Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00182-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00182-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2020-00182-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-00182-01 (5962-2024)
Demandante: Martha Piedad Orjuela Izquierdo
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones1
Tema: Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
Sentencia segunda instancia
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 28 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual negó las pretensiones de
la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Martha Piedad Orjuela Izquierdo presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones SUB 210317, SUB 262762
y DPE 13104 del 5 de agosto, 24 de septiembre y 8 de noviembre de 2019,
proferidas por Colpensiones por medio de las cuales le negó el reconocimiento y
pago de la indemnización sustitutiva de la pensión.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión
1 En lo que sigue Colpensiones.
2 En adelante CPACA.
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Demandante: Martha Piedad Orjuela Izquierdo
equivalente a un total de 1.414 semanas cotizadas; ii) la indexación de las sumas
concedidas; iii) la condena en costas a la parte demandada; y iv) el cumplimiento
de la sentencia en los términos indicados en el CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:
3.1. Martha Piedad Orjuela Izquierdo laboró para la Universidad del Valle como
empleada pública no docente por un periodo de 23 años y 10 días.
3.2. Colpensiones le reconoció una pensión de vejez, pero para ello no tuvo en
cuenta las semanas cotizadas al servicio de la Universidad del Valle.
3.3. El 28 de mayo de 2019 solicitó a la demandada el pago de la indemnización
sustitutiva de la pensión por las semanas no computadas, petición que fue negada
con la Resolución 210317 del 5 de agosto de 2019. Presentó recurso de reposición
y en subsidio apelación contra la anterior decisión, pero esta fue confirmada a
través de las resoluciones SUB-262762 y DPE-13104 del 24 de septiembre y 8 de
noviembre de 2019.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1 de la Ley 33 de 1985; 18, 37 y 141 de la
Ley 100 de 1993; y 138 del CPACA.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso que Colpensiones vulneró «sus
derechos»3 al negar el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva bajo
un equivocado argumento de incompatibilidad, pues la pensión mensual de vejez
que recibe por los servicios prestados a la Universidad del Valle es plenamente
compatible con dicha prestación, toda vez que esta última proviene de las
cotizaciones efectuadas mediante descuentos salariales y, conforme con la Ley
100 de 1993, las semanas cotizadas que la sustentan no fueron tenidas en cuenta
ni hacen parte de la pensión ya reconocida4.
1.2. Contestación de la demanda5
6. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes
términos6:
3 No se citaron los derechos invocados.
4 Folio 7 del documento 1 del expediente digitalizado.
5 Samai. Índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_23001233300020180002(.zip) NroActua 2», carpeta «23001233300020180002600»,
archivo «01expediente_230012333000201800026.pdf», folios 85 a 95.
6 Documento 3 del expediente digital.
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6.1. A la demandante le fue concedida una pensión de vejez mediante la Resolución
GNR 358115 del 6 de diciembre de 2013 en aplicación de los beneficios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y bajo las condiciones del Decreto
758 de 1990, es decir, en cuantía del 75% del promedio de lo percibido durante los
últimos 10 años de servicio. La mesada fue reliquidada a través de la Resolución
GNR 448774 del 29 de diciembre de 20147.
6.2. La citada mesada fue reliquidada una vez más en cumplimiento de la sentencia
del 21 de abril de 2017 dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 76001-33-33-016-2015-00297-00, en la que se ordenó
recalcular la mesada teniendo en cuenta todos los factores salariales percibidos
durante el último año de servicio. La citada orden se cumplió a través de la
Resolución SUB177019 del 29 de junio de 2018.
6.3. Las semanas cotizadas por la demandante ya fueron utilizadas para financiar
la pensión de vejez vitalicia que actualmente percibe, razón por la cual no era
procedente reconocer una indemnización sustitutiva adicional sobre los mismos
aportes. En ese sentido, las cotizaciones efectuadas al ISS, hoy Colpensiones,
mientras laboró para la Universidad del Valle tenían como finalidad trasladar al
sistema general de pensiones la obligación prestacional derivada de la jubilación,
de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 224 de 1966, el Decreto 758 de 1990 y
los decretos 813 y 1748 de 1994 y 1995, de modo que dichos aportes no
constituyen recursos autónomos susceptibles de devolución mediante
indemnización sustitutiva.
