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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00927-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00927-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 28 de julio del 2022 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se dispone: Segundo. Declarar la nulidad del oficio 4143.020.13.1.953.008546 del 13 de septiembre de 2019, por la cual se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes de conformidad con la Ley 71 de 1988. Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a partir del 29 de septiembre de 2018, con el 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de servicio anterior a esa fecha, por virtud de la Ley 71 de 1988 y en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994. Cuarto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final__ índice inicial Quinto. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades de previsión social o fondos pensionales en los que Hermelina Molina Gaitán realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994. Sexto. La pensión por aportes reconocida es compatible con el salario que devengue Hermelina Molina Gaitán mientras continúe en el ejercicio de la docencia oficial. No lo será en otro tipo de empleos 30 Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022) Demandante: Hermelina Molina Gaitán Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00927-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
Demandante: Hermelina Molina Gaitán
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1

Temas: Pensión jubilación docente, Ley 71 de 1988. Docente vinculada
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 28 de julio del 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Herrmelina Molina Gaitán presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 4143.020.13.1.953.008546 del 13 de
septiembre de 2019, por la cual la secretaria de educación de Cali, en nombre y
representación del Fomag, le negó el reconocimiento y pago de su pensión de
jubilación por aportes de conformidad con la Ley 71 de 1988.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a partir del 26 de
septiembre de 2018, en cuantía equivalente al 75% de todo lo percibido durante el

1
En lo sucesivo Fomag.
2
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
Demandante: Hermelina Molina Gaitán

último año antes del estatus, sin exigir el retiro definitivo del cargo; ii) el
reconocimiento y pago de la prestación solicitada a partir del 30 de mayo del 2018
en cuantía equivalente al 75% del ingreso base de liquidación de todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicio; iii) la indexación de los
valores reconocidos y las sumas adeudadas; y iv) el cumplimiento de la sentencia
en los términos del artículo 192 del CPACA; y v) la condena en costas a la entidad
demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. Hermelina Molina Gaitán nació el 29 de septiembre de 1963, por lo que al
momento de la presentación de la demanda contaba con 55 años de edad.

3.2. Prestó su servicio como docente, mediante órdenes de prestación de servicios:

Orden/Contrato de prestación Período de vinculación
de servicio
017 del 17/09/1998 17/09/1998 - 16/12/1998
026 del 18/01/1999 18/01/1999 - 30/06/1999
325 del 07/09/1999 01/09/1999 - 17/12/1999
325 del 14/01/2000 17/01/2000 – 30/06/2000
325 del 04/09/2000 04/09/2000 – 15/12/2000
091 del 11/01/2001 15/01/2001- 30/06/2001
1549 del 01/10/2001 01/10/2001 – 15/12/2001
1549 del 08/01/2002 08/01/2002 – 05/07/2002
1549 del 26/08/2002 26/08/2002 – 22/11/2002

3.3.Mediante el Decreto 2490 del 26 de diciembre de 2002, fue vinculada como
docente provisional en la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, entre el 12 de
marzo de 2003 y el 1º de septiembre de 2005.

3.4. Cuenta con 553,11 semanas cotizadas en Colpensiones.

3.5. Fue vinculada como docente oficial desde el 26 de diciembre de 2002 en
provisionalidad hasta el 1º de septiembre de 2005 y a partir del día siguiente fue
nombrada como maestra en propiedad, cargo ejercido hasta el momento de la
presentación de la demanda.

3.6. Al cumplir el estatus solicitó al Fomag el reconocimiento de la pensión de
jubilación y a través de la Resolución 4143.020.13.1.953.008546 del 13 de
septiembre del 2019, el secretario de educación de Cali, en nombre y
representación del Fomag, negó la prestación reclamada.

2

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
Demandante: Hermelina Molina Gaitán

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron el preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 25, 48 y 53 de la
Constitución Política; las leyes 71 de 1988, 91 de 1989, 60 de 1993, 115 de 1993,
100 de 1993 y 812 de 2003; así como el Decreto 3752 de 2003.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos3:

5.1. Infracción de las normas en que debía fundarse, comoquiera que a la fecha de
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 estaba vinculada al servicio del magisterio
en el municipio de Dosquebradas, por ende, su situación jurídica se encontraba
regulada por las leyes 71 de 1988 o 33 de 1985, por virtud de lo dispuesto en las
leyes 91 de 1989 y 115 de 1994.

