Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2019-01178-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2019-01178-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 76001-23-33-000-2019-01178-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
27 de enero de 2022
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01178-01
Demandantes: Willian Marmolejo Ramírez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01178-01
Demandantes: WILLIAN MARMOLEJO RAMÍREZ Y OTROS
Demandados: ÉDGAR ALEXÁNDER RUÍZ GARCÍA Y DIEGO PARRA
ZULUAGA- CONCEJALES DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA,
2020-2023.
Tema: Autonomía de los partidos políticos para elegir a sus propias
autoridades y postular candidatos – Competencia para
otorgar avales - Reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resover el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra el fallo del 5 de octubre de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda contra la elección
de los señores Édgar Alexánder Ruíz García y Diego Parra Zuluaga como
concejales del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, por el Partido de la U,
periodo 2020-2023.
I. ANTECEDENTES.
1. La demanda.
El 10 de noviembre de 2019, los señores Willian Marmolejo Ramírez, Gustavo
Adolfo Prado Cardona, Félix Noél Chaverra Cuesta y Jhon James Castro Castillo,
obrando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral,
establecido en el artículo 139 del CPACA, solicitaron:
PRIMERO. - Declarar la nulidad de la inscripción de las listas de candidatos
contenidas en los formularios E-8 CO, lista definitiva de candidatos al Concejo
Municipal de Yumbo del Departamento del Valle del Cauca, inscritas por el Partido
de Unidad Nacional Partido de la U., ante la Registradurfa Nacional del Estado
Civil delegación municipal de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca, para
elecciones llevadas a cabo el pasado veintisiete (27) de octubre del dos mil
diecinueve (2019), para la elección de los Concejales del Municipio de Yumbo,
Departamento del Valle del Cauca, para el periodo constitucional 2020 - 2023.
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Demandantes: Willian Marmolejo Ramírez y otros
SEGUNDO. - Como consecuencia de la anterior declaratoria de nulidad, declarar
la nulidad del acta de escrutinio o Formulario E-26 CO, acta del escrutinio general
de los votos depositados para el Concejo Municipal de Yumbo del Departamento
del Valle del Cauca, en las elecciones llevadas a cabo el pasado veintisiete (27)
de octubre del dos mil diecinueve (2019), para la elección de los Concejales al
Concejo Municipal de Yumbo del Departamento del Valle del Cauca, para el
periodo constitucional 2020 - 2023.
TERCERO. - Como consecuencia de las anteriores declaratorias de nulidad,
declarar la nulidad del acta expedida por la comisión escrutadora del
Departamento del Valle del Cauca, correspondiente a la declaratoria de elección
de los concejales del Municipio de Yumbo del Departamento del Valle del Cauca,
en las elecciones llevadas a cabo el pasado veintisiete (27) de octubre del dos mil
diecinueve (2019), para el periodo constitucional 2020 - 2023.
CUARTO. - Como consecuencia de las anteriores declaratorias de nulidades, se
declare la nulidad y cancelación de las credenciales expedidas por la comisión
escrutadora de Yumbo - Departamento del Valle del Cauca, a las siguientes
personas declaradas electas como Concejo Municipal de Yumbo del
Departamento del Valle del Cauca, para el periodo constitucional 2020 - 2023:
• Édgar Alexander Ruiz Garcia.
• Diego Parra Zuluaga.
QUINTO. - Como consecuencia de las anteriores declaratorias de nulidades, se
excluya del escrutinio consignado en el:
• Formulario E - 26 CON, o consolidado municipal
Los votos depositados por la lista y candidatos inscritos por el Partido de Unidad
Nacional Partido de la U., en las elecciones llevadas a cabo el pasado veintisiete
(27) de octubre del dos mil diecinueve (2019), correspondiente al Concejo
Municipal de Yumbo del Departamento del Valle del Cauca.
SEXTO. - Como consecuencia de las anteriores declaratorias de nulidad, se
adelante el escrutinio correspondiente, se declare la elección de los candidatos
electos y se ordene expedir las credenciales respectivas.
1.1. Hechos.
Como sustento de sus pretensiones, los demandantes reseñaron los siguientes
hechos relevantes:
Afirmaron que, de conformidad con los estatutos del Partido de Unidad Nacional-
Partido de la U, su director único es a la vez el presidente de la Dirección
Nacional y su representante legal.
Destacaron que en la asamblea nacional ordinaria de la colectividad, celebrada el
20 de octubre de 2017, se eligió al señor Aurelio Iragorri Valencia como director
único, quien mediante la Resolución No. 024 del 15 de noviembre de 2017
designó al señor Álvaro Echeverry Londoño como secretario general y le delegó la
representación legal.
Precisaron que, a través de la Resolución No. 2954 del 29 de noviembre de 2017,
el Consejo Nacional Electoral registró la designación de ambas autoridades de la
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agrupación política, a solicitud de parte, para efectos de su correspondiente
acreditación y reconocimiento.
Mencionaron que, en la Resolución No. 14778 del 11 de octubre de 2018, la
Registraduría Nacional del Estado Civil estableció el calendario para las
elecciones locales del 27 de octubre de 2019, fijando como plazo para postular
candidatos y listas del 27 de junio al 27 de julio del mismo año.
Relataron que el 14 de junio de 2019, el señor Álvaro Echeverry Londoño,
obrando como secretario general y representante legal de la colectividad, otorgó
poder especial al señor Jorge Eliécer Tamayo Marulanda para avalar la
inscripción de candidatos a tales comicios, en general, en la circunscripción del
Valle del Cauca.
Agregaron que, en virtud de lo anterior, el 19 de julio de 2019, el referido
apoderado concedió el aval del Partido de la U a la lista de aspirantes a integrar el
Concejo Municipal de Yumbo, la cual se inscribió bajo la modalidad de voto
preferente en el formulario E-6 CO de la misma fecha.
Señalaron que, una vez concluida la oportunidad para modificar la postulación de
candidatos por su renuncia o no aceptación, se expidió el formulario E-8 del 3 de
agosto de 2019 con lista definitiva para tal corporación, conformada así:
LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS INSCRITOS
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL- PARTIDO DE LA U
Valle del Cauca Yumbo Voto preferente
# Nombre Apellidos
1 Édgar Alexánder Ruíz García
2 Diego Parra Zuluaga
3 Carlos Alberto Tabares Sánchez
4 Nhora Gómez Vergara
5 Julio César Burbano Gaviria
6 Melanny Yulieth Villa Mellizo
7 Albeiro Acosta Ramírez
8 Cenaida Yepes Valencia
9 William Bravo Pabón
10 John Jairo España Ordóñez
11 Willi Jackson Caidedo Rivas
12 María Aydee Henao Muñoz
13 Rosalba Velásquez Cardona
14 Marco Fidel Suárez Arciniegas
15 Luis Alberto González Wilches
Finalizaron su narración, especificando que el 27 de octubre de 2019 se llevaron a
cabo los comicios y, luego de adelantar el escrutinio de votos, se declaró el
resultado de la elección de los concejales de Yumbo- Valle del Cauca, periodo
2020-2023, mediante el formulario E-26 CON del 8 de noviembre de 2019, en el
que se detalló que la anterior lista de candidatos alcanzó un acumulado de 7.744
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sufragios válidos, que le significó obtener 2 de las 15 curules en disputa,
correspondientes a los demandados, así:
PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO CANDIDATO
Partido Liberal Colombiano Alexánder Bejarano Duque
Partido Liberal Colombiano Daisy Narcisa Mancilla Angulo
Partido Liberal Colombiano Arturo Domínguez Lozada
Partido Conservador Colombiano Gustavo Adolfo Cano Joven
Partido Alianza Verde William Henao García
Partido Alianza Social Independiente- ASI Oscar Eduardo Uribe Muñoz
Partido Alianza Social Independiente- ASI Andrés Eduardo Cruz Ramos
Partido Alianza Social Independiente- ASI Giovanny Escobar Castro
Partido Social de Unidad Nacional- Partido Édgar Alexánder Ruíz García
de la U
Partido Social de Unidad Nacional- Partido Diego Parra Zuluaga
de la U
Movimiento Alternativo Indígena y Social William Jaramillo Bejarano
G.S.C. Juntos por Yumbo Horacio Castillo Pabón
G.S.C. Juntos por Yumbo Ángel Darío Jiménez Cobo
Coalición Partido Centro Democrático- Carlos Arturo Villa Luna
Partido MIRA
Coalición Avancemos hacia la Unidad y la Fernando David Murgueitio Cárdenas1
Restauración de Yumbo
1.2. Normas violadas y concepto de la violación.
La parte actora adujo la violación de las disposiciones jurídicas que se relacionan
a continuación:
• Constitución Política: Artículos 1, 2, 4, 40.1 y 108.
