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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00945-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-00945-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-00945-01 (5697-2024)
Demandante: María de Jesús Lozano Davalos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Tema: pensión de sobrevivientes. Subtema 1: Decreto 2063 de 1984. Pensión por
muerte simplemente en actividad. Subtema 2: no procede la aplicación de la
normativa del ISS contenida en el Decreto 3041 de 1966 a beneficiaria de un agente
de la Policía Nacional. Subtema 3: excepción de inconstitucionalidad.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 12 de julio de 2024,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora María de Jesús Lozano Davalos pidió el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en su condición de compañera del agente de la Policía Nacional,
Etelberto Correa. En primera instancia, el Tribunal negó las pretensiones de la
demanda porque el causante falleció el 19 de noviembre de 1984 y la norma
aplicable a su caso era el Decreto 2063 de 1984, que exigía 15 años de servicio,
requisito que no se acreditó. Consideró que no era posible aplicar el Decreto 3041
de 1966, para el reconocimiento pensional, porque este solo regía los afiliados al
Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), condición que el causante no tenía.
La demandante apeló porque, en su criterio, debía efectuarse un test1 severo de
igualdad por inequidad manifiesta, para aplicar el Decreto 3041 de 1966. La
Subsección confirmará la sentencia de primera instancia.

1
Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (https://dpej.rae.es) significa «prueba destinada a
evaluar conceptos, aptitudes o funciones».

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00945-01 (5697-2024)
Demandante: María de Jesús Lozano Davalos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora María de Jesús Lozano Davalos, mediante apoderado, interpuso
demanda2 el 23 de julio de 20203, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, con las siguientes pretensiones:

2. Declarar la nulidad de los oficios S-2011-247005-ARPRE-GROIN 22 del 28
de diciembre de 2011 y S-2020-021193-SEGEN-ARPRE-GRUPE 1.10 del 20 de
abril de 2020, mediante los cuales el director general de la Policía Nacional negó el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

3. Inaplicar el siguiente apartado del literal c) del artículo 121 del Decreto 2063
de 1984, por excepción de inconstitucionalidad:

Si el Agente hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que por el Tesoro
Público se les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la
misma forma de la asignación de retiro, según el tiempo de servicio del causante.

4. Como consecuencia de estas declaraciones, y a título de restablecimiento
del derecho, pidió declarar que la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional está obligada a reconocer como beneficiaria de la pensión de
sobrevivientes a la señora María de Jesús Lozano Davalos, de conformidad con el
Decreto 3041 de 1966, comoquiera que el señor Etelberto Correa cotizó más de 150
semanas hasta la fecha de su fallecimiento.

5. A título de indemnización, reclamó el pago de 200 salarios mínimos legales
mensuales vigentes (smlmv) a título de compensación por no haber cubierto
oportunamente los salarios dejados de percibir desde la fecha en que adquirió el
derecho y hasta cuando fuera reconocida como beneficiaria. Finalmente, pidió que
las sumas se actualizaran según el artículo 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA); que se cumpliera la
sentencia según los artículos 187, 188 y 189 ibidem y que se ordenara el pago de
costas y agencias en derecho.

2.1.1. Hechos

6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

2
Samai, gestión en otros despachos, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_1 -
Exp ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip), 001Demanda Y ANEXOS MARIA JESUS
LOZANO DAVALOS.pdf.
3
Samai, gestión en otros despachos, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_1 -
Exp ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip), 002ActaDeReparto 2020-00945-00.pdf.
2

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Demandante: María de Jesús Lozano Davalos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

7. El agente Etelberto Correa laboró en la Policía Nacional hasta el 19 de
febrero de 19854, fecha en que fue dado de baja por muerte. En total completó un
tiempo de servicios de 4 años y 22 días, equivalentes a 250 semanas de cotización.

8. El señor Etelberto Correa falleció en servicio activo por causa y razón de este.
En consecuencia, se le liquidaron prestaciones sociales mediante la Resolución
1137 del 13 de marzo de 1986, trámite en el cual intervino la señora María de Jesús
Lozano Davalos. El informe administrativo por muerte calificó el fallecimiento como
en servicio activo.

9. El señor Etelberto Correa convivió por más de 10 años con la señora María
de Jesús Lozano Davalos. Fruto de esa unión marital de hecho tuvieron dos hijos,
Jovanni y Oscar Iván Correa Lozano.

10. El causante vivió en compañía de su familia, quien dependía moral y
económicamente de este hasta su deceso.

11. El 26 de noviembre de 2019, la actora le pidió a la accionada el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. Mediante los oficios S-2011-
247005-ARPRE-GROIN 22 del 28 de diciembre de 2011 y S-2020-021193-SEGEN-
ARPRE-GRUPE 1.10 del 20 de abril de 2020, la parte demandada negó la
reclamación.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

12. La parte demandante citó como normas vulneradas las siguientes:
Constitución Política, artículos 1, 2, 3, 6, 9, 11, 13, 22, 25, 34, 42, 48, 53, 58, 217,
218, 219, 220, 221, 229 y 336; decretos 609 de 1977, 2063 de 1984 y 1213 de 1990;
leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012; Decreto 3041 de 1966 que aprobó el Acuerdo
224 de 1966, artículos 5, 5 b), 20 y 20 a); y Acuerdo 049 del 1.° de febrero de 1990,
artículos 6, literal b) y 25, literal a), aprobado por el Decreto 758 de 1990.

13. En sustento, sostuvo que el aparte del artículo 121 del Decreto 2063 de 1984
– relativo a la muerte en actos del servicio–, según el cual «si el Agente hubiere
cumplido doce (12) años o más de servicio, a que por el Tesoro Público se les pague
una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la
asignación de retiro, según el tiempo de servicio del causante», viola los artículos
1, 2, 13, 48, 53 y 58 de la actual Constitución Política, lo cual debe ser corregido por
la jurisdicción contencioso-administrativa.

14. Existe una violación al principio de igualdad por inequidad manifiesta, lo cual
debe examinarse a partir de un test severo de constitucionalidad. En particular,
indicó que en la expedición de los actos acusados se invocó el artículo 121, literal
c) del Decreto 2063 de 1984, expedido según la antigua Constitución. Así pues, de

4
Sic: el causante falleció el 19 de noviembre de 1984, fecha en que fue dado de baja por muerte.
3

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conformidad con la nueva Carta Política de 1991 existía una violación de sus
derechos fundamentales, razón por la cual debía inaplicarse la referida disposición
que continúa produciendo efectos, a partir de los derroteros fijados por la Corte
Constitucional en las sentencias C-613 de 1996, C-366 de 2008 y T-110 de 2011.

15. Añadió que constituye un deber del juez hacer uso del referido test severo en
los casos de pensiones de sobrevivientes cuando exista inequidad manifiesta y en
el evento de que la parte actora lo haya pedido en sede judicial. Al respecto,
mencionó la sentencia C-479 de 1998 de la Corte Constitucional e indicó que las
consecuencias de la inequidad manifiesta no pueden impactar sus derechos,
máxime porque se trata de una persona de la tercera edad, sin posibilidad de
incorporarse a la actividad laboral y con afectación en su salud.

