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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00842-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00842-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Declarar la nulidad de la sentencia proferida el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso promovido por el señor Jorge Eduardo 21 Número Interno: 2533-2025 Demandante: Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS -PAR ISS Guzmán Piedrahita contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS -PAR ISS. En su lugar se dispone: “Declarar probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia para conocer de la demanda interpuesta por el señor Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia”. SEGUNDO. - Las pruebas practicadas en esta jurisdicción conservarán su validez y tendrán eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirlas, en los términos descritos en el artículo 138 del Código General del Proceso. TERCERO. – Por secretaría de la Sección, envíese el expediente a los juzgados laborales del circuito de Cali (Valle del Cauca), para que avoquen conocimiento del presente proceso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00842-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Cinco (5) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 76001233300020190084201(2533-2025)
Demandante: Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita
Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS- Par
Demandada:
ISS
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Falta de jurisdicción y competencia
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación, interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025), proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

1.1. Pretensiones

1.El señor Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita, por intermedio de apoderada judicial,
acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), y solicitó la nulidad del Oficio DJU 10300-0326
del 15 de abril de 2019, que niega la existencia de la relación laboral con el Instituto de
Seguro Social y el sucesor Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS – PAR ISS.

2. A título de restablecimiento del derecho, pretende el reconocimiento de: i) la relación

laboral desde el 17 de febrero de 2000 hasta el 19 de diciembre de 2017 con el Instituto

1 Expediente Samai Tribunal índice 0025

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Número Interno: 2533-2025
Demandante: Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita
Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS -PAR ISS

de Seguros Social hoy liquidado y con el Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS,
sucesor procesal; (ii) el pago de auxilio de cesantías; (iii) la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de las cesantías y sus respectivos intereses; (iv) la prima de
servicios; (v) vacaciones; (vi) indemnización por terminación unilateral del contrato de
trabajo contenida en el artículo 64 CST; (vii) el pago de la seguridad social; (viii)
indexación de las sumas reconocidas y (ix) condenar en costas.

1.2. Hechos

3. El demandante relató que, prestó sus servicios como abogado mandatario inicialmente

para el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y posteriormente para su sucesor procesal, el
PAR ISS, desde el 27 de febrero de 2000 hasta el 19 de diciembre de 2017.

4. Asegura que, formalmente se suscribieron múltiples contratos de prestación de
servicios, materialmente, estos correspondían a verdaderos contratos de trabajo, por
cuanto, siempre estuvo, bajo subordinación y dependencia, toda vez que, estuvo
sometido a órdenes permanentes, con la obligación de rendir informes mensualmente, el
deber de seguir los protocolos y directrices de la Dirección Jurídica Nacional, la
presentación mensual de informes al “E KOGUI”, la asistencia a reuniones de
capacitación, el pago sujeto a la presentación de cobro, previo informe.

5. Que los servicios los prestó sin interrupción durante casi 20 años de manera personal,
obedeciendo órdenes. Y existe mala fe de las demandadas por ocultar una verdadera
relación laboral encubierta mediante contrato de prestación de servicios, lo que conllevó
a la omisión del pago de todos los derechos laborales.

6. Expone que, el PAR ISS dio por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral
sin justa causa el día 19 de diciembre de 2017, sin informarle con debida anticipación las
razones de la terminación y para esa fecha, devengaba la suma mensual de $ 5.311.311.

7. Enfatiza que, el día 29 de marzo de 2019, solicitó a la entidad demandada el
reconocimiento de la relación laboral encubierta y el pago de los emolumentos salariales;
sin embargo, mediante Oficio DJU 10300-0326 de abril 16 de 2019, respondió
negativamente a la reclamación.

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Número Interno: 2533-2025
Demandante: Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita
Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS -PAR ISS

8. Precisa que, solicitó conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial para
Asuntos Administrativos (No. 14760), la cual fue admitida, pero resultó fallida en la
audiencia del 17 de julio de 2019.

1.3. Concepto de violación

9. La parte actora, invocó como normas violadas, las siguientes:

10. Constitución Política, artículos 53, 25, 122, 123, 125, 24, 1, 2, 5, 6, 11, 90, 216 a 227,

365; Código Sustantivo del Trabajo: Ley 4 de 1966; artículos 5, 6, 8, 9, 11, 14 del Decreto
3135 de 1968; Decreto 1045 de 1978; Ley 100 de 1993, Ley 50 de 1990.

11. El demandante señala que, los contratos de prestación de servicios que suscribió, son

una verdadera relación laboral bajo subordinación continuada, con el cumplimiento de
órdenes y directrices, y la prestación personal de servicios sin autonomía. La
administración no puede disfrazar una relación laboral para desconocer derechos.

12.Argumenta que, en su caso se configuró los elementos esenciales del contrato de

trabajo por la concurrencia de elementos esenciales, principalmente, la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto de su empleador.

