Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2019-00951-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2019-00951-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2019-00951-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-23-33-000-2019-00951-01 (29930)
Demandante HUMBERTO DUARTE DUQUE
Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL UGPP
Temas Liquidación de aportes. Base gravable y mensualización de
ingresos. Reconocimiento costos y gastos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 7 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, Sala de Oralidad, que decidió lo siguiente1:
PRIMERO.- DECLARAR la nulidad parcial de las resoluciones RDO 2017-02908 del 18 de agosto
de 2017 y RDC 2018-01072 del 18 de septiembre de 2018 proferidas por la UGPP, de
conformidad con los motivos expuestos en la parte considerativa.
SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UGPP que practique una
nueva liquidación de los aportes al Sistema de la Seguridad Social por los períodos de enero a
diciembre de 2014, a cargo del señor Humberto Duarte Duque, tomando de la declaración de
renta del mencionado año los ingresos, menos los costos y gastos de cuyo resultado se
determinará el IBC mensual. Correlativamente se ajustarán las sanciones por inexactitud y
mora.
TERCERO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO.- Sin lugar a condena en costas.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previo requerimiento para declarar y/o corregir RCD 2016-02982 del 15 de diciembre
de 20162, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) expidió la liquidación oficial
RDO 2017-02908 del 18 de agosto de 2017, en la que determinó los aportes a salud y
pensión por los períodos de enero a diciembre de 2014 a cargo del demandante, y lo
sancionó por omisión e inexactitud.
Contra la anterior decisión, la demandante presentó el recurso de reconsideración,
el cual fue decidido en la resolución RDC 2018-01072 del 18 de septiembre de 2018,
que redujo el monto de los aportes y las sanciones.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
1
Samai del Tribunal. Índice 45.
2
En este acto se propuso únicamente sanción por omisión.
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00951-01 (29930)
Demandante: Humberto Duarte Duque
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
PRIMERA.- DECLARAR LA NULIDAD de las resoluciones RDO-2017-02908 del 18 de septiembre de
2017 y RDC 2018-01072 del 18 de septiembre de 2018, ORDENANDO dejar sin efectos jurídicos.
SEGUNDA.- Como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho a mi representado
consistente en que se declare en firme la declaración privada del pago de los aportes al
Sistema de Protección Social de los periodos de enero a diciembre de 2014.
A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 2, 6 y 29
de la Constitución Política; y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Los cargos de nulidad se resumen así:
1. Infracción de normas
Señaló que para el período 2014 no existía un sistema de presunción de ingresos
para los independientes como lo exigió en su momento el artículo 204 de la «Ley 1250
de 2008», lo cual se corroboraba con el concepto 164487 de 2014 proferido por el
Ministerio del Trabajo4.
Solo con la expedición de la Ley 1753 de 2015 se dispuso que la base de cotización
para ese tipo de personas correspondía al 40% del valor mensualizado de sus
ingresos, con la posibilidad de deducir las expensas que cumplieran con los
requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. No obstante, la UGPP pretendía la
aplicación retroactiva de dicha norma en el período fiscalizado, vulnerando con ello
principios constitucionales5.
2. Falsa motivación
Adujo que la entidad, sin autorización legal, creó un sistema de presunción de
ingresos, tomando para el efecto la totalidad de los valores reportados en la
declaración de renta en los renglones 35 y 38, pero sin explicar la metodología para
ello6.
3. Indebida conformación del IBC
Manifestó que la demandada desconoció los costos y gastos igualmente reportados
en la declaración de renta, por lo que la renta líquida debía ser la base gravable de
los aportes. Además, tampoco tuvo en cuenta la periodicidad de los ingresos, en su
lugar, optó por tomar el valor del denuncio rentístico y dividirlo en 12 partes iguales y
sujetarlo al límite de los 25 SMMLV, sin percatarse que las sumas fueron percibidas
en diferentes épocas del año.
De conformidad con el artículo 596 del Estatuto Tributario, la declaración de renta
era una prueba de ingresos únicamente para efectos de ese impuesto, pero de
ninguna manera significaba su utilización en materia de aportes parafiscales.
3
Samai del Tribunal. Índice 59. PDF expediente digital.
4
Emitido por el grupo interno de trabajo de atención a consultas en materia de seguridad social del Ministerio del Trabajo.
5
Citó las sentencias C-785 de 2012 y C-430 de 2009, de la Corte Constitucional
6
Menciona la sentencia del Consejo de Estado, del 15 de marzo de 2012, sin dar más datos.
2
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Demandante: Humberto Duarte Duque
4. Concepto de independiente
Manifestó que la UGPP consideró al demandante como un independiente, pese a que
no realizó actividades como comerciante ni actos similares en los términos de los
artículos 10 y 11 del Código de Comercio.
