Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2020-00015-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2020-00015-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2020-00015-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
23 de mayo de 2024
1
Radicado: 76001 23 33 000 2020 00015 01
Demandante: Procuradurías 19, 57 y 217 Judiciales
para los Asuntos Administrativos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 76001 23 33 000 2020 00015 01
Actor: Procuradurías 19, 57 y 217 Judiciales para los Asuntos Administrativos
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Distrito Especial,
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y
Empresa Municipal de Cali E.I.C.E. E.S.P.
Vinculados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda
Tesis: No es cierto que la parte actora no agotó el requisito de procedibilidad,
relacionado con la presentación de la reclamación administrativa ante el Distrito de
Santiago de Cali y EMCALI.
Es competente una autoridad ambiental para realizar presencia obligatoria en las
jornadas de limpieza que un ente territorial realice sobre los afluentes de un cuerpo
de agua.
Son competentes una Corporación Autónoma Regional y una empresa de servicios
públicos, para iniciar la ejecución de los proyectos para el saneamiento del agua de
un afluente que se encuentran dispuestos en el Plan de Ordenamiento del Recurso
Hídrico - POHR.
No es cierto que la CVC ya expidió el acto de acotamiento de la ronda hídrica del Río
Meléndez.
No es cierto que la problemática que se presenta en la calle 13 con carrera 80, a la
altura del Supermercado La 14 de la Avenida Pasoancho de la ciudad de Cali, es un
inconveniente pluvial que se agravaba por los efectos del cambio climático que se
agudizan por el fenómeno de la niña.
Es competente una Corporación Autónoma Regional para que, de manera conjunta
con una empresa de servicios públicos, adelante los estudios para determinar si es
necesario la construcción de un embalse para evitar el desbordamiento de un canal y
en caso de determinarse que esa obra sí es útil para esos efectos, proceda a
realizarla con esa empresa y un Municipio.
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Demandante: Procuradurías 19, 57 y 217 Judiciales
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No cierto que la orden relacionada con la construcción de un embalse de regulación
en la Quebrada La Guillermina ya fue impartida en otra decisión de acción popular a
cargo de la CVC sin que esa entidad la hubiere ejecutado.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Distrito
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de
Cali (en adelante el Distrito de Santiago de Cali), la Empresa Municipal de Cali
E.I.C.E. E.S.P. (en adelante EMCALI) y la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca (en adelante CVC), en contra de la sentencia del 10 de febrero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. Las Procuradurías Judiciales I y II para Asuntos Administrativos de Cali, en
agencia especial asignada a los Procuradores 19, 57 y 217 de la ciudad de Cali,
presentaron acción popular1 en contra de las entidades demandadas, con el objeto
de lograr la protección de los derechos e intereses colectivos “de los habitantes de la
Calle 13 con Carrera 80, a la altura del Supermercado La 14 de la Avenida
Pasoancho”, al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas, al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y al
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
Para el efecto formularon las siguientes pretensiones:
“1. Se declare que las entidades accionadas han violado los derechos
constitucionales colectivos de los habitantes de la Calle 13 con Carrera 80, a la
altura del Supermercado La 14 de la Avenida Pasoancho del municipio de
Santiago de Cali, como son al GOCE DE UN AMBIENTE SANO, g) LA
SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICA; h) EL ACCESO A UNA
INFRAESTRUCTUR A DE SEVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD
PÚBLICA; j) EL ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS Y A QUE SU
PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA, debido a la existencia de
asentamientos subnormales en la franja de protección del río Meléndez, que han
generado el deterioro de su cuenca hidrográfica, por la explotación ilegal del río,
1 Ver expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.
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provocando contaminación ambiental, deforestación, generando así factores de
riesgo de inundaciones.
2. Que como consecuencia de la declaración de vulneración ·de los derechos
colectivos, se ordene a las entidades accionadas que sin más dilación en el
tiempo presenten en un término razonable, desde el marco de sus competencias
misionales, un cronograma de trabajo e inversión especifico, a través del cual se
proyecte ejecutar las medidas necesarias para garantizar que el sector no volverá́
a presentar inundaciones por el mal manejo de residuos sólidos, domésticos o
escombros provenientes de las urbanizaciones ubicadas alrededor de las
cuencas de los Ríos Meléndez, Cañaveralejo y Lili, así:
2.1 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI: Se le ordene a esta entidad la
ejecución inmediata de un plan de control y reubicación de los asentamientos
ilegales sobre la zona de protección del río Meléndez.
2.2 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DAGMA – UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UNIDAD
ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. Se
ordene a estas entidades realizar el control y sanción de actividades ilegales de
deforestación junto a la implementación de un plan inmediato de control al
manejo de residuos sólidos en el mismo sector conforme lo señala el Decreto
Extraordinario- 41 1.0.20.0516 de 2016 del Municipio de Santiago de Cali.
2.3 Municipio DE SANTIAGO DE CALI Y EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP: Se les ordene realizar el diseño y construcción de un
embalse regulador en la quebrada la Guillermina (afluente de la quebrada Puente
Palma), que daría fin al problema de inundaciones en la parte baja de la Comuna
18 y controlaría los desbordamientos que se presentan en el canal Nápoles de la
ciudad, conforme lo señala el Gerente de la Unidad Estratégica de Negocios de
EMCALI en respuesta del 25 de septiembre de 2018 quien funge como autoridad
conocedora de la problemática y posible solución a la misma o en todo caso, un
embalse en la cuenca media del río para regular el caudal antes de su ingreso a
la ciudad de Cali, elevación y reforzamiento de diques, dragado del río y muros
de protección en orillas desestabilizadas, estabilización de márgenes y limpieza
de sumideros y canales y demás medidas de efectiva solución a esta
problemática.
3. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA: se le
ordene la ejecución inmediata del proceso de ordenación del Río Meléndez que a
la fecha se encuentra en etapa de formulación.”2.
1.2. Como sustento de las pretensiones la parte actora expuso lo siguiente:
Explicó que, debido a las recurrentes lluvias en la ciudad, especialmente intensas en
el sur de Cali, se presenta un problema significativo de desbordamiento del canal de
la Avenida Pasoancho con carrera 80, arrastrando lodo desde la ladera hasta áreas
residenciales. Esta situación se ve agravada por la capacidad limitada del sistema de
drenaje y la deforestación en la ladera, lo que resulta en inundaciones frecuentes.
2 Ibidem.
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Manifestó que ha presentado solicitudes a las entidades pertinentes, buscando que
el Ministerio Público reciba un informe detallado sobre las medidas de mitigación
implementadas para abordar el problema de inundaciones en las vías de la ciudad y
el colapso del sistema de alcantarillado en el sur, que provoca el desbordamiento del
Río Meléndez en la intersección de la calle 13 con carrera 80, cerca del
Supermercado La 14 en la Avenida Pasoancho.
Aseguró que, en las reuniones de la Procuraduría Ambiental y Agraria sobre temas
ambientales, se ha planteado esta problemática. Y aunque algunas entidades
involucradas han expresado su disposición para cumplir con sus funciones, se
enfrenta constantemente a la respuesta de que el cumplimiento de estas
obligaciones depende de otra autoridad. Esto conduce al incumplimiento de
responsabilidades entre las entidades involucradas, lo que se refleja en la falta de
acciones definitivas y permanentes por parte del Distrito de Cali para abordar
integralmente la problemática mencionada, a pesar de la gravedad de la situación.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que,
mediante auto del 22 de enero de 2020, dispuso su admisión. Particularmente,
ordenó vincular al Municipio de Cali, al Distrito de Santiago de Cali, a la CVC, al
DAGMA y a EMCALI EICE ESP3.
2.2. EMCALI4 solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto,
manifestó que ha realizado aportes para el diseño y construcción de un embalse
regulador en la quebrada La Guillermina (afluente de Puente Palma), lo que mitigaría
las inundaciones en la parte baja de la Comuna 18 y controlaría los caudales de
desbordamiento en el canal Nápoles.
De otro lado, señaló que la función del desarenador construido por esa empresa es
disminuir el ingreso de sedimentos a la infraestructura del alcantarillado y no para
3 Visible a folios 134 a 136 del Cuaderno del Tribunal
4 Visible a folios 228 a 232 del Cuaderno del Tribunal
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evitar desbordamiento de la quebrada La Guillermina. Estructura que, en todo caso,
mantiene en constante limpieza y mantenimiento.
Por último, afirmó que se requieren acciones de control y prevención de
deforestación y de asentamientos humanos ilegales en el cauce del Río Meléndez.
2.2. La CVC5 presentó informe en el que se opuso a las pretensiones que recaen
frente a dicha entidad. Indicó que no es cierto que el Río Meléndez se desborde,
pues lo que sucede en la calle 13 con carrera 80 es el rebosamiento del canal por
colapso del sistema de alcantarillado ante la falta o el inadecuado mantenimiento y
drenaje de la red, debiendo EMCALI brindar las explicaciones de rigor.
Planteó la excepción que denominó: objeto constitucional superado. Para sustentarla
alegó la existencia del proceso de acción popular que cursó bajo el radicado número
2006-00038, al interior del cual el Juzgado Segundo Administrativo de Cali profirió
sentencia el 12 de diciembre de 2011, confirmada de forma parcial por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca con fallo del 30 de julio de 2012.
Finalmente afirmó que se encontraba vigente la Resolución 0100 No. 600-1225 de
2019, por la cual se adoptó el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) del
Río Meléndez. Además, que ya había sido actualizada la respectiva resolución del
Plan de Ordenación del Manejo de Cuencas (POMCA) de los Ríos Meléndez,
Cañaveralejo y Lili.
2.3. El Distrito de Santiago de Cali6 en su defensa planteó que, como las
pretensiones estaban encaminadas a la protección y recuperación del Río Meléndez,
zona rural, no tenía competencia sobre lo solicitado.
Manifestó que, mediante Resolución 7 de 1941, el Ministerio de Economía declaró
como Reserva Protectora Nacional el Río Meléndez, y con Resolución 0126 de 1998
el Ministerio de Ambiente sustrajo aproximadamente doscientas un punto uno (201.1)
5 Visible a folios 245 a 255 del Cuaderno del Tribunal
6 Visible a folios 149 a 173 del Cuaderno del Tribunal
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hectáreas de la Reserva Forestal creada con la Resolución 7 de 1941, para la
construcción de viviendas concentradas en la cuenca del Río Meléndez.
Comentó que en la Resolución 2247 de 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible precisó cartográficamente los límites contenidos en la Resolución 7 de
1941 y a su vez, el artículo 66 del Acuerdo 373 de 2014 calificó al río en la categoría
de área protegida del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. Con ello,
adujo que tanto los particulares como las diferentes entidades del orden nacional,
departamental y regional son los llamados a responder por la conservación del
cuerpo de agua en mención.
Por otra parte, tildó de improcedente la pretensión de reubicación de los
asentamientos ilegales sobre la zona de protección del Río Meléndez, por cuanto eso
sería premiar a quienes, contrariando las normas de orden público, han invadido
zonas de protección, edificando viviendas ilegalmente.