5.2. El régimen de transición establecido en la Ley 812 de 2003 resultaba aplicable
para los docentes que acreditaran aportes en el antiguo ISS antes de 26 de junio de
2003, de manera que al pertenecer al grupo de docentes que tuvieron la convicción
de emplear los aportes realizados en el ISS durante el servicio prestado en el sector
privado y las cotizaciones hechas en el periodo laborado en el sector público, le
correspondía el reconocimiento pensional en los términos de la Ley 71 de 1988.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Fomag4 contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
por falta del cumplimiento de los requisitos legales.

6.1. Lo anterior, en atención a que la demandante «no cumple con los presupuestos
tanto fácticos como jurídicos para ello, máxime cuando la sentencia de unificación del 25
de abril de 2019, dejo claro la forma en que se deben liquidar las prestaciones de los
docentes, manifestando el criterio de la inclusión de los factores salariales efectivamente
aportados al sistema pensional» «como se desprende de las anteriores disposiciones, los
docentes nacionales vinculados a partir del 1 de enero de 1990 se les reconocerán una
pensión de jubilación bajo el régimen general del sector público».

6.2. Finalmente propuso como excepciones, las que denominó «inexistencia de la
obligación» y «genérica».

3
Índice 16 Samai actuación ED_C01_01Demanda(.pdf) NroActua 16.
4
Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, gestión de documentos, descargar
expediente.

3

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
Demandante: Hermelina Molina Gaitán

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia proferida el 28
de julio del 2022 negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, luego de
realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto
concluyó lo siguiente5:

7.1. Hermelina Molina Gaitán cotizó en el sector privado desde septiembre de 1985
hasta septiembre de 1999, es decir por 553,22 semanas, y según los certificados
del historial laboral del Fomag proferido el 5 de agosto de 2019, fue vinculada en
provisionalidad entre el 26 de diciembre de 2002 y el 12 de diciembre de 2008,
posteriormente en propiedad desde el 31 de diciembre de 2008.

7.2. En ese sentido, la demandante no reunió los requisitos necesarios para acceder
al reconocimiento de la prestación en los términos de la Ley 100 de 1993, puesto
que el 11 de septiembre de 2019, fecha en el cual agotó vía gubernativa, aún no
contaba con 57 años de edad, requisito exigido en el artículo 33 de esa normativa,
modificado por la Ley 797 de 2003.

7.3. Si bien la docente fue vinculada antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, lo
cierto es que solo acreditó 17 años de servicio como docente oficial, de manera que
no le resultó aplicable ese régimen; no obstante, el periodo causado después de la
reclamación administrativa podría computarse para completar los 20 años de
servicio, para acceder al reconocimiento en virtud de la Ley 33 de 1985, sin que sea
óbice percibir asignación salarial hasta la edad del retiro forzoso.

1.4. El recurso de apelación

8. Hermelinda Molina Gaitán interpuso recurso de apelación6 y lo sustentó así:

8.1. El Tribunal de primera instancia descartó el tiempo prestado en virtud de los
contratos de prestación de servicios, toda vez que la docente laboró como docente
oficial desde 1998.

8.2. En el expediente fue acreditado el tiempo de cotización durante 1000 semanas
y la vinculación antes de la entrada en vigencia de la 812 de 2003 con la Secretaría
de Educación del Valle del Cauca, mediante órdenes y contratos de prestación de
servicios. Asimismo, fueron probados los aportes realizados en Colpensiones. De

5
Índice 30 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación
16_SENTENCIAQUENIEGALASPRETENSIONES(.pdf) NroActua 30.
6
Índice 35 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación
18_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 35.

4

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
Demandante: Hermelina Molina Gaitán

manera que fueron cumplidos los requisitos previstos para el reconocimiento de la
pensión de jubilación en los términos de la Ley 71 de 1988, sin condicionamiento
del pago al retiro del servicio.

1.5. Trámite en segunda instancia

9. Por medio de auto del 28 de noviembre del 20227, el magistrado ponente admitió
el recurso de apelación y prescindió de la etapa de alegatos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.

2. Consideraciones

2.2. Los problemas jurídicos

10. Se circunscriben a resolver el siguiente interrogante:

10.1.¿Lostiempos de servicios prestados por Hermelina Molina Gaitán pueden
computarse para acreditar el tiempo de servicio para el reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988?

