RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2020-00082-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00082-01

Fecha
27 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00082-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar la sentencia del 30 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Eva Tamara Lakatos de Patiño contra la Universidad del Valle y, en su lugar, se dispone: 26 Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023) Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 3.227 del 24 de octubre de 2019 expedida por la rectoría de la Universidad del Valle a través de la cual se le negó el reconocimiento de la sustitución pensional a Eva Tamara Lakatos de Patiño como beneficiaria en calidad de cónyuge de Jorge Eliécer Patiño Mercado. Tercero. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Universidad del Valle a reconocer pensión de sobrevivientes a favor de Eva Tamara Lakatos de Patiño en un 100% la pensión de la que en vida fue beneficiario Jorge Eliécer Patiño Mercado, a partir del 26 de mayo de 2019. Cuarto. Exhortar a la Universidad del Valle para que en el marco de sus competencias adelante las actuaciones necesarias tendientes a verificar si se configura o no la incompatibilidad pensional, de conformidad con lo expuesto en esta providencia. Quinto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final índice inicial Sexto. No condenar en costas en esta instancia. Séptimo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Octavo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de voto 27 Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023) Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-00082-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño
Demandado: Universidad del Valle

Tema: Reconocimiento pensión de sobrevivientes. Revocatoria del acto
de reconocimiento pensional sin consentimiento del beneficiario.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Eva Tamara Lakatos presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de

1 Samai Tribunal, «5 - cuaderno de primera instancia - contrato 104 de 2020 - sasi-2020-09 (.pdf)»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que se
declarara la nulidad de la Resolución 3.227 del 24 de octubre de 2019 expedida por
la Rectoría de la Universidad del Valle, mediante la cual negó el reconocimiento y
pago de pensión de sobrevivientes.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes; ii) la indexación
de las sumas que resultaren en los términos de la Ley 100 de 1993; iii) el pago de
los intereses; iv) la condena en costas y agencias al demandado; y v) el cumplimiento
de la sentencia dentro del término del CPACA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Mediante la Resolución 25728 del 13 de septiembre de 2002, la Caja Nacional
de Previsión Social3 reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación a Jorge
Eliécer Patiño Mercado a partir del 20 de agosto de 2000 por haber laborado como
docente en la ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca.
Pensión a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional.

3.2. La Universidad del Valle le reconoció a partir del 1° de enero de 1998 a Jorge
Eliécer Patiño Mercado una pensión mensual vitalicia de jubilación, por haber
laborado en el Sena y la Universidad del Valle durante 20 años, 5 meses y 13 días.

3.3. Jorge Eliécer Patiño Mercado falleció el 25 de mayo de 2019.

3.4. Mediante Resolución RDP 028291 del 19 de septiembre de 2019, la Ugpp4
reconoció y ordenó el pago de sobrevivientes a Eva Tamara Lakatos de Patiño a
partir del 26 de mayo de 2019, con cargo al Fondo de Pensiones Públicas del nivel
nacional.

3.5. A través de la Resolución 3227 del 24 de octubre de 2019, la Rectoría de la
Universidad del Valle negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
a favor de Eva Tamara Lakatos de Patiño.

2 En adelante CPACA.

3 En adelante Cajanal
4 En adelante Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP

2

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 279 de la Ley 100 de 1993; 5 del Decreto
224 de 1972; 6 de la Ley 60 de 1993; 138 del CPACA, 1 parágrafo transitorio del
Acto Legislativo de 2005, 81 de la Ley 812 de 2003 y jurisprudencia aplicable al
caso.

5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 5:

5.1. Los actos acusados vulneraron los postulados constitucionales y legales, puesto
que ella tiene derecho a que la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional6 y la Universidad del Valle le reconozcan la pensión de sobrevivientes
causada por su cónyuge, Jorge Eliécer Patiño Mercado.

5.2. Lo anterior, porque de acuerdo con el ordenamiento jurídico los docentes pueden
recibir simultáneamente una pensión gracia, pensión de jubilación y cualquier otra
remuneración que provenga del tesoro público, «lo cual no necesariamente debe
provenir de su ejercicio».

1.2. Contestación de la demanda

6. La Universidad del Valle7 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, con base en los siguientes argumentos:

6.1 El acto demandado mediante el cual se negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a la demandante se «ajusta a derecho», por cuanto la prestación que
devengó en vida Jorge Eliécer Patiño Mercado es incompatible con la que le fue
otorgada por Cajanal. Lo anterior, porque las dos pensiones fueron pagadas con
recursos públicos, «una del orden nacional a través del FOPEP y la otra a cargo del Fondo
para el Pago del Pasivo Pensional de la Universidad del Valle […] además fueron
reconocidas […] con posterioridad […] [a la] fecha de expedición de la Ley 4 de 1992», por
lo que no están amparadas por las excepciones previstas en el artículo 19.g de esta
última norma.

6.2 Adicionalmente, existió simultaneidad en los periodos en los que el causante de
la prestación prestó sus servicios en la Universidad del Valle y como docente oficial
en el municipio de Cali, esto es, en el tiempo de servicio que lo hizo acreedor de las
dos pensiones que le fueron reconocidas.

5 Samai Tribunal, archivo 4_ED_EXPEDIENTE_03DEMANDA(.PDF) NroActua 2.

6 En adelante Ugpp.

7 Samai Tribunal, 3_contestaciondedemanda_contestaciondemanda.

3

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

6.3 Asimismo, de conformidad con la prohibición constitucional contenida en el
artículo 128 «el disfrute de la pensión de jubilación que reconoció la Universidad del Valle
es incompatible con la percepción de otra asignación que provenga del erario, cualquiera
sea la denominación que se adopte para su pago», lo que «genera a su vez la
improcedencia del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivencia reclamada».

6.4 Mediante Resolución 3277 del 24 de octubre de 2019, la Universidad del Valle
negó la pensión de sobrevivientes porque no cumplía con los requisitos exigidos
para otorgarla, en el entendido de que la pensión de jubilación de Jorge Eliécer
Patiño Mercado era incompatible con la otorgada por Cajanal.

6.5 Propuso las excepciones de: i) carencia del derecho sustancial reclamado; ii)
inexistencia de la obligación a cargo de la Universidad del Valle; iii) incompatibilidad
de las pensiones de jubilación; iv) buena fe; v) prescripción; e vi) innominada

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia proferida el 30 de
septiembre de 20228, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a
la demandante, con sustento en los siguientes argumentos:

7.1. De acuerdo con los artículos 31 del Decreto 3135 de 1968, y 19 de la Ley 4 de
1992, solo está permitida la compatibilidad de una pensión de jubilación y una de
vejez «cuando esta última se conforma con aportes provenientes del sector privado o
cotizaciones abonadas en calidad de trabajador independiente. Si, por el contrario, la
pensión de vejez que se pretende involucra tiempos o cotizaciones provenientes del sector
público, resulta incompatible con la pensión de jubilación cuya financiación se encuentra en
los aportes o cotizaciones realizadas en virtud del tiempo público».