16. Agregó que la ratio decidendi 5 de las sentencias C-121 de 2010, C-461 de
1995 y C-432 de 2004 encajaba en el presente asunto y que este debía resolverse
con el Decreto 3041 de 1966, que exige un máximo de 150 semanas. Expuso que
la compañera permanente, a partir del desarrollo jurisprudencial del Consejo de
Estado, tenía igual derecho que la esposa frente al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.

2.2. Contestación de la demanda

17. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, por conducto de
apoderado, se opuso a todas las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la actora
no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes porque el agente
Etelberto Correa no cumplió el tiempo de servicio exigido por el artículo 121 del
Decreto 2063 de 1984, vigente para el momento del fallecimiento y aplicable a los
miembros de la entidad, que pertenecen a un régimen especial.

18. Destacó que el Decreto 3041 de 1966 era inaplicable al caso concreto, pues
este solo regía para las personas cobijadas por el régimen del ISS.

19. Planteó como excepciones la inepta demanda por la insuficiente
argumentación del concepto de violación6; el cobro de lo no debido; la imposibilidad
de condenar en costas; la inexistencia del derecho por improcedencia de la
aplicación del principio de favorabilidad; la prescripción de las mesadas; el acto
ajustado a la Constitución y a la ley; el enriquecimiento sin causa e inexistencia del
derecho y la genérica7.

5
Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (https://dpej.rae.es) significa «fundamento de la
decisión».
6
El magistrado sustanciador del Tribunal declaró no probada esta excepción en el auto proferido el 14 de junio
de 2023. Samai, gestión en otros despachos, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal,
001_1 - Exp ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip),
21_21_AUTOCORRETRASLADOPOR10DIASPARAALEGAR.pdf.
7
Samai, gestión en otros despachos, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_1 -
Exp ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip),
11_11_MemorialWeb_ContestaciónDemanda_Indice_19_1.pdf.
4

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2.3. Sentencia de primera instancia

20. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 12 de julio
de 2024, en la que negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

21. En sustento, consideró que al momento del fallecimiento el agente Etelberto
Correa se encontraba prestando servicios a la Policía Nacional y su muerte fue
calificada como en actividad. Por ende, la norma aplicable al caso era el Decreto
2063 de 1984, vigente para la fecha de la contingencia, el 19 de noviembre de 1984,
que solo preveía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes cuando el
causante hubiera completado 15 años o más de servicios, conforme a su artículo
120.

22. Explicó que, según el Decreto 2063 de 1984, el uniformado debía realizar los
aportes a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, entidad encargada de
reconocer y pagar las asignaciones, y no al ISS. En ese sentido, estimó que no
había lugar a acudir al Decreto 3041 de 1966 que regula las prestaciones pagadas
por el ISS, dado que los miembros de la fuerza pública no fueron incluidos dentro
de sus destinatarios.

23. El Tribunal destacó que el Decreto 3041 de 1966, en sus artículos 5 y 20,
preveía condiciones más beneficiosas que las establecidas en el Decreto 2063 de
1984 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. No obstante, concluyó
que el Decreto 3041 de 1966 era aplicable únicamente a quienes cotizaran o
estuvieran afiliados al ISS, de suerte que se trataba de dos regímenes
completamente distintos, cada uno compuesto por disposiciones destinadas a cubrir
contingencias pensadas exclusivamente para su propio grupo de beneficiarios. En
consecuencia, aun cuando ambas normas estaban vigentes al momento del
fallecimiento del agente Etelberto Correa, no era posible elegir su aplicación por
favorabilidad o retrospectividad, en tanto no fue un trabajador obligado a afiliarse al
ISS y el Decreto 3041 de 1966 no resultaba aplicable a su situación. No condenó
en costas, al tratarse de un asunto laboral8.

2.4. Recurso de apelación de la parte demandante

24. La parte actora, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia con el fin de que esta se revocara y, en
su lugar, se reconociera la pensión de sobrevivientes, con fundamento en los
siguientes argumentos:

25. Indicó que la Corte Constitucional ha avalado la revisión de eventos resueltos
con decretos expedidos bajo la Constitución Política anterior y que actualmente
gozan de presunción de legalidad, «siempre y cuando exista iniquidad manifiesta».
8
Samai, gestión en otros despachos, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_1 -
Exp ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip), 029_29Sentencia que
n_134SENTENCIA1RANRDL2.pdf.
5

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Según adujo la accionante, la Corte configura esa inequidad en las situaciones que
comprometen el mínimo vital, hipótesis en la cual el examen de la norma frente a
una y otra Constitución debe adelantarse mediante un test severo de
constitucionalidad.

26. Bajo este entendido, a juicio de la accionante, el Tribunal no abordó el caso
a partir de la violación al mínimo vital y a la igualdad, sino con sustento en la
favorabilidad, de ahí que aplicó un test débil de constitucionalidad. Con ello quedó
sin resolver el planteamiento de la demanda, por lo cual la demandante reiteró y
reforzó los argumentos propuestos, en el sentido de que no pidió la inaplicación
integral del Decreto 609 de 1977 (sic9) sino solo del aparte del artículo 83, literal c)
que exigía 15 años o más de servicios por ser violatorio de los artículos 1.°, 2.°, 13,
48, 53 y 58 de la Constitución Política, en ese sentido, el resto de la norma –
incluidas las partidas computables y los montos– debía regir.

27. Así pues, lo que se pretendía es que, en su defecto, se aplicara el Decreto
3041 de 1966 que exige un máximo de 150 semanas, a partir de un test severo de
igualdad con motivo en la inequidad manifiesta para la protección del derecho
fundamental al mínimo vital, por tratarse de una persona de la tercera edad, sin
posibilidades de incorporación a la actividad laboral y con necesidades de salud. En
sustento, la accionante refirió los presupuestos de ese examen – en los términos de
las sentencias C-613 de 1996, C-366 de 2008 y T-110 de 2011 de la Corte
Constitucional– y diferenció que una norma exequible bajo un test débil de
constitucionalidad puede resultar inconstitucional al someterse a uno severo.
Añadió que, a su juicio, la sentencia C-479 de 1998 le impone al juez el deber de
aplicar el aludido test severo cuando exista inequidad manifiesta.

28. La demandante adujo que debía acudirse a la ratio decidendi de las
sentencias C-461 de 1995 y C-432 de 2004 en punto a que permitir la vigencia de
regímenes especiales no puede perpetuar un tratamiento desfavorable y
discriminatorio. Por tal motivo, para dar aplicación al artículo 83, literal c) del Decreto
609 de 1977 (sic) se debía considerar si con ello se violaba la igualdad. Sobre esa
base solicitó que el asunto fuera objeto de unificación jurisprudencial con las
sentencias de constitucionalidad citadas.