• Ley 130 de 1994: Artículos 7 y 9.
• Ley 1564 de 2012- CGP: Artículo 75.
• Decreto 196 de 1971: Artículo 22.
• Reglamento 01 de 2003 del CNE: Artículos 2 y 3.
• Estatutos del Partido de la U: Artículos 28.a y 29.
Con base en la transcripción de los apartes pertinentes de estos preceptos, así
como de las sentencias SU-039 de 19972, C-197 de 19993, sobre la eficacia
directa y aplicación inmediata de los derechos fundamentales, C-1081 de 20054 y
C-490 de 20115, sobre la fuerza vinculante de los estatutos de los partidos
políticos en el Estado Social de Derecho, los demandantes sostuvieron que el
1
Obtuvo su curul en virtud del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, al haber obtenido la segunda
mayor votación en la elección de alcalde del municipio de Yumbo- Valle del cauca
2
Corte Constitucional. Sentencia SU-039 del 3 de febrero de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell
3
Corte Constitucional. Sentencia C-197 del 7 de abril de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
4
Corte Costitucional. Sentencia C-490 del 24 de octubre de 2011, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
5
Corte Constitucional. Sentencia C-490 del 23 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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acto de elección impugnado se encuentra viciado de nulidad por la causal
genérica de infracción de las normas en que debían fundarse y la especial de
incumplimiento de los requisitos de elegibilidad.
En este sentido, formularon como acusación principal en su contra que el aval que
acompañó la inscripción de la lista de candidatos del Partido de la U al Concejo
Municipal de Yumbo - Valle del Cauca, periodo 2020-2023, fue expedido sin
competencia por parte del señor Álvaro Echeverry Londoño, a través de su
apoderado, el señor Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, en virtud de un poder
especial que le otorgó para tal efecto, invocando la condición de representante
legal de la colectividad que, en criterio de ellos, no tenía ni podía ostentar para
entonces, al estar radicada en cabeza del señor Aurelio Iragorri Valencia, como su
director único. Al respecto, alegaron que:
(i) La Resolución No. 2954 del 29 de noviembre de 2017 «Por medio de la cual se
registra al doctor AURELIO IRAGORRI VALENCIA, como Director Único y al
doctor ÁLVARO ECHEVERRY LONDOÑO, como Representante Legal y
Secretario General del Partido Social de Unidad nacional, Partido de la U», debe
ser inaplicada por vía de excepción de inconstitucionalidad, en la medida en que
desconoció que, por mandato del artículo 108 superior, la legitimación para avalar
la inscripción de candidatos a cargos de elección popular recae en «(…) el
representante legal del partido o movimiento político o por quien él delegue»,
calidad que, según su interpretación del artículo 29 de sus estatutos, se predica
excusivamente de su director único, quien no estaba facultado para delegarla en
el secretario general, como lo registró el CNE.
(ii) El poder especial que le dio el señor Álvaro Echeverry Londoño al señor Jorge
Eliécer Tamayo Marulanda para conceder avales del Partido de la U en las
elecciones del municipio de Yumbo- Valle del Cauca, periodo 2020-2023, no tiene
validez, en cuanto reiteraron que el primero no obraba como su representante
legal,mienras que el segundo no se identificó como abogado ni exhibió su tarjeta
profesional como tal, lo que en su entender era necesario para el
perfeccionamiento del mandato que recibió, de confomidad con el artículo 77 del
CGP, en concordancia con el artículo 22 del Decreto 196 de 1971.
En este orden, los actores concluyeron que la lista definitiva de candidatos del
partido de la U al Concejo Municipal de Yumbo, contenida en el formulario E-8 CO
del 3 de agosto de 2019, es ilegal por no haber sido avalada por ningún partido o
movimiento político, requisito material de inscripción que no se cumplió al
diligenciar el correspondiente formulario E-6, y, en consecuencia, los votos
obtenidos por quienes la integraron son nulos y deben ser excluidos del escrutinio
final, por lo que la elección de los señores Édgar Alexánder Ruíz García y Diego
Parra Zuluaga debe ser declarada nula.
2. Trámite de la demanda.
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Mediante auto del 15 de enero de 2020, el magistrado sustanciador del proceso
admitió la demanda en contra de ambos concejales, por encontrar satisfechos los
requisitos formales establecidos en los artículos 162, 163, 164 y 166 del CPACA,
y dispuso darle el trámite previsto en el artículo 277 ejusdem. Surtido el traslado
para su contestación, ellos se pronunciaron oportunamente a través del mismo
apoderado, como también lo hizo Partido Social de Unidad Nacional, en el sentido
de oponerse a la prosperidad de las pretensiones por estimar, en síntesis, que:
(i) La causal de nulidad que la parte actora atribuye a los actos impugnados por
infracción de normas superiores resulta infundada, teniendo en cuenta que, de
acuerdo con el artículo 108 de la Constitución Política, en concordancia con el
artículo 9 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 29 de los estatutos de la referida
colectividad, la función de avalar candidaturas a cargos de elección popular está
en cabeza del representante legal de los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica, quien está autorizado para delegarla.
En tal virtud, sostuvieron que el señor Álvaro Echeverry Londoño, obrando como
secretario general y representante legal del Partido de la U por delegación
expresa de su director único, el señor Aurelio Iragorri Valencia, tal como fue
registrado por el CNE en la Resolución No. 2594 de 2017, y de conformidad con
el artículo 13 de la Resolución No. 012 del 11 de febrero de 20196, otorgó poder
especial al señor Jorge Eliécer Tamayo Marulanda para conceder avales en las
elecciones del municipio de Yumbo, periodo 2020-2023, quien se desempeñaba
como presidente del Directorio Departamental del Valle del Cauca y representante
a la Cámara por esa circunscripción territorial.
(ii) La Resolución No. 2594 del 29 de noviembre de 2017 se encuentra en firme y
produciendo efectos porque está revestida de la presunción de legalidad del
artículo 88 del CPACA, amén que no fue impugnada en sede administrativa ante
la autoridad electoral ni se vislumbra contradicción alguna entre su contenido y la
Constitución Política, menos aun, con su artículo 40.1 como alegan los
demandantes, en cuanto en aquella el CNE se limita a cumplir con su función de
llevar el registro de las autoridades de las agrupaciones políticas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 130 de 1994, modificado por los
artículos 3 y 8 de la Ley 1475 de 2011.
(iii) El referido contrato de mandato, celebrado entre el señor Álvaro Eheverry
Londoño y el señor Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, como su apoderado,
cumplió con los requisitos legales para su perfeccionamiento, según lo
establecido en los artículos 2142 y ss. del Código Civil, sin que le fueran exigibles
además los señalados en el artículo 77 del CGP, como lo entendieron los
accionantes, norma que no le es oponible en la medida en que su ámbito de
6
Por la cual se reglamenta el otorgamiento de avales a quienes aspiren a participar en los
comicios territoriales a realizarse el día 27 de octubre de 2019 bajo la cobertura del Partido Social
de Unidad Nacional – Partido de la U y se dictan otras disposiciones.
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Demandantes: Willian Marmolejo Ramírez y otros
aplicación se restringe a las actuaciones judiciales, mas no a las administrativas,
al regular específicamente el poder para litigar.
(iv) Por último, la parte actora coincidió en destacar que la jurisprudencia de esta
corporación en casos similares al actual, específicamente en las sentencias del 14
de marzo7 y 30 de mayo de 20198 dictadas en el marco de los procesos de
nulidad electoral contra los senadores Fabio Raúl Amín Salame y Horacio José
Serpa Moncada, respectivamente, periodo 2018-2022, ha concluido que los actos
de designación de los directivos de los partidos y movimientos políticos se rige
autónomamente por sus estatutos con carácter obligatorio, según el artículo 9 de
la Ley 1475 de 2011 y son impugnables ante el CNE sin que sean pasibles de
control inmediato por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que no
obsta para que la correspondiente decisión de la autoridad electoral pueda ser
revisada en sede judicial. Por tanto, las autoridades debidamente registradas
mantienen su investidura mientras no sea impugnada su elección.