1.4. Contestación de la demanda

13. La Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA S.A., como vocera y

administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto De Seguros
Sociales Hoy Liquidado, por intermedio de apoderada judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda y sostiene que, con el demandante nunca existió un contrato
de trabajo, por cuanto, fueron contratos de prestación de servicios profesionales de
abogado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, además, el accionante
fue contratado como abogado externo e independiente, sus obligaciones consistían en
ejercer la defensa judicial, hacer seguimiento a los procesos asignados, asistir a
audiencias y presentar peticiones y las comunicaciones entre las partes, como la
asignación de casos o el envío de documentación, eran para el cumplimiento de las
obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios y no constituyen una
relación laboral.

1.5. La sentencia de primera instancia

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Número Interno: 2533-2025
Demandante: Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita
Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS -PAR ISS

14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida del treinta

y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025), negó las pretensiones de la demanda
sin condena en costas.

15. Como sustento de su decisión, el Tribunal de primera instancia, analizó los elementos

esenciales para la configuración de la relación laboral, para ello, estableció que, el señor
Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita prestó sus servicios profesionales como abogado,
representando a la entidad para la defensa de sus intereses jurídicos, desde el año 2000
hasta 2017, mediante la suscripción de múltiples contratos de prestación de servicios.

16.En cuanto a la remuneración, verificó que, en cada contrato se pactaron los honorarios
correspondientes y se presentó certificación de estos pagos.

17. Frente al elemento de subordinación, determinó que no se encontró demostrado, toda
vez que, los testigos, entre ellos, el de la directora jurídica de la época, indicó que, el
demandante era abogado externo, asistía a reuniones programadas cada 15 días, debía
presentar informes, también se aclaró que no tenía oficina en la entidad, no cumplía un
horario fijo y que la comunicación de documentos podía ser digital y la declaración de una
secretaria de la entidad corroboró que, el contratista no cumplía horario.

18. Concluyó que, no existió una verdadera relación laboral, pues, se evidenció que, fue
una labor de coordinación de actividades para la conducción de procesos jurídicos,
desempeñada con autonomía e independencia. La asistencia a reuniones cada 15 días
y la presentación de informes periódicos no fueron suficientes para configurar la
subordinación. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

1.6. Recurso de apelación

19. La parte demandante, solicitó revocar la decisión de primera instancia y acceder a

las pretensiones, señalando que, el Tribunal se apartó del criterio del Consejo de Estado,
plasmado en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con el elemento de
subordinación, toda vez que, a través de contrato de prestación de servicios
profesionales estuvo obligado atender los procesos que le fueron asignados en la
defensa de los intereses del ISS, hasta el 31 de marzo de 2015 y a partir del mes de abril
de ese año hasta 19 de diciembre de 2017, en favor del PARISS.

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Número Interno: 2533-2025
Demandante: Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita
Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS -PAR ISS

20. Y para cumplir dicha función debía preparar informes de los procesos que tenía a su
cargo y recibía directrices por el director jurídico seccional del ISS (liquidado), en torno a
que fueran atendidos los llamados de la oficina, “así como el proceder de cara a los alegatos de
conclusión, recursos de ley, casación, demandas contra negocio de riesgos profesionales, la forma en
como debían ser allegadas las sentencias, las cuentas de cobro, las copias de los procesos entre otros”.

21. Que para ejercer la defensa judicial, debía presentar informes de los procesos a su
cargo, atender la segunda instancia en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,
Sala Laboral, asistiendo a audiencias y presentando alegatos de conclusión, la
devolución de los expedientes una vez contestadas las demandas, requerimientos para
allegar las copias de las sentencias con nota de ejecutoria y liquidación de costas.

22. Que no puede perderse de vista las declaraciones rendidas por las señoras Yolanda
Patiño y Becerra, cuando manifestaron que en su rol de abogado si bien no permanecía
en la sede del ISS, argumenta en su defensa que, “con el volumen de trabajo que manejaba,
pues había que atender casi 300 procesos, como bien se puede observar en los informes, poco tiempo
había para ir a la Sede de Ballevista, tenía que desplazarse no solo a los juzgado laborales y Tribunales
de Cali, del Centro y Norte del Valle, sino buscar pruebas y documentación por lo que no había tiempo de
permanecer en la Sede la Institución”.

1.7. Trámite de segunda instancia

23. Por medio de auto del catorce (14) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), el

consejero ponente admitió los recursos de apelación interpuestos por las partes y, en virtud
del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 de la Ley
1437 de 2011, se prescindió de la etapa de alegaciones.

24. El Agente del Ministerio Público no emitió concepto.

CONSIDERACIONES

2.1. Cuestión previa

25. Previo a avocar el fondo de la controversia, esta Sala considera necesario estudiar (i)

si en el sub examine se configura la excepción de falta de jurisdicción; y (ii) si en

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Número Interno: 2533-2025
Demandante: Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita
Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS -PAR ISS

consecuencia, se presenta la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 133
del Código General del Proceso.

26. Con el fin de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos:

2.1.1. causal de nulidad originada en la falta de jurisdicción; 2.1.2. calidad de empleado
público o trabajador oficial; y 2.2. caso concreto.