Advirtió que para la DIAN existían 3 categorías para las personas naturales, i)
empleados, ii) trabajadores por cuenta propia y iii) otros; y el demandante pertenece
a la tercera categoría residual, tratamiento que debía ser aplicado en esta
oportunidad so pena de vulnerar principios constitucionales como el de la igualdad7.
Agregó que el monto que pagó como contribuciones parafiscales era confiscatorio8.
5. Prescripción y caducidad
Sostuvo que las conductas fiscalizadas en el proceso objeto de discusión fueron
previas a la expedición de la Ley 1607 de 2012, por lo que el marco legal aplicable
era la Ley 1151 de 2007. En consecuencia, el término de caducidad de acción de la
UGPP era de 5 años para omisos y 2 años para la mora e inexactitud, contados hasta
la notificación de la liquidación oficial.
Cualquier interpretación distinta implicaría la aplicación retroactiva de la Ley 1607 de
2012, por consiguiente, las declaraciones de enero a diciembre de 2014 quedaron
en firme en el año 2016, siendo viable declarar la caducidad y la prescripción de la
acción de determinación y cobro por parte de la demandada.
A modo de conclusión insistió en que solo hasta el año 2015 que se reguló el
ingreso base de cotización para los independientes con contratos diferentes a
prestación de servicio. Agregó que tampoco existía norma que regulara la tarifa de
los aportes a pensión, y menos que esa obligación fuera por todo el año cuando los
pagos se recibieron en un solo período.
Si bien la Ley 1122 de 2007 determinó que los declarantes de renta eran afiliados
obligatorios, dejó sujeto a un proceso de reglamentación la presunción de ingresos,
sin definir la base gravable, tarifas ni condiciones del pago. Así mismo, citar el
Decreto 510 de 2003, conlleva una falsa motivación, puesto que regula el escenario
de los independientes que prestan servicios, situación diferente a la aquí analizada.
Oposición de la demanda
La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente9:
Frente a los cargos primero y segundo dijo que los actos demandados fueron
debidamente motivados con las normas que regulan el IBC de los aportes (Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, los Decretos 806 de 1998, y 510 de 2003, entre otros ), de conformidad
con las cuales los trabajadores independientes, incluidos los rentistas de capital,
que cuenten con capacidad de pago, tienen la obligación de afiliarse y pagar los
aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión. A esos efectos, la base
gravable corresponde a los ingresos efectivamente percibidos, pudiendo deducirse
7
Citó las sentencias de la Corte Constitucional C-134 de 2009 y C-833 de 2013
8
Mencionó la sentencia C-409 de 1996
9
Samai del Tribunal. Índice 21.
3
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las sumas que cumplan con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, la
cual no puede ser inferior a 1 SMLMV ni superar 25 SMLMV.
Por lo anterior, no eran de recibo los argumentos sobre la existencia de un vacío
normativo, así como la irregularidad en la metodología de la base, pues si bien el
artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 ordenó al Gobierno la creación de un sistema de
presunción de ingresos, lo cierto fue que esa misma norma señaló que ante la
diferencia de los valores declarados ante la DIAN y los aportes, éstos últimos debían
ser ajustados, lo que permitía concluir la coherencia entre ambos.
De manera que la base de cotización corresponde a los ingresos percibidos
producto de la actividad económica, que no son otros que los declarados ante la
DIAN.
Así las cosas, se tomaron los valores percibidos por el demandante que aparecían
en su declaración de renta, los cuales fueron asignados a los 12 meses del año 2014
con sujeción al límite de los 25 SMMLV; sin embargo, no fue posible tomar en
consideración costos y gastos ante la falta de prueba que los sustentaran.
Sobre el cargo tercero reiteró que determinó el IBC con fundamento en los ingresos
reportados en la declaración de renta del año 2014, que si bien el artículo 1 del
Decreto 510 de 2003 dispuso que el IBC equivalía a sus ingresos efectivamente
percibidos con la posibilidad de deducir las expensas necesarias, causales y
proporcionales, lo cierto fue que el interesado no allegó pruebas de sus costos y
gastos, es decir, no cumplió con su carga probatoria, razón por la cual no fue
imposible tener en cuenta ese rubro.
Respecto al cargo cuarto sostuvo que los independientes por cuenta propia que
cuenten con capacidad de pago se encuentran en la obligación de afiliarse al
sistema de seguridad social y pagar los aportes. De manera que, como el
demandante desempeña la actividad económica de transporte de pasajeros y
percibió ingresos según su declaración de renta, debía exigírsele el cumplimiento de
sus obligaciones parafiscales.
