Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2020-00198-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2020-00198-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2020-00198-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).
Radicación: 76001-23-33-000-2020-00198-01 (73.510)
Demandante: Saad Salim Abiaad Nader y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Temas: LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA – Las pretensiones indemnizatorias
plurales suponen demostrar la relación jurídica sustancial que fundamenta el resarcimiento
de los miembros del grupo actor, la imputabilidad fáctica o sustancial al demandado, y que
los individuos demandantes hayan sido afectados por una causa común // DAÑO
AMBIENTAL PURO Y CONSECUTIVO – Esta distinción repercute en la acción judicial
procedente, la pretensión objeto de controversia, y los sujetos legitimados para incoarla //
DICTAMEN PERICIAL – Valoración probatoria // PRUEBA DEL DAÑO – La falta de
demostración del menoscabo por parte del grupo reclamante apareja la denegación de las
pretensiones de la demanda
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 17 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. El grupo demandante, compuesto por la Sociedad Nacional de Agricultura y
Ganadería S.N.A.G. Ltda. (en adelante, SNAG) propietaria del inmueble
“Byblos”, los socios de esa compañía, y algunos habitantes del barrio La Laguna
del corregimiento Borrero Ayerbe del municipio de Dagua, reclaman perjuicios
por el vertimiento, en la canalización destinada a aguas lluvias, de fluidos
residuales provenientes del casco urbano y del matadero de la localidad, y -
según relatan- atraviesan al citado predio, lo que afectó a la persona jurídica,
sus asociados, y a los vecinos por la acumulación de residuos, olores
nauseabundos y propagación de plagas.
ANTECEDENTES
La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó
3. El 1 de septiembre de 20141, el señor Saad Salim Abiaad Nader, junto con otras
personas (en adelante, los actores, los demandantes, el grupo actor o el grupo
demandante), por conducto de apoderado judicial2, formularon demanda3 de
1 Índice SAMAI primera instancia núm. 31, archivo “27ED_000ExpedienteProceso(.pdf)”, f. 193.
2 Ibid. f. 2-46.
3 Ibid. f. 173-192.
1
Radicación: 76001-23-33-000-2020-00198-01 (73.510)
Demandante: Saad Salim Abiaad Nader y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
reparación de perjuicios ocasionados a un grupo en contra de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca (en lo sucesivo, CVC o la Corporación)
y el municipio de Dagua (a partir de ahora, el Municipio o la entidad territorial),
con el fin de obtener resolución judicial favorable a las siguientes pretensiones4:
“Primera. Que se declare administrativamente responsable a las entidades:
MUNICIPIO DE DAGUA, representado por su Alcalde Municipal, […] o por quien
haga sus veces, y la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL
CAUCA-CVC, representado por su Director General o por quien haga sus veces;
ante la omisión para hacer cesar las amenazas que afectan el medio ambiente y la
salubridad, así como sobre los perjuicios irrogados a SAAD SALIM ABIAAD
NADER, en su calidad de propietario del establecimiento de Comercio PARQUE
KM 30-BYBLOS, matriculado en la Cámara de Comercio de Cali, bajo el No.
731655-2 ubicado en el Kilómetro 30 Corregimiento de Borrego Ayerbe del
Municipio de Dagua, en el Predio conocido como Byblos, identificado con la
Matrícula Inmobiliaria No. 370-21807 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, a la persona jurídica SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Y GANADERIA LTDA. S.N.A.G. LTDA., domiciliada en la ciudad de Cali,
identificada con la Matrícula Mercantil No. 43380-3 de la Cámara de Comercio de
Cali y Nit. No. 890.311.626-4, sociedad que es propietaria del inmueble antes
mencionado; RABIH SALIM ABIAAD, BERTHA LIGIA QUINAYAS, JESUS MARIA
URMENDIZ QUINAYAS, LADY JAZMIN URMENDIZ TORRES, REINALDO
TOMBE GARCIA, LISIMACO TOMBE, YURY GRACIELA RENGIFO PALACIOS,
DANNA LUCIA CAÑAR RENGIFO, LILLYID NATALIA CAÑAR RENGIFO; ALBA
LUCY PALACIOS DIAZ, JUAN BURBANO BURGOS, EFRAIN DE JESUS ARIAS
URBANO, KELLY JHOJANNA ARIAS BONILLA; HILEDIA MARTINEZ
BENAVIDES, LIDIO FANIBAL AGRON CARBONERO, CARLOS ANDRES ORTIZ
MARTINEZ, CRISTIAN FELIPE ORTIZ ROJAS; LEONEL AGRON MARTINEZ,
MARIA ELENA CARDONA NARVAEZ, ALEJANDRO AGRON CARDONA;
ESMILDO LOPEZ, AMANDA CORDOBA, JOSE ESMILDO LOPEZ CORDOBA,
PABLO LEONARDO LOPEZ CORDOBA, JOHN EDUARD SANCHEZ LOPEZ,
MARIA SANTOS LOPEZ ORTIZ, GONZALO SANCHEZ PARRA, JHONNIER
FELIPE SANCHEZ LOPEZ, YASMIN SILENA SANCHEZ LOPEZ; por el
vertimiento de las aguas residuales del corregimiento Borrego Ayerbe, sobre el
predio de propiedad de la persona jurídica SOCIEDAD NACIONAL DE
AGRICULTURA Y GANADERIA LTDA. S.N.A.G. LTDA. y sobre los predios
ubicados en el Barrio La Laguna del Corregimiento Borrego Ayerbe.
Segunda. Que como consecuencia obligada de la anterior declaración, se condene
a las demandadas a reconocer y pagar a mis poderdantes, y a las personas que
integren el grupo demandante o se acojan a los efectos de la sentencia de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 474 de 1998 la
indemnización de los perjuicios individuales sufridos por causa de la contaminación
ambiental y sanitaria ocasionada por el vertimiento de las aguas residuales del
corregimiento Borrero Ayerbe, sobre el predio de propiedad de la persona jurídica
SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA LTDA. S.N.A.G.
LTDA. y sobre los predios ubicados en el Barrio La Laguna del Corregimiento
Borrero Ayerbe.
Que en consecuencia y en cumplimiento del principio constitucional y legal de
reparación integral y equitativa del daño, la indemnización de perjuicios cuyo
reconocimiento y pago se ordene incluya:
A.- Una indemnización individual en dinero por el daño emergente y lucro cesante
por los siguientes conceptos:
4 Transcripción textual, con negrillas originales, y posibles errores e imprecisiones.
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00198-01 (73.510)
Demandante: Saad Salim Abiaad Nader y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Los daños en el patrimonio originados en la desvalorización de los bienes inmuebles
de propiedad de los demandantes SAAD SALIM ABIAAD NADER, en su calidad
de propietario del establecimiento de Comercio PARQUE KM 30-BYBLOS,
matriculado en la Cámara de Comercio de Cali, bajo el No. 731655-2 ubicado en el
Kilómetro 30 Corregimiento de Borrero Ayerbe del Municipio de Dagua, y en el
Predio conocido como Byblos, identificado con la Matrícula Inmobiliaria No. 370-
21807 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, y en su condición
de representante legal de la persona jurídica SOCIEDAD NACIONAL DE
AGRICULTURA Y GANADERIA LTDA. S.N.A.G. LTDA., domiciliada en la ciudad
de Cali, identificada con la Matrícula Mercantil No. 43380-3 de la Cámara de
Comercio de Cali y Nit. No. 890.311.626-4, sociedad que es propietaria del inmueble
antes mencionado; Persona Jurídica que ha sufrido perjuicios ante la
desvalorización del inmueble mencionado ante el problema ambiental y la
imposibilidad de desarrollar actividades agropecuarias y comerciales.
B.- Una indemnización individual por el daño moral causado a todos los
perjudicados, quienes sufren una situación degradante que genera estrés, dolor,
enfermedades, baja en la autoestima y sufrimiento moral y por la situación de pánico
colectivo causada por la contaminación del medio ambiente en un equivalente de
cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 smlmv), por persona
afectada. Todo lo anterior derivado por el daño irrogado al derecho constitucional a
gozar de un ambiente sano.
La reparación del daño causado al derecho a la salubridad pública al haberse
vulnerado a las víctimas su derecho a respirar en condiciones de limpieza del aire
tan razonables como las de las zonas urbanas residenciales y rurales del sector
afectado por el manejo inadecuado de las aguas residuales, producto de la omisión
de las entidades demandadas.
La indemnización por el daño causado al derecho a la dignidad de persona humana,
vulnerado por haber sometido a los demandantes a una situación degradante.
La indemnización por el daño individual causado en el derecho a la igualdad, al
haber sometido a los afectados a una carga excesiva e injusta que vulnera el
principio de distribución equitativa de las cargas públicas, obligándolos a soportar,
a ellos y solamente a ellos, las consecuencias nocivas del mal manejo de aguas
residuales generadas por el corregimiento del Kilómetro 30 – Borrero Ayerbe del
municipio de Dagua.
C.- Una indemnización individual por el daño a la salud, ya que los habitantes del
sector se han visto perjudicados enormemente por la contaminación, al producirse
enfermedades de diverso tipo, tales como problemas respiratorios, de la visión,
problemas en la piel y problemas psicológicos. Que sin duda han desmejorado su
calidad de vida, y cambiado totalmente sus relaciones familiares y sociales, se
estima esta indemnización en un equivalente de cien salarios mínimos mensuales
legales vigentes (100 smlmv), por persona afectada.
Derivado de los daños causados a la salud física y mental, y a la integridad
psicosocial de cada una de las personas afectadas por la contaminación sanitaria y
ambiental.
TERCERO. Que se dé cumplimiento a lo ordenado en el artículo 65 de la Ley 472
de 1998.
CUARTO. Que se condene en costas a las entidades demandadas.