Por otra parte, tanto los señores Édgar Alexánder Ruíz García y Diego Parra
Zuluaga, como el Partido de la U, propusieron la excepción previa de inepta
demanda, por lo que calificaron como falta de conexidad entre los hechos,
pretensiones, normas vulneradas y el concepto de la violación, puesto que
consideraron que los demandantes utilizaron el presente medio de control para
controvertir la validez de la Resolución No. 2954 de 2017 sin haberla impugnado
ante el CNE y desconociendo los estautos de la colectividad, la cual fue declarada
como no probada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por auto del
10 de julio de 2020.
2.1. Trámite de sentencia anticipada.
Encontrándose el proceso dentro de la oportunidad legal para fijar fecha y hora
para celebrar la audiencia inicial, en providencia del 11 de agosto de 2020, se
dispuso dar aplicación a la figura de la sentencia anticipada, luego de tener como
medios de convicción los allegados por las partes y negar los solicitados por el
extremo pasivo, ordenando entonces correr traslado para formular por escrito los
alegatos de conclusión y para que el agente del Ministerio Público rindiera su
concepto.
En este orden, mediante sendos memoriales del 25 de agosto de 2020, los
demandados presentaron sus alegaciones de forma oportuna a fin de reiterar los
argumentos expuestos en sus respectivos escritos de contestación del libelo
inicial, mentras que el procurador 18 judicial II Administrativo intervino para
solicitar que se nieguen las pretesiones porque «No están dadas las condiciones
fácticas ni jurídicas para que se declare la nulidad de la elección» acusada, al
7
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 14 de marzo de 2019;; Exp. 11001-03-28-000-
2018-00091-00 (AC), M.P. Rocío Araújo Oñate
8
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 30 de mayo de 2019, Exp. 11001-03-28-000-
2018-00603-00 (AC), M.P. Rocío Araújo Oñate
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-01178-01
Demandantes: Willian Marmolejo Ramírez y otros
estimar que el aval que se controvierte fue expedido por quien tenía competencia
para tal efecto, el señor Álvaro Echeverry Londoño, quien podía hacerlo
directamente o a través de apoderado, en su calidad de representante legal del
Partido de la U, debidamente registrado ante el CNE por la Resolución No. 2954
de 2017, cuya legalidad está incólume.
3. El fallo apelado.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 5 de octubre de
2020, resolvió:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda conforme a la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Lo anterior, luego de interpretar la demanda para precisar que sus pretensiones
se fundamentan en la causal especial de nulidad del artículo 275.5 del CPACA, de
carácter subjetivo, teniendo en cuenta que impugnaron la legalidad de la elección
de los concejales del municipio de Yumbo, periodo 2020-2023, por el Partido
Social de Unidad Nacional, alegando que la lista correspondiente fue inscrita con
un aval concedido irregularmente por quien carecía de competencia para tal
efecto, por lo que los demandados presuntamente incumplieron con este requisito
de elegibilidad.
En este sentido, el a quo empezó por reseñar el régimen general de los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica, con énfasis en su autonomía para
regirse por sus propias normas y autoridades, de conformidad con lo dispuesto los
artículos 107 y 108 de la Constitución, reformados por los actos legislativos 01 de
2003 y 01 de 2009 y desarrollados por las leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011,
controladas a su vez por la Corte Constitucional en las sentencias C-089 de 1994
y C-490 de 2011, respectivamente, en relación con sus límites, a fin de destacar
que:
(…) de acuerdo con los Estatutos de los partidos o movimientos políticos, en
consonancia con lo establecido en los artículos 107 y 108 Constitucional y 9 de la
Ley 130 de 1994, en los partidos o movimientos políticos con personería jurídica,
quien otorga los avales es su representante legal o su delegado- debidamente
registrados por el Consejo Nacional Electoral-, para la postulación de candidatos a
cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno.
Posteriormente, el tribunal abordó el estudio de las figuras de la delegación
administrativa, contemplada en el artículo 211 superior y reglada en la Ley 489 de
1998, y el mandato, definido y desarrollado en los artículos 2142 y ss. del Código
Civil, para identificar comparativamente sus similutudes y diferencias, a efectos de
establecer el alcance de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 108 de la
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Demandantes: Willian Marmolejo Ramírez y otros
Constitución9, para señalar que en ese contexto «delegar» implica dar un poder a
alguien porque:
(…) en el derecho público la delegación se materializa a través del respectivo acto
administrativo, bajo los términos de la Ley 489 de 1998, en tanto en el derecho
privado la acción de “delegar” se cristaliza a través del contrato de mandato, debido a
que es mediante este negocio jurídico que se permite que los particulares entreguen a
otro el curso de las acciones, funciones y/o responsabilidades que están a su cargo,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 2142 del Código Civil.
Con base en las anteriores consideraciones, se adentró en el estudio del caso
concreto para concluir que:
(i) La Resolución No. 024 del 15 de noviembre de 2017, por la cual el señor
Aurelio Iragorri Valencia, obrando como director único del Partido de la U, designó
al señor Álvaro Echeverry Londoño como secretario general y le delegó la
representación legal según lo previsto en los artículos 29 (sobre la Dirección
Nacional), 34, literales g y v (sobre las funciones y deberes del director único), y
35.g (sobre el secretario general) de sus estatutos generales.
(ii) La Resolución No. 2954 del 29 de noviembre de 2017, en la que el CNE
registró al señor Aurelio Iragorri Valencia como director único y al señor Álvaro
Echeverry Londoño como secretario general y representante legal de la
colectividad se encuentra en armonía con lo dispuesto sobre la inscripción y
registro de directivas de las agrupaciones políticas en el artículo 108 de la
Constitución Política y los artículos 7 de la Ley 136 de 1994 y 9 de la Ley 1475 de
2011, sin que fuera impugnada su legalidad en sede administrativa.
(iii) El poder especial que le otorgó el señor Álvaro Echeverry Londoño al señor
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, para conceder avales del Partido de la U en las
elecciones del municipio de Yumbo - Valle del Cauca, periodo 2020-2023,
obedeció a lo establecido en la Resolución No. 12 del 11 de febrero de 2019,
proferida por el señor Aurelio Iragorri Valencia para reglamentar la entrega de
avales a los aspirantes a participar en las elecciones de autoridades locales del
27 de octubre del mismo año, en particular, en sus artículos 4 (sobre la radicación
de solicitudes), 13 (sobre los avales para aspirantes a Concejos Municipales y
Juntas Administradoras locales) y 16 (sobre la elaboración de avales e inscripción
de candidaturas). A su vez, expuso que dicho poder no requería observar lo
prescrito en el artículo 77 del CGP por tratarse de un contrato de mandato que no
implicó el ejercicio del derecho de postulación para actuar en un proceso judicial.
Así las cosas, el a quo concluyó que los demandados cumplieron con el requisito
de estar avalados por un partido o movimiento político con personería jurídica, al
9
«Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica podrán inscribir candidatos a
elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el representante
legal del partido o movimiento o por quien él delegue».
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Demandantes: Willian Marmolejo Ramírez y otros
momento de la inscripción de su candidatura, por el sistema de lista con voto
preferente, para la elección de concejales de Yumbo, Valle del Cauca, en cuanto:
De conformidad con lo expuesto, es evidente que, acorde con los estatutos del
Partido de la U, el Dr. Aurelio Irragori Valencia es el director único y representante
legal de ese partido, pero delegó dicha facultad en el secretario general, el Dr.
Álvaro Echeverry Londoño, y éste, a su vez otorgó poder especial, en el señor
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, para la emisión de avales e inscripción de
candidaturas, quien finalmente otorgó el aval a los señores Édgar Alexander Ruíz
García y Diego Parra Zuluaga como aspirantes al Concejo de Yumbo, para el
periodo constitucional 2020-2023, aspecto soportado en los estatutos.
4. El recurso de apelación
Los demandantes, mediante escrito allegado por vía de correo electrónico del 16
de octubre de 2020, interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión,
con base en dos líneas de argumentación principales:
4.1. Sostuvieron que su reproche no se centra en la elección del señor Aurelio
Iragorri Valencia como director único del Partido de la U en la asamblea nacional
ordinaria del 20 de octubre de 2017, ni tampoco en la designación del señor
Álvaro Echeverry Londoño como secretario general mediante la Resolución No.