6.4. Asimismo, el reconocimiento simultáneo de una pensión de vejez y de una
indemnización sustitutiva resulta incompatible, de conformidad con el artículo 6 del
Decreto 1730 de 2001, por cuanto ambas prestaciones cubren la misma
contingencia, esto es, la vejez, de modo que acceder a las pretensiones implicaría
reconocer 2 prestaciones financiadas con los mismos recursos y destinadas a
cubrir idéntico riesgo, contrariando la estructura jurídica y financiera del sistema
pensional.
6.5. La indemnización sustitutiva tiene un carácter residual y únicamente procede
respecto de quienes, pese a cumplir la edad requerida, no reúnen el número
mínimo de semanas para acceder a la pensión y no desean o no pueden continuar
cotizando, tal como lo precisó la Corte Constitucional en las sentencias C-375 de
2004 y T-225 de 2020, motivo por el cual, debido a que la demandante sí consolidó
el derecho a la pensión de vejez, no existe fundamento jurídico para reconocerle
7 Únicamente en el sentido de incrementar la tasa de reemplazo a 78%.
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adicionalmente una indemnización sustitutiva.
1.3. La sentencia apelada
7. En sentencia del 28 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala Segunda de Decisión, negó las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas. Lo anterior, de acuerdo con los siguientes argumentos8:
7.1. La indemnización sustitutiva de la pensión de vejez prevista en el artículo 37 de
la Ley 100 de 1993 tiene naturaleza residual o supletoria, pues únicamente
procede cuando el afiliado cumple la edad para pensionarse, pero no reúne el
número mínimo de semanas exigidas y manifiesta la imposibilidad de continuar
cotizando.
7.2. De acuerdo con el Decreto 1730 de 2001 y la jurisprudencia del Consejo de
Estado9 y de la Corte Constitucional, especialmente las sentencias T-850 de 2008,
T-849 de 2009 y T-853 de 2010, la indemnización sustitutiva busca compensar o
devolver los aportes realizados cuando no es posible consolidar el derecho
pensional.
7.3. Sin embargo, la demandante no cumplió con los supuestos legales para
acceder a la indemnización sustitutiva porque ya era beneficiaria de una pensión
de vejez reconocida por Colpensiones, de modo que el presente caso se encuadra
en la incompatibilidad prevista en el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001.
7.4. De acuerdo con las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia
T-596 de 2016, la citada incompatibilidad no impide revisar las condiciones del
reconocimiento de la pensión, pero sí prohíbe que los mismos aportes financien
dos prestaciones simultáneas. Además, no es cierto que las cotizaciones
reclamadas no fueron tenidas en cuenta para el reconocimiento pensional, pues
es dicho aporte el que constituye el sustento financiero de la pensión que ya le fue
reconocida.
7.5. Finalmente, las cotizaciones reclamadas provienen del sector público y acceder
a una nueva prestación derivada de la misma fuente implicaría desconocer el
artículo 128 de la Constitución, que prohíbe percibir más de una asignación
proveniente del tesoro público.
1.4. El recurso de apelación
8. Martha Piedad Orjuela Izquierdo apeló la sentencia de primera instancia y
8 Documento 28 del expediente digital.
9 Sentencia dictada dentro del proceso con radicado 52001-23-33-000-2018-00461-00 (4256-2021).
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expuso los siguientes argumentos10:
8.1. De acuerdo con la información contenida en la Resolución GNR 448774 del 29
de diciembre de 2014 la Universidad del Valle cotizó en su favor un total de 8.202
días que equivalen a 22.78 años, mientras que otros empleadores reportaron 1.827
días o 5,075 años, lo que quiere decir que «la pensión de vejez se reconoció
básicamente con el tiempo de servicio prestado a la Universidad del Valle».
8.2. En el mencionado acto administrativo se indicó que contaba con un total de
1.402 semanas mientras que «el reporte de semanas cotizadas en pensiones
actualizado al 10 de octubre de 201811 se indicó “total de semanas cotizadas 1.069” […]
[lo que impone preguntarse] de dónde salieron l[a]s restantes 332.43 semanas».
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar12.