Dijo que las peticiones expuestas en la demanda que versan sobre el control y
sanción de actividades ilegales de deforestación junto con un plan inmediato de
control de residuos sólidos, así como el diseño y construcción del embalse regulador
de la quebrada La Guillermina, corresponden a la CVC, al ser la única y máxima
autoridad técnica ambiental en la zona rural.
Añadió que no existían pruebas que indicaran que realizar un embalse regulador en
la Quebrada Guillermina daría fin a la problemática de inundaciones en la parte baja
de la Comuna 18 y controlaría el desbordamiento del canal Nápoles.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) no agotamiento del requisito de
procedibilidad de solicitar a la autoridad o el particular en ejercicio de funciones
administrativas que adopte las medidas necesarias de protección de los derechos e
intereses colectivos amenazados o vulnerados, (ii) indebida integración del
contradictorio, al no ser llamado al proceso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y Fonvivienda, y (iii) falta de legitimación en la causa por pasiva.
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2.3. A través de auto del 12 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca ordenó vincular al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y
Fonvivienda7.
2.4. El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio8 señaló que, de acuerdo con el
principio de autonomía municipal, le corresponde a la administración local determinar
la viabilidad de adelantar procesos de intervención en asentamientos informales
constituidos sin licencia de urbanización, conforme con los requisitos fijados en el
Decreto 1077 de 2015 y las acciones que establezca cada entidad territorial en el
respectivo POT, salvaguardando los lineamientos establecidos para la preservación
de áreas protegidas y de espacios públicos.
Concluyó alegando que ha realizado todas las actuaciones que dentro de su
conocimiento y competencia le han requerido, de tal manera que no se le puede
endilgar responsabilidad alguna en el asunto, especialmente al tratarse de temas que
por su naturaleza escapan de la órbita de sus competencias.
Planteó como excepciones la de falta de legitimación en la causa por pasiva e
inexistencia de vulneración de derechos colectivos.
2.5. Fonvivienda guardó silencio.
2.6. El 18 de noviembre de 2021 se declaró fallida la audiencia de pacto de
cumplimiento9.
2.7. El 16 de junio de 2022, la Asociación Colombiana de Ingeniería Acodal
presentó escrito de coadyuvancia a la acción popular de la referencia, indicando que
el Distrito de Santiago de Cali no ha sido capaz de frenar la invasión de los cerros de
esa ciudad. Anotó que las viviendas que allí son construidas no cuentan con redes
adecuadas de alcantarillado y que muchas veces se conectan irregularmente al
sistema con tubos que no tienen el diámetro necesario para esos efectos.
7 Visible en el índice número 17 del Sistema SAMAI del Tribunal
8 Visible en el índice número 23 del Sistema SAMAI del Tribunal
9 Visible en el índice número 33 del Sistema de Gestión SAMAI del Tribunal
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Arguyó que bajo el puente de la Carrera 80 con calle 13 debió construirse una
infraestructura que recogiera y transportara las aguas y residuos que traen los
canales de la ciudad de Cali, especialmente el denominado como Nápoles, pero que
esa obra no ha sido realizada por EMCALI. Dijo que esa circunstancia originó una
reducción en la capacidad de la red de alcantarillado, pues se creó una “garganta”
que estrechó el flujo normal de las aguas, lo que, sumado a los procesos lluviosos,
ha derivado en las inundaciones en el sector.
Resaltó que la problemática del Río Meléndez es consecuencia del deficiente drenaje
de las aguas de escorrentía en los barrios Ingenio y Caney, las cuales no pueden
evacuarse adecuadamente, ocasionando el represamiento en las redes de
alcantarillado10.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
3.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó la sentencia del 10 de
febrero de 202311, cuya parte resolutiva dispuso:
“1. PROTEGER los derechos colectivos al goce al ambiente sano; el equilibrio
ecológico; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies
animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica,
de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del
medio ambiente; y, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente.
2. ORDENAR al Distrito de Santiago de Cali que adelante jornadas de
capacitación y concientización del no vertimiento de residuos sólidos mínimo 4
veces al año en cada una de sus instituciones educativas y dependencia
oficiales, y generando espacios en general para la comunidad que habitan la
comuna dieciocho (18), debiendo abordar temáticas como el reciclaje,
reutilización de desechos, aprovechamiento de los residuos orgánicos,
importancia del cuidado del agua y los riesgos de las quemas de basuras como
generador de sequias y extinción de flora y fauna.
3. ORDENAR al Distrito de Santiago de Cali que realice jornadas bimensuales de
limpieza de los cuerpos de agua en la comuna dieciocho (18), con especial
énfasis en las aguas pertenecientes a la subcuenca del río Meléndez, en su parte
alta, media y baja, de forma articulada con la mayor cantidad de instituciones y
10 Visible en el índice número 60 del Sistema de Gestión SAMAI del Tribunal
11 Ibidem.
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entidades que pueda hacer partícipes y especialmente aquellas que sean de su
cargo y además, con la presencia obligatoria de las autoridades ambientales de
la zona urbana y rural (DAGMA y CVC).
4. ORDENAR al Distrito de Santiago de Cali que garantice para los
corregimientos de la comuna dieciocho (18), que comprenden el área de la
subcuenca del río Meléndez, la cobertura y recolección de las basuras con una
periodicidad mínima de 2 veces por semana para los sectores de difícil acceso,
informando de forma amplia y suficiente a los pobladores las fechas, horas y los
puntos de recolección.
5. ORDENAR al Distrito de Santiago de Cali, al DAGMA, a EMCALI y a la CVC
iniciar la ejecución de cada uno de los diez (10) proyectos para el saneamiento
del agua de la subcuenca del río Meléndez conforme al Plan de Ordenamiento
del Recurso Hídrico del río Meléndez, destacándose que existen tareas que ya
deberían haberse culminado atendiendo el horizonte de tiempo trazado. Deberán
las entidades acreditar ante el despacho el inicio y ejecución paulatina de los
proyectos.
6. ORDENAR al Distrito de Santiago de Cali, al DAGMA y a la CVC que en el
término de dos (2) meses identifiquen, delimiten y acoten las rondas hídricas de
protección de conformidad con la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento
de las Rondas Hídricas en Colombia" expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, respecto de todo el recorrido de la subcuenca del río
Meléndez.
7. ORDENAR al Distrito de Santiago de Cali que, en el término de seis (6) meses
identifique e inventaríe i) los asentamientos humanos ilegales consolidados y
precarios que se encuentren en medio de la franja protectora de las aguas de la
subcuenca del río Meléndez y ii) aquellos que a pesar de no afectar directamente
los cuerpos de agua, se encuentran situados en zonas de alto riesgo no mitigable
por inundaciones, deslizamiento o movimientos en masa de la tierra y respecto
de los cuales no haya forma de ejecutar obras de conservación o restauración de
los inmuebles o de eliminar el respectivo riesgo.
8. ORDENAR al Distrito de Santiago de Cali que, a través de los Inspectores de
Policía dentro de un horizonte máximo de 2 años, inicie y culmine los respectivos
procesos de restitución de bien de uso público de las áreas de rondas hídricas de
la subcuenca del río Meléndez, ya identificadas y acotadas por la CVC y el
DAGMA. Garantizando el desalojo de los asentamientos humanos ilegales y la
demolición de las obras y viviendas que existan en las rondas hídricas, debiendo
brindar medidas de reubicación para dicha población en particular.
9. ORDENAR al Distrito de Santiago de Cali que en un horizonte de 12 años cree
programas de reubicación con fines preventivos y de mitigación de riesgos para
la población de la ladera de la Comuna 18, en barrios como Alto Nápoles,
Polvorines y veredas como Villa Carmelo, La Luisa, La Reforma, El Carmen, La
Rochela, la Choclona, Las Palmas 2 y El Portento y demás sectores que
encuentre con la mencionada afectación de inundaciones, deslizamientos y
remoción en masa de la tierra pertenecientes a los corregimientos de La Buitrera,
Villacarmelo, Navarro y Los Andes; para lo cual deberá crear programas
procesos de desarrollo de interés prioritario y de viviendas de interés social.
Así mismo, en el mismo horizonte de 12 años, debe garantizar la administración
con la intervención de los Inspectores de Policía en la suspensión de obras de
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construcción o urbanismo sin licencia y la demolición en los sectores citados en
el párrafo anterior.
10. ORDENAR al MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y a
FONVIVIENDA que brinden acompañamiento al Distrito de Santiago de Cali en
los programas de viviendas de interés prioritario y viviendas de interés social
debiendo realizar jornadas de capacitación y otorgar apoyo técnico y asistencial
al ente territorial para la ejecución del proyecto de reubicación citado en el
numeral 4.
11. ORDENAR a EMCALI EICE ESP y a la CVC que de forma conjunta y en el
término de un (1) año adelanten los estudios de consultoría, técnicos y/o
especializados que se requieran que lleven a concluir si en efecto el embalse
regulación en la quebrada La Guillermina detendrá o al menos disminuirá de
forma significativa los procesos de desbordamiento del Canal Nápoles. De ser
afirmativa la respuesta, es decir, de ser la construcción del embalse una solución
a la problemática de inundación del Canal Nápoles, deberá el Distrito de Santiago
de Cali junto con la CVC y EMCALI, proceder a construir el citado embalse dentro
del término que el estudio técnico haya arrojado para su materialización.”.
3.2. De entrada, el Tribunal expuso algunas generalidades sobre las acciones
populares, y más adelante presentó apartes jurisprudenciales relacionados con los
derechos colectivos inmersos en el debate.
Enseguida, mostró el marco normativo y jurisprudencial de los principios rectores de
los asuntos medio ambientales, la Constitución Ecológica, las Rondas Hídricas, los
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, los vertimientos y la
atención de desastres y gestión del riesgo. En ese aparte precisó las competencias
que le correspondían a cada una de las entidades demandadas, las cuales se
pueden resumir de la siguiente manera:
• Las Corporaciones Autónomas Regionales tienen la competencia de coordinar la
ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. Además,
deben ejecutar programas y políticas sobre el ambiente y los recursos naturales, así
como propender por su administración, manejo y aprovechamiento adecuado, en
armonía con el progreso sostenible de las comunidades en sus áreas de jurisdicción.
• Las autoridades locales representan al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y tienen la responsabilidad de prevenir y atender desastres en su
jurisdicción, así como adecuar zonas de alto riesgo y reubicar asentamientos.
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3.3. Luego, al referirse al caso concreto, advirtió que las fuentes de contaminación
que recibía el Río Meléndez no sólo provenían de los asentamientos subnormales
ubicados en la ladera y la parte alta de la montaña, sino que esa problemática se
presentaba en todo el recorrido de la subcuenca de ese afluente. Por tal razón,
consideró que resultaba necesario que el estudio del caso abarcara toda esa área.
Para el efecto, precisó que los hechos objeto de verificación y los derechos
colectivos analizados no variaban respecto de los invocados por la parte actora,
motivo por el cual se respetaba el principio de congruencia y era viable aplicar las
facultades extra y ultra petita del juez constitucional.
