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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00161-02

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00161-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el ordinal tercero de la sentencia y en su lugar: «TERCERO. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, Ugpp que reconozca y pague a favor de Guiomar Paz Mera la 30En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 19 Radicado: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025) Demandante: Guiomar Paz Mera pensión gracia desde el 29 de enero de 2014, pero con efectos fiscales a partir del 6 de marzo de 2016, por efectos de la prescripción trienal». Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual se accedió parcialmente a lo pretendido en la demanda presentada por Guiomar Paz Mera en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Ausente con excusa JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Vmt 20

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-00161-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025)
Demandante: Guiomar Paz Mera
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Temas: Reconocimiento pensión gracia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Guiomar Paz Mera presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 030213 del 27 de julio, RDP 035254
del 12 de septiembre, RDP 035512 del 14 de septiembre de 2017, RDP 018617 del
19 de junio y RDP 025232 del 26 de agosto de 2019, mediante el cual la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025)
Demandante: Guiomar Paz Mera

Protección Social2 le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión gracia desde el 1º de febrero de
2014, con el 75% de todo lo devengado durante el año inmediatamente anterior a
la adquisición del estatus; ii) el cumplimiento del fallo en los términos previstos en
los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA; iii) la indexación de las sumas y los
intereses moratorios, según las disposiciones del CPACA; iv) la condena en costas
y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Guiomar Paz Mera nació el 11 de noviembre de 1951, por lo que en el año 2001
cumplió 50 años de edad.

3.2. Durante más de 20 años laboró en calidad de docente oficial con vinculación del
orden nacionalizado y/o territorial, alcanzó el estatus pensional el 1º de febrero de
2014, en los siguientes periodos:

Acto administrativo Desde Hasta Tipo de vinculación Días
Decreto 1265 del 15 de Interinidad
01/10/1973 30/11/1973 60
octubre de 1973 [Cali] nacionalizada
Decreto 1582 del 26 de Propiedad
01/12/1973 10/05/1976 880
diciembre de 1973 [Cali] nacionalizada
Resolución 130 del 9 de
Propiedad territorial
septiembre de 1996 11/09/1996 01/11/2016 7.233
municipal
[Cali]

3.3. En el 2017 solicitó el reconocimiento pensional, la cual fue negada por la Ugpp
mediante las resoluciones RDP 030213 del 27 de julio, RDP 035254 del 12 de
septiembre y RDP 035512 del 14 de septiembre de 2017.

3.4. El 10 de diciembre de 2018 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia, petición que fue negada por la Ugpp mediante la Resolución RDP 018617
del 19 de junio de 2019, decisión confirmada a través de la Resolución RDP 025232
del 26 de agosto de 2019.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

2 En adelante Ugpp.

2

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025)
Demandante: Guiomar Paz Mera

4. Como tales se señalaron la Constitución Política y las leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:

5.1. El acto demandado fue expedido con violación directa de la ley, puesto que la
entidad de previsión desconoció que la docente cumplió con todos los requisitos
para acceder al reconocimiento pensional, prestó sus servicios en el departamento
de Sucre en ejercicio de una vinculación territorial, de conformidad con «el certificado
de Historia Laboral expedido por la Secretaría de Educación de Cali el día 16 de octubre de
2018, precisa en el CAPITULO VII OBSERVACIONES que el tipo de vinculación de la
docente es MUNICIPAL RECURSOS PROPIOS, en el periodo comprendido entre el 11 de
septiembre de 1996 al 1 de noviembre de 2016, por su parte el acto administrativo de
nombramiento contenido en el Decreto Nº 130 del 9 de septiembre de 1996, suscrito por el
Secretario de Educación del Municipio de Santiago de Cali, así como su respectiva Acta de
Posesión, ratifican que el tipo de vinculación de la señora […] es TERRITORIAL y no
nacional como erradamente lo aduce la entidad demanda[da]… Aunado a lo anterior la
docente prestó sus servicios en el municipio de Cali, en el centro docente José María
Carbonel de carácter municipal» [sic].

1.2. Contestación de la demanda

6. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación4:

6.1. La demandante no acreditó con idoneidad ni suficiencia la concurrencia de todos
los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, en especial los
20 años de servicio en ejercicio de una vinculación del orden territorial o
nacionalizada, toda vez que las certificaciones laborales allegadas al proceso no
cumplieron los requisitos fijados jurisprudencialmente, mediante la Sentencia de
Unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, expediente 25000-23-42-000-2013-
04683-01 [3805-2014] «la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente
NACIONAL, en tanto que, constituye requisitos indispensables para su viabilidad el que el
maestro no reciba retribución alguna de la Nación por los servicios que le preste a la misma,
o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella».