2.1.1. Causal de nulidad originada en la falta de jurisdicción

27. El artículo 16 del CGP dispuso frente a la jurisdicción y competencia lo siguiente:

“Artículo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia. La
jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables.
Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia
por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se
hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo
actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo”.
(Resalta fuera de texto).

28. Así mismo, el canon 133, numeral 1, ibidem estableció entre las causales de nulidad

del proceso aquella que se produce “cuando el juez actúe en el proceso después de
declarar la falta de jurisdicción o competencia”.

29. Visto lo anterior, una vez determinada la falta de jurisdicción el juez no puede seguir

adelante con el trámite del proceso y le corresponde enviarlo al competente. Causal de
nulidad que es insaneable, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia C-537 de
2016 de la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del artículo 16 del CGP,
que a la letra dice:

“En desarrollo de esta competencia, mediante la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso,
el legislador estableció el régimen de las nulidades procesales en los procesos que se rigen por
este Código y dispuso que la falta de jurisdicción y la incompetencia por los factores subjetivo y
funcional son improrrogables (artículo 16), es decir, que la nulidad que su desconocimiento
genera, es insaneable. Implícitamente dispuso, por consiguiente, que la incompetencia por los
otros factores de atribución de la competencia, como el objetivo, el territorial y el de conexidad,
sí es prorrogable y el vicio es entonces saneable, si no es oportunamente alegado. En los
términos utilizados por el legislador, la prorrogabilidad de la competencia significa que, a pesar
de no ser el juez competente, el vicio es considerado subsanable por el legislador y el juez podrá
válidamente dictar sentencia, si la parte no alegó oportunamente el vicio. En este sentido, la
determinación de las formas propias del juicio por parte del legislador consistió en establecer una
primera diferencia: la asunción de competencia por un juez sin estar de acuerdo con lo dispuesto
por los factores objetivo, territorial y por conexidad, le permite al juez prorrogar o extender no
obstante su competencia y, por lo tanto, este hecho no genera nulidad de la sentencia dictada
por el juez, si el vicio no fue alegado, mientras que, la asunción de competencia con
desconocimiento de la competencia de la jurisdicción y de los factores subjetivo y
funcional, sí genera necesariamente nulidad de la sentencia”. (Resaltado fuera de texto).

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Número Interno: 2533-2025
Demandante: Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita
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También, en ejercicio de su competencia legislativa, el Congreso de la República dispuso que,
salvo la sentencia, lo actuado por el juez incompetente, antes de la declaratoria de nulidad
(artículo 133, n. 1), conserve validez, (artículos 16 y 138). De manera concordante, estableció
unas causales de nulidad del proceso, en cuya lista se encuentra la hipótesis de la actuación del
juez, después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia (artículo 133, n. 1). Se trató
de determinar legislativamente las consecuencias que genera la nulidad y establecer, dentro del
margen de configuración legislativa atribuido al Congreso de la República, que la nulidad
declarada no tiene efectos retroactivos, sino solamente hacia el futuro, con la salvedad de que
la conservación de la validez no cubrirá la sentencia misma (…)”.

30. También, el 104 del CPACA dispone que la jurisdicción contenciosa conoce además

de lo previsto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y
litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al
derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los
particulares cuando ejerzan función administrativa.

“Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

(…)

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la
seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de
derecho público.

(…) “.

31. Así mismo, el numeral 4 del artículo 105 señala que:

“La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos:

(…)

4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores
oficiales (…)”.

32. En suma, se advierte de lo anterior que los conflictos derivados de la relación de

trabajadores oficiales deben ser dirimidos por la jurisdicción ordinaria laboral; dado que,
el criterio que fija la competencia no es el acto administrativo que define la situación
reclamada, sino la naturaleza jurídica de la vinculación laboral pretendida.

2.1.2. Calidad de empleado público o trabajador oficial

33. De conformidad con lo expuesto, y a fin de determinar la competencia de esta

jurisdicción para dirimir los conflictos que se presenten ante ella, el juez debe analizar la
naturaleza jurídica del empleo que ocupaba el trabajador.

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Número Interno: 2533-2025
Demandante: Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita
Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS -PAR ISS

34. Acorde con lo anterior, cabe resaltar que, el carácter de empleado público o trabajador

oficial se adquiere de acuerdo con los criterios orgánico, funcional y estatutario, esto es,
la entidad en la que se presta el servicio, las funciones que desempeña el trabajador y
las disposiciones contenidas en los estatutos de la entidad.

35. Frente al tema, esta Corporación en sentencia de 28 de mayo de 2020 previó lo

siguiente2:

“(…)

Según lo anterior, la legislación previó un concepto general para referirse a los servidores
públicos, indistintamente si se trata de empleados públicos o trabajadores oficiales, como es la
denominación empleado oficial, tal y como lo reguló el artículo 1.º del Decreto 1848 de 1969.
Respecto a las definiciones de empleado público y trabajador oficial, la norma en cita reproduce
prácticamente en su integridad el artículo 5 del Decreto Ley 3135 de 1968.