29. Finalmente, citó un extracto de la sentencia proferida por el Consejo de
Estado el 1.° de diciembre de 201610, que, en materia de condena en costas y
agencias en derecho, dispuso, entre otras que «corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que
limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación

9
El Tribunal no aplicó el Decreto 609 de 1977, sino el Decreto 2063 de 1984.
10
Consejo de Estado, sentencia del 1.° de diciembre de 2016, expediente núm. 70001-23-33-000-2013-00065-
01 (1908-2014) M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
6

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razonable de la norma»11.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

30. Mediante auto del 7 de marzo de 202512 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, en los términos del artículo 247 del CPACA
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El expediente ingresó al
despacho para fallo el 21 de marzo de 202513, sin pronunciamiento de las partes ni
del Ministerio Público.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

31. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

32. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del
Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso, corresponde a la Sala resolver los
siguientes problemas jurídicos:

33. ¿Se puede aplicar el Decreto 3041 de 1966, que aprobó el reglamento del
ISS, para reconocerle la pensión de sobrevivientes a la beneficiaria de un agente
de la Policía Nacional que falleció en actividad el 19 de noviembre de 1984, por
inequidad manifiesta?

34. ¿Hay lugar a inaplicar, por inconstitucionalidad, las normas especiales de los
agentes de la Policía Nacional en cuanto exigen 15 años o más de servicio, para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Prestaciones por muerte de los agentes de la Policía Nacional

35. En lo que respecta al régimen de prestaciones por muerte de los agentes de
la Policía Nacional, el Decreto 609 de 1977 «por el cual se reorganiza la carrera de

11
Samai, gestión en otros despachos, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_1 -
Exp ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip), 030_30_MemorialWeb_Recurso-
APELACIONSENTENCIA.pdf.
12
Samai, índice 4.
13
Samai, índice 8.
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agentes de la Policía Nacional», expedido el 13 de abril de 1977, dispuso, en su
artículo 83, lo siguiente frente a la prestación por muerte simplemente en actividad:

Artículo 83. Prestación por muerte simplemente en actividad. A partir de la vigencia
del presente estatuto, a la muerte de un agente de la Policía Nacional en actividad
por causas diferentes a las enumeradas en los dos artículos anteriores, sus
beneficiarios en el orden establecido en este estatuto tendrán derecho a las
siguientes prestaciones:

a. A que el tesoro público les pague por una sola vez compensación equivalente
a los dos (2) años de los haberes correspondientes al grado conferido al
causante tomando como base las partidas señaladas en el artículo 55 del
presente estatuto.
b. Al pago de la cesantía por el tiempo de servicio del causante.
c. Si el agente hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio a que por
el tesoro público se les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y
cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el
grado y el tiempo de servicio del causante.

36. La anterior disposición rigió hasta el 24 de agosto de 1984, cuando entró en
vigor el Decreto 2063 de 1984 que lo derogó. Esta normativa previó la muerte
simplemente en actividad (artículo 120), la muerte en actos del servicio (artículo
121) y la muerte en actos meritorios del servicio (artículo 122). En particular, frente
al primer supuesto dispuso lo que se transcribe a continuación:

Artículo 120. Muerte simplemente en actividad. Durante la vigencia del presente
estatuto, a la muerte de un agente de la Policía Nacional, sus beneficiarios en el
orden establecido en este estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a. A que por el tesoro público se les pague una indemnización equivalente a
dos (2) años de los haberes correspondientes, tomando como base las
partidas señaladas en el artículo 98 del presente estatuto.
b. Al pago de cesantía por el tiempo de servicio del causante.
c. Si el agente hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio a que por
el tesoro público se les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y
cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo a la
categoría y tiempo de servicio del causante.

37. Adicionalmente, el artículo 130 estableció dentro del orden de los
beneficiarios de las prestaciones sociales por muerte a la cónyuge sobreviviente y
a los hijos del causante, en caso de concurrencia. Ante la falta de cónyuge, la
prestación se distribuiría entre los hijos y, en ausencia de estos, correspondía a la
cónyuge. Luego previó a los padres y a los hermanos, dentro de determinados
supuestos.

3.3.2. Del reglamento general del ISS del Decreto 3041 de 1966

38. La pensión de sobreviviente bajo el Decreto 3041 de 1966 «por el cual se
8

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aprueba el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y
Muerte», aplicable al ISS, exigía acreditar al menos 150 semanas de cotización en
los 6 años anteriores a la muerte, o 75 semanas en los últimos tres años.

39. Luego a través del Decreto 758 de 1990 el Gobierno nacional aprobó el
Acuerdo 049 del 1.° de febrero de 1990, por el cual se expidió el Reglamento
General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte, con lo que
modificó algunos apartes del Decreto 3041 de 1966 y unificó la legislación existente
sobre la materia. Este decreto rigió a partir de la fecha de su publicación, esto es, el
11 de abril de 1990. En su artículo 1, el Decreto 758 de 1990 delimitó su campo de
aplicación, mientras que en el 25 y subsiguientes14 reglamentó la pensión de
sobrevivientes por muerte por riesgo común.

40. Visto lo anterior, conforme al Decreto 758 de 1990 se tiene derecho a la
pensión de sobrevivientes cuando el trabajador que fallezca reúna «el número y
densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de
invalidez por riesgo común», es decir, contar con 150 semanas cotizadas para el
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, dentro de los últimos 6 años anteriores a la
fecha del estado de invalidez, o 300 semanas, en cualquier época, con anterioridad
al estado de invalidez.

41. Frente al campo de aplicación de esta normativa, se señala que comprendía
de forma forzosa u obligatoria a (i) los trabajadores nacionales o extranjeros que
presten sus servicios a empleadores particulares mediante contrato de trabajo o de
aprendizaje, (ii) los funcionarios de seguridad social del ISS y (iii) «Los pensionados
por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con las pensiones de vejez

14
Artículo 25. Pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo común. Cuando la muerte del asegurado sea de
origen no profesional, habrá derecho a pensión de sobrevivientes en los siguientes casos:
a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones que se
exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común y,
b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la pensión de invalidez o
de vejez según el presente Reglamento.
Artículo 26. Causación y percepción de la pensión de sobrevivientes. El derecho a la pensión de sobrevivientes
se causa cuando se reúnen los requisitos establecidos en el presente Reglamento y se reconoce y paga a partir
de la fecha del fallecimiento del asegurado o del pensionado.
Artículo 27. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo común. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes por riesgo común, los siguientes derechos habientes:
1. En forma vitalicia, el cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, el compañero o la compañera permanente del
asegurado.
Se entiende que falta el cónyuge sobreviviente:
a) Por muerte real o presunta;
b) Por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico;
c) Por divorcio del matrimonio civil y,
d) Por separación legal y definitiva de cuerpos y de bienes.
2. Los hijos legítimos, naturales y adoptivos menores de 18 años, los inválidos de cualquier edad, los
incapacitados por razón de sus estudios, siempre que dependan económicamente del asegurado y mientras
subsistan las condiciones de minoría de edad, invalidez y los estudiantes aprueben el respectivo período escolar
y no cambien o inicien nueva carrera o profesión por razones distintas de salud. La invalidez será calificada por
los médicos laborales del Instituto.
3. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos, tienen derecho en forma vitalicia, los padres
del asegurado, incluidos los adoptantes, que dependían económicamente del causante.
4. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos con derecho o padres, la pensión
corresponderá a los hermanos inválidos que dependían económicamente del asegurado y hasta cuando cese
la invalidez.
9

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a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente por él»; y de
manera facultativa, a los trabajadores independientes y a los servidores de
entidades oficiales que al 17 de julio de 1977 se encontraban registradas como
empleadores ante el ISS.