En cuanto al cargo quinto adujo que la firmeza de las declaraciones no fue prevista
por el legislador para las planillas. Además, la Constitución Política, la jurisprudencia
y la doctrina han coincidido en que las acciones que involucren el recaudo de sumas
que por ley están destinadas al reconocimiento de prestaciones sociales de carácter
vitalicio, como lo son los aportes a seguridad social, no es viable aplicarles dicha
figura porque el derecho es imprescriptible e irrenunciable.
Por otro lado, la Ley 1607 de 2012 lo que hizo fue establecer un término de
caducidad para iniciar las acciones de determinación o sancionatorias, muy
diferente a promulgar una firmeza de éstas, por lo que no era viable la aplicación del
artículo 714 del Estatuto Tributario, además porque se trataba de una norma que
reñía de manera sustancial con la naturaleza de las contribuciones parafiscales.
Advirtió que el proceso de fiscalización iniciaba con la notificación del requerimiento
de información, que para este caso fue en el 4 de noviembre de 2016, es decir,
dentro del plazo legal.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad declaró la nulidad
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parcial de los actos demandados por lo que pasa a exponerse 10:
1. Respecto de la infracción de normas y la falsa motivación
Negó el cargo. Con fundamento en pronunciamiento del Consejo de Estado11, el IBC
de los aportes a salud y pensión del año 2014 contaba con respaldo legal suficiente,
como las Leyes 100 de 1993, 797 de 2003 y 1393 de 2010; así como los Decretos
510 de 2003, 1070 de 1995, 806 de 1998, y 1406 de 1999; de conformidad con los
cuales se debe considerar los ingresos percibidos menos los costos necesarios para
su obtención. Además, porque la resolución 9 de 1996 de la Superintendencia de
Salud estableció el sistema de presunción de ingresos para los trabajadores
independientes.
2. Conformación del IBC
Señaló que, en atención al precedente fijado por el Consejo de Estado 12, cuando la
UGPP toma en cuenta los ingresos de la declaración de renta para efectos de
establecer la base gravable de los aportes, lo mismo debe hacer con los gastos allí
reportados, so pena de quebrantar la indivisibilidad de la prueba que trata el artículo
250 del Código General del Proceso.
Además, la postura del órgano de cierre13 consiste en que la presunción de
veracidad del denuncio rentístico no podía ser modificada o controvertida mediante
la liquidación oficial de revisión que expidiera una autoridad diferente a la DIAN,
acorde con el artículo 702 del Estatuto Tributario y el Decreto 4048 de 2008.
De conformidad con lo expuesto, declaró la nulidad parcial de los actos demandados
y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la demandada reliquidar los
aportes por los períodos de enero a diciembre de 2014, tomando los ingresos menos
los costos y deducciones reportados en la declaración de renta de ese año. «Lo
anterior, porque no es posible establecer valores exactos, ya que la declaración de renta aportada
con la demanda corresponde al año 2015».
3. Del concepto de independiente
Negó el cargo. Señaló que, según el Consejo de Estado14, dentro de la categoría de
trabajadores independientes se encontraban los rentistas de capital, comoquiera
que todas las personas con capacidad de pago debían estar afiliados al sistema de
seguridad social previo el pago de una cotización, o a través de un subsidio.
Dicha postura encontraba sustento en la sentencia de la Corte Constitucional C-578
de 2009, en la Ley 100 de 1993, así como en los Decretos 806 de 1998 y 1406 de
1999, los cuales incluyeron de forma expresa a los rentistas de capital como
afiliados al régimen contributivo de salud.
Precisó que la Corte Constitucional explicó que si bien se incurrió en un defecto
técnico al otorgar a los independientes con capacidad de pago la calidad de
trabajadores independientes, esa circunstancia no implicaba la inconstitucionalidad
de los artículos 157, literal a), numeral 1º; y 204 parágrafo 2º de la Ley 100 de 1993,
10
Samai del Tribunal. Índice 45.
11
Mencionó la sentencia de la Sección Cuarta, del 23 de noviembre de 2023, exp 26318, no identificó el magistrado ponente
12
Refirió la sentencia de la Sección Cuarta, del 18 de mayo de 2023, exp 26808
13
Ibidem.
14
Citó las sentencias de la Sección Cuarta del 1 de agosto de 2019 y 29 de abril de 2021, exps 23379 y 25056,
respectivamente, sin identificar magistrado ponente
5
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pues una comprensión amplia de la expresión trabajadores permitía la inclusión de
los rentistas, tal como lo señaló el artículo 15 del Decreto 3063 de 1989, al
determinar que esa categoría cobijaba a toda persona natural que ejerciera de
manera personal y directa una actividad económica, con o sin trabajadores a su
servicio y sin sujeción a un contrato laboral.