4. El escrito reflejó que el grupo actor estaba compuesto por Saad Salim Abiaad
Nader, en nombre propio, como “propietario del establecimiento de comercio
PARQUE KM 30-BYBLOS”, y en calidad de representante legal de la Sociedad
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00198-01 (73.510)
Demandante: Saad Salim Abiaad Nader y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Nacional de Agricultura y Ganadería S.N.A.G. Ltda. (en adelante, SNAG),
además de las siguientes personas:
ACUDE EN REPRESENTACIÓN DE /
APELLIDOS NOMBRES
ÚNICAMENTE EN NOMBRE PROPIO (NP)
Abiaad Rabih Salim NP
Quinayas Bertha Ligia NP
Urmendiz Quinayas Jesús María Lady Jazmín Urmendiz Torres (menor)
Tombe García Reinaldo NP
Tombe Lisímaco NP
Danna Lucía Cañar Rengifo y Llyid Natalia Cañar
Rengifo Palacios Yury Graciela
Rengifo (menores)
Palacios Díaz Alba Lucy NP
Burbano Burgos Juan NP
Arias Urbano Efraín de Jesús Kelly Jhojanna Arias Bonilla (menor)
Martínez Benavides Hiledia NP
Agron Carbonero Lidio Fanibal NP
Ortiz Martínez Carlos Andrés Cristian Felipe Ortiz Rojas (menor)
Agron Martínez Leonel NP
Cardona Narváez María Elena Alejandro Agron Cardona (menor)
López Esmildo NP
Córdoba Amanda NP
López Córdoba José Esmildo NP
López Córdoba Pablo Leonardo NP
Sánchez López John Eduard NP
López Ortiz María Santos NP
Sánchez Parra Gonzalo NP
Sánchez López Jhonnier Felipe NP
Sánchez López Yasmín Silena NP
5. Según relatan los demandantes, las aguas residuales urbanas del corregimiento
Borrero Ayerbe circulan a través de un canal a cielo abierto que atraviesa el
barrio “La Laguna” y se vierte en el “Predio Byblos”, de propiedad de S.N.A.G.
Ltda., y en el que funciona el establecimiento de comercio “PARQUE KM 30-
BYBLOS” de propiedad del señor Saad Salim Abiaad Nader, antes de
desembocar en el río Dagua. A juicio de los promotores del enjuiciamiento, esta
circunstancia causó daños ambientales por contaminación.
6. De acuerdo con lo narrado, el mencionado demandante solicitó a la CVC “desde
el año 2004” una pronta solución a la problemática. Además, requirió al Municipio
para solicitarle remediar la situación conforme a lo dispuesto por el Plan de
Ordenamiento Territorial5.
5 En la demanda, citó el artículo 24 del Acuerdo Municipal 004 del 28 de mayo de 2000, en el que se
“Adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial Dagua Pacífico 2001-2010”, y se refería al
sistema de alcantarillado, a las áreas de reserva para sistemas futuros de aguas residuales,
particularmente en Borrero Ayerbe.
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Demandante: Saad Salim Abiaad Nader y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
7. Posteriormente, la Corporación expidió la Resolución No. 0760-000321 del 15
de septiembre de 2011, en la cual adoptó medidas preventivas para cesar el
menoscabo. Allí dispuso que la entidad territorial había contravenido el artículo
24, numeral 6, del Decreto 3930 de 2010, y el artículo 5 de la Ley 142 de 1994.
Igualmente, dicha entidad estableció que el derramamiento en mención había
causado un impacto negativo en los recursos acuíferos, el suelo, el aire, la salud
pública y los derechos de la comunidad.
8. Pese a la previsión administrativa, y a las solicitudes elevadas por los afectados,
la administración municipal no cumplió lo ordenado por la autoridad ambiental.
Por ende, se inició una acción popular en contra del Municipio y la CVC que, en
primera instancia, concluyó con sentencia del 19 de junio de 2014, proferida por
el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Cali 6, que resolvió
amparar los derechos colectivos de ambiente sano, “la existencia de un equilibrio
económico”, la seguridad y salubridad públicas, y el acceso a infraestructura de
servicios que garanticen los intereses de la comunidad. La decisión judicial
también ordenó a las demandadas a gestionar las labores necesarias para
impedir que se mantenga el vertimiento.
9. No obstante, los demandantes sostuvieron que la falta de acciones encaminadas
a atender la situación persistió. Según afirmó el grupo actor, el predio en
mención perdió, como consecuencia del depósito de aguas negras, toda utilidad
para realizar actividades mercantiles y/o agropecuarias, lo que perjudicó a la
sociedad propietaria del inmueble, a sus socios, y al dueño del establecimiento
comercial. Así mismo, las familias habitantes del barrio La Laguna del
corregimiento Borrero Ayerbe, que también promueven esta acción, fueron
afectadas.
Trámite relevante en primera instancia
10. Inicialmente, el presente asunto fue conocido por el Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito de Cali, despacho que admitió la demanda 7,
adelantó audiencia de conciliación8, decretó pruebas9 y realizó la audiencia para
su incorporación y práctica10.
6 Índice SAMAI primera instancia núm. 31, archivo “ 26ED_000PruebasParteDeman(.pdf)”, f. 87-101.
Decisión notificada mediante edicto del 1 de julio de 2014 (ibid. f. 102-103). Según lo informa el
sistema de información judicial SAMAI del proceso
(https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=76001333100720120
0076007600133), este fallo no fue apelado (índices 69 en adelante).
7 Auto del 1 de octubre de 2014, en: ibid. f. 194-197.
8 Acta del 28 de julio de 2015, en: ibid. f. 301-305.
9 Proveído del 10 de mayo de 2017, en: ibid. f. 324-359.
10 Constancia del 11 de julio de 2017, en: ibid. 346-353. En esta ocasión, se decretaron las siguientes
probanzas: “2. PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA: // 2.1. TÉNGASE como pruebas, en su debida
oportunidad procesal, los documentos presentados por la parte actora con la demanda, visibles de
folio 1 a 113 del presente expediente. // 3. PRUEBAS DE OFICIO: // 3.1.- OFICIAR a las oficinas de
la Dirección Ambiental Regional Pacífico Este de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca – CVC, […] a fin de que se sirva remitir: // a.- Antecedentes administrativos de la Resolución
DARPE No. 0760-000321 del 15 de septiembre de 2011, expedida por la Dirección Ambiental
Regional Pacífico Este de la CVC. // b.- Copia auténtica de la Resolución DARPE No. 0760-000321
del 15 de septiembre de 2011, expedida por la Dirección Ambiental Regional Pacífico Este de la
CVC, con la constancia de su publicación. // 3.2.- OFICIAR al Juzgado Séptimo Administrativo Oral
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Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del
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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
11. Durante esta etapa, la Corporación contestó la demanda11, y se opuso a las
pretensiones de los actores porque no había pruebas sobre daños ocasionados
por su actuar, razón por la cual solicitó ser desvinculada del proceso. Además,
cuestionó la aptitud de la demanda y la procedencia de la acción promovida toda
vez que los perjuicios, de existir, solamente se ocasionaron individualmente al
propietario del predio “Byblos”, motivo por el cual debió adelantarse el proceso
por reparación directa. El Municipio guardó silencio.
12. El despacho judicial mencionado expidió sentencia12 fechada el 28 de febrero de
2019. No obstante, mediante proveído13 del 16 de enero de 2020, esa autoridad
declaró su falta de competencia funcional al considerar que no le correspondía
juzgar la reparación deprecada por un grupo originada en la omisión de una
entidad nacional como la CVC, y anuló la decisión que profirió sobre el fondo de
la litis, conservando la validez de las pruebas practicadas.
13. En auto interlocutorio14 del 13 de julio de 2020, el Tribunal asumió el
conocimiento del asunto, y corrió traslado para alegar de conclusión. En esta
del Circuito de Cali, para que se sirva remitir con destino a este expediente, la siguiente
documentación: a.- Copia auténtica de la inspección judicial y del dictamen pericial practicado dentro
del proceso de Acción Popular con radicación No. 76001-33-31-007-2012-00076-00 de SAAD SALIM
ABIAAD NADER, en contra del Municipio de Dagua y la CVC. b.- Copia auténtica de la sentencia
No. 62 del 19 de junio de 2014, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de
Cali, dentro del proceso con radicación No. 76001-33-31-007-2012-00076-00 de Acción Popular de
SAAD SALIM ABIAAD NADER, en contra del Municipio de Dagua y la CVC. c.- Certificación sobre
el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia antes referida. […] 5. PRUEBAS TESTIMONIALES:
5.1 DECRETAR las siguientes pruebas testimoniales, solicitadas por la parte actora para que
declaren sobre los hechos de la demanda, perjuicios de índole moral y daño a la salud: 5.1.1 Para
los demandantes SAAD SALIM ABIAAD NADER, RABIH SALIM ABIAAD, SOCIEDAD NACIONAL
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA LTDA. S.N.A.G. LTDA., a: 5.1.1.1 ALBA VITALIA MURILLO
REYES […] 5.1.1.2 MICHE FREIYE […] 5.2 Para los demandantes BERTHA LIGIA QUINAYAS,
JESÚS MARIA URMENDIZ QUINAYAS, LADY JAZMIN URMENLIZ TORRES, REINALDO TOMBE
GARCÍA, LISIMACO TOMBE, a: 5.2.1 HECTOR FABIO MARTINEZ GUALTEROS […] 5.2.2
ORLANDO AGREDO CAMPO […] 5.3 Para los demandantes YURI GRACIELA RENGIFO
PALACIOS, DANNA LUCIA CAÑAR RENGIFO Y LLIYID NATALIA CAÑAR RENGIFO; ALBA LUCY
PALACIO DÍAZ, JUAN BURBANO BURGOS, a: 5.3.1 MARÍA JUANA OJEDA […] 5.3.2 MARIO
PECHENE FABÓN […] 5.3.3 AYDA NORY ORTIZ ERAZO […] 5.3 Para los demandantes YURI
GRACIELA RENGIFO PALACIOS, DANNA LUCÍA CAÑAR RENGIFO Y LLIYID NATALIA CAÑAR
RENGIFO; ALBA LUCY PALACIO DÍAZ, JUAN BURBANO BURGOS, a: 5.3.1 MARÍA JUANA
OJEDA […]. 5.3.2 MARIO PECHENE FABÓN […] 5.3.3 AYDA NORY ORTIZ ERAZO […] 5.4 Para
los demandantes EFRAÍN DE JESÚS ARIAS URBANO, KELLY JHOJANNA ARIAS BONILLA: 5.4.1
SEGUNDO ISAAC YAPUD ORDÓÑEZ […] 5.4.2 MELBA TERESA ANGEL RAMOS […] 5.5 Para los
demandantes HILEDA MARTÍNEZ BEJAVIDES, LIDIO FANIBAL AGRON CARBONERO, CARLOS
ANDRÉS ORTIZ MARTÍNEZ, CRISTIAN FELIPE ORTIZ ROJAS; LEONEL AGRON MARTÍNEZ,
MARÍA ELENA CARDONA NARVÁEZ, ALEJANDRO AGRON CARDONA: 5.5.1 LEYDI OROZCO
OROZCO […] 5.5.2 LUIS ALFONSO ROJAS GARCÉS […] 5.5.3 EIDER HERNANDO ALEGRÍA
LAMES […] 5.6 Para los demandantes ESMILDO LÓPEZ, AMANDA CÓRDOBA, JOSE ESMILDO
LÓPEZ CÓRDOBA, PABLO LEONARDO LÓPEZ CÓRDOBA, JOHN EDUARD SÁNCHEZ LÓPEZ,
MARÍA SANTOS LÓPEZ ORTIZ, GONZALO SÁNCHEZ PARRA, JHONNIER FELIPE SÁNCHEZ
LÓPEZ, YASMIN SILENA SÁNCHEZ LÓPEZ: 5.6.1 OLGA LUZDEY MUÑOZ SÁNCHEZ […] 5.6.2
CRISTHIAN ALEJANDRO GUTIÉRREZ MUÑOZ […]”. Así mismo, tuvo como pruebas los
documentos presentados por la CVC con la contestación de la demanda. El Municipio no aportó ni
solicitó el decreto de elementos de convicción.