3.3.3. El principio de favorabilidad en materia pensional

42. El principio de favorabilidad está previsto en el artículo 53 de la Constitución
Política al indicar que es un principio mínimo fundamental la «situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho».

43. El referido principio es una manifestación del principio protector en materia
laboral, según el cual, «se protege a la parte más vulnerable de la relación laboral,
que es el trabajador, y por ende hay desigualdad o discriminación positiva en su
favor a fin de equipararlo con la otra»15. Se aplica cuando existe conflicto entre dos
normas vigentes para el momento en que se causa el derecho, por lo tanto, bajo
este principio se debe escoger integralmente la norma que representa un mayor
beneficio para el trabajador. Esto último de conformidad con el principio
de inescindibilidad.

44. En este orden de ideas, la aplicación del principio de favorabilidad supone
que se acrediten los siguientes requisitos16:

• La existencia de varias fuentes formales de derecho que regulen la misma
situación fáctica.
• Que dichas fuentes se encuentren vigentes al momento de causarse el
derecho.
• Que exista duda sobre cuál de ellas se debe aplicar.
• La fuente formal elegida debe aplicarse en su integridad.

45. Ahora bien, la Ley 100 de 1993, en el artículo 288, materializa el principio de
favorabilidad en materia pensional al disponer que «todo trabajador privado u oficial,
funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia
de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime
favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia,
siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley».

3.3.4. Derecho a la igualdad y regímenes especiales17

46. El artículo 53 de la Constitución Política prevé, entre los principios mínimos
fundamentales que rigen las relaciones laborales, el derecho a una remuneración
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, CE-SUJ2-009-18,
proceso con radicado 68001-23-33-000-2015-00695-01 (3760-16).
16
Ibidem.
17
Ver la sentencia del 27 de marzo de 2014, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 11001-03-
25-000-2009-00029-00 (0656-2009), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
10

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mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. Este mandato
se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a la igualdad previsto en el
artículo 13 superior, conforme al cual corresponde al Estado promover las
condiciones necesarias para que aquella sea real y efectiva.

47. En desarrollo de dichos postulados, en materia laboral se ha reconocido el
principio según el cual a trabajo igual debe corresponder igual remuneración. No
obstante, la aplicación de esta regla presupone que los trabajadores se encuentren
en situaciones fácticas y jurídicas equiparables, pues el derecho a la igualdad exige
brindar el mismo trato a quienes se hallan en condiciones semejantes y permite
establecer tratamientos distintos cuando concurren circunstancias objetivamente
diferentes.

48. En lo que concierne al derecho a la igualdad y los regímenes especiales la
Corte Constitucional, en la sentencia C-229 de 2011 estudió «si el establecimiento
de una prima mensual equivalente al 40% del sueldo básico correspondiente a su
grado, para los oficiales del cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares cuando
presten los servicios profesionales de su especialidad por tiempo completo, vulnera
el principio de igualdad, toda vez que la norma no incluye a los suboficiales que se
encuentren en la misma situación de hecho»18. Precisó sobre el derecho a la igualdad
en los regímenes especiales que un grupo de personas puede encontrarse respecto
de cierto factor «en un mismo plano de igualdad, pero que desde otra óptica fáctica
o jurídica, sean en realidad desiguales»19.

49. En este sentido se puede otorgar un tratamiento diferente a sujetos y hechos
cobijados en una misma hipótesis, bajo la condición de que exista una justificación
objetiva, suficiente y clara20. Así, la Corte concluyó que «para que se verifique un
trato discriminatorio es necesario que esa diferenciación plasmada por el legislador
sea odiosa y no responda a principios de razonabilidad y proporcionalidad21».

50. La Corte Constitucional ha dicho que para determinar si hay violación del
derecho a la igualdad en las medidas previstas en los regímenes especiales, cuando
se trata de personas cobijadas bajo el mismo régimen, se debe utilizar el test de la
igualdad, sin embargo, en el caso de personas pertenecientes a diferentes
regímenes el análisis constitucional tiene como objeto verificar la existencia de
circunstancias extraordinarias de manifiesta desproporcionalidad no compensadas
por otros beneficios22. En efecto, la sentencia C-956 de 200123, indicó:

8- En varias oportunidades, esta Corporación ha precisado que, teniendo en cuenta
que los regímenes de seguridad social son complejos e incluyen diversos tipos de
prestaciones, en determinados aspectos uno de los regímenes puede ser más

18
Sentencia C-229 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19
Ídem.
20
Ídem.
21
Ver, entre otras, las sentencias T-422 del 19 de junio de 1992 y C-022 del 23 de enero de 1996.
22
Sentencia C-956 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
23
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
11

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beneficioso que el otro y en otros puntos puede suceder todo lo contrario, por lo
cual, en principio no es procedente un examen de aspectos aislados de una
prestación entre dos regímenes prestacionales diferentes, ya que la desventaja que
se pueda constatar en un tema, puede aparecer compensada por una prerrogativa
en otras materias del mismo régimen.24 Por ello, las personas “vinculadas a los
regímenes excepcionales deben someterse integralmente a éstos sin que pueda
apelarse a los derechos consagrados en el régimen general”25. En efecto, no es
equitativo que una persona se beneficie de un régimen especial, por ser éste
globalmente superior al sistema general de seguridad social, pero que al mismo
tiempo el usuario pretenda que se le extiendan todos los aspectos puntuales en que
la regulación general sea más benéfica.

Sin embargo, esta misma Corte también ha aclarado que eso no excluye que pueda
eventualmente estudiarse si la regulación específica de una prestación en particular
puede violar la igualdad. Ese análisis es procedente, “si es claro que la
diferenciación establecida por la ley es arbitraria y desmejora, de manera evidente
y sin razón aparente, a los beneficiarios del régimen especial frente al régimen
general”26.

51. Por consiguiente, para efectos de determinar si existe violación del derecho
a la igualdad cuando se trata de regímenes especiales, no es suficiente con que
exista una diferencia de trato, sino que impera analizar si la diferenciación es
arbitraria e injustificada.