De modo tal que para diferenciar al empleado público del trabajador oficial se debe recurrir al
criterio orgánico y funcional. Ello porque en el caso de que la entidad empleadora sea un
ministerio, departamento administrativo, superintendencia y establecimiento público (criterio
orgánico) se infiere que se trata de empleado público, salvo, se reitera, si se dedica a actividades
de construcción y mantenimiento de obras públicas (criterio funcional).

Dicha regla también funciona en el caso de las empresas industriales y comerciales del Estado
y las sociedades de economía mixta (criterio orgánico) que por regla general están compuestas
principalmente por trabajadores oficiales y en cargos de dirección y confianza por empleados
públicos (criterio funcional).

De igual forma, se precisa que la forma de vinculación de uno y otro es diferente, por cuanto el
empleado público se une al Estado mediante una relación legal y reglamentaria mientras que los
trabajadores oficiales lo hacen a través de contrato de trabajo (…)”.

36. A partir de tal entendimiento, lo que sigue es analizar la norma que rige la materia a

efectos de establecer la calidad del trabajador en torno a las reglas fijadas con antelación.

37. El Decreto 3135 de 19683 en el artículo 5 dispuso lo siguiente:

“Artículo 5 Empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que presten sus servicios
en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos
son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de
obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos se
precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato
de trabajo.4

Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del
Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas

2
Radicado 47001-23-33-000-2015-00108-01(1956-17). M.P. William Hernández Gómez.
3 “por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen

prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”
4 Texto subrayado declarado inexequible mediante Sentencia C-484 de 1995, Corte Constitucional.

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Número Interno: 2533-2025
Demandante: Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita
Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS -PAR ISS

precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por
personas que tengan la calidad de empleados públicos”. (Resaltado fuera de texto).

38. A partir de la disposición aludida, se determinan los siguientes criterios: el orgánico,

en tanto indica que la clasificación en uno u otro responde a la naturaleza jurídica de la
entidad; el funcional, pues, tiene en consideración las labores que desempeña el
trabajador; y el estatutario, en tanto permite que a través de estos instrumentos internos
la entidad indique las actividades que pueden ser desempeñadas por empleados
públicos.

39. Acorde con lo anterior, y de conformidad con el artículo 5 del Decreto 3135, toda

persona que preste sus servicios en entidades públicas como ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias y establecimientos públicos, sin importar el orden
territorial al que pertenezcan, es decir, si son entidades de carácter nacional,
departamental, municipal o distrital es, por regla general, empleado público.

40. No obstante, los trabajadores oficiales son: a) las personas dedicadas a las
actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas, y b) por regla general,
quienes trabajan en las empresas industriales y comerciales del Estado, excepto por
aquellos que desempeñen funciones de dirección o confianza.

2.1.3. Pruebas recaudadas

41. De las pruebas allegadas al expediente, se destacan las siguientes:

42. Se allegó al plenario, copia de los contratos de prestación de servicios suscritos entre

el demandante y la entidad demandada, así:

Inicio Finalización
Contrato Objeto
DD/MM/AA DD/MM/AA
Prestar servicios profesionales de
abogado, en orden de defender los
046-2000 intereses del mismo dentro de los 17/02/2000 17/08/2000
procesos incoados contra o por el
Seguro Social
Prestar servicios profesionales de
abogado, en orden de defender los
Otrosí 046-2000 intereses del mismo dentro de los 18/08/2000 31/10/2000
procesos incoados contra o por el
Seguro Social
Prestar servicios profesionales de
abogado, en orden de defender los
057-2000 intereses del mismo dentro de los 01/11/2000 29/11/2000
procesos incoados contra o por el
Seguro Social

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Número Interno: 2533-2025
Demandante: Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita
Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS -PAR ISS

Prestar servicios profesionales de
abogado, en orden de defender los
070-2000 intereses del mismo dentro de los 30/11/2000 29/12/2000
procesos incoados contra o por el
Seguro Social
Prestar servicios profesionales de
abogado, en orden de defender los
082-2000 intereses del mismo dentro de los 30/12/2000 27/01/2001
procesos incoados contra o por el
Seguro Social
Prestar servicios profesionales de
abogado, en orden de defender los
008-2001 intereses del mismo dentro de los 6/02/2001 1/11/2001
procesos incoados contra o por el
Seguro Social
Prestar servicios profesionales de
abogado, en orden de defender los
019-2001 intereses del mismo dentro de los 9/11/2001 8/12/2001
procesos incoados contra o por el
Seguro Social
Prestar servicios profesionales de
abogado, en orden de defender los
Otrosí intereses del mismo dentro de los 9/12/2001 23/12/2001
procesos incoados contra o por el
Seguro Social
Prestar servicios profesionales de
abogado, en orden de defender los
032-2001 intereses del mismo dentro de los 24/12/2001 1/03/2002
procesos incoados contra o por el
Seguro Social
Prestar servicios profesionales de
abogado, en orden de defender los
009-2002 intereses del mismo dentro de los 19/03/2002 30/05/2002
procesos incoados contra o por el
Seguro Social
Prestar servicios profesionales de
abogado, en orden de defender los
019-2002 intereses del mismo dentro de los 7/06/2002 20/10/2002
procesos incoados contra o por el
Seguro Social
Prestar servicios profesionales de
Adición 001 abogado, en orden de defender los
contrato 019- intereses del mismo dentro de los 21/10/2002 1/11/2002
2002 procesos incoados contra o por el
Seguro Social
Prestar servicios profesionales de
abogado, en orden de defender los
026-2002 intereses del mismo dentro de los 5/12/2002 31/12/2002
procesos incoados contra o por el
Seguro Social
Sin fecha
Prestación de servicios profesionales de
0040 2 meses
para ejercer mandato judicial suscripción
año 2003