10.2.¿La pensión regulada en la Ley 71 de 1988 es compatible con el salario
percibido en ejercicio de la docencia o para recibirla el docente debe retirarse del
servicio?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

11. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte8. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas9.

7
Índice 4 de Samai.
8
Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
9
Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001

5

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
Demandante: Hermelina Molina Gaitán

12. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción10. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»11. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

13. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos12. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: «Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.

14. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.

10
El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
11
Preámbulo y artículo 6.
12
Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.

6

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
Demandante: Hermelina Molina Gaitán

15. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].

16. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200313.

17. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.

18. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones

Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG

13
Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.

7

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
Demandante: Hermelina Molina Gaitán

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG

19. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

20. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

21. La Ley 60 de 199314 asignó la administración de los servicios educativos estatales
a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes de su

14
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]

8

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
Demandante: Hermelina Molina Gaitán

participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el artículo 6
ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes departamental,
distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen prestacional
anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989.
En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al
señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por
la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual se hubieren
realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad,
que estarán a cargo del indicado fondo.

22. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:

«[…]
De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes

Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

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nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»

23. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados por
ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.

24. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.

2.3.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988

25. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:

26. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:

«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se
entiende de la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con
excepción de los del nivel superior o universitario, vinculados a la nación, de
conformidad con las leyes vigentes, a partir del 1 de enero de 1990, quedarán
sometidos al sistema prestacional y de cesantías aplicable a los empleados
públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15 habría que referirse
finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de jubilación;
recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al
Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los

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servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación
financiera lo permite»15 (se destaca).

27. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.

28. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.

29. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes16 que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.

30. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores

15
Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la República
del 17 de octubre de 1989.
16
Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.

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público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.

31. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»17 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.

32. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador18. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.

33. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,

17
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» los
clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
18
«[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre cuál es la
disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de este conflicto se da
cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de causarse el derecho que se
reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de favorabilidad se debe escoger, en su
integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho al trabajador, afiliado o beneficiario del
Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse este principio cuando una norma admite más de
una interpretación, caso en el cual siempre habrá de escogerse aquella que es más favorable al trabajador».
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-
000-2014-00012-01(1321-15) CE-SUJ2-010-18.

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comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».

34. En este sentido, se debe destacar que la expresión «derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.

35. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación19.

36. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:

37. (i) desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el
derecho a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace
parte de los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público
nacional» a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;

38. (ii) contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;

19
En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el
ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza en planteles oficiales
y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define como «[…]el orientador en los
establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde
con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de
2002 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…]
desarrollan labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos
en su proceso enseñanza aprendizaje […]».

13

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39. (iii) impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por
aportes que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y

40. (iv) desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior20.

41. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.

42. Si bien el numeral aludido indicó que «cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que «[e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional », que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor.

43. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa

20
Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.

14

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para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.

44. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.

45. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones », lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.

46. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.

47. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.

2.3.3. Régimen jurídico aplicable a los docentes para el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación según la Ley 71 de 1988

48. En el evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, la Ley 71 de 1988 estableció, en su artículo 7, los requisitos de
la pensión de jubilación por aportes en los siguientes términos:

15

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«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho
a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o
más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que
correspondan a las entidades involucradas».

49. De acuerdo con la norma transcrita, tienen derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de
cualquier orden y en el ISS, cuando cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si
es hombre.

50. La anterior disposición (artículo 7° de la Ley 71 de 1988) fue reglamentada por el
Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, así:

«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el
artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por
aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60
años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en
cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o
discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público.

Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La
pensión de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva
una vez se retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la
desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo
y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión
de jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la
más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por
aportes, se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas
de previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden
nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al
Instituto de los Seguros Sociales.
[…]

16

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
Demandante: Hermelina Molina Gaitán

Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios,
salvo las excepciones contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho
instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período
correspondiente.

Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la
pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de
liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior
al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho
salario, salvo lo previsto en la ley».

51. En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por aportes,
los precitados artículos 621 y 8 del Decreto 2709 de 1994 lo establecieron en un 75%
del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios.

2.3.4. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales

52. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).

