Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-01131-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-01131-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-01131-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01131-01 (6386-2024)
Demandante: Luz Marina Morales Ríos
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Pensión gracia. - reconocimiento
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Luz Marina Morales Ríos presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 000520 y RDP 012067 del 10 de
enero y 6 de abril de 2018, por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2 le negó
1 En adelante CPACA.
2
En adelante UGPP
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Luz Marina Morales Ríos
el reconocimiento pensional.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada, con la inclusión de
todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la consolidación
del estatus pensional; ii) el reajuste de las sumas adeudadas de conformidad con el
índice de precios al consumidor; iii) la declaratoria de «prescripción de las mesadas
causadas con anterioridad al 21 de septiembre de 2014»; iv) el pago de intereses de
conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA; v) el cumplimiento de la
sentencia según lo dispuesto en los artículos 187, 189, 192 y 195 del CPACA; y vi)
la condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Luz Marina Morales Ríos nació el 14 de septiembre de 1955 y prestó sus
servicios como docente, vinculada a través de «actos administrativos territoriales», así:
Entidad Acto administrativo Desde Hasta Tiempo
16 de 31 de 5 años, 2
Alcaldía del Decreto 065 del 16 de
octubre de diciembre de meses y 16
municipio de Florida octubre de 1973
1973 1978 días
Resolución 573 del 2
2 de octubre 1 de julio de
• de octubre de 1989 9 meses
de 1989 1990
[docente hora cátedra]
Gobernación del Resolución 302 del 2 2 de agosto 1 de junio de
10 meses
Valle del Cauca de agosto de 1990 de 1990 1991
21 de
Gobernación del Decreto 2007 del 17 de «Has la «Más de 20
septiembre
Valle del Cauca septiembre de 1993 fecha» años»
de 1993
3.2. El 14 de septiembre de 2005 adquirió el estatus pensional porque cumplió 50
años de edad y contaba con más de 20 años de servicio como docente territorial.
3.3. El 9 de febrero de 2017 solicitó el reconocimiento de la pensión gracia, la cual
fue negada mediante las resoluciones RDP 000520 y RDP 012067 del 10 de enero
y el 6 de abril de 2018.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 90, 121, 125,
128 y 209 de la Constitución Política; 1 a 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116
2
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Demandante: Luz Marina Morales Ríos
de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 17 de la Ley 6 de 1945; 1 y 3 del Decreto 2285 de
1955; 1 de la Ley 33 de 1985; 15.2.a de la Ley 91 de 1989; y 137 del CPACA.
5. En cuanto al concepto de violación señaló, después de efectuar un recuento del
régimen legal y jurisprudencial que rige la prestación pretendida, que con los actos
demandados se desconoció que contaba no «con una mera expectativa sobre el
derecho pensional, sino con un derecho adquirido legamente por cumplir con la totalidad
de los requisitos exigidos» pues acreditó la totalidad de las exigencias para su
reconocimiento.
6. De acuerdo con la jurisprudencia, «los docentes que pertenecen al régimen nacional
son los que han sido exclusivamente nombrados mediante Resolución proferida por el
Gobierno Nacional […] y que los docentes del régimen nacionalizado con los que han sido
nombrados mediante acto administrativo proferido por un ente territorial»; sin embargo,
dicha interpretación ha sido desconocida por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, porque «posee el concepto de que todos los docentes que se
han vinculado con posterioridad al 01 de febrero de 1990, son del orden nacional, mismo
criterio que es aplicado para los docentes que fueron nombrados con cargo a los recursos
del Fondo Educativo Regional».
7. Así las cosas, a través de los actos objeto de control, la entidad de previsión
desconoció el precedente jurisprudencial aplicable y como consecuencia, vulneró
sus derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital.
1.2. Contestación de la demanda
8. La Ugpp no contestó la demanda3.
1.3. La sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia proferida el 12 de
septiembre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en
ese sentido declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó el reconocimiento
de la pensión gracia a partir del 12 de septiembre de 2005, pero con efectos fiscales
a partir del 21 de septiembre de 2014.
10. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:
3 Según consta en el informe secretarial suscrito por el secretario del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y en el auto del 23 de mayo de 2024, con el que se prescindió de la audiencia inicial y se
anunció sentencia anticipada.
3
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Demandante: Luz Marina Morales Ríos
10.1. Las pruebas aportadas al expediente permiten concluir que Luz Marina Morales
Ríos prestó sus servicios como docente del orden territorial desde el 16 de octubre
de 1973, «por lo que el vínculo al servicio del magisterio oficial sí ocurrió dentro del límite
temporal previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto es, 31 de diciembre de 1980,
y en funciones de educador».
10.2. La demandante «laboró en el magisterio oficial durante más de 20 años como
docente de Básica Secundaria, tuvo una experiencia como educadora anterior al 31 de
diciembre de 1980, por ende, en lo que respecta al tiempo de servicio, cumple con los
presupuestos previstos por las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 para ser acreedora del
beneficio pensional pretendido». Asimismo, de conformidad con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, las vinculaciones que ostentó en interinidad son válidas para
obtener la pensión gracia, en tanto, «si bien el ordenamiento jurídico no define
expresamente la naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes,
esta Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el mecanismo
mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera,
designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad,
en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios
educativos».
10.3. En consonancia, la docente tenía derecho al reconocimiento de la pensión
gracia, toda vez que laboró en el magisterio oficial más de 20 años y tuvo una
experiencia como educadora antes del 31 de diciembre de 1980.
10.4. Encuanto al reconocimiento señaló que «el término de prescripción de las
mesadas a reconocer, se determinará conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968»
por lo que, comoquiera que «el derecho se consolidó el 14 de septiembre de 2005 y la
solicitud de reconocimiento pensional fue radicada ante la entidad el 21 de septiembre de
2017, se debe declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas antes del 21
de septiembre de 2014, por lo que la prestación tendrá efectos fiscales a partir de esta
fecha».
10.5. Finalmente, no condenó en costas a la parte actora, para esos efectos señaló
que «la Sala se abstendrá de imponer costas de primera instancia, pues el numeral 5 del
artículo 365 del CGP, aplicable por remisión del artículo 188 del CPACA, permite al juez
abstenerse de condenar en costas en caso de prosperidad parcial de las pretensiones de
la demanda, tal y como ocurre en el presente escenario».
1.4. El recurso de apelación
11. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar
se negaran las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en los siguientes
argumentos:
4
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Demandante: Luz Marina Morales Ríos
11.1. Los certificados de tiempo de servicio aportados al expediente, de manera
expresa señalan que Luz Marina Morales Ríos «tuvo una vinculación de carácter
NACIONAL y se le efectuaron pagos a través de los recursos provenientes del situado fiscal
hoy sistema general de participaciones». Así las cosas «se concluye que en la vinculación
de la hoy demandante intervino el respectivo fondo educativo regional (FER), en virtud de
que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provienen de la Nación, por lo
tanto, su vinculación es de carácter NACIONAL».
11.2. Lo anterior, en consideración a que, entre el 19 de diciembre de 1968 y el 12
de agosto de 1993, los recursos del situado fiscal «en ningún momento dejaron de ser
recursos de la nación, por tratarse de una mera distribución de los ingresos corrientes de la
nación […] hacia los Fondos Educativos Regionales – FER».
1.5. Trámite de segunda instancia
12. Por medio de auto del 11 de diciembre de 2024, el magistrado ponente admitió
el recurso de apelación y prescindió de la etapa de alegatos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.
1.6. El Ministerio Público
13. El procurador delegado «de intervención 8 tercero» ante el Consejo de Estado
solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, porque Luz Marina
Morales Ríos acreditó la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la
pensión gracia, ya que «cumplió con más de 20 años al servicio de la docencia con
nombramientos en el ordenamiento departamental, distrital, municipal y/o nacionalizado,
estipulados taxativamente en el marco jurídico y jurisprudencial».