024 del 15 de noviembre de 2017, sino en el registro de este último como
representante legal de la colectividad, según la Resolución No. 2954 del 29 de
noviembre del 2017, expedida por el CNE, cuando de conformidad con el artículo
29 de los estautos esa condición se encuentra en cabeza del director único quien
puede delegarla, como en efecto lo hizo, sin que por ello pierda su titularidad. En
este sentido, precisaron:
Discutimos el acto administrativo expedido por el Consejo Nacional Electoral, esto
es la Resolución No. 2954 del veintinueve (29) de noviembre del dos mil diecisiete
(2017), en la cual se ordena el Registro del Dr. ALVARO ECHEVERRY
LONDOÑO, como Representante Legal del Partido de la U., cuando el presidente
del Partido de la U, solo delegó la Representación Legal del Partido.
Al respecto, agregaron que la Resolución No. 2954 de 2017 resulta enjuiciable en
sede de nulidad electoral, por cuanto, en su criterio: (i) el otorgamiento de avales
para la inscripción de candidatos a cargos de elección popular es una función
pública, según la sentencia del 13 de agosto de 2009 de esta Sección10;; (ii) no
estaban legitimados para impugnarla ante el CNE porque el artículo 9 de la Ley
1475 de 2011 restringió esa posibilidad a «Cualquier delegado al congreso o
convención del partido (…)», condición que ninguno de ellos ostentaba;; (iii) no ha
operado el fenómeno de la caducidad para demandarla, teniendo en cuenta que
el término señalado en el artículo 164, numeral 2, literal a) del CPACA para tal
efecto aun no ha empezado a correr, en la medida en que aquella no fue
publicada en el Diario Oficial, en los términos del artículo 65 ejusdem y, por tanto,
10
Consejo de estado. Sección Quinta. Sentencia del 13 de agosto de 2009, Exp. 11001-03-28-
000-2006-00011-00, M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
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Demandantes: Willian Marmolejo Ramírez y otros
no se encuentra en firme, de conformidad con los artículos 87 y 89 de la misma
normativa.
4.2. Por otra parte, los apelantes censuraron el poder otorgado al señor Jorge
Eliécer Tamayo Marulanda para conceder avales e inscribir candidatos por el
Partido de la U en las elecciones de autoridades locales del municipio de Yumbo,
Valle del Cauca, en razón a que, con base en el referido fallo, esa función es de
naturaleza pública y está al servicio del interés general para materializar los fines
democráticos del Estado, por lo que se rige por el derecho administrativo a las
voces del artículo 2 del CPACA y, en tal virtud: (i) se encuentra sometida a la
delegación admistrativa, consagrada en los artículos 209 y 211 superiores y
reglada en la Ley 489 de 1998, que en su artículo 11, numeral 2 dispone que no
se pueden delegar las funciones recibidas en virtud de delegación, como lo hizo el
señor Álvaro Echeverry Londoño, quien obraba como representante legal
delegado de esa colectividad;; (ii) no existe norma constitucional, legal o
reglamentaria que autorice a dar poder para expedir avales, de modo tal que está
prohibido celebrar contratos de mandato con tal objeto;; (iii) se debe distinguir
entre el otorgamiento de aquellos y su elaboración y suscripción, correspondiendo
lo primero únicamente al representante legal o su delegado, pues «(…) según el
inciso tercero del artículo 108 de la Constitución Política, fue necesario instituir el
otorgamiento del mismo en una sola persona (representante legal o su delegado)
de manera privativa y restringida, en aras de poder ejercer control concentrado
sobre este procedimiento».
Por lo anterior, la parte actora solicitó revocar el fallo impugnado y, en
consecuencia, conceder las pretensiones de la demanda.
5. Trámite del recurso de apelación
A través de auto del 21 de octubre de 2020, el magistrado sustanciador del
proceso en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concedió el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 5 de octubre del
mismo, que denegó las pretensiones de la demanda, al encontrar que se presentó
de forma motivada y oportuna, esto es, dentro el plazo de 5 días previsto en el
artículo 292 del CPACA.
El 16 de noviembre de 2021, la Secretaría de esa corporación certificó que, a
petición de aquel despacho, se constató que no obraba constancia del envío del
expediente al Consejo de Estado para que se surtiera el recurso de alzada y, en
consecuencia, se procedió a remitirlo enseguida.
El 18 de noviembre de 2021, la Secretaría de esta Sección realizó el reparto
virtual de la demanda, recibida en segunda instancia, correspondiendo su
conocimiento al magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, quien por auto del día
siguiente admitió la impugnación y ordenó correr los traslados procedentes, de
conformidad con el artículo 293 de la Ley 1437 de 2011.
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Estando en trámite las notificaciones de dicha providencia, se recibió el Oficio
PSD-CE-No. 2021-11-17 del 26 de noviembre de 2021, por el cual la procuradora
séptima delegada ante esta Corporación manifestó su impedimiento para actuar
en el proceso, al haber suscrito la Resolución No. 2954 de 2017 en calidad de
presidente del CNE, invocando la causal del artículo 130, numeral 1 del CPACA,
el cual ingresó al despacho para ser resuelto el 14 de diciembre de 2021. Al día
siguiente, la Sala Electoral lo declaró infundado, mediante auto del 15 de
diciembre de 2021, por cuanto aquel acto administrativo no es el enjuiciado.
Dentro del término de traslado para presentar los alegatos de conclusión, se
pronunciaron los señores Édgar Alexánder Ruíz García y Diego Parra Zuluaga, a
través del mismo apoderado, en escritos separados del 24 de noviembre de 2021,
así como el Partido de la U, por memorial del día siguiente, todos ellos en el
sentido de oponerse a la prosperidad de los cargos de la apelación en defensa de
la legalidad de la elección de los concejales de Yumbo, con base en las razones
de hecho y derecho que sostuvieron en sus respectivas contestaciones de la
demanda, lo mismo que en las expuestas por el a quo en la sentecia impugnada.
6. Concepto del Ministerio Público
Mediante Concepto No. 2022-01-NE-012 del 25 de enero de 2022, la procuradora
séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó:
CONFIRMAR la sentencia del 5 de octubre de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en la que NEGÓ las pretensiones de la
demanda que buscaba la nulidad del acto de elección de EDGAR ALEXÁNDER
RUÍZ GARCÍA y DIEGO PARRA ZULUAGA como concejales del municipio de
Yumbo – Valle del Cauca – para el periodo constitucional 2020 – 2023.
Lo anterior, luego de estimar que se encuentra demostrado que el acto de
inscripción del señor Álvaro Echeverry Londoño, como secretario general y
representante legal del Partido de la U, formalizado mediante la Resolución 2954
del 29 de noviembre de 2017, expedida por el CNE, cumplió con los requisitos de
ley por estar estar en consonancia con la Resolución No. 024 del 15 de noviembre
de 2017, por la cual su director único, el señor Aurelio Iragorri Valencia, lo designó
como tal.
En consecuencia, enfatizó que aquel ostentaba la competencia para conceder
avales, directamente o a través de apoderado, para la inscripción de candidatos a
los diferentes cargos de elección popular en los comicios de autoridades locales
del 27 de octubre de 2019 para el periodo 2020 – 2023, como efectivamente lo
hizo al entregarle un mandato especial para tal efecto al señor Jorge Eliécer
Tamayo Marulanda, dentro del ámbito territorial del Valle del Cauca, en su
condición de representante a la Cámara por dicha circunscripción departamental,
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 12 del 11 de febrero de 2019
del Partido de la U.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152, numeral 8 del
CPACA y en el artículo 13, numeral 7º del Acuerdo 080 de 2019, proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer, en
segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso en
curso.
2. Problema jurídico
Corresponde a esta Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 5 de octubre de 2020, proferida por el a quo, que denegó las pretensiones de
la presente demanda de nulidad electoral.
Para tal efecto, se deberá resolver el siguiente problema jurídico, de conformidad
con los argumentos que sustentan el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora, los alegatos de la parte demandada y el concepto del Ministerio Público:
¿La elección de los señores Édgar Alexánder Ruíz García y Diego Parra Zuluaga
como concejales del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, por el Partido de la U,
periodo 2020-2023, se encuentra viciada de nulidad por no reunir los requisitos de
elegibilidad, a las voces del artículo 275.5 del CPACA, en cuanto presuntamente
el aval a la inscripción de la lista de candidatos que ellos integraron fue otorgado
por quien no tenía competencia para hacerlo?