7.2. Así
las cosas, existió incompatibilidad entre las pensiones reconocidas por
Cajanal y la Universidad del Valle, pues para ambas se «tuvieron en cuenta los mismo
periodos laborados tiempos eminentemente públicos, y de acuerdo con lo preceptuado en
el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968, las mismas se excluyen entre sí, razón por la cual
no hay lugar a acceder a lo pretendido por la demandante respecto del reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes […] máxime que tampoco se encuentra configurada alguna de
las excepciones contenidas en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992».

7.3. Condenó en costas a la «parte vencida» en esa instancia, de conformidad con

8 Samai Tribunal, 14_SENTENCIA(.pdf) NroActua 20.

4

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA, en concordancia con el 365 del Código
General del Proceso.

1.4. El recurso de apelación

8. Eva Tamara Lakatos de Patiño solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia9, con sustento en lo siguiente:

8.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció las disposiciones
legales que permiten que un docente reciba dos pensiones de jubilación, «tal como
se ha demostrado con las normas aplicables, y en segundo lugar que se desconoce la
condición que tuvo el señor Patiño Mercado de docente territorial, pues prestó en esa
condición sus servicios al Municipio de Cali».

8.2. Adicionalmente, «es necesario señalar que la pensión de jubilación de los docentes,
sean nacionales o territoriales, es la misma pensión de gracia que es otorgada a los
docentes estatales territoriales, que cumplen los requisitos por las normas aplicables a
ellos, esto es, 20 años de servicios y la edad correspondiente» (sic).

8.3. Así las cosas, la demandante «en su condición de esposa del fallecido […] tiene
legalmente el derecho a recibir la sustitución pensional de parte de la Universidad del Valle,
así como recibió la de Cajanal».

1.5. Intervenciones en segunda instancia

9. A través del recurso de apelación, la demandante solicitó tener como pruebas las
aportadas con la demanda y la sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de
junio de 2018 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Petición
probatoria que fue negada por cuanto: i) no era necesario pronunciarse de nuevo
sobre el decreto de las pruebas allegadas con la demanda porque estas ya tenían
esa connotación y calidad dentro del presente asunto; y ii) la decisión de unificación
no es un medio de prueba que permita determinar la situación fáctica que rodea el
asunto de la referencia.

10. Así las cosas, en tanto no fueron decretadas pruebas, de conformidad con el
numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080
de 2021, no hubo traslado a las partes para alegar en los términos de esa
disposición.

9 Samai Tribunal, 16_RECEPCIONRECURSOAPELACION_ILOVEPDF_MERGED20(.pdf)
NroActua 23

5

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.

2. Consideraciones

2.2. El problema jurídico

12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación, el
problema jurídico se contrae a establecer:

12.1. ¿Si la decisión de la Universidad del Valle de negar la sustitución de la pensión
de vejez con fundamento en una incompatibilidad se ajustó al ordenamiento
jurídico?

12.2. Y si la respuesta al anterior interrogante es negativa ¿si Eva Tamara Lakatos
de Patiño acreditó los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. De la sustitución pensional

13. Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de
vida de aquellos10.

14. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de un
pensionado cuando ocurre su deceso; mientras que la pensión de sobreviviente es
aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para ello, pero fallece; o del afiliado no pensionado
que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la prestación 11.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de

octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
11 Sentencia T-564 de 2015.

6

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

15. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley
100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la prestación, los
miembros del grupo familiar del beneficiario de la prestación que fallezca, en el
siguiente orden:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:

2) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga
30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por
muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta
su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos
con anterioridad a su muerte.

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha
pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente;

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que
establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del
causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las
condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio
previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

7

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y
absoluta de este;

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste.

Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo
o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil».

16. A su vez, de la norma en cita se advierte que existen tres grupos de beneficiarios
excluyentes entre sí, toda vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: i) cónyuge
o compañera permanente12, hijos con derecho y/o inválidos; ii) padres con derecho;
y iii) hermanos con derecho.

17. Frente al primer grupo, específicamente, cónyuge o compañera permanente fue
regulado en los literales a) y b) que prevé los siguientes eventos13:

Modalidad de
Beneficiario Causante Condiciones
la pensión
Edad cumplida al momento del
Cónyuge o Compañero
Afiliado o fallecimiento y demuestre vida marital y
permanente mayor de Vitalicia
pensionado convivencia durante los 5 años
30 años de edad.
anteriores a la muerte.
No haber procreado hijos con el
Cónyuge o Compañero causante. En este caso, el beneficiario
Afiliado o Temporal-20
permanente menor de deberá cotizar al sistema para obtener
pensionado años-
30 años de edad. su propia pensión, con cargo a la
prestación sustituida.
Cónyuge o Compañero Haber procreado hijos con el causante y
Afiliado o
permanente menor de Vitalicia demuestre vida marital durante los 5
pensionado
30 años de edad. años anteriores a la muerte.
Compañero
Pensionado Cuota parte Sociedad anterior conyugal no disuelta.
permanente
Afiliado o Convivencia simultánea durante los 5
Cónyuge y Compañero Partes iguales
pensionado años anteriores a la muerte.

12 Valga precisar que en la sentencia C-1035 de 2008, la Corte Constitucional precisó que, además

del cónyuge, serán también beneficiarios de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, la compañera o compañero permanente.
13 Sobre el particular ver las sentencias de la Corte Constitucional C-336 del 2014 y del Consejo de

Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 27 de septiembre del 2018, radicado 25000-23-42-000-
2013-00618-01(3232-17), C.P. William Hernández Gómez

8

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

permanente14

Cónyuge con unión Inexistencia de convivencia simultánea,
conyugal vigente, pero acreditación por parte del cónyuge de la
Afiliado o
con separación de Cuota parte separación de hecho; compañero
pensionado
hecho y compañero permanente con convivencia durante los
permanente 5 años anteriores a la muerte.

18. Hasta este punto, en lo que tiene que ver con el sub judice, la interesada en la
sustitución pensional del primer grupo deberá acreditar que hizo vida marital con el
causante hasta su muerte, cuya convivencia no podrá ser inferior a 5 años continuos
con anterioridad al deceso.

