20152/2016, en la que se
declaró su terminación de mutuo acuerdo a partir del 11 de febrero de 2017.
25
Visible a índice 34 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo zip «1 – Exp
ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) NroActua 34» archivo pdf «001 DEMANDA Y
ANEXOS.PDF», folios 17 a 23

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

 En la reclamación administrativa solicitó el reconocimiento y pago de prestaciones
sociales legales y extralegales, reajuste salarial, recargos por horas extras,
indemnización por no consignación de cesantías, pago de cotizaciones al sistema
general de seguridad social en pensiones, sanción moratoria, indexación e
intereses moratorios.

 En la reclamación administrativa se afirmó que Ana Zulima Guerrero Zambrano
fue vinculada a la Dirección de Sanidad – Seccional Sanidad Valle – Policía
Nacional para desempeñarse como auxiliar de enfermería; que prestó sus
servicios en las instalaciones de la entidad, con implementos suministrados por
esta, y que la prestación fue personal.

 En la misma reclamación se indicó que la demandante recibía órdenes del
personal vinculado a la Dirección de Sanidad – Seccional Sanidad Valle, que se
le definían turnos de trabajo, forma de rendir informes, funciones a realizar y
aspectos relativos a la prestación del servicio como auxiliar de enfermería.

111. Mediante oficio S-2019/048912 SECSA-ASJUR 2.9 del 22 de abril de 2019, la
Dirección de Sanidad – Seccional Valle dio respuesta a la reclamación administrativa
presentada por Ana Zulima Guerrero Zambrano. En el acto se indicó que la solicitud
había sido recibida el 28 de marzo de 2019 y que estaba dirigida a reclamar el pago de
prestaciones sociales, seguridad social, horas extras, recargos e indemnización respecto
de los contratos de prestación de servicios suscritos con la Seccional Sanidad Valle26.

 En la respuesta administrativa, la entidad sostuvo que los contratos de prestación
de servicios no generaban relación laboral ni prestaciones sociales, y que la
coordinación de actividades, el cumplimiento de horario pactado o la recepción de
instrucciones para reportar resultados no configuraban, por sí mismos,
subordinación.

 La Dirección de Sanidad – Seccional Valle negó las pretensiones de la
reclamación administrativa, al considerar que Ana Zulima Guerrero Zambrano
había suscrito contratos de prestación de servicios para desarrollar actividades
que no podían llevarse a cabo con personal de planta, por requerirse sus
conocimientos como auxiliar de enfermería, sin que se generara relación laboral.

112. En certificación expedida el 17 de junio de 2019, el responsable de talento humano
de la Dirección de Sanidad – Seccional Valle hizo constar que Ana Zulima Guerrero
Zambrano celebró contratos con la Policía Nacional – Dirección de Sanidad – Seccional
Sanidad Valle, bajo la modalidad de prestación de servicios. En la certificación se indicó

26
Visible a índice 34 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo zip «1 – Exp
ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) NroActua 34» archivo pdf «001 DEMANDA Y
ANEXOS.PDF», folios 24 a 30

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

que su profesión era auxiliar de enfermería y que la intensidad correspondía a 190 horas
mes27.

113. En la misma certificación se relacionaron los contratos suscritos por Ana Zulima
Guerrero Zambrano con la Policía Nacional – Dirección de Sanidad – Seccional Sanidad
Valle, así como sus fechas de inicio, finalización, valor contractual y valor mensual.
Además, se dejó constancia de que ninguno de los contratos generaba relación laboral
ni prestaciones sociales, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

114. Mediante oficio S-2019-/SECSA-GRUCO-29 del 16 de abril de 2019, la jefe de
contratos de la Seccional Sanidad Valle informó a la Oficina de Asuntos Jurídicos Secsa-
Valle los contratos suscritos por Ana Zulima Guerrero Zambrano bajo la modalidad de
prestación de servicios. En dicho oficio se relacionaron los contratos 66-7-20229/2011,
66-7-20424/2011, 66-7-20269/2012, 66-7-20113/2013, 66-7-20035/2014, 66-7-
20159/2015 y 66-7-20152/2016, todos con objeto de prestación de servicios como
auxiliar de enfermería28.

115. En el oficio S-2019-/SECSA-GRUCO-29 del 16 de abril de 2019 también se indicó
que Ana Zulima Guerrero Zambrano estuvo vinculada con la Seccional Sanidad Valle
hasta el 11 de febrero de 2017, aunque en la relación contractual se mencionó el contrato
66-7-20152/2016 con fecha de finalización 10 de mayo de 2017.

116. Los contratos y documentos contractuales acreditados son los siguientes:

No. Contrato / Objeto Desde Hasta Valor / Interrupción
documento honorarios frente al
anterior
1 Contrato 66- Prestación de 1 de junio 30 de agosto Valor: No aplica
7- servicios como de 2011 de 2011 $3.187.800.
20229/2011 auxiliar de Honorarios
enfermería mensuales:
$1.062.600
2 Contrato 66- Prestación de 1 de 30 de abril Valor inicial: 1 día hábil
7- servicios como septiembre de 2012, $8.500.800. entre el 31 de
20424/2011 auxiliar de de 2011 según acta Honorarios agosto de
enfermería de inicio; 31 mensuales: 2011 y el 1
de julio de $1.062.600. de
2012, según Adición: septiembre
adición del $134.736. de 2011
plazo Adición
posterior:
$3.288.852
3 Acta 1- Adición al valor 30 de 30 de $134.736 No
20424/2011 del contrato 66- diciembre diciembre de corresponde
7-20424/2011 de 2011 2011 a nuevo

27
Visible a índice 34 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo zip «1 – Exp
ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) NroActua 34» archivo pdf «001 DEMANDA Y
ANEXOS.PDF», folio 14
28
Visible a índice 34 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo zip «1 – Exp
ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) NroActua 34» archivo pdf «001 DEMANDA Y
ANEXOS.PDF», folio 15 a 16

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Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

vínculo
autónomo
4 Acta 2- Adición al plazo 1 de mayo 31 de julio de $3.288.852 No
20424/2011 y valor del de 2012 2012 corresponde
contrato 66-7- a nuevo
20424/2011 vínculo
autónomo
5 Contrato 66- Prestación de 1 de agosto 31 de mayo Valor: Sin
7- servicios de 2012 de 2013 $10.962.840. interrupción
20269/2012 profesionales y Honorarios material
de apoyo a la mensuales: frente al
gestión como $1.096.284 periodo
auxiliar de anterior, pues
enfermería. inició al día
siguiente de
la finalización
de la adición
anterior
6 Contrato 66- Prestación de 21 de junio 15 de abril Valor: 13 días
7- servicios de 2013 de 2014 $10.780.126. hábiles entre
20113/2013 profesionales y Honorarios la finalización
de apoyo a la mensuales: del contrato
gestión como $1.096.284 el 31 de
auxiliar de mayo de
enfermería – 2013 y el
técnico en inicio del
atención siguiente el
prehospitalaria 21 de junio
y/o técnico en de 2013.
urgencias
médicas.
7 Contrato 66- Prestación de 16 de abril 5 de mayo Valor: Sin
7- servicios como de 2014 de 2015 $9.691.147. interrupción
20035/2014 auxiliar de Honorarios material
enfermería mensuales: frente al
$1.140.134,94 contrato
anterior, pues
inició al día
siguiente de
su
finalización
8 Acta 1- Adición del 1 de enero 5 de mayo $4.750.562 No
20035/2014 contrato 66-7- de 2015 de 2015 corresponde
20035/2014 a nuevo
vínculo
autónomo
9 Contrato 66- Prestación de 6 de mayo 31 de Valor: Sin
7- servicios de 2015 diciembre de $8.931.058. interrupción
20159/2015 técnicos y de 2015, según Honorarios material
apoyo a la documento mensuales: frente al
gestión como de plaza; 10 $1.140.135,06 contrato
auxiliar de de abril de anterior
enfermería. 2016, según
certificación
de talento
humano
10 Acta 1- Adición del 1 de enero 10 de abril $3.800.450 No
20159/2015 contrato 66-7- de 2016 de 2016 corresponde
20159/2015 a nuevo
vínculo
autónomo