11 Ibid. f. 207-216.
12 Ibid. f. 375-411.
13 Ibid. f. 439-443
14 Índice SAMAI primera instancia, núm. 31, archivo “26ED_000PruebasParteDeman(.pdf)”, f. 155-
156.
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00198-01 (73.510)
Demandante: Saad Salim Abiaad Nader y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
oportunidad, la CVC reiteró15 lo sostenido en la contestación de la demanda,
mientras que el grupo actor y el Municipio no se pronunciaron en esta etapa. El
representante del Ministerio Público se abstuvo de conceptuar.
Sentencia de primera instancia
14. Mediante fallo16 del 17 de junio de 2022, el Tribunal resolvió denegar las
pretensiones de la demanda y condenar en costas al grupo actor17. El a quo
consideró que, pese a la existencia comprobada de la prestación deficiente del
servicio público de alcantarillado, derivada de la falta de una planta de
tratamiento de aguas residuales y del inadecuado manejo de los vertimientos, la
parte demandante no demostró que se haya causado “un perjuicio cierto objeto
de ser indemnizado”. Ello, en la medida en que no se aportó ni practicó prueba
que respaldara las afirmaciones de la demanda relativas a las “muertes o
enfermedades” que los accionantes habrían padecido como consecuencia de la
contaminación, a las supuestas afectaciones estructurales de sus viviendas, ni
a la imposibilidad de destinar el inmueble denominado “Byblos” a actividades
comerciales, agropecuarias o recreativas.
Recurso de apelación
15. El grupo demandante impugnó el fallo de primer grado18. Adujo que, contrario a
lo sostenido por la sentencia, de una parte, los daños ocasionados a SNAG y a
sus socios sí fueron demostrados “en el Dictamen Pericial de conformidad con
la prueba trasladada de Inspección Judicial y del Dictamen Pericial practicado
dentro del proceso de Acción Popular”. A partir de lo informado por ese elemento
de prueba, consideró acreditada la imposibilidad de desarrollar actividad alguna
en el inmueble “Byblos”, pese a que el predio tenía vocación de ser explotado,
no solo en labores agrarias sino también en el despliegue de proyectos
inmobiliarios que se vieron frustrados por la falta de canalización adecuada de
los residuos líquidos del corregimiento.
16. Además, indicó que se acreditaron los menoscabos sufridos por los habitantes
del barrio La Laguna en razón de “la terrible contaminación generada por las
aguas residuales” que evidenciaron “un terrible daño ambiental”, perjudicial para
las condiciones de vida digna de dichas personas.
17. En ese orden de ideas, insistió en que, a pesar de mediar sentencia judicial en
su contra, el Municipio ha sido renuente con el cumplimiento de las órdenes
proferidas para tutelar los derechos e intereses colectivos, y con las medidas
impuestas por la CVC en el procedimiento sancionatorio ambiental.
15 Ibid. F. 159-163.
16 Índice SAMAI primera instancia, núm. 13.
17 Según el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo (se trascribe textualmente): “ SEGUNDO.-
ORDÉNASE a la parte actora el pago de las expensa y gastos en que hayan incurrido en esta
instancia, siempre y cuando estén demostradas. FÍJASE como agencias en derecho, a ser incluidas
en dicha liquidación la suma de un salario mínimo mensual legal vigente (1 SMMLV).”
18 Ibid. núm. 15.
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00198-01 (73.510)
Demandante: Saad Salim Abiaad Nader y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Trámite en segunda instancia
18. El 4 de mayo de 202619, el Despacho admitió el recurso de apelación.
19. En la oportunidad correspondiente a la presentación de alegatos de conclusión
en esta etapa, intervino el Municipio20 para solicitar la confirmación de la
sentencia recurrida en tanto consideró acertados sus fundamentos jurídicos y
probatorios.
20. Por su parte, el agente del Ministerio Público ante esta Corporación presentó
concepto21 para solicitar la ratificación del fallo impugnado, al concordar con el
Tribunal en que el grupo actor no satisfizo la carga de probar la existencia,
certeza e individualización del daño resarcible. Por ende, pidió mantener la
desestimación de las pretensiones de la demanda tal como se resolvió en
primera instancia.
CONSIDERACIONES
Objeto del presente pronunciamiento y problema jurídico
21. Esta Subsección advierte que no hay causal de nulidad que invalide lo actuado.
Además, estima cumplidos los presupuestos procesales de jurisdicción,
competencia, formulación en tiempo de la reclamación judicial, y demanda en
forma.
22. Superado lo anterior, previo análisis de la legitimación en la causa, la Sala
abordará el problema jurídico derivado del recurso de apelación interpuesto por
el extremo actor, que consiste en determinar si, en lugar de lo dispuesto por el
Tribunal, el grupo demandante demostró los daños padecidos por sus
integrantes a través de los medios de convicción que obran en el expediente, en
particular la prueba pericial; o si, por el contrario, las afectaciones no fueron
demostradas por el extremo procesal que las invocó, como lo sentenció el fallo
apelado.
Legitimación en la causa
23. Conforme al marco jurídico que orienta la pretensión de reparación de perjuicios
causados a un grupo, encabezado por el artículo 88 de la Constitución, y
desarrollados por la Ley 472 de 199822 y el CPACA en su artículo 14523, la
19 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 12.
20 Ibid. núm. 24.
21 Ibid. núm. 23.
22 Específicamente, en el artículo 46: “Las acciones de grupo son aquellas acciones interpuestas por
un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una
misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas”. (Se subraya).
23 Concretamente, indica el inciso primero de la norma citada: “REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS
CAUSADOS A UN GRUPO. Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de
personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios
individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial
del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los
términos preceptuados por la norma especial que regula la materia.” (énfasis de la Sala).
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00198-01 (73.510)
Demandante: Saad Salim Abiaad Nader y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
legitimación material24 en la causa por activa, como elemento de mérito de la
litis, requiere que cada demandante, individualmente considerado, acredite en
las oportunidades procesales respectivas, y antes de proferir sentencia25, la
titularidad del derecho menoscabado. A su vez, debe acreditarse que dicha
merma haya obedecido a una causa común con condiciones fácticas y jurídicas
a la de los demás demandantes, que permita decidir todas las reclamaciones en
un único proceso.
24. Frente a la satisfacción del presupuesto en comento, la Sala encuentra, de una
parte, que en este caso se cumple con la causa común26 ya que los soportes de
la pretensión indemnizatoria convergen en una situación análoga, el vertimiento
de aguas residuales sobre el conducto destinado al afluente de lluvia, y que -
según su propio dicho- genera los daños y perjuicios reclamados por los actores.
25. En lo que respecta al interés en demandar, la Sala encuentra que el grupo actor
se subdivide en dos conjuntos de demandantes, de acuerdo con las calidades
que afirmaron tener para acceder a las pretensiones que reclaman. En ese
sentido, el segmento (i) lo componen la persona jurídica propietaria del inmueble
“Byblos” y del establecimiento de comercio denominado “PARQUE KM 30-
BYBLOS” (SNAG), y sus socios (Saad Salim Abiaad Nader y Rabih Salim
Abiaad). De otra parte, la sección (ii) se encuentra conformada por los
habitantes, moradores o personas naturales domiciliadas en viviendas ubicadas
dentro del barrio “La Laguna” del corregimiento Borrero Ayerbe, quienes
adujeron ser afectados por la propagación de plagas y hedores provocados por
el deslizamiento de residuos de alcantarillado a través del inmueble antes
mencionado.
26. Sobre los promotores mencionados en el subgrupo (i), está acreditado27 que
SNAG tiene como socios a los señores Rabih Salim Abiaad Nader y Saad Salim
Abiaad Nader -quien también es su representante legal-. Además, se demostró
24 La Subsección ratifica que, en el presente asunto, está satisfecha la legitimación formal en la
causa, tanto por activa como por pasiva, que consiste en la relación procesal establecida entre el
grupo demandante y las autoridades demandadas a partir de los hechos y las pretensiones de la
demanda. Por ende, esta providencia se centrará en la vertiente material, referida a la participación
efectiva de los sujetos jurídicos en las circunstancias que rodean la controversia bajo juzgamiento.
Acerca de la división conceptual de la legitimación en la causa ver, entre muchas otras: Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 15 de junio de 2000.
Rad. 10171. C.P. María Elena Giraldo Gómez.
25 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Primera Especial de Decisión.
Sentencia de unificación jurisprudencial del 26 de septiembre de 2025. Rad. 66001-33-33-002-2013-
00045-01 (AG) REV. C.P. María Adriana Marín.
26 Respecto del cual la jurisprudencia unificada de la Corporación sostuvo que la procedencia del
mecanismo procesal de reparación plural “requiere la existencia de aspectos de hecho o de derecho
comunes (condiciones uniformes) entre los miembros del grupo. No se trata de que las situaciones
particulares de todos los miembros del grupo sean idénticas o iguales, pues es claro que pueden
resultar perjuicios o daños disímiles en cuanto a su modalidad e intensidad (tanto el quantum como
la modalidad: patrimoniales, morales, etc.), sino que es necesario que entre las mismas exista un
común denominador o núcleo que pertenece o se extiende a todos ellos, derivado de la conducta
dañina del demandado.”: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala
Primera Especial de Decisión. Sentencia del 10 de junio de 2021. Rad. 76001-23-31-000-2002-
04584-02(AG)REV-SU. C.P. María Adriana Marín.