21
La citada disposición fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, el cual, en su
artículo 22, preceptuó que: «El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta la edad,
el tiempo de servicio y el monto porcentual de la pensión aplicable a dichos trabajadores. El ingreso
base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 […]». No obstante, esta sección, en sentencia de 15 de mayo de 2014, consejero ponente
Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-25-000-2011-00620 de -00 (2427-11), declaró la
nulidad parcial del aludido artículo 24 el Decreto 1474 de 1997, en cuanto había derogado el artículo
6° del Decreto 2709 de 1994.

17

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
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53. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200322, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos
en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para
hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que
para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores.
La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las
cuentas de salud y pensiones.
[…]».

54. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201923, precisó:

«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de
estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

22
«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
23
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.

18

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
Demandante: Hermelina Molina Gaitán

Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres».

55. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:

«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los
principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que
fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente
a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de
la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para
los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la
cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los
docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de
esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que,
en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en
cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados
a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985, se rige por las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

19

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✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
[…]». [Se resalta]

56. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada
Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años24. Esto quiere
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones
[…]».

57. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección25, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:

57.1.i) los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir
la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad26

24
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
26
A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,

20

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
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y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60
años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 años o más de
cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de reemplazo del
75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y

57.2.ii)
los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán
acceder a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
(modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de
cotización establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad
(sin importar el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para
hombres y mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de
labores (artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el
Decreto 1158 de 199427.

58. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.

59. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes de los
servidores públicos inmersos en esa situación.

2.3.5. Sobre el cómputo del tiempo de servicios prestados por los docentes
en virtud de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento
pensional

60. El Estatuto de la profesión docente28 definió este término en el artículo 2 como el
«[…] ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los

para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
27
Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
28
Decreto 2277 de 1979

21

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
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distintos niveles […]» y a los educadores como el término genérico de quienes la
ejercieren.

61. Asimismo, el artículo 44 ibidem estableció dentro de los deberes de los docentes
la relativa a «[…] [c]umplir las órdenes inherentes a sus cargos que les impartan sus
superiores jerárquicos […]» y en el 45 la prohibición de abandono o suspensión de
labores en forma injustificada o sin autorización previa.

62. La Corte Constitucional en la sentencia C-555 de 1994, resolvió una demanda
de constitucionalidad en contra del artículo 6 de la Ley 60 de 1993, al considerar
que vulneraba el principio de igualdad, que consistía en no extender un determinado
régimen legal pese a que desde el punto de vista la actividad material que
desempeñaban los docentes temporales era idéntica a los docentes-empleados
públicos.

63. En igual sentido, el Consejo de Estado29 indicó que la definición legal de labor
docente señalada en precedencia es aplicable a todos los maestros aun cuando
laboren por hora cátedra, en armonía con el artículo 104 de la Ley General de
Educación (115 de 1994) al prever que «[…] [e]l educador es el orientador en los
establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los
educandos», y como tal están sometidos de manera permanente a las directrices
emitidas por el Ministerio de Educación y las secretarías de educación, así como a
su inspección y vigilancia, sin que gocen de autonomía.

64. Así las cosas en razón de la naturaleza de la función docente, el principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que
la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios conlleva una
verdadera relación de trabajo sobre la formalidad que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un
específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia30.

65. En la sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 201631, hizo
referencia a la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios
y señaló que esta modalidad de vinculación no desvirtúa el carácter personal de su
labor ni es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de

29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de noviembre del 2020,
radicación 54001-23-33-000-2012-00181-01(0235-14). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 19 de enero de 2017, radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
31
Dentro del expediente con radicación 23001233300020130026001 (0088-2015).

22

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
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educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos i) están
sometidos a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades
educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones; ii)
cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos; y iii) desarrollan sus
funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de
los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en
virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad,
los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado.

66. Ahora bien, se ha establecido que el proceso ordinario de reconocimiento de la
pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de contratos de
prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración de la existencia
de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente se solicite para
efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma contractual32.

67. Por último, en la señalada providencia de unificación se definió que en materia
de aportes pensionales, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados
al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su
carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo
de la prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo
con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA)30, y por ende, pueden ser
solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la administración no
puede sustraerse del pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social
en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión
en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien
ha servido al Estado mediante una relación de trabajo.