6.2. Además, no fueron allegados los actos de nombramiento y posesión mediante
los cuales fue vinculada y los certificados obrantes no informaron el tipo de

3 Índice 32 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación denominada:
27_ED_ONEDRIVE_1_1611202(.zip) NroActua 32.
4 Índice 32 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación denominada:

27_ED_ONEDRIVE_1_1611202(.zip) NroActua 32.

3

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025)
Demandante: Guiomar Paz Mera

vinculación ostentada por la docente.

6.3. Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de la
obligación demandada y cobro de lo no debido; ii) ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados; y iii) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia proferida el 31 de
octubre de 20245, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el
sentido de declarar la nulidad de la Resolución RDP 030213 del 27 de julio, RDP
035254 del 12 de septiembre, RDP 035512 del 14 de septiembre de 2017, RDP
018617 del 19 de junio y RDP 025232 del 26 de agosto de 2019 y ordenó a la Ugpp
el reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir del 1º de abril de 2014, con
efectos fiscales desde el 6 de marzo de 2016, por prescripción trienal, con inclusión
de todos los factores devengados en el año anterior al estatus pensional. Asimismo,
negó la condena en costas a la entidad previsional.

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:

8.1. Guiomar Paz Mera nació el 11 de noviembre de 1951, es decir que contaba con
más de 50 años de edad, prestó sus servicios como docente en el nivel de primaria
entre el 1º de octubre de 1973 y el 30 de noviembre de 1973, entre el 1º de diciembre
de 1973 y el 10 de mayo de 1976 y entre el 11 de septiembre de 1996 y el 1º de
noviembre de 2016, en ejercicio de vinculaciones del orden territorial y
nacionalizada.

8.2. En consecuencia, la docente adquirió el estatus pensional el 1º de abril de 2014
cuando completó 20 años de servicios, y contaba con más de 50 años de edad.
Asimismo, en tanto, solicitó el reconocimiento el 6 de marzo de 2019 y la demanda
fue presentada el 25 de febrero de 2020, operó el fenómeno de la prescripción
respecto de las mesadas causadas antes del 6 de marzo de 2016.

8.3. Finalmente, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 188 del Código
General del Proceso, negó la condena en costas en contra de la entidad previsional,
en tanto ejerció su derecho a la defensa correctamente.

5 Índice 53 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación denominada:
50Sentencia_20200016100GUIOMARPA(.pdf) NroActua 53.

4

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025)
Demandante: Guiomar Paz Mera

1.4. El recurso de apelación

9. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia 6 y se negaran
las pretensiones de la demanda, con sustento en los siguientes argumentos:

10. El a quo desconoció que los certificados allegados al expediente no cumplían con
los presupuestos jurisprudenciales fijados en la Sentencia de Unificación
«SUJ11$2» del 21 de junio de 2018, expediente 25000-23-42-000-2013-04683-91
[3805-2014] «[a]sí las cosas, el despacho efectúa una interpretación errónea de las
certificaciones aportadas, sin miramientos al cumplimiento de los requisitos legales para
otorgar el valor probatorio como es debido, llegando a una conclusión indebida solo
teniendo en cuenta las actas de posesión y nombramiento, indicando que, una vez
verificados los documentos aportados, los mismos no fueron tachados de falsos por la
demandada y/o desconocidos, finalmente indicando que ‘es dable concluir que los formatos
se ajustan a la realidad y que la señora Guiomar Paz ha cumplido con más de 20 años al
servicio docente territorial o nacionalizada’, lo cual no se ajusta a la realidad fáctica y legal».

11. Asimismo, para «que los tiempos de servicio que se pretenden acreditar sean válidos
para el reconocimiento de pensión de jubilación gracia, es necesario que se haya allegado
CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA CETIL expedida por el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI –
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL en la cual se hubiese especificado de manera
suficiente, inequívoca y sin inconsistencias: (i) la plaza (o categoría) territorial, nacional o
nacionalizado docente; (ii) la fuente de financiación de todos los tiempos acreditados para
el reconocimiento de la pensión gracia: a) recursos del situado fiscal, b) recursos propios
de la entidades territoriales, que mediaron en la vinculación a la docencia de la demandante;
justificando su negativa indicando que […] dicha prueba debía ser recaudada por la entidad
que represento, sin ningún miramiento hacia la conducencia, pertinencia y eficacia de la
prueba; lo cual se aviene a un yerro por parte de este despacho si se tiene en cu[e]nta que
[…] a partir del 01/07/2019, indica que todas las entidades certificadoras de información
laboral y factores salariales deberán estar inscritas y expedir dicha información a través del
sistema CETIL».