19. Respecto de la exigencia de los 5 años de convivencia, la Corte Constitucional
en sentencia C- 1094 del 19 de noviembre de 200315 precisó:

«La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos
por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes
mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia
como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían
económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de
subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en
vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación
de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían
del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus
necesidades.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia. Para esa
Corporación, ‹no puede hacerse abstracción del sentido mismo y finalidad de la

14 Es pertinente tener en cuenta que si bien en el inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley
100 señala que en caso de convivencia simultánea los últimos 5 años, será beneficiario de la pensión
de sobrevivientes el esposo o la esposa, ese aparte fue declarado condicionalmente exequible por
la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1035 de 2008, bajo el siguiente tenor literal:

«[…] PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la expresión "En
caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante
entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo" contenida en el literal b del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que
además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero
permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia
con el fallecido […]» (Subraya la Sala).
15 Corte Constitucional, sentencia del 19 de noviembre de 2003, expediente D-4659, C.P. Jaime

Córdoba Triviño.

9

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

institución de la pensión de sobrevivientes que busca precisamente impedir que quien
haya convivido permanente, responsable y efectivamente, y prestado apoyo afectivo a
su pareja al momento de su muerte, se vea abocado a soportar aisladamente las cargas,
tanto materiales como espirituales, que supone su desaparición›

[…]

En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la norma
persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer lugar,
el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de los pensionados y,
como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que se pretende es evitar las
convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión
de sobrevivientes

Además, según el desarrollo de la institución dado por el Congreso de la República, la
pensión de sobrevivientes es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes
beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de
exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito dentro del ámbito
de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social».

20. De los anteriores escenarios y, en atención a los fundamentos fácticos del
presente asunto, se tiene que la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad
de la expresión «[l]a otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la
sociedad conyugal vigente» del inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797
de 2003 contenida en esta norma y encontró justificada la diferencia establecida en
el requisito de la convivencia que se exige para el cónyuge supérstite separado de
hecho con sociedad conyugal vigente y la compañera permanente, quien sí debe
convivir con el causante los últimos 5 años de su vida.

21. En aquella oportunidad la Corte analizó la diferencia entre el matrimonio y la
unión marital de hecho y concluyó que son figuras normativas disímiles que se
diferencian también en sus efectos patrimoniales, por lo que no pueden equipararse.
En ese sentido, manifestó que no existe un trato discriminatorio, pues la cónyuge
tiene una sociedad conyugal vigente en virtud de la ley y sus efectos impiden que
se cree la sociedad de hecho con la compañera permanente. Al respecto precisó lo
siguiente16:

«4.8.4.1. En lo atinente al criterio de comparación, la jurisprudencia de esta Corte ha
diferenciado los efectos de la unión marital de hecho con los del matrimonio,

16 Sentencia C-336 de 2014

10

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

concluyendo que se trata en principio de figuras normativas diferentes. Razón por la cual,
no son sujetos de la misma naturaleza, y por ello no podría predicarse en principio un
trato diferente frente a iguales.

4.8.4.2. No obstante lo anterior, si en gracia discusión se estudiara la finalidad de la
diferencia de trato otorgada al cónyuge con sociedad vigente pero con separación de
hecho, resulta constitucionalmente justificada la medida adoptada, en tanto que ambos
beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de hecho cumplen con
el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos patrimoniales de cada
institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos ya que
la separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente entre el
causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese a que el de cujus conviviera
por el término mínimo de cinco años con un compañero permanente, la sociedad de
hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio. Es así, como
en protección y reconocimiento del tiempo de convivencia y apoyo mutuo acreditado por
el miembro sobreviviente de la unión marital de hecho, que el legislador le otorgó el
beneficio de una cuota parte de la pensión frente a la existencia de una sociedad
conyugal. En conclusión, la norma busca equilibrar la tensión surgida entre el último
compañero permanente y la el cónyuge con el cual a pesar de la no convivencia no se
disolvieron los vínculos jurídicos. Por todo lo anterior, la norma acusada es constitucional
y será declarada exequible» (sic)

22. Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-515 de 2019, al estudiar otra
demanda de inconstitucionalidad del citado inciso, específicamente, de la expresión
«con la cual existe la sociedad conyugal vigente» por la presunta vulneración del
derecho a la igualdad, en tanto, los demandantes consideraron que no existían
razones suficientes para que se reconociera el derecho a la pensión de
sobrevivientes a los cónyuges separados de hecho con sociedad conyugal vigente,
pero se excluyera de sus efectos a los que, estando en igual circunstancia,
disolvieron de manera voluntaria dicho vínculo patrimonial, expresó que dichos
grupos se encontraban en situaciones de hecho y de derecho diferentes debido a la
inexistencia de vínculos afectivos o económicos entre cónyuges separados de
hecho y con sociedad conyugal disuelta. Por lo que, encontró que no se superaba
el criterio de comparación del juicio de igualdad, para llegar a tal conclusión señaló
las siguientes razones:

«En primer lugar, señala la Corte que estos dos grupos de sujetos están en un diferente
plano jurídico y fáctico. Por un lado, el cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden patrimonial. Si bien existe
una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido
por lo menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por terminada su
sociedad conyugal, al punto que preservan el vínculo económico y los derechos que de
este se derivan. Por otro lado, en el caso del cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos

11

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no
existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de
beneficiario.

73. En segundo lugar, los grupos cuya comparación se propone no pueden ser
considerados equiparables en el supuesto previsto en la disposición acusada –
convivencia no simultánea-, en razón a que el requisito de la vigencia de la sociedad
conyugal tiene la finalidad de concretar el objeto de la pensión de sobrevivientes, esto
es, proteger el núcleo familiar del causante que resulta afectado por su deceso (ver
supra, numerales 54 y 55). La configuración normativa de esta prestación económica
tiene como base el requisito de convivencia efectiva con el causante. Sin embargo, en
los supuestos de convivencia no simultánea entre el cónyuge y la compañera o
compañero permanente, la ausencia de una convivencia efectiva dentro de los 5 años
anteriores a la muerte del causante, justifica que el legislador, en ejercicio del amplio
margen de configuración en materia pensional (ver supra, numerales 56 y 57),
establezca la vigencia de la sociedad conyugal como una condición necesaria para
reconocer este derecho pensional al cónyuge supérstite, que separado de hecho,
mantuvo el vínculo patrimonial con el causante, guiada por los principios que definen la
pensión de sobrevivientes. Por lo anterior, es dado concluir que le asisten razones al
legislador para distinguir en situaciones donde no es posible que el cónyuge acredite la
convivencia hasta la muerte del causante –convivencia no simultánea-, que el cónyuge
supérstite acredite la vigencia del vínculo patrimonial –sociedad conyugal-, que de
manera voluntaria decidieron mantener con el causante, pese a la separación de hecho.