4. De la caducidad de los ajustes
Comoquiera que el período fiscalizado en el presente asunto era el 2014, resultaba
improcedente aplicar el término de firmeza del artículo 714 del Estatuto Tributario,
siendo lo correcto atender lo dispuesto en la ley 1607 de 2012 que ya se encontraba
vigente, la cual en su artículo 178 dispuso un plazo de 5 años para que la UGPP
iniciara sus facultades de fiscalización15.
Agregó que, ante la falta de reparos por parte de la interesada frente a las sanciones
por omisión e inexactitud, debía confirmarse su imposición, pero sujetas a la
reliquidación de los aportes que dio lugar a la nulidad parcial de los actos.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas por no encontrarlas causadas en el
proceso.
Recursos de apelación
El demandante apeló la decisión de primera instancia16. Hizo referencia a una falsa
motivación e infracción de normas, para lo cual insistió en que la UGPP sin
autorización legal creó un sistema de presunción de ingresos tomando la
información reportada en la declaración de renta, pero sin dar explicación alguna
sobre su metodología, vulnerando con ello principios como el de legalidad, certeza,
debida calificación jurídica, debida motivación, entre otros. Además, desconoció los
costos igualmente informados, para simplemente sujetar el IBC al límite de los 25
SMMLV.
Sobre la depuración del ingreso base de cotización, sostuvo que en este caso era
viable aplicar el sistema de costos y gastos presuntos establecido en la Resolución
209 de 2020 que expidió la UGPP, por cuanto se encontraba del término previsto para
ello. Así se debía tener en «consideración que el 66.5% de sus ingresos brutos debió ser
descontado del IBC utilizado para determinar los aportes que adeudaba».
Reiteró que la entidad, sin justificación legal y con desconocimiento del principio del
devengo, tomó la totalidad de los ingresos de la declaración de renta y los dividió en
partes iguales por los 12 meses del año 2014, sujetando el resultado al tope de los
25 SMMLV. Así mismo, pasó por alto que para ese año la norma que regulaba la
obligación de los trabajadores independientes por cuenta propia era el artículo 18 de
la Ley 1122 de 2007, «norma que en virtud de la sentencia 068 de 2020 proferida por la Corte
Constitucional y principio de reviviscencia normativa, debía ser aplicada para todo el período
fiscalizado».
Adujo que la única manera de establecer el IBC adecuadamente era revisar mes a
mes el ingreso percibido, teniendo en cuenta las erogaciones incurridas en la
producción de la renta, o aplicando el sistema de presunción de costos, lo que a su
vez arrojaría la renta líquida que debía ser distribuida en cada uno de los 12 meses
15
Sobre este tema refirió las sentencias del Consejo de Estado. Sección Cuarta, del 11 de octubre de 2023, exp 26709, sin
identificar magistrado ponente.
16
Samai del Tribunal. Índice 50.
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fiscalizados. Dicho ejercicio permite evidenciar la inexistencia de deudas a la UGPP,
pues tal como constaba en el expediente ya había efectuado la totalidad de los
pagos por los períodos investigados.
Solicitó que en caso de que el presente recurso no prosperara, se mantuviera la
decisión proferida por el tribunal en primera instancia.
La demandada también apeló la sentencia17, para lo cual expuso que el legislador no
contempló la posibilidad de deducir los costos y gastos de la declaración de renta con
el fin de determinar la base de los aportes para los trabajadores independientes.
Además, durante el proceso de fiscalización el demandante tampoco aportó
pruebas que dieran cuenta de sus ingresos y erogaciones, pese a los
requerimientos hechos en las distintas oportunidades procesales.
Al efecto, tomó los ingresos reportados en la declaración de renta, pues de
conformidad con el artículo 746 del Estatuto Tributario esa información gozaba de
certeza, seguidamente se dividieron en los 12 meses del año 2014, actuación que
encontraba fundamento en los artículos 35 del Decreto 1406 de 1998 y 2.2.1.1.1.7
de la Ley 780 de 2016 que estipulan la obligación de efectuar aportes por períodos
mensuales18.
Puso de presente que avalar el hecho de que los administrados se abstuvieran de
aportar las pruebas requeridas sobre su realidad económica, sería cercenar la
facultad fiscalizadora de la administración cuando existen fundamentos fácticos y
jurídicos suficientes para determinar la obligación. Así mismo, se incentivaba a que
los contribuyentes no tomaran en serio los procesos de fiscalización para luego ser
demandados en vía judicial alegando vicios en su motivación.
Si bien la información de la declaración de renta se presumía veraz, lo cierto era que
frente a los costos y gastos la UGPP exigió una comprobación especial como se lo
permitía la ley con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos del artículo 107
del Estatuto Tributario. De manera que, un proceder diferente en este caso
implicaría además del desconocimiento de mandatos legales, la afectación de
recursos que deben ingresar al sistema de protección social al utilizarse un
mecanismo diferente para realizar los cálculos de los aportes.