3.3.5. Inequidad manifiesta

52. La Corte Constitucional abordó el concepto de «iniquidad manifiesta» al
expedir la sentencia C-613 de 199627 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 94 del Decreto-Ley 3072 de 1968 que establecía un beneficio prestacional
para los oficiales y suboficiales retirados de la Policía Nacional, relativo al pago de
un subsidio familiar, siempre que estuvieran casados o fueran viudos con hijos
habidos dentro del matrimonio. En esta providencia destacó que la inequidad
manifiesta se presentaba cuando «la diferenciación afecta el goce de derechos
fundamentales, cuando compromete el mínimo vital o, en suma, cuando apareja
una violación de la dignidad del grupo de personas diferenciado».

53. A partir de lo anterior, consideró que en el caso estudiado se le negó a un
grupo de personas un beneficio prestacional sin que con ello se comprometiera el
ejercicio de los derechos fundamentales de las personas excluidas. Tampoco se
afectó el mínimo vital, por lo que el mantenimiento del nivel de ingresos recibido por
concepto de la prima familiar mientras se estaba en servicio activo y la naturaleza y
dimensión del beneficio no constituían circunstancias de inequidad manifiesta.

24
Ver, entre otras, las sentencias C-598 de 1997, C-080 de 1999 y C-890 de 1999.
25
Sentencia T-348 de 1997. MP Eduardo Cifuentes. Fundamento Jurídico No 7.
26
Corte Constitucional. Sentencia C-090 de 1999, fundamento 6.
27
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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3.4. Hechos probados relevantes

54. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

55. La señora María de Jesús Lozano Davalos nació el 29 de diciembre de 1956,
según se extrae de la copia del registro civil de nacimiento con indicativo serial
número 657353928.

56. De la hoja de servicios número 0788, expedida el 15 de marzo de 1985, se
extrae que el señor Etelberto Correa fue agente de la Policía Nacional y prestó sus
servicios por un total de 4 años y 22 días29.

57. El señor Etelberto Correa falleció el 19 de noviembre de 1984, a partir de la
copia del registro civil de defunción contenido en el tomo 5, folio 55930.

58. De acuerdo con el concepto de fondo emitido el 26 de febrero de 1985, por
el comandante del Departamento de Policía de Santiago de Cali, el deceso del señor
Etelberto Correa ocurrió «en servicio, pero no por causa y razón del mismo, ya que
en el momento del accidente se encontraba realizando actividades particulares». En
sustento, se tuvieron en cuenta los siguientes hechos:

Originó la presente investigación el informe de fecha noviembre 19 de 1984 suscrito
por el AG Mosquera Evelio, quien hace saber que: siendo las 02:00 horas del día 19
de noviembre de 1984, escuchamos la sirena del cuerpo de bomberos y hecha las
averiguaciones nos dimos cuenta que en la carretera vieja Cali Yumbo frente a la
estación hidroeléctricas “Isa” había ocurrido un accidente de tránsito, llegamos al
lugar y efectivamente se encontraban los cadáveres de Jorge Diego Arroyo Reina,
Gloria Gladis Cerón y el agente Correa Etelberto[…]31.

59. Mediante la Resolución 1137 del 13 de marzo de 1986, expedida por el
director general de la Policía Nacional, se le reconoció a la señora María de Jesús
Lozano Davalos, en representación de los menores Jovanni y Oscar Iván Correa
Lozano, una suma por concepto de auxilio de cesantía definitiva e indemnización
por muerte del agente Etelberto Correa. Consideró que, en aplicación de los
artículos 98, 100 y 120 del Decreto 2063 de 1984, le correspondía esa suma por
concepto de cesantías e indemnización por muerte simplemente en actividad, de

28
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LOZANO DAVALOS.pdf, página 45 del archivo digital.
29
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del archivo digital.
30
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LOZANO DAVALOS.pdf, páginas 42 a 43 del archivo digital.
31
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a 69 del archivo digital.
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acuerdo con el informativo adelantado por el Comando del Departamento de Policía
Metropolitana de Cali32.

60. En el expediente obran las declaraciones extrajuicio rendidas por los señores
Jaime Serna y María Ismenia Pérez de Leal el 22 de julio de 2010, ante la Notaría
Única del Círculo de Andalucía (Valle), con el fin de servir como prueba ante el ISS,
en las que manifestaron que:

El estado civil de la señora María Jesús Lozano a la fecha es el de soltera. […] Los
declarantes manifestaron que conocen de vista trato y comunicación a la señora
María Jesús Lozano […] y al difunto señor Etelberto Correa […] por espacio de
veinticinco (25) años. Los declarantes manifestaron que el señor Etelberto Correa
convivía en unión libre con la señora María Jesús Lozano desde el día veinte (20)
de abril de mil novecientos setenta y cuatro (1974) hasta la fecha de su fallecimiento
que fue el día diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro
(1984). […] Igualmente los declarantes manifestaron que el señor Etelberto Correa
era quien le suministraba todo lo necesario a su compañera, tales como vestuario,
vivienda, alimentación, medicamento, etc, puesto que vivían bajo el mismo techo,
hasta la fecha de su fallecimiento el diecinueve (19) de noviembre de mil
novecientos ochenta y cuatro (1984). […] manifestaron los declarantes que la
señora María Jesús Lozano no trabaja en ninguna empresa pública ni privada por
lo tanto no recibe ingresos de ninguna clase, ni subsidio familiar, ni pensión del
Estado y no se encuentra afiliada a ninguna entidad promotora de salud (EPS)33.

61. Igualmente, rindieron declaraciones extrajuicio las señoras Amanda Martínez
y Carmen Cataño en la misma Notaría, el 3 de octubre de 2019, en la que
expusieron lo que se trascribe a continuación:

Manifiestan las declarantes que en condición de vecinas conocen de vista, trato y
comunicación de toda la vida a la señora María Jesús Lozano […] y al señor
Etelberto Correa […], quien falleció el diecinueve (19) de noviembre de 1984.
También declaran las manifestantes que saben y les consta que al señora María
Jesús Lozano y el señor Etelberto Correa convivieron en unión libre desde el veinte
(20) de abril de 1974, hace diez (10) años, donde convivieron de forma interrumpida
bajo el mismo techo y lecho hasta el día diecinueve (19) de noviembre de 1984, día
en que falleció el señor Etelberto Correa. Igualmente expresan las declarantes que
saben y les consta de dicha unión procrearon dos (02) hijos, llamados Jovani (sic)
Correa Lozano y Oscar Iván Correa Lozano, los cuales a la fecha son mayores de
edad. Igualmente manifiestan las declarantes que les consta que el señor Etelberto
Correa eran quien le suministraba todo lo necesario a su compañera permanente,
tales como: alimentación, vivencia, salud, medicamentos, entre otros. También
manifiestan que saben y les consta que la señora María Jesús Lozano no trabaja en

32
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Exp ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip), 22_22_MemorialWeb_Otr. O.pdf, páginas 88
y 92 del archivo digital.
33
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Exp ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip), 001Demanda Y ANEXOS MARIA JESUS
LOZANO DAVALOS.pdf, páginas 47 a 49 del archivo digital.
14

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ninguna empresa pública y privada por lo tanto no cuenta con ingresos34.