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
13.1. Se circunscribe a resolver ¿si Luz Marina Morales Ríos acreditó los requisitos
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con
las normas que la regulan?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
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14. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
15. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19134 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
16. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
5
17. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 19336, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
18. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
4
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
5
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
6
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
6
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Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
19. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
7
20. En efecto, la Ley 60 de 1993 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los provenientes
7
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
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de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubiesen realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del señalado fondo.
21. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja8, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 19689, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos10 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199411 (artículo 179, literal d).
22. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
23. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199512, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
8
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
9
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
10
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
11
«Por la cual se expide la ley general de educación»
12
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
8
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23.1. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.
23.2. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
24. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así como
sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las
entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan efectuado los
correspondientes aportes.
25. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.
26. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.
13
27. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
, en la sentencia
14
SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».
15
28. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
13
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
14
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
15
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
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normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
29. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala16 ha señalado:
«[…] Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creó la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198917 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]
16
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
17
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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30. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201818, así:
«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».
31. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202219 indicó:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».20
18
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
20
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).
11
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01131-01 (6386-2024)
Demandante: Luz Marina Morales Ríos
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]
32. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.3. Caso concreto
33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
33.1. Luz Marina Morales Ríos nació el 14 de septiembre de 1955.
33.2. Mediante el Decreto 065 del 16 de octubre de 1973, «por el cual se nombran
varios maestros al servicio del municipio», el alcalde del municipio de Florida la
12
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01131-01 (6386-2024)
Demandante: Luz Marina Morales Ríos
nombró maestra municipal. Empleo del cual tomó posesión el 6 de noviembre de
1973, con «retroactividad al 16 de octubre/73».
33.3. A través de la Resolución 302 del 2 de agosto de 1990, «por la cual se vincula a
unos docentes por el sistema hora-cátedra en la Secretaría de Educación Departamental –
Fondo Educativo Regional del Valle del Cauca», el gobernador del departamento del
Valle del Cauca la vinculó como docente en el área de sociales.
33.4. Mediante el Decreto 2007 del 17 de septiembre de 1993, el gobernador del
departamento del Valle del Cauca la nombró profesora de tiempo completo. En la
motivación del acto, se indicó lo siguiente:
«Que por acuerdo del Fondo Educativo Regional del Valle del Cauca con aprobación de
la dirección General de Planeación del sector educativo del Ministerio de Educación
Nacional se dispuso la conversión de las horas-cátedras a 1.559 plazas de tiempo
completo con cargo a la Nación. Adicionándose a la planta de cargos de los colegios
nacionalizados por acuerdo No. 05 del 13 de septiembre de 1993 de la Junta
Administradora del Fondo Educativo Regional del Valle de Cauca» [sic].
33.5. Según el acta de posesión 2117, ante «el despacho de la Gobernación», el 27
de septiembre de 1993 se posesionó en el empleo de profesora de tiempo completo
para el cual fue nombrada con el Decreto 2007 de 1993. En esta se indicó como
fecha de ingreso el 22 de septiembre de 1993.
33.6. La secretaria de desarrollo institucional de la Alcaldía Municipal de Florida
certificó que había prestado sus servicios como maestra municipal en la Escuela
Parroquial del Corregimiento de San Antonio de los Caballeros entre el 16 de
octubre de 1973 y el 31 de diciembre de 1978.
33.7. El profesional universitario de la Secretaría de Educación del departamento del
Valle del Cauca certificó que «prestó sus servicios en el nivel básica secundaria,
vinculación: horas cátedra, como departamental en forma continua», entre el 2 de octubre
de 1989 y el 1° de julio de 1990. Asimismo, indicó «tiempo servicio» 9 meses.