27 Certificado de existencia y representación, en: Índice SAMAI primera instancia núm. 31, archivo
“27_Expedientedigi_000ExpedienteProceso_0_20260206110639336”, f. 79-82.
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Demandante: Saad Salim Abiaad Nader y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
que el establecimiento de comercio “PARQUE KM 30 – BYBLOS” está reflejado
literalmente “A NOMBRE DE LA FIRMA”28, y que esta compañía es propietaria
del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria núm. 370-2180729,
ubicado en Borrero Ayerbe.
27. El material probatorio descrito permite concluir que la sociedad demandante se
encuentra legitimada materialmente para reclamar los daños que se hubiese
causado a los bienes que conforman su patrimonio. Por su parte, los socios que
demandaron (Saad Salim Abiaad Nader y Rabih Salim Abiaad Nader) están
habilitados para pretender la indemnización de los perjuicios por daño moral que
hayan logrado demostrar en el transcurso del proceso30.
28. En contraste, el señor Saad Salim Abiaad Nader carece de aptitud sustancial
para reclamar en nombre propio la indemnización de los perjuicios derivados de
afectaciones sufridas por bienes que integran los activos de SNAG. Aunque los
socios son titulares de sus participaciones sociales, no ostentan la propiedad de
los activos de la sociedad dado que esta cuenta con un patrimonio independiente
y autónomo respecto del de sus asociados, conforme a lo dispuesto en el artículo
98 del Código de Comercio. Se reitera que la persona jurídica sí está legitimada
y compareció válidamente al trámite a través de su representante legal, el señor
Abiaad Nader. Por lo anterior, se declarará la falta de legitimación de este
demandante en relación con las pretensiones referidas al menoscabo del
establecimiento de comercio.
29. Respecto de los sujetos referidos en el subgrupo (ii) debe indicarse que estos
no justificaron en su libelo haber comparecido de forma concurrente al proceso
bajo un título jurídico que los relacione con un inmueble aledaño al lugar donde
identifican el vertimiento irregular de aguas residuales, sino que afirmaron ser
moradores asentados en el barrio que, según afirmaron, corrió con
consecuencias ambientales derivadas de esa circunstancia. Así, sin perjuicio de
que estén acreditados derechos reales de dominio sobre predios ubicados en la
locación supuestamente afectada, o la filiación o vínculo afectivo con sus
titulares, el estándar probatorio respecto de la legitimación activa aplicable a este
caso se amplía a la cualificación de residente en esa zona, aptos para reclamar,
para sí, los perjuicios derivados de una posible vulneración a su domicilio 31 y a
la habitabilidad de sus viviendas32. Dicho esto, se tiene lo siguiente:
28 Ibid.
29 Ibid. f. 83-86.
30 De acuerdo con la pretensión contenida en el literal B del numeral 2, la demanda pretendió una
“indemnización individual por el daño moral causado a todos los perjudicados, quienes sufren una
situación degradante que genera estrés, dolor, enfermedades, baja en la autoestima y sufrimiento
moral y por la situación de pánico colectivo causada por la contaminación del medio ambiente”.
31 “… la definición constitucional de domicilio excede la noción civilista y comprende, además de los
lugares de habitación, todos aquellos espacios cerrados, en donde las personas desarrollan de
manera más inmediata su intimidad y su personalidad mediante el libre ejercicio de su libertad. La
defensa de la inviolabilidad del domicilio protege así más que a un espacio físico en sí mismo al
individuo en su seguridad, libertad e intimidad.”: Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-024
del 27 de enero de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
32 Que, como elemento de las condiciones del derecho a la vivienda digna, ha sido delineado en el
sentido de que “no puede, desde un punto de vista material, equipararse a la existencia de un simple
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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
30. El señor Efraín de Jesús Arias Urbano allegó el certificado de tradición y libertad
que lo acredita como dueño del “LOTE CORREGIMIENTO BORRERO
AYERBE”33. A su vez, este demandante es padre de Kelly Jhojanna Arias
Bonilla, conforme lo indica su registro civil de nacimiento34. Además, según
testificaron Segundo Isaac Yapud Ordóñez35 y Melba Teresa Ángel Ramos36,
ambos residen en el denominado kilómetro 30 del corregimiento Borrero Ayerbe.
Estos elementos de convicción dan cuenta de la legitimación por activa de Arias
Urbano y de su hija.
31. En cuanto a los cónyuges37 María Santos López Ortiz y Gonzalo Sánchez Parra,
estos acreditaron dominio sobre un terreno ubicado en la zona rural
mencionada38. Estos cónyuges procrearon a John Eduard Sánchez López,
Yasmin Silena Sánchez López y Jhonnier Felipe Sánchez López 39. Las
condiciones demostradas permiten considerarlos aptos para reclamar en juicio
los perjuicios suplicados en este proceso.
32. El señor Lisímaco Tombe es propietario del lote 6 de la zona urbana del
corregimiento “Borrero Ayerbe”40, a su vez, mediante los respectivos registros
civiles, demostró ser padre de Reinaldo Tombe García41 y esposo42 de Bertha
Ligia Quinayas. Esta última allegó las foliaturas que la acreditan como madre de
Jesús María Urmendiz Quinayas43, quien a su vez es progenitor de Lady Jazmín
Urmendiz Torres44. A su vez, se recibió testimonio45 en el cual se refirió conocer
a estas personas de vista, trato y comunicación, hace más de 30 años. Partiendo
de estos sustentos demostrativos, las personas mencionadas también están
legitimadas por activa en este proceso como habitantes del mencionado fundo.
techo que impida la lluvia y el frío o calor excesivos. La vivienda debe entenderse como un lugar que
ofrezca seguridad a la persona frente a las inclemencias ambientales y un punto a partir del cual
pueda proyectar su vida privada y en sociedad. Lo anterior implica que la vivienda, para entenderse
adecuada, debe reunir elementos que aseguren su habitabilidad, es decir, que la vivienda cumpla
con los requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio, requeridos para que una persona y su
familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad física y su salud.”: Corte Constitucional. Sala
Plena. Sentencia C-936 del 15 de octubre de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
33 Certificado de tradición – matrícula inmobiliaria núm. 370-310557. En: Índice SAMAI primera
instancia núm. 31, archivo “27ED_000ExpedienteProceso(.pdf)”, f. 143-145.
34 Ibid. f. 146.
35 En audiencia de pruebas del 11 de julio de 2017, en: índice SAMAI primera instancia, archivo
“ED_CP_0711084347114wmv(.wmv)”, min. 41:46 – 49:11.
36 Ibid. min. 54:34 – 58:48.
37 Registro civil de matrimonio. En: Índice SAMAI primera instancia núm. 31, archivo
“27ED_000ExpedienteProceso(.pdf)”, f. 165.
38 Certificado de tradición – matrícula inmobiliaria núm. 370-310557. En: ibid. f. 162-164. Este
documento menciona al predio como un “SOLAR CON SUPERFICIE DE 125.00 M2,
CORREGIMIENTO DE BORRERO AYERBE […]”.
39 Registros civiles de nacimiento, en: ibid. f. 167-171.
40 Matrícula inmobiliaria núm. 370-236394 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali,
en: Ibid. f. 124-125.
41 Ibid. f. 131.
42 Ibid. f. 126.
43 Ibid. f. 128.
44 Ibid. f. 130.
45 Testimonio de Orlando Agredo Campo, audiencia de pruebas del 11 de julio de 2017, en: índice
SAMAI primera instancia, archivo “ED_CP_0711084347114wmv(.wmv)”, min. 24:41 – 35:43.
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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
33. Por su parte, la señora Alba Lucy Palacios Díaz, allegó los soportes para
soportar su dominio sobre el “LOTE PERÍMETRO URBANO PARTE DE LA
ESPERANZA”46 ubicada en el Municipio. Esta demandante allegó declaración
extraprocesal47 de Juan Burbano Burgos que refiere su relación como
compañero permanente de la actora en mención. En vista de que la existencia
de este vínculo afectivo no fue cuestionada en juicio por quienes estarían
interesadas de desvirtuarla, y de que no fue solicitada la ratificación por parte de
las entidades demandadas48, estas personas ostentan la vinculación sustancial
suficiente para obrar como actoras en la presente causa49 y reclamar los daños
inmateriales presuntamente derivados de la habitación en el predio y el
menoscabo de la dinámica económica y comunidad de vida establecida en esa
locación.
34. En cuanto a la señora Hiledia Martínez Benavides, esta acude a juicio como
propietaria de un lote que forma parte del predio rural “LA ESPERANZA”50;
además, los señores Iván Ocampo Valencia y Divier Antonio Quintero Restrepo
expresaron51 que conocían personalmente a esta mujer y a su pareja Lidio
Fanibal Agrón Carbonero con quienes, según indicaron, convive desde hace 34
años. En esa ocasión, indicaron que de dicha relación nació Leonel Agrón
Martínez quien, a su vez, está casado con María Elena Cardona Narváez 52, y
son padres de Alejandro Agrón Cardona53. Asimismo, según dos de los
testimonios practicados en el asunto54, los sujetos aludidos forman parte de un
solo núcleo familiar, situación que dijeron conocer desde hace más de una
46 Matrícula inmobiliaria núm. 370-59360 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali
Ibid. f. 133-136.
47 Rendida ante la Notaría Única del Círculo de Dagua. En: ibid. f. 138-139
48 CGP – Artículo 222: “RATIFICACIÓN DE TESTIMONIOS RECIBIDOS FUERA DEL
PROCESO. Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos cuando se hayan
rendido en otro o en forma anticipada sin citación o intervención de la persona contra quien se
aduzcan, siempre que esta lo solicite.” (Se destaca).