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11.1. Mediante el auto proferido el 20 de mayo de 2025 fue admitido el recurso de
apelación y se ordenó el retorno del expediente al despacho para decidir sobre la
solicitud probatoria allegada con el recurso7.

1.6. El Ministerio Público

6 Índice 56 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación denominada:
51_MemorialWeb_Recurso-76001233300020200016(.pdf) NroActua 56.
7 Índice 7 de Samai, actuación denominada: 8Autoqueadmite_10352025admiterecurs(.pdf) NroActua

7.

5

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Demandante: Guiomar Paz Mera

12. La procuradora segunda delegada8 solicitó confirmar la sentencia proferida en la
primera instancia, al considerar que Guiomar Paz Mera acreditó los requisitos
previstos en la normatividad aplicable para acceder al reconocimiento de la pensión
gracia, en especial haber prestado sus servicios durante 20 años, en ejercicio de
una vinculación del orden territorial, departamental o nacionalizado.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

12.1. Se circunscribe a resolver ¿si Guiomar Paz Mera acreditó los requisitos para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con las
normas que la regulan?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. En torno a la pensión gracia

13. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.

14. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19139 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.

15. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión

8 Índice 9 de Samai, actuación denominada: Memorial_FLF_12Concepto(.pdf) NroActua 12.
9
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».

6

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Demandante: Guiomar Paz Mera

o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.

10
16. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193311, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.

17. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones

Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.

10
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
11
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».

7

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Demandante: Guiomar Paz Mera

Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

18. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.

19. En efecto, la Ley 60 de 199312 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.

20. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja13, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),

12
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
13
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»

8

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025)
Demandante: Guiomar Paz Mera

creados por el Decreto 3157 de 196814, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos15 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199416 (artículo 179, literal d).

21. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.

22. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199517, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:

22.1. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.

22.2. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:

23. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así como
sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las
entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan efectuado los
correspondientes aportes.

24. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado

14
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
15
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
16
«Por la cual se expide la ley general de educación»
17
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»

9

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025)
Demandante: Guiomar Paz Mera

fiscal.

25. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.

26. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 18, en la sentencia
SUJ11-S2 del 21 de junio de 201819 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».

27. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200020 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.

28. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala21 ha señalado:

«[…] Sobre los tiempos nacionales.

La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.

Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)

18
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
19
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
20
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
21
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

10

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025)
Demandante: Guiomar Paz Mera

El artículo 1º de la Ley 91 de 198922 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio» [Se resalta].

29. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201823, así:

«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las

22 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
23 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

11

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025)
Demandante: Guiomar Paz Mera

erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».

30. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202224 indicó:

«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».25

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación

24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
25
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).

12

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025)
Demandante: Guiomar Paz Mera

siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]

31. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.

2.3. Caso concreto

32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

32.1. Guiomar Paz Mera nació el 11 de noviembre de 195126.

32.2. El alcalde de Cali [Valle del Cauca] concedió una licencia y nombró a algunos
docentes [contenido ilegible], mediante el Decreto 1265 del 15 de octubre de 1973.

32.3. El rector del Instituto Politécnico Municipal del departamento del Valle del Cauca
tomó juramento de la demandante, según la copia del acta de posesión 280, el 4 de
diciembre de 1973, en el cargo de profesora de tiempo completo en biológicas «por
licencia en reemplazo de Medardo Vanegas», nombrada mediante el Decreto 1265 del
15 de octubre de 1973, con efectividad desde el 3 de octubre de 1973, «fue nombrada
en propiedad según Decreto No. 1582 del 26 de diciembre/73», con la siguiente anotación
«Se retiró del Instituto el día 22 de abril de 1976 por retiro voluntario, Decreto No. 917 de
fecha junio 4 de 1976».

32.4. El alcalde de Cali [Valle del Cauca] declaró «insubsistente un nombramiento y
provee una vacante», a partir del 1° de diciembre de 1973 la nombró docente en el
Instituto Politécnico Municipal «dependiente de la Secretaría de Educación», mediante
el Decreto 1582 del 26 de diciembre de 1973.