Lo anterior, teniendo en cuenta que, a juicio de los impugnantes: (i) la Resolución
No. 2954 del 29 de noviembre del 2017 del CNE es inconstitucional, porque
registró al señor Álvaro Echeverry Londoño como representante legal de esa
agrupación política, cuando tal condición la ostentaba privativamente el señor
Aurelio Iragorri Valencia, como su director único, quien solo la delegó en el
secretario general de conformidad con los estatutos; y (ii) el poder dado al señor
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda para conceder avales e inscribir candidatos en
las elecciones de autoridades locales del municipio de Yumbo es nulo porque
recae sobre una función pública que solo puede ser objeto de delegación dentro
de los límites fijados en la Ley 489 de 1998, que prohíbe la doble delegación, mas
no de mandato al no estar expresamente autorizado en ninguna norma.
Así entonces, con el fin de emitir un pronunciamiento de fondo, se analizará: (i) el
sistema de partidos y su autonomía;; (ii) el aval como requisito formal de
inscripción de candidatos a cargos de elección popular;; finalmente (iii) el estudio
del caso concreto.
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3. El sistema de partidos en la Constitución Política: Apertura democrática
con autonomía.
Uno de los propósitos fundamentales del Constituyente de 1991 consistió en
sentar las bases dentro del régimen político para su apertura democrática,
despejando los canales de representación, especialmente a nivel territorial, y
garantizando el principio pluralista en la conformación y ejercicio del poder
público. Para tales efectos, elevó a derecho fundamental la prerrogativa de fundar
y pertenercer libremente a partidos, movimientos o agrupaciones políticas
(artículos 40 y 107) y le otorgó rango superior aquellas colectividades como
unidad básica del recién creado Estado Democrático con vocación participativa,
reguladas en la ley Estatutaria 130 de 1994.
En ese orden, introdujo nuevas reglas de acceso al poder político en la contienda
electoral, especialmente para elegir al Congreso de la República, dirigidas a
desmontar el sistema bipartidista que había dominado el escenario nacional
durante todo el siglo XX, el cual se exacerbó desde el periodo del Frente
Nacional (1958-1975), minando la confianza de la ciudadanía en los partidos
tradicionales, lo cual trajo consigo una crisis de legitimidad de las instituciones y
autoridades con el consecuente aumento de la violencia política.
Sin embargo, el resultado de tales modificaciones fue más allá de lo esperado,
teniendo en cuenta que si bien se favoreció la irrupción de nuevas fuerzas y
políticas y sociales, varias de estas fueron principalmente de tipo personalista,
sin identidad ideológica, plataforma programática, vocación de permanencia ni
disciplina y democracia interna, con fines predominantemente electorales y
clientelistas, de modo tal que se produjo una excesiva fragmentación del sistema
de partidos.
Por lo anterior, fue menester introducir una reforma política que se materializó en
el Acto Legislativo 01 de 200311, expedido con el objeto de organizar y vigorizar el
sistema de partidos, a través del aumento de los requisitos para su conformación
y representación, en particular, por el establecimiento de un umbral (2%) de la
votación válida obtenida en una u otra Cámara) que rige tanto para para obtener
y mantener la personería jurídica como para acceder a los escaños del Congreso;;
también se introdujo el método d´Hondt para repartirlos, se impuso la restricción
de presentar listas únicas para cada circunscripción con hasta tantos candidatos
como curules por proveer, se impuso la prohibición de doble militancia y se
adoptó el voto preferente, como medida para promover el surgimiento de nuevos
liderazgos.
Si bien estas medidas produjeron el resultado deseado de reducir la atomización
política preexistente y la consecuente complejidad del sistema electoral, por otra
parte, tuvieron como efectos colaterales el aumento en la inequidad entre
11
Controlado por la Corte Constitucional en la sentencia C-088 del 3 de noviembre de 1994, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
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partidos grandes y pequeños, el debilitamiento de la oposición, así como la
infiltración de las agrupaciones políticas por los denominados caciques
regionales12 y poderes privados, incluidos diversos actores ilegales, por vía de la
financiación privada de las campañas y el proselitismo armado.
En consecuencia, fue preciso promover una nueva revisión constitucional que se
concretó en el Acto Legislativo 01 de 200913, desarrollado por la Ley 1475 de
2011, el cual sentó las bases para el régimen disciplinario de los partidos
políticos, adoptó medidas en materia de financiación pública y transparencia de
las campañas, permitió las consultas interpardistas para escoger candidatos de
coalición, estableció los efectos del voto en blanco y aumentó el umbral para
obtener y conservar la pesonería jurídica de las agrupaciones políticas al 3% de
los votos válidos emitidos en las elecciones al Senado de la República o la
Cámara de Representantes.
Así las cosas, a tres décadas de la entrada en vigencia de la actual Constitución
Política, se observa una tendencia generalizada hacia el fortalecimiento y
consolidación de los partidos políticos como canales para introducir en la toma de
decisiones del sistema burocrático las necesidades, intereses y expectativas de la
sociedad civil y, en ese sentido, pugnan por su institucionalización como célula
básica del sistema electoral con identidad ideológica, plataforma programática y
apoyo popular suficientes para garantizar su permanencia en el tiempo por
encima de la tradición personalista que caracteriza nuestra cultura democrática.
En ese sentido, el respeto y garantía de su autonomía ha sido la piedra angular
de toda la regulación reseñada sobre su organización y funcionamiento, la cual se
manifiesta en la obligatoriedad de sus estatutos, que les permite regirse por sus
propias normas, dentro de los límites de la Constitución y la ley;; la potestad de
establecer y designar sus directivos, que los faculta para expedir actos válidos
con fuerza vinculante;; y la libertad de seleccionar, avalar y postula candidatos a
cargos de elección popular, mediante los mecanismos internos previstos para tal
efecto, en el marco de la finalidad superior de asegurar la vigencia plena del
sistema democrático.
4. El derecho de postulación de candidatos por parte de las organizaciones
políticas
Otro de los componentes fundamentales del modelo de Estado social y
democrático de derecho colombiano está en el derecho de los ciudadanos a ser
elegidos en cargos sometidos al voto popular, reconocido expresamente con
carácter fundamental en el numeral 1º del artículo 40 de la Constitución Política.
Sin duda, esta posibilidad contribuye al cumplimiento del fin estatal dirigido a
12
En general, esta expresión se refiere a la categoría de candidatos que encuentran sus votos en
las zonas rurales, concentrado en municipios colindantes de un mismo departamento o dispersos
en municipios de una misma región.
13
Controlado por la Corte Constitucional en la sentencia C-490 del 23 de junio de 2011, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
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facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
política de la Nación, previsto en el artículo 2º ejusdem.
Correlativamente, el ejercicio efectivo de esta garantía está sujeto a los
parámetros previstos en el ordenamiento jurídico, que se sustentan en el interés
general que subyace a la necesidad de contar con normas que dispongan, por un
lado, las condiciones mínimas de idoneidad que deben acreditar quienes ingresan
a la función pública y por otro, los procedimientos para acceder en igualdad de
condiciones a la competencia electoral.
En punto de las reglas instrumentales, nuestra Constitución crea las bases de un
esquema en el que las organizaciones políticas son las titulares de la prerrogativa
de postular candidatos. Esto se traduce en que los ciudadanos no están
habilitados para presentar su aspiración de forma autónoma o individual, sino que
deben acudir a la intermediación de los sujetos legitimados14, conforme con las
siguientes reglas:
a) La inscripción de candidatos se realiza a través de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos15.
b) En el caso de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la
inscripción debe estar acompañada de un aval otorgado a los candidatos a través
de sus representantes legales o quienes estos deleguen16.
c) Los candidatos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica se
escogen mediante consultas internas, populares o interpartidistas, u otros
mecanismos democráticos17.
d) Los estatutos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica
deben regular las condiciones para el otorgamiento de los avales y los
mecanismos de democracia interna para escoger a sus candidatos18.
e) Para las candidaturas independientes de los grupos significativos es necesario
conformar y registrar ante la autoridad electoral un comité inscriptor de tres (3)
ciudadanos, acreditar un mínimo de firmas de apoyo equivalentes al 20% del
respectivo censo electoral o máximo 50.000 y otorgar una póliza de seriedad19.
f) Las organizaciones políticas podrán suscribir acuerdos de coalición para inscribir
candidatos a cargos uninominales y corporaciones públicas20.