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11 Contrato 66- Prestación de 11 de abril 31 de Valor inicial: Sin
7- servicios como de 2016 diciembre de $9.881.170. interrupción
20152/2016 auxiliar de 2016, según Modificación material
enfermería plazo inicial; 001: adiciona frente al
10 de mayo $4.940.585. contrato
de 2017, Modificación anterior,
según 002: valor total según la
modificación $13.909.647. certificación
001; Modificación general
terminado de 003: valor total
mutuo $11.857.404.
acuerdo Modificación
desde el 11 004: valor total
de febrero de $6.498.770
2017
12 Acta 1- Adición en No Fecha final Adición: No
20152/2016 valor y plazo corresponde modificada: $4.940.585 corresponde
/ del contrato 66- a nuevo 10 de mayo a nuevo
Modificación 7-20152/2016 contrato de 2017 vínculo
001 autónomo autónomo

117. El 2 de mayo de 2011 se elaboró requerimiento de personal para la contratación
de un auxiliar de enfermería por 8 horas en el área de costos de la Seccional Sanidad
Valle. En dicho documento se indicó que el rubro correspondía a servicios médicos
asistenciales, unidad ejecutora Seccional de Sanidad Valle, requerimiento solicitado
auxiliar de enfermería, presupuesto estimado $3.187.800 y vigencia 201129.

118. En constancia expedida el 2 de mayo de 2011 por el jefe del Grupo de Talento
Humano de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional se indicó que era necesario
contratar un funcionario con perfil de auxiliar de enfermería para la Seccional de Sanidad
Valle por un plazo de 3 meses y que no existía personal de planta para desarrollar el
objeto del contrato. También se dejó constancia de que Ana Zulima Guerrero Zambrano
había demostrado idoneidad y experiencia.

119. El 1 de junio de 2011 se suscribió acta de inicio de ejecución del contrato 66-7-
20229/2011, en la que se indicó que Ana Zulima Guerrero Zambrano prestaría servicios
como auxiliar de enfermería, con plazo de 3 meses, fecha de inicio 1 de junio de 2011 y
fecha de terminación 30 de agosto de 201130.

120. En la ficha de monitoreo del contrato 66-7-20229/2011 se estableció que el
contrato tenía por objeto la prestación de servicios como auxiliar de enfermería, por valor
de $3.187.800, con plazo de ejecución de 3 meses y supervisión a cargo del líder costos
Seval31.

121. El 22 de agosto de 2011 se elaboró requerimiento de personal para la contratación
de Ana Zulima Guerrero Zambrano como auxiliar de enfermería por 8 horas en el área

29
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«55_RECIBEMEMORIALES_CONTRATO202292011(.pdf) NroActua 48», folio 6
30
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«55_RECIBEMEMORIALES_CONTRATO202292011(.pdf) NroActua 48», folio 1
31
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«55_RECIBEMEMORIALES_CONTRATO202292011(.pdf) NroActua 48», folio 3

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

de costos, con presupuesto estimado de $8.500.800, vigencia 2011 por $4.250.400 y
vigencia 2012 por $4.250.40032.

122. En constancia expedida el 22 de agosto de 2011 por el jefe del Grupo de Talento
Humano se indicó que era necesaria la vinculación de Ana Zulima Guerrero Zambrano
mediante contrato de prestación de servicios como auxiliar de enfermería para la
Seccional de Sanidad Valle por 240 días, y que no existía personal de planta para
desarrollar el objeto contractual33.

123. El 1 de septiembre de 2011 se suscribió acta de inicio de ejecución del contrato
66-7-20424/2011, en la que se indicó que el plazo era de 8 meses, con fecha de inicio 1
de septiembre de 2011 y fecha de terminación 30 de abril de 2012 34. En la ficha de
monitoreo del contrato 66-7-20424/2011 se consignó como objeto la prestación de
servicios como auxiliar de enfermería, con clase de contrato directa, valor de $8.500.800,
plazo de 8 meses.

124. En el estudio de conveniencia y oportunidad para el contrato 66-7-20424/2011 se
indicó que la actividad específica consistía en registrar ingresos, bases de datos y
facturación, con intensidad de 8 horas diarias, 44 horas semanales y 190 horas
mensuales35.

125. En el contrato 66-7-20424/2011 se indicó que los honorarios correspondían a
servicios prestados por la contratista y que debía cumplir los horarios programados y
agendados en los diferentes servicios donde fuera asignada por la Dirección de
Sanidad36.

126. En el contrato 66-7-20424/2011 se pactó un valor de $8.500.800 y se estableció
que la contratista debía prestar servicios como auxiliar de enfermería en las condiciones
determinadas por el contratante, de acuerdo con sus necesidades y programación
establecida37.

127. En el contrato 66-7-20424/2011 se fijaron, entre otras, obligaciones de la
contratista relacionadas con llevar registros de atención diaria, mantener informes
estadísticos actualizados, cumplir exigencias legales y éticas para el manejo de historias
clínicas, realizar actividades y procedimientos diagnósticos y terapéuticos, rendir
informes requeridos por la Dirección de Sanidad – Seccional Valle, participar en

32
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«53_RECIBEMEMORIALES_CONTRATO66720424(.pdf) NroActua 48», folio 7
33
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«53_RECIBEMEMORIALES_CONTRATO66720424(.pdf) NroActua 48», folio 8
34
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«53_RECIBEMEMORIALES_CONTRATO66720424(.pdf) NroActua 48», folio 1
35
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«53_RECIBEMEMORIALES_CONTRATO66720424(.pdf) NroActua 48», folio 9
36
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«53_RECIBEMEMORIALES_CONTRATO66720424(.pdf) NroActua 48», folio 9
37
Visible a índice 34 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo zip «1 – Exp
ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) NroActua 34» archivo pdf «001 DEMANDA Y
ANEXOS.PDF», folio 32 y 33

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

programas docentes asistenciales, hacer parte de comités, participar en brigadas de
salud, portar carné institucional, portar uniforme y entregar elementos, manuales,
procesos e información a su cargo al cambiar de lugar de trabajo o finalizar el contrato.

128. Se pactó que la Dirección de Sanidad – Seccional Valle supervisaría y controlaría
la ejecución del contrato, en coordinación con el jefe del departamento, servicio, oficina,
grupo o dependencia donde la contratista prestara sus servicios. Se indicó que la
acumulación de llamados de atención por ausentismo del lugar de trabajo sin justa causa
o por incumplimiento de obligaciones podía dar lugar a la terminación del contrato.
Además se pactó cláusula de no constitución de relación laboral, según la cual el contrato
no generaba relación laboral ni derecho a prestaciones sociales, conforme al artículo 32,
numeral 3, de la Ley 80 de 1993.

129. El 12 de diciembre de 2011 se solicitó adicionar en presupuesto el contrato 66-7-
20424/2011, por la suma de $134.736, como consecuencia del incremento de honorarios
dispuesto en la Resolución 0525 del 26 de julio de 201138.

130. Mediante acta 1-20424/2011, suscrita el 30 de diciembre de 2011, se modificó la
cláusula de valor del contrato 66-7-20424/2011, adicionando la suma de $134.736 con
vigencia 201239.

131. En el detalle de ejecución del contrato 66-7-20424/2011 se registraron pagos a
favor de Ana Zulima Guerrero Zambrano por los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2011, cada uno por $1.062.600, para un total de $4.250.40040.

132. Mediante acta 2-20424/2011 se adicionó el plazo y el valor del contrato 66-7-
20424/2011. En dicho documento se indicó que el plazo inicial finalizaba el 30 de abril
de 2012 y se adicionó por 3 meses, entre el 1 de mayo de 2012 y el 31 de julio de 2012,
por valor de $3.288.85241.