74. En tercer lugar, la condición acusada de inconstitucional contenida en la norma bajo
estudio es determinante para verificar la calidad de beneficiario respecto del causante,
no solo desde la perspectiva del régimen pensional sino también en consideración a los
efectos que produce la disolución de la sociedad conyugal. En este punto, el artículo
1781 del Código Civil establece que mientras que la comunidad de bienes subsista, y a
falta de capitulaciones, el haber social se entiende conformado por los bienes
establecidos en el mencionado artículo. La sociedad conyugal se integra por dos tipos
de haberes: el haber absoluto y el haber relatico. Los bienes del haber absoluto incluyen
las “pensiones” (numeral 2° del artículo 1781), así como todos los salarios, honorarios,
prestaciones sociales, utilidades, remuneraciones, indemnizaciones y, en general, todos
aquellos otros dineros derivados del trabajo o de las actividades productivas (numeral 1°
del mencionado artículo). Luego, cuando la sociedad conyugal se disuelve, los haberes
del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial, razón por la que
se extingue el derecho para sustituir al causante respecto de su pensión o cesa la
expectativa de recibir una eventual prestación pensional, según corresponda. Por ello,
no es posible que, en materia de acceso a la pensión de sobrevivientes, el cónyuge
separado de hecho con sociedad conyugal disuelta esté en el mismo plano jurídico y
fáctico que el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente.»

Lo anterior concuerda con la interpretación que se ha hecho del literal a) según la
23.

cual tanto el o la cónyuge como la compañera o compañero permanente deben

12

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

probar la «convivencia» por lo menos 5 años antes del fallecimiento del pensionado
para adquirir la sustitución pensional. Sin embargo, se ha exceptuado de probarla
en este tiempo específico al cónyuge supérstite que conserva el vínculo jurídico
conyugal vigente con el causante. En cuyo caso, la convivencia válida para reclamar
el derecho pudo haber ocurrido en cualquier tiempo porque la separación de hecho
o la interrupción temporal de la cohabitación, cuando es justificada, no son causales
legales de terminación, disolución o cesación del vínculo matrimonial y, por tanto,
no extingue el derecho a la sustitución pensional.

2.4. Caso concreto

24. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

2.4.1. En cuanto al reconocimiento pensional del causante

24.1.1. Jorge Eliécer Patiño Mercado nació el 24 de febrero de 194617.

24.1.2. Resolución 1794 del 25 de noviembre de 1998 en la que la Universidad del
Valle le reconoció pensión mensual vitalicia de jubilación a partir del 1° de enero de
1998.

24.1.3. La Universidad del Valle presentó demanda con el fin de obtener la nulidad
del acto a través del cual reconoció una pensión de jubilación a Jorge Eliécer Patiño
Mercado, por cuanto esta se otorgó sin que acreditara la edad requerida para esos
efectos. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones
de la demanda, decisión que fue confirmada por la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado, para lo cual señaló:

«En torno al tema, la Sala llega a la conclusión de que tal planteamiento tampoco es
atinado, pues la Universidad demandante no aspiró a reducir la pensión de su
exprofesor, sino a eliminarla, con la nulidad del acto que la reconoció, y a que se le
condenara a devolverle las sumas que le pagó. Además, si como se demostró, cuando
se le reconoció al recurrente la pensión de jubilación no contaba con la edad de 55 años
exigidos por la ley 33 de 1985, vale decir, que no tenía el derecho a tal prestación, la
nulidad del acto que así lo dispuso de ninguna manera puede atentar contra sus
derechos fundamentales. Todo lo contrario, quien afectó sus propios derechos fue la
Universidad al hacer dicho reconocimiento».

17 Samai Tribunal,3_contestaciondedemanda_contestaciondemanda. Nro 8 en la cédula de
ciudadanía
17 Samai Tribunal, archivo 6_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO2(.RAR) NroActua 2, en la cédula de

ciudadanía

13

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

24.1.4. Mediante Resolución 2510 del 24 de agosto de 201218, la Universidad del Valle
le reconoció pensión mensual vitalicia de jubilación a partir del 24 de febrero de
2001 «de acuerdo con las consideraciones precedentes y lo ordenado en la sentencia del
29 de noviembre de 2002 del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca
confirmada por la sentencia del 30 de septiembre de 2004 del Honorable Consejo de
Estado, en cuanto a la declaración de nulidad de la Resolución de Rectoría No. 1794 del
25 de noviembre de 1998». De acuerdo con la Resolución en mención, prestó sus
servicios así:

Entidad Desde Hasta
«Sena – Seccional Valle» 03-09-1969 01-08-1971
«Universidad del Valle» 16-06-1979 30-12-1997

24.1.5. Con la Resolución 1933 del 11 de junio de 2013, la Universidad del Valle aclaró
el anterior acto de reconocimiento en el sentido de precisar que al momento del
retiro del servicio el causante desempeñaba el cargo de director del Programa
Académico de la Sección de Potencia.

24.1.6. Mediante Resolución 25728 del 13 de septiembre de 200219, Cajanal le
reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación efectiva
a partir del 20 de agosto de 2000, de conformidad con las leyes 33 y 62 de 1985.
Para esos efectos computó las 1106 semanas que el causante laboró con el
municipio de Cali. Asimismo, se señaló «[s]on disposiciones aplicables: Ley 37/33 art 3
inciso 2. Leyes 33 y 62 de 1985. Decreto 01/84».

24.1.7. A través de la Resolución 23025 del 27 de octubre de 200420, Cajanal reliquidó
la prestación de jubilación «por nuevo factor salarial», en cumplimiento del fallo de
tutela proferido por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Cali del 19 de junio de
2003.

24.1.8. El profesional del Grupo de la División de Recursos Humanos del Servicio
Nacional de Aprendizaje21 certificó que Jorge Eliécer Patiño Mercado prestó sus
servicios en la entidad entre el 3 de septiembre de 1969 y el 1° de agosto de 1971
como instructor de electricidad en el Centro Industrial.

24.1.9. La Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Valle certificó que el
causante prestó sus servicios en esa entidad y que «el tiempo de servicios prestados

18 Folios 26-30

19Folios 13-15

20 Folios 16-21

21 En adelante Sena.

14

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

[…] para efectos de jubilación al 31 de octubre de 1997, es de 18 años, 4 meses y 15 días».

24.1.10. El 20 de noviembre de 1997 renunció al cargo como profesor titular de la
Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería, a partir
del 1° de enero de 1998, «para acogerse al derecho de jubilación ante la Universidad del
Valle».