Prestación de servicios profesionales
0193 28/06/2003 28/03/2004
para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
00130 26/04/2004 19/09/2004
para ejercer mandato judicial

11

Número Interno: 2533-2025
Demandante: Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita
Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS -PAR ISS

Prestación de servicios profesionales
Otrosí 00130 para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
00362 12/10/2004 11/01/2005
para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
0238 para ejercer mandato judicial
1/05/2005 30/09/2005

Prestación de servicios profesionales
0532 1/10/2005 25/01/2006
para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
133 para ejercer mandato judicial
26/01/2006 4/07/2006

Otrosí No. 1 Prestación de servicios profesionales
05/07/2006 19/09/2006
contrato 133 para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
572 20/09/2006 30/09/2006
para ejercer mandato judicial

Otrosí No. 1 Prestación de servicios profesionales
1/11/2006 15/11/2006
contrato 572 para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
914 para ejercer mandato judicial
20/11/2006 20/01/2007

Prestación de servicios profesionales
0054 9/02/2006 9/08/2006
para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
304 para ejercer mandato judicial
23/08/2007 23/01/2008

Sin firma y
Prestación de servicios profesionales
Sin número sin fecha de
para ejercer mandato judicial
suscripción

Prestación de servicios profesionales
081 para ejercer mandato judicial
14/02/2007 14/07/2007

Otrosí No. 1 Prestación de servicios profesionales
15/07/2007 18/08/2007
contrato 081 para ejercer mandato judicial

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Número Interno: 2533-2025
Demandante: Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita
Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS -PAR ISS

Otrosi No. 2 Prestación de servicios profesionales
18/08/2007 1/09/2008
contrato 081 para ejercer mandato judicial

Otrosí No. 3 Prestación de servicios profesionales
1/09/2008 1/10/2008
contrato 081 para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
464 3/10/2008 3/11/2008
para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
574 para ejercer mandato judicial
18/11/2008 3/01/2009

Prestación de servicios profesionales
Otrosí No. 1 4/01/2009 27/01/2009
para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
4400000241 2/07/2009 1/12/2009
para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
4400000490 para ejercer mandato judicial
2/12/2009 17/05/2010

Otrosí No. 1
Prestación de servicios profesionales
contrato 18/05/2010 1/06/2010
para ejercer mandato judicial
4400000490

Prestación de servicios profesionales
440000794 para ejercer mandato judicial
1/09/2010 30/11/2010

Sin firma y
Prestación de servicios profesionales
Sin número sin fecha de
para ejercer mandato judicial
suscripción

Prestación de servicios profesionales
Otrosí para ejercer mandato judicial
8/04/2011 24/05/2011

Prestación de servicios profesionales
4400001201 9/06/2011 29/02/2012
para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
4400001695 1/03/2012 9/07/2012
para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
440001983 10/07/2012 20/12/2012
para ejercer mandato judicial

13

Número Interno: 2533-2025
Demandante: Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita
Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS -PAR ISS

Prestación de servicios profesionales
4400002304 30/01/2013 22/04/2013
para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
4400002336 para ejercer mandato judicial
26/12/2013 27/09/2013

Prestación de servicios profesionales
4400002396 2/10/2013 19/12/2013
para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
4400002473 14/01/2014 28/03/2014
para ejercer mandato judicial

Otrosí No. 1 al
Prestación de servicios profesionales
contrato 29/03/2014 13/06/2014
para ejercer mandato judicial
4400002473

4400002603
Prestación de servicios profesionales
Esta solo el acta 15/01/2015 31/03/2015
para ejercer mandato judicial
de inicio.

Otrosí al contrato Prestación de servicios profesionales
1/04/2015 30/06/2015
4400002603 para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
440001983 10/07/2012 20/12/2012
para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
4400002304 30/01/2013 22/04/2013
para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
4400002336 26/12/2013 27/09/2013
para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
4400002396 2/10/2013 19/12/2013
para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
4400002473 14/01/2014 28/03/2014
para ejercer mandato judicial

Otrosí No. 1 al
Prestación de servicios profesionales
contrato 29/03/2014 13/06/2014
para ejercer mandato judicial
4400002473

Prestación de servicios profesionales
4400002519 1/07/2014 20/12/2014
para ejercer mandato judicial

14

Número Interno: 2533-2025
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4400002603
No esta el Prestación de servicios profesionales
15/01/2015 31/03/2015
contrato- solo para ejercer mandato judicial
acta de inicio.