3.4. De otro lado presentó un resumen de la inspección judicial que realizó y los
hallazgos de la misma. De tal diligencia, el Tribunal evidenció que la subcuenca del
Río Meléndez era presionada por asentamientos altamente poblados con
construcciones sin reglamentaciones, viviendas en la franja protectora de los
diferentes cuerpos de aguas y el indebido manejo de residuos sólidos al interior de
los cauces, como también el vertimiento de agua residuales directamente al cuerpo
de agua.
Afirmó que estaba demostrado que en general la subcuenca del Río Meléndez
recibía en sus aguas o zonas ribereñas residuos sólidos, puntualmente en sectores
como El Danubio, Alto Nápoles, Polvorines, Las Palmas, Quebrada El Oro, Vereda la
Candelaria, Dosquebradas, El Carmen, El Minuto, La Fonda, la Ribera río Meléndez
y en los barrios surgidos de la invasión en la Comuna 18.
En ese sentido, consideró necesario impartir diferentes órdenes relacionadas con el
manejo de residuos sólidos, pues ello, además de afectar la calidad del agua, incide
directamente en la problemática de anegaciones, dado que esa clase de residuos le
quita espacio al volumen de los afluentes afectando su capacidad de retención de
caudales.
3.5. Asimismo, se refirió, al artículo 366 de la Constitución Política, a la Ley 99 de
1993, a los artículos 14.23 de la Ley 142 de 1994, 2.3.1.1.1. del Decreto 1077 de
2015, al Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
– RAS, y dijo que estaba probada la existencia de vertimientos directos de aguas
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residuales a las fuentes de aguas de la subcuenca del Río Meléndez, en sectores
tales como la Quebrada El Hospital y en la Quebrada El Oro. Además, indicó que
dichos vertimientos podían observarse con mayor precisión en el Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH, elaborado por la CVC en el año 2019.
Mencionó que la cuenca principal del Río Meléndez, en su tránsito por el área rural
de Cali, toma una coloración gris al recibir vertimientos contaminados de aguas
residuales, que le producen una alta oxidación y contaminación.
Aseveró que el deterioro en la calidad y conservación de las aguas del anotado
afluente empieza desde que éste se aleja de su nacimiento e inicia su tránsito en los
centros poblados. Además, reprochó que en ninguna de las estaciones de monitoreo
evaluadas por la CVC se encontraron niveles aceptables en la calidad del agua, pero
constató la presencia de coliformes y coliformes fecales, mineralización, materia
orgánica, sólidos suspendidos y eutrofización del agua.
Expresó que en los siguientes tramos había afectación del agua: (i) entre la
captación de la bocatoma de La Buitrera y la bocatoma de La Reforma, y (ii) entre
esta última Bocatoma y la desembocadura del Río Meléndez.
En consecuencia ordenó, para la superación de esa problemática, que el Distrito de
Santiago de Cali, el DAGMA, EMCALI y la CVC den cumplimiento a cada uno de los
(diez) 10 proyectos para el saneamiento de agua de la subcuenca del Río Meléndez,
que fueron ordenados en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH.
3.6. Frente a los asentamientos ilegales, la protección de las rondas hídricas y las
medidas de reubicación, citó la Ley 2044 de 2022 e indicó que, a través de
Resolución 2247 de 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible precisó
cartográficamente los límites y polígonos del Río Meléndez y la Reserva Forestal
Protectora. Además, que, a través del Acuerdo Municipal 373 de 2014, el Concejo
Municipal de Cali calificó al citado afluente en la categoría de área protegida del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. Agregó que el Decreto Ley 2811 de
1974 y el Decreto 2245 de 2017 establecieron que los cuerpos de agua cuentan con
una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce de treinta (30)
metros al ancho de cado lado.
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Aseguró que esas disposiciones habían sido infringidas, toda vez que en la ladera y
en la parte alta montañosa de la Comuna 18, así como en los barrios Alto Nápoles y
Polvorines, y en Dosquebradas, Villa Carmelo, La Luisa, La Reforma, El Carmen, La
Rochela, La Choclona, Las Palmas 2 y el Portento, quedó en evidencia la existencia
de asentamientos ilegales precarios, muchos de los cuales se encuentran en el
margen del Río Meléndez y generan precisión en su subcuenca.
En consecuencia, ordenó a la administración municipal de Cali, a la CVC y al
DAGMA identificar los cauces de la subcuenca del Río Meléndez y delimitar y acotar
las rondas de protección de conformidad con la Guía Técnica de Criterios para el
Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia, emitida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
De otro lado, ordenó identificar los asentamientos ilegales consolidados en la franja
protectora del Río Meléndez, así como aquellos que, pese a no afectar directamente
a los cuerpos de agua, se encuentran situados en zonas de alto riesgo no mitigable
por inundaciones, deslizamiento o movimiento en masa de tierra. Posterior a ello,
iniciar y culminar los respectivos procesos de restitución de los bienes públicos
respecto de las áreas de ronda hídricas, garantizando la reubicación de la población
que allí habita. Y concluyó que las áreas recuperadas debían ser entregadas al CVS
y al DAGMA, según su jurisdicción, para su manejo y cuidado, de modo que se
garantice la plantación y cobertura boscosa.
3.7. Sobre la creación de un embalse de regulación en la Quebrada La
Guillermina, consideró que su elaboración podría ser necesaria para la mitigar las
anegaciones del Canal Nápoles que es afluente del Río Meléndez, por lo que ordenó
a EMCALI, en asocio con la CVC, que adelanten los estudios de consultoría, técnicos
y especializados que permitan determinar si esa obra puede detener o disminuir en
forma significativa el proceso de desbordamiento del citado canal. En caso de ser
afirmativa dicha respuesta, ordenó su construcción al Municipio de Santiago de Cali,
a la CVC y a EMCALI.
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IV. RECURSOS DE APELACIÓN
4.1. EMCALI12 presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia con el que se opuso a las obligaciones que le fueron impuestas.
Precisó que se oponía a las obligaciones impuestas a esa empresa relacionadas con
la ejecución de los diez (10) proyectos para el saneamiento de agua definidos en el
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del Río Meléndez y la realización de
estudios de consultoría para concluir si la construcción de un embalse de regulación
en la Quebrada La Guillermina disminuiría el riesgo de inundación y en caso de que
la respuesta a ese interrogante fuese afirmativa, proceder a su elaboración. Lo
anterior, como quiera que las entidades directamente responsables para adelantar
esas órdenes por sus competencias, no cumplen con la materialización de los
proyectos a su cargo, lo que ha llevado a que se agraven las inundaciones y demás
situaciones de urgencia que debe atender esa sociedad como prestadora del servicio
público de alcantarillado.
Dijo que cumple con todos los estándares normativos exigidos por la regulación
ambiental y además realiza los aportes económicos que se hacen a través del pago
de tasas ambientales, que deben ser destinados específicamente para adelantar
proyectos, programas y obras por las entidades ambientales, según la competencia
de cada una de ellas, pero dentro de las limitaciones legales de inversión
presupuestal que específicamente se determina en el mejoramiento de la prestación
del servicio público de alcantarillado.
En ese orden, anotó que no le correspondía acometer obras como la del embalse de
La Guillermina, en jurisdicción de la CVC, máxime cuando existían órdenes judiciales
dadas a dicho ente que no habían obtenido observancia alguna. Resaltó que, en una
sentencia de acción popular anterior, se le ordeno a la CVC la construcción de esa
obra, pero que a la fecha no se evidenciaba cumplimiento alguno.
Finalmente, dijo que la parte actora no agotó el requisito de procedibilidad
establecido en el artículo 144 del CPACA, relacionado con la solicitud previa a la
12 Ver expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.
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autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas para que adopte las
medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o
vulnerado.
4.2. El Distrito de Santiago de Cali13 interpuso recurso de apelación en el que
insistió en el argumento que expuso en la contestación de la demanda. Este
argumento se refiere a la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la
acción popular. Dijo que la solicitud que le fue interpuesta no es una reclamación
administrativa, debido a que no se invocaron los derechos colectivos que se
consideran como amenazados ni las acciones que se podían ejecutar, ni dicha
petición se sustentó en lo previsto en el artículo 144 del CPACA.
4.3. La CVC14 presentó impugnación en la cual argumentó que el papel de las
Corporaciones Autónomas Regionales era complementario o subsidiario en relación
con las obligaciones atribuidas por la Constitución y la Ley a las entidades
territoriales.
Enseguida, afirmó que debía ser excluida de las órdenes contenidas en los
numerales 3, 5, 6 y 11 de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia,
relativas a: (i) las jornadas de limpieza, (ii) la ejecución de cada uno de los diez (10)
proyectos para el saneamiento de la subcuenca del Río Meléndez, (iii) la
identificación, delimitación y acotación de las rondas hídricas de protección, de
conformidad con la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas
Hídricas en Colombia"15, y (iv) la ejecución de estudios de consultoría, técnicos y/o
especializados para determinar si el embalse de regulación en la quebrada La
Guillermina detendrá o al menos disminuirá de forma significativa los procesos de
desbordamiento del Canal Nápoles, por las siguientes razones:
4.3.1. En cuanto al mandato concerniente a la limpieza de los cuerpos de agua,
indicó que, de conformidad con el parágrafo del artículo 4º de la Ley 99 de 1993 y el
numeral 9º del artículo 65 ibidem, es responsabilidad del Distrito de Santiago de Cali
realizar jornadas de limpieza de los cuerpos de agua. Además, que, en virtud de lo
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Visible a folio 2 del recurso de alzada
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previsto en los artículos 6 y 122 de la Carta Política, los servidores públicos están
obligados a cumplir estrictamente sus funciones; de ahí que, en su criterio, no sea
necesaria la comparecencia permanente de esa autoridad ambiental para que se
lleven a cabo esas jornadas.
4.3.2. Respecto a la elaboración de los diez (10) proyectos para el saneamiento del
agua de la subcuenca del Río Meléndez conforme al Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico del Río Meléndez - PORH, expresó que la responsabilidad en la
ejecución de dicho proyecto es del ente municipal y de EMCALI.
Anotó que, conforme a la normativa vigente, el Plan de Ordenamiento del Recurso
Hídrico – PORH es un instrumento de planificación que permite a la autoridad
ambiental intervenir de manera sistemática los cuerpos de agua para garantizar las
condiciones de calidad y cantidad que son requeridas para el sostenimiento de los
ecosistemas acuáticos y sus usos actuales y potenciales. Refirió que fue por ello
que la CVC y el DAGMA adoptaron el PORH, a través de la Resolución 0100 No.
0520-1215 del 30 de diciembre de 2019, “Por la cual se aprueba el Plan de
Ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica – POMCA de los Ríos Lili –
Meléndez, Cañaveralejo y se adoptan otras determinaciones”.
Alegó que, conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, la competencia de las
Corporaciones Autónomas Regionales en materia de riesgo es complementario y
subsidiario respecto de la labor de las alcaldías y gobernaciones. Así, expresó que,
como emitió el Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Río Meléndez, ahora
correspondía a los entes territoriales y a las empresas de servicios públicos adelantar
o ejecutar las acciones allí definidas.