2.4.1. En cuanto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes

25. Eva Tamara Lakatos de Patiño nació el 23 de julio de 1953.

25.1. Jorge Eliécer Patiño y Eva Tamara Lakatos contrajeron matrimonio el 29 de
junio de 1974, según el registro civil 1287178.

25.2. Jorge Eliécer Patiño Mercado falleció el 25 de mayo de 2019, según consta en
el registro civil de defunción.

25.3. La Ugpp reconoció pensión de sobrevivientes a Eva Tamara Lakatos de Patiño,
a partir del 25 de mayo de 2019, mediante la Resolución RDP 028291 del 19 de
septiembre de 201922. Esta prestación fue la reconocida inicialmente por Cajanal.

25.4. Mediante la Resolución 3277 del 24 de octubre de 2019, la Universidad del Valle
negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes reclamada por Eva
Tamara Lakatos de Patiño, con ocasión del fallecimiento de Jorge Eliécer Patiño
Mercado. En las consideraciones del acto en mención se indicó:

«En consonancia con el artículo 128 de la Constitución Nacional y de acuerdo con las
consideraciones y lo resuelto en los actos administrativos mencionados […] se observa
que las pensiones de jubilación del docente JORGE ELIÉCER PATIÑO MERCADO […] fueron
reconocidas y pagadas por la Universidad del Valle y la Caja Nacional de Previsión, con
posterioridad a mayo 18 de 1992, fecha de expedición de la Ley 4 de 1992, motivo por
el cual, no están amparadas por las excepciones previstas a la regla prohibitiva
constitucional de percibir simultáneamente dos asignaciones del Tesoro Público, en
especial la consagrada en el literal g) del artículo 19:

[…]

Por su naturaleza, las pensiones de jubilación fueron reconocidas al docente JORGE
ELIÉCER PATIÑO MERCADO […], en virtud de un vínculo laboral, con tiempo de servicios
simultaneo en dos (2) entidades oficiales, pagadas con recursos de carácter público, una
del orden nacional a través del FOPEP y la otra a cargo del Fondo Pensional de la
Universidad del Valle, con la concurrencia del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, generando incompatibilidad pensional, toda vez que no hacen parte de las

22 Folios 22-25

15

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

excepciones legales a la regla general constitucional contenidas en la Ley 4 de 1992.

Que la incompatibilidad […] genera a su vez la improcedencia del reconocimiento de la
pensión de sobrevivencia por parte del Fondo para el pago del Pasivo Pensional de la
Universidad del Valle.

Que respecto de la improcedencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivencia a
la señora Eva Tamara Lakatos de Patiño […] también se resalta que en el considerando
13 y el artículo 7° de la Resolución de Rectoría de la Universidad del Valle Nro. 2.510 de
agosto 24 de 2012, que reajustó la pensión de jubilación del docente […] conforme a las
disposiciones legales vigentes, en cumplimiento de la Sentencia del 29 de noviembre de
2002 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca,
confirmada por la Sentencia del 30 de septiembre de 2004 del Consejo de Estado, se
indicó que al 31 de diciembre de 1996, el docente […] no registraba los 20 años de
servicios al Estado, requisito exigido por el numeral 3° del artículo 4° del Decreto 2337
de 1996, para reconocer la pensión de jubilación a través del Fondo para el pago del
Pasivo Pensional de la Universidad del Valle, asunto que está siendo revisado por el
ministerio de hacienda y crédito público, respecto del cual, se esperan los resultados de
dicho proceso y las orientaciones.

Que de acuerdo con lo expresado en los numerales precedentes, la Universidad del Valle
no puede reconocer la pensión de sobrevivencia reclamada […] y se determina que las
pretensiones deben ser resueltas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin
perjuicio de las actuaciones que la Universidad del Valle deba desarrollar.» (sic)

25.5. Dentro del trámite de la actuación administrativa que concluyó con la expedición
del acto que es objeto de control, la demandante allegó actas «de declaración bajo
juramento para fines extraprocesales» suscritas el 4 de junio de 2019 ante la Notaría
22 del Circuito de Cali, en las que:

25.5.1. La demandante manifestó que había convivido «en matrimonio, desde el 29 de
junio de 1974 con el señor Jorge Eliécer Patiño Mercado […] compartiendo el mismo techo,
lecho y mesa de manera permanente e ininterrumpida, hasta que falleció el día 25 de mayo
de 2019».

25.5.2. Piedad Núñez de Patiño y Henry Calderón Carvajal manifestaron que
«conocemos de vista, trato y comunicación desde hace cuarenta (40) años y treinta (35)
años, respectivamente a la señora EVA TAMARA LAKATOS DE PATIÑO […] de quien nos consta
que se convivían en matrimonio con señor JORGE ELIÉCER PATIÑO MERCADO [...] con quien
compartió el mismo techo, lecho y mesa de manera continua e ininterrumpida hasta que
fallecido el 25 de mayo de 2019, y de dicha unión procrearon dos (2) hijas de nombre
GABRIELA CRISTINA PATIÑO LAKATOS y ANNAMARIA PATIÑO LAKATOS, mayores de edad e
independientes y también nos consta que ambos respondían económicamente y en todo
sentido por la manutención de su hogar y por la subsistencia diaria como alimentación,
vivienda, salud, etc.».

16

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

2.4. Análisis sustancial

26. ElTribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda al considerar que las pensiones que le fueron reconocidas a Jorge Eliécer
Patiño Mercado eran incompatibles, por lo que «las mismas se excluyen entre sí, razón
por la cual no hay lugar a acceder a lo pretendido por la demandante respecto del
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes […] máxime que tampoco se encuentra
configurada alguna de las excepciones contenidas en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992».

27. Eva Tamara Lakatos de Patiño presentó recurso de apelación con el fin de que
se revocara la decisión adoptada por el tribunal de instancia, porque no se tuvo en
cuenta que las disposiciones legales que permitían a un docente recibir dos
pensiones de jubilación, «tal como se ha demostrado con las normas aplicables, y en
segundo lugar que se desconoce la condición que tuvo el señor Patiño Mercado de docente
territorial, pues prestó en esa condición sus servicios al Municipio de Cali».

28. Ahora bien, se precisa que, pese a que el tribunal abordó el problema jurídico
planteado en el sub judice desde la perspectiva de la incompatibilidad de las
prestaciones, esta Subsección considera que lo primero que se debe verificar es si
la Universidad del Valle tenía competencia para negar la pensión de sobrevivientes
con sustento en una irregularidad frente al acto que le reconoció pensión al
causante, esto con desconocimiento de la presunción de legalidad que lo amparaba.