Otrosí No. 1 al
Prestación de servicios profesionales
contrato 1/04/2015 30/06/2015
para ejercer mandato judicial
4400002603

Otrosí No. 2 al
contrato Adicionó valor
4400002603

Prestación de servicios profesionales
141 1/07/2015 18/12/2015
para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
012 5/01/2016 19/12/2016
para ejercer mandato judicial

Prestación de servicios profesionales
14 4/01/2017 19/12/2017
para ejercer mandato judicial

43. En audiencia del seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025) se recepcionaron

los testimonios de las siguientes personas: Yolanda Patiño Lugo y María Eugenia Becerra
Echevarría:

Identificación Audiencia de pruebas
En síntesis narró el testimonio de la exdirectora jurídica del Seguro
Social, quien ocupó el cargo desde 2003 hasta 2006 y luego regresó.
Durante su gestión, supervisó a un numeroso grupo de más de 30
abogados externos, entre ellos el doctor Jorge Eduardo Guzmán,
encargados de representar y defender los intereses del Seguro Social
ante las más de 1,300 demandas que enfrentaba la entidad,
principalmente en el Valle del Cauca

Describió las labores de los abogados externos, que incluían contestar
demandas, asistir a audiencias, elaborar informes y cumplir con las
directrices de la dirección jurídica local y nacional, las cuales se
socializaban en reuniones semanales o quincenales. El doctor
Yolanda Patiño Guzmán era considerado un abogado diligente, siempre presente en
Lugo las reuniones y asignado a procesos en diversas ciudades como Cali,
Buga, Tuluá y Cartago, sin quejas sobre su desempeño.

Señaló que, en su condición de directora ejercía una supervisión
operativa directa, dirigiendo cómo se contestaban las demandas y
manejaban los poderes, pero la parte contractual y los pagos se
gestionaban a nivel nacional en Bogotá. Los abogados debían
registrar sus actuaciones en una plataforma y presentar informes para
sus cuentas de cobro, manifestó que los abogados externos no tenían
oficina ya que ellos no permanecían ahí.

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La testigo manifestó que, trabajó en el Seguro Social desde 1991
hasta 2015, y se desempeñó como Secretaria Ejecutiva de la
Dirección Jurídica desde 1997, afirma no tener parentesco con Jorge
Eduardo Guzmán.

Según su testimonio, Jorge Eduardo Guzmán fue un abogado externo
del Seguro Social desde principios del año 2000 hasta el cierre de la
empresa en marzo de 2015, y continuó prestando servicios para el
patrimonio autónomo de remanentes hasta finales de 2017. Su
vinculación era bajo la modalidad de prestación de servicios con un
contrato a nivel nacional.

Maria Eugenia Dice que el señor Guzmán y los demás abogados externos dependían
Becerra Echevarria del director jurídico, quien era su supervisor. Sus responsabilidades
incluían atender demandas laborales, ante los jueces y tribunales en
diversos municipios (Buga, Roldanillo, Buenaventura). No cumplían un
horario fijo en la oficina debido a la naturaleza de su trabajo y la
necesidad de atender diligencias externas, presentándose en la
oficina unas 2 o 3 veces por semana para realizar su labor en un área
específica asignada en la Dirección Jurídica.

También mencionó que, a diferencia de los abogados externos, la
Dirección Jurídica del Seguro Social contaba con aproximadamente
tres abogados de planta que manejaban asuntos internos como
contratos de salud, resoluciones de urgencias y procesos de cobro
coactivo.

44. Certificación de la Gerencia de Tesorería del Instituto de Seguros Sociales, mediante la cual,

se acredita los honorarios pagados al actor por los vínculos contractuales con dicha entidad.

2.2. Caso concreto

45. Como corolario de lo expuesto, se advierte que, es necesario abordar el análisis de

los criterios señalados en líneas atrás a fin de precisar si el señor Jorge Eduardo Guzmán
Piedrahita y sus vínculos contractuales con el Instituto de Seguros Sociales (ISS)
liquidado y con la Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA S.A., como
vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de
Seguros Sociales Hoy Liquidado, corresponderían a una relación laboral que se deriva
de los contratos de carácter laboral o civil. Luego, se determinará si esta jurisdicción es
a la que le corresponde dirimir el conflicto suscitado y abordar el análisis de la legalidad
de los actos demandados.

2.2.1. Respecto del criterio orgánico

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46. El artículo 1 del Decreto 2148 del 30 de noviembre de 1992 5 dispuso lo siguiente:

“El Instituto de Seguros Sociales funcionará en adelante como una empresa industrial y comercial
del Estado, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital
independiente, vinculada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

47. Por su parte, la Ley 100 de 1993, creó el Sistema de Seguridad Social Integral y

en artículo 235, estableció:

“Del Instituto de los Seguros Sociales: (…) Parágrafo: Los trabajadores del Instituto de Seguros
Sociales mantendrán el carácter de empleados de la Seguridad Social. (Inexequible el texto
subrayado6)

48. Además, el artículo 275 ibídem, preceptúa:

“Del Instituto de Seguros Sociales. El Instituto de Seguros Sociales es una empresa industrial y
comercial del Estado, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el régimen de
sus cargos será el contemplado en el Decreto-Ley 1651 de 1977 y podrá realizar los contratos
de que trata el numeral 5º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. (…)”

49. De lo anterior se evidencia que, el Instituto de Seguros Sociales es una empresa

industrial y comercial del Estado, por lo que, es preciso tener en cuenta que por regla
general sus servidores son trabajadores oficiales y excepcionalmente empleados
públicos.