1.6. Concepto del Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto13 en el que
solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia en atención a la
incompatibilidad entre la pensión de vejez y la indemnización sustitutiva de la
pensión, tal como lo indica el Decreto 1730 de 2001.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
11. Se circunscribe a establecer ¿si Martha Piedad Orjuela Izquierdo tenía derecho
a la indemnización sustitutiva de la pensión equivalente a un total de 1.414
semanas, por el tiempo que prestó sus servicios en la Universidad del Valle?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial. La indemnización sustitutiva de la
pensión
12. Una de las contingencias que se aseguran a través del Sistema General de
Pensiones es la vejez, con la finalidad de proteger al trabajador que una vez llega
10 Documento 31 del expediente digitalizado.
11 El reporte de semanas que reposa en el expediente data del 8 de noviembre de 2014.
12 Como se indicó en el auto admisorio del 29 de noviembre de 2024.
13 Documento 8 del expediente digital de la segunda instancia.
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a una edad en la que no puede seguir laborando pueda percibir un ingreso que le
garantice un mínimo vital y una congrua subsistencia.
13. La Corte Constitucional en sentencia C-177 de 1998 se refirió a la pensión de
vejez como una compensación a la actividad desarrollada por un tiempo
considerable y que genera la disminución de la fuerza laboral. Por su parte, en la
sentencia C-230 de ese año señaló que no se trataba de un derecho gratuito, sino
que surgía por la acumulación de cotizaciones y de tiempos de servicio efectuados
por el trabajador.
14. Ahora bien, el reconocimiento de la pensión de vejez depende del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, ya sea del sistema general
de pensiones o de alguno de los regímenes anteriores a su entrada en vigor. No
obstante, en ocasiones, las personas no logran reunir los requisitos dispuestos
para acceder a esa prestación, por lo que en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993
se dispuso una herramienta compensatoria denominada indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez, que también procede cuando no se cumple con los
requisitos para obtener las pensiones por invalidez (artículo 45) y sobrevivencia
(artículo 49).
15. Al respecto la referida norma estableció lo siguiente:
«Artículo 37. indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que
habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el
mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando,
tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario
base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas
cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los
porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado».
16. La disposición transcrita fue reglamentada a través del Decreto 1730 del 27 de
agosto de 200114, compilado en el Decreto 1833 de 2016, y en su artículo 1 dispuso
que el reconocimiento de la indemnización en el régimen de prima media con
prestación definida podía originarse cuando «con posterioridad a la vigencia del sistema
general de pensiones» se presentaran las siguientes situaciones:
«a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el
número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión
de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;
b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas
cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al
artículo 39 de la Ley 100 de 1993;
14 «Por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la
indemnización sustitutiva del régimen solidario de prima media con prestación definida».
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c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios par (sic)
que su grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme
al artículo 46 de la Ley 100 de 1993;
d) Que el afiliado al sistema general de riesgos profesionales se invalide o muera,
con posterioridad a la vigencia del Decreto-Ley 1295 de 199415, como
consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual
genere para él o sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de
conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto-Ley 1295 de 1994».
17. Por su parte, artículo 2 del Decreto 1730 de 2001 estableció lo siguiente:
«Artículo 2.- Reconocimiento de la indemnización sustitutiva. Cada
Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida a la que
haya cotizado el trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva, respecto al tiempo cotizado.
En caso de que la Administradora a la que se hubieren efectuado las
cotizaciones haya sido liquidada, la obligación de reconocer la indemnización
sustitutiva corresponde a la entidad que la sustituya en el cumplimiento de la
obligación de reconocer las obligaciones pensionales.
En el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en la función de pagar
las pensiones por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, Fopep,
será ésta la entidad encargada del pago, mientras que su reconocimiento
continuará a cargo de la caja o fondo que reconozca las pensiones.
Para determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta
la totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de 1993».
18. De acuerdo con lo anterior, el reconocimiento de la indemnización en el régimen
de prima media con prestación definida puede originarse en 3 circunstancias:
i) como sustitutiva de la pensión de vejez; o ii) de la pensión de invalidez; o iii) de
la pensión de sobrevivientes, de la Ley 100 de 1993.
19. No obstante, la exigencia según la cual se deben cumplir los requisitos «con
posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones», fue declarada nula por
esta Corporación a través de sentencia de 14 de abril de 200516, por las siguientes
razones:
«En efecto, el hecho de que haya limitado la norma reglamentaria la
indemnización sustitutiva de la pensión por vejez sólo al hecho de que con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se cumplan la totalidad de los
requisitos enlistados en el precitado literal (edad, retiro del servicio y
manifestación de la imposibilidad de seguir cotizando al sistema) no permitiría
que tal prestación se reconozca a los afiliados al sistema de prima media con
prestación definida afiliados a una administradora de este régimen, que
habiendo cumplido la edad bajo el régimen anterior se retiren del servicio
15 El texto subrayado fue declaro nulo por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 24 de julio de 2017, radicado: 11001-03-25-000-2010-00279-00 (2292-10).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 14 de abril de 2005, radicado:
11001032500020030011201 (0477-2003).