33.8. El profesional universitario de la Secretaría de Educación del departamento del
Valle del Cauca expidió el certificado 25843 del 20 de agosto de 2003, según el cual
«presta sus servicios en el nivel básica secundaria, vinculación: en propiedad, como
nacional en forma continua». En esta hizo constar que la docente ostentó las
siguientes vinculaciones, con ocasión de: i) la Resolución 302 del 2 de agosto de
1990: como «profesor – horas cátedra» entre el 2 de agosto de 1990 y el 1° de junio
de 1991, durante 10 meses; y ii) el Decreto 2007 del 17 de septiembre de 1993,
desde el 22 de septiembre de esa anualidad [se encontraba vigente en la fecha de
expedición del documento], durante 9 años, 10 meses y 29 días.
13
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01131-01 (6386-2024)
Demandante: Luz Marina Morales Ríos
33.9. De conformidad con el certificado de tiempo de servicio con consecutivo 46081
del 27 de diciembre de 2007, proferido por la Secretaría de Educación del
departamento del Valle del Cauca, prestó sus servicios como docente, así:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta Total
Las Américas –
Florida Res. 573
02-10-1989 1-07-1990 9 meses
Profesor horas 02-10-1989
cátedra
Las Américas –
Florida Res. 302
02-08-1990 01-06-1991 10 meses
Profesor horas 02-08-1990
cátedra
Las Américas –
Florida Dec. 2007 10 años, 5 meses y
22-09-1993 26-02-2004
Posesión por 17-09-1993 5 días
nombramiento
Las Américas –
Dec. 243
Florida 27-02-2004 - -21
12-02-2004
Incorporación
33.10. De conformidad con el formato único para la expedición de certificado de
historia laboral con consecutivo 4278 del 29 de agosto de 2016, proferido por la
Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca, prestó sus servicios
como docente, así:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta Total
Ing. y Reing.
Sp Las
«03509D» 01/10/1989 31/12/2008 19 años y 3 meses
Américas
Florida (Val)
Continuidad
IE Las Decreto 760
01/03/2010 01/03/2010 9 meses
Américas 06/03/2009
Florida (Val)
Continuidad
IE Las Decreto 760
01/12/2010 31/11/2010 -22
Américas 06/03/2009
Florida (Val)
21 La vinculación se encontraba vigente en la fecha en la que se expidió el certificado.
22 La vinculación se encontraba vigente en la fecha en la que se expidió el certificado.
14
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01131-01 (6386-2024)
Demandante: Luz Marina Morales Ríos
33.11. La «asesora secretaria general» de la Unidad de Atención al Ciudadano del
Ministerio de Educación Nacional, señaló que «revisada la documentación que reposa
en los archivos [de la entidad] no se ha encontrado registro a nombre de la señora Luz
Marina Morales Ríos […] que indique que laboró para el Ministerio de Educación Nacional».
33.12. La Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca, en el
formato único para expedición de certificado de salarios, expedido el 12 de
diciembre de 2007, indicó que el tipo de vinculación era territorial, «subtipo:
departamental».
33.13. El 21 de septiembre de 2017 solicitó el reconocimiento de la pensión gracia el
cual fue negado a través de la Resolución RDP 000520 del 10 de enero de 2018.
La anterior decisión fue confirmada con la Resolución RDP 012067 del 6 de abril de
2018, que resolvió el recurso de apelación interpuesto.
2.4. Análisis sustancial
34. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al considerar que Luz Marina Morales Ríos no
había acreditado el tiempo de servicio exigido para el reconocimiento de la pensión
gracia, toda vez que, según los certificados aportados «tuvo una vinculación de
carácter NACIONAL y se le efectuaron pagos a través de los recursos provenientes del
situado fiscal hoy sistema general de participaciones». Así las cosas «se concluye que en
la vinculación de la hoy demandante intervino el respectivo fondo educativo regional (FER),
en virtud de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provienen de la
Nación, por lo tanto, su vinculación es de carácter NACIONAL»
35. Con el fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la sala deberá verificar
si la demandante acreditó los requisitos para acceder al reconocimiento de la
pensión gracia, para esos efectos, se verificará si: i) contaba con 50 años de edad;
ii) acreditó una experiencia anterior al 31 de diciembre de 1980 en una institución
educativa territorial o nacionalizada; iii) completó 20 años de servicio en una plaza
territorial o nacionalizada; y iv) ejerció la docencia con buena conducta.