Insistió en que el demandante omitió su obligación de responder el requerimiento de
información, y durante el trámite administrativo tampoco allegó pruebas que
demostraran la causación de las erogaciones durante la vigencia fiscalizada, siendo
improcedente reconocer los costos y gastos de la declaración de renta al existir
reglas claras para la determinación de los aportes.
Finalmente, hizo un llamado sobre las consecuencias de las decisiones en las que
se ha aceptado el reconocimiento de los costos reportados en las declaraciones de
renta, pues a su juicio, perdería sentido adelantar los procesos administrativos en
contra de los trabajadores independientes ante la imposibilidad de verificar la
inclusión de sumas que no cumplen con los requisitos de necesidad, causalidad y
proporcionalidad, conllevando la disminución de la base gravable y el monto de la
cotización.
Además, del desafortunado precedente de aceptar que los investigados se
17
Samai del Tribunal. Índice 49.
18
Citó la sentencia del Consejo de Estado. Sección Cuarta del 7 de diciembre de 2023, exp 26692, M.P. Wilson Ramos Girón.
7
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Demandante: Humberto Duarte Duque
abstengan voluntariamente de colaborar con la administración en la entrega de la
documentación requerida, lo que a su vez pone en tela de juicio los procesos
sancionatorios por no envío de la información y de cobro.
Finalmente, solicitó que no se condenara en costas a la entidad por cuanto el asunto
era de interés público.
Oposición a la apelación
Las partes guardaron silencio.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público tampoco se pronunció al respecto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Le corresponde a la Sección19 decidir los recursos de apelación interpuestos por las
partes contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de la
liquidación oficial RDO 2017-02908 del 18 de agosto de 2017 y la resolución RDC
2018-01072 del 18 de septiembre de 2018, en las que la UGPP determinó los aportes
a seguridad social por los períodos de enero a diciembre de 2014 a cargo del
demandante, y lo sancionó por omisión e inexactitud.
En consecuencia, los cargos a resolver en esta instancia consisten en: i) la
regulación de la base gravable y mensualización del ingreso; y ii) el reconocimiento
de costos y gastos.
Análisis del caso concreto
1. Falsa motivación - Base gravable de los aportes a cargo de los
trabajadores independientes
El demandante señaló que los actos demandados adolecían de falsa motivación en
la medida que la UGPP sin autorización legal dispuso de uno de los elementos de las
contribuciones parafiscales, puntualmente creó un sistema de presunción de
ingresos tomando la información reportada en la declaración de renta, pero sin dar
explicación alguna sobre su metodología, vulnerando con ello principios como el de
legalidad, certeza, debida calificación jurídica, motivación, entre otros. También
señaló que la norma que aplica en este caso es el artículo 18 de la Ley 1122 de
2007, todo lo cual daba lugar a que se declarará la nulidad de la actuación
administrativa.
De lo anterior, se desprende que la falsa motivación planteada por el aportante en
realidad se dirige a cuestionar la falta de regulación y determinación de la base
gravable para los independientes, asunto que ya ha sido resuelto por la Sección
como pasa a explicarse en las siguientes líneas20.
19
Mediante auto del 13 de noviembre de 2025 se negó el impedimento manifestado por el magistrado Luis Antonio Rodríguez
Montaño. Samai, índice 32.
20
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 14 de septiembre de 2023, exp 26001, reiterada el 2 de octubre de 2025,
exp 28613, ambas con ponencia de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
8
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Demandante: Humberto Duarte Duque
En cuanto al IBC para el subsistema de pensión, éste se encuentra definido en los
artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la Ley
797 de 2003, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 15. AFILIADOS. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones
PARÁGRAFO 1o. En el caso de los trabajadores independientes se aplicarán los siguientes
principios:
a) El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado. De tal manera
que aquellos que posean capacidad económica suficiente, efectúen los aportes de
solidaridad previstos en esta ley (…)”
“ARTÍCULO. 19.- BASE DE COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES.
Los afiliados al sistema que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de
prestación de servicios o como servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren
ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente
percibidos.
Cuando se trate de personas que el Gobierno Nacional haya determinado que deban ser
subsidiadas temporalmente en sus aportes, deberán cubrir la diferencia entre la totalidad del
aporte y el subsidio recibido.
En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual
vigente. (subraya la Sala)
A su vez, según con el artículo 1 del Decreto 510 de 2003 «se entienden por ingresos
efectivamente percibidos por el afiliado, aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal,
Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para
desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto
Tributario»
De conformidad con ello, en la sentencia que aquí se reitera se precisó que, si bien
el inciso primero de esa disposición hace referencia inicialmente a las personas
naturales con contratos de prestación de servicios, lo cierto es que lo pretendido es
reglamentar el artículo 15 de la mencionada Ley 100 de 1993, «el cual como se citó
anteriormente, hace referencia a los trabajadores independientes y a los ingresos efectivamente
percibidos, de ahí que lo dispuesto en el reglamento cobija a todos los trabajadores independientes
sean o no contratistas».