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bajo su vigencia, sin el número de semanas exigidas para tener derecho a
la prestación y declaren su imposibilidad de seguir cotizando al sistema.
[…]
Es cierto que la opción de la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez en
la legislación anterior a la Ley 100 de 1993 sólo existía para los afiliados al ISS;
sin embargo la nueva figura creada en la ley 100 cobija tanto a dichos afiliados
como a los de una administradora diferente al ISS, pues no sería razonable y
violaría el derecho a la igualdad que los afiliados a una administradora del
régimen de prima media con prestación definida, diferentes a éste, por el hecho
de serlo, no les sea permitido, si se dan las condiciones que la misma Ley
establece en su artículo 37, acceder a la prestación, pretextando la falta de tal
beneficio en el régimen anterior que los gobernaba.
[…]
Es un principio de derecho incuestionable que las leyes rigen hacia el futuro, por
lo que una lectura ligera y desprevenida de la frase acusada de la norma
reglamentaria daría como resultado una conformidad con las previsiones de la
ley reglamentada, sin embargo, haciendo un estudio a fondo de la especificidad
de categorías de afiliados y su derecho a escoger la norma más favorable, lleva
a la Sala a ser cuidadosa en su examen, por lo que la limitación en cuanto al
cumplimiento de la edad que trae la norma acusada, dejaría por fuera a
algunos afiliados que no obstante pertenecer al sistema, pues a la entrada
de la vigencia de la ley ingresaron a éste como afiliados forzosos, es decir
cotizaron a dicho régimen bajo las previsiones de la ley y se dieron los supuestos
que ellas contemplan, retiro del servicio e imposibilidad de seguir cotizando,
quedarían privados de ese beneficio, cuando ello no fue el querer del legislador
[…]». [Se resalta].
20. En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional17 al precisar lo
siguiente:
«[…] en relación con la aplicación de las normas contenidas en la Ley 100 de
1993, a fin de hacer efectiva la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
en aquellos casos en que los aportes al sistema se dieron con anterioridad a la
entrada en vigencia de dicha Ley, la Corte Constitucional ha reiterado que esta
normatividad es aplicable a todos los habitantes del territorio nacional y a
todas aquellas situaciones que al momento de su expedición no se
hubieren consolidado. Así lo sostuvo en sentencia T-850 de 2008, al indicar:
‹El derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se
encuentra en cabeza de aquellas personas que, independientemente de haber
estado afiliadas al Sistema Integral de Seguridad Social en el momento de
entrada en vigencia la Ley 100 de 1993 pero que habiendo cumplido con la edad
para reclamar la pensión, no cuenten con el número de semanas cotizadas para
acceder a dicha prestación. Además las entidades de previsión social a las que
en algún momento cotizó el accionante, deben reconocer y pagar la
indemnización so pena de que se incurra en un enriquecimiento sin causa›.
Así pues, es inválida cualquier interpretación restrictiva en la cual se
establezca como requisito adicional para acceder a la indemnización
17 Corte Constitucional, sentencia T-849 A de 2009.
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sustitutiva que el afiliado haya cotizado al sistema a partir de la vigencia de
la Ley 100 de 1993 o que al momento de la desvinculación del trabajador
éste haya cumplido con la edad exigida para acceder a la pensión de vejez,
pues ello (i) contradice de manera directa los artículos 48, 49 y 366 de la
Constitución Política, (ii) propicia un enriquecimiento sin causa de la entidad a la
cual se efectuaron los aportes y (iii) vulnera el principio constitucional de
favorabilidad en materia laboral, expresamente previsto en el artículo 53 superior
[…]». [Se resalta].