62. Ese mismo día, también rindió declaración extrajuicio el señor Luis Evelio
Caicedo Villegas, con el mismo fin y contenido de la anterior35.

63. La señora María de Jesús Lozano Davalos, mediante escrito fechado 3 de
noviembre de 2011, le solicitó a la Policía Nacional el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes en calidad de compañera del señor Etelberto Correa36.

64. El jefe del Grupo de Orientación e Información de la Secretaría General de la
Policía Nacional emitió el Oficio S-2011-247005-ARPRE-GROIN 22 del 28 de
diciembre de 2011, que le negó lo pretendido. Sostuvo que el señor Etelberto Correa
laboró en la entidad del 17 de noviembre de 1980 al 19 de noviembre de 1984, para
un tiempo total de servicios de 4 años y 22 días. Adicionalmente, que para la fecha
del fallecimiento estaba vigente el Decreto 2063 de 1984 que preveía, en el artículo
120, determinadas prestaciones por la muerte de un agente simplemente en
actividad37. En consecuencia, el causante no cumplió con lo previsto en el literal c)
del referido decreto. Añadió que a la fecha del deceso la Ley 100 de 1993 no se
encontraba vigente y le envió copia de la Resolución 1137 del 13 de marzo de
198638.

65. El 26 de noviembre de 2019, la señora María de Jesús Lozano Davalos
reclamó nuevamente ante la Policía Nacional el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes del Decreto 3041 de 1966, en su condición de compañera del señor
Etelberto Correa. Solicitó que se inaplicara por inconstitucional el aparte del artículo
121, literal c) del Decreto 1213 de 1990 que exigía 15 años de servicio por
considerarlo violatorio del derecho a la igualdad39.

66. El asesor jurídico del Grupo de Pensiones de la Secretaría General de la
Policía Nacional, mediante el Oficio S-2020-021193-SEGEN-ARPRE-GRUPE 1.10
del 20 de abril de 2020, negó lo pedido40.

34
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Exp ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip), 001Demanda Y ANEXOS MARIA JESUS
LOZANO DAVALOS.pdf, páginas 50 a 51 del archivo digital.
35
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Exp ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip), 001Demanda Y ANEXOS MARIA JESUS
LOZANO DAVALOS.pdf, páginas 52 a 53 del archivo digital.
36
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Exp ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip), 22_22_MemorialWeb_Otr. O.pdf, páginas
152 a 156 del archivo digital.
37
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Exp ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip), 001Demanda Y ANEXOS MARIA JESUS
LOZANO DAVALOS.pdf, páginas 29 y 30 del archivo digital.
38
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LOZANO DAVALOS.pdf, página 30 del archivo digital.
39
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Exp ORDINARIOS - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip), 001Demanda Y ANEXOS MARIA JESUS
LOZANO DAVALOS.pdf, páginas 31 a 35 del archivo digital.
40
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LOZANO DAVALOS.pdf, página 28 del archivo digital.
15

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3.5. Caso concreto

67. La demandante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron
el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en su condición de
compañera del agente de la Policía Nacional Etelberto Correa. Como fundamento
de la demanda solicitó la aplicación del Decreto 3041 de 1966, reglamento del ISS.

68. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el agente
Etelberto Correa falleció en actividad el 19 de noviembre de 1984 y, por tanto, la
norma aplicable a su caso era el Decreto 2063 de 1984, que solo preveía el
reconocimiento de la pensión cuando se acreditaran 15 años o más de servicio. Sin
embargo, eso no ocurrió en el caso particular. Adicionó que no era posible aplicar el
Decreto 3041 de 1966 porque solo regía para los afiliados al ISS, condición que el
causante no tenía.

69. Inconforme con esta decisión, la parte demandante apeló para que la
sentencia de primera instancia se revocara, porque, en su criterio, i) se debe
inaplicar parcialmente la norma especial de los agentes de la Policía Nacional que
exigía 15 años de servicios para el reconocimiento de la pensión por muerte, y ii) es
procedente el reconocimiento pensional con el reglamento interno del ISS, Decreto
3041 de 1966, acorde con un test severo de igualdad por inequidad manifiesta.

70. Previo a resolver el recurso, la Subsección precisa que el actor en el recurso
planteó la inaplicación del apartado del literal c) del artículo 83 del Decreto 609 de
1977. Sin embargo, la Sala advierte que el recurrente incurrió en un error al
identificar la norma, porque el Tribunal estudió el caso a la luz del literal c) del
artículo 120 del Decreto 2063 de 1984, que sí era la disposición vigente para la
fecha del fallecimiento, toda vez que el citado Decreto 609 de 1977 estaba
derogado. Dicha irregularidad, no impide el pronunciamiento de fondo, en tanto, a
partir de lo debatido se entiende que el motivo de inconformidad debe examinarse
a partir de esta última normativa que, al igual que aquel artículo 83, reguló la muerte
simplemente en actividad y previó el reconocimiento pensional siempre que se
acreditaran 15 años o más de servicio.

71. Para resolver el recurso de apelación, se destaca que la señora María de
Jesús Lozano Davalos fue la compañera del señor Etelberto Correa.
Adicionalmente, está acreditado que este fue agente de la Policía Nacional y prestó
sus servicios por un total de 4 años y 22 días41 y falleció el 19 de noviembre de
198442 en un accidente de tránsito, mientras se encontraba realizando actividades
particulares43. Como consecuencia de su deceso, la demandada le reconoció a la
señora María de Jesús Lozano Davalos un auxilio de cesantía definitiva e

41
22_22_MemorialWeb_Otr. O.pdf, página 120 del archivo digital.
42
001Demanda Y ANEXOS MARIA JESUS LOZANO DAVALOS.pdf, páginas 42 a 43 del archivo digital.
43
22_22_MemorialWeb_Otr. O.pdf, páginas 61 a 69 del archivo digital.
16

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indemnización por muerte ocurrida simplemente en actividad, mediante la
Resolución 1137 del 13 de marzo de 198644.

72. Finalmente, está probado que la Policía Nacional en los actos administrativos
demandados, negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes porque el
causante incumplió el tiempo exigido en el literal c) del artículo 120 del Decreto 2063
de 1984, norma vigente al momento del fallecimiento.

• En cuanto a la norma aplicable para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes

73. Ahora bien, en cuanto a la norma que rige el derecho pensional, la Sección
Segunda, en sentencia del 25 de abril de 201345, precisó que «el derecho a la
pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado».
Por tanto, estableció que «rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29
de 201046 y noviembre 1º de 201247, en las que, en materia de sustitución pensional
se aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en
ejercicio de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación
de tal figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de
beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una
posterior».