49 Sobre el valor demostrativo de estas versiones para acreditar la relación en comento, la Sala ha
razonado de esta manera: “Para acreditar la condición de compañera permanente […] se allegó
copia auténtica de la declaración extrajuicio que realizó el señor […], en la notaría única del círculo
de Saravena, […]. // La denominación de compañero y compañera permanente, al tenor de lo
previsto en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, alude al hombre y a la mujer que forman parte de la
unión marital de hecho y, a su turno, el artículo 4 de la misma norma estableció que para acreditar
la existencia de la unión marital de hecho se podrá acudir a los medios de prueba consagrados en
el Código de Procedimiento Civil -actualmente Código General del Proceso-. // Es del caso aclarar
que, si bien la anterior declaración no fue ratificada en este asunto, lo cierto es que con la entrada
en vigor del Código General del Proceso –estatuto aplicable al presente caso- dicho requisito solo
es necesario cuando la parte en contra de quien se aduce lo solicita. // Además, en caso de
considerar que existía alguna circunstancia que afectaba la imparcialidad de las declarantes, era
carga de las demandadas citarlas y formular la tacha con expresión de las razones que considerara
pertinentes.”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera –
Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad. 85001-23-33-000-2016-00117-01 (62669).
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
50 Matrícula inmobiliaria núm. 370-192272 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali,
en: Índice SAMAI primera instancia núm. 31, archivo “ 27ED_000ExpedienteProceso(.pdf)”, f. 148-
149.
51 “Declaración bajo juramento para fines extraproceso [sic]”, en: ibid. f. 150-151.
52 Registro civil de matrimonio, en: ibid. f. 154.
53 Registro civil de nacimiento, en: ibid. f. 156.
54 (i) Testimonio de Eider Hernando Alegría Lames, audiencia de pruebas del 11 de julio de 2017,
en: índice SAMAI primera instancia, archivo “ED_CP_0711084347114wmv(.wmv)”, min. 1:15:59 -
1:22:22; (ii) Testimonio de Luis Alfonso Rojas Garcés, en: ibid. min. 1:26:54 – 1:35:29.
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Demandante: Saad Salim Abiaad Nader y otros
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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
década55; además, los deponentes afirmaron que Carlos Andrés Ortiz Martínez
y su hijo56 Cristian Felipe Rojas Ortiz estaban integrados al mismo hogar.
35. Considerando las pruebas mencionadas, la señora Hiledia Martínez Benavides
está legitimada para actuar dentro del presente asunto para reclamar el
resarcimiento de los daños a sus derechos a la igualdad, dignidad humana y
salud derivadas de las alegadas afectaciones sufridas por habitar su inmueble.
Igualmente lo está Lidio Fanibal Agrón Carbonero, ya que su calidad de
compañero permanente de la dueña del predio no fue desmentida en este
enjuiciamiento57, mediante las alternativas concedidas por el ordenamiento
procesal para opugnar tales afirmaciones.
36. Además, si bien Leonel Agrón Martínez y Carlos Andrés Ortiz Martínez no
demostraron su parentesco con la señora Martínez Benavides mediante los
respectivos registros civiles, a partir de las versiones recaudadas en el plenario,
que no fueron tachadas en juicio, fue atestiguada la convivencia prolongada del
señor Agrón Martínez, junto con su esposa e hijo, y del señor Ortíz Martínez con
su hijo, con la pareja de compañeros permanentes mencionada anteriormente.
Por lo tanto, están legitimados para reclamar en juicio por el menoscabo
generado por las afectaciones a su vivienda y domicilio en el mencionado fundo,
siempre que aquel deterioro se encuentre debidamente acreditado.
37. Bajo los anteriores parámetros, también se predica la idoneidad para suplicar la
reparación de perjuicios del señor Esmildo López López, dueño del “LOTE
CORREGIMIENTO DE “BORRERO AYERBE”58. Ahora, se considera como
posible lesionada a la señora Amanda Córdoba como compañera permanente
teniendo en cuenta la declaración bajo juramento59 rendida por ambos por fuera
del proceso, cuya ratificación no fue solicitada en el proceso ni fue refutada por
las entidades demandadas. Aunque en esa ocasión ambos afirmaron haber
procreado a cuatro hijos, entre ellos, a José Esmildo y Pablo Leonardo López
Córdoba, estos no demostraron el parentesco con la pareja vinculada de hecho.
Esto no impide considerarlos como residentes de la zona, en virtud de la
coexistencia en una misma vivienda, tal como fue manifestado por dos de los
testigos que dieron su versión en este asunto60.
55 Mientras el testigo Alegría Lames indicó conocerlos desde hace más de 15 años, Rojas Garcés
mencionó que los trataba aproximadamente hace 18 años.
56 Registro civil de nacimiento, en: Índice SAMAI primera instancia núm. 31, archivo
“26ED_000PruebasParteDeman(.pdf)”, f. 152.
57 Las entidades demandadas tampoco solicitaron la ratificación de la versión contenida en la
declaración rendida por fuera del proceso, como ocurrió con las pruebas relacionadas con la unión
marital sostenida por Alba Lucy Palacios Díaz y Juan Burbano Burgos.
58 Certificado de tradición – matrícula inmobiliaria núm. 370-233497. En: Índice SAMAI primera
instancia núm. 31, archivo “27ED_000ExpedienteProceso(.pdf)”, f. 158-159.
59 “ACTA DE DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO PARA FINES EXTRAPROCESALES”, en: ibid. f.
160-161.
60 Testimonios de Olga Luzdey Muñoz Sánchez (min. 1:43:39 – 1:52:10) y Christian Alejandro
Gutiérrez Muñoz (min. 1:53:33 – 1:59:54), en: audiencia de pruebas del 11 de julio de 2017, en:
índice SAMAI primera instancia, archivo “ED_CP_0711084347114wmv(.wmv)”.
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00198-01 (73.510)
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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
38. Por el contrario, respecto de las demandantes Yury Graciela Rengifo Palacios y
sus hijas61 Danna Lucía y Llyid Natalia Cañar Rengifo, representadas por su
madre dentro del proceso, la Sala advierte que no acreditaron la existencia de
un derecho subjetivo ni de un interés legítimo que justificara su integración al
grupo demandante. En efecto, no obra en el expediente prueba que permita
establecer que hubieran residido en el corregimiento de Borrero Ayerbe durante
el período en que habrían ocurrido los hechos alegados62. Por consiguiente, se
declarará su falta de legitimación en la causa por activa.
39. En relación con la vertiente pasiva del presupuesto del fallo desarrollado bajo
este acápite, que esta Subsección ha definido en el sujeto procesal que, de
acuerdo con la relación jurídica sustancial, tiene el deber jurídico de responder
por el derecho o interés que se disputa en el litigio63, la Sala considera habilitado
al Municipio para responder patrimonialmente por el posible incumplimiento del
deber legal de adelantar, directamente o a través de terceros, la construcción,
ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios
públicos64. En el caso concreto, no se demostró que la prestación del servicio de
alcantarillado en el corregimiento estuviera a cargo de una empresa de servicios
públicos domiciliarios. Por el contrario, se informó que el desarrollo de los planes
de saneamiento básico era adelantado por la propia entidad territorial 65. En ese
61 Registros civiles de nacimiento, en: En: Índice SAMAI primera instancia núm. 31, archivo
“26ED_000PruebasParteDeman(.pdf)”, f. 140-141.
62 Cabe resaltar que habían sido decretadas las pruebas testimoniales de Mario Pechene Pabón,
María Juana Ojeda y Ayda Nory Ortiz solicitadas en la demanda para soportar las pretensiones de
estas actoras. Empero, en audiencia del 6 de septiembre de 2017, la promotora del juicio desistió de
su práctica porque, según adujo, no pudo ubicar a estas personas. Acta en: Índice SAMAI primera
instancia núm. 31, archivo “27ED_000ExpedienteProceso(.pdf)”, f. 357-360.
63 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 3 de octubre de 2019. Rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01(AG). C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
64 Cfr. Ley 715 de 2001 – Artículo 76.1. Así mismo, de acuerdo con el numeral 9 del artículo 65 de la
Ley 99 de 1993, corresponde a los municipios: “Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de
corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del municipio, así como programas de
disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones
contaminantes del aire”.
65 Bernardo Silva Aguilar, quien acudió al proceso en calidad de director de planeación del Municipio,
declaró lo siguiente: “[Juez:] Las diligencias que nos ocupan en el día de hoy obedecen, según lo
manifestado testigos anteriores y según los hechos de la demanda a los vertimientos que por
concepto de aguas residuales de alcantarillado se generan al interior del municipio. Sírvase decir,
específicamente, si esa problemática es real o no es real y qué medidas por favor ha asumido el
municipio con ocasión de las mismas. [Silva Aguilar:] Contestando (…) la pregunta, sí es real, (…)
hay unos vertimientos que están corriendo sobre esa vertiente. El municipio, (…) en la parte histórica
de él, ha emprendido algunas acciones, entre las cuales se encuentran la formulación de los planes
de manejo de saneamiento básico (…) los cuales tienen resolución de aprobación de la CVC, que
es la entidad vigilante de esta de estos planes, los cuales se han ido cumpliendo parcialmente (…).
También actualmente está administración ha empezado a hacer una serie de contactos con
diferentes entidades tanto de orden departamental como nacional, como es el Viceministerio de
aguas, el Ministerio de Vivienda, Valle Caucana de aguas, de Orden departamental y la Gobernación,
en virtud de poder darle solución a la problemática que se viene evidenciando en el corregimiento
de Borrero Ayerbe denominado Kilómetro 30. Algunas de las acciones conjuntas que se han
realizado con la CVC en estos momentos es realizar un convenio que está en desarrollo sobre el
cual estamos haciéndolo para los estudios y diseños de toda la red de alcantarillado, no solo de la
problemática presentada en esta diligencia, sino de todo el corregimiento, dado que no es una
problemática personal o que se le presente a una sola persona, sino que es una problemática pues
de todo el corregimiento, como lo he manifestado”. En: audiencia de pruebas del 11 de julio de 2017,
en: índice SAMAI primera instancia, archivo “ED_CP_0711084347114wmv(.wmv)” Min. 1:03:38 –
1:05:01.
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00198-01 (73.510)
Demandante: Saad Salim Abiaad Nader y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
contexto, las competencias constitucionales66 y legales67 asignadas a esta
demandada comprenden, entre otras obligaciones, la de evitar la descarga de
residuos líquidos en los sistemas de alcantarillado destinados exclusivamente a
la conducción de aguas lluvias68 y, en caso de demostrarse los elementos
respectivos, deberá resarcir los menoscabos surgidos del desconocimiento de
sus funciones.