21. El artículo 1 del Decreto 1730 de 2001 fue modificado por el artículo 1 del Decreto
4640 de 200518, en el sentido de indicar que habrá lugar al reconocimiento de la
citada indemnización, para «afiliados al Sistema General de Pensiones» en las
siguientes situaciones:
«a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el
número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión
de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;
b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas
cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al
artículo 39 de la Ley 100 de 1993;
c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios para que
su grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme al
artículo 46 de la Ley 100 de 1993;
d) Que el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera,
con posterioridad a la vigencia del Decreto-ley 1295 de 1994, como consecuencia
de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual genere para él o
sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de conformidad con lo
previsto en el artículo 53 del Decreto-ley 1295 de 1994».
22. Esta exigencia fue declarada nula en sentencia del 11 de marzo de 201019, con
fundamento en lo siguiente:
«[…] la Sala considera que si el Sistema General de Pensiones contenido en la Ley
100 de 1993, se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, rige a partir de
su publicación y salvaguardó los derechos adquiridos en vigencia de las
disposiciones derogadas; la exigencia de ser afiliado al mismo para ser beneficiario
de la indemnización sustitutiva, riñe con los principios orientadores del Sistema de
Seguridad Social Integral y con el objetivo del Sistema General de Pensiones […].
De manera que son válidas las acusaciones hechas por el demandante y el
Ministerio Público contra el Decreto reglamentario en comento, cuando afirman
que con tal exigencia -ser afiliado al Sistema General de Pensiones- se excluye
de tal beneficio a las personas que para la fecha de entrada en vigencia no se
encontraban vinculadas ya fuera mediante contrato de trabajo, como servidores
públicos, como trabajadores oficiales, como empleados públicos, como
trabajadores independientes o prestando sus servicios bajo la modalidad de
18 «Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Decreto 1730 de 2001»
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de marzo de 2017, radicado 11001-03-
24-000-2006-00322-00(0984-07).
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Demandante: Martha Piedad Orjuela Izquierdo
prestación de servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector
privado. En otras palabras, retiradas del servicio activo.
Prohijar tal exigencia, vulneraría a todas luces el derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 13 superior, se desconocería el principio de la
irrenunciabilidad de los derechos ciertos e indiscutibles y de los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales, así como la situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho, la garantía a la seguridad social y la asistencia a las
personas de la tercera edad.
No hay que olvidar además, que el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 establece
como característica del Sistema, que para reconocer las pensiones y
prestaciones que consagra dicha normativa se tendrán en cuenta la suma de las
semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la citada ley, al Instituto de
Seguros Sociales o cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado,
o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de
semanas cotizadas o el tiempo de servicio.
Siendo ello así, como irrebatiblemente lo es, dicho beneficio no puede estar
consagrado exclusivamente para los afiliados, entendido como aquellos
vinculados al servicio a la entrada en vigencia de dicha Ley, sino para toda la
población, a la que el mismo sistema ampara de las contingencias derivadas de
la vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que él consagra, siendo una de ellas la indemnización sustitutiva».
23. Por su parte, la Corte Constitucional al conocer de varias acciones de tutela20
relacionadas con el reconocimiento de esta prestación ha señalado, que21:
«(i) Su desconocimiento contraviene el principio de favorabilidad en materia laboral
consagrado en el artículo 53 de la Constitución, en concordancia con el artículo 21
del Código Sustantivo de Trabajo.
(ii) Las entidades a las que se le realizaron los aportes incurren en un
enriquecimiento sin causa al retener los recursos que constituyen un ahorro del
trabajador y es a este a quien le correspondería, en primer lugar, disfrutarlos.
(iii) La indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 no
dispuso un límite temporal para su aplicación, luego también son beneficiarias las
personas que cotizaron o prestaron sus servicios con anterioridad. Además, no se
condicionó su reconocimiento a cotizaciones posteriores a su expedición.
(iv) El Sistema General de Seguridad Social en Pensiones reconoce, en el literal f)
del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que se puede tener en cuenta los tiempos
de servicio o semanas cotizadas con anterioridad a su creación y bajo disposiciones
precedentes con independencia de si fueron cotizados al Instituto de Seguro Social,
caja, fondo o entidad del sector público o privado.
(v) Se trata de un derecho irrenunciable del trabajador que a su vez es
imprescriptible.
20 Sentencias T-850 de 2008, T-849A de 2009, T-1075 de 2012, T-083 de 211, T-062 de 2012, T-
865 de 2013 y T-122 de 2016.