4.3.3. Sobre la identificación, delimitación y acotamiento de las rondas hídricas de
protección con base en la “Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las
Rondas Hídricas en Colombia”, aseveró que en la Resolución 100 No. 0500-05074
de 2015, expidió las determinantes a nivel ambiental a escala departamental en
estructura ecológica y amenazas y riesgo para procesos de planificación territorial en
jurisdicción de la CVC.
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Además, indicó que en los años 2012 a 2015 realizó un ejercicio de planificación
regional integrada que define medidas de corto, mediano y largo plazo para la
gestión integral de las inundaciones en el corredor del Río Cauca. Reiteró que en la
Resolución 0100 No. 0520-1215 del 30 de diciembre de 2019 se aprobó el POMCA
de los Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo.
Anotó que esas decisiones, así como los Decretos Ley 2811 de 1974 y 1076 de
2015, son los instrumentos con los que los entes de control y seguimiento ambiental
expide otorgamientos ambientales y los permisos de licenciamiento de urbanismo o
construcción, entre otras. De ahí que sí esté cumpliendo su función ambiental y, por
ende, no sea necesario que se acote la ronda del Río Meléndez.
4.3.4. En relación con la elaboración de un estudio de consultoría, técnico y/o
especializado que se requiera para determinar si la construcción de un embalse
disminuiría de forma significativa el proceso de desbordamiento del Canal Nápoles,
reiteró que, en virtud del artículo 31 de la Ley 1523 de 2013, la responsabilidad en
materia de riesgos está en cabeza de los entes territoriales.
Refirió que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2.2.8.6.4.1. y 2.2.8.6.4.2. del
Decreto 1076 de 2015, los recursos de las CAR tienen destinación específica, de
modo que es improcedente que, en una decisión judicial, se le ordene la construcción
del mencionado embalse, máxime cuando su papel en la gestión del riesgo es
complementario y residual de las competencias ejercidas por las alcaldías y
gobernaciones.
4.4. Posteriormente, la CVC dio alcance al recurso de alzada en los siguientes
términos16:
Mencionó que la problemática de la calle 13 con carera 80, a la altura del
Supermercado La 14 de la Avenida Pasoancho de la ciudad de Cali, se genera por
inconvenientes en el drenaje pluvial urbano y cuya solución es competencia de
EMCALI y del Distrito de Santiago de Cali. Al respecto, refirió que, en el año 2017,
adelantó los estudios sobre las opciones de regulación de los caudales en las
16 Visible a índice 98 del Sistema de Gestión SAMAI del Tribunal
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cuencas del Departamento del Valle del Cauca frente al cambio climático. Dijo que,
entre esos análisis, se encuentra el del Río Meléndez, realizado por la firma
INGETEC, que informó que en la zona adyacente a ese cuerpo de agua existen
descargas pluviales que agudizan la problemática en ese sector.
Indicó que “la solución no está en hacer más Estudios, que por cierto son cuantiosos,
cuando a sabiendas es claro que el Inconveniente se centra en la calle 13, con
carrera 80, a la altura del Supermercado La 14 de la Avenida Pasoancho de la
Ciudad de Cali; dado que es un hecho notorio que Colombia y el Planeta entero
afronta un cambio climático y sobre todo en nuestro País, se presentan fenómenos
como el Fenómeno de La Niña, que desborda modelos de simulación en época de
invierno normales”17.
Por último, y como prueba lo expuesto, adjuntó con la alzada al plenario un Concepto
Técnico emitido por profesionales de esa entidad, en el que se refiere al anotado
estudio elaborado por la firma INGETEC.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA18
5.1. Por medio de auto del 8 de junio de 2023, el Despacho sustanciador admitió
los recursos antes mencionados y prescindió del traslado para alegar, de conclusión
en aplicación de lo previsto en numeral 5 del artículo 247 del CPACA, aplicable al
presente asunto por la remisión que autoriza el artículo 44 de la Ley 472 de 199819.
Asimismo, en esa decisión se negó el decreto de la prueba documental denominada
“Concepto Técnico de los Profesionales de la CVC”, que fue solicitada por esa
entidad en el memorial por el cual dio alcance al recurso de alzada.
5.2. A través de escrito del 15 de junio de 2023, la parte actora se pronunció
frente a los recursos de apelación, indicando en síntesis que sí cumplió con el
requisito de procedibilidad dispuesto en el inciso 3º del artículo 144 del CPACA.
Además, afirmó que en primera instancia se comprobó la vulneración de los
17 Visible a folio 6 del memorial que dio alcance al recurso de apelación por parte de la CVC
18 Todo el trámite obra en el expediente digital en SAMAI.
19 Visible en el índice número 10 del Sistema de Gestión SAMAI.
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derechos colectivos invocados en la demanda y que las entidades accionadas no
adelantaron ninguna medida para la solución definitiva de dicha problemática20.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público rindió concepto en el cual indicó que compartía las órdenes
dictadas en el fallo de primera instancia, pues las entidades accionadas estaban
obligadas a identificar los cauces a proteger de las quebradas, ríos, lagos o cualquier
fuente hídrica perteneciente a la subcuenca del Río Meléndez; asimismo, a tener
conocimiento de los asentamientos humanos ilegales que se encuentran situados en
zonas de alto riesgo por inundaciones y deslizamiento de la tierra, entre otras
situaciones que se pueden presentar no mitigables. Por ello, solicitó que se
mantuviera incólume la decisión apelada.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. Cuestión previa
Mediante escrito del 22 de mayo de 202421, el Consejero de Estado Germán Eduardo
Osorio Cifuentes puso de presente a la Sala su impedimento para conocer del
proceso de la referencia.
El mencionado Consejero aduce estar incurso en la causal de impedimento prevista
en el numeral 3° del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo22. Manifestó que su hermano José Fernando Osorio
Cifuentes, se encuentra vinculado a la Procuraduría General de la Nación, en calidad
de Procurador Judicial II, y este ente funge como parte demandante en el expediente
de la referencia.
En ese orden, la Sala debe establecer si el cargo del señor José Fernando Osorio
Cifuentes corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en dicha entidad, pues el
fundamento de la causal de impedimento es precisamente que “el cónyuge,
20 Visible en el índice número 16 del Sistema de Gestión SAMAI.
21 Visible en el índice núm. 25 de Samai.
22 Aplicable al presente trámite por remisión del artículo 44 de la Ley 472 de 1998.
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compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la
condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor, o ejecutivo en una
de las entidades públicas que concurran al respectivo proceso en calidad de parte o
de tercero interesado”.
Pues bien, en el Decreto 264 de 2000 se establece el sistema de clasificación,
nomenclatura y la naturaleza de las funciones de los empleos de la Procuraduría
General de la Nación, particularmente en su artículo 3° se indicó: nivel directivo, nivel
asesor, nivel ejecutivo, nivel profesional, nivel técnico, nivel administrativo y nivel
operativo.
En el artículo 7° se identificó la nomenclatura aplicable a partir de la clasificación
anterior, en la que se advierte que el cargo de Procurador Judicial II pertenece al
nivel profesional:
“NIVEL PROFESIONAL
Procurador Judicial II
Procurador Judicial I
Profesional Universitario”
No obstante, en una decisión reciente de la Sala Plena23 en la cual se abordó la
manifestación de impedimento de los Consejeros de Estado Nicolás Yepes Corrales
y Fredy Ibarra Martínez, se dispuso que en los casos de los Procuradores Judiciales
II, debe acudirse a un criterio funcional y que según lo indicado en el artículo 4° del
mencionado Decreto 264 de 2000, se establece que son cargos directivos aquellos
que actúen en representación del Procurador General de la Nación.
En ese orden, se precisó que como de acuerdo a lo señalado en los artículos 277 y
280 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley
262 de 2000, los Procuradores Judiciales II cumplen esta función, se entiende que
hacen parte del nivel directivo y en consecuencia, la Sala debía declararse fundado
el impedimento manifestado por estos Consejeros.
23 Providencia del 8 de agosto de 2023, radicado: 110010315000202300871 00, CP Martha Nubia
Velásquez Rico.
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Bajo esa perspectiva, siendo que la situación fáctica planteada por el Consejero de
Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes es similar a la descrita, se declarará
fundado el impedimento, pues se configura la causal dispuesta en el numeral 3° del
artículo 130 del CPACA., y en consecuencia se separará del conocimiento del asunto
bajo examen.
7.2. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 del 5 de agosto de
1998, el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 del
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los
Tribunales Administrativos en las acciones populares.
7.3. Planteamiento
La Sala advierte que las partes están de acuerdo en la vulneración de los derechos
colectivos alegados en la demanda, la cual surge debido a que la subcuenca del Río
Meléndez se ve afectada por asentamientos altamente poblados con construcciones
no reguladas, viviendas en áreas de protección de los cuerpos de agua, así como por
el manejo inapropiado de residuos sólidos dentro de los cauces y el vertido directo de
aguas residuales al cuerpo de agua.
No obstante, las discrepancias planteadas por los recurrentes se encuentran
relacionadas con la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de que trata
el artículo 144 del CPACA y la competencia para cumplir con las órdenes de
protección impartidas por el Tribunal.
En efecto, sobre el requisito comentado, EMCALI y el Distrito extrañan que el juez de
primera instancia hubiese dado crédito al cumplimiento del requerimiento previo con
las peticiones que presentó la parte actora, pues, en su criterio, no se invocó el
artículo 144 del CPACA, no se mencionaron los derechos colectivos vulnerados, ni
se indicaron cuáles medidas podían llevarse a cabo para superar su infracción. Entre
tanto, el Tribunal no expuso consideración alguna en la decisión controvertida.
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De otro lado, en lo atinente a la competencia para el cumplimiento de las órdenes de
la sentencia de primera instancia, la CVC es del parecer que, de acuerdo con el
orden jurídico, debe ser excluida de las órdenes contenidas en los numerales 3, 5, 6
y 11 del fallo recurrido, comoquiera que, en primer lugar, la limpieza de los cuerpos
de agua es responsabilidad del Municipio, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4º y el numeral 9 del artículo 65 de la Ley 99 de 1993, sin que para el
cumplimiento de ello sea necesaria la presencia obligatoria de esa autoridad
ambiental, en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 122 de la Constitución
Política. En segundo lugar, que no tiene facultades para ejecutar los planes de
saneamiento del agua de la subcuenca del Río Meléndez que se encuentran
definidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, toda vez que, como ya
emitió el mismo en la Resolución 0100 No. 0520-1215 del 30 de diciembre de 2019,
correspondía al ente territorial y a la empresa de servicios públicos adelantar los
planes indicados en ese documento. En tercer término, para la CVC debe revocarse
la orden relacionada con que identificara, delimitara y acotara las rondas hídricas de
protección del Río Meléndez, toda vez que la considera innecesaria, dado que ya
había emitió los instrumentos de control y seguimiento necesarios para que los entes
de control expidieran los permisos ambientales o licencias de urbanismo o
construcción dentro del área de su jurisdicción. En cuarto lugar, para la CVC debe
exonerarse a esa entidad de la realización del estudio de consultoría, técnico y/o
especializado que se requiera para determinar si es necesaria la construcción de un
embalse para disminuir el proceso de desbordamiento del Canal Nápoles, y su
edificación en caso de concluirse que sí es útil, como quiera que la responsabilidad
en materia de gestión del riesgo se encuentra en cabeza del ente territorial, máxime
cuando los recursos de esas corporaciones ambientales tienen destinación
específica.