40. En cuanto a la CVC, la Sala observa que las pretensiones de la demanda se
orientan a obtener la reparación de los perjuicios presuntamente causados a la
sociedad propietaria del predio y del establecimiento de comercio, a los
asociados de la persona jurídica y a los habitantes del sector por el vertimiento
de aguas residuales en canales destinados a la escorrentía superficial, así como
por los malos olores y la proliferación de plagas derivados de esa situación. En
su apartado de pedimentos, y en el relato fáctico del libelo inicial, el grupo
demandante atribuyó dicho estado de cosas a la omisión en las labores que el
ordenamiento determina en cabeza de la mencionada Corporación 69 como
“máxima autoridad ambiental” y entidad especialmente diseñada para garantizar
la protección y sustentabilidad del medio ambiente70, tales como la ejecución de
planes y programas nacionales, la intervención en los componentes
medioambientales de las decisiones municipales de los planes de ordenamiento
territorial, o el ejercicio de la evaluación, control y seguimiento ambiental sobre
los vertimientos o la incorporación de sustancias o residuos líquidos o sólidos a
las aguas, susceptibles de causar daños ambientales. Así mismo, en el
planteamiento del caso, se insinuó el incumplimiento de las órdenes impuestas
por el juez popular71, y fueron mencionadas las actuaciones llevadas a cabo por
esa Corporación dentro de los procedimientos administrativos adelantados en
ejercicio de sus competencias72, las cuales son invocadas como sustento de la
reclamación y como fundamento para sostener la responsabilidad de esta
demandada.
41. En las condiciones antes anotadas, la Sala considera que tanto el Municipio
como la CVC ostentan legitimación en la causa material por pasiva, y será del
caso evaluar si le son imputables los menoscabos que el grupo demandante
66 Cfr. Constitución Política de Colombia. Artículos 365 y 366.
67 Cfr. Ley 142 de 1994 – Artículos 2, 5.1, y 15.3.
68 Cfr. Ley 9 de 1979 – Artículo 13. Igualmente, el artículo 2.2.3.3.4.3. del Decreto 1076 de 2015
prohíbe vertimientos en “calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando
quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación”.
69 Cfr. Ley 99 de 1993 – Artículo 31. Así mismo, el artículo 3 del Decreto 1275 de 1994 señala que
“Las funciones de la CVC son las indicadas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y las demás que
le permitan desarrollar cabalmente su objeto”.
70 Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencias C-462 del 14 de mayo de 2008. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; C-570 del 18 de julio de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y C-127
del 21 de noviembre de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
71 Supra. Párr. 8 y 9. Que, para el caso de la CVC, derivarían del numeral cuarto de la parte resolutiva
de la sentencia del 19 de junio de 2014, expedida por el Juez Séptimo Administrativo del Circuito de
Cali: “CUARTO. ADVIÉRTASE tanto al señor Alcalde Municipal de Dagua, como a la Corporación
Autónoma Regional del Valle “CVC”, acerca del deber que les asiste para que, de conformidad con
sus competencias, contribuyan de manera decidida a lograr la materialización de la solución a la
problemática ambiental, y prevéngaseles, a fin de que en lo sucesivo se abstengan de volver a
incurrir en las omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del actor.”
72 Supra. Párr. 6 y 7.
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00198-01 (73.510)
Demandante: Saad Salim Abiaad Nader y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
atribuye a su acción u omisión, siempre y cuando estén plenamente acreditadas
las lesiones alegadas por los demandantes, considerando que estas son la
plataforma indispensable para proseguir el juicio de responsabilidad entrañada
en la presente causa, aspecto que será analizado a renglón seguido.
Sobre la prueba del daño indemnizable
42. Los mecanismos judiciales de protección de derechos e intereses colectivos y
de reparación de perjuicios causados a un grupo (previamente rotuladas como
acciones de grupo) se fundamentan en el artículo 88 de la Carta Política 73.
Aunque ambos tienen origen en esa misma disposición, tanto el texto
constitucional como sus desarrollos legislativos74 evidencian diferencias de
finalidad, derechos e intereses protegidos. Así, mientras que el primero de los
cauces mencionados está orientado a prevenir la vulneración y garantizar la
salvaguarda de garantías cuya titularidad corresponde a la comunidad en
general, el segundo persigue exclusivamente la indemnización de los daños
infringidos a derechos subjetivos e intereses particulares de un número plural de
demandantes75 que reúnen condiciones uniformes respecto de la causa que dio
origen a tales lesiones76.
43. Bajo ese entendimiento, se advierte que el quebranto de intereses difusos como
base para reclamar el resarcimiento77 no necesariamente conduce al
surgimiento del deber jurídico de reparar los perjuicios individuales derivados de
esa trasgresión. Así, cabe reiterar78 que en todas las acciones que entrañan un
juicio de responsabilidad estatal, el daño, conceptualmente comprendido como
la lesión, detrimento, o aminoración de un derecho, bien o interés jurídicamente
protegido, es el elemento básico de su configuración, a tal punto que su ausencia
73 “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral
administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se
definen en ella. // También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número
plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. // Así mismo, definirá
los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.”
74Cfr. Ley 472 de 1998 – Artículos 2 y 3; y CPACA – Artículos 144 y 145.
75 “… si bien tanto la acción de grupo como la acción popular son acciones colectivas (CP art. 88),
que superan las limitaciones de los esquemas procesales puramente individualistas para la
protección de los derechos, sin embargo se distinguen al menos en dos aspectos: De un lado, en
su finalidad, pues la acción popular tiene un propósito esencialmente preventivo, mientras que la
acción de grupo cumple una función reparadora o indemnizatoria, por lo que la primera no requiere
que exista un daño sobre el interés protegido, mientras que la segunda opera una vez ocurrido el
daño, ya que precisamente pretende reparar dicho perjuicio . De otro lado, dichas acciones también
se diferencian en los derechos o intereses protegidos, pues la acción popular ampara esencialmente
derechos e intereses colectivos, mientras que la acción de grupo recae sobre la afectación de todo
tipo de derechos e intereses, sean éstos colectivos o individuales, ya que ella es un instrumento
procesal colectivo, pero que busca reparar los daños producidos a individuos específicos.”: Corte
Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-569 del 8 de junio de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
76 Cfr. Ley 472 de 1998 – Artículo 46; y Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-215 del 14 de
abril de 1999. M.P. Martha Victoria Sáchica.
77 Tal como lo permite explícitamente el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, sin que se limite
únicamente a este tipo de derechos o intereses, conforme lo estableció la Sala Plena de la Corte
Constitucional en sentencia C-1062 del 16 de agosto de 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
78 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 16 de junio de 2025. Rad. 05001-23-33-000-2018-00988-01 (70584). C.P. María
Adriana Marín.
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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
torna innecesario el análisis de las demás aristas que componen esta clase de
pleitos. Una de las exigencias predicadas de ese menoscabo, además de su
carácter personal, es su certidumbre, esto es, que resulte apreciable material y
jurídicamente, y no una mera conjetura. La carga de su demostración recae en
quien lo afirma como sustento de su pedimento indemnizatorio, conforme lo
prevé el artículo 167 del CGP.
44. En ese sentido, la jurisprudencia79 entiende que los daños ambientales, como
los que son objeto de esta controversia, se subdividen entre puros y
consecutivos o impuros, para decir que unos corresponden a aquellas afrentas
que repercuten en la generalidad del medio ambiente y en toda la comunidad, y
los otros son aquellos cuyo impacto recae en la esfera jurídica individual de
quienes se ven afectados por el deterioro medioambiental. Tal distinción impacta
en las vías procesales diseñadas para tutelar dichos intereses, la legitimación
para actuar, y la pretensión procesal, de tal suerte que mientras la primera
categoría es procurada mediante la acción popular80 interpuesta por cualquier
persona con el propósito de que sean adoptadas las medidas necesarias para
evitar el daño contingente, cesar el peligro, la amenaza o el agravio de derechos
e intereses colectivos, o de restituir las cosas al estado anterior a la vulneración;
para la segunda clase de menoscabos está diseñada la vía de reparación de
perjuicios causados a un grupo, sin perjuicio de las correspondientes acciones
individuales.
45. Recapitulando el objeto de la apelación interpuesta por el grupo actor, mientras
el fallo de primera instancia no encontró demostrada la certeza de los
menoscabos reclamados por la parte demandante, los impugnantes sostienen
que el Tribunal dejó de valorar ese elemento fundamental de la responsabilidad
patrimonial que resultó acreditado con la prueba pericial practicada en el
contexto de la acción popular, proceso en el que, en virtud de los hechos que
igualmente nutren a esta causa, amparó derechos colectivos y ordenó a las
autoridades accionadas a realizar actividades encaminadas a superar la
vulneración configurada.
46. Bajo estas premisas, la Sala aprecia el único informe pericial81 que obra en el
plenario82, elaborado por el ingeniero forestal Luis Mario Garrido Pérez y
aportado como prueba trasladada del proceso de “acción popular”. La valoración
de este elemento de convicción es procedente en tanto satisfizo las exigencias
previstas por el artículo 174 del CGP83, y su incorporación estuvo acompañada
79 Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-455 del 16 de octubre de 2020. M.P. Antonio
José Lizarazo Ocampo.
80 Hoy en día, la pretensión de “protección de derechos e intereses colectivos” en los términos del
artículo 144 del CPACA.
81 A diferencia de lo que se afirmó en la apelación. Supra. Párr. 15.
82 Es pertinente resaltar que, pese a haber sido solicitada y decretada una pericia distinta, en
audiencia de pruebas del 11 de julio de 2017, la parte actora desistió de ésta, y en su lugar solicitó
al Juzgado Séptimo Administrativo de Cali el envío del dictamen realizado en la “acción popular
tramitada en ese despacho”. En: acta de audiencia: índice SAMAI primera instancia núm. 31, archivo
“27ED_000ExpedienteProceso(.pdf)”, f. 346-353.
83 “ARTÍCULO 174. PRUEBA TRASLADADA Y PRUEBA EXTRAPROCESAL. Las pruebas
practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin
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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
de las garantías procesales necesarias para el ejercicio del derecho de
contradicción. En efecto, las demandadas tuvieron conocimiento de su
contenido, contaron con la posibilidad de formular observaciones, solicitar
aclaraciones o complementaciones, pedir la comparecencia del perito e, incluso,
promover otros medios probatorios encaminados a desvirtuar sus conclusiones.
47. Ahora, según el ordenamiento procesal, el dictamen debe valorarse de manera
conjunta con los demás elementos de prueba y a la luz de la sana crítica de
acuerdo con lo ordenado por el artículo 176 del CGP. Y, en particular, deben ser
evaluadas la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus
fundamentos, conforme lo indica el artículo 232 del mismo estatuto adjetivo.