Ahora, el artículo 107 del Estatuto Tributario permite deducir las expensas
realizadas en el ejercicio de la actividad económica, así:
ARTÍCULO 107. LAS EXPENSAS NECESARIAS SON DEDUCIBLES. Son deducibles las
expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad
productora de renta, siempre que tenga relación de causalidad con las actividades productoras
de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.
La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial,
teniendo en cuentas las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones
establecidas en los artículos siguientes
Así mismo, el artículo 3 del Decreto 510 se refirió a los límites de cotización, por lo
que los aportes no pueden ser inferiores a 1 SMLMV ni superar los 25, rango que
también resulta aplicable al subsistema de salud.
Sobre este punto, en la sentencia reiterada, la Sección se refirió a la facultad
reglamentaria, especialmente en materia tributaria, señalando que no goza de un
ámbito de regulación autónomo y que el ejecutivo no « puede alterar o modificar el
contenido y el espíritu de la ley, ni puede dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la
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administración, así como tampoco puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al
legislador»21. Sobre la base de pensión manifestó lo siguiente:
Así mismo, al estudiar la legalidad de varios actos referentes a los aportes de trabajadores
independientes con contratos de prestación de servicios, tales como el mencionado Decreto
510 de 2003, el Decreto 1703 de 2003 y la Circular Conjunta 00001 de 2004, la Sala determinó
lo siguiente:
“Como se observa, la base de cotización al sistema de pensiones, tratándose de trabajadores
vinculados por contrato de servicios fue definida directamente por el legislador, luego el
Gobierno Nacional puede en ejercicio de su facultad reglamentaria (art.189 [11] C.P.), expedir
los actos que permitan el desarrollo de la ley, siempre que al hacerlo no restrinja o exceda los
límites previstos por el legislador en las disposiciones transcritas”22.
Además, sobre la circular demandada en dicho proceso, en la que se hace referencia al 40%
del valor bruto mensualizado del contrato proporcional a los ingresos devengados, la Sala
consideró que este último concepto “debe ser objeto de reglamentación, pues si la ley no
define con exactitud los ingresos que sirven de base para la cotización, resulta válido que sea
a través del reglamento que se haga tal definición, respetando los límites legales23”
Esta misma premisa aplica para este caso, puesto que cuando el legislador hizo referencia a
“ingresos efectivamente percibidos por el afiliado” no los definió, de ahí que el ejecutivo estaba
facultado para reglamentar la materia, como efectivamente lo hizo en el parágrafo citado, sin
que ello implique asumir competencias que no le corresponden.
Frente al IBC en materia de salud, la sala hizo referencia al parágrafo 2º del artículo
204 de la Ley 100 de 1993, que dispuso: «para efectos del cálculo de la base de cotización
de los trabajadores independientes, el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunciones
de ingreso con base en información sobre el nivel de educación, la experiencia laboral, las
actividades económicas, la región de operación y el patrimonio de los individuos. Así mismo, la
periodicidad de la cotización para estos trabajadores podrá variar dependiendo de la estabilidad y
periodicidad de sus ingresos».
Siguiendo con el precedente reiterado, para la determinación del IBC, el tema fue
decantado así:
En cumplimiento de lo anterior [parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1193], mediante
el artículo 4 del Decreto 1070 de 1995 24 se dispuso que era competencia de la
Superintendencia Nacional de Salud establecer el sistema de presunción de ingresos, lo que
llevó a la expedición de la Resolución Nro. 9 de 1996.
Posteriormente, el Decreto 806 de 1998, vigente para el año 2014, en su artículo 66
reglamentó la base de cotización para este tipo de trabajadores en los siguientes términos:
“Artículo 66. Base de cotización de los trabajadores independientes. La base de cotización
para los trabajadores independientes será determinada sobre los ingresos que calcule la EPS
de acuerdo con el sistema de presunción de ingresos definido por la Superintendencia
Nacional de Salud. En ningún caso el monto de la cotización de los trabajadores
independientes podrá ser inferior al equivalente al 12% de dos salarios mínimos mensuales
legales vigentes”.
De igual forma, el Decreto 1406 de 1999 señaló:
“ARTICULO 25. INGRESO BASE DE COTIZACION PARA TRABAJADORES
INDEPENDIENTES AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
21
Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 24 de febrero de 2015, exp 20998, C.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
reiterado en sentencias del 4 de diciembre de 2019, exp 23781 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 14 de septiembre
de 2023, exp 26001, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
22
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de octubre de 2006, exp 15399 C.P. Ligia López Díaz
23
Ibidem.