Esta Sección ha tenido la oportunidad de profundizar en cada uno de los
elementos consagrados a nivel constitucional y legal para el ejercicio del derecho
14
Sobre el monopolio de los partidos políticos en la presentación de candidaturas, ver: Vanegas,
P. (2009). Las candidaturas en el derecho electoral colombiano. Bogotá: Universidad Externado de
Colombia. Pg. 108 – 117.
15
Constitución Política, artículos 108 y 262. Ley 130 de 1994, artículo 9º y Ley 1475 de 2011,
artículo 28.
16
Constitución Política, artículo 108.
17
Ley 1475 de 2011, artículo 28.
18
Ley 1475 de 2011, artículo 4º, numerales 10 y 11.
19
Ley 130 de 1994, artículo 9º y Ley 1475 de 2011, artículo 28.
20
Constitución Política, artículos 107 y 262. Ley 1475 de 2011, artículos 5º y 29.
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de postulación. Así, sobre los avales ha delineado un concepto, según el cual, es
el acto jurídico producto de la voluntad de los corporativos políticos, manifestada
por medio de los representantes legales o las personas autorizadas por estos, en
virtud del cual se presenta ante la Organización Electoral y el electorado en
general a determinado candidato como la persona seleccionada para llevar su
plataforma ideológica a un cargo o corporación de elección popular, con todas las
consecuencias que este compromiso acarrea21. Por esta vía, se ha distinguido el
otorgamiento del aval de la selección misma del candidato, referida esta última a
un acto político sustancial que se canaliza a través de los mecanismos
democráticos previstos en la Constitución, la ley y los estatutos22.
Adicionalmente, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, el aval cumple una
doble función, una sustancial o finalística y otra de naturaleza instrumental. Frente
a lo primero, se reconoce su importancia en cuanto demuestra la militancia de los
candidatos, la disciplina partidista y la moralización de la actividad política23.
Desde la misma óptica, cumple el propósito de garantizar que previamente fueron
verificadas por parte de la organización política las condiciones de idoneidad del
candidato para desempeñar el cargo24.
Ahora, frente a su carácter adjetivo o instrumental, se ha reiterado que el aval
constituye un requisito ad substantiam actus de la inscripción de los candidatos de
los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, que debe ser
expedido por las personas que se encuentren registradas ante el Consejo
Nacional Electoral como representantes legales, o por quienes funjan como sus
delegatarios debidamente constituidos25. De este modo, consideradas las
formalidades que determinan la expedición de los avales, esta Sección ha
advertido que la demostración de vicios en el ejercicio de la competencia o en el
trámite estatutario para la expedición de los avales, puede conducir a la nulidad
de la elección26.
En conclusión, el ordenamiento jurídico colombiano atribuye el derecho de
postulación de ciudadanos como candidatos a cargos de elección popular a los
partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos y prevé
algunos lineamientos de tipo sustancial y formal para realizar la inscripción, según
21
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, Rad. 11001-03-28-000-
2020-00046-00. Sobre el mismo aspecto, sentencia de 29 de abril de 2021, Rad. 20001-23-33-
000-2020-00001-01.
22
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, Rad. 11001-03-28-000-
2020-00046-00.
23
Entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 28 de enero de 2021, Rad.
11001-03-28-000-2020-00022-00.
24
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 28 de enero de 2021, Rad. 11001-03-28-000-
2020-00022-00. Ver, además, sentencia de 11 de febrero de 2021, Rad. 54001-23-33-000-2019-
00326-01 (acumulado con 2019-00374).
25
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de junio de 2021, Rad. 76001-23-33-000-
2019-01151-01.
26
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de abril de 2021, Rad. 20001-23-33-000-
2020-00001-01.
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se trate de colectividades con o sin personería jurídica. Estos parámetros han sido
precisados por la jurisprudencia electoral, especialmente frente a las condiciones
para el otorgamiento de avales y la conformación de coaliciones.
5. Caso concreto
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones generales, la Sección Quinta
entra a estudiar el caso concreto, con base en las acusaciones que fueron
elevadas por la parte actora contra la sentencia de primera instancia del 5 de
octubre de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
denegó sus pretensiones, las cuales se concentran en que: (i) la Resolución No.
2954 del 29 de noviembre del 2017 del CNE es inconstitucional, porque registró al
señor Álvaro Echeverry Londoño como representante legal de esa agrupación
política, cuando tal condición la ostentaba privativamente el señor Aurelio Iragorri
Valencia, como su director único, quien solo la delegó en el secretario general de
conformidad con los estatutos;; y (ii) el poder dado al señor Jorge Eliécer Tamayo
Marulanda para conceder avales e inscribir candidatos en las elecciones de
autoridades locales del municipio de Yumbo es nulo porque recae sobre una
función pública que puede ser objeto de delegación dentro de los límites fijados
en la Ley 489 de 1998, que prohíbe la doble delegación, mas no de mandato al no
estar expresamente autorizado en ninguna norma.
Como consecuencia de ambas afirmaciones, los demandantes reiteraron la tesis
central del concepto de la violación de su libelo inicial, referida a que el aval que le
concedió el señor Jorge Eliécer Tamayo Marulanda a la inscripción de los
demandados en la lista de candidatos del Partido de la U al Concejo Municipal de
Yumbo, en calidad de apoderado del señor Álvaro Echeverry Londoño, como
secretario general y representante legal de la colectividad, por delegación del
señor Aurelio Iragorri Valencia, fue expedido sin competencia y, en tal virtud, se
configuró la causal especial de nulidad electoral del artículo 275.5 del CPACA, al
haberse incumplido entonces dicho requisito de elegibilidad para el cargo.
Ahora bien, la parte pasiva, integrada por los señores Édgar Alexánder Ruíz
García y Diego Parra Zuluaga así como el Partido de la U, se opuso a la
prosperidad del recurso de alzada, por estimar que la Resolución No. 2954 del
2017 se encuentra en firme y revestida de presunción de legalidad, en cuanto se
sustenta en las funciones constitucionales (artículos 107 y 108) y legales (artículo
7 de la ley 130 de 1994 y 9 de la ley 1475 de 2011) de registro a cargo del CNE, y
en la autonomía de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica
para designar a sus directivas, que en el presente asunto se materializó en: (i) el
acta de la asamblea nacional ordinaria, celebrada el 20 de octubre de 2017, en
que se eligió al señor Aurelio Iragorri Valencia como director único;; y (ii) la
Resolución No. 024 del 15 de noviembre de 2017, en la que aquel nombró al
señor Álvaro Echeverry Londoño como secretario general y le delegó la
representación legal de la referida colectividad. En tal virtud, sostuvo que ningún
reproche de validez puede endilgársele, amén que para controvertirla era
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menester impugnarla en sede administrativa, mas no directamente ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
En cuanto a la segunda censura de los impugnantes, el extremo pasivo de la Litis
sostuvo que la parte actora confunde la delegación administrativa con la
delegación in genere que rige entre particulares, como es el caso de los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica, que bien puede adoptar la forma
del contrato de mandato con sus particularidades y que es a la que se refiere el
constituyente en el artículo 108 superior y el legislador en el artículo 9 de la Ley
130 de 1994, cuando disponen que la inscripción de candidatos a cargos de
elección popular «(…) deberá ser avalada para los mismos efectos por el
respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue».
Por tanto, argumentó que el señor Álvaro Echeverry Londoño no incurrió en doble
delegación al otorgar poder al señor Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, para
avalar la lista de candidatos a concejales en las elecciones de autoridades locales
en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, en su calidad de representante legal
delegado del Partido de la U y, menos aun, cuando esa posibilidad se encuentra
contemplada en los estatutos y en la Resolución No. 12 del 11 de febrero de
2019, proferida por el señor Aurelio Iragorri Valencia, como director único, para
reglamentar la entrega de estos avales.
En este orden, los demandados y la colectividad concluyeron, al igual que la
agente del Ministerio Público en su concepto, que se debe confirmar la decisión
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de negar las pretensiones del
libelo inicial, en cuanto la parte actora no logró desvirtuar la presunción de
legalidad de su elección como concejales del municipio de Yumbo, en razón a que
ambos cumplieron con los requisitos de elegibilidad para el cargo, en particular, el
formal de haber sido avalados por el representante legal de un partido o
movimiento político con personería jurídica o su delegado, como ocurrió en el sub
judice.