133. El 12 de junio de 2012 se elaboró requerimiento de personal para contratar a Ana
Zulima Guerrero Zambrano como auxiliar de enfermería, con presupuesto estimado de
$10.962.840, vigencia 2012 por $5.481.420 y vigencia 2013 por $5.481.420, por 8
horas42.

134. En el estudio de conveniencia y oportunidad del contrato 66-7-20269/2012 se
indicó que la Seccional Sanidad Valle requería contratar a una profesional en auxiliar de

38
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«45_45_760012333000201900806001RECIBEMEMORIAL20230706094307.pdf», folio 3
39
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«45_45_760012333000201900806001RECIBEMEMORIAL20230706094307.pdf», folio 8 y 9
40
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«45_45_760012333000201900806001RECIBEMEMORIAL20230706094307.pdf», folio 5
41
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«45_45_760012333000201900806001RECIBEMEMORIAL20230706094307.pdf», folio 17, 18 y 19
42
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«56_56_7600123330002019008060012RECIBEMORIAL20230706094311», folio 5

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

enfermería para desarrollar funciones de apoyo a la gestión, necesarias para la
prestación de los servicios asistenciales en la jurisdicción de la Seccional. También se
señaló que la entidad no contaba dentro de la planta de personal con personal suficiente
para cubrir las necesidades del servicio43.

135. En el mismo estudio se señaló que el lugar de prestación del servicio sería costos
o cualquier otra dependencia, de acuerdo con el perfil de la contratista y con autorización
de la Jefatura de la Seccional de Sanidad Valle del Cauca. También se indicó que el
contratista debía cumplir los horarios programados o agendados en los diferentes
servicios donde fuera asignado por la Dirección de Sanidad – Seccional Valle, por tiempo
no inferior a 44 horas semanales.

136. En el anexo de condiciones técnicas del contrato 66-7-20269/2012 se indicó que
las horas de prestación del servicio eran 8 diarias, 44 semanales y 190 mensuales, con
honorarios de $1.096.284 mensuales. También se relacionó como actividad programada
facturar ingresos al servicio de urgencias44.

137. En las obligaciones generales del contratista del contrato 66-7-20269/2012 se
incluyeron, entre otras, contribuir al desarrollo del establecimiento de sanidad policial,
rendir informes requeridos por la Dirección de Sanidad – Seccional Valle, participar en
comités, cumplir obligaciones frente al sistema de seguridad social, portar carné
institucional, portar uniforme, mantener actualizado el sistema SISAP y cumplir
exigencias legales y éticas para el adecuado manejo de la historia clínica de los
pacientes.

138. Mediante oficio del 26 de junio de 2013 se informó la terminación del contrato 66-
7-20269/2012. En dicho documento se indicó que el contrato fue suscrito con Ana Zulima
Guerrero Zambrano, por valor inicial de $10.962.840, con fecha de inicio 1 de agosto de
2012 y fecha de terminación 31 de mayo de 2013, y que se ejecutó en un 100%45.

139. En el detalle de ejecución del contrato 66-7-20269/2012 se registró un valor total
de $10.962.840, sin saldo pendiente, y pagos mensuales por $1.096.284, además de
pagos proporcionales por $730.856 y $365.42846.

140. En certificado de pago de Simple S.A. del 26 de junio de 2013 se certificó que, el
11 de junio de 2013, Ana Zulima Guerrero Zambrano realizó aportes de seguridad social
correspondientes al periodo de salud y cotización 201306, dirigidos a Porvenir,
SaludCoop EPS y Positiva Compañía de Seguros S.A47.

43
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«56_56_7600123330002019008060012RECIBEMORIAL20230706094311», folio 7 a 9
44
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«56_56_7600123330002019008060012RECIBEMORIAL20230706094311», folio 13 a 15
45
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«43_43_760012333000201900806001RECIBEMEMORIAL20230706092339», folio 1
46
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«43_43_760012333000201900806001RECIBEMEMORIAL20230706092339», folio 2
47
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«43_43_760012333000201900806001RECIBEMEMORIAL20230706092339», folio 3

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

141. El 27 de mayo de 2013 se dejó constancia de que era necesaria la vinculación de
Ana Zulima Guerrero Zambrano mediante contrato de prestación de servicios como
auxiliar de enfermería – técnico en atención prehospitalaria y/o técnico en urgencias
médicas, por 295 días, y que no existía personal de planta para desarrollar el objeto
contractual48.

142. El 27 de mayo de 2013 se elaboró requerimiento de personal para contratar a Ana
Zulima Guerrero Zambrano como auxiliar de enfermería – técnico en atención
prehospitalaria y/o técnico en urgencias médicas, en el área de auditoría de cuentas, por
8 horas, con presupuesto estimado de $10.780.12649.

143. En el estudio de conveniencia y oportunidad del contrato 66-7-20113/2013 se
indicó que la Seccional Sanidad Valle requería la contratación de una profesional en
auxiliar de enfermería, con el fin de desarrollar actividades de técnico en urgencias
médicas en el Hospital Universitario del Valle, y que no contaba con personal de planta
suficiente para cubrir las necesidades del servicio50. En el mismo estudio se indicó que
el plazo total de ejecución era de 295 días, discriminados en 190 días de la vigencia 2013
y 105 días de la vigencia 2014, con fecha de inicio 21 de junio de 2013 y fecha final 15
de abril de 2014.

144. En las condiciones técnicas del contrato 66-7-20113/2013 se indicó que la
prestación del servicio correspondía a auxiliar de enfermería – técnico en atención
prehospitalaria y/o técnico en urgencias médicas, con 8 horas diarias, 44 horas
semanales y 190 horas mensuales, y honorarios de $1.096.284 mensuales 51. En el
mismo anexo se relacionaron actividades programadas en consulta externa, entre ellas
asistir al personal profesional en los servicios médicos, realizar objeciones y
consolidarlas, así como auditar facturación de servicios médicos.

145. En el contrato 66-7-20113/2013 se indicó que Ana Zulima Guerrero Zambrano se
desempeñaría en auditoría de cuentas, con fecha de inicio 21 de junio de 2013 y fecha
de terminación 15 de abril de 2014, por valor total de $10.780.12652.

48
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«58_58_7600123330002019008060014RECIBEMEMORIAL20230706094312», folio 4
49
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«58_58_7600123330002019008060014RECIBEMEMORIAL20230706094312», folio 5
50
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«58_58_7600123330002019008060014RECIBEMEMORIAL20230706094312», folio 8 a 11
51
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«58_58_7600123330002019008060014RECIBEMEMORIAL20230706094312», folio 12 a 14
52
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«58_58_7600123330002019008060014RECIBEMEMORIAL20230706094312», folio 18

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

146. El 6 de febrero de 2015 se elaboró requerimiento de personal para contratar a Ana
Zulima Guerrero Zambrano como auxiliar de enfermería en el área de auditoría de
cuentas médicas, por 8 horas, con presupuesto estimado de $8.931.05853.

147. En constancia del 6 de febrero de 2015, el supervisor del contrato y el jefe del
Grupo de Talento Humano de la Seccional Sanidad Valle indicaron que era necesaria la
vinculación de Ana Zulima Guerrero Zambrano mediante contrato de prestación de
servicios como auxiliar de enfermería, por 235 días, y que no existía personal de planta
para desarrollar el objeto contractual54.

148. En el estudio previo de 2015 se indicó que la Seccional Sanidad Valle requería
contratar a una técnica en auxiliar de enfermería para satisfacer las necesidades de los
usuarios del subsistema dentro de la jurisdicción de la Seccional. Además, se señaló que
la entidad no contaba dentro de la planta de personal con una técnica en auxiliar de
enfermería para cubrir las necesidades del servicio en esa especialidad55.

149. En el estudio previo se relacionaron antecedentes administrativos del proceso, en
los que se mencionaron los contratos 66-7-20269/2012 y 66-7-20113/2013, ambos con
objeto de prestación de servicios como auxiliar de enfermería y sin problemas
reportados.

150. En las condiciones del contrato de 2015 se indicó que los servicios serían
prestados con periodicidad de 44 horas semanales y 190 horas mensuales en la oficina
de auditoría médica de la Clínica de Fátima, ubicada en la Avenida 10N No. 16N-21,
barrio Granada.