50. En aplicación de lo normado en el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968 7 se desprende

que:

“ARTÍCULO 5. Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. Las personas que prestan sus
servicios en los Ministerios; Departamentos Administrativos, Superintendencias y
Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la
construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.

(…)

5 “Por el cual se reestructura el Instituto de Seguros Sociales, ISS.”

6
Sentencia C-579 de octubre 30 de 1996, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara, la Corte Constitucional también declaró inexequible
el parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993,

7 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen

prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”.

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Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué
actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan
la calidad de empleados públicos. Subrayado declarado exequible 8”

51. En ese sentido, mediante Decreto 461 de 1 de marzo de 1994, aprobatorio del Acuerdo

003 de 3 de mayo de 1993, el Consejo Directivo del ISS, determinó la clasificación de los
empleados públicos de la entidad y los demás conservarían el carácter de funcionarios
de la seguridad social o de trabajadores oficiales, de acuerdo con establecido en el Art.
3º del Decreto Ley No. 1651 de 1977 y el parágrafo del artículo 26 de la Ley 10ª de 1990.
El artículo 33, que predica:

“Clasificación de los servidores del Instituto. Son empleados públicos:

A. El Presidente del Instituto

B. El Secretario General

C. Los Subdirectores Nacionales

D. Los Jefes de Oficina Nacional, Seccional o Local

E. Los Asistentes de la Dirección General

F. Los Gerentes Seccionales

G. Los Subgerentes Seccionales

H. Los Secretarios Generales Seccionales

I. Los Directores de Unidad Programática Institucional

J. Los Directores de Unidad Programática Local

K. Los Directores de Unidad Programática Zonal

L. Los Directores de Unidad Programática de naturaleza especial

M. Los Jefes de División del Nivel Nacional, Seccional y de Unidad Programática Institucional,

Local, Especial o Zonal.

N. Los Jefes de Departamento de Unidad Programática Institucional, Local, Especial o Zonal

O. Los Jefes de Servicio de Unidad Programática Institucional, Local , Especial o Zonal

P. Los Directores de Clínica u Hospital

Q. Los Coordinadores de Servicios Asistenciales

R. Los Aprendices

8
Sentencia C-484 de 1995, Corte Constitucional

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S. Los Capellanes, y

T. Los Practicantes.

Salvo lo dispuesto en los numerales anteriores, los servidores del Instituto conservarán su carácter
de funcionarios de la Seguridad Social o de Trabajadores Oficiales, de conformidad con lo
establecido en el artículo 3° del Decreto – Ley No. 1651 de 1977 y el parágrafo del artículo 26 de la
Ley 10 de 1990”

52. Luego, mediante Decreto No. 656 de 26 de abril de 1995 expedido por el Gobierno

Nacional, por el cual se aprueba el Acuerdo No. 082 de 21 de abril de 1995 del Consejo
Directivo del Instituto de Seguros Sociales, en el artículo 333 clasificó a los servidores de
la Entidad en Empleados Públicos, Funcionarios de Seguridad Social y Trabajadores
Oficiales, determinó:

“Clasificación de los servidores del Instituto. Los servidores del Instituto de Seguros Sociales se
clasifican en Empleados Públicos, Funcionarios de Seguridad Social y Trabajadores Oficiales.

Son Empleados Públicos, las personas que ocupan los siguientes cargos en la planta de personal
del ISS: Presidente del Instituto, Secretario General, Vicepresidente, Asesor, Director IV y V,
Secretario Seccional, Jefe de Unidad IV, Gerente I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII.

Son Funcionarios de Seguridad Social Discrecionales, las personas que desempeñan los cargos
que a continuación se señalan: Gerente Grados 38 y 39, Director I, II, III y Grados 38, 39 y 41, Jefe
de Departamento, Subgerente Coordinador, Jefe de Unidad, Jefe de Sección, Jefe de Grupo,
Aprendiz, Capellán y Practicante, Técnico de Servicios Asistenciales (Regente de Farmacia),
Técnico de Servicios Administrativos (Almacenista, Administrador Hospitalario, Banca, Finanzas,
Comercio, Ventas, Informática, Mercadeo), Funcionario de Auditoría, Técnico de Mantenimiento (de
Equipo Médico y Odontológico, de Máquinas y Equipos, Mecánica, Electricidad, Supervisor de obra).