21 T-125 de 2018.
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(vi) Si bien el trabajador no tiene que renunciar a la expectativa de cumplir las
semanas exigidas en la ley o el capital requerido, según el régimen pensional que
haya elegido, lo cierto es que tampoco existe la obligación de continuar efectuando
aportes hasta completar las exigencias legales para que le reconozcan la pensión,
por lo que resulta válido que una vez haya alcanzado la edad mínima para acceder
a la prestación periódica pueda proceder a solicitar la indemnización».
24. En este punto conviene destacar la procedencia del reconocimiento de la
indemnización sustitutiva a quienes prestaron servicios con anterioridad a su
creación; para el efecto, de conformidad con el literal f) del artículo 13 de la Ley 100
de 1993, se tendrán en cuenta el número de semanas cotizadas con anterioridad a
la vigencia de la esta ley, al ISS o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público
o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número
de semanas cotizadas o el tiempo de servicio.
25. Así las cosas, la indemnización sustitutiva procede en favor de quienes alcanzan
la edad para obtener la pensión de vejez sin lograr el mínimo de semanas exigidas
para acceder a ella, antes o después de la entrada en vigor del Sistema General de
Pensiones, y manifiestan su imposibilidad de seguir cotizando. Asimismo, el artículo
2 del Decreto 1730 de 2001 previó que, en caso de aportes a distintas
administradoras de pensiones, cada una de aquellas debía efectuar el
reconocimiento, esto es, de manera individual, pero teniendo en cuenta el tiempo
cotizado en cada administradora.
26. Ahora, aunque la citada disposición se refiere a las administradoras de pensiones,
debe recordarse que el sistema de seguridad social funciona como un sistema de
aseguramiento, en donde estas se subrogan en el reconocimiento y pago de las
prestaciones económicas de la seguridad social, siempre que el empleador ya sea
público o privado, que es el obligado primigenio y natural, afilie al trabajador y cumpla
con el pago de los aportes o cotizaciones.
2.3. Caso en concreto
27. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
27.1. Por medio de la Resolución GNR 448774 del 29 de diciembre de 2014,
Colpensiones ordenó el pago de la pensión de vejez que le fue reconocida a Martha
Piedad Orjuela Izquierdo a través de la Resolución GNR 358115 del 16 de
diciembre de 2013, como beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de
1993 y, en consecuencia, del Decreto 758 de 1990, en cuantía del 75% del
promedio de lo devengado durante los 10 años previos al reconocimiento del
derecho. El pago de la mesada quedó en suspenso a la espera del retiro definitivo
del servicio público que ocurrió a partir del 28 de marzo de 2014, de acuerdo con
la Resolución 1044 del 5 de marzo de ese año proferida por la Universidad del
Valle en la que se le aceptó la renuncia al cargo de coordinadora de área en la
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división de Admisiones y Registro22. El citado derecho se concedió a partir de un
total de 1.402 semanas de aportes, descritas del siguiente modo23:
Entidad laboró Desde Hasta Días
El Condor SA CIA SEG GLES 19780601 19780808 69
Duque B Laureano 19790201 19800305 399
Graninversión SA 19800305 19800827 176
2 1 Caja Colombiana de Ahorro 19800818 19810228 195
Seg. Tequendama (retirado) 19800818 19820329 589
Abogados Ases Empresariales 19841218 19850628 193
Coprop Parc Chorro de Plata 19851011 19860107 89
1 Inesco Ltda 19860304 19860628 117
Uni Valle 19910318 19971209 2422
Uni Valle 19971201 19971221 21
Uni Valle 19980101 19990629 539
Uni Valle 19990701 20030329 1349
Uni Valle 20030401 20140101 3871
27.2. Por virtud de la Resolución SUB-177019 del 29 de junio de 2018, Colpensiones
dio cumplimiento a la sentencia del 11 de mayo de 2017 dictada por el Juzgado 16
Administrativo de Cali y modificó el IBL y el periodo con el que calculó la pensión
de vejez de la demandante en el sentido de conceder la pensión de acuerdo con
el promedio de todo lo devengado durante el último año de servicio24.
27.3. El
28 de mayo de 2019, la demandante solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de una indemnización sustitutiva de la pensión25.
27.4. Colpensiones negó la anterior solicitud a través de la Resolución SUB-210317
del 5 de agosto de 2019 en la que argumentó que la indemnización sustitutiva de
la pensión era incompatible con la pensión de vejez que le fue reconocida26.