36. Al respecto, se advierte que frente al requisito de la buena conducta no se realizó
reparo alguno, por lo que se encuentra acreditado. Asimismo, que Luz Marina
Morales Ríos contaba con más de 50 años de edad [nació el 14 de septiembre de
1955, por lo que cumplió con esa exigencia en el año 2005].
37. Ahora bien, en relación con la experiencia docente con vinculación territorial o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, se evidencia que la docente
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Radicado: 76001-23-33-000-2019-01131-01 (6386-2024)
Demandante: Luz Marina Morales Ríos
prestó sus servicios entre el 16 de octubre de 1973 y el 31 de diciembre de 1978 en
el municipio de Florida del departamento del Valle del Cauca.
38. Frente a esta vinculación en el expediente obra: i) Decreto 065 del 16 de octubre
de 1973, a través del cual el alcalde del municipio de Florida designó a la
demandante como maestra municipal; y ii) constancia expedida por la secretaria de
desarrollo institucional de la Alcaldía Municipal de Florida con la que se certificó que
el mencionado empleo lo ocupó en la Escuela Parroquial del Corregimiento de San
Antonio de los Caballeros entre el 16 de octubre de 1973 y el 31 de diciembre de
1978. El anterior material probatorio permite evidenciar que la demandante acreditó
el requisito de contar con una experiencia docente del orden territorial antes del 31
de diciembre de 1980, esto, porque en el acto de nombramiento y en la constancia
antes relacionada, se indicó de manera expresa que su designación se efectuó
como maestra municipal.
39. En cuanto a la exigencia de contar con 20 años de servicio como docente del
orden territorial o nacionalizado, en el sub judice se acreditó que la demandante se
había vinculado como docente con el departamento del Valle del Cauca,
inicialmente como «profesor – horas cátedra» y con posterioridad como docente
tiempo completo en propiedad.
40. En relación con las vinculaciones como profesora hora cátedra en el expediente
obra: i) certificado 25843 del 20 de agosto de 2003, según el cual prestó sus
servicios entre el 2 de agosto de 1990 y el 1° de junio de 1991, durante 10 meses;
ii) certificado que da cuenta que prestó sus servicios entre el 2 de octubre de 1989
y el 1° de julio de 1990 [durante 9 meses] y entre el 2 de agosto de 1990 y entre el
1° de junio de 1991 [durante 10 meses]; y iii) la Resolución 302 del 2 de agosto de
1990, por el cual el gobernador del departamento del Valle del Cauca la vinculó por
el «sistema hora-cátedra en la Secretaría de Educación Departamental – Fondo Educativo
Regional del Valle del Cauca» como docente en el área sociales.
41. Los anteriores documentos permiten concluir que dicha vinculación fue del orden
territorial, toda vez que fue efectuada por el gobernador del departamento, lo que
se encuentra en consonancia con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 111 de
1986, según el cual la autoridad nominadora para la vinculación por el sistema hora
cátedra, la ostentarían «los Jefes de la Administración Seccional con base en los estudios
de necesidades presentados a las Juntas Administradoras de los Fondos Educativos
Regionales». Así las cosas, dichos periodos son susceptibles de ser computados
para el reconocimiento de la prestación objeto de discusión en el sub judice.