151. En el mismo estudio se indicó que el objeto contractual se ejecutaría en forma de
tracto sucesivo, de acuerdo con las necesidades de la institución, y que el valor por mes
correspondía a $1.140.135.

152. En el anexo de condiciones técnicas de 2015 se describió como actividad de
auxiliar de auditoría de cuentas médicas el estudio de tarifas pactadas con las entidades,
el manejo y control de archivo de auditoría de cuentas médicas y la coadyuvancia y apoyo
en las tareas requeridas conforme al instructivo 01356.

153. En las obligaciones generales del contratista de 2015 se estableció, entre otras,
responder en los plazos señalados por la Seccional, constituir garantía, no ceder el
contrato ni subcontratar, mantener reserva de información, cumplir procesos con

53
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«59_59_7600123330002019008060015RECIBEMEMORIAL20230706094312.pdf», folio 4
54
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«59_59_7600123330002019008060015RECIBEMEMORIAL20230706094312.pdf», folio 5
55
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«59_59_7600123330002019008060015RECIBEMEMORIAL20230706094312.pdf», folio 9 a 13
56
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«59_59_7600123330002019008060015RECIBEMEMORIAL20230706094312.pdf», folio 14

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

observancia de buenas prácticas ambientales, reportar anomalías y cumplir las
obligaciones frente a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales57.

154. En la modificación 001 al contrato 66-7-20152/2016 se indicó que el contrato
principal fue suscrito para la prestación de servicios como auxiliar de enfermería, por
valor de $9.881.170 y plazo de 8 meses y 20 días. También se señaló que el plazo inició
el 11 de abril de 2016 y que la fecha final inicial era el 31 de diciembre de 201658.

155. Mediante la modificación 001 se adicionó al contrato 66-7-20152/2016 la suma de
$4.940.585, con vigencia 2017, y se adicionó el plazo en 4 meses y 10 días, para un total
de 13 meses, con fecha final 10 de mayo de 2017.

156. En el informe de supervisión contractual de enero de 2016 se registró contrato
asociado a Ana Zulima Guerrero Zambrano, con objeto de prestación de servicios como
auxiliar de enfermería, mes de enero de 2016, cantidad 130 y valor pendiente por
recepción de $6.642.73859.

157. En el informe de supervisión contractual de noviembre de 2016 se registró
contrato de Ana Zulima Guerrero Zambrano, con objeto de prestación de servicios como
auxiliar de enfermería en actividades descritas en el objeto del contrato, y valor recibido
de $7.600.90060.

158. En la modificación 002 al contrato 66-7-20152/2016 se indicó que la Policía
Nacional – Dirección de Sanidad Seccional Valle suscribió el 11 de abril de 2016 el
contrato 66-7-20152/2016, cuyo objeto era la prestación de servicios como auxiliar de
enfermería, por valor de $9.881.170 y con plazo de ejecución hasta el 10 de mayo de
2017. También se dejó constancia de que el 13 de junio de 2016 se había suscrito la
modificación 001 para adicionar $4.940.585, quedando el valor total en $14.821.755 y
adicionando 130 días61.

159. En la modificación 002 se dispuso suspender el contrato 66-7-20152/2016 durante
el periodo comprendido entre el 7 de julio de 2016 y el 30 de julio de 2016, por 24 días,
y reducir el valor del contrato en $912.108, quedando el valor total en $13.909.647.

160. En la modificación 003 al contrato 66-7-20152/2016 se dejó constancia de que la
contratista solicitó reducir el valor en $2.052.243 y suspender el plazo de ejecución por
54 días, motivado por incapacidad médica. En consecuencia, se suspendió el contrato

57
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«59_59_7600123330002019008060015RECIBEMEMORIAL20230706094312.pdf», folio 16 a 17
58
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«46_46_760012333000201900806002RECIBEMEMORIAL20230706094307.pdf», folio 1
59
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«60_60_7600123330002019008060016RECIBEMEMORIAL20230706094313.pdf», folio 1 y 2
60
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«61_61_7600123330002019008060017RECIBEMEMORIAL20230706094313», folio 1 y 2
61
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«62_62_7600123330002019008060018RECIBEMEMORIAL20230706094313», folio 1 y 2

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

durante el periodo comprendido entre el 28 de julio de 2016 y el 22 de septiembre de
2016, y el valor total quedó en $11.857.404.

161. En la modificación 004 al contrato 66-7-20152/2016 se indicó que, mediante oficio
S-2016-096908/SECSA-GRUCO-29 del 9 de diciembre de 2016, el jefe de la Oficina de
Contratos solicitó reducir el valor en $5.358.634 y suspender el plazo de ejecución por 4
meses y 21 días, motivado por incapacidad médica. En consecuencia, se suspendió el
contrato del 23 de septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero de
2017 al 10 de febrero de 2017, y el valor total quedó en $6.498.77062.

162. En la modificación 005 al contrato 66-7-20152/2016 se indicó que la contratista
presentó solicitud de terminación de mutuo acuerdo, con visto bueno del supervisor, por
motivos personales, al manifestar que no tenía una persona de confianza que cuidara a
su hija menor y que solo podía estar vinculada hasta el 10 de febrero de 201763.

163. Mediante la modificación 005 se declaró la terminación de mutuo acuerdo del
contrato 66-7-20152/2016 a partir del 11 de febrero de 2017 y se dispuso proceder a su
liquidación.

164. En los certificados de ingresos y retenciones expedidos por la Policía Nacional –
Salud, Regional de Aseguramiento en Salud 4, el 28 de junio de 2023, se registraron
pagos a favor de Ana Zulima Guerrero Zambrano por los años fiscales 2011 a 2016, de
la siguiente manera64:

 Para el año fiscal 2011 se certificó un valor de ingreso de $7.438.200, valor bruto
de $7.438.200, valor neto de $7.256.210 y deducción por retefuente honorarios
de $181.990, con devolución de deducciones por $90.995.

 Para el año fiscal 2012 se certificó un valor de ingreso, valor bruto y valor neto de
$13.155.408, sin deducciones.

 Para el año fiscal 2013 se certificó un valor de ingreso de $12.424.552, valor bruto
de $12.424.552, valor neto de $12.389.838 y deducción de $34.714 por concepto
de Pro-Desarrollo Unidad Central del Valle del Cauca – Uceva.

 Para el año fiscal 2014 se certificó un valor de ingreso de $13.528.141, valor bruto
de $13.528.141, valor neto de $13.511.698 y deducción de $16.443 por concepto
de Pro-Desarrollo Unidad Central del Valle del Cauca – Uceva.

 Para el año fiscal 2015 se certificó un valor de ingreso, valor bruto y valor neto de
$13.681.620, sin deducciones.

62
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«64_64_7600123330002019008060020RECIBEMORIAL20230706094313», folio 1 a 3
63
Visible a índice 48 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«65_65_7600123330002019008060021RECIBEMEMORIAL20230706094314», folio 2 a 3
64
Visible a índice 46 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo pdf
«39_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 46», folio 1 a 260

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

 Para el año fiscal 2016 se certificó un valor de ingreso, valor bruto y valor neto de
$7.068.837, sin deducciones.

Declaración de Luisa Marcela Orrego Jaramillo

165. En audiencia de pruebas celebrada el 6 de julio de 2023 rindió declaración Luisa
Marcela Orrego Jaramillo65.

166. Luisa Marcela Orrego Jaramillo indicó que Ana Zulima Guerrero Zambrano
prestaba sus servicios en la Clínica de la Policía. Señaló que la conoció en el área de
oficinas y que, los fines de semana, la demandante completaba las horas asignadas en
urgencias, hospitalización o en el área en la que fuera ubicada.

167. La testigo manifestó que, en las áreas asistenciales, las funciones de auxiliar de
enfermería consistían en recibir pacientes, atender partos, canalizar personas, tomar
muestras de sangre y realizar actividades propias de auxiliar de enfermería.