53. En ese contexto, el cambio de la naturaleza jurídica de la empresa significó que, la

excepción de los servidores clasificados como empleados públicos, los restantes
adquirieron de manera automática la calidad de trabajadores oficiales y otros de la
seguridad.

54. Por consiguiente, se precisa que, el señor Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita, estuvo

vinculado por contratos de prestación de servicios profesionales de abogado para ejercer
mandato judicial inicialmente con el Instituto de Seguros Sociales desde el año 2000
hasta 1 de abril de 2015, por el cual, el cargo de abogado de defensa judicial sería de
aquellos denominados trabajadores oficiales.

55. En cuanto a los contratos celebrados con el Patrimonio Autónomo de Remanentes del

ISS PAR -ISS, no es una persona jurídica, sino que esta pertenece a una fiducia, esta es

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Número Interno: 2533-2025
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la Previsora S.A., sociedad anónima, de ello, se evidencia que, durante esa relación
contractual, corresponde a la justicia ordinaria laboral

2.2.2. Frente al criterio funcional

56. Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita, presto sus servicios profesionales como
contratista del ISS entre 2000 hasta el 31 de marzo de 2015, de ahí que, de acuerdo a
los estatutos de la empresa industrial y comercial del Estado, adoptados por la junta
directiva, es claro que, el cargo de abogado con que se pretende equiparar el
demandante es una relación propia de un contrato de trabajo o de carácter civil
corresponde por naturaleza de trabajador oficial.

57. Y los contratos celebrados con el Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS PAR

-ISS, desde 1 de abril de 2015 hasta el 19 de diciembre de 2017, ni siquiera se pueden
clasificar como trabajador oficial sino uno particular.

2.2.3. Con relación al criterio estatutario

58. Del mismo modo, el inciso 3 del artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, establece que

los estatutos de dichas empresas “precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser
desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos”. Empero, aquellos deben

señalar de manera expresa que el cargo sería desempeñado por un empleado público.

59. Con todo, y como viene dicho, en el Decreto No. 656 de 26 de abril de 1995 expedido

por el Gobierno Nacional, por el cual se aprueba el Acuerdo No. 082 de 21 de abril de
1995 del Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales, en el artículo 333, señaló
quienes desempeñen los cargos de planta de personal del ISS, son empleados públicos
entre ellos: “Presidente del Instituto, Secretario General, Vicepresidente, Asesor, Director IV y V,
Secretario Seccional, Jefe de Unidad IV, Gerente I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII”.

60. En ese orden de ideas, las funciones de defensa judicial o mandato no se enlista en

ninguno de los cargos anteriormente señalados, y le corresponde a la justicia ordinaria
establecer si la relación contractual es propia de un contrato de trabajo o es de carácter
civil, este último en lo que respecta al Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS PAR
-ISS, se refuerza la tesis que, lo aquí discutido, corresponde a la Jurisdicción Ordinaria
Laboral.

20

Número Interno: 2533-2025
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Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS -PAR ISS

61. De lo expuesto se puede establecer que, no es dable para la Subsección continuar

con el trámite del presente proceso, toda vez que, se configuró la excepción de falta de
jurisdicción de que trata el numeral 1 del artículo 133 del Código General del Proceso,
cuya nulidad es insaneable según lo preceptúa el artículo 16 ibidem.

62. Cabe recordar; que si bien, se discute la legalidad de un acto administrativo; lo cierto

es que, este solo hecho no implica que la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
sea la que deba conocer del proceso; dado que, se discute la relación laboral encubierta,
de quien trabajó al servicio de una empresa industrial y comercial del Estado, cuyo cargo
no se encontraba dentro de los catalogados como empleos públicos, sino como el de un
trabajador oficial y otro con una sociedad anónima.

63. Por todo lo anterior, se ordenará la remisión del expediente a los juzgados laborales

del circuito de Cali, con el fin de que este asunto se someta al respectivo reparto, por ser
los despachos competentes para su conocimiento en primera instancia.

64. En consecuencia, se declarará la nulidad de la sentencia proferida el 31 de marzo de

2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las súplicas de la
demanda y en su lugar se declarará probada la excepción de falta de jurisdicción y
competencia.

2.2.4. Condena en costas

65. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad

o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de decir, no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

66. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda – Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Declarar la nulidad de la sentencia proferida el treinta y uno (31) de marzo de
dos mil veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó
las pretensiones de la demanda dentro del proceso promovido por el señor Jorge Eduardo

21

Número Interno: 2533-2025
Demandante: Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita
Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS -PAR ISS

Guzmán Piedrahita contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS -PAR ISS.
En su lugar se dispone:

“Declarar probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia para conocer de
la demanda interpuesta por el señor Jorge Eduardo Guzmán Piedrahita, de acuerdo con
lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia”.

SEGUNDO. - Las pruebas practicadas en esta jurisdicción conservarán su validez y
tendrán eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirlas, en los
términos descritos en el artículo 138 del Código General del Proceso.

TERCERO. – Por secretaría de la Sección, envíese el expediente a los juzgados
laborales del circuito de Cali (Valle del Cauca), para que avoquen conocimiento del
presente proceso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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