Así las cosas, lo primero que advierte la Sala Electoral es que ya se ha
pronunciado sobre las acusaciones de la apelación en casos recientes que
guardan relación de analogía fáctica y jurídica con el actual, la cual es pemisiva o
de similitud en las sentencias del 28 de enero27 (gobernadora del Valle del
Cauca), 29 de abril28 (alcalde de Valledupar) y 20 de mayo de 202129 (diputados
de Antioquia);; y estricta o de identidad en las sentencias del 18 de febrero30
27
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 28 de enero de 2021, Exp. 11001-03-28-000-
2020-00022-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
28
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 29 de abril de 2021, Exp. 20001-23-33-000-
2020-00001-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
29
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 20 de mayo de 2021, Exp. 05001-23-33-000-
2019-03141-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
30
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 18 de febrero de 2021, Exp. 76001-23-33-
000-2019-01204-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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(concejales de Buenaventura) y 10 de junio del mismo año (concejales de
Palmira)31 .
En este sentido, en cada uno de estos 5 procesos se controvirtió la expedición de
avales para la inscripción de candidaturas a las elecciones de autoridades locales,
periodo 2020-2023, por parte del Partido de la U, bien fuera directamente por el
señor Álvaro Echeverry Londoño, como su secretario general y representante
legal (en los 2 primeros mencionados) o a través de apoderado constituido para
tal efecto (en los 3 restantes), con la particularidad de que en los 2 últimos se
demandaron elecciones de este mismo nivel (concejos municipales) en el
departamento del Valle del Cauca, obrando como demandantes las mismas
personas que en el presente asunto y con base en los mismos argumentos del
actual recurso de alzada. Así las cosas, en esa línea jurisprudencial, la Sección
estableció como estándares que pasan a reiterarse, las siguientes reglas:
(i) La función de otorgar avales a la inscripción de candidatos está radicada de
manera privativa y restringida en el representante legal de los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica o quien él delegue, a las voces del
inciso tercero del artículo 108 superior32, en concordancia con el inciso segundo
del artículo 9 de la ley 130 de 199433 que lo reproduce, tal como lo validó la Corte
Constitucional al ejercer el control previo y automático de constitucionalidad de
esta normativa en la sentencia C-089 de 199434, y el literal q del artículo 34 de los
estatutos del Partido de la U35. A su vez, señaló que estas agrupaciones deben
registrar la designación de sus directivas ante el CNE como regla general de
publicidad. Al respecto, precisó en relación con los hechos que aquí son objeto de
controversia, que:
(…) No hay lugar a duda que el Partido de La U designó como su Director Único a
Aurelio Iragorri Valencia, y a Álvaro Echeverri Londoño como Secretario General y
Representante Legal y también está acreditado que dichos nombramientos fueron
comunicados al CNE para su debido registro y publicidad, lo cual también acaeció
como se advierte del contenido de la Resolución No. 2954 de 2017, sin que se
haya demostrado que fueron cuestionados en sede administrativa o judicial, lo que
31
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 10 de junio de 2021, Exp. 76001-23-33-000-
2019-01151-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
32
«Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán inscribir
candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el
respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue».
33
«La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante
legal del partido o movimiento o por quien él delegue».
34
Corte Constitucional. Sentencia C-088 del 3 de noviembre de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
35
«ARTICULO 34. FUNCIONES Y DEBERES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL. Serán funciones
de la Dirección Nacional:(…) q. Expedir o delegar, exigiendo el cumplimiento de las normas
constitucionales, legales, estatutarias y de organización, los avales para los candidatos que a
nombre del Partido participen en contiendas por cargos de elección popular y adoptar los
programas que se propongan a los electores».
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equivale a que se trata de un acto administrativo investido de presunción de
legalidad y que mantiene vigente sus efectos jurídicos36.
(ii) La delegación de la representación legal de las agrupaciones políticas se
encuentra sometida a las reglas que fijen sus normas internas, en virtud del
principio de autonomía que las protege. Así, encontró que el inciso tercero del
artículo 29 de los estatutos del Partido de la U la autoriza expresamente37, al
tiempo que el literal g de su artículo 35 la contempla dentro de las funciones del
secretario general38;; por tanto, afirmó que:
El ejercicio de esta atribución por parte de los partidos y movimientos políticos
tiene como fundamento los estatutos, como normas internas obligatorias y
aplicables a sus actividades en el orden jurídico a partir del reconocimiento,
organización y autonomía garantizadas por la legislación electoral. (…). Es
incuestionable [conforme a los estatutos del partido] que las normas estatutarias
del Partido de la U permiten expresamente la delegación de la representación
legal, que ordinariamente ejerce el director único, en otras personas vinculadas a
la organización política. (…). Advierte la Sala que la delegación de la
representación legal implica transferir al correspondiente directivo, las distintas
atribuciones que desde el punto de vista estatutario tiene el director general para
regular las actividades del partido. Es decir, quien es revestido de dicha
prerrogativa y mientras esté vigente en los términos en que fue determinada,
asume el ejercicio pleno de esas facultades en los ámbitos en que la organización
política requiere su desempeño.
(iii) La Resolución No. 2954 del 2017 del CNE no es inconstitucional y, por tanto,
no procede su inaplicación por vía de excepción, ni es enjuiciable en sede de
nulidad electoral por tratarse de un acto de registro, expedido en ejercicio de las
atribuciones constitucionales y legales del CNE, con reglas específicas para su
contradicción, según los artículos 7 de la Ley 130 de 199439 y 9 de la Ley 1475 de
201140. Además, su contenido reflejó fielmente la información remitida por el
36
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 28 de enero de 2021, Exp. 11001-03-28-000-
2020-00022-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
37
«El Director Único es el Presidente de la Dirección Nacional y Representante Legal del Partido
para el respectivo periodo. Podrá delegar esta representación en funcionarios del Partido por el
tiempo que él lo considere necesario (…)».
38
«ARTICULO 35. SECRETARIO GENERAL. Corresponde al Secretario General: (…) g) llevar la
Representación Legal del Partido cuando le sea delegada».
39
«Los partidos y movimientos inscribirán ante el Consejo Nacional Electoral los nombres de las
personas que, de acuerdo con sus estatutos, hayan sido designados para dirigirlos y para integrar
sus órganos de gobierno y administración, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de la
respectiva designación. El Consejo Nacional Electoral podrá, de oficio o a solicitud de cualquier
persona, exigir que se verifique la respectiva inscripción y aun realizarla si dispone de la prueba
correspondiente. Cualquier ciudadano podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la
designación de esas directivas dentro de los quince (15) días siguientes a la misma, por violación
grave de los estatutos del partido o movimiento. Para todos los efectos, el Consejo Nacional
Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos y movimientos a las personas
debidamente inscritas ante él».
40
«Entiéndase por directivos de los partidos y movimientos políticos aquellas personas que, de
acuerdo con los estatutos de la organización, hayan sido inscritas ante el Consejo Nacional
Electoral como designados para dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno, administración
y control. El Consejo Nacional Electoral podrá de oficio, exigir que se verifique la respectiva
inscripción si ella no se ha realizado dentro de los diez (10) días siguientes a su elección o
designación, y aun realizarla si dispone de la prueba correspondiente. Cualquier delegado al
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Partido de la U sobre los actos de elección de sus directivas, a saber: Acta de la
asamblea nacional ordinaria de la colectividad, celebrada el 20 de octubre de
2017, en la que se designó al señor Aurelio Iragorri Valencia como director único,
y Resolución No. 024 del 15 de noviembre de 2017, en la que aquel nombró al
señor Álvaro Echeverry Londoño como secretario general y le delegó la
representación legal de la colectividad. Sobre este punto, concluyó:
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe señalar que cualquier inconformidad que
se presente frente al acto de elección de los directivos de las agrupaciones
políticas de acuerdo con lo normado en el artículo 9° de la Ley 1475 de 2011,
debe ventilarse ante el CNE a quien le corresponde controlar los actos de
designación de los mismos en los términos que la norma señala. Por ende, se
entenderá que quienes ostenten dicha condición (directiva) dentro de una
colectividad política mantendrán su investidura y así se presumirá hasta tanto no
sea impugnada su elección conforme las reglas que la ley establece para tal fin,
sin que sea pasible de ser controlado dicho acto de elección de manera directa o
indirecta por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio
de control de nulidad electoral, sin que ello impida que la determinación que
adopte la autoridad electoral en la materia pueda ser revisada en sede judicial.41
Analizado el acto administrativo referido [Resolución 2954 de 29 de septiembre de
2017], la Sala encuentra que el mismo corresponde al registro efectuado por el
CNE de la designación que hizo el director único de la agrupación política
mediante la Resolución 024 de 15 de noviembre de 2017, del secretario general y
representante legal del Partido de la U. (…). [D]icha designación se sustentó en el
literal v) del artículo 34 de los estatutos de la organización política, en donde se
estableció la atribución del director general para nombrar el secretario general y
en el 29 que consagró la posibilidad de delegar la representación legal en
cualquier órgano directivo. Bajo las anteriores consideraciones, estima la Sección
que la Resolución 2954 de 2017, no se contrapone a la Carta Política, dado que la
inscripción del Álvaro Echeverry Londoño como representante legal del Partido de
la U, fue efectuada por el CNE, con la observancia del cumplimento de requisitos
de índole legal para proceder al registro de dicho acto. (…). Adicionalmente, no
observa la Sala que la Resolución 2954 de 2017 expedida por el CNE haya
desconocido el artículo 108 de la Constitución, puesto que la norma superior
determinó la posibilidad que tiene el representante legal para delegar la facultad
para expedir los avales de los candidatos42.