168. Al ser interrogada sobre el vínculo contractual, Luisa Marcela Orrego Jaramillo
señaló que las auxiliares de enfermería tenían contratos de prestación de servicios.

169. Frente al cumplimiento de horario, la testigo afirmó que debían cumplir 92 horas
a la semana y que para ello les elaboraban cuadros de turnos. Precisó que dichos
cuadros eran realizados por el jefe inmediato, quien podía ser uniformado o no
uniformado.

170. En relación con los reemplazos, Luisa Marcela Orrego Jaramillo indicó que una
persona externa que no tuviera contrato con la Policía Nacional o no trabajara en la
Clínica no podía reemplazar a la demandante. Explicó que los reemplazos se realizaban
entre el mismo personal del servicio correspondiente y debían ser autorizados por el jefe
inmediato.

171. Sobre la forma en que se asignaban las funciones, la testigo señaló que no se
cumplían de manera autónoma, sino que eran establecidas por el jefe inmediato o por la
jefe superior.

172. En cuanto a los llamados de atención, Luisa Marcela Orrego Jaramillo manifestó
que, cuando existía alguna falta, incumplimiento o queja de usuarios, la persona era
llamada por la jefe superior o por el uniformado encargado.

173. La testigo indicó que en la institución también había personal uniformado que
prestaba servicios como auxiliar de enfermería o jefe.

174. Respecto de la continuidad contractual, Luisa Marcela Orrego Jaramillo afirmó que
los contratos eran continuos hasta completar el año, momento en el cual se suspendían

65
Visible a índice 46 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo mp4
«91Actadeaudienc_76001233300020190080(.mp4) NroActua 49».

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

por 15 días y luego se debía volver a presentar la documentación para celebrar un nuevo
contrato.

175. En relación con los aportes al sistema de seguridad social, la testigo señaló que
la entidad no los efectuaba, pues salud, pensión y riesgos laborales debían ser pagados
por las contratistas con su propio ingreso.

176. Luisa Marcela Orrego Jaramillo afirmó que las contratistas no recibían
prestaciones sociales, tales como primas, cesantías, intereses a las cesantías o
vacaciones.

177. Finalmente, la testigo indicó que la Clínica de la Policía prestaba servicios de salud
a las personas vinculadas a la Policía Nacional y a sus familias.

Declaración de Guillermo Aníbal Villa Puerta

178. En audiencia de pruebas celebrada el 25 de julio de 2023, rindió declaración
Guillermo Aníbal Villa Puerta. El testigo manifestó que es optómetra y que trabajó en la
Clínica Fátima de la Policía Nacional desde 2004 hasta 201866.

179. Guillermo Aníbal Villa Puerta indicó que conoció a Ana Zulima Guerrero Zambrano
en la Clínica de la Policía, porque ella se desempeñaba como auxiliar de enfermería.
Señaló que la demandante llegó a la institución después de él y se retiró antes de que él
finalizara su vinculación.

180. El testigo manifestó que Ana Zulima Guerrero Zambrano trabajaba en consulta
externa y que, en su condición de auxiliar de enfermería, debía estar pendiente de los
consultorios, de los pacientes, de la toma de datos y de la aplicación de algunos
medicamentos, además de realizar las funciones propias de una auxiliar de enfermería.

181. Al ser interrogado sobre el vínculo de la demandante, Guillermo Aníbal Villa Puerta
señaló que era de prestación de servicios.

182. En relación con el cumplimiento de horarios, el testigo indicó que las auxiliares de
enfermería tenían turnos establecidos para todo el mes por la enfermera jefe de cada
sección.

183. Sobre la posibilidad de reemplazo, Guillermo Aníbal Villa Puerta manifestó que la
demandante no podía llevar a una persona externa para que la reemplazara. Explicó que
debía hablar con la jefe, pedir permiso y, en su caso, reponer las horas en otro momento.

184. Frente a la existencia de superiores, el testigo señaló que la demandante tenía
como jefes inmediatos a la enfermera jefe y a un uniformado encargado del servicio.
También indicó que, por encima de ellos, se encontraba el director de la Clínica y otros
jefes.

66
Visible a índice 46 de Samai Tribunales, expediente 76001-23-33-000-2019-00806-00, archivo mp4 «
92Actadeaudienc_76001233300020190080(.mp4) NroActua 52».

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

185. En cuanto a llamados de atención o actuaciones frente a incumplimientos,
Guillermo Aníbal Villa Puerta manifestó que podían realizarlos los jefes inmediatos, esto
es, el uniformado del sector y la enfermera jefe de la sección.

186. El testigo señaló que en la Clínica también existían auxiliares de enfermería
vinculadas directamente con la Policía Nacional.

187. Sobre la continuidad de los contratos, Guillermo Aníbal Villa Puerta afirmó que en
la Clínica no se suspendían, sino que, al finalizar un contrato, inmediatamente seguía el
otro.

188. En relación con los aportes al sistema de seguridad social, el testigo indicó que,
cuando la vinculación era por prestación de servicios, la persona debía pagar salud,
pensión y riesgos laborales, así como las pólizas de responsabilidad civil.

189. Guillermo Aníbal Villa Puerta manifestó que, por tratarse de prestación de
servicios, la demandante no recibía primas, cesantías ni vacaciones, sino únicamente el
pago pactado.

190. Finalmente, el testigo señaló que la Clínica de la Policía atiende a los policías y a
sus familiares.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

3.5.1. Sobre la existencia de la relación laboral encubierta

191. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de
la demanda, al considerar que entre las partes no existió una relación laboral encubierta,
sino una vinculación contractual regida por la Ley 80 de 1993. En particular, sostuvo que
no se acreditó el elemento de la subordinación, pues las instrucciones, la supervisión,
los turnos, la presentación de informes y la ejecución de actividades dentro de las
instalaciones de la entidad correspondían a una relación de coordinación propia de los
contratos de prestación de servicios.

192. En consecuencia, la Sala analizará si en el presente asunto se acreditan los
elementos que permiten declarar la existencia de una relación laboral entre Ana Zulima
Guerrero Zambrano y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional –
Dirección de Sanidad – Seccional Sanidad Valle, en su condición de auxiliar de
enfermería.

193. Para ello, se recuerda que, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo y a la jurisprudencia de esta corporación, la declaratoria de una relación laboral
encubierta exige acreditar: (i) la prestación personal del servicio; (ii) la remuneración
como contraprestación; y (iii) la subordinación o dependencia continuada. Este último

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

elemento es el que permite diferenciar el contrato de prestación de servicios de una
verdadera relación laboral.

3.5.2. Valoración de la tacha formulada contra los testigos

194. Antes de abordar los elementos constitutivos de la relación laboral encubierta, la
Sala se pronunciará sobre la tacha formulada por la entidad demandada contra los
testigos Luisa Marcela Orrego Jaramillo y Guillermo Aníbal Villa Puerta, en tanto la
apelante cuestionó su imparcialidad y solicitó que sus declaraciones no fueran valoradas.

195. La Policía Nacional sostuvo que los testigos tenían interés en el resultado del
proceso, pues habrían promovido reclamaciones o demandas contra la entidad por
hechos similares y, además, en el caso de Luisa Marcela Orrego Jaramillo, existía
vínculo de amistad con la demandante. No obstante, tales circunstancias no conducen,
por sí solas, a excluir sus declaraciones, sino a valorarlas con mayor rigor, conforme a
las reglas de la sana crítica y en conjunto con los demás medios de prueba.

196. En este caso, las declaraciones de Luisa Marcela Orrego Jaramillo y Guillermo
Aníbal Villa Puerta no aparecen aisladas ni huérfanas de respaldo probatorio. Por el
contrario, sus afirmaciones sobre la prestación personal del servicio, el cumplimiento de
turnos, la imposibilidad de designar reemplazos externos, la existencia de jefes
inmediatos y la ejecución de labores propias de auxiliar de enfermería guardan
correspondencia con los documentos contractuales, estudios previos y anexos técnicos
obrantes en el expediente, en los que se pactó una intensidad horaria, la prestación del
servicio en dependencias de la entidad, la obligación de portar carné y uniforme, rendir
informes y ejecutar actividades relacionadas con la atención en salud.