32.5. El alcalde y el secretario de educación de Cali [Valle del Cauca] le aceptó la
renuncia al cargo de docente de tiempo completo en el Instituto Politécnico

26 Índice 32 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación denominada:
27_ED_ONEDRIVE_1_1611202(.zip) NroActua 32, según las copias del registro civil de nacimiento
y de la cédula de ciudadanía.

13

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025)
Demandante: Guiomar Paz Mera

Municipal dependiente de la Secretaría de Educación Municipal, mediante el
Decreto 917 del 4 de junio de 1976.

32.6. El alcalde y el secretario de educación del municipio de Cali, mediante la
Resolución 130 del 9 de septiembre de 1996 «[p]or medio del cual se hacen
nombramientos de docentes en el Municipio de Santiago de Cali Secretaría de Educación
Municipal», la nombraron en el cargo de docente, en la Secretaría de Educación
Municipal, en el Centro Docente José María Carbonel.

32.7. Según el acta 1262, el 11 de septiembre de 1996 tomó posesión del cargo ante
el alcalde municipal, en la cual se indicó que el nombramiento había «emanado de la
Secretaría de Educación Municipal».

32.8. La secretaria de educación municipal de Cali, mediante la Resolución 8553 del
15 de noviembre de 2016, aclaró la Resolución 4143.0.21.6866 del 20 de
septiembre de 2016, «en el sentido de que el área de desempeño de la docente Diomar
Paz Mera […] es BASICA PRIMARIA y no APOYO PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL
como en ella se expresó […] Los demás aspectos contenidos en la Resolución No.
4143.0.21.6866 del 20 de septiembre de 2016, no aclarados en este Acto Administrativo
permanecen incólumes».

32.9. La subsecretaria administrativa y financiera de la Secretaría de Educación de
Cali, mediante el formato único para la expedición de la historia laboral [del 16 de
octubre de 2018 y del 23 de agosto de 2017], certificó la prestación del servicio
como docente, en propiedad, del nivel de primaria, durante 22 años, 8 mes y 13
días, en los siguientes términos:

Acto
Novedad Desde Hasta
administrativo
Ingreso
30/11/1973
Institución Educativa
Decreto 1265 [2 meses]
Politécnico Municipal de 01/10/1973
15/10/1973 [Retiro por terminación
Cali – Sede Principal
de provisionalidad]
[Cali]
Ingreso 10/05/1976
Institución Educativa [2 años, 5 meses, 10
Decreto 1582
Politécnico Municipal de 01/12/1973 días]
26/12/1973
Cali – Sede Principal [Retiro por terminación
[Cali] de provisionalidad]
Ingreso Resolución
Centro Docente José 130 11/09/1996 -
María Carbonel [Cali] 09/09/1996
Decreto 0079
Incorporación 11/02/1999 -
09/02/1999

14

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025)
Demandante: Guiomar Paz Mera

Institución Educativa
Técnico Industrial
Donald Rodrigo Tafur –
Sede Principal [Cali]
Ascensos
Institución Educativa Resolución
Técnico Industrial 1817 26/06/2007 -
Donald Rodrigo Tafur – 15/04/2008
Sede Principal [Cali]
Licencia no remunerada
Institución Educativa Resolución
Técnico Industrial 1327 16/02/2015 05/03/2015
Donald Rodrigo Tafur – 10/02/2015
Sede Principal [Cali]
Resolución
Retiro 6866 01/11/2016 -
20/09/2016

32.10. El 27 de abril de 2017, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
la cual fue negada mediante la Resolución RDP 030213 del 27 de julio de 2017 y
confirmada a través de las resoluciones RDP 035254 del 12 de septiembre y RDP
035512 del 14 de septiembre de 2017.

32.11. El 14 de marzo de 2019, la docente allegó el formulario único de solicitudes
prestacionales actualizado, en el marco del expediente pensional fueron proferidas
las resoluciones del 2017. La Ugpp negó el reconocimiento de la prestación
mediante la Resolución RDP 018617 del 19 de junio de 2019 y confirmó la negativa
a través de las resoluciones RDP 025232 del 26 de agosto de 2019.

32.12. El 24 de febrero de 2020, el jefe de división del Centro de Atención al Público
de la Procuraduría General de la Nación certificó que la docente no registraba
sanciones ni inhabilidades vigentes.