48. De acuerdo con los elementos incorporados del otro trámite con destino al
presente asunto84, la pericia se desarrolló en el marco de la inspección judicial
comisionada por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali al
Juzgado Promiscuo Municipal de Dagua85. El acta de dicha diligencia a la que
acudieron la operadora judicial, el apoderado del grupo demandante y el perito
designado, consignó tanto el objeto de la actuación como el sitio en el que se
llevó a cabo86:
“Llegados al sitio de la Diligencia fuimos atendidos por el Señor SAAD SALIM
ABIAAD NADER […]. Tomando encuenta [sic] que el objeto de la comisión es
verificar el estado del Predio, la existencia del vertimiento de aguas residuales, los
riesgos de la contaminación producto de dicho vertimiento y el peligro para la salud
humana, los Animales y la Vegetación del lugar, los daños producidos por el
vertimiento de dichas aguas residuales, la posible solución para evitar los daños
generados por dicha contaminación, todo ello en el predio BIBLOS, ubicado en el
Corregimiento Borrero Ayerbe, Municio [sic] de Dagua. Primero que todo se procede
a identificar el bien por su Ubicación, Linderos y Características. UBICACIÓN: El
predio objeto de la Inspección Judicial se encuentra ubicado en el Corregimiento de
Borrero Ayerbe o también denominado KM 30, del Municipio de Dagua con matrícula
Inmobiliaria No 370-21807 de la oficina de Registros públicos de Cali-Valle de
propiedad de la SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA GANADERA LTDA.,
datos tomados del certificado de tradición, donde se observa igualmente que el
predio tiene un Área de 54 Hectáreas, equivalentes a 84 placas [sic] con 375 MTS
2. […] LINDEROS: Los linderos son tomados del certificado de tradición del predio
con matrícula No 370-21807, que se acompaña a esta diligencia.
CARACTERÍSTICAS: se trata de un lote terreno con varias construcciones, 3
construcciones en ladrillo, y el resto del terreno con árboles. Se pudo evidenciar el
cause [sic] o vertimiento de aguas residuales el cual nos fue mostrado por el señor
SAAD ABIAAD, iniciando en un sitio que hace parte del B/ la Laguna y que atraviesa
o pasa por el predio denominado BYBLOS.”
más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte
contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción
en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales. //
La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias
jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan.” (Se subraya)
84 A partir de la prueba decretada por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali, el
Juzgado Séptimo de la misma especialidad y circuito judicial allegó (i) “Copia Auténtica de la
Inspección Judicial llevada a cabo el 25 de noviembre de 2013”; (ii) “Copia Auténtica del Dictamen
Pericial realizado por Garrido Bravo & Cia Ltda.”; (iii) “Copia Autentica de la Sentencia No. 062 del
19 de junio de 2014”. Ibid. f. 85.
85 Ibid. f. 104-105.
86 Se transcribe de forma literal, incluyendo posibles errores e imprecisiones.
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49. Según lo consignado en su informe87, el experto Garrido Pérez realizó cuatro
visitas “al predio Byblos y al corregimiento de Dagua”, y tuvo como “fuentes
primarias” lo sostenido por el señor Saad Salim Abiaad Nader, y las
“conferencias telefónicas” entabladas con funcionarios de la Dirección Ambiental
Regional Pacífico Este de la CVC, y con el entonces gerente de “Vallecaucana
de Aguas”. Además, se mencionó la consulta de legislación ambiental, y normas
técnicas sobre manejo de vertimientos de aguas residuales, sin especificar qué
preceptos examinó, o su lectura de estos.
50. Para exhibir los “Antecedentes” físicos del área que es objeto del dictamen, se
anexó una imagen que, según se afirma, retrata un levantamiento o plano
topográfico de la zona, en el que se reflejó la disposición espacial de la Finca
Byblos respecto del Río Dagua, la localización de drenajes asociados a aguas
residuales, los puntos de monitoreo o control hídrico supuestamente
identificados por la CVC y un área de influencia respecto de la cual no determina
si se trata del alcance de los drenajes, de los sitios de medición, o de la
repercusión medida en olores y plagas surgidas del vertimiento de alcantarillado.
Tampoco se precisa qué barrios, asentamientos o predios están incluidos en esa
zona88.
51. Seguidamente, el perito indicó que, según observó en el sitio, la población
urbana del corregimiento Borrero Ayerbe vertía sus aguas residuales “a través
de un mal orientado alcantarillado, en el predio Byblos, recorriéndolo en 2000
metros (dos fuentes) antes de desembocar en el río Dagua y contaminar todo a
su paso”89. Agregó que esa efusión era producida por “la mayoría de los ocho
mil habitantes permanentes de Borrero Ayerbe más cinco mil flotantes”,
recogiendo “aproximadamente el 50 por ciento” de los residuos fluidos del casco
urbano de dicha localidad, lo que respaldaba las afirmaciones de Saad Abiaad.
Asimismo, de acuerdo con su “percepción directa”, esta circunstancia
ocasionaba una “grave contaminación aérea, terrestre y del agua” al mencionado
lugar, y a otros pueblos y parcelaciones vecinas90.
87 Índice SAMAI primera instancia núm. 31, archivo “ 26ED_000PruebasParteDeman(.pdf)”, f. 104-
140.
88 Tampoco precisa los barrios o asentamientos a los que corresponde el área de influencia.
89 En extenso, el perito aseveró que las fuentes de aguas residuales eran: el “- Drenaje de aguas
lluvias que discurre a través del área comercial y aproximadamente 20 barrios del área urbana del
corregimiento Borrero Ayerbe, recogiendo a su paso las aguas residuales domésticas e industriales
generadas por las actividades hogareñas y comerciales de esta población, entrando luego por la
parte media del predio Byblos atravesándolo de Occidente a oriente en distancia de 1400 metros. Es
la mayor fuente de contaminación de “Byblos”. // Esta fuente, recoge aproximadamente el cuarenta
por ciento -40%- del volumen de aguas residuales de este núcleo urbano, estimado que se hizo con
base a que recorre la zona más poblada del área urbana, equivalente al cuarenta por ciento -40%-
de la población. // - Quebrada Agua Sucia, atraviesa el Barrio Aguas Sucias y otros barrios de la
parte occidental del área urbana e irrumpe a Byblos por su costado sureste, recorre este predio de
Occidente a Oriente en una distancia de 600 metros. Aguas residuales de tipo doméstico casi en su
totalidad. // Se estima que esta quebrada recoge el diez por ciento -10% del volumen total de aguas
residuales generadas en el núcleo urbano de “Borrero Ayerbe”.
90 “… como El Carmen, El Bosque, El Carmelo, La Cristalina, San Fernando, Ato [sic] Grande, El
Vergel, Abichindé, etc.”
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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
52. Posteriormente, indicó que, a partir de los datos del “Laboratorio Ambiental” de
la CVC del año 2007, advirtió que entre el ingreso al matadero animal y el de
inmueble “Byblos” aumentaban de 10 a 20 veces los niveles de demanda de
oxígeno relativamente altos, los “grados de turbiedad y sólidos suspendidos”. En
ese sentido, consideró aceptable inferir que “6 años después (2013), estos
parámetros, que miden la contaminación de las aguas residuales han
aumentado notablemente al ritmo del aumento geométrico [sic] de la población
del núcleo urbano del Corregimiento”, superando los límites permisibles.
53. En ese sentido, señaló que, a nivel ambiental, los vertimientos descritos
fomentaron “la propagación de virus y bacterias patógenos para los habitantes
de los barrios aledaños a estas corrientes contaminadas”, y añadió que si bien
no existía “una cuantificación de los daños a la salubridad es un peligro latente
que crece día a día y puede estallar en cualquier momento”.
54. En cuanto a las repercusiones económicas, manifestó que, si bien el objeto del
dictamen no tenía “como objeto cuantificar los perjuicios económicos de los
efectos de las aguas residuales en su recorrido por Byblos y en la comunidad
aledaña, es indudable que el aspecto negro y desagradable de esta dos fuentes,
sumado a los olores nauseabundos y la proliferación actual y potencial de
patógenos determina el poco valor comercial de este predio y/o sus nulas
posibilidades de inversión en proyectos productivos agropecuarios, turísticos o
habitacionales”.
55. A partir de lo expuesto, la Sala encuentra que el dictamen trasladado de la acción
popular no tiene el peso demostrativo que los apelantes le atribuyen y, por el
contrario, concuerda con la desestimación considerada por el Tribunal en
primera instancia. En efecto, se observa que la experticia no buscó precisar la
existencia o magnitud de los menoscabos individuales ocasionados por el
vertimiento irregular a las personas que conforman el grupo actor, sino de
verificar si había una vulneración de derechos e intereses colectivos. Dicho de
otro modo, la finalidad de las informaciones contenidas en este medio probatorio
apuntaba a la constatación del daño ambiental puro, no así de los consecutivos
que componen este litigio.
56. Al margen de las deficiencias que se desprenden del propio razonamiento
desarrollado por el perito, la Subsección no encuentra que las conclusiones y
afirmaciones contenidas en el dictamen sean el resultado de la aplicación de
métodos científicos o técnicos que permitan verificar su consistencia y
confiabilidad. En los términos exigidos por el artículo 226 del Código General del
Proceso, el informe no da cuenta de la realización de exámenes, estudios,
pruebas, experimentos o investigaciones efectuados directamente sobre la zona
que, según se afirma, fue objeto de visita por parte del experto.
57. Tampoco exhibe una fundamentación técnica suficiente que respalde sus
conclusiones y de las que pueda concluirse la demostración del daño. Por el
contrario, según el experto, una parte significativa de sus inferencias se sustenta
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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
en información proveniente de fuentes interesadas en la controversia, tales como
el demandante Saad Abiaad o servidores de la CVC vinculados a los hechos
materia del litigio. Las afirmaciones relativas al origen bifronte de los vertimientos
no se apoyan en cartografía, estudios técnicos ni análisis independientes y
verificables del sistema de alcantarillado municipal existentes al momento de la
elaboración del informe. Del mismo modo, las conclusiones sobre los niveles de
contaminación de las aguas residuales se basan en información desactualizada,
sin que el perito haya acreditado la aplicación de procedimientos técnicos
encaminados a validar, contrastar o refutar dichos datos. Finalmente, las
referencias a eventuales afectaciones en la salud de la comunidad o a perjuicios
económicos del predio permanecen en el plano de la hipótesis, al no estar
respaldadas por elementos de comprobación objetiva que resulten relevantes
para la resolución de este asunto.