(iv) La función de otorgar avales a los aspirantes a cargos de elección popular no
es de carácter público, como lo señaló la parte actora con base en un fallo aislado
del año 200943, sino privada y, por tanto no se rige por el artículo 2 de la Ley 909
de 2004 ni por el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011, por lo que no tampoco le
congreso o convención del partido podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la
designación de esas directivas dentro de los quince (15) días siguientes a su inscripción, por
violación grave de los estatutos del partido o movimiento. Para todos los efectos, el Consejo
Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos y movimientos a las personas
debidamente inscritas en él».
41
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 20 de mayo de 2021, Exp. 05001-23-33-000-
2019-03141-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
42
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 10 de junio de 2021, Exp. 76001-23-33-000-
2019-01151-01, M.P. Rocío Araújo Oñate. Este cargo fue resuelto en el mismo sentido en las
sentencias citadas del 18 de febrero y 29 de abril de 2021.
43
Consejo de estado. Sección Quinta. Sentencia del 13 de agosto de 2009, Exp. 11001-03-28-
000-2006-00011-00, M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
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resultan aplicables las normas de la delegación administrativa, en particular las
consagradas en la Ley 489 de 1998, de modo tal que no es posible hablar aquí de
doble delegación en los términos del artículo 11, numeral 2 de dicha normativa.
En este sentido, explicó in extensu:
El actor cuestionó que el señor Echeverry Londoño haya dado poder a un tercero
para el otorgamiento de los avales y la inscripción de las listas de aspirantes a las
corporaciones públicas en el Valle del Cauca, incluyendo a quienes fueron
elegidos al Concejo de Buenaventura. (…). Observa la Sala que en el expediente
está probado y lo aceptó la parte demandada, que el 14 de junio de 2019 el señor
Echeverry Londoño confirió poder especial al señor Jorge Eliécer Tamayo
Marulanda para emitir los avales e inscribir a los candidatos a las elecciones
regionales del 27 de octubre del mismo año. Sin embargo, advierte la Sala que
esta circunstancia por sí misma no tiene el alcance irregular que pretende darle el
actor, ni la potencialidad de afectar la validez legal de los avales otorgado por la
organización política a los demandados. El otorgamiento del poder era una
actuación que el señor Echeverry Londoño podía llevar a cabo con miras a la
expedición del respaldo a los candidatos, pues es claro que ejercía la
representación legal del Partido de la U y como tal tenía la facultad de conferir los
avales. (…). Precisa la Sala que incluso el hecho de llegar a considerarla como
función pública de los partidos y movimientos políticos, como anteriormente
señaló esta corporación, según recordó el demandante, tampoco tiene incidencia
relevante en este caso ya que, a diferencia de lo expuesto por el actor, no hubo
delegación de delegación. En este sentido, debe tenerse en cuenta que a pesar
de que los artículos 108 de la Constitución y 9º de la Ley 130 de 1994 hacen
referencia a la delegación para efectos del aval, por tratarse de particulares dicha
figura no puede entenderse en la forma establecida en la Ley 489 de 1998 para
las entidades públicas. En el expediente no obra prueba que demuestre que luego
de recibir la delegación por parte del director único del Partido de la U, el señor
Echeverry Londoño haya adelantado una actuación de este carácter en favor de
otro directivo de la colectividad. Lo que realmente ocurrió fue el otorgamiento del
poder especial, amplio y suficiente al señor Tamayo Marulanda para la emisión de
los avales y la inscripción de las candidaturas, sin que este mandato pueda ser
equiparado a la delegación de la función estatutaria que tiene el representante
legal de la organización política. Además, el artículo 35 de los estatutos de la
organización estableció que la suscripción de los avales para los aspirantes es
función que corresponde al secretario general, calidad que también tenía el señor
Echeverry Londoño, por lo cual es lógico admitir que pudiera otorgar poder para
esta gestión previa a la inscripción.44
(v) Por último, en relación con las acusaciones referidas a que no existe norma
expresa que autorice a dar poder para expedir avales y a que se debe distinguir
su otorgamiento de su elaboración y suscripción, encuentra la Sala Electoral que
ambas fueron propuestas específicamente en los procesos que culminaron con
las citadas sentencias del 18 de febrero y 10 de junio de 2021 y coincide también
con lo dicho en ambas oportunidades en cuanto a que desbordan el objeto de la
Litis porque no fueron formuladas dentro del concepto de la violación de la
demanda, por lo que no hay lugar a pronunciarse sobre aquellas en virtud del
44
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 18 de febrero de 2021, Exp. 76001-23-33-
000-2019-01204-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Este cargo fue resuelto en el mismo
sentido en las sentencias citadas del 20 de mayo y 10 de junio de 2021.
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prinipio de congruencia y como garantía del derecho de defensa de los
demandados. Se reitera entonces que:
En cuanto al tercero, esto es, el relativo a la inexistencia de alguna norma que le
permita al secretario general de la referida agrupación política, otorgarle poder al
señor Elbert Díaz Lozano para emitir avales, debe precisarse al igual que se hizo
en el caso que fue objeto de estudio en la providencia del 18 de febrero de 2021,
que tal motivo de inconformidad contra el acto de elección acusado, no fue
expuesto en la demanda, como tampoco el argumento que se desarrolló alrededor
del mismo, sobre la interpretación que debe hacerse del artículo 16 de la
Resolución N° 12 de 2019 del Partido de la U, entre el (I) otorgamiento del aval y
la (II) elaboración o suscripción del mismo, para señalar que el secretario de la
colectividad no puede lo primero. La anterior precisión es relevante, en la medida
que la parte demandante empleó el recurso de apelación para incluir aspectos que
no fueron objeto de la demanda que instauró oportunamente, razón por la cual no
es procedente su análisis so pena de aceptar la formulación de un cargo nuevo
por fuera de las etapas legalmente establecidas y respecto del cual la parte
demandada no tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción.45
A la misma conclusión se llega en este caso frente a las censuras referidas a las
reglas de legitimación por activa y caducidad para controvertir la Resolución 2954
de 2017 en sede adminitrativa y judicial, respectivamente, sobre las que no se
formularon reparos en el libelo introductorio, cuestiones que solo fueron elevadas
en el presente recurso de apelación con miras a justificar la procedencia del
medio de control de nulidad electoral para impugnar aquel acto, el cual como se
aclaró en el punto (iii) de este acápite no es pasible de control por esa vía
procesal, tal como se dejó sentado desde la sentencia del 20 de mayo de 2021.
Por todo lo anterior, se deduce que ninguno de las censuras de los demandantes
en contra del fallo del 5 de octubre de 2020, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca denegó las pretensiones de la presente
demanda, tiene vocación de prosperar en virtud de la reiteración de las reglas
que fueron sintetizadas con base en los precedentes reseñados, por lo que hay
lugar a confirmarla.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de octubre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la
demanda presentada por los señores Willian Marmolejo Ramírez, Gustavo Adolfo
Prado Cardona, Félix Noél Chaverra Cuesta y Jhon James Castro Castillo, en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra la elección de los
señores Édgar Alexánder Ruíz García y Diego Parra Zuluaga como concejales del
municipio de Yumbo, Valle del Cauca, por el Partido de la U, periodo 2020-2023.
45
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SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no
procede recurso alguno.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDERO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrado
Aclaración de voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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25
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