24
Decreto 1070 de 1995. Artículo 4. Las Entidades Promotoras de Salud, podrán continuar ofreciendo el Plan Obligatorio de
salud del régimen contributivo a los trabajadores independientes que venían cotizando sobre un ingreso entre uno y dos
salarios mínimos mensuales legales vigentes, que se hubieren afiliado con anterioridad al 20 de abril de 1995.
La Superintendencia Nacional de Salud establecerá el sistema de presunción de ingresos para los trabajadores
independientes, el cual deberá ser utilizado por las Entidades Promotoras de Salud para determinar la base de cotización.
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SALUD-SGSSS. Las entidades promotoras de salud-EPS deberán, al momento de la
afiliación, aplicar con suma diligencia a los trabajadores independientes los cuestionarios que,
con el fin de determinar las bases presuntas mínimas de los aportes que dichos trabajadores
deben efectuar al SGSSS, han establecido los órganos de control o aquellos que sean
establecidos en el futuro.
En todo caso, cuando los ingresos reales del trabajador independiente sean superiores a los
que resulten de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los aportes de dicho
trabajador deberán hacerse con base en los ingresos reales. Para tal efecto, los trabajadores
independientes que deseen afiliarse al SGSSS deberán presentar una declaración anual, en la
cual informen a la EPS, de manera anticipada, el Ingreso Base de Cotización que se tendrá en
cuenta para liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del año
siguiente.
Cuando el trabajador independiente no presente su declaración de Ingreso Base de Cotización
dentro de los plazos previstos en el presente decreto, se presumirá que el Ingreso Base de
Cotización para el período será el declarado en el año inmediatamente anterior, aumentado en
un porcentaje igual al reajuste del salario mínimo legal vigente. En todo caso, dicho Ingreso
Base de Cotización no será inferior a la base mínima legal que corresponda”. (resaltos de la
Sala)
Finalmente, la Ley 1438 de 2011, en su artículo 33, consagró una presunción de capacidad de
pago y de ingresos así:
“ARTÍCULO 33. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO Y DE INGRESOS. Se presume
con capacidad de pago y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen
Contributivo o podrán ser afiliados oficiosamente:
33.1 Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios,
impuesto a las ventas e impuesto de industria y comercio.
33.2 Quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el ingreso
establecido para pertenecer al Régimen Contributivo.
33.3 Quienes cumplan con otros indicadores que establezca el Gobierno Nacional.
Lo anterior, sin perjuicio de poder ser clasificado como elegible al subsidio por medio del
Sisbén, de acuerdo con las normas sobre la materia.
El Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la
información sobre las actividades económicas. En caso de existir diferencias entre los valores
declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los aportes al
sistema estos últimos deberán ser ajustados”. (resaltos fuera del texto)
Por lo anterior se establece que las declaraciones tributarias, como las de renta, son un
indicador de ingresos, lo cual permite evidenciar la capacidad de pago y su obligación de
aportar al sistema, aun en el evento de que no existiera un sistema de presunción de ingresos.
Siguiendo las pautas anteriores, se observa que la demandada tomó como base los
ingresos reportados en la declaración del impuesto de renta del actor del año 2014
por la suma de $379.880.00025, y los dividió en partes iguales por los 12 meses, pero
sujetando el resultado al tope de los 25 SMMLV, lo cual, en principio se ajusta a lo
dispuesto por el legislador en cuanto a la determinación de ingresos, pues su
depuración con los costos será un asunto que se discutirá en el siguiente cargo.
Así, se tiene que la administración determinó los aportes a seguridad social con
base en el promedio mensual de los ingresos obtenidos por el contribuyente durante
los meses fiscalizados y como el interesado omitió ejercer su derecho de defensa
para aportar pruebas al proceso de determinación y judicial que permitieran
sustentar sus pretensiones y desvirtuar la mensualización efectuada por la
demandada, la Sección considera que no cumplió con su carga probatoria
relacionada con la demostración del monto y período de percepción de sus
25
Monto no discutido por las partes.
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ingresos26.
Así las cosas, como la demandada no creó ningún sistema de presunción de
ingresos y no se desvirtuó la mensualización efectuada, no prosperan los
argumentos relacionados con la presunta falsa de motivación propuestos por la
parte demandante.
2. Reconocimiento de costos y gastos
Comoquiera que ambas partes discuten el asunto, sus argumentos se resolverán de
manera conjunta.
El demandante señala que para la determinación del IBC la entidad además de tomar
los ingresos de la declaración de renta debió tener en cuenta las erogaciones en que
incurrió para la realización de su actividad económica, por lo que los aportes debían
calcularse con la renta líquida gravable. A su vez, planteó la viabilidad de aplicar el
sistema de presunción de costos y gastos establecido en la resolución 209 del 2020
expedida por la UGPP.