42. Finalmente, Luz Marina Morales Ríos acreditó que fue designada como docente
tiempo completo en propiedad, a través del Decreto 2007 del 17 de septiembre de
16
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01131-01 (6386-2024)
Demandante: Luz Marina Morales Ríos
1993, empleo del cual tomó posesión el 27 de septiembre de esa anualidad, con
fecha de ingreso el 22 de ese mes y año, vinculación que se encontraba vigente el
29 de agosto de 201623. En relación con este al sub judice fue aportado: i) acto de
designación suscrito por el gobernador del departamento del Valle del Cauca; ii)
certificación expedida por la secretaria de educación del ente territorial, según la
cual la vinculación de la educadora fue del orden nacional; y iii) certificado de
salarios en el que se indicó que el tipo de vinculación era territorial, « subtipo:
departamental».
43. El anterior material probatorio, permite concluir que la vinculación que la
demandante ostentó desde el 22 de septiembre de 1993 era del orden territorial, en
tanto actuó como autoridad nominadora el gobernador del ente territorial y la
designación se efectuó en la «planta de cargos de los colegios nacionalizados». Ahora
bien, la sala no pasa por alto que en el Decreto 2007 del 17 de septiembre de 1993
se señaló que se expedía con ocasión de «la conversión de las horas-cátedras a 1.559
plazas de tiempo completo con cargo a la Nación», sin embargo, para efectos del
reconocimiento pretendido, «lo esencialmente relevante» es que se logre acreditar
que la plaza ocupada fuera del orden territorial o nacionalizada, en ese sentido se
pronunció esta Corporación en sentencia de unificación24:
«(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones;»
44. Así las cosas, si bien en los actos se señaló de manera expresa que la plaza que
Luz Marina Morales Ríos ocupó a partir de septiembre de 1993 sería financiada con
recursos de la Nación, lo cierto es que fue incorporada en una plaza nacionalizada,
por lo que dicha vinculación puede ser tenida en cuenta para efectos de verificar el
cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia.
45. De otra parte, la entidad sustentó el recurso de apelación en las certificaciones
según las cuales la vinculación de la docente era del orden nacional, sin embargo,
se precisa que, si bien al expediente fueron aportadas constancias en ese sentido,
23 De conformidad con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral con
consecutivo 4278 del 29 de agosto de 2016, proferido por la Secretaría de Educación del
departamento del Valle del Cauca.
24 Sentencia del 21 de junio de 2018, expediente con radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01
(3805-2014).
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Radicado: 76001-23-33-000-2019-01131-01 (6386-2024)
Demandante: Luz Marina Morales Ríos
lo cierto es que estas no eran suficientes para desvirtuar que la experiencia
acreditada por la educadora era de aquellas que pudieran ser computadas para el
reconocimiento de la pensión gracia, en tanto, en el asunto bajo estudio, es el
análisis de los actos administrativos de designación el que permite concluir sin lugar
a equivoco que la experiencia docente acreditada fue del orden territorial y
nacionalizada.
46. Se precisa que, si bien la Secretaría de Educación del departamento del Valle
del Cauca expidió formato único para la expedición de certificado de historia laboral
con consecutivo 4278 del 29 de agosto de 2016 [párrafo 41.10], en el que señaló
que la docente con ocasión del acto «03509D» tuvo una vinculación continúa entre
el 1° de octubre de 1989 y el 31 de diciembre de 2008, lo cierto es que los demás
documentos aportados permiten concluir que en el mencionado documento
contiene una imprecisión frente a este periodo. En ese sentido, se encuentran
certificaciones que dan cuenta que entre el 2 de octubre de 1989 y el 1° de junio de
1991, la demandante prestó sus servicios solo durante 1 año y 7 meses, esto es,
contrario a la constancia en mención, con interrupciones.