197. Por lo anterior, la Sala declarará no probada la tacha formulada por la entidad
demandada y valorará los testimonios de manera conjunta con la prueba documental
obrante en el proceso.

3.5.3. Prestación personal del servicio

198. De acuerdo con las pruebas documentales allegadas al proceso, Ana Zulima
Guerrero Zambrano suscribió contratos de prestación de servicios con la Dirección de
Sanidad – Seccional Sanidad Valle para desempeñarse como auxiliar de enfermería.

199. En efecto, en la certificación expedida el 17 de junio de 2019 por Talento Humano
de la Dirección de Sanidad – Seccional Sanidad Valle se relacionaron los contratos
suscritos por la demandante desde el 1 de junio de 2011. Allí se indicó que la profesión
contratada era la de auxiliar de enfermería y que la intensidad correspondía a 190 horas
mensuales.

200. Los documentos contractuales allegados al expediente dan cuenta de que la
demandante fue vinculada para prestar servicios como auxiliar de enfermería en la
Seccional Sanidad Valle. En particular, obran soportes del contrato 66-7-20229/2011,
iniciado el 1 de junio de 2011 y terminado el 30 de agosto de 2011; del contrato 66-7-

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

20424/2011, iniciado el 1 de septiembre de 2011; del contrato 66-7-20269/2012, con
fecha de inicio 1 de agosto de 2012 y terminación 31 de mayo de 2013; del contrato 66-
7-20113/2013, con fecha de inicio 21 de junio de 2013 y terminación 15 de abril de 2014;
del contrato 66-7-20035/2014, con fecha de inicio 16 de abril de 2014 y terminación 5 de
mayo de 2015; del contrato 66-7-20159/2015, iniciado el 6 de mayo de 2015; y del
contrato 66-7-20152/2016, iniciado el 11 de abril de 2016.

201. En esos documentos se observa que el objeto contractual se mantuvo asociado a
la prestación de servicios como auxiliar de enfermería. Además, en los estudios previos,
requerimientos de personal y constancias de talento humano se indicó que la
contratación obedecía a la necesidad de contar con personal para apoyar la prestación
de los servicios asistenciales a cargo de la Seccional Sanidad Valle.

202. La prestación personal del servicio también se corroboró con los testimonios
rendidos en el proceso. Luisa Marcela Orrego Jaramillo manifestó que conoció a la
demandante desde 2011, cuando ingresó a trabajar en la Clínica de la Policía, y señaló
que esta desempeñaba labores propias de auxiliar de enfermería, entre ellas recibir
pacientes, canalizar personas, tomar muestras de sangre y realizar actividades
asistenciales. A su turno, Guillermo Aníbal Villa Puerta indicó que conoció a la
demandante en la Clínica Fátima de la Policía Nacional, donde ella trabajaba como
auxiliar de enfermería, y precisó que estaba pendiente de consultorios, pacientes, toma
de datos y aplicación de medicamentos.

203. De igual manera, los testigos coincidieron en que la demandante no podía ser
reemplazada por una persona externa a la institución. Luisa Marcela Orrego Jaramillo
indicó que, si no podía asistir, el reemplazo debía ser realizado por alguien del mismo
servicio y autorizado por el jefe inmediato. Guillermo Aníbal Villa Puerta manifestó que la
demandante no podía llevar a una persona externa para reemplazarla, sino que debía
hablar con la jefe, pedir permiso y, en su caso, reponer las horas.

204. Así las cosas, para la Sala se encuentra acreditado que Ana Zulima Guerrero
Zambrano ejecutó personalmente las actividades para las cuales fue contratada, pues la
labor de auxiliar de enfermería exigía su intervención directa en la prestación del servicio
asistencial y no podía ser delegada libremente a un tercero ajeno a la entidad.

3.5.4. Remuneración

205. El segundo elemento de la relación laboral también se encuentra demostrado.

206. En los contratos, certificaciones y documentos de ejecución contractual allegados
al expediente se pactó el pago de honorarios a favor de Ana Zulima Guerrero Zambrano.
Así, en la certificación de talento humano del 17 de junio de 2019 se relacionaron los
valores contractuales y honorarios mensuales correspondientes a los contratos suscritos
por la demandante.

207. También obran certificados de ingresos y retenciones expedidos por la Policía
Nacional – Salud, Regional de Aseguramiento en Salud 4, en los que se registraron

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Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
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pagos a favor de Ana Zulima Guerrero Zambrano por los años fiscales 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 y 2016.

208. En particular, para 2011 se certificó un valor de ingreso de $7.438.200; para 2012,
$13.155.408; para 2013, $12.424.552; para 2014, $13.528.141; para 2015, $13.681.620;
y para 2016, $7.068.837.

209. De igual manera, en los documentos de ejecución contractual se registraron pagos
mensuales asociados a los contratos suscritos, como ocurrió con el contrato 66-7-
20424/2011 y el contrato 66-7-20269/2012.

210. En consecuencia, se encuentra probado que la demandante recibió una
contraprestación económica periódica por los servicios personales prestados a la
Dirección de Sanidad – Seccional Sanidad Valle.

3.5.5. Continuada subordinación o dependencia

211. El elemento central de discusión en segunda instancia corresponde a la
subordinación. La entidad apelante sostuvo que los turnos, la supervisión, los informes,
las instrucciones y el uso de las instalaciones de la entidad no demostraban dependencia
laboral, sino coordinación contractual necesaria para garantizar la prestación del servicio
de salud.

212. Sobre el particular, la Sala precisa que, si bien en los contratos de prestación de
servicios la administración puede ejercer supervisión y coordinar la ejecución del objeto
contractual, dicha coordinación se desborda cuando el contratista queda inserto en la
organización de la entidad, sujeto a órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de ejecución
de sus actividades, con imposición de turnos, control de asistencia, necesidad de
autorización para ausentarse, llamados de atención y ejecución de labores permanentes
propias de la entidad.

213. En el presente asunto, valoradas en conjunto las pruebas documentales y
testimoniales, se advierte que la vinculación de Ana Zulima Guerrero Zambrano no se
limitó a una relación de coordinación contractual.

214. En primer lugar, el servicio se prestó en instalaciones o dependencias dispuestas
por la entidad. Los documentos contractuales muestran que Ana Zulima Guerrero
Zambrano fue asignada en distintos momentos a áreas como costos, auditoría de
cuentas médicas, consulta externa, urgencias u hospitalización, o a la dependencia que
dispusiera la Jefatura de la Seccional Sanidad Valle, según las necesidades del servicio.
En particular, cuando fue asignada al área de costos o auditoría, las actividades descritas
en los estudios previos se relacionaron con registros de ingresos, bases de datos,
facturación, auditoría de cuentas, manejo de objeciones y apoyo administrativo en
cuentas médicas. Por su parte, los testimonios dieron cuenta de las labores asistenciales
que también realizaba como auxiliar de enfermería en la Clínica de la Policía, entre ellas
estar pendiente de consultorios y pacientes, tomar datos, canalizar personas, tomar
muestras y aplicar algunos medicamentos. Así, aunque las funciones variaron según el

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área asignada, todas se ejecutaron dentro de la organización del servicio de salud de la
entidad y en las dependencias determinadas por esta.

215. En segundo lugar, los documentos contractuales evidencian que la actividad de la
demandante estaba sometida a una intensidad horaria definida. En los estudios previos
y anexos técnicos se indicó una prestación del servicio de 8 horas diarias, 44 horas
semanales y 190 horas mensuales. Además, en el contrato 66-7-20424/2011 se
estableció que la contratista debía cumplir los horarios programados y agendados en los
diferentes servicios donde fuera asignada por la Dirección de Sanidad – Seccional Valle.