29. Al respecto, se advierte que la demandante solicitó ante la entidad demandada
el reconocimiento de la prestación de sobrevivientes como consecuencia del
fallecimiento de su cónyuge a quien la Universidad del Valle le había reconocido
una pensión de vejez a través de la Resolución 2510 del 24 de agosto de 2012. Por
lo que, de acuerdo con las disposiciones que rigen el reconocimiento de la
prestación, la entidad demandada debía verificar los presupuestos para esos
efectos, según los cuales tendrían derecho a su reconocimiento los miembros del
grupo familiar23 del: i) pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que
falleciera; ii) afiliado al sistema que falleciera, siempre que hubiese cotizado 50
semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento; y iii) afiliado que hubiese
cotizado el mínimo de semanas requerido en el régimen de prima media, sin haber
tramitado o recibido la pensión sustitutiva o devolución de saldos. Quienes se
encuentren en estos grupos serán beneficiarios de la prestación, siempre y cuando
acrediten los requisitos previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de 199324.

23 De conformidad con los artículos 46.1 y 47.a 23 de la Ley 100 de 1993 [modificados por los artículo

12 y 13 de la Ley 797 de 2003.
24 Modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

17

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

30. Así las cosas, la situación bajo estudio se encuentra dentro del primer grupo de
beneficiarios, esto es, en aquellos casos en los que el causante contaba con un acto
de reconocimiento amparado por la presunción de legalidad, por lo que Eva Tamara
Lakatos de Patiño no tenía la obligación de acreditar el cumplimiento de los
requisitos por parte de su cónyuge, sino que su actuación se debía limitar a
demostrar los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, esto
es, que hizo vida marital con el pensionado hasta su muerte por haber convivido
con él no menos de 5 años continuos con anterioridad a su fallecimiento.

31. En consonancia con lo anterior, la competencia de la Universidad del Valle se
limitaba a verificar: i) si la solicitante se encontraba dentro del grupo familiar del
causante de la prestación; ii) si el causante tenía reconocida la pensión de la que
se pretende su reconocimiento como sobreviviente; y iii) que la cónyuge hubiese
tenido vida marital con el causante hasta su deceso y que convivió con él no menos
de 5 años continuos con anterioridad a su muerte25.

32. Lo anterior cobra importancia si se tiene en cuenta que el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes para quienes integran el grupo familiar del pensionado
[de quien en vida le fue reconocida la pensión], parte de la existencia de un acto
administrativo que definió una situación jurídica en particular y que goza de la
presunción de legalidad, por lo que, para su modificación o revocatoria se debe
contar con el consentimiento previo, expreso y por escrito del respectivo titular del
derecho, esto en desarrollo del principio de inmutabilidad de los actos
administrativos, especialmente de los que reconocen una situación jurídica a favor
de su destinatario26, estrechamente relacionado con la presunción de legalidad, la
seguridad jurídica, la confianza legítima y la protección de los derechos adquiridos.

33. Ahora bien, en el caso en estudio se advierte que la Universidad del Valle negó
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por cuanto: i) las prestaciones
reconocidas por la entidad demandada y Cajanal eran incompatibles y ii) según el
«considerando 13 y el artículo 7° de la Resolución de Rectoría de la Universidad del Valle

25 Artículo 47.2.a de la Ley 100 de 1993.

26 Entre los actos administrativos favorables estarían aquellos que amplían la esfera o el patrimonio

jurídico del destinatario, esto es, «crean o reconocen un derecho o una ventaja jurídica», como los
nombramientos, las autorizaciones, las licencias y, en general, los actos mediante los cuales la
Administración responde de manera positiva a una solicitud formulada en ejercicio del derecho
constitucional fundamental de petición, v. gr., inscripción en un registro público, reconocimiento de
una pensión, etc. Este tipo de actos se contrapone a los de gravamen en los cuales se incluyen
aquellos que inciden negativamente en la esfera jurídica del destinatario, es decir “tienen un efecto
desventajoso o perjudicial” para él, como la imposición de obligaciones, de sanciones, la revocación
de actos favorables y, en general, las respuestas negativas a las peticiones. Ver Consejo de Estado.
Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 11001-03-26-000-1994-10227-01(10227).

18

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

Nro. 2.510 de agosto 24 de 2012, que reajustó la pensión de jubilación del docente […] no
registraba los 20 años de servicios al Estado, requisito exigido por el numeral 3° del artículo
4° del Decreto 2337 de 1996, para reconocer la pensión de jubilación». Lo anterior,
permite concluir que la decisión de negar el reconocimiento pretendido se sustentó
en argumentos tendientes a reprochar la legalidad del acto administrativo por medio
del cual se le otorgó la pensión de jubilación a Jorge Eliécer Patiño Mercado, esto
es procedió a hacer un control de los elementos de su validez, sin tener facultad
legal para ello, lo que en la práctica tuvo efectos de una revocatoria directa.

34. Así las cosas, para la Sala la decisión adoptada por la Universidad del Valle
excedió la competencia que ostentaba la entidad frente a la definición del derecho
pensional de la demandante, puesto que no se limitó a verificar el cumplimiento de
los requisitos por parte de la peticionaria frente a la pensión de sobrevivientes, sino
que, con ese argumento, adelantó un «control de legalidad» de la Resolución 2510
del 24 de agosto de 2012, para así justificar la negación del derecho pretendido, lo
que, se insiste, en la práctica conllevó a la revocatoria del acto que definió el derecho
a la seguridad social del causante.

35. En ese sentido, en otra oportunidad, esta Subsección señaló: « [n]o debe perderse
de vista que el acto que aquí se censura tiene relación con aquel que negó la sustitución,
no con los que le reconocieron el derecho prestacional al causante. Por tal razón, cualquier
pronunciamiento diferente a la sustitución le está vedado al Juez Contencioso27».

36. Ahora bien, de acuerdo con las normas y jurisprudencia, la administración solo
podía revocar un acto administrativo de carácter particular en los eventos en que se
contara con el consentimiento de la persona. En caso contrario, debería cuestionar
su constitucionalidad o legalidad a través del respectivo medio de control. Entonces,
solo en casos excepcionales previstos legalmente, será posible revocar un acto sin
dicho consentimiento. De lo contrario, las entidades tendrían que acudir al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar ante un juez
administrativo su propio acto; escenario en el cual también pueden solicitar medidas
cautelares para suspender los efectos perjudiciales de un acto que consideren
ilegal28.