27.5. El22 de agosto de 2019 presentó recurso de reposición y en subsidio
apelación contra la anterior decisión, que fue íntegramente confirmada a través de
las resoluciones SUB-262762 del 24 de septiembre de 2019 y DPE-13104 del 8 de
noviembre de 201927.
27.6. De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas reportadas por Colpensiones
al 8 de noviembre de 2014 [fecha del certificado] la demandante acreditaba 1.064
22 Folio 2 del documento «DF01-SRPA-2017_6528305-20170830014710.pdf» en la carpeta 11 el
expediente digital.
23 Documento «GEN-ANX-CI-2019_7735939-20190610044848.pdf» en la carpeta 11 el expediente
digital.
24 Información contenida en la Resolución SUB-210317 del 5 de agosto de 2019.
25 Información contenida en la Resolución SUB-210317 del 5 de agosto de 2019.
26 Documento «GEN-ANX-CI-2020_9497334-20200924082947.» en la carpeta 11 el expediente
digital.
27 Folios 53 al 65 del documento «1_NOTIFICACIONPERSONAL_AUTOADMISORIOIDDA.pdf».
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semanas de aportes28. Sin embargo, se allegó otro reporte de semanas del 6 de
septiembre de 2022, en el que se observan 1.057 semanas29. Estos certificados,
que son inconsistentes entre sí, contienen información relacionada con todas las
empresas o entidades en las que prestó sus servicios, incluida la Universidad del
Valle.
2.5. Análisis sustancial del caso concreto
28. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, negó las
pretensiones de la demanda en atención a que a la demandante se le reconoció
una pensión de vejez que era incompatible con la indemnización sustitutiva de la
pensión reclamada. Martha Piedad Orjuela Izquierdo apeló la anterior decisión y
argumentó que existe una discrepancia entre el número de semanas que fueron
tenidas en cuenta para el reconocimiento de la mesada y el reporte de semanas
de Colpensiones.
29. Pues bien, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez constituye una prestación residual
o subsidiaria, prevista para aquellos afiliados que, pese a cumplir la edad requerida
para pensionarse, no alcanzan el número mínimo de semanas exigidas y, además,
manifiestan su imposibilidad de continuar cotizando al sistema. Su finalidad
consiste en compensar o devolver los aportes efectuados por el trabajador cuando
no logra consolidar el derecho pensional, evitando así que los recursos cotizados
permanezcan sin destinación prestacional.
30. En igual sentido, el artículo 1 del Decreto 1730 de 2001, compilado en el Decreto
1833 de 2016, estableció que la indemnización sustitutiva procede únicamente
cuando el afiliado cumple la edad exigida para acceder a la pensión de vejez, pero
no reúne el número mínimo de semanas requeridas y declara la imposibilidad de
seguir cotizando. De este modo, el legislador diseñó dicha prestación como un
mecanismo destinado a cubrir la contingencia de vejez en ausencia del
reconocimiento pensional.
31. En consonancia con lo anterior, el artículo 6 ibidem prevé expresamente la
incompatibilidad entre la indemnización sustitutiva y las pensiones de vejez e
invalidez, al señalar que las cotizaciones tenidas en cuenta para calcular la
indemnización no podrán ser consideradas nuevamente para ningún otro efecto.
La finalidad de dicha prohibición consiste en impedir que los mismos aportes
financien simultáneamente dos prestaciones económicas dirigidas a cubrir la
misma contingencia.
28 Documento «GEN-REQ-IN-2014_3649942-20141108074726.pdf» en la carpeta 11 el expediente
digital.
29 Documento «GRP-SCH-HL-66554443332211_2350-20220906033054.PDF» en la carpeta 11 del
expediente digital.
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32. En el caso concreto, la sala encontró acreditado que mediante Resolución GNR
358115 del 16 de diciembre de 2013 Colpensiones reconoció una pensión de vejez
a favor de la demandante, la cual quedó en suspenso a la espera del retiro
definitivo del servicio público, lo cual ocurrió en el mes de marzo de 2014, razón
por la cual se ordenó su inclusión en la nómina de pensionados, según se dispuso
en la Resolución GNR 448774 del 29 de diciembre de 2014.