216. Lo anterior fue corroborado por los testigos. Luisa Marcela Orrego Jaramillo
manifestó que debían cumplir turnos elaborados por el jefe inmediato, quien podía ser
uniformado o no uniformado. Guillermo Aníbal Villa Puerta declaró que la enfermera jefe
de cada sección asignaba a las auxiliares los turnos que debían cumplir durante el mes.

217. En tercer lugar, se probó que la demandante estaba sometida a superiores
funcionales dentro de la entidad. Luisa Marcela Orrego Jaramillo indicó que las funciones
eran establecidas por el jefe inmediato o por la jefe superior, y que los llamados por
incumplimientos o quejas eran realizados por la jefe superior o por el uniformado
encargado. Guillermo Aníbal Villa Puerta, por su parte, señaló que la demandante tenía
como jefes inmediatos a la enfermera jefe y al uniformado encargado del servicio, y que
por encima de ellos se encontraba el director de la Clínica y otros jefes.

218. En cuarto lugar, la posibilidad de ausentarse o ser reemplazada no dependía de
la autonomía de la contratista. Según Luisa Marcela Orrego Jaramillo, si la demandante
no podía asistir, el reemplazo debía hacerse con personal del mismo servicio y requería
autorización del jefe inmediato. Guillermo Aníbal Villa Puerta manifestó que la
demandante debía hablar con la jefe, pedir permiso y, en su caso, reponer las horas, sin
que pudiera llevar una persona externa para suplirla.

219. En quinto lugar, las obligaciones contractuales pactadas excedían la mera entrega
de un resultado autónomo. En los contratos se impuso a la demandante llevar registros
de atención diaria, cumplir exigencias legales y éticas para el manejo de historias
clínicas, realizar actividades y procedimientos diagnósticos y terapéuticos, participar en
comités, participar en brigadas de salud, portar carné institucional, portar uniforme, rendir
informes requeridos por la Dirección de Sanidad – Seccional Valle y entregar elementos,
manuales, procesos e información a su cargo al finalizar el contrato o cambiar de lugar
de trabajo.

220. Estas obligaciones muestran que la demandante no fue vinculada para entregar
un producto externo e independiente, sino para integrarse a la dinámica ordinaria de los
servicios de salud de la entidad, bajo lineamientos, protocolos, turnos y controles propios
de la organización asistencial.

221. En sexto lugar, la actividad contratada se relacionaba directamente con la
prestación del servicio de salud a cargo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
La misión institucional descrita en los documentos contractuales consistía en contribuir

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a la calidad de vida de los usuarios mediante la administración y prestación de servicios
de salud integrales y efectivos. En ese contexto, las labores de auxiliar de enfermería
ejecutadas por la demandante no fueron ajenas ni accesorias al servicio, sino necesarias
para la atención de los usuarios de la Clínica de la Policía Nacional.

222. En séptimo lugar, la permanencia de la vinculación constituye un indicio adicional
de que la contratación no atendió una necesidad meramente temporal o excepcional.
Entre los contratos relacionados en la certificación de talento humano, la interrupción
más extensa corresponde al lapso transcurrido entre la finalización del contrato 66-7-
20269/2012, el 31 de mayo de 2013, y el inicio del contrato 66-7-20113/2013, el 21 de
junio de 2013, equivalente a 13 días hábiles, término que no supera el parámetro
jurisprudencial de 30 días hábiles fijado por la Sección Segunda para efectos de la no
solución de continuidad. Las demás vinculaciones se sucedieron sin interrupción
material, o al día siguiente de la terminación del contrato anterior, según los documentos
contractuales allegados. Las demás vinculaciones se sucedieron sin interrupción
material, o al día siguiente de la terminación del contrato anterior, según los documentos
contractuales allegados.

223. En octavo lugar, los testimonios dan cuenta de que en la Clínica también existía
personal vinculado directamente con la Policía Nacional que desempeñaba labores
asistenciales. Luisa Marcela Orrego Jaramillo refirió que había personal uniformado que
prestaba servicios como auxiliar o jefe. Guillermo Aníbal Villa Puerta indicó que en la
Clínica existían auxiliares de enfermería vinculadas directamente con la Policía Nacional.
Si bien dicha prueba testimonial no equivale a un manual de funciones, sí constituye un
indicio relevante sobre la inserción de la demandante en una estructura asistencial en la
que coexistían contratistas y personal vinculado directamente para el desarrollo del
servicio de salud.

224. La entidad demandada formuló tacha contra los testigos Luisa Marcela Orrego
Jaramillo y Guillermo Aníbal Villa Puerta. Frente a la primera, alegó la existencia de
amistad con la demandante y el hecho de haber iniciado una reclamación por
circunstancias similares. Frente al segundo, sostuvo que tenía una demanda contra la
Policía Nacional por hechos semejantes. No obstante, tales circunstancias no conducen,
por sí solas, a descartar sus declaraciones, sino a valorarlas con mayor rigor, conforme
a las reglas de la sana crítica.

225. En este caso, sus declaraciones fueron coherentes entre sí y guardan
correspondencia con la prueba documental. Ambos testigos coincidieron en que la
demandante prestaba servicios como auxiliar de enfermería en la Clínica de la Policía,
cumplía turnos establecidos por superiores, no podía designar libremente un reemplazo
externo, debía pedir autorización para ausentarse y estaba sujeta a jefes inmediatos.
Además, esas afirmaciones encuentran respaldo en los contratos, estudios previos y
anexos técnicos, en los que se pactó una intensidad horaria, prestación del servicio en
dependencias de la entidad, obligación de portar uniforme y carné, rendir informes,
participar en actividades institucionales y ejecutar labores propias de la atención en
salud.

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226. Así las cosas, contrario a lo sostenido por la entidad apelante, las condiciones
acreditadas no corresponden únicamente a coordinación contractual. La demandante no
actuó con autonomía técnica plena ni con independencia en la organización del servicio,
sino que se integró a la estructura asistencial de la Dirección de Sanidad – Seccional
Sanidad Valle, bajo turnos, jefes inmediatos, asignación de áreas de servicio,
autorización para reemplazos o ausencias, deber de portar uniforme y carné, rendición
de informes y ejecución de actividades permanentes relacionadas con la prestación del
servicio de salud.

227. Ahora bien, la entidad apelante sostuvo que la demandante no desempeñó
funciones propias de la finalidad constitucional primordial de la Policía Nacional, relativa
al mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, sino actividades propias del área de sanidad. Sin embargo, dicho
argumento no desvirtúa la existencia de la relación laboral encubierta, pues lo relevante
en este tipo de controversias no es que la actividad ejecutada corresponda a la función
constitucional general de la Policía Nacional, sino que se haya desarrollado de manera
personal, remunerada y subordinada dentro de la estructura de la entidad demandada.
En este caso, las pruebas documentales y testimoniales acreditaron que Ana Zulima
Guerrero Zambrano prestó servicios como auxiliar de enfermería en dependencias de la
Dirección de Sanidad – Seccional Sanidad Valle, esto es, en un área institucional
encargada de la prestación del servicio de salud a los usuarios de la Policía Nacional y
sus familias.

228. Tampoco prospera el argumento según el cual la demandante no podía ser
considerada empleada pública, personal no uniformado, oficial, suboficial, miembro del
nivel ejecutivo o agente de la Policía Nacional. La declaratoria de una relación laboral
encubierta no tiene por efecto otorgar la calidad de empleada pública ni suplir los
requisitos constitucionales y legales de ingreso al servicio público, tales como el
nombramiento, la posesión, la existencia del cargo en planta y la disponibilidad
presupuestal. El efecto de la decisión judicial se limita a reconocer, en aplicación del
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, las consecuencias
patrimoniales derivadas de la prestación personal, remunerada y subordinada del
servicio, sin modificar la forma de vinculación constitucionalmente prevista para acceder
a un empleo público.