2.4. Análisis sustancial

33. ElTribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a lo
pretendido en la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de los actos
demandados y condenar a la Ugpp al reconocimiento de la prestación.

34. La Ugpp solicitó que se revocara la decisión adoptada por el tribunal de primera
instancia, al considerar que los periodos laborales certificados no cumplieron con la
normatividad y los lineamientos jurisprudenciales vigentes, por cuanto no fueron
expedidas en el marco del formato CETIL.

15

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025)
Demandante: Guiomar Paz Mera

35. De acuerdo con lo anterior, la sala verificará si, como se afirma en el recurso de
apelación, la docente no acreditó una experiencia en calidad de docente vinculada
en el orden territorial, departamental o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de
1980 ni completó 20 años de servicio en una plaza de ese orden.

36. Ahora, respecto del tiempo laborado antes del 31 de diciembre de 1980, al
expediente fueron aportados los siguientes actos administrativos: i) el Decreto 1265
del 15 de octubre de 1973, suscrito por el alcalde de Cali [contenido ilegible]; ii) el
Acta de posesión 280 del 4 de diciembre de 1973, con efectividad desde el 3 de
octubre de 1973 iii) el Decreto 1582 del 26 de diciembre de 1973, mediante el cual
alcalde de Cali la nombró en calidad de docente en el Instituto Politécnico Municipal,
cargo «dependiente de la Secretaría de Educación»; y iv) el Decreto 917 del 4 de junio
de 1976, mediante el cual el alcalde y el secretario de educación de Cali aceptó la
renuncia de la docente.

37. Lo anterior fue corroborado a través de las certificaciones suscritas por la
subsecretaria administrativa y financiera de la Secretaría de Educación de Cali, el
23 de agosto de 2017 y el 16 de octubre de 2018, en las cuales se indicó que prestó
sus servicios durante 22 años, 8 meses y 13 días y su ingresó por primera vez fue
en la Institución Educativa Politécnico Municipal de Cali a través del Decreto 1265
del 15 de octubre de 1973.

38. Respecto de la vinculación ostentada por la docente durante el tiempo laborado
antes del 31 de diciembre de 1980, se advierte que fue del orden territorial, toda vez
que los actos de nombramiento y posesión fueron proferidos por una autoridad de
ese nivel, sin que se evidenciara intervención de una autoridad del orden nacional.
Además, en el Decreto 1582 del 26 de diciembre de 1973 se especificó que el cargo
era «dependiente de la Secretaría de Educación».

39. En cuanto al tiempo laborado después del año 1980, en el expediente obran la
Resolución 130 del 9 de septiembre de 1996, mediante el cual el alcalde y el
secretario de educación de Cali nombraron a la demandante en el Centro Docente
José María Carbonel y el acta de posesión 1262 del 11 de septiembre de 1996.

40. Asimismo, obran las certificaciones suscritas por la subsecretaria administrativa
y financiera de la Secretaría de Educación de Cali, en el 23 de agosto de 2017 y el
16 de octubre de 2018, en las cuales se indicó que la docente ingresó al Centro
Docente José María Carbonel desde el 11 de septiembre de 1996, posterior a la
incorporación en la Institución Educativa Técnico Industrial Donald Rodrigo Tafur,
prestó sus servicios hasta el 1° de noviembre de 2016 [Resolución de retiro 6866
del 20 de septiembre de 2016].

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Radicado: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025)
Demandante: Guiomar Paz Mera

41. En igual sentido, en las consideraciones del acto de designación se señaló que
«a través del Decreto 0613 de abril 25 de 1996 se adicionaron 220 casillas de personal
docente a la Secretaría de Educación Municipal». Lo anterior permite tener certeza de
que la naturaleza de la plaza en la que fue designada la demandante era del orden
territorial. En consecuencia, la Sala encuentra que la docente prestó sus servicios
en el nivel de básica primaria en ejercicio de una vinculación del orden territorial, al
resultar proferidos los actos de nombramiento por una autoridad igual.

42. Adicionalmente, se advierte que Guiomar Paz Mera contaba con más de 50 años
de edad [nació el 11 de noviembre de 1951], por lo que cumplió con ese presupuesto
en el año 2001; se encontraba acreditado el requisito de haber ejercido la profesión
con buena conducta, en tanto que el 24 de febrero de 2020 el jefe de división del
centro de atención al público de la Procuraduría General de la Nación certificó que
la docente no registraba sanciones ni inhabilidades vigentes y en el sub judice no
se cuestionó el cumplimiento de esa exigencia.