74. La norma vigente para el reconocimiento pensional al momento del
fallecimiento del señor Etelberto Correa, ocurrido el 19 de noviembre de 1984, era
el artículo 120, literal c) del Decreto 2063 de 1984, que exigía que el agente hubiere
cumplido 15 años o más de servicio. No obstante, en el presente asunto se
demostró que este completó únicamente 4 años y 22 días, lo cual resultaba
insuficiente para acceder a la pensión reclamada.

75. De esta forma, las prestaciones a las que tenía derecho la beneficiaria del
causante, con ocasión de su muerte, quedaban reducidas a la indemnización y a la
cesantía previstas en los literales a) y b) del artículo 120 del Decreto ibidem, que la
demandada le reconoció al proferir la Resolución 1137 del 13 de marzo de 1986.

44
22_22_MemorialWeb_Otr. O.pdf, páginas 88 y 92 del archivo digital.
45
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-
000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
46
Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la
que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975,
a pesar de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.
47
Radicación No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, en que
se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a
pesar de que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo
Arenas Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el
complejo problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la
Ley 100 de 1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones,
y éstas no tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su
momento aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir,
susceptibles de discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa
legislación anterior, y así se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio
constitucional de la sostenibilidad financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005
queda en entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”.
17

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00945-01 (5697-2024)
Demandante: María de Jesús Lozano Davalos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

En consecuencia, bajo el régimen especial aplicable a los agentes de la Policía
Nacional, no se acreditaron los requisitos para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a favor de la demandante.

76. Por lo anterior, la señora María de Jesús Lozano Davalos pidió la aplicación
del Decreto 3041 de 1966, que contiene el reglamento del ISS, a partir de un test
severo de constitucionalidad, pues a su juicio esta norma le resultaba más favorable
en cuanto al tiempo de servicios, ya que únicamente exigía 150 semanas. A raíz de
ello solicitó tener en cuenta que es una persona de la tercera edad, sin posibilidades
de incorporarse a la vida laboral y con necesidades de salud.

• Frente a la aplicación del Decreto 3041 de 1966

77. El Decreto 3041 de 1966, «por el cual se aprueba el Reglamento General del
Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte», aplicable al ISS, exigía que
el asegurado acreditara al menos 150 semanas de cotización en los 6 años
anteriores a la muerte, o 75 semanas en los últimos tres años. El artículo 5.°, que
así lo previó, fue modificado por el artículo 1.° del Decreto 232 de 198448 y dispuso
que se exigirían 150 semanas de cotización dentro de los 6 años o 300 semanas en
cualquier época.

78. En el caso particular, el señor Etelberto Correa prestó sus servicios como
agente de la Policía Nacional, razón por la cual perteneció a un régimen especial y
no se acreditó que estuvo afiliado al ISS al momento del deceso. Por consiguiente,
no se configura el supuesto fáctico que permite la aplicación de esta disposición, lo
que impide considerar que la sola circunstancia de haber acreditado 150 semanas
de cotización, a la que alude la parte apelante, es suficiente para reconocer la
pensión de sobrevivientes bajo ese régimen.

79. Sobre el particular, se pronunció la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y descartó la posibilidad de aplicar, por favorabilidad, el Decreto
3041 de 1966 a servidores cobijados por regímenes especiales, al disponer que:

Por tanto, en el asunto sub judice no resulta procedente la aplicación del Decreto 3041
de 1966 en virtud del principio de favorabilidad, habida cuenta de que este se examina
siempre que existan dos normas que rijan una misma situación jurídica, pero una de
ellas de carácter general y otra de naturaleza especial, en relación con las cuales la
primera es más beneficiosa para el trabajador; no obstante, el caso de la demandante
solo se encuentra gobernado por la norma especial aplicable a los agentes de la
Policía Nacional, pues tal Decreto en forma exclusiva regula las pensiones de algunos
trabajadores oficiales y del sector privado, por lo que es improcedente efectuar un
análisis de favorabilidad49. […]

48
Diario oficial núm. 36.490 del 14 de febrero de 1984.
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del
16 de febrero de 2023, exp. 13001-23-33-000-2016-00218-01(1747-2022) y 29 de abril de 2021, exp. 19001-
23-33-000-2017-00345 (0719-2019).
18

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00945-01 (5697-2024)
Demandante: María de Jesús Lozano Davalos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Conforme a la norma citada, queda claro que se excluyó de pertenecer al Seguro
Obligatoria de invalidez, vejez y muerte a aquellos trabajadores que prestaran
servicios a entidades o empresas de derecho público, como es el caso que hoy nos
ocupa; en efecto, el Decreto 3041 de 1966 que aprobó el Acuerdo No. 224 de 1966
del Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales, fue una disposición normativa
que resultaba aplicable solamente para aquellas personas que de manera exclusiva
realizaran sus cotizaciones dicho instituto, y no, a la Caja Nacional de Previsión Social
como es el caso del señor Fredy Eduard Hernández Cifuentes (q.e.p.d.) Quiere decir
entonces que no se puede aplicar un normatividad que resultaba ser especial para
aquello que estuvieran afiliados al Instituto del Seguro Social, ni siquiera en aplicación
del principio de favorabilidad pues éste solo se puede tener en cuenta en los casos
en que la normatividad especial resulta ser más desfavorable que el general[…],
situación que no se presenta en el sub lite […]50 (sic).

80. A partir de lo anterior, la Subsección B en sentencia del 30 de noviembre de
2023 sentó la tesis sobre la improcedencia de aplicar el Decreto 3041 de 1966, por
favorabilidad, para los servidores regidos por un régimen especial, toda vez que
dicha normativa no prevé un régimen general de pensiones, sino que resulta
aplicable a unos trabajadores oficiales y al sector privado. En dicha providencia se
plantearon los siguientes argumentos:

Ahora bien, como la recurrente pide que se aplique la excepción de
inconstitucionalidad respecto de la exigencia de 15 años de servicio contenida en la
precitada norma, resulta pertinente puntualizar que se trata de una facultad de los
operadores jurídicos, que ni siquiera tiene que ser alegada y el juzgador debe
emplearla con efectos inter-partes cuando existe una evidente contradicción entre la
disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales51. Sin
embargo, en el caso sub judice no se observa tal contradicción (máxime el carácter
especial del régimen que regía al finado) o circunstancia que amerite que a la
situación particular de la accionante se le dé un trato diferente al de aquellos
beneficiarios de exagentes de la Policía amparados por el Decreto 609 de 1977.

En consonancia con lo anterior, y ante la solicitud de dar aplicación al Decreto 3041
de 1966, porque esa norma solo exige que el causante haya efectuado aportes por
150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha de su deceso, como se
advirtió en precedencia, no es dable aplicar el principio de favorabilidad, en cuanto
este se examina siempre que existan dos normas que rijan una misma situación
jurídica, pero una de ellas de carácter general y otra de naturaleza especial, en
relación con las cuales la primera es más beneficiosa para el trabajador; no obstante,
el caso de la demandante solo se encuentra gobernado por la norma especial
aplicable a los agentes de la Policía Nacional, pues tal Decreto en forma exclusiva
regula las pensiones de algunos trabajadores oficiales y del sector privado52.