2.4. Caso concreto

68. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

2.4.1. Hechos probados

69. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

32
En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite
la acumulación de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a
cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra
las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les
corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal
como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero
del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

23

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2.4.1.1. En torno a la relación laboral y contractual entre las partes

70. El 5 de agosto de 2019, el secretario del despacho de la Secretaría de Educación
de Cali certificó que:

«[…] MOLINA GAITÁN HERMELINA […] prestó sus servicios en la modalidad de contrato
de Orden de Prestación de Servicios, no generando permanencia en el sector
Educativo ni relación laboral alguna con la Secretaría de Educación (Ley 80 de
1993):

O.S. Número Fecha Inicio Termina Mes Día

017 09/17/1998 09/17/1998 12/16/1998 3 0
026 01/18/1999 01/18/1999 06/30/1999 5 13
325 09/07/1999 09/01/1999 12/17/1999 3 17
325 01/14/2000 01/17/2000 06/30/2000 5 18
325 09/04/2000 09/04/2000 12/15/2000 3 12
091 01/11/2001 01/15/2001 06/30/2001 5 17
1549 10/01/2001 10/01/2001 12/15/2001 2 15
1549 01/08/2002 01/08/2002 07/05/2002 5 29
1549 08/26/2002 08/26/2002 11/22/2002 2 29
».

71. Se aportaron las siguientes certificaciones:

71.1.i)el 5 de agosto de 2019, el subsecretario de despacho administrativo y
financiero de la Secretaría de Educación de Cali indicó que la demandante ingresó
como docente en provisionalidad de primaria en la Institución Educativa Alfonso
López Pumarejo de Cali, mediante la Resolución 1973 del 26 de agosto de 2005,
fue posesionada el 2 de septiembre de ese año, hasta la terminación de la
provisionalidad el 12 de diciembre de 2008.

71.2.ii) el 5 de agosto del 2019, el subsecretario de despacho administrativo y
financiero de la Secretaría de Educación de Cali indicó que la docente laboró como
docente en propiedad de primaria en la Institución Educativa Gabriela Mistral de
Cali, durante 10 años, 6 meses, 17 días, en los siguientes términos:

Novedad/Acto Administrativo Desde Institución
Ingreso/Reingreso 20/01/2009 Institución Educativa Gabriela Mistral
Resolución 11347 del 31/12/2008
Prom Propiedad 15/12/2009 Institución Educativa Gabriela Mistral
Resolución 10764 del 09/12/2009
Ascenso 18/11/2011 Institución Educativa Gabriela Mistral
Resolución 5832 del 25/05/2012
Ascenso 28/12/2017 Institución Educativa Gabriela Mistral
Resolución 450 del 24/01/2018
Traslado 01/06/2018 Institución Educativa Gabriela Mistral
Resolución 04538 del 15/05/2018

24

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Demandante: Hermelina Molina Gaitán

71.3.iii) el 5 de agosto del 2019, el subsecretario de despacho administrativo y
financiero de la Secretaría de Educación de Cali indicó que la docente «Ing. y Reing.»
en la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, mediante el Decreto 2490 del 26
de diciembre de 2002 y laboró como docente en provisionalidad desde el 12 de
marzo de 2003 hasta el 1° de septiembre de 2005, en virtud de la Resolución 1973
del 26 de agosto de 2005, es decir por 2 años, 5 meses y 21 días.

72. Enrelación con las semanas de cotización, se allegaron las siguientes
constancias:

72.1.i) el 31 de julio de 2019, en la que Colpensiones certificó 658,71 semanas de
cotización, así:

Período Total
Sector Empleador

Col La Presentación 09/09/85 – 27/06/86
Privado Col La Presentación 16/09/86 – 30/06/87
Col La Presentación 11/09/87 – 30/06/88
Col Fray Damian Gon 01/09/88 – 30/06/89
Col Fray Damian Gon 11/09/89 – 30/06/90
Col Fray Damian Gon 07/09/90 – 30/06/91
Col Fray Damian Gon 16/09/91 – 30/06/92
Primaria Colegio 28/11/91 – 30/06/92
Col Fray Damian Gon 23/09/92 – 30/06/92
Col Fray Damian Gon 13/09/93 – 08/04/94
Fundación Cultural L 18/04/94 – 30/06/94
Fundación Cultural L 09/09/94 – 31/12/94
Fundación Cultural L 01/01/95 – 31/07/98
Colegio San Antonio 01/09/99 - 30/09/99
01/03/03 – 31/03/03
Público Municipio de Cali 01/04/03 – 30/04/03
01/05/03 – 31/05/03
01/06/03 – 30/06/03
01/12/03 – 31/01/04
01/02/04 – 29/02/04
01/03/04 – 31/03/04
01/04/04 – 31/12/04
01/01/05 – 31/03/05
01/04/05 – 30/04/05
01/05/05 – 31/05/05
01/06/05 – 31/07/05
01/08/05 – 31/08/05