Por su parte, EMCALI indicó que se oponía a que le fueran impartidas las órdenes
señaladas en los numerales 5 y 11 de la parte resolutiva de la providencia recurrida,
toda vez que las entidades competentes constitucional y legalmente para su
ejecución no las han llevado a cabo; tal es el caso de la obra del embalse de La
Guillermina, en la que, pese a que su construcción ya se había ordenado en otro
proceso de acción popular, la misma no había sido cumplida.
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Para el Tribunal dichas entidades sí son responsables para la ejecución de las
anotadas órdenes, en atención a sus competencias en materia de gestión del riesgo
y saneamiento ambiental, máxime cuando en el Plan de Ordenamiento del Recurso
Hídrico (en adelante POHR) se les asignaron compromisos expresos a su cargo.
Finalmente, para la CVC la problemática que se presenta en la calle 13 con carera
80, a la altura del Supermercado La 14 de la Avenida Pasoancho de la ciudad de
Cali, es un inconveniente del drenaje pluvial urbano que se agudiza debido al
fenómeno de la niña y el cambio climático, por lo que no es necesaria la realización
de los estudios dispuestos en el numeral 11 de la providencia recurrida para superar
ello, pues dichas lluvias desbordan los modelos de simulación en época de invierno.
Mientras que, para el Tribunal, dichas inundaciones eran consecuencia del indebido
manejo de los residuos sólidos, el vertimiento de aguas residuales directamente al
cuerpo de agua y la construcción de asentamientos altamente poblados en la faja de
protección de la cuenca del Río Meléndez, de ahí que fuera necesaria la adopción de
mandatos que permitieran solventar esa circunstancia.
En ese orden, la Sala desatará los reparos esgrimidos.
7.4. De la controversia sobre el agotamiento del requisito de procedibilidad
En este punto tendrá que verificarse si es cierto que la parte actora no agotó el
requisito de procedibilidad relacionado con la presentación de la reclamación
administrativa ante el Distrito de Santiago de Cali y EMCALI.
Así las cosas, debe indicarse que el inciso 3º del artículo 144 del CPACA., determinó
que, antes de presentarse la demanda en ejercicio de la acción popular, el actor
debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas
que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo
amenazado o violado. Asimismo, la aludida disposición normativa sostuvo que
excepcionalmente podrá prescindirse de esa exigencia cuando exista un inminente
peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses
colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.
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Al respecto, es menester indicar que esta Sección, en Auto de 8 de junio de 2017, al
estudiar un recurso de apelación interpuesto en contra de una providencia que
rechazó una acción popular por no haberse aportado las copias que acreditaran el
requerimiento previo a la entidad demandada, expuso lo siguiente:
“Como se puede apreciar, a partir de la entrada en vigencia del CPACA (2 de
julio de 2012), el actor popular debe dar cumplimiento al agotamiento del
requisito de procedibilidad antes reseñado, conforme al cual se le deberá solicitar
a la autoridad administrativa o al particular que ejerce funciones administrativas
que adopte las medidas necesarias para proteger el derecho o interés colectivo
amenazado o violado, so pena de resultar improcedente el ejercicio de la acción.
Para el efecto, la entidad o el particular cuentan con los quince (15) días
siguientes a la presentación de la solicitud para adoptar las medidas que sean
necesarias para hacer cesar la amenaza o violación del derecho o interés
colectivo.
De lo anterior se infiere que al imponérsele esta obligación al administrado, el
Legislador pretendió que la reclamación ante la Administración fuese el primer
escenario en el que se solicite la protección del derecho colectivo presuntamente
violado, en aras de que, de ser posible, cese de manera inmediata la vulneración
a tales derechos, de suerte que al Juez Constitucional se acuda solamente
cuando la autoridad administrativa, a quien se le imputa la vulneración, no
conteste o se niegue a ello24.
Ahora bien, la reclamación previa podrá omitirse en caso de que exista un
inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e
intereses colectivos, siempre que haya sido expresado y sustentado en la
demanda y, desde luego, acompañado del acervo probatorio idóneo y suficiente
para acreditar esa especialísima situación.” 25 (Subrayas de la Sala)
Asimismo, en providencia del 15 de agosto de 2019, esta Sección consideró que
para el agotamiento de dicho requisito no era necesario que se invocaran los
derechos colectivos invocados como vulnerados ni las medidas concretas para
superar esa situación; veamos:
“48. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que, de acuerdo
con los principios que regulan las acciones populares, especialmente el de
prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal26, el requisito de
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto del 5 de septiembre de 2013,
Radicación No. 25000-23-41-000-2013-00358-01 (AP), Consejera Ponente: María Elizabeth García
González.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad: 25000-23-41-
000-2016-02217-01(AP). M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés
26 Ley 472. “[…] ARTICULO 5. TRAMITE. El trámite de las acciones reguladas en esta ley se
desarrollará con fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia
del derecho sustancial, publicidad, economía, celeridad y eficacia. Se aplicarán también los principios
generales del Código de Procedimiento Civil, cuando éstos no se contrapongan a la naturaleza de
dichas acciones.
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procedibilidad previsto en el artículo 144 de la Ley 472 no obliga a la persona
interesada a indicar en el requerimiento, de forma expresa, los derechos e
intereses colectivos que considerada vulnerados. En efecto, esta Sección en el
auto proferido el 11 de abril de 2018 precisó lo siguiente:
“[…] Es importante aclarar que si bien las peticiones, como se puede deducir de
los documentos transcritos, no requieren expresamente la protección de los
derechos colectivos referidos por el actor en la presente acción popular, si
pretenden que se adopten las medidas necesarias para que se corrijan las
conductas vulneradoras de tales derechos al interior de los establecimientos
carcelarios, de tal manera que con éstas se entiende cumplido el requisito exigido
en el inciso 3º del artículo 144 de la Ley 1437.
Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado ha indicado27:
“[…] La Sala conviene en precisar que el artículo citado, debe ser
interpretado a la luz de la Ley 472 de 1998, la cual, en sus artículos 5°, 12
y 13 de la Ley 472 de 1998, consagra que las acciones populares se rigen
por el principio de primacía del derecho sustancial y puede ser interpuesta
por cualquier persona, por sí misma o por quien actúe en su nombre, lo
que permite que personas no abogadas, puedan acudir ante el Juez
Constitucional para obtener la protección de sus derechos colectivos.
Siendo ello así, la exigencia del artículo 144 del CPACA, no obliga al
interesado a que indique de manera expresa en su requerimiento a la
entidad administrativa competente, los derechos colectivos que considera
vulnerados ni medidas específicas o concretas, pues solo basta con que
reclame la adopción de las medidas necesarias para superar las
conductas violatorias de tales derechos, cuyas actuaciones, debido a la
omisión de las entidades, pueden ventilarse ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
La Sala considera que rechazar una acción popular porque en el
requerimiento presentado ante la autoridad demandada, no se indicó
de manera expresa qué derechos colectivos considera vulnerados o
la adopción de medidas específicas y concretas, pese a que en
ambas instancias se hubiesen ventilado idénticas conductas
vulneradoras, contraviene expresamente postulados
constitucionales, como la prevalencia del derecho sustancial sobre
el formal, acceso a la Administración de Justicia y el principio de Iura
Novit Curia, cuya aplicación es de vital importancia en materia de
acciones populares […]”28 (Resaltado del texto original).
El Juez velará por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las
partes.
Promovida la acción, es obligación del juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito so
pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destitución. Para este fin el funcionario de
conocimiento deberá adoptar las medidas conducentes para adecuar la petición a la acción que
corresponda […]”
27 Sección Primera del Consejo de Estado. Auto de Sala de 27 de noviembre de 2014, expediente nro.
2014-00498-01, Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto proferido el 11 de
abril de 2018, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-
2016-02255-01(AP)A
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49. Esta tesis fue reitera en el auto proferido por la Sección Primera el 14 de
marzo de 2019, oportunidad en la que se consideró que los hechos expuestos en
la demanda ya habían sido puestos en conocimiento de las entidades
demandadas por medio de peticiones y que a pesar que en estas no se solicitó
de forma expresa la protección de algún derecho o interés colectivo, no era
procedente rechazar la demanda porque en este medio de control opera el
principio iura novit curia29.” 30(Subrayas de la Sala, negrillas dentro del texto)
Visto lo anterior y descendiendo al caso en concreto, se observa que la finalidad de
este requisito previo no es otra que la autoridad administrativa adopte las medidas
necesarias para proteger los derechos o intereses colectivos vulnerados o
amenazados, razón por la cual la solicitud, junto con los supuestos fácticos que dan
lugar a la posible vulneración, es suficiente para entender cumplido el mismo.
En ese contexto, procederá la Sala a establecer si en el presente asunto fue agotado
el requisito de procedibilidad de que trata el inciso 3º del artículo 144 del CPACA,
respecto a EMCALI y el Distrito de Santiago de Cali.
Con miras a acreditar el mencionado requisito, la parte actora presentó varias
peticiones a EMCALI y a la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres de Cali,
solicitud esta última que fue reiterada con idénticos argumentos a la Corporación
Autónoma de Valle del Cauca – CVC y al DAGMA. En dichas peticiones se expuso la
problemática generada por las inundaciones del Río Meléndez. Asimismo, se pidió
información sobre las medidas y planes de atención a la problemática. Las peticiones
en comento son del siguiente tenor:
“
29 Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Sección Primera, auto proferido el 14 de
marzo de 2019, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación
500012333000201800275-01(AP)
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto del 15 de agosto
de 2019. Proceso radicado número: 25000 23 41 000 2019 00364 01. Consejero Ponente: Hernando
Sánchez Sánchez
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”31
“
”32
Posteriormente, con base en las respuestas que esas entidades entregaron a la
actora, ésta formuló la siguiente petición a EMCALI, en la que le solicitó realizar
actuaciones específicamente en la Quebrada La Guillermina; veamos:
“
31 Visible a folio 14 del Cuaderno del Tribunal
32 Visible a folio 15 del Cuaderno del Tribunal.
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”33
A su vez, a la Unidad de Gestión del Riesgo de Emergencias de Gestión de Riesgo
y Desastres de Cali, le pidió que iniciara de inmediato planes de mitigación y la
expedición de directrices que permitan terminar con los problemas de invasión,
deforestación, manejo inadecuado de basuras y residuos sólidos en la zona de
protección del Río Meléndez, tal y como puede evidenciarse enseguida:
“
”34
33 Visible a folio 48 del Cuaderno del Tribunal
34 Visible a folio 49 del Cuaderno del Tribunal
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De lo anterior se desprende que los requerimientos presentados por la demandante a
EMCALI y el Distrito de Santiago de Cali buscaban que estas últimas adoptaran las
medidas necesarias para solventar los problemas de invasión, deforestación y
manejo inadecuado de residuos sólidos en la faja de protección de la parte alta de la
cuenca del Río Meléndez, así como el desbordamiento de los cauces de ese afluente
en la ciudad de Cali.