229. De igual manera, el hecho de que la demandante hubiera suscrito voluntariamente
los contratos de prestación de servicios, asumido el pago de aportes al sistema de
seguridad social, constituido pólizas y aceptado formalmente las obligaciones
contractuales, no impide declarar la existencia de una relación laboral encubierta cuando
las pruebas demuestran que la ejecución real del vínculo desbordó la coordinación propia
del contrato estatal. La jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que la
denominación formal del vínculo no prevalece sobre las condiciones materiales de
ejecución, de manera que, si se acreditan la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación, resulta procedente declarar la existencia del contrato
realidad, con independencia de la forma contractual utilizada por la administración.

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Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
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230. Por lo anterior, los argumentos de apelación formulados por la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional no logran desvirtuar la conclusión a la que arribó
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En el expediente se demostró que la
demandante no actuó con autonomía plena, sino integrada a la organización del servicio
de sanidad de la Policía Nacional, con cumplimiento de turnos, sujeción a jefes
inmediatos, prestación del servicio en dependencias determinadas por la entidad,
imposibilidad de designar libremente reemplazos externos y ejecución de actividades
permanentes relacionadas con la atención en salud.

231. En consecuencia, la Sala concluye que en el presente asunto se acreditaron los
elementos de la relación laboral encubierta: prestación personal del servicio,
remuneración y subordinación continuada.

3.5.6. Sobre el reconocimiento derivado de la declaratoria de relación laboral

232. Frente al argumento relativo a que la demandante no tenía la calidad de empleada
pública, personal no uniformado, oficial, suboficial, miembro del nivel ejecutivo o agente
de la Policía Nacional, la Sala precisa que la controversia no exige definir si la actora
adquirió formalmente alguna de esas calidades, sino establecer si, bajo la apariencia de
contratos de prestación de servicios, se configuró una relación laboral encubierta. En ese
sentido, el análisis no se orienta a desconocer las reglas constitucionales y legales de
ingreso a la función pública, sino a determinar las consecuencias patrimoniales derivadas
de la prestación personal, remunerada y subordinada del servicio, conforme al principio
de primacía de la realidad sobre las formalidades.

233. Sin embargo, conforme al principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades, dicha declaratoria sí da lugar al restablecimiento del derecho en los
términos reconocidos por la jurisprudencia de esta corporación, esto es, al pago de las
prestaciones sociales que se hubieren causado durante los periodos acreditados, así
como a la regularización de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

234. En este punto, se advierte que la entidad apelante cuestionó la existencia misma
de la relación laboral y la condena impuesta en primera instancia, pero no logró desvirtuar
los medios de prueba que sirvieron de fundamento al Tribunal para declarar la
configuración del contrato realidad. Por el contrario, las pruebas documentales y
testimoniales permiten concluir que la demandante prestó sus servicios en condiciones
propias de una relación subordinada.

235. En cuanto al periodo de reconocimiento, se advierte que la sentencia de primera
instancia declaró la existencia de la relación laboral desde el 1 de junio de 2011 hasta el
10 de mayo de 2017. No obstante, en el expediente obran documentos relacionados con
el contrato 66-7-20152/2016, en los que se registraron suspensiones motivadas por
incapacidad médica y la terminación de mutuo acuerdo a partir del 11 de febrero de 2017.
En consecuencia, si bien se confirmará la declaratoria de existencia de la relación laboral
encubierta, se modificará la sentencia apelada para precisar que los pagos ordenados a
título de restablecimiento del derecho deberán efectuarse respecto de los periodos

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Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
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efectivamente acreditados de prestación del servicio, atendiendo la terminación de mutuo
acuerdo del contrato 66-7-20152/2016 a partir del 11 de febrero de 2017.

236. En este punto, se aclara que esta corporación en su jurisprudencia ha
señalado que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que
conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato
de prestación de servicio no puede otorgar al accionante la calidad de empleado
público», lo que no impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».

237. Por ende, habría lugar a modificar la decisión dictada por el tribunal en
los numerales tercero y quinto de la sentencia impugnada, en tanto la parte demandada
debería calcular el pago de las prestaciones y del ingreso base de cotización (ibc)
pensional, que corresponde a los salarios de un empleado de planta que haya
desarrollado funciones iguales a las que ejecutó la demandante. A su vez, debería cotizar
al respectivo fondo pensional el porcentaje que le correspondía como
empleador, teniendo en cuenta, además, su carácter imprescriptible. Sin embargo, lo
cierto es que la parte demandante no interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia. Por el contrario, quien acudió en alzada fue exclusivamente la
entidad demandada. Por ello, y en observancia de la garantía derivada del principio de
la non reformatio in pejus, la Sala mantendrá incólume la decisión adoptada por el
Tribunal sobre este aspecto, aun cuando las razones que sustentan dicha determinación
no sean compartidas por esta Corporación.

238. Por su parte, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones durante el tiempo que duró su
vinculación y, en el evento de no haberlo hecho o existir diferencia en su contra, tendrá
que pagar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía
como empleado.

3.6. Conclusión de la decisión

239. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Ana Zulima Guerrero
Zambrano acreditó la existencia de una relación laboral encubierta con la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Sanidad – Seccional
Sanidad Valle, en la prestación personal del servicio como auxiliar de enfermería.

240. En efecto, se demostró que la demandante prestó personalmente sus servicios,
recibió una remuneración periódica y ejecutó sus labores bajo subordinación, reflejada
en el cumplimiento de turnos, la asignación de funciones por jefes inmediatos, la
necesidad de autorización para ausentarse o ser reemplazada, la prestación del servicio
en dependencias de la entidad, el uso de uniforme y carné institucional, la rendición de
informes y la ejecución de actividades permanentes propias del servicio de salud.

241. En consecuencia, el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional no tiene vocación de prosperidad, por lo que se

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confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la existencia
de la relación laboral encubierta y ordenó el restablecimiento del derecho, con la
precisión de que la liquidación deberá atender los periodos efectivamente acreditados,
incluidas las suspensiones y la terminación de mutuo acuerdo registradas respecto del
contrato 66-7-20152/2016.

3.7. Costas

242. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario67 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas. Por las mismas razones se revocará la condena en costas impuesta en la
primera instancia.

243. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, el 12 de septiembre de 2024, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en este
proveído, con excepción de la condena en costas.

Segundo. Modificar los numerales tercero, cuarto y quinto de la sentencia apelada, los
cuales quedarán así:

Tercero. Declarar que entre Ana Zulima Guerrero Zambrano y la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Sanidad –
Seccional Sanidad Valle existió una relación laboral encubierta durante los
periodos efectivamente acreditados de prestación personal del servicio
comprendidos entre el 1 de junio de 2011 y el 11 de febrero de 2017, atendiendo
la terminación de mutuo acuerdo del contrato 66-7-20152/2016 a partir del 11 de
febrero de 2017.
67
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por
el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público,
antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del
CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en
el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-14).

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00806-01 (6615-2024)
Demandante: Ana Zulima Guerrero Zambrano
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional

Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional reconocer y pagar a favor de Ana Zulima
Guerrero Zambrano las prestaciones sociales causadas durante los periodos
efectivamente acreditados de prestación personal del servicio, comprendidos
entre el 1 de junio de 2011 y el 11 de febrero de 2017, atendiendo la terminación
de mutuo acuerdo del contrato 66-7-20152/2016 a partir del 11 de febrero de 2017,
tomando como base de liquidación los honorarios pactados en los contratos de
prestación de servicios suscritos.

Quinto. Ordenar a la entidad demandada tomar, durante los periodos
efectivamente acreditados de prestación personal del servicio comprendidos entre
el 1 de junio de 2011 y el 11 de febrero de 2017, atendiendo la terminación de
mutuo acuerdo del contrato 66-7-20152/2016 a partir del 11 de febrero de 2017,
el ingreso base de cotización pensional correspondiente al salario devengado por
una auxiliar de enfermería de planta de la Policía Nacional, mes a mes. En caso
de existir diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que
debieron efectuarse, la entidad deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la
suma faltante en el porcentaje que le correspondía como empleador, mientras que
la demandante deberá acreditar o completar el porcentaje a su cargo.

Tercero. Revocar la condena en costas impuesta por la sentencia de primera instancia.
Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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