Por su parte la demandada señala que para los trabajadores independientes el
legislador no contempló la posibilidad de deducir los costos y gastos de la
declaración de renta con el fin de determinar la base de los aportes. Además,
durante el proceso de fiscalización el interesado tampoco aportó pruebas que dieran
cuenta de sus ingresos y erogaciones.
Señaló que, si bien la información de la declaración de renta se presumía veraz, lo
cierto era que frente a los costos y gastos la UGPP exigió una comprobación especial
como se lo permitía la ley con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos del
artículo 107 del Estatuto Tributario. De manera que, un proceder diferente en este
caso implicaría el desconocimiento de mandatos legales y la afectación de recursos
que deben ingresar al sistema.
Puso de presente que avalar que los administrados se abstuvieran de aportar las
pruebas requeridas sobre realidad económica implicaría i) cercenar la facultad
fiscalizadora de la administración dejando sin sentido la verificación de los requisitos
de necesidad, causalidad y proporcionalidad, ii) incentivar a los aportantes a que no
cumplan los requerimientos y demanden los actos alegando vicios en su motivación.
Para resolver se tiene que, en repetidas ocasiones27, la Sección ha considerado que
la remisión al denuncio privado no puede ser parcializada para valorar únicamente
los ingresos, sino que también deben tenerse en cuenta los costos y gastos
declarados por el contribuyente, puesto que la presunción de veracidad consagrada
en el artículo 746 cobija a toda la declaración.
La anterior conclusión se sustenta en que i) el artículo 250 del Código General del
Proceso señala que la prueba que resulte de los documentos públicos y privados es
indivisible; ii) la UGPP puede solicitar comprobaciones especiales de las
erogaciones, pero la declaración de renta demuestra tanto los ingresos como las
erogaciones, sin que sea admisible que este documento acredite las situaciones que
perjudican al demandante, pero no las que lo benefician; y iii) la presunción de
26
En términos similares se puede consultar la sentencia del 23 de noviembre de 2023, exp 26613, M.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
27
En igual sentido se pronunció la Sala en sentencias del 24 de noviembre de 2022, exp. 26206; del 2 de octubre de 2025, exp
28613, ambas con ponencia de la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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veracidad de la declaración del impuesto sobre la renta no puede ser controvertida
por una autoridad distinta a la DIAN, conforme el artículo 702 del Estatuto Tributario y
el Decreto 4048 de 200828.
De conformidad con el precedente expuesto, no le asiste razón a la demandada
cuando desconoció las erogaciones reportadas en el denuncio rentístico del año
2014, en la medida que si parte de los ingresos de dicha declaración debe tomar las
erogaciones igualmente registradas allí a efectos de determinar el IBC de los aportes
al sistema de seguridad social29.
Ahora bien, el demandante solicitó también la depuración de la base gravable con el
sistema de presunción de costos, empero no hay lugar a ello por cuanto en este
caso sí se cuenta con una prueba sobre los costos y gastos incurridos en los meses
fiscalizados, razón por la cual no es necesario aplicar presunciones 30.
Frente a los argumentos de la entidad en cuanto al impacto de las decisiones
judiciales que han aceptado la depuración de los costos reportados en renta, se
observa que lo expuesto en nada deslegitima el proceso de fiscalización, puesto que
la administración puede requerir la comprobación de los costos y gastos, cuestión
diferente es que no le asigne el valor correspondiente a la declaración como medio
prueba.
Conclusión
De conformidad con lo expuesto, y comoquiera que no prosperaron los recursos de
apelación presentados por las partes, se confirmará la decisión de primera instancia.
Condena en costas
El Tribunal no condenó en costas, decisión que no fue apelada. Ahora bien, como en
sede de apelación se mantiene la decisión de declarar la nulidad parcial de los actos
demandados, no hay lugar a su imposición en esta instancia, de conformidad con el
numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso aplicable por remisión
expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 7 de marzo de 2024
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
28
En este mismo sentido ver: Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 18 de mayo de 2023, exp. 26808, reiterada en
las sentencias del 4 de abril de 2024, exp. 28342 y 20 de febrero de 2025, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
29
Se pone de presente que el tribunal reconoció que la declaración de renta del año gravable 2014 no reposa en el expediente,
empero la parte demandada no cuestionó este asunto en el recurso de apelación y se observa que en el anexo del
requerimiento de información la UGPP hizo referencia tanto a los ingresos como a los costos y deducciones declaradas en
esa renta.
30
En sentencia del 3 de julio de 2025, exp 29683, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, se negó la aplicación del sistema de
presunción de costos ante la existencia de las erogaciones declaradas en renta.
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Demandante: Humberto Duarte Duque
origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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