37. No obstante, en materia de seguridad social, existen eventos en los que la
entidad puede revocar el acto administrativo aun sin el consentimiento del
beneficiario, como es el caso de las pensiones que fueron reconocidas

27Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia del 10 de abril de 2025,
expediente con radicado 47001-23-33-000-2019-00199-01.
28

19

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

irregularmente. En efecto, el artículo 19 de la Ley 797 de 200329 previó:

«Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los representantes
legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan
reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el
cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los
documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma
o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos
en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o
una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o
que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario
proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del
particular y compulsar copias a las autoridades competentes.» [Se resalta]

38. Asimismo, la Ley 1450 de 2011 «por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,
2010 – 2014», en su artículo 243 dispuso:

«Artículo 243. Protección contra prácticas corruptas en el reconocimiento de pensiones.
Cuando cualquier entidad estatal que tenga a su cargo el reconocimiento de pensiones
tenga indicios de que tales prestaciones han sido reconocidas con fundamento en
documentos falsos, presiones indebidas, inducción a error a la administración o
cualquier otra práctica corrupta, la entidad iniciará de oficio una actuación
administrativa tendiente a definir los supuestos fácticos y jurídicos de la prestación y la
existencia de la presunta irregularidad. Si como resultado de la actuación se verifica
la irregularidad total o parcial del reconocimiento, la administración procederá a
revocar o modificar el acto sin consentimiento del particular». [Se resalta]

39. Nótese que si bien la primera norma citada únicamente impuso el deber a la
administración para revocar directamente los actos administrativos de contenido
particular cuando se compruebe la irregularidad en el reconocimiento de la
prestación, fue con la segunda que se condicionó tal decisión a que previamente se
adelantara la actuación administrativa30 y se defina o verifique si aquella [la

29
«[P]or la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
30 Al respecto, se puede consultar la sentencia SU-182 de 2019, en la cual se establecieron las

siguientes reglas: (i) solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con
justo título; (ii) la verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales es un deber; (iii)
no es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del beneficiario de la
pensión; (iv) solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse
en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el consentimiento del afectado; (v) no
hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración, pues el
ordenamiento jurídico sanciona a quien se aprovecha de estos escenarios; (vi) sujeción al debido
proceso; entre otras.

20

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

irregularidad] existió.

40. Esto presupone que toda la actuación que se adelante antes de la revocación del
acto debe surgir de «motivos reales, objetivos, trascendentales, y desde luego
verificables»31 y respetar el debido proceso y el derecho de defensa del beneficiario
de la prestación. Asimismo, como se trata de una facultad excepcional de la
administración, es en esta que recae la carga de la prueba, es decir, su deber se
circunscribe a demostrar con suficiencia la irregularidad que originó el
reconocimiento pensional, sin perjuicio de que, cuando se trate de «problemas de
interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación de
un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno general»32,
esté obligada a acudir al juez competente.

41. Sin embargo, en el asunto bajo estudio no se observó que la decisión adoptada
por la entidad de previsión se sustentara en que el reconocimiento pensional se
hubiese efectuado con sustento en «documentos falsos, presiones indebidas, inducción
a error a la administración o cualquier otra práctica corrupta» y que esta se hubiera
adoptado en el marco de una actuación administrativa tendiente a verificar la
supuesta irregularidad.

42. Adicionalmente, se precisa que en aquellos casos en los que la entidad de
previsión encuentre que un acto de reconocimiento pensional se halla incurso en
cualquier irregularidad, como lo es la incompatibilidad pensional, tendría que acudir
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar ante
un juez administrativo su propio acto, puesto que este es el mecanismo establecido
por el legislador para esos efectos.

43. Aunado a esto, en casos en los que se alegue como causal de nulidad la
incompatibilidad pensional, es indispensable que se conforme la proposición jurídica
con los actos a través de los cuales se efectuó el reconocimiento de las prestaciones
frente a los que se alega tal irregularidad, esto para no afectar derechos
fundamentales del pensionado [entre otros, el de la seguridad social y su mínimo
vital] y el principio de favorabilidad, en tanto de encontrarse que en efecto son
incompatibles, tendría derecho a mantener aquella que le sea más beneficiosa.

44. Elloes así, porque, aunque ambos actos administrativos derivaron de
procedimientos independientes, en conjunto conforman la situación jurídica

31 Corte Constitucional, sentencia C-835 de 2003, mediante la cual se declaró exequible el artículo

19 de la Ley 797 de 2003.
32 Ibidem.

21

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

pensional del interesado y por tanto deben ser analizados de manera conjunta en
un mismo estudio de legalidad, bajo una misma cuerda procesal, al tratarse de una
unidad jurídica.

45. Ahora bien, esta Subsección no advierte con claridad suficiente la supuesta
incompatibilidad pensional declarada por el tribunal de instancia, puesto que, en el
expediente no obran elementos probatorios para esos efectos y, al contrario, sí
fueron aportados documentos que generan incertidumbre frente a su configuración.
En ese sentido se encuentran:

45.1. certificados
de los pagos efectuados por el Fopep a Jorge Eliécer Patiño
Mercado de los años 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2018 y 2019 en los que
se precisó que el pago efectuado correspondió a una pensión gracia; y

45.2. Resolución 25728 del 2 de septiembre de 2000, por medio de la cual Cajanal
reconoció una pensión a Jorge Eliécer Patiño Mercado por sus servicios prestados
como docente oficial en el municipio de Cali, en la que se indicó que adquirió el
estatus pensional el 19 de agosto de 2000. Para esa fecha, advierte la Sala que él
todavía no contaba con los 55 años de edad exigidos por las disposiciones que
regulaban el reconocimiento pensional de los empleados públicos del orden
nacional33, pero sí la requerida para la pensión gracia [50 años].

46. Lo anterior, más allá de la configuración de la supuesta incompatibilidad de las
pensiones reconocidas por Cajanal y la Universidad del Valle al causante del
derecho pensional objeto de discusión, genera duda en relación con la naturaleza
de las prestaciones sociales reconocidas, puesto que, no se cuentan con los
elementos suficientes para determinar si la otorgada por la primera entidad de
previsión se trataba de una pensión gracia y si esta era compatible o no, en
consideración a que, de conformidad con lo dispuesto en disposiciones como el
artículo 15.2. de la Ley 91 de 1989, «la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y
cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose
por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación» [se resalta].

47. Ahora bien, comoquiera que no existe certeza frente a la incompatibilidad de las
prestaciones otorgadas a Jorge Eliécer Patiño Mercado y que en el sub judice la
Subsección no ostenta la competencia para emitir un pronunciamiento al respecto,
se exhortará a la Universidad del Valle para que en el marco de sus competencias
adelante las actuaciones necesarias tendientes a verificar si se configura o no la

33 Artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

22

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

incompatibilidad pensional, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

48. Así las cosas, la Sala encuentra que el acto demandado fue expedido sin
competencia y de manera irregular, por cuanto, la Universidad del Valle bajo el
argumento de estudiar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes revocó el
acto con el que se reconoció la prestación al causante, adelantó un control de
legalidad de este y lo revocó sin contar con el consentimiento expreso de su
beneficiario, en este caso, de la cónyuge.