43. Por otra parte, la Ugpp cuestionó la información certificada allegada al
expediente, toda vez que no correspondieron a los documentos emanados por el
CETIL. En relación con este argumento, para la Sala no es de recibo, pues, como
se expuso en líneas anteriores, de acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corporación «para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo», como en efecto ocurrió en el presente asunto,
en el cual fueron allegados los actos de nombramiento y posesión de los cuales se
advirtió el cargo ejercido y las autoridades territoriales que los expidieron. Lo cual
además coincidió con la información proferida por subsecretaria administrativa y
financiera de la Secretaría de Educación de Cali, mediante el formato único para la
expedición de la historia laboral.

44. En consonancia con lo expuesto, la demandante acreditó que había prestado sus
servicios como docente con vinculación territorial así: i) entre el 1° de octubre de
1973 y el 30 de noviembre de 1973, durante 2 meses; ii) entre el 4 de diciembre de
1973 y el 10 de mayo de 1976, durante 2 años, 5 meses y 13 días; iii) entre el 11 de
septiembre de 1996 y el 1° de noviembre de 2016, [fecha del retiro, según la
Resolución 6866 del 20 de septiembre de 2016], es decir durante 20 años, 1 mes y
20 días.

45. Respecto de la consolidación del estatus pensional, la Sala encuentra que para
el 11 de noviembre de 2001, cuando la docente cumplió 50 años de edad, contaba
con 7 años, 7 meses, 13 días de servicio, de manera que fue hasta el 29 de enero

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Radicado: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025)
Demandante: Guiomar Paz Mera

de 201427 que alcanzó el estatus pensional al completar los 20 años de servicio.

41. Ahora bien, de conformidad con los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102
del Decreto 1848 de 1969, resulta oportuno precisar que entre la fecha en la cual la
demandante solicitó el reconocimiento de la prestación, esto es el 27 de abril de
201728, y la de adquisición del estatus pensional, el 1° de febrero de 2014,
transcurrieron más de 3 años, por lo que operó el fenómeno jurídico de la
prescripción. En ese orden, se encuentra que este afectó las mesadas causadas
antes del 27 de abril de 2014, en consideración a que, entre la fecha de la solicitud
de reconocimiento y la de radicación de la demanda [26 de febrero de 202029] ante
la jurisdicción no transcurrieron más de 3 años.

42. No obstante, no se modificará en ese sentido la sentencia de primera instancia
que declaró la ocurrencia del mencionado fenómeno frente a lo causado antes del
6 de marzo de 2016, puesto que se afectaría al apelante único.

43. Así las cosas, solo se modificará el el ordinal tercero de la sentencia proferida el
31 de octubre de 2024 en cuanto a la fecha del estatus pensional, es decir se tendrá
como tal el 29 de enero de 2014, en lugar del 1º de abril de 2014, y se confirmará
en todo lo demás puesto que, como lo concluyó el a quo Guiomar Paz Mera acreditó
los requisitos para el reconocimiento de la prestación, porque: i) acreditó una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980; ii) contaba con más de 50 años de
edad [nació el 11 de noviembre de 1951]; iii) prestó sus servicios como docente
oficial del orden territorial por más de 20 años y iv) ejerció la docencia con buena
conducta.

2.5. Costas

46. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

27 Al completar 12 años, 4 meses, 17 días de servicio.
28 Según la Resolución RDP 030213 del 27 de julio de 2017.
29 Según el acta de reparto, obrante en el índice 29 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle

del Cauca, actuación denominada: 22_ED_05ACTAREPARTOTCA005(.pdf) NroActua 29.

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Radicado: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025)
Demandante: Guiomar Paz Mera

47. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

48. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma30.

49. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

50. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

51. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Guiomar Paz Mera
acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia. En esas
condiciones, se modificará parcialmente la sentencia proferida el 31 de octubre de
2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar el ordinal tercero de la sentencia y en su lugar:

«TERCERO. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ORDENA a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, Ugpp que reconozca y pague a favor de Guiomar Paz Mera la

30En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 76001-23-33-000-2020-00161-02 (1035-2025)
Demandante: Guiomar Paz Mera

pensión gracia desde el 29 de enero de 2014, pero con efectos fiscales a partir del 6 de
marzo de 2016, por efectos de la prescripción trienal».

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024,
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual se accedió
parcialmente a lo pretendido en la demanda presentada por Guiomar Paz Mera en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Ausente con excusa

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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