25

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
Demandante: Hermelina Molina Gaitán

Total semanas cotizadas 658.71

2.4.2. Análisis sustancial

2.4.2.1. Sobre el derecho a la pensión de jubilación por aportes reclamada

73. De acuerdo con el material probatorio allegado al expediente se tiene que si bien
la vinculación inicial de la demandante como docente ocurrió con anterioridad a la
Ley 812 de 2003 [2 de marzo de 1998], el régimen prestacional aplicable a su caso
es el de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, debido a la acumulación de
tiempos públicos y privados.

74. Al efecto, según el artículo 7 de la citada ley, por ser mujer debía acreditar 55
años de edad y 20 años de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de
Seguros Sociales [hoy Administradora Colombiana de Pensiones] y en una o varias
de las entidades de previsión social del sector público; en ambos casos, con una
tasa de reemplazo del 75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios.

75. En ese sentido se observa que, aunado a las 658,71 semanas señaladas en el
acto acusado, debieron computarse los tiempos de servicios prestados en virtud de
las órdenes de prestación de servicios para ejercer la docencia en el municipio de
Cali, esto es entre septiembre de 1998 y noviembre de 2002, equivalentes a 165.2
semanas, tal como lo certificó la entidad territorial. En igual sentido, debió tenerse
en cuenta el periodo comprendido entre el 20 de enero de 2009 y el 5 de agosto de
2019 [fecha de expedición del certificado], comoquiera que la solicitud del
reconocimiento pensional fue presentada el 11 de septiembre de 2019, en el cual
ejerció como docente oficial de primaria, en propiedad, en la Institución Educativa
Gabriela Mistral de Cali, equivalente a 527,4 semanas.

76. Incluso, se observa que la Secretaría de Educación de Cali omitió las siguientes
cotizaciones por razón de aportes pensionales bajo la modalidad contractual
previsto entre el 1° de septiembre de 1998 y el 22 de noviembre de 2002.

77. En virtud de lo anterior, se tiene que la Secretaría de Educación de Cali omitió
efectuar las cotizaciones correspondientes a 165,2 semanas, que sumadas a
aquellas respecto de las que sí se efectuaron los aportes arroja un total de 1.351,1
semanas equivalente a 26 años, 4 meses y 13 días.

78. Así las cosas, contrario a lo determinado por el a quo, la demandante tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes con inclusión de
los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de servicios,
en aplicación de lo estipulado en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709. El estatus

26

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pensional lo adquirió el 29 de septiembre de 2018, fecha en la que acreditó los
requisitos de edad -55 años o más- [nació el 29 de septiembre de 196333] y más de
20 años de aportes acumulados en las diferentes entidades de previsión social, de
conformidad con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994.

79. Ahora bien, en consideración a la naturaleza de la pensión obliga a que los
aportes se realicen, pues su reconocimiento se desprende de la acumulación de los
efectuados en el sector privado y en el público. Por ende, corresponderá al
municipio de Cali (Valle del Cauca), efectuar al Fomag las cotizaciones en favor de
la demandante, por los períodos en los que estuvo contratada a través órdenes de
prestación de servicio suscritas con la entidad. Es así, en atención a su
responsabilidad como verdadero empleador derivada del artículo 35 del Código
Sustantivo del Trabajo y del principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades.

80. El descuento que debe hacerse a la demandante para completar los aportes solo
procede en este caso si esta no realizó otros que completaron los 20 años que exige
la Ley 71 de 1988. Sin embargo, como se advirtió la docente completó 26 años de
servicio, en ese sentido, no habría lugar al descuento referido para completar el
requisito.

81. Por otro lado, resulta oportuno precisar que en razón a que el derecho pensional
es de carácter imprescriptible y en cuanto a las mesadas pensionales adeudadas,
tampoco se configuró, comoquiera que entre la adquisición del estatus pensional de
la demandante [29 de septiembre de 2018], la petición de reconocimiento pensional
(11 de septiembre del 2019) y la presentación de la demanda [30 de octubre de
2019] no trascurrieron más de 3 años, según el artículo 41 del Decreto 3135 de
1968, por ende el pago de las correspondientes mesadas procede a partir del 29 de
septiembre de 2018.