2.4.1. En cuanto a los requisitos para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes

49. Encuentra la Sala que el reconocimiento pensional pretendido por la demandante
debe ser analizada bajo las disposiciones contenidas en los artículos 46.1 y 47.a de
la Ley 797 de 2003, las cuales disponen:

«Artículo 4634. Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes. Tendrán derecho
a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común
que fallezca y, […]»

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte. […]»

50. En cuanto al supuesto de la primera disposición, se advierte que en el sub judice
se pretende la pensión de sobrevivientes causada por Jorge Eliécer Patiño
Mercado, a quien la Universidad del Valle le reconoció una pensión de jubilación a
través de la Resolución 2510 del 24 de agosto de 2012, por lo que, se encuentra
dentro del supuesto previsto en el numeral 1 del mencionado artículo 46, lo que se
acreditó con el acto de reconocimiento pensional, el cual se encuentra cobijado por
la presunción de legalidad, como se explicó en líneas atrás.

34 Modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

23

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

51. Ahora, en cuanto a los demás requisitos, la cónyuge tendrá derecho a la
sustitución pensional de forma vitalicia cuando: i) tenga más de 30 años de edad al
momento del fallecimiento del causante de la prestación y ii) acredite que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido por lo menos 5 años continuos con anterioridad a su deceso.

52. De acuerdo con el material probatorio Eva Tamara Lakatos de Patiño contrajo
matrimonio con Jorge Eliécer Patiño Mercado el 29 de junio de 1974, sin que en el
registro de este se evidenciara anotación en relación con la disolución del vínculo.
En el momento del fallecimiento del causante contaba con 65 años de edad, pues
nació el 23 de julio de 1953. En ese orden, la solicitud de reconocimiento pensional
se regía por lo dispuesto en el artículo 47.a de la Ley 100 de 1993 modificada por
el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

53. En relación con el requisito de haber hecho vida marital con el causante hasta su
muerte y, por lo menos durante los 5 años anteriores al fallecimiento, en el
expediente obra: i) registro civil según el cual Eva Tamara Lakatos de Patiño y Jorge
Eliécer Patiño Mercado contrajeron matrimonio el 29 de junio de 1974; ii)
declaración bajo juramento de la demandante en la que manifestó que compartió
con el causante techo, lecho y mesa desde la fecha en la que contrajeron
matrimonio y hasta el 25 de mayo de 2019, fecha del fallecimiento del causante; iii)
declaración bajo juramento de Piedad Núñez de Patiño y Henry Calderón Carvajal
quienes manifestaron que conocieron a la demandante y al causante «desde hace
cuarenta (40) años y treinta (35) años, respectivamente», quienes procrearon 2 hijas
[hoy mayores de edad e independientes] y tenían un hogar frente al cual ambos
respondían por su manutención y subsistencia diaria.

54. Así las cosas, en tanto la cónyuge acreditó la existencia del vínculo matrimonial
por más de 40 años y se aportaron declaraciones de personas que dieron cuenta
de su convivencia hasta el momento del fallecimiento del causante, la Sala
encuentra acreditado el requisito de convivencia por un término de «no menos de
cinco (5) años continuos con anterioridad» a la muerte del causante, en tanto, esos
elementos probatorios fueron aportados por la entidad de previsión con la
contestación de la demanda y frente a estos no se efectuó reproche alguno.

55. En consonancia con lo expuesto, la Sala concluye que Eva Tamara Lakatos de
Patiño como cónyuge supérstite acreditó los requisitos establecidos en las normas
aplicables para efectos de la sustitución pensional causada por Jorge Eliécer Patiño
Mercado.

24

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

56. Se advierte que Jorge Eliécer Patiño Mercado falleció el 25 de mayo de 2019 y
la demandante presentó la solicitud ante la entidad de previsión el 7 de junio de
2019, esto es dentro de los 3 años previstos en el artículo 41 del Decreto 3135 de
1968, según el cual:

«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto
prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible.

El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente,
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción,
pero sólo por un lapso igual.»

57. Así las cosas, encuentra la Sala que no se configuró la prescripción de mesadas
pensionales, por lo que el reconocimiento será a partir del 26 de mayo de 2019, día
siguiente al del fallecimiento del causante.

2.6. Costas

58. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

59. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

60. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma35.

35 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

25

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

61. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

62. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

63. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la Resolución 3227 del 24
de octubre de 2019 fue expedida sin competencia y de manera irregular, por cuanto
la Universidad del Valle, bajo el argumento de estudiar el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, revocó implícitamente el acto con el que se reconoció la
prestación al causante, adelantó un control de legalidad de este y lo dejó sin efectos
jurídicos sin contar con el consentimiento expreso de su beneficiario, en este caso,
de la cónyuge como beneficiaria de esta.

64. Asimismo, Eva Tamara Lakatos de Patiño tenía derecho a la sustitución
pensional en tanto cumplió con las condiciones previstas en el artículo 13 de la Ley
797 de 2003 que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiaria
de la pensión otorgada a Jorge Eliécer Patiño Mercado porque acreditó la calidad
de cónyuge supérstite y que convivió con el causante por más de 40 años y hasta
la fecha de su fallecimiento.

65. En esas condiciones, se revocará la sentencia del 30 de septiembre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual negó
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, accederá a ellas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Revocar la sentencia del 30 de septiembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual negó las pretensiones
de la demanda en el proceso promovido por Eva Tamara Lakatos de Patiño contra
la Universidad del Valle y, en su lugar, se dispone:

26

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 3.227 del 24 de octubre de 2019
expedida por la rectoría de la Universidad del Valle a través de la cual se le negó el
reconocimiento de la sustitución pensional a Eva Tamara Lakatos de Patiño como
beneficiaria en calidad de cónyuge de Jorge Eliécer Patiño Mercado.

Tercero. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Universidad del
Valle a reconocer pensión de sobrevivientes a favor de Eva Tamara Lakatos de
Patiño en un 100% la pensión de la que en vida fue beneficiario Jorge Eliécer Patiño
Mercado, a partir del 26 de mayo de 2019.

Cuarto. Exhortar a la Universidad del Valle para que en el marco de sus
competencias adelante las actuaciones necesarias tendientes a verificar si se
configura o no la incompatibilidad pensional, de conformidad con lo expuesto en
esta providencia.

Quinto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final
índice inicial

Sexto. No condenar en costas en esta instancia.

Séptimo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Octavo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

27

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00082-01 (1426-2023)
Demandante: Eva Tamara Lakatos de Patiño

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

JMC/ZME

28

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.