47. Adicionalmente, dentro de los argumentos expuestos por la entidad apelante,
cuestionó la naturaleza de la vinculación de la educadora, al considerar que,
contrario a lo concluido por el a quo, esta era del orden nacional porque en «la
vinculación de la hoy demandante intervino el respectivo fondo educativo regional (FER),
en virtud de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provienen de la
Nación, por lo tanto, su vinculación es de carácter NACIONAL». Aunado a lo anterior,
señaló que dicha designación se sufragó con los recursos del situado fiscal «en
ningún momento dejaron de ser recursos de la nación, por tratarse de una mera distribución
de los ingresos corrientes de la nación […] hacia los Fondos Educativos Regionales –
FER».
48. Se encuentra que los anteriores reproches no tienen vocación de prosperidad,
toda vez que, como lo precisó esta Corporación en sentencia de unificación25, «los
recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la
de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al
sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos
locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales». Así las cosas, el
hecho de que los salarios de la docente fueran sufragados con recursos del situado
fiscal no era suficiente para concluir que la naturaleza de plaza mutó a nacional, en
tanto, esos recursos le pertenecían a los entes territoriales.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018. Expediente con radicado
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Demandante: Luz Marina Morales Ríos
49. En consonancia, Luz Marina Morales Ríos acreditó el siguiente tiempo de servicio
computable para el reconocimiento de la pensión gracia: i) como docente municipal
entre el 16 de octubre de 1973 y el 31 de diciembre de 1978, durante 5 años, 2
meses y 15 días; ii) como profesora hora cátedra entre el 2 de octubre de 1989 y el
1° de julio de 1990 y entre el 2 de agosto de 1990 y el 1 de junio de 1991, durante
1 año y 7 meses; y iii) como docente nacionalizada entre el 22 de septiembre de
1993 y el 29 de agosto de 201626, durante 22 años, 11 meses y 8 días.
50. En suma, el 14 de septiembre de 2005 la demandante cumplió los 50 años de
edad27, solo adquirió el estatus pensional el 4 de agosto de 2006, cuando acreditó
los 20 años de servicio como docente con vinculaciones del orden territorial y
nacionalizado28. Por lo que se modificará la sentencia de primera instancia con el
fin de precisar la fecha del estatus pensional y se confirmará en lo demás la referida
decisión.
51. Así las cosas, se modificará el ordinal segundo de la sentencia de primera
instancia, con el fin de precisar que la Luz Marina Morales Ríos adquirió el estatus
pensional el 4 de agosto de 2006 y se confirmará en lo demás.
2.5. Costas
52. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
53. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
26 Fecha de expedición del formato único para la expedición de certificado de historia laboral con
consecutivo 4278, momento para el cual la vinculación se encontraba vigente.
27 Fecha para la cual contaba con 18 años, 9 meses y 8 días de servicio.
28 i) 5 años, 2 meses y 15 días como docente municipal entre el 16 de octubre de 1973 y el 31 de
diciembre de 1978 + ii) 1 año y 7 meses como profesora hora cátedra entre el 2 de octubre de 1989
y el 1° de julio de 1990 y entre el 2 de agosto de 1990 y el 1 de junio de 1991 + iii) 12 años, 10 meses
y 13 días como docente nacionalizada entre el 22 de septiembre de 1993 y el 4 de agosto de 2006.
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Demandante: Luz Marina Morales Ríos
54. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma29.
55. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
56. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
57. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Luz Marina Morales Ríos
acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, puesto que
contaba con más de 50 años de edad, experiencia como docente del orden territorial
antes del 31 de diciembre de 1980, 20 años de servicio como docente del orden
territorial y nacionalizado y ejerció la profesión con buena conducta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 12 de septiembre
de 2024, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:
«SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, que proceda a reconocer,
liquidar y pagar a LUZ MARINA MORALES RIOS, identificada con cédula de ciudadanía
No. 29.501.207, la pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del promedio de los
factores que devengó en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, esto
es 4 de agosto de 2006.
29En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
20
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Demandante: Luz Marina Morales Ríos
La prestación tendrá efectos fiscales a partir del 21 de septiembre de 2014, por haber
operado el fenómeno de la prescripción trienal.»
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 12 de septiembre de
2024, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
JMC
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