82. Por último, en lo concerniente al argumento del apelante, según el cual «[…] a los
docentes vinculados antes del 19 de junio de 2002, fecha de entrada en vigencia del
Decreto 1278 de 2002 e inscritos en el escalafón docente de conformidad con el Decreto
2279 de 1979, debe aplicárseles la excepción a la prohibición contenida en el artículo 128
constitucional», al respecto, la Sala advierte que el Decreto 2709 de 1994, por el cual
se reglamentó el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, en su artículo 2 establece:

«Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación
por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del
servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de

33
Según el Registro Civil de Nacimiento de Hermelina Molina Gaitán aportado con la demanda.

27

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Demandante: Hermelina Molina Gaitán

invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las
excepciones previstas en la ley».

83. La disposición transcrita al expresar «salvo las excepciones previstas en la ley»
reconoció la existencia de situaciones en las que un pensionado bajo ese régimen,
podía recibir mesada pensional sin necesidad de acreditar su retiro del servicio,
como en efecto lo estableció el legislador a favor de los docentes oficiales, desde el
año 1972, razón por la cual no es dable condicionar la pensión de jubilación del
demandante a la desvinculación del servicio, máxime cuando le es reconocida su
prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes34.

84. Así las cosas, se impone a revocar la sentencia apelada y en su lugar se anulará
el oficio 4143.020.13.1.953.008546 del 13 de septiembre de 2019, por la cual se
denegó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes de conformidad
con la Ley 71 de 1988. A título de restablecimiento del derecho, se condenará a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag) al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación por aportes a partir del 29 de septiembre de 2018, con el 75% de los
factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de servicio
anterior a esa fecha, por virtud de la Ley 71 de 1988 y en los artículos 6º y 8º del
Decreto 2709 de 1994.

85. En este punto, esta Sala debe precisar que la omisión del empleador de realizar
los descuentos en el porcentaje a su cargo y los del empleado, destinados a las
cotizaciones para el sistema pensional que de conformidad con la ley debiera hacer,
no es un asunto que sea oponible al interesado para que la pensión reclamada le
sea reconocida y liquidada, pues lo cierto es que las entidades de previsión deben
adelantar las gestiones pertinentes para su cobro, tal y como lo dispuso esta
corporación en la sentencia de unificación del 28 de julio de 202235.

2.5. Costas

86. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

34
En igual sentido, ver sentencias de esta sala de decisión de (i) 8 de agosto de 2019, expediente
05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y (ii) 25 de
septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César
Palomino Cortés.
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022,
radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.

28

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
Demandante: Hermelina Molina Gaitán

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».

87. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

88. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma36.

89. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

90. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte demandada.

3. Conclusión

91. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Hermelina Molina Gaitán
era beneficiaria de la Ley 71 de 1988, de manera que le será reconocida la pensión
de jubilación por aportes, con inclusión de los factores sobre los cuales efectuó
cotizaciones durante el último año de servicio. En consecuencia, se revocará la
sentencia proferida el 28 de julio del 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y, en su lugar, se accederá a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre

36
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

29

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
Demandante: Hermelina Molina Gaitán

de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 28 de julio del 2022 por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se
dispone:

Segundo. Declarar la nulidad del oficio 4143.020.13.1.953.008546 del 13 de
septiembre de 2019, por la cual se negó el reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes de conformidad con la Ley 71 de 1988.

Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a partir del 29 de
septiembre de 2018, con el 75% de los factores sobre los cuales efectuó
cotizaciones durante el último año de servicio anterior a esa fecha, por virtud de la
Ley 71 de 1988 y en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994.

Cuarto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

Quinto. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), podrá reclamar la cuota parte a las
demás entidades de previsión social o fondos pensionales en los que Hermelina
Molina Gaitán realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto
2709 de 1994.

Sexto. La pensión por aportes reconocida es compatible con el salario que
devengue Hermelina Molina Gaitán mientras continúe en el ejercicio de la docencia
oficial. No lo será en otro tipo de empleos

30

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00927-01 (5735-2022)
Demandante: Hermelina Molina Gaitán

Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

Octavo. Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av.
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

VMT

31

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