Bajo tal perspectiva, es claro para la Sala que, pese a que la parte actora no invocó
los derechos colectivos que consideraba como infringidos y no indicó de forma
expresa cada una de las pretensiones traídas en la demanda, sí cumplió con el
requisito de procedibilidad dispuesto en el inciso 3º del artículo 144 del CPACA, en
tanto solicitó de forma directa a la administración la adopción de las medidas para
cesar la presunta violación de los intereses y derechos colectivos cuyo amparo se
pide en esta sede.
En este punto, es menester precisar que el citado artículo debe ser interpretado a la
luz de la Ley 472 de 1998, que en sus artículos 5, 12 y 13 determinó que las
acciones populares se rigen por el principio de primacía de derecho sustancial sobre
las formas. Por ende, el interesado no está obligado a señalar de manera expresa en
su requerimiento a la autoridad administrativa los derechos colectivos que considera
vulnerados, ni las medidas específicas o concretas para que cese su vulneración.
En consecuencia, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
7.5. De la controversia relacionada con la competencia para cumplir las
órdenes dispuestas en la sentencia de primera instancia
7.5.1. De la orden relacionada con el acompañamiento a las jornadas de
descontaminación por parte de la CVC
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De manera previa a plantear el problema que corresponda, es pertinente aclarar que
en el numeral 3º de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia35, el
Tribunal ordenó al Distrito de Santiago de Cali que realice jornadas de limpieza
bimensuales en la subcuenca del Río Meléndez. Además, dispuso que para esos
efectos la CVC y el DAGMA, en el ámbito de su competencia, realicen
acompañamiento obligatorio a esas jornadas.
Siendo ello así, es pertinente indicar que no existe discusión respecto a la autoridad
competente para la realización de dichas jornadas, esto es, el Municipio. En lo que
existe discusión es en determinar si para su desarrollo es necesaria la
comparecencia obligatoria de la respectiva autoridad ambiental.
En ese orden, tendrá que absolverse si es competente una autoridad ambiental para
efectuar presencia obligatoria en las jornadas de limpieza a cargo de un ente
territorial sobre los afluentes de un cuerpo de agua.
A efectos de dirimir lo anterior, es menester señalar que, de conformidad con lo
previsto en los numerales 2), 12) y 20) del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las
Corporaciones Autónomas Regionales son la máxima autoridad ambiental de su
jurisdicción y, entre otras, les compete ejercer las funciones de evaluación control y
seguimiento de los usos de los recursos naturales, entre ellos el agua. Asimismo, les
corresponde ejecutar, operar y mantener, en coordinación con los entes territoriales,
proyectos que permitan la descontaminación o recuperación de los recursos
ambientales.
Las normas en cuestión son del siguiente tenor:
“Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán
las siguientes funciones:
(…)
35 “3. ORDENAR al Distrito de Santiago de Cali que realice jornadas bimensuales de limpieza de los
cuerpos de agua en la comuna dieciocho (18), con especial énfasis en las aguas pertenecientes a la
subcuenca del río Meléndez, en su parte alta, media y baja, de forma articulada con la mayor cantidad
de instituciones y entidades que pueda hacer partícipes y especialmente aquellas que sean de su
cargo y además, con la presencia obligatoria de las autoridades ambientales de la zona urbana y rural
(DAGMA y CVC).”
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2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;
(…)
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones
comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos
concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
(…)
20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables;” (Subrayas de la Sala)
En consecuencia, la autoridad ambiental recurrente sí es destinataria del deber de
desarrollar las jornadas de acompañamiento a las labores de limpieza que llevará a
cabo el Distrito de Santiago de Cali en las aguas pertenecientes a la subcuenca del
Río Meléndez, toda vez que en ese sentido funge como autoridad de evaluación,
control y seguimiento ambiental y debe ejecutar planes para la descontaminación o
recuperación de los recursos naturales con los entes territoriales.
7.5.2. De la controversia sobre la ejecución de los proyectos dispuestos en el
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del Río Meléndez - POHR
En este punto se evaluará si son competentes una Corporación Autónoma Regional
y una empresa de servicios públicos para iniciar la ejecución de los proyectos para el
saneamiento del agua de un afluente que se encuentra dispuesto en el POHR.
El Tribunal, en el numeral quinto de la sentencia recurrida, ordenó al Distrito de
Santiago de Cali, al DAGMA, a EMCALI y a la CVC iniciar la ejecución de los
programas definidos en el PORH para el mantenimiento y conservación de la cuenca
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del Río Meléndez36. De ahí que, para la verificación de si las recurrentes tienen
competencia para la realización de dichos proyectos, deba acudirse precisamente a
dicho PORH.
En tal contexto, debe indicarse que en dicho Plan se definieron las siguientes líneas
estratégicas con el fin de lograr la protección del Río Meléndez:
“ESTRUCTURA DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO
El PORH constituye un instrumento de planificación importante para el
ordenamiento de las aguas, debido al conocimiento del estado base del recurso y
de las necesidades de implementación de acciones de tipo técnico y
administrativo para garantizar la sostenibilidad del agua, situación que se articula
adecuadamente con los planteamientos de la Política Nacional para la Gestión
Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH (MAVDT, 2010), la cual busca a través de
sus objetivos específicos los temas de oferta, demanda, calidad, riesgo,
fortalecimiento institucional y gobernabilidad.
Teniendo en cuenta los riesgos identificados y situaciones propias de la corriente
en ordenamiento, se presenta a continuación la descripción de las líneas
estratégicas para la conformación de proyectos así como las fichas
correspondientes a cada proyecto.
12.3. Línea estratégica
1: Uso eficiente del agua Esta línea estratégica está dirigida principalmente a
propender por el uso razonable y sostenible del agua, donde se pretende
garantizar el caudal ambiental necesario y reducir las afectaciones que el
desabastecimiento del rio puede generar en el ecosistema, limitando el uso del
recurso sobre todo en épocas climáticas de temporada seca.
12.4. Línea estratégica
2: Saneamiento de fuentes hídricas Esta línea fue determinada con el fin de
atender el objetivo sobre calidad de la Política Nacional para la Gestión Integral
del Recurso Hídrico, que establece: “Mejorar la calidad del recurso hídrico”; esto
en función del cumplimiento de los criterios de calidad establecidos para cada
uso en el actual plan de ordenamiento. Con el objetivo de contribuir a la ejecución
de la línea estratégica se definen dos programas que agrupan los proyectos de la
línea (Saneamiento rural y Saneamiento urbano).
12.5. Línea estratégica
“5. ORDENAR al Distrito de Santiago de Cali, al DAGMA, a EMCALI y a la CVC iniciar la ejecución de
cada uno de los diez (10) proyectos para el saneamiento del agua de la subcuenca del río Meléndez
conforme al Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del río Meléndez, destacándose que existen
tareas que ya deberían haberse culminado atendiendo el horizonte de tiempo trazado. Deberán las
entidades acreditar ante el despacho el inicio y ejecución paulatina de los proyectos.”
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3: Ocupación del territorio La línea estratégica “Ocupación del Territorio”, se
enmarca en los 5 objetivos de la Política hídrica Nacional: oferta, demanda,
calidad, riesgo, gobernabilidad y fortalecimiento institucional, dado que su
propósito, mediante el acotamiento de rondas hídricas priorizadas, es conservar
las áreas aferentes de los acueductos rurales y urbanos de la zona de estudio,
prevenir el desarrollo de AHDI que puedan incidir en las condiciones de calidad
de las corrientes y promover el desarrollo social y económico de las subcuencas,
preservando las márgenes protectoras del río Meléndez
12.6. Línea estratégica
4: Monitoreo del recurso hídrico La línea estratégica 4, está orientada hacia la
ejecución de actividades que permitan el adecuado seguimiento y monitoreo del
recurso hídrico del rio Meléndez en pro del cumplimiento de las condiciones de
calidad y cantidad identificadas en fase de diagnóstico y definidas en fase de
prospectiva, así como de la actualización y alimentación de los modelos de
calidad del agua implementados y ejecutados con información de calidad y
cantidad existente.
12.7. Línea estratégica
5: Fortalecimiento de procesos de participación social y comunitaria Esta línea
estratégica busca promover la participación de la comunidad en los procesos de
gestión integral del recurso hídrico, necesarios, en el marco del PORH, para
alcanzar los objetivos de calidad del agua propuestos para esta corriente en el
marco de su ordenamiento. La estrategia consiste en el diseño e implementación
de procesos formativos, informativos y de sensibilización dirigidos a diferentes
públicos, principalmente líderes de organizaciones sociales, representantes de
acueductos comunitarios, instituciones educativas y público en general.”37
Por su parte, los proyectos dispuestos en el componente programático del PORH y
cuya ejecución fue ordenada por el Tribunal en la sentencia de primera instancia, son
los que siguen a continuación:
1) Optimización de la PTAR del Colegio San Gabriel. Allí se establecieron como
responsables de su ejecución al usuario de la misma, y a su vez, se previó que debía
ser apoyada por la CVC; veamos:
“
37 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión SAMAI
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”38
2) Proyecto denominado “Construcción y formalización de los sistemas de
tratamiento del vertimiento generado por la O&M de las PTAP”. En ese plan se
designó como responsable al usuario y como entidades que apoyan dicho proyecto
la CVC y el DAGMA:
“
”39
38 Visible en el documento denominado “Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico –
PORH. Cauce Natural del Río Meléndez – Diciembre de 2019”
39 Ibidem.
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3) Saneamiento para las veredas La Candelaria, Dosquebradas y El Carmen Río
Meléndez. En ese proyecto nuevamente se designó a la CVC como una de las
autoridades responsables para el desarrollo de las anotadas obras:
“
”40
4) Programa de saneamiento para las veredas de la Candelaria, Dosquebradas y el
Carmen Río Meléndez, en el que una vez más se fijó como responsable a la CVC en
su ejecución:
”41
40 Ibidem.
41 Ibidem.
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5) Plan de Saneamiento para la Vereda La Fonda Cabecera y sector – La Rochela –
Río Meléndez. Allí se señaló a la CVC como una de las autoridades responsables,
como puede verse a continuación:
“
”42
6) Proyecto denominado alternativas de saneamiento para los asentamientos de
vivienda prioritaria y ANDI que generan vertimientos en el cauce principal del Río
Meléndez. Como entidades responsables se establecieron, la Alcaldía de Cali, la
CVC y el DAGMA, así:
42 Ibidem.
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“
”43
7) Proyecto de priorización de tributarios para reglamentación de vertimientos en el
Río Meléndez, cuyo objeto es la inclusión de la Quebrada Pueblo Nuevo del Río
Meléndez mediante la reglamentación de vertimientos, la cual estará a cargo de la
CVC; veamos:
“
”44
8) Mantenimiento de sistemas individuales para suscriptores no conectados a la red
de alcantarillado administrado por Acubuitresa E.S.P, que deberá ser apoyado por la
CVC:
43 Ibidem
44 Ibidem.
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“
”45
9) Proyecto denominado “Implementación del PSMV EMCALI E.SP.” a cargo de esa
empresa con el apoyo del DAGMA:
“
”46
45 Ibidem.
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10) La optimización de la PTAR el Caney – Aguas del Sur, cuyas entidades
responsables son Aguas del Sur con el apoyo del DAGMA:
“
”47
7.5.2.1.1. En ese orden, es claro que los proyectos antes enunciados sí se
ajustan a las competencias de la CVC y de EMCALI, toda vez que tienen por objeto
mejorar la calidad del recurso hídrico en Río Meléndez y buscan la optimización del
servicio público de alcantarillado, así como la reducción de la carga contaminante en
dicha cuenca.