58. A partir de lo descrito, la Subsección concluye que el dictamen pericial
anteriormente referido carece de valor probatorio suficiente para acreditar el
daño resarcible alegado ya que no cuenta con fundamentación técnica y
científica suficiente para dar cuenta de los menoscabos aquí reclamados.
Empero, es necesario aclarar que este corolario no implica censurar la
valoración que dicho medio de convicción tuvo en la decisión judicial que amparó
la protección de intereses colectivos91, toda vez que no corresponde al marco de
juzgamiento de la presente causa.
59. Sumado a lo anterior, si bien la representación gráfica del informe refiere una
supuesta “Área de Influencia”, y desde la diligencia de inspección judicial se
acotó al predio de propiedad de la sociedad limitada demandante y el vertimiento
iniciado “en un sitio que hace parte” del barrio La Laguna, este medio de
convicción no detalla que esa área demarcada en la topografía incluya
específicamente los inmuebles de Efraín de Jesús Arias Urbano, María Santos
López Ortiz y Gonzálo Sánchez Parra, Lisímaco Tombe, Alba Lucy Palacios
Díaz, Hiledia Martínez Benavides, y Esmildo López López.
60. Además de desconocer la posición geográfica de tales predios, no obra
información que detalle las presuntas afectaciones a las condiciones de
habitabilidad alegada por los demandantes, tales como hundimientos,
proliferación de plagas (insectos o animales) o deterioro de la calidad del aire o
del agua. Tampoco hay pruebas que delimiten con exactitud la zona de influencia
del vertimiento, para efectos de establecer un área habitada por potenciales
afectados que puedan ser beneficiarios de un resarcimiento individual derivado
91 La sentencia del 19 de junio de 2014 apoyó, en este elemento de convicción, la tesis según la cual
“…ha transcurrido un lapso de tiempo, en el cual la problemática ambiental que se viene presentando
en la población de Borrero Ayerbe, se ha ido incrementando, sin que por parte del Municipio de
Dagua, se haya adelantado gestiones que se puedan tener como acatamiento de las funciones que
le son inherentes como miembro del Sistema Nacional Ambiental – SINA, y que tiendan a evitar el
daño colectivo aquí demandado, se llega a la inequívoca conclusión de que la Acción popular
impetrada por el señor SAAD SALIM ABIAAD NADER, está llamada a prosperar, con relación a la
protección de los derechos colectivos conculcados, siendo responsable directo el mismo Municipio,
el cual […] es el prestador directo del servicio de alcantarillado en el corregimiento de Borrero
Ayerbe.” (Transcripción textual, con posibles errores e imprecisiones).
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de una indemnización colectiva, en los términos del artículo 65 de la Ley 472 de
1998.
61. De igual forma, no existen otros medios de convicción, tales como registros,
certificaciones o antecedentes médicos individualizados, que permitan acreditar
afectaciones a los derechos a la igualdad, la dignidad humana o la salud física
o mental de los habitantes, bien sea propietarios, familiares, allegados o de los
residentes postulados como damnificados que se vincularon al grupo
demandante. Tampoco se cuenta con elementos de juicio que permitan
establecer, siquiera de manera indiciaria, una relación causal entre tales
afectaciones y el vertimiento irregular.
62. Análogamente, ninguno de los elementos de convicción obrantes en el
expediente, en particular el señalado por el apelante, da cuenta de la actividad
desarrollada por SNAG en el establecimiento de comercio del cual es titular; no
se determinaron los componentes de ese conjunto de bienes ni su finalidad 92,
tampoco se acreditó la afectación en la continuidad o parálisis en la operación
destinada por el empresario, o la existencia de ganancias dejadas de percibir,
pérdidas económicas, desvalorización o cualquier otro detrimento relativo al
ejercicio cotidiano de dicha unidad mercantil que pueda atribuirse a la
contaminación ambiental reiteradamente referida.
63. Por todo lo anterior, al encontrar que no se demostró el daño mediante el medio
de convicción indicado en el recurso de apelación formulado por el grupo actor,
no se configuró el yerro de falta de apreciación probatoria que el impugnante
atribuyó al fallo apelado. En consecuencia, será confirmada la denegación de
las pretensiones de la demanda que fue adoptada en primer grado, siendo
innecesario estudiar los subsiguientes ingredientes de la responsabilidad
patrimonial, en particular, la imputación a la CVC y al Municipio por las acciones
u omisiones endilgadas por los accionantes.
Conclusiones
64. En síntesis, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, y declarará la
falta de legitimación en la causa por activa de Saad Salim Abiaad Nader para
reclamar para sí mismo los perjuicios alegados respecto del establecimiento de
comercio de la sociedad SNAG. De forma análoga, esta determinación se
adoptará respecto de Yury Graciela Rengifo Palacios, Danna Lucía Cañar
Rengifo y Llyid Natalia Cañar Rengifo, quienes no demostraron tener vinculación
sustancial con los hechos tratados en este asunto. Sin perjuicio de ello,
confirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda, por las razones
que se exponen a continuación:
65. En cuanto a la legitimación activa, en los procesos que versan sobre la
reparación de perjuicios causados a un grupo, se exige la demostración del
derecho o interés individual que se pretende remediar, y que su afectación
92 Cfr. Código de Comercio – Artículo 515.
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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
obedeció a causas homogéneas. Sobre la vertiente pasiva, la demandada estará
habilitada materialmente para ser objeto de enjuiciamiento siempre que esté
llamada a responder, bien sea porque se le atribuye el hecho jurídico que origina
el respectivo menoscabo o porque, dentro de su esfera competencial o funcional,
ostenta deberes jurídicos cuyo desconocimiento desemboca en el resarcimiento
perseguido. Bajo esas premisas, los actores mencionados en el párrafo anterior
no acreditaron satisfacer este presupuesto.
66. Las acciones indemnizatorias, dentro de las cuales se encuentra la grupal, están
basadas en el daño cierto y personal, que debe ser probado por quien lo alega
en el proceso. Acá, al margen de que en el marco de la acción popular se haya
considerado acreditado un daño ambiental puro que potencialmente pudo influir
negativamente en derechos e intereses particulares, los menoscabos materiales
e inmateriales alegados individualmente por los integrantes de la parte plural no
fueron demostrados a partir de los medios de prueba incorporados válidamente
al expediente, razón por la cual deberá mantenerse el sentido denegatorio de
las pretensiones que decidió el a quo.
Condena en costas
67. De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 365 del CGP, aplicable a este
asunto por remisión expresa del artículo 68 de la Ley 472 de 199893, procede la
condena en costas en segunda instancia94 a la parte apelante cuyo recurso haya
sido resuelto desfavorablemente95, y la resolución del ad quem mantiene el
sentido del proveído impugnado96.
68. Además, la norma citada dispone que solo habrá lugar a este concepto cuando
esté acreditada su causación97. Por ello, se resolverá que el litigante favorecido
por las costas en este grado será el Municipio, al ser el único que intervino ante
esta Colegiatura98.
69. Otra de las reglas contenidas en el artículo invocado dispone lo siguiente:
“Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al
respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos” 99. No
obstante, del escrito de demanda, las intervenciones de las partes, o los medios
de prueba que obran en el expediente no surge de manera objetiva el parámetro
necesario para realizar la distribución prevista en la norma en casos donde la
parte condenada esté compuesta por múltiples integrantes. Por ende, se
dispondrá la condena por partes iguales.
93 “ARTICULO 68. ASPECTOS NO REGULADOS. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas
del presente título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento
Civil [actualmente CGP].”
94Las costas de primera instancia se preservarán en el sentido resuelto por el ordinal segundo de la
decisión impugnada (supra. cit. 16).
95 CGP - Artículo 365, núm. 1.
96 Ibid. núm. 2.
97 Ibid. núm. 8.
98 Cfr. Sent. 16-jun-2026, antes citada.
99 Ibid. núm. 6.
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00198-01 (73.510)
Demandante: Saad Salim Abiaad Nader y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
70. La condena en costas y agencias en derecho decretada en primera instancia no
tendrá modificación alguna, toda vez que se mantiene incólume la denegación
de las pretensiones100. Estas serán liquidadas, de forma concentrada, por el
Tribunal de primera instancia, conforme al artículo 366 del CGP.
71. En cuanto a las agencias en derecho de esta instancia, integradas a las costas
procesales101, estas deben seguir lo reglamentado por el Consejo Superior de la
Judicatura102 al momento de formular la demanda que, en este caso, es el
Acuerdo 1887 de 2003, vigente para la fecha de presentación de la demanda.
Por el concepto en mención, se fijará la suma de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente103 al momento de la ejecutoria de esta providencia.
72. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 17 de junio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta
providencia, que queda así:
“PRIMERO.- DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de SAAD
SALIM ABIAAD NADER respecto de las pretensiones atinentes al establecimiento
de comercio “PARQUE KM 30-BYBLOS”.
SEGUNDO.- DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Yury
Graciela Rengifo Palacios, Danna Lucía Cañar Rengifo y Llyid Natalia Cañar
Rengifo.
TERCERO.- NEGAR la totalidad de las pretensiones de la demanda.
CUARTO.- ORDENAR a la parte actora el pago de las expensas y gastos en que
hayan incurrido en primera instancia, siempre y cuando estén demostradas. FÍJASE
como agencias en derecho, a ser incluidas en dicha liquidación la suma de un salario
mínimo mensual legal vigente (1 SMMLV).”
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia al grupo apelante,
distribuidas en partes iguales entre sus integrantes, en favor del Municipio de
Dagua. Su liquidación será adelantada por el Tribunal de primera instancia, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Inclúyase
100 Cfr. CGP – Art. 365, núm. 2.
101 CGP – Artículo 361: “COMPOSICIÓN. Las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”.
102 CGP – Artículo 366, núm. 4: “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
103 De acuerdo con el numeral 3.2. del mencionado Acuerdo, el tope de agencias en derecho en
acciones de grupo que son conocidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es “Hasta
tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00198-01 (73.510)
Demandante: Saad Salim Abiaad Nader y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca y otro
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de
la sentencia de segunda instancia, por concepto de agencias en derecho.
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
VF
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