33. La mesada fue posteriormente reliquidada mediante Resolución SUB-177019
del 29 de junio de 2018, expedida en cumplimiento de una sentencia judicial que
ordenó modificar el periodo aplicado y la conformación del IBL. Sin embargo, el
número de semanas se mantuvo incólume en un aproximado de 1.402 semanas
de cotización, es decir, aunque variaron algunas condiciones del reconocimiento,
el número de semanas sobre las cuales se reconoció la pensión fue consistente.
34. Así las cosas, resulta evidente que la demandante sí consolidó el derecho a la
pensión de vejez y, por tanto, no se encuentra en el supuesto previsto en el artículo
37 de la Ley 100 de 1993 ni en las causales señaladas en el artículo 1 del Decreto
1730 de 2001 para acceder a la indemnización sustitutiva. En efecto, lejos de
tratarse de una persona que no alcanzó las semanas requeridas para pensionarse,
se advierte que obtuvo el reconocimiento efectivo de la prestación y actualmente
goza de ella.
35. Adicionalmente, en el recurso de apelación la parte demandante sostuvo que
existía una diferencia entre las semanas computadas en los actos administrativos
de reconocimiento y reliquidación de la mesada y las registradas en el reporte
expedido por Colpensiones30. Sin embargo, dicha discrepancia no desvirtúa la
legalidad de los actos administrativos acusados ni modifica la conclusión relativa a
la improcedencia de la indemnización sustitutiva.
36. Lo anterior, por cuanto aun aceptando la existencia de diferencias entre los
reportes allegados al expediente, lo cierto es que la pensión de vejez fue
reconocida con fundamento en un número de semanas suficiente para consolidar
el derecho pensional. Además, la circunstancia advertida por la apelante no
demuestra que los aportes cuya devolución pretende hubiesen quedado por fuera
del reconocimiento pensional.
37. Por el contrario, de las pruebas obrantes en el expediente se desprende que las
semanas cotizadas fueron consideradas por Colpensiones para estructurar el
derecho pensional reconocido a la actora, razón por la cual dichos aportes ya
cumplieron la finalidad para la cual fueron efectuados. Admitir su devolución
mediante una indemnización sustitutiva implicaría permitir que los mismos recursos
30 Puesto que las semanas computadas para el reconocimiento son superiores a las efectivamente
cotizadas [de acuerdo con los reportes allegados], toda vez que Colpensiones da cuenta de 1.069
semanas de aportes, pero el derecho se reconoció con base en 1.402.
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financien simultáneamente dos prestaciones orientadas a cubrir la contingencia de
la vejez.
38. Así las cosas, la parte demandante no logró acreditar que las más de 1.400
semanas de aportes cuya devolución pretende no hayan sido tenidas en cuenta
para el reconocimiento del derecho pensional. Por el contrario, lo que se evidencia
de los documentos aportados es que fueron esas mismas semanas las que
sirvieron de base para tener por acreditado el requisito del tiempo mínimo de
servicio que exige la norma para el reconocimiento de la mesada.
39. Debe resaltarse, además, que la alegada diferencia entre el número de
semanas reportadas no genera un perjuicio para la demandante sino, en todo caso,
una situación más favorable, en la medida en que Colpensiones tuvo en cuenta un
número superior de semanas para efectos del reconocimiento pensional. Por ende,
dicha circunstancia no puede servir de fundamento para acceder a la prestación
reclamada.
40. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la demandante no acreditó el
cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez y que, por el contrario, se encuentra incursa en la
incompatibilidad prevista en el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001, toda vez que
ya era beneficiaria de una pensión de vejez financiada con los aportes cuya
devolución pretende.
41. En consecuencia, comoquiera que los actos administrativos demandados se
ajustan al ordenamiento jurídico y la parte apelante no logró desvirtuar las razones
expuestas por el a quo, se confirmará la sentencia proferida el 28 de junio de 2024
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
2.4. Costas
42. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
43. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
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del procedimiento para su liquidación y ejecución.
44. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma31.
45. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
46. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
47. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Martha Piedad Orjuela
Izquierdo no tenía derecho al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez, toda vez que ya le fue reconocida una pensión de vejez por parte
de la demandada la cual es incompatible con el derecho que reclama.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia apelada del 28 de junio de 2024 dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, que negó
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por Martha Piedad Orjuela Izquiedo en contra de la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) de acuerdo con los argumentos
expuestos en la parte considerativa de esta decisión.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
31 En el mismo sentido, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 1
de diciembre de 2016, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
MLBC
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