Así, no son de recibo los reparos de esa autoridad ambiental y la anotada empresa
de servicios públicos, en los que afirman que no son responsables de ejecutar los
anotados proyectos, pues, como quedó en evidencia, en el componente
programático PORH del Cauce Natural del Río Meléndez, se les impuso
expresamente las actividades a su cargo y se definieron los cronogramas para su
cumplimiento.
Sin embargo, la Sala no pasa por alto que, si bien en todos los casos deben
comparecer como mínimo alguna de las entidades demandadas en calidad de líderes
o apoyo para la realización de los anotados proyectos, lo cierto es que para su
46 Ibidem.
47 Ibidem.
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ejecución no se previó que deban concurrir todas las accionadas. Por el contrario, allí
se establecieron expresamente los responsables en la ejecución de esos planes, sin
que en ningún caso coincidan la totalidad de entidades aquí demandadas.
Por ende, a efectos de lograr una correcta ejecución del mandato del Tribunal, se
modificará el numeral 5 de la sentencia recurrida y por ende se ordenará al Distrito
de Santiago de Cali, al DAGMA, a EMCALI y a la CVC que, en el marco de sus
competencias, inicien la ejecución de los citados diez (10) proyectos de saneamiento
definidos en el componente programático del POHR del Río Meléndez, de acuerdo
con las responsabilidades que les fueron asignadas en ese documento, en
concordancia con sus potestades de orden y constitucional en la materia48.
48 Competencia de las CAR: Conforme con el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones
Autónomas Regionales son entidades encargadas de proteger, regular y vigilar el adecuado manejo y
uso de los recursos naturales renovables que cuentan con autonomía, identidad propia e
independencia.
Los numerales 4, 12 y 17 del artículo 31 de la Ley 99, prevén que las corporaciones autónomas
regionales tienen, entre otras funciones, (i) coordinar el proceso de preparación de los planes,
programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y
entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción, y en
especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial en la
definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la
armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales; (ii)
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos y a las aguas, al aire o a los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para
otros usos; (iii) imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la
ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
También el numeral 20 ibidem, dispone que a esas autoridades les corresponde ejecutar, administrar,
operar y mantener, en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo
sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o
para la descontaminación o recuperación del ambiente y los recursos naturales renovables.
En consecuencia, la Sala concluye que las funciones reconocidas a las Corporaciones Autónomas
Regionales en las normas en cuestión, llevan consigo la obligación de intervenir y preservar el recurso
hídrico, a través de acciones de control, vigilancia, sanción, asesoría y apoyo de programas
ambientales, que desarrollen las entidades territoriales en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales. Asimismo, deben ejecutar obras de infraestructura necesarias para la
protección de esos recursos naturales.
Competencias de las Empresas de Servicios Púbicos: Al respecto, el artículo 365 de la Carta Política
determinó que los particulares podrán asumir la prestación de los derechos públicos; veamos:
“Articulo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el
Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el
Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de
soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de
una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades
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Para el efecto, se empezarán a contar los plazos definidos en el citado Plan para la
ejecución de cada proyecto, a partir de la notificación de esta providencia.
7.5.3. De la orden relacionada con el acotamiento de la faja de protección del
Río Meléndez
En este punto, corresponde definir si no es menester requerir a la CVC para que
adelante la identificación, delimitación y acotación de las rondas hídricas de
protección del Río Meléndez, si esta alega que ya emitió los instrumentos de control
y seguimiento necesarios para la emisión de permisos ambientales y licencias de
urbanismo o construcción dentro del área de su jurisdicción.
A efectos de resolver dicho problema, deberá evaluarse en primer lugar si el
fundamento del cargo es cierto, esto es, que esa autoridad ambiental ya expidió el
acto de acotamiento de la ronda hídrica del Río Meléndez.
Así, es pertinente indicar que las siguientes son las decisiones que enunció la CVC
en el recurso de alzada para sostener que ya acotó la ronda del citado afluente:
(i) Resolución 100 No. 500-05074 de 2015, “Por la cual se expiden determinantes
ambientales a escala departamental en estructura ecológica y amenazas y
riesgos para los procesos de planificación territorial en el área de jurisdicción
de la CVC”. En esa disposición se identificaron y definieron los riesgos y
estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud
de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”
Por su parte el numeral 11.1 de la Ley 142 de 1994, previó que lo particulares deben asegurar dicha
prestación de forma eficiente y adecuada, mientras que el numeral 11.5. señaló que en el ejercicio de
dicha actividad debe garantizarse el cuidado del ambiente y los recursos naturales.
Las normas en cuestión son del siguiente tenor:
“Artículo 11. Función social de la propiedad en las entidades prestadoras de servicios
públicos. Para cumplir con la función social de la propiedad, pública o privada, las entidades que
presten servicios públicos tienen las siguientes obligaciones:
11.1. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin abuso de la posición
dominante que la entidad pueda tener frente al usuario o a terceros.
(…)11.5. Cumplir con su función ecológica, para lo cual, y en tanto su actividad los afecte, protegerán
la diversidad e integridad del ambiente, y conservarán las áreas de especial importancia ecológica,
conciliando estos objetivos con la necesidad de aumentar la cobertura y la costeabilidad de los
servicios por la comunidad.”
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amenazas en materia ambiental que deben ser tenidos en cuenta por
municipios para su ordenamiento territorial.
(ii) Afirmó que en los años 2012 a 2015 realizó un ejercicio de planeación con el
fin de definir medidas a corto, mediano y largo plazo para la gestión de
inundaciones del aludido afluente. No obstante, no precisó en qué acto
concreto adoptó dicha decisión.
(iii) Resolución 0100 No. 0520-1215 del 30 de diciembre de 2019, por la cual se
emite el POMCA de los Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo.
(iv) Finalmente, aseguró que los Decretos Ley 2811 de 1974 y 1076 de 2015
constituyen la regulación necesaria para emitir permisos ambientales y
licencias de urbanismo o construcción.
Vistas así las cosas, pese a dichos actos y normas constituyen determinantes en
materia ambiental, lo cierto es que allí no se acotó la ronda hídrica del Río Meléndez.
En otras palabras, no se probó que la CVC haya cumplido con el deber previsto en el
artículo 206 de la Ley 1450 de 201149, de modo que, como el fundamento del cargo
no es cierto, el mismo no tiene vocación de prosperidad.
7.5.4. De la controversia sobre la orden relacionada con la regulación del
embalse de la Quebrada La Guillermina
En este punto, se advierte que la controversia se suscita en tres (3) aspectos; el
primero, relacionado con la causa de las inundaciones; el segundo, la adopción de la
orden que fue citada en el título de este acápite en una acción popular anterior, y el
tercero, relacionado con la competencia de la CVC.
7.5.4.1. Sobre si la orden objeto de controversia ya fue emitida en un
proceso adelantado en ejercicio de la acción popular
49 “Artículo 206. Rondas hídricas. Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales
efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja
paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de
1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios
correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional.”
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Al respecto, tendrá que determinarse si es cierto que, como afirma EMCALI, la orden
relacionada con la construcción de un embalse en la Quebrada La Guillermina ya fue
impartida en otra decisión de acción popular a cargo de la CVC sin que esa entidad
la hubiere acatado.
Con miras a resolver dicho problema, de entrada, lo que se advierte es que la
recurrente no indicó de manera expresa en cuál otra decisión de acción popular se
encontraba ese mandato. Tampoco indicó su número de radicación ni mucho menos
aportó copia de la misma al plenario.
En efecto, en el recurso de alzada se limitó a indicar:
“Por esta razón el acometer obras como la del embalse de la Guillermina, en
jurisdicción de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, cuando a pesar de
órdenes judiciales pre-existentes a dicho ente, no se observa avance alguno en
ello. Es decir la CVC a pesar de existir la sentencia de una acción popular
anterior, donde se le ordeno la construcción de la obra del embalse de la
Guillermina a la fecha no se evidencia, cumplimiento alguno.”50
Esa circunstancia impide efectuar el estudio del cargo, de modo que no tiene
vocación de prosperidad.
7.5.4.2. Sobre la competencia de la CVC para la realización de la anotada
orden
De otro lado, tendrá que determinarse si es competente una Corporación Autónoma
Regional para que, de manera conjunta con una empresa de servicios públicos,
adelante los estudios para determinar si es necesario la construcción de un embalse
para evitar el desbordamiento de un canal, y en caso de determinarse que esa obra
sí es útil para esos efectos, proceda a llevarla a cabo con esa empresa y un
Municipio.
A efectos de resolver dicho interrogante, es pertinente aludir a las competencias en
materia de gestión de riesgos a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales.
50 Visible a folio 3 del escrito de apelación.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1523 de 201251, los
municipios son los responsables directos de la implementación de los procesos de
gestión de riesgo y manejo de áreas de desastres en su jurisdicción. La aludida
norma dispuso:
“Artículo 14. Los alcaldes en el sistema nacional. Los alcaldes como jefes de
la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el
municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o
municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de
desastres en el área de su jurisdicción.
Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán
integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias
en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los
planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás
instrumentos de gestión pública.” (Subrayas de la Sala).
Por su parte, el artículo 31 ibidem dispuso que las Corporaciones Autónomas
Regionales fuesen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Asimismo, les
fue asignada la función de brindar soporte a los entes territoriales en lo que tiene que
ver con la gestión del riesgo en material ambiental en su jurisdicción. El artículo en
cuestión es del siguiente tenor:
“Artículo 31. Las corporaciones autónomas regionales en el sistema
nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible,
que para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además
de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las
leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción
ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción
del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión
ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.
Parágrafo 1o. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y
estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden
a la sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y
gobernadores de su responsabilidad primaria en la implementación de los
procesos de gestión del riesgo de desastres.
51 “Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su
objeto y estructura”.
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Parágrafo 2o. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por
la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión
del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos
contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.
Parágrafo 3o. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los
consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a
las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito
de su competencia y serán corresponsables en la implementación.
Parágrafo 4o. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo
establecido en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales, harán
parte de estos las autoridades ambientales locales.” (Subrayas de la Sala)
En ese sentido, esta Sección, en pronunciamiento del 20 de junio de 2019, señaló
que las Corporaciones Autónomas Regionales tienen responsabilidades en materia
de la gestión del riesgo que se suscita en entes territoriales; veamos:
“XI.4. Aunque el ordenamiento jurídico también le confiere a las entidades
territoriales funciones precisas en materia de gestión del riesgo de desastres
naturales, yerra el apoderado de la Carder cuando manifiesta que este es un
asunto que no le compete en absoluto a la entidad que representa y respecto del
cual puede desentenderse.