50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
26 de mayo de 2016, exp. 25000-23-42-000-2013-05492-01 (409-2015).
51
Corte Constitucional, sentencia SU-132 del 13 de marzo de 2013.
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
30 de noviembre de 2023, exp. 19001-23-33-000-2019-00058-01 (1193-2023). M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00945-01 (5697-2024)
Demandante: María de Jesús Lozano Davalos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

81. Tampoco resulta procedente acudir al principio de favorabilidad, porque no
existe un conflicto entre dos normas vigentes para el momento en que se causa el
derecho, en tanto el Decreto 3041 de 1966 y el Decreto 2063 de 1984 no regulan la
misma situación fáctica. Además, no existe duda sobre cuál de ellas se debe aplicar.

• Inaplicación por inconstitucionalidad e inequidad manifiesta

82. La Sala ya ha reconocido que para el reconocimiento de los derechos
pensionales se exige acreditar unos tiempos mínimos de servicios, lo cual no
desconoce la dignidad humana, ni causa un trato manifiestamente inequitativo53.

83. Así pues, la exigencia de completar 15 años o más de servicios en los
términos del artículo 120, literal c) del Decreto 2063 de 1984 no resulta per se
arbitraria y desproporcionada, pues se trata de un supuesto regulado por el
legislador para el caso de los agentes de la Policía Nacional, como el causante,
beneficiarios del régimen especial, y constituye una exigencia que debe acreditarse
para el reconocimiento pensional.

84. Por ello, se descarta que proceda la inaplicación parcial del Decreto 2063 de
1984, para no exigir el tiempo de servicios de 15 años y reconocer la pensión de
sobrevivientes, visto que el causante solo completó 4 años y 22 días.

85. Ahora bien, en lo que concierne a la supuesta inequidad que permitiría el
reconocimiento pensional con el reglamento del ISS, cabe destacar que la Corte
Constitucional, en la sentencia C-956 de 2001, precisó que «en principio no es
procedente un examen de aspectos aislados de una prestación entre dos regímenes
prestacionales diferentes, ya que la desventaja que se pueda constatar en un tema
puede aparecer compensada por una prerrogativa en otras materias del mismo
régimen».

86. En el presente asunto, aunque los decretos 3041 de 1966 y 2063 de 1984
fueron expedidos en vigencia de la Constitución Nacional de 1886, no es posible
efectuar un test de igualdad en el entendido de que se trata de dos disposiciones
que rigen a sujetos claramente diferenciados, por la naturaleza de ser regímenes
distintos.

87. Así pues, aunque es posible que la Corte Constitucional efectúe la revisión
de constitucionalidad de decretos expedidos en vigencia de la anterior Constitución
cuando advierta que estos continúan produciendo efectos jurídicos en el tiempo54,
la Corte ha abordado el concepto de «iniquidad manifiesta» en ese examen de
constitucionalidad. Como se expuso en el marco normativo, en la sentencia C-613
de 1996, examinó el beneficio prestacional previsto en el artículo 94 del Decreto-

53
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 76001-23-33-000-2018-00149-
01 (3989-2021), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
54
Corte Constitucional, sentencia C-121 de 2010.
20

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00945-01 (5697-2024)
Demandante: María de Jesús Lozano Davalos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Ley 3072 de 1968 y concluyó que su exclusión no afectó los derechos
fundamentales.

88. Los fundamentos planteados por la apelante para que se realice un test
severo de constitucionalidad precisamente pasan por alto que la afectación a la
igualdad debe verificarse frente a una regulación específica y en el marco de una
prestación en particular, cuestión que no se adecúa al presente caso.
Adicionalmente, debe diferenciarse el control concentrado en cabeza de la Corte
Constitucional frente a determinado precepto y la excepción de constitucionalidad
sustentada en el artículo 4.° de la Constitución Política. Esta última plantea un
control difuso por parte del juez para evitar la aplicación de disposiciones que
contrarían la norma Superior55, en el marco del examen de un caso concreto y con
efectos inter partes.

89. Por otro lado, la parte actora pide la aplicación de la ratio decidendi de la
sentencia C-121 de 2010, al afirmar que resolvió un asunto con elementos fácticos
y jurídicos similares. Sin embargo, en esa providencia se estudió la
constitucionalidad de los artículos 54 (parcial), 113 (parcial), 134 (parcial) y 137
(parcial) del Decreto-Ley 613 de 1977, «por el cual se reorganiza la carrera de
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional», y los posteriores que los
reprodujeron, en razón a la condición para acceder al subsidio familiar. Este
supuesto es distinto al que se examina en este caso.

90. En consonancia con esto, tampoco resulta aplicable la ratio decidendi de las
sentencias C-461 de 1995 y C-432 de 2004, porque la primera declaró exequible un
aparte del inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 relativo a los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y la
segunda declaró inexequibles el Decreto-Ley 2070 de 2003 y el numeral 3.° del
artículo 17 de la Ley 797 de 2003. Por tanto, no hay fundamento para considerar en
el presente caso que la aplicación del régimen especial genera un tratamiento
discriminatorio arbitrario e injustificado en contra de la demandante.

91. Finalmente, la Sala advierte que la parte actora en su recurso afirmó que
«este caso clasifica para una unificación jurisprudencial con las sentencias de
constitucionalidad expedidas por la Corte Constitucional». No obstante, la solicitud
no se formuló en los términos del artículo 271 del CPACA, en particular no se
sustentaron las razones y las circunstancias que la fundamentan, el cual exige «la
petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el
conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica,
trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia,
o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación».
De ahí que dicha manifestación se entiende comprendida en los motivos de
inconformidad resueltos previamente.

55
Corte Constitucional, sentencia C-122 de 2011.
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00945-01 (5697-2024)
Demandante: María de Jesús Lozano Davalos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

4. Costas

92. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario56 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio,
sino que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe
verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria,
etc. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en costas, porque no se
advierte que la parte haya incurrido en las anteriores conductas.

5. Conclusión

93. En suma, la respuesta a los problemas jurídicos es negativa. No se puede
aplicar el Decreto 3041 de 1966 para reconocerle la pensión de sobrevivientes a la
beneficiaria de un agente de la Policía Nacional que falleció en actividad el 19 de
noviembre de 1984, por inequidad manifiesta. La normativa aplicable al presente
asunto es el artículo 120, literal c) del Decreto 2063 de 1984, sin que el señor
Etelberto Correa hubiera completado los 15 años de servicios exigidos. El Decreto
3041 de 1966 resulta inaplicable al presente asunto, dado que el causante
perteneció a un régimen especial y no se demostró que estuvo afiliado al ISS al
momento del deceso.

94. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, el 12 de julio de 2024, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
56
La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse
a un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la
regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo
188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o
mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de
determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en
los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas
«cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los
parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas,
sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia
con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
22

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00945-01 (5697-2024)
Demandante: María de Jesús Lozano Davalos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

23

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