Como pudo observarse, la Ley 1523, al definir el principio de sostenibilidad
ambiental, es clara en indicar que “[…] [e]l riesgo de desastre se deriva de
procesos de uso y ocupación insostenible del territorio, por tanto, la explotación
racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente constituyen
características irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión
del riesgo de desastres […]”.
Así pues, en la medida en que la Carder es el organismo supremo, técnico y
especializado del sector ambiente en el Departamento de Risaralda a efectos de
administrar, manejar y planificar el uso sostenible de los recursos naturales, y en
tanto que la propia ley identifica la protección y la explotación racional de tales
recursos como presupuesto para prevenir el acaecimiento de desastres
naturales, resulta necesario que dicha autoridad ambiental desempeñe sus
obligaciones en materia de gestión del riesgo, con el fin de cumplir a cabalidad
con los propósitos para los cuales fue creada.
XI.5. Ahora bien, no obstante la autonomía de la que gozan los municipios como
entidades fundamentales de la división político-administrativa del Estado, es un
hecho que, en atención a la transversalidad de los asuntos ambientales y a las
dificultades propias de la función administrativa, el desempeño de las
competencias en dicha materia debe realizarse en el contexto que disponen los
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principios de solidaridad, coordinación, concurrencia, subsidiariedad positiva y
complementariedad.”52.
En este punto es relevante indicar que esta Sala, en providencia del 15 de noviembre
de 2019, dispuso que, entre cosas, las Corporaciones Autónomas Regionales y los
Municipios debían adoptar mancomunadamente las políticas necesarias para
mitigación del riesgo; veamos:
“De igual forma, es de tener en cuenta que el artículo 14 de la Ley 1523 identifica
al alcalde en su calidad de conductor del desarrollo local, como el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o
municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de
desastres en el área de su jurisdicción.
La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los artículos 311 de
la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de junio de 199453, que definen al
Municipio como la entidad territorial fundamental en la división político
administrativa del Estado, cuya finalidad es prestar los servicios públicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes, buscar el bienestar general y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población de su territorio.
En consecuencia, en materia de gestión del riesgo a quien le corresponde
implementar, ejecutar, desarrollar, entre otras, las políticas, actividades y
gestiones tendientes a dicho fin es, principalmente, al municipio en cabeza de su
alcalde.
Ahora bien, sin pasar por alto la responsabilidad directa de las entidades
territoriales, el artículo 31 de la Ley 1523 prevé que las Corporaciones
Autónomas Regionales son integrantes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo, y les impone los siguientes deberes: (i) apoyar a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el
conocimiento y la reducción del riesgo, los cuales serán integrados a los planes
de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y
de desarrollo; (ii) apoyar las labores de gestión del riesgo que corresponden a la
sostenibilidad ambiental del territorio; (iii) propender por la articulación de las
acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de
desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen
explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible; y (iv) apoyar a
las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito
de su competencia y serán corresponsables en la implementación.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 20 de
junio de 2019. Número de radicación: 66001-23-33-000-2014-00244-01 Consejero Ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés
53 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”.
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La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por el numeral 23 del
artículo 31 de la Ley 99, el cual le impone a las CAR los deberes de realizar
actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en
coordinación con las demás autoridades competentes; asistirlas en los aspectos
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; y
adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de
adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de
erosión, manejo de cauces y reforestación.
En ese orden de ideas, hace parte de sus deberes (i) promover y ejecutar obras
de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de
cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias
para la defensa, protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas del
territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y
ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las
disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes54; y (ii)
ejecutar, administrar, operar y mantener, en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables55.
De conformidad con el marco normativo expuesto, no cabe duda que el Municipio
y la CARDER están en el deber de atender las situaciones de riesgo que se
presenten en sus respectivos territorios, para lo cual deben trabajar
mancomunadamente en el ámbito de sus competencias para lograr tal fin.
Ejemplo de ello, es la ejecución y desarrollo de obras que se hagan necesarias
para la defensa, protección y recuperación del medio ambiente56”57 (Subrayas de
la Sala).
Bajo tal perspectiva, es claro que a la CVC sí le asisten potestades en materia de
gestión del riesgo que debe ejecutar de forma coordinada y armónica con el
Municipio de Santiago de Cali, de modo que el cargo no tiene vocación de
prosperidad.
No obstante, se modificará el numeral 11 de la parte resolutiva de la sentencia
recurrida58, toda vez que en el desarrollo del anotado estudio no se hizo partícipe al
Distrito de Santiago de Cali.
54 Ley 99 de 1993. Artículo 31, numeral 19.
55 Ibíd. numeral 20.
56 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 21 de abril de 2016. C.P: María Claudia Rojas
Lasso.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 15 de
noviembre de 2019. Proceso radicado número: 66001-23-33-000-2012-00011-02 Consejera Ponente:
Nubia Margoth Peña Garzón
58 ORDENAR a EMCALI EICE ESP y a la CVC que de forma conjunta y en el término de un (1) año
adelanten los estudios de consultoría, técnicos y/o especializados que se requieran que lleven a
concluir si en efecto el embalse regulación en la quebrada La Guillermina detendrá o al menos
disminuirá de forma significativa los procesos de desbordamiento del Canal Nápoles. De ser afirmativa
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En consecuencia, se ordenará que EMCALI, el Distrito de Santiago de Cali y la CVC,
en el marco de sus competencias, dentro del año siguiente a la notificación de esta
providencia, adelanten los estudios de consultoría, técnicos y/o especializados que
se requieran para concluir si en efecto el embalse en la quebrada La Guillermina
detendrá o al menos disminuirá de forma significativa los procesos de
desbordamiento del Canal Nápoles.
De ser afirmativa la respuesta, es decir, de ser la construcción del embalse una
solución a la problemática de inundación del Canal Nápoles, deberá el Distrito de
Santiago de Cali, junto con la CVC y EMCALI, en el marco de sus potestades
constitucionales, legales y reglamentarias, proceder a construir el citado embalse
dentro del término que el estudio técnico haya arrojado para su materialización, el
cual no podrá superar los veinticuatro (24) meses contados a partir de la finalización
de dicho análisis técnico.
7.5.4.3. Sobre la causa de las inundaciones
Por último, tendrá que absolverse si es cierto que, como afirma la CVC, la
problemática que se presenta en la calle 13 con carera 80, a la altura del
Supermercado La 14 de la Avenida Pasoancho de la ciudad de Cali, es un
inconveniente pluvial que se agravaba por los efectos del cambio climático, y que se
agudiza por el fenómeno de la niña.
En caso de que la respuesta a dicho interrogante sea afirmativa, tendrá que
verificarse si es procedente abstenerse en ordenar la realización de estudios para la
prevención de esa circunstancia, debido a que las lluvias son impredecibles y
desbordan los modelos de simulación en época de invierno.
la respuesta, es decir, de ser la construcción del embalse una solución a la problemática de
inundación del Canal Nápoles, deberá el Distrito de Santiago de Cali junto con la CVC y EMCALI,
proceder a construir el citado embalse dentro del término que el estudio técnico haya arrojado para su
materialización.”.
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Así, lo primero que debe señalar es que, a efectos de acreditar el fundamento del
cargo, esto es, que la problemática del sector es de origen pluvial, la CVC aportó con
la adición al recurso de alzada un documento que denominó como “Concepto
Técnico de profesionales de la CVC”59. No obstante, el decreto de esa prueba fue
negada en auto del 8 de junio de 2023, debido a que no cumplió con los requisitos
dispuestos en el artículo 327 del CGP, aplicable por la remisión del inciso segundo
del artículo 47 de la Ley 472 de 1998.
En ese orden, la recurrente incumplió el deber señalado en el artículo 167 del CGP60,
según el cual, las partes deben probar los supuestos de hecho que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen.
Súmese a lo expuesto que en el recurso de alzada la CVC no indicó cuáles pruebas
no valoró o analizó indebidamente el Tribunal y que acreditarían el cargo planteado
en esta sede.
En consecuencia, esta Corporación se encuentra imposibilitada para analizar de
fondo dichas inconformidades, en atención a que, de acuerdo con el artículo 320 del
CGP, aplicable por la remisión dispuesta en el artículo 44 de la Ley 472 de 1998, la
apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, pero
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el recurrente;
veamos:
59 Visible a folio 6 del escrito por el cual la CVC dio alcance a la apelación
60“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso
antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más
favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará
en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente
en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se
encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá
a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”
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“Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la
providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 71.” (Subrayas de la Sala)
En suma, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
7.6. De la conformación del Comité de Verificación de la Sentencia
Finalmente, se adicionará la sentencia de primera instancia y, en aplicación de lo
previsto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, se ordenará la conformación de un
Comité de Verificación de la sentencia, el cual estará integrado por el Magistrado
Ponente de la decisión de primera instancia, quien lo presidirá, el actor popular, las
entidades demandadas y el ministerio público.
7.7. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero de
Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, de conformidad con lo previsto en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral quinto de la providencia recurrida, así:
5. ORDENAR al Distrito de Santiago de Cali, al DAGMA, a EMCALI y a la CVC,
que, en el marco de sus competencias, inicien la ejecución de los diez (10)
proyectos de saneamiento definidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso
Hídrico del Río Meléndez, de acuerdo con las responsabilidades que les fueron
asignadas en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico -PORH, en
concordancia con sus potestades de orden constitucional, legal y reglamentario
en la materia.
Para el efecto, se empezarán a contar los plazos definidos en el citado Plan para
la ejecución de cada proyecto, a partir de la notificación de la notificación de esta
providencia.
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TERCERO: MODIFICAR el numeral décimo primero de la parte resolutiva de la
providencia enjuiciada en los siguientes términos:
ORDENAR que EMCALI, el Distrito de Santiago de Cali y la CVC, en el marco de
sus competencias, dentro del año siguiente a la notificación de esta providencia,
adelanten los estudios de consultoría, técnicos y/o especializados que se
requieran para concluir si en efecto el embalse regulación en la quebrada La
Guillermina detendrá o al menos disminuirá de forma significativa los procesos de
desbordamiento del Canal Nápoles.
De ser afirmativa la respuesta, es decir, de ser la construcción del embalse una
solución a la problemática de inundación del Canal Nápoles, deberá el Distrito de
Santiago de Cali, junto con la CVC y EMCALI, en el marco de sus potestades
constitucionales, legales y reglamentarias, proceder a construir el citado embalse
dentro del término que el estudio técnico haya arrojado para su materialización, el
cual no podrá superar los veinticuatro (24) meses contados a partir de la
finalización de dicho análisis técnico.
CUARTO: CONFORMAR un Comité de Verificación de la sentencia, el cual estará
integrado por el Magistrado Ponente de la decisión de primera instancia, quien lo
presidirá, el actor popular, las entidades demandadas y el ministerio público.
QUINTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
SÉPTIMO: Ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 23 de mayo